Sentencia 2013-06948 de diciembre 10 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil quince (2015)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Rad. Nº: 110011102000 2013 06948 01 (11325-27)

Aprobado según acta de Sala Nº 101

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 17 de julio de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá(1), mediante la cual sancionó a la abogada LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL con CENSURA, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007.

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL

1. Dio origen a la presente investigación la queja presentada por la señora IRMA SURAY OSORIO ARANGO quien indicó que había contratado a la doctora LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL para que la representara judicialmente en dos procesos, el primero adelantado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá en el cual es demandado el señor ALEXANDER BONILLA PEÑA y la quejosa es la demandante y el segundo corresponde a un proceso ejecutivo ante el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, en la cual actúa como demandada, donde le fue rematado su vehículo automotor, indicando que en dichos encargos la abogada fue indiligente y no rindió informes de su gestión, razón por la cual desconoce los resultados del proceso.

Finalmente adujo respecto al vehículo rematado, sentirse perjudicada, ya que ocho años después le ha tocado hacerse responsable ante los actuales propietarios por pagos pendientes ante la secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá (fl. 1 c.o).

2. Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que la doctora LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL, se identifica con la cédula de ciudadanía número 52.121.354 y aparece registrada como titular de la tarjeta profesional número 144936, vigente para la época de los hechos (fl. 2 c.o 1ª instancia).

3. Una vez acreditada la calidad de abogada de la disciplinada, el 26 de noviembre de 2013, la Magistrada Ponente de Instancia, abrió investigación disciplinaria contra la abogada LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL y fijó fecha para llevar a cabo audiencia de pruebas y calificación provisional (fl. 4 c.o 1ª instancia).

4. El 5 de mayo de 2014, la magistrada sustanciadora dio inicio a la audiencia de pruebas y calificación provisional, con presencia de la disciplinada, una vez instalada la misma se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

4.1. La juez disciplinaria dio lectura al escrito de queja.

4.2. Versión libre de la disciplinada: Indicó llevar más de 7 años en el edificio ubicado en la carrera 6ª Nº 11-54 de Bogotá, que ha cambiado de oficina pero no de edificio; manifestó haber conocido a la quejosa por recomendación de la señora SIXTA TULIA DÍAZ quien también su cliente.

Explicó que representó a la quejosa en tres casos diferentes; una acción de tutela en el año 2006, un proceso ejecutivo, radicado 2005 - 00829 el cual se adelantó en el Juzgado 19 Civil Circuito y un proceso laboral 2005-0622 en el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Descongestión, este último fue en el único que se celebró contrato escrito de prestación de servicios el 8 de junio de 2005 con la denunciante, fijándose honorarios por valor de $ 1.000.000.

Manifestó la declarante respecto al proceso ejecutivo, que había hablado con la quejosa justo antes del remate de su camioneta y después le dejó una nota en su oficina para que se contactaran, sin embargo a los números que tenía de ella no la pudo localizar porque a mediados de 2010 cambió sus líneas telefónicas, y en el año 2011 por recomendación del Gaula canceló una de sus líneas telefónicas porque su familia estaba siendo víctima de extorsión, razón por la cual perdió contacto con la señora OSORIO ARANGO (quejosa) y con SIXTA TULIA DÍAZ, además ya había terminado el proceso ejecutivo, y antes de ser rematada la camioneta, lo cual le informó a su cliente le propuso que constituyeran una póliza para evitar el embargo pero ella no logró conseguir el dinero.

Indicó que su última actuación fue hasta la fijación de la primera fecha del remate, que citaron el tercero acreedor dentro del proceso y gracias a ello se prorrogó la diligencia de remate, pero no tiene conocimiento de lo ocurrido en adelante en el proceso ejecutivo porque no actuó más.

Frente al proceso laboral, adujo que se trataba de un despido sin justa causa y pago de prestaciones, en el cual presentó la demanda, se inadmitió y se subsanó con posterioridad, realizó las solicitudes correspondientes, actuó en debida forma, y pese a que se falló en primera instancia negando las pretensiones de su cliente pues no había vínculo laboral ya que se trataba de un contrato de transporte, interpuso recurso de apelación pero el fallo fue confirmado en segunda instancia. (Record 8.23 a 19:45).

4.3. Pruebas decretadas por el magistrado sustanciador: Expedir de la página web de la Rama Judicial del historial los procesos 2005-622 del Juzgado 5º Laboral de Bogotá y 2005-829 del Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá. De igual forma solicitar copia de los referidos expedientes (fl. 13 y cd).

5. El 16 de julio de 2014, el magistrado instructor dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional con presencia de la quejosa, la disciplinada y su defensor de confianza a quien se le reconoció personería, una vez instalada la misma se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

5.1. Ampliación de la queja: Se ratificó de lo ya indicado en su escrito de queja, afirmó que le abonaba $ 100.000 mensuales a la investigada, pero no sabe cuánto le pagó, ni cuáles fueron los honorarios pactados.

En cuanto al proceso ejecutivo dijo que su vehículo lo remataron y esto la ha afectado en gran manera, pues al no realizar el traspaso a las personas a las que les adjudicaron el automotor en al año 2013 debió responder por una deuda ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de esta ciudad por valor de $ 2.100.000, motivo por el cual buscó a la investigada pero le fue imposible encontrarla, y decidió interponer la presente queja disciplinaria.

Señaló no recordar haber estado en alguna audiencia del referido proceso ejecutivo, pero si haber asistido en unas treinta ocasiones al Juzgado 19 Civil Municipal de Bogotá; en lo referente a la póliza que la abogada le sugirió pagar evitar el remate del vehículo, manifestó que en su momento sí fue una solución planteada por la togada, pero que se trataba de una suma cercana a los $ 19.000.000 y no tenía cómo pagar, sumado a que el valor comercial del automotor era menor al valor de la póliza.

Sobre la ubicación de la abogada señaló la quejosa que la oficina de la letrada se encontraba ubicada en la calle 12 con carrera 5 ó 6, pero cuando se dirigía allí le decían en la portería que ella no estaba y en consecuencia le dejaba notas.

Referente al proceso laboral adujo no saber el resultado del proceso ya que la investigada nunca le informó los resultados de este encargo judicial, manifestó que asistió a dos audiencias, que sabía que la investigada en el proceso laboral iba a presentar recurso de apelación, pero no se enteró del resultado (Record. 4:36 2 audio).

Aunado a lo anterior informó la declarante, que su número de celular ha sido el mismo siempre, de hecho la señora TULIA DÍAZ quien le presentó a la disciplinada sigue viviendo en la misma casa, es reiterativa en manifestar que le dejó notas en la portería de la oficina de la investigada y tampoco pudo localizarla, radicando su inconformismo en el abandono de los procesos encomendados, ya que le dejó abandonados sus procesos, se desapareció y nunca le informó nada.

5.2. La magistrada de instancia procedió con la inspección judicial del proceso laboral radicado 2005-622 determinando las intervenciones de la investigada (fls. 37 a 39 y cd).

6. El 20 de enero de 2015, la magistrada sustanciadora dio continuación a la audiencia de pruebas y calificación provisional, con presencia de la disciplinada y su defensor de confianza, una vez instalada la misma se llevaron a cabo las siguientes actuaciones:

6.1. Calificación de la conducta: La magistrada sustanciadora una vez realizado el recuento procesal de las pruebas allegadas a la presente investigación, profirió pliego de cargos contra la disciplinada por la presunta inobservancia del deber previsto en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, y por consiguiente, la incursión culposa en las faltas descritas en el canon 37 ordinales 1 y 2 de la misma ley.

Lo anterior por cuanto la profesional del derecho presuntamente abandonó la gestión encomendada frente al mandato judicial otorgado por su cliente para actuar ante el Juzgado 19 Civil Municipal (proceso ejecutivo), y por no rendir informes de las gestiones encomendadas al finalizar las mismas, toda vez que omitió rendir por escrito el informe una vez finalizados los encargos judiciales encomendados configurándose presuntamente una conducta indiligente frente al deber de información a su cliente; en lo concerniente al proceso laboral pues luego de resuelto el trámite de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de esta ciudad Sala Laboral en Descongestión el 29 de julio de 2011, la encartada no informó a su cliente resultado alguno.

6.2. La disciplinada solicitó como prueba oficiar a la Fiscalía General de la Nación Unidad Anti Secuestro para que certificara la existencia y estado del proceso cuyo denunciante es el señor JUAN CARLOS ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL por hechos ocurridos en octubre de 2009 y la verificación de su línea telefónica, pruebas las cuales fueron decretadas por el juez disciplinario, asimismo reiteró algunas pruebas decretadas y que no se habían allegado.

7. El 4 de marzo de 2015, el magistrado de instancia dio inicio a la audiencia de juzgamiento con presencia de la disciplinada, el operador de justicia le dio a conocer las pruebas allegadas y se le corrió traslado para que alegara de conclusión, lo cual realizó en los siguientes términos:

7.1. Alegatos de conclusión: Indicó la disciplinada no haber sido negligente con los encargos profesionales de la quejosa, señaló haber trabajado honradamente con su cliente al haberle manifestó con claridad todas las actuaciones en su momento oportuno, que ella misma era quien la ubicaba pero que a causa del cambio de sus números telefónicos perdió todo contacto finalizando el año 2010 para poder informarle de la resolución de los tramites encomendados; sumado a que dadas las circunstancias que vivió con su hermano, quien fue víctima de una extorsión, se le recomendó por parte del Gaula que cambiara de teléfono y domicilio profesional; situación que se convirtió más compleja al advertir que había perdido también contacto con la señora TULIA DÍAZ -quien las presentó-, hizo énfasis a los folios 77, 82, 83 y 84, en los que se corrobora su manifestación referente a que no tenía cómo ubicar a su cliente ya que la línea de la quejosa figuraba desactivada desde el año 2010 conforme se puede observar a folio 87 del Cartulario, por tanto consideró que la sentencia a proferir debe ser absolutoria (fl. 95 y cd).

DE LA SENTENCIA APELADA

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, a través de sentencia del 17 de julio de 2015, declaró disciplinariamente responsable a la abogada MARÍA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 2º.

La Sala a quo indicó respecto a la falta a la debida diligencia contenida en el artículo 37 numeral 1º que la misma se encuentra prescrita al haber transcurrido más de cinco años desde la consumación de la misma así: “Si tenemos en cuenta que la diligencia de remate en la cual se abstuvo de asistir la investigada se celebró el 20 de abril de 2010 (actuación en la cual la encartada conforme lo establecen los artículos 527 y 530 del Código de Procedimiento Civil bien pudo asesorar a su cliente en el trámite de esta diligencia y verificar que lo consignado en el acta de cierre de dicha diligencia estuviese acorde con los intereses que representaba, explicando entre otras cosas a su poderdante la importancia del traspaso del vehículo automotor objeto de remate, antes de que el Juzgado 19 Civil Municipal de esta ciudad aprobara en todas sus partes el aludido remate por auto del 21 de junio de 2010), tenemos que a la fecha ha transcurrido más de cinco (5) años, habiéndose entonces consolidado el fenómeno jurídico de la prescripción de la acción disciplinaria”.

Respecto a la falta contenida en el artículo 37 numeral 2º indicó la colegiatura de primera instancia indicó que está probado que la disciplinada dentro del proceso laboral radicado 2005-622 cursado ante el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Descongestión de esta ciudad, si bien fue diligente en el trámite del proceso incluso llevando el mismo a segunda instancia, la misma se abstuvo de rendir el informe final de la gestión a su cliente una vez se profirió sentencia el 29 de julio de 2011 por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de esta ciudad - Sala Laboral, razón por la cual faltó al deber de rendir informes (fls. 98 a 116 c.o).

DE LA APELACIÓN

Inconforme con la decisión de instancia el apoderado de la abogada disciplinada, impetró un extenso recurso de apelación contra el mismo el 4 de agosto de 2015, previo a exponer la situación fáctica, centró su disenso en cuatro aspectos a saber:

I. El despacho no tuvo en cuenta varias de las pruebas aportadas y manifestaciones realizadas por la investigada y en especial de la quejosa quien indicó no acordarse de los hechos y acontecimientos teniendo las fechas confusas.

II. La quejosa en varias ocasiones cambió su domicilio y líneas telefónicas, siendo difícil conseguirlo.

III. A la señora siempre se le informó del estado de todos los procesos, tanto así que tenía presente la fecha y hora de la audiencia donde se le iba a rematar su vehículo.

IV. Las razones por las cuales la abogada investigada cambió de número de teléfono corresponden a temas de fuerza mayor pero siempre tuvo la línea telefónica de Tigo (fls. 122 a 149 c.o).

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

1. En esta etapa procesal quien funge como Magistrada sustanciadora avocó conocimiento de las diligencias mediante auto del 9 de septiembre de 2015 y ordenó correr traslado por el término de 5 días al Ministerio Público para que emitiera concepto y a las partes para que presentaran alegatos (fl. 5 c. segunda instancia).

2. El 14 de mayo de 2015, la doctora Martha Isabel Castañeda Curvelo, Representante del Ministerio Público, se notificó del anterior auto (fl. 11 c. segunda instancia) y rindió concepto el 1 de octubre de 2015, considerando que se debe confirmar la sentencia apelada pues está claro en grado de certeza que la abogada dejó de rendir el último informe respecto al proceso laboral, pues la quejosa no sabía si luego de haberse interpuesto el recurso de apelación ya había o no fallo y cuál había sido la suerte del mismo, además si bien la disciplinada estaba siendo víctima de extorsiones habían muchas formas de cumplir con su obligación de rendir informes (fls. 14 a 16 c.o).

3. La secretaría judicial de esta corporación, el 9 de octubre de 2015 expidió certificado Nº 384529, en el cual la abogado acusada no registra antecedentes y a su vez indicó que no cursan procesos contra la disciplinada por los mismos hechos (folio 18 c. segunda instancia).

CONSIDERACIONES

1. Competencia

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las Salas homólogas de los consejos seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: (...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la Calidad de la investigada

Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que la doctora LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL, se identifica con la cédula de ciudadanía número 52.121.354 y aparece registrado como titular de la tarjeta profesional número 144936, vigente para la época de los hechos (fl. 2 c.o 1ra instancia).

3. Del caso en concreto

El presente proceso disciplinario adelantado contra la doctora LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL, tiene su génesis en la queja presentada por la señora IRMA SURAY OSORIO ARANGO quien indicó que había contratado a la profesional del derecho para que la representara judicialmente en dos procesos, el primero adelantado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá en el cual es demandado el señor ALEXANDER BONILLA PEÑA y la quejosa es la demandante y el segundo corresponde a un proceso ejecutivo ante el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Bogotá, en la cual actúa como demandada, donde le fue rematado su vehículo automotor, indicando que en dichos encargos la abogada fue indiligente y no rindió informes de su gestión, razón por la cual desconoce los resultados del proceso.

Finalmente adujo respecto al vehículo rematado, sentirse perjudicada, ya que ocho años después le ha tocado hacerse responsable ante los actuales propietarios por pagos pendientes ante la Secretaría de Tránsito y Transporte de Bogotá.

La Sala de Primera instancia declaró la prescripción de las conductas relacionadas con el proceso ejecutivo 2005-00829 y sancionó a la abogada LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL, por no haber rendido informes dentro del proceso laboral adelantado en el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Descongestión de Bogotá en el cual es demandado el señor ALEXANDER BONILLA PEÑA y la quejosa es la demandante, al no avisarle a su prohijada la decisión que el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral tomó el 29 de julio de 2011, en relación con la demanda de reconocimiento laboral.

4. De la apelación

Ahora bien, en punto de los argumentos expuestos por la disciplinada, procederá esta Colegiatura a referirse a cada uno de ellos de la siguiente forma, veamos:

El primer argumento de impugnación, indicó la recurrente que el despacho no tuvo en cuenta varias de las pruebas aportadas y manifestaciones realizadas por la investigada y en especial de la quejosa quien indicó no acordarse de los hechos y acontecimientos teniendo las fechas confusas.

Para esta Colegiatura este elemento defensivo de la abogada no tiene vocación de prosperidad, pues al circunscribirnos al hecho generador de la falta, el cual es no haberle comunicado a su cliente acerca de la decisión de segunda instancia adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral el 29 de julio de 2011, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la disciplina contra la decisión de primera instancia (anexo 4 fls. 1 al 6), lo cual no ocurrió, pues de tal decisión solamente se enteró la quejosa en la versión libre rendida por la abogada en el presente proceso disciplinario el 5 de mayo de 2014 (fls. 13 a 14 y cd), además no es de recibo para la presente investigación que la quejosa tenga claridad o no en las fechas, tal hecho no resulta relevante, ya que, tal como lo indicó el Ministerio Público lo importante es saber si realmente la abogada omitió presentarle un informe a su cliente acerca del resultado del proceso cuando terminó dicha gestión y en el caso particular cuando se profirió el fallo de segunda instancia lo cual en efecto no realizó.

El segundo punto de apelación está orientado a señalar que la quejosa en varias ocasiones cambió su domicilio y líneas telefónicas, siendo difícil conseguirlo.

Para la Sala, tampoco puede ser este un eximente de responsabilidad disciplinaria, pues la doctora ARISTIZÁBAL como profesional del derecho es conocedora de cuáles son las formas de rendir informes en caso de no poderse ver personalmente con su cliente, hubiera podido enviar un informe acerca de la suerte del proceso laboral a la dirección de la casa de su prohijada y radicarlo ante el juzgado de cocimiento, para el presente caso el Juzgado Tercero de Descongestión de Bogotá, pues su cliente era la más interesada en saber si se le había reconocido o no la existencia de un contrato laboral con el demandante.

Además, dentro del contrato de prestación de servicios suscrito entre la quejosa y la disciplinada obrante a folios 24 del cuaderno original, la profesional del derecho se comprometió a obrar con diligencia en los asuntos encomendados y uno de esos deberes es rendir informes, pues su cliente albergaba una esperanza en un proceso laboral que ya había concluido desde el 29 de julio de 2011 y supo tal decisión hasta mayo de 2014 y luego de interpuesta la queja disciplinaria, es decir, debió esperar casi tres años para recibir tal información, lo cual demuestra la negligencia de la abogada investigada.

Respecto al tercer punto de apelación donde indicó que apelante que a la señora siempre se le informó del estado de todos los procesos, tanto así que tenía presente la fecha y hora de la audiencia donde se le iba a rematar su vehículo.

Como primera medida esta Colegiatura indica que si bien dentro del proceso ejecutivo la abogada si le informó a su cliente la fecha y hora en el que se iba a llevar a cabo el remate de su vehículo y además sobre la posibilidad de suscribir una póliza, lo cierto es que en el presente caso se está juzgando puntualmente a la profesional de derecho de no haber rendido informes dentro del proceso laboral adelantado en el Juzgado Tercero Laboral de Descongestión y que fue recurrido por la letrada, siendo de conocimiento el recurso de alzada por el Tribunal Superior de Bogotá, sala Laboral, confirmándose la decisión de primera instancia el 29 de julio de 2011.

Por tanto, si bien la disciplinada pudo haber sido diligente en algunas de las actuaciones adelantadas en los procesos de la quejosa, esto no puede constituir un eximente de responsabilidad respecto a las conductas omisivas como lo fue, se itera, no haber rendido informes al final de la gestión encomendada dentro del proceso laboral tantas veces mencionado.

Finalmente, el cuarto punto de apelación orientado a señalar que las razones por las cuales la abogada investigada cambió de número de teléfono corresponden a temas de fuerza mayor pero siempre tuvo la línea telefónica de Tigo.

Sobre este punto, esta Superioridad se permite señalarle a la abogada disciplinada, que quien tiene que rendir informes de su gestión es ella como profesional del derecho, mas no la quejosa, su obligación era una vez conocida la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá Sala Laboral, comunicársela a su cliente, enviándole un informe a su casa por correo certificado para que obrara la evidencia, o del medio que mejor le pareciera.

Además si la investigada debió cambiar o desactivar su línea telefónica situación que valga la pena advertir se encuentra acreditada en el plenario (fls. 88 y 89), pues al parecer sufrió una situación compleja a nivel familiar como lo fue la extorsión de su hermano, en primer lugar los hechos penales fueron acontecidos en el año 2009 y la sentencia del tribunal data del julio de 2011, un lapso razonable de tiempo para localizar a su cliente, además la togada contaba con la dirección de su prohijada tal como se evidencia de manera objetiva con el solo escrito de demanda donde al juzgado de conocimiento del asunto laboral informa la dirección de notificación de su cliente (anexo 4), lugar a donde podía haber enviado mediante correo certificado el informe por el cual se le endilgaron cargos y con el que debió poner en conocimiento de su cliente los resultados de la gestión encomendada o en su defecto antes de conocerse la decisión renunciar al mandato y comunicar tal hecho al juez de conocimiento.

De tal forma no se encuentran de recibo para esta Colegiatura las exculpaciones realizadas por la disciplinada, pues en ninguna de ellas se vislumbra un eximente de responsabilidad que deba declararse.

Por lo anterior, la Sala CONFIRMARÁ la sentencia del 17 de julio de dos mil quince (2015), proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se sancionó a la abogada LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL con CENSURA, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007.

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 17 de julio de dos mil quince (2015), proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se sancionó a la abogada LUISA FERNANDA ARISTIZÁBAL ARISTIZÁBAL con CENSURA, por haber incurrido en la falta descrita en el artículo 37 numeral 2º de la Ley 1123 de 2007, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual la sanción empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la Oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por secretaría judicial, notifíquese al disciplinado de la presente decisión. Efectuado lo cual remítase la actuación al seccional de instancia.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Pedro Alonso Sanabria Buitrago, presidente—Adolfo León Castillo Arbeláez—José Ovidio Claros Polanco—María Rocío Cortés Vargas—Rafael Alberto García Adarve—Julia Emma Garzón de Gómez—Martha Patricia Zea Ramos.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

1 Conformaron la Sala los magistrados María Lourdes Hernández Mindiola (ponente) y Alberto Vergara Molano.