Sentencia 2013-7363 de julio 8 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201307363 01

Aprobado según acta 53 de la fecha

Magistrado Ponente:

Dr. Angelino Lizcano Rivera

Denunciada: Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas

Denunciante: Rodrigo Cáceres Escorcia

Referencia: abogada en consulta.

Primera Instancia: sanciona con suspensión de dos (2) meses en el ejercicio de la profesión.

Decisión: confirmar la sentencia de primera instancia

Bogotá, D.C., ocho de julio de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política, corresponde al Consejo Superior de la Judicatura: “Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así, como las de los abogados en el ejercicio de la profesión, en la instancia que señale la ley”. Dicha norma fue desarrollada con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996-Ley Estatutaria de la justicia al fijar funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al disponer: “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura” y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Asunto a resolver

Atendiendo a los fines del grado jurisdiccional de consulta y dado que no se observaron irregularidades que afecten la legalidad de lo actuado ni de la sentencia, procede la Sala a pronunciarse sobre la decisión adoptada el 15 de agosto de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas, tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007”.

Del asunto a tratar.

En el caso bajo examen, la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas fue sancionada por la comisión de la falta prevista en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, que al tenor literal reza:

“ART.37—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

(…)

4. Omitir o retardar el reporte a los juzgados de los abonos a las obligaciones que se están cobrando judicialmente.”

Por lo que considera necesario la Sala, reiterar que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran, en términos generales, el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la imposición de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

Lo que impone como necesario, para emitir una sentencia sancionatoria, que exista certeza sobre la materialización de una conducta constitutiva de una falta disciplinaria prevista en el ordenamiento jurídico vigente, al igual que se cumpla el presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado y para el caso que nos ocupa existe plena prueba de ello, conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007.

Caso concreto

Los hechos objeto del presente proceso disciplinario se circunscriben a que la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas, en representación del señor José Alfredo Ríos Porras, presentó demanda ejecutiva contra el señor Rodrigo Cáceres Escorcia, con el propósito de obtener el pago de una letra de cambio por valor de $4.400.000, la cual le correspondió al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, bajo el radicado 2010-1764, proceso dentro del cual la mencionada profesional presentó la liquidación del crédito por valor de $7.452.754, en la cual, pese a tener conocimiento de ello, no incluyó los 5 abonos efectuados por el demandado, por valor de $1.200.000, cada uno, para un total de $6.000.000.

Ahora bien, dentro del material probatorio allegado al plenario obran las copias del expediente contentivo del proceso ejecutivo 2010-1764, donde se observa que la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas, actuando como endosataria para el cobro judicial de una letra de cambio por valor de $4.400.000, presentó demanda contra el señor Rodrigo Cáceres Escorcia.

La mencionada demanda le correspondió al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, despacho que el 28 de octubre de 2010, libró mandamiento de pago contra el señor Rodrigo Cáceres Escorcia, por el capital y los respectivos intereses desde el 11 de julio de 2010. Adicionalmente, esa agencia judicial, en auto del 15 de julio de 2011, decretó el embargo y retención preventiva del dinero que obraba en las cuentas corrientes del ejecutado en el Banco Citibank por valor de $6.600.000, medida cautelar acatada por dicha entidad según oficios del 31 de mayo y 21 de junio de 2012, constituyéndose título judicial por valor de $2.490.000.

Así mismo se observa que el señor Rodrigo Cáceres Escorcia se notificó por conducta concluyente el 30 de enero de 2012, oportunidad en la que aportó un extracto de liquidación del crédito suscrito el 29 de septiembre de 2011 por la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas, según el cual aquél había efectuado 5 abonos por valor de $1.200.000, cada uno, para un total de $6.000.000, los días 11 de marzo, 12 de abril, 3 de mayo, 16 de junio y 25 de agosto de 2011, por lo que el saldo de la obligación era de $1.635.875.00.

Mediante escrito del 12 de abril de 2012, la disciplinada solicitó que, en razón al acto de conducta concluyente y vencido el término para controvertir la demanda, se procediera a dictar sentencia, la cual se profirió por el juzgado el 20 de abril de 2012, providencia en la que ordenó continuar la ejecución y a la demandante presentar la liquidación del crédito, entre otras determinaciones.

En virtud de lo anterior, la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas presentó el 8 de mayo de 2012 la liquidación del crédito, en la cual no incluyó los abonos efectuados por el demandado, por lo que concluyó que la obligación ascendía a $7.452.754.

El 13 de julio de 2012, el señor Rodrigo Cáceres Escorcia allegó liquidación del crédito adicional, con los respectivos abonos efectuados por este.

En consecuencia, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, mediante auto del 6 de agosto de 2012, requirió a la disciplinada para que presentara la liquidación del crédito en debida forma “respecto a la imputación de los abonos realizados, toda vez que revisada la misma no se ajusta a derecho.” No obstante, aquélla radicó el 13 de agosto de 2012 una nueva liquidación por $6.906.029.17, sin incluir los abonos.

Mediante escrito presentado el 23 de enero de 2013, la disciplinada solicitó al despacho de conocimiento la entrega de los dineros embargados, petición que fue objetada por el demandado con fundamentó en que no incluyó los abonos.

Por lo anterior, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, elaboró por secretaría la liquidación del crédito, la cual arrojó “un saldo a favor del demandado por valor de $840.271.69”, aprobada en providencia del 19 de marzo de 2013, luego de lo cual ordenó el 30 de julio de 2013, la terminación del proceso por pago total de la obligación, el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de los títulos judiciales al demandado.

Del anterior recuento procesal se desprende que la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas, no obstante tener conocimiento de los 5 abonos por valor de $1.200.000, cada uno, efectuados por el aquí quejoso, pues así lo demuestra el extracto de la liquidación de la deuda enviada el 29 de septiembre de 2011, por ella a aquel, no los informó al Juzgado Tercero Civil Municipal de Bogotá, donde se adelantaba la ejecución; y a pesar del requerimiento que le hizo el despacho para que presentara la liquidación en debida forma, continuó ocultando los mismos.

En consecuencia, esa agencia judicial debió proceder a elaborar la liquidación del crédito, la cual arrojó un saldo a favor del demandado y fue aprobada mediante auto del 19 de marzo de 2013, luego de lo cual ordenó mediante proveído del 30 de julio de 2013, la terminación del proceso por pago total de la obligación, el levantamiento de las medidas cautelares y la entrega de los títulos judiciales al demandado.

En efecto, podemos afirmar que existe certeza que la investigada tenía conocimiento de dichos pagos y que voluntariamente omitió repórtalos al juzgado donde cursaba la ejecución.

Los elementos estructurantes de la conducta disciplinaria, están presentes ya que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde de manera clara se definen los deberes del profesional del derecho y correlativamente, se especifican las faltas en que se incurre por el incumplimiento de aquellos.

Por eso el a quo, señaló que la tipicidad está dada con la consagración de dicha falta en la Ley 1123 de 2007, donde se delimitan los deberes del profesional del derecho, y ordenadamente se especifican las faltas en que incurre por su incumplimiento, de donde la antijuridicidad sobreviene del incumplimiento acreditado.

Es claro, que la tipicidad responde al principio de legalidad, consagrado en la Constitución y requiere que la conducta endilgada, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, sean clara y expresamente definidos de manera previa a la aplicación de estas medidas.

La Corte Constitucional ha establecido que en este principio se vislumbran garantías, siendo la “primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores que permitan predecir con suficiente grado de certeza aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la administración”(2).

Precisó, además que “i) otorga certidumbre normativa sobre la conducta y la sanción a imponer; ii) exige que el texto predeterminado tenga fundamento directamente en la ley, sin que sea posible transferir tal facultad al Gobierno o a las autoridades administrativas, por ser una competencia privativa del legislador; iii) constituye una salvaguarda de la seguridad jurídica de los ciudadanos; iv) protege la libertad individual; v) controla la arbitrariedad judicial y administrativa; y vi) asegura la igualdad de todas las personas ante el poder punitivo y sancionador del Estado”.

Lo anterior, lleva a esta Sala a considerar que la decisión tomada por la instancia se encuentra ajustada a derecho, observándose además que el acervo probatorio obrante en el expediente tuvo el nivel de suficiencia que le posibilitó a la autoridad investigadora y a esta instancia tener claridad y certeza sobre la verdad de los hechos objeto de investigación. Cabe agregar al respecto que se aviene con una interpretación razonable del acervo probatorio aportado y recaudado, el concluir la existencia de los elementos del reproche disciplinario, en tanto se evidenció la falta de diligencia de la encartada. Igualmente, el acervo probatorio fue suficiente para que la instancia decantara los elementos del tipo disciplinario imputado (L. 1123/2007, art. 37, num. 4º), necesarios para su configuración, por lo tanto, el comportamiento típico cometido se realizó sin que concurra causal alguna de justificación, pues no existe razón válida para que la abogada guardara silencio sobre el recibo de esas sumas frente al despacho judicial.

Así las cosas, la falta atribuida a la abogada inculpada, implicó el desconocimiento del deber a cuyo cumplimiento se encontraba obligada como profesional (sic) derecho, que se cita a continuación:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

La Sala estima que se cumplen a satisfacción los presupuestos exigidos en el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para confirmar el fallo sancionatorio respecto de la falta endilgada por el juzgador disciplinario de primera instancia contenida en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007.

Sobre la culpabilidad, requisito este necesario para la concreción de esta falta disciplinaria, en tanto en materia disciplinaria está proscrita la responsabilidad objetiva, se tiene que de la lectura del expediente se hallan probadas las condiciones mentales de la abogada quien era consciente y conocía su responsabilidad frente a la gestión encomendada, entonces teniendo pleno conocimiento de los abonos efectuados por el demandado a la obligación, no solamente no los reportó oportunamente al juzgado donde se adelantaba la ejecución, sino que no los incluyó en la liquidación del crédito y pese al requerimiento que le hizo esa agencia judicial, para que la presentara en debida forma, volvió e efectuarla ocultando de manera voluntaria los mencionados abonos, esa conducta acogida por la encartada, es la que permite al juez disciplinario realizar el juicio de reproche que se le adelanta.

Esta conducta se a (sic) realizó a título de dolo, pues las pruebas permiten concluir el grado de conocimiento y voluntad con el que actuaba la disciplinada, no se puede considerar que la omisión de informar al juzgado donde se adelantaba la ejecución, los abonos realizados por el demandado obedeció a la desidia o un descuido de la abogada, pues de haber sido, una vez advertida por el quejoso y por el despacho, hubiera procedido a rectificar la liquidación del crédito, no obstante, lo que se evidencia es que la volvió a presentar ocultando dichos abonos, y como si fuera poco radicó escrito el 23 de enero de 2013, solicitando la entrega de los dineros embargados.

La sanción

En cuanto a la sanción por infringir el régimen disciplinario, el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007 consagra que quien cometa una de las faltas allí contempladas será sancionado con censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, debiéndose en consecuencia cuantificar la sanción a imponer con observancia de los criterios establecidos en el artículo 45 ejusdem, como son la trascendencia social de la conducta, la modalidad y circunstancias de la falta, los motivos determinantes, el perjuicio causado y sin menoscabo de las acciones y sanciones civiles y penales a que hubiere lugar.

Siendo coherente con el marco normativo pertinente para la causa y probado que la investigada incurrió en la falta consagrada en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley1123 de 2007, teniendo en cuenta que la conducta fue calificada como dolosa, los perjuicios ocasionados al quejoso, además de la desconfianza que genera hacia los profesionales del derecho la conducta reprochada a la disciplinada, constituye la realidad determinante para imponer sanción de dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 de la ley 1123 de 2007.

Por lo tanto, esta superioridad considera legal y adecuada la decisión adoptada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá de sancionar con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a la abogada Lilibeth Yaneris Tejada BastidaS, y la confirmará de manera integral.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 15 de agosto de 2014, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante el cual sancionó con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión a la abogada Lilibeth Yaneris Tejada Bastidas, tras hallarla responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 4º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme las consideraciones expuestas en este proveído.

2. Anótese la sanción en el registro nacional de abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de origen, para que notifique a las partes dentro del proceso y cumpla lo dispuesto por esta Superioridad.

4. Por Secretaría líbrense las comunicaciones de ley.

Notifíquese y cúmplase».

2 Sentencia C-030 de 2012.