Sentencia 2013-07680 de abril 13 de 2014

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201307680-01 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según acta 30 de la misma fecha

Bogotá, D.C., trece de abril de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer en grado de jurisdicción de consulta de la decisión del 21 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual resolvió sancionar con censura al doctor Juan Carlos Cubillos Becerra, al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007; dejando claro que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en congruencia con lo dispuesto en el parágrafo 1º de la última de las normas en cita, y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007, al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “[...] los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario fue otorgado por mandato constitucional a esta jurisdicción, encaminado a ser ejercido sobre la conducta profesional de los abogados teniendo como objetivo primordial, verificar el efectivo cumplimiento de su principal misión, lo cual es defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales, por ende, en la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Ahora bien, en grado jurisdiccional de consulta le compete a la Sala verificar la legalidad integral de la actuación, y en especial de la sentencia que revisa en todos los aspectos en ella consignados, frente a tal deber se abordará de la siguiente manera:

3. De la falta a la debida diligencia profesional.

Se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo, pues incurrió en la falta que atenta contra su deber de actuar con diligencia frente a los encargos profesionales a los cuales se compromete, misma que está consagrada en el artículo 37 numeral 1º, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas.”

Sobre el aspecto objetivo de la falta, valga decir, descuidar aquello a lo que se comprometió conforme al cargo endilgado, se encuentra plenamente demostrado que el doctor Juan Carlos Cubillos Becerra, a pesar de haberse comprometido por medio de la suscripción de un contrato de prestación de servicios con el quejoso, del cual se desprendió el otorgamiento de un poder el 28 de enero del 2009, por el cual se facultaba al profesional del derecho para que lo representara en el curso de un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la Nación - Ministerio de la Defensa Nacional - Policía Nacional, dado que había sido removido de su cargo como mayor de esa institución desde el 19 de enero de 2009 aparentemente sin justa causa.

Frente a lo anterior, el abogado investigado presentó libelo demandatorio el 26 de agosto de 2009 correspondiéndole por reparto al Juzgado 11 Administrativo del Circuito de Bogotá, bajo radicado 110013331011200900167-00, quien dictó auto admisorio el 21 de octubre de esa misma anualidad, luego por medio de sentencia dictada el 15 de julio de 2011 el Juzgado Tercero Administrativo de Descongestión del Circuito de Bogotá, puso fin al procedimiento en primera instancia, sin embargo ese fallo fue adverso a las pretensiones del demandante, mismo que fue notificado por medio de edicto publicado desde el 22 de julio de 2011 hasta el 26 de julio de 2011, sin que su abogado la haya apelado, ya que no fue sino hasta el 28 de noviembre de 2011 que el togado interpuso el recurso de alzada, por lo cual el primero de los mencionados juzgados en auto del 29 de febrero de 2011 lo rechazó por extemporáneo.

Así pues, por el anterior actuar, es que resultó ser sancionado el aquí investigado, pues compartiendo el juicio del seccional de instancia su proceder fue negligente y desinteresado ya que al no haber presentado oportunamente el escrito de apelación frente a la sentencia que le fue adversa a su poderdante dejó que el término feneciera y así las expectativas del proceso de su mandante, además, si se tiene en cuenta la confesión que de la falta hizo el togado no se tiene duda que sí es infractor de la misma; no obstante se hace menester resaltar, en aras de mayor claridad que si bien es cierto el a quo debió pasar el expediente a sentencia una vez en su versión libre el togado aceptó la responsabilidad de sus falta, tal y como lo preceptúa el parágrafo del artículo 105 de la Ley 1123 de 2007 no es menos cierto que en los alegatos, el togado pudo ejercer una vez más su derecho a la defensa lo cual no genera nulidad que deba ser declarada, máxime si se tiene en cuenta que con dicho acontecer no se violentó el derecho al debido proceso del mismo, por ende se tendrá convalidado y no se ahondará en ello.

Se destaca que el mandato dado al disciplinable lo facultaba para interponer la alzada, pero más que ello, le imponía el deber como representante de los intereses de un demandante, a buscar y garantizar sus derechos por medio de los recursos y mecanismos que constitucional y legalmente están constituidos para tales fines, pero por el contrario optó por no hacer nada, lo cual no deja espacio para dubitación alguna sobre la indiligencia que el profesional de derecho presentó ante su deber profesional.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la falta consagrada en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, y al no existir justificación de dicho proceder por parte del abogado, y al haberse probado su responsabilidad, lo procedente en esta instancia es confirmar íntegramente la providencia consultada conforme lo expresado.

En lo atinente a la dosificación de la sanción la cual fue de censura, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la modalidad culposa de la conducta, igualmente el desprestigio que genera a la profesión generando un impacto negativo en la sociedad, la ausencia de antecedentes disciplinarios vigentes en cabeza del disciplinable y la confesión que de la misma hizo; ello de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia del 21 de agosto de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se resolvió sancionar con censura al doctor Juan Carlos Cubillos Becerra, al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta Sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».