SENTENCIA 2013-07950 DE OCTUBRE 11 DE 2017

 

Sentencia 2013-07950 de octubre 11 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 110011102000201307950 01

Magistrada Ponente:

Dra. Magda Victoria Acosta Walteros

Aprobado según Acta Nº 86 de la misma fecha

Bogotá, D.C., once de octubre dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por el disciplinado contra la decisión del 16 de junio de 2014, emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual halló disciplinariamente responsable al abogado Omar Hernando Uscátegui Ciendua, de cometer la conducta descrita en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 sancionándolo con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión; destacando que la anterior competencia deviene de lo establecido en los numerales 3º del artículo 256 de la Carta Política y del numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 al no haber sido apelada.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación con las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo Nº 02 de 2015, así: “(…) los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura (sic) conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de lo anterior y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

El caso en concreto

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Para proferir fallo sancionatorio es menester que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada, de igual manera las pruebas que gobiernan la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo a las reglas de la sana crítica, preservando cuidadosamente los principios rectores de legalidad, debido proceso, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

Procede esta corporación a resolver los puntos del recurso de apelación formulada contra la decisión de primera instancia, circunscribiéndose al objeto de impugnación, y a lo que resulte inescindiblemente vinculado al tema, conforme al parágrafo del artículo 171 del Código Disciplinario Único (L. 734/2002), aplicable al caso por remisión del artículo 16 de la Ley 1123 de 2007.

Por medio de providencia dictada el 16 de junio de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, declaró disciplinariamente responsable al abogado Omar Hernando Uscátegui Ciendua de cometer la conducta descrita en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007 sancionándola con suspensión de seis (6) en el ejercicio de la profesión, a título de dolo.

“ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y fines del Estado:

10. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, inexistentes o descontextualizadas que puedan desviar el recto criterio de los funcionarios, empleados o auxiliares de la justicia encargados de definir una cuestión judicial o administrativa.”.

Respecto de los fundamentos expuestos por el apelante en su impugnación, los mismos recogen idénticos argumentos expuestos en sus intervenciones en la actuación disciplinaria, concretamente en los alegatos de conclusión y contrariamente a sus manifestaciones, basta la revisión del fallo de primer grado, como en efecto procedió esta colegiatura, para verificar que no asiste razón valedera al recurrente para dar validez a los razonamientos esgrimidos, con pretensión de la revocatoria de la decisión que lo afectó disciplinariamente.

Conforme se puede apreciar a folios 4 al 9 de la sentencia se realizó un amplio y juicio análisis del acontecer procesal acaecido al interior del proceso ejecutivo radicado Nº 2011-00466, de Oscar Javier Camargo Chaparro contra la aquí quejosa Sandra Yaneth Suárez Santos, de conocimiento del Juzgado Séptimo de Familia, frente al cual para no ser repetitivos, destaca esta superioridad, que en efecto agotadas las etapas precedentes dentro de la actuación, donde se emitió mandamiento de pago el 19 de mayo de 2011 por la suma de $ 15.132.000 y profirió sentencia el 10 de septiembre de 2012, en la que se declaró probada parcialmente la excepción de pago y se dispuso:

“2. ORDENAR seguir adelante la ejecución solo por la suma de $ 4.880.000.

3. PRACTICAR la liquidación del crédito con sujeción a lo dispuesto en el art. 521 del C. de P.C., luego de lo cual se resolverá lo que corresponda respecto de la entrega de dineros.

4. CONDENAR en costas a ambas partes en un 50%, en consecuencia, por secretaría practíquese las correspondientes liquidaciones incluyendo en la misma la suma de $ 341.600 por concepto de agencias en derecho.”.

Pues bien, contrario a lo afirmado por el apelante de que él actuó acorde a derecho y en ningún momento hizo afirmaciones que indujeran al operador judicial en error, advierte esta sala que como bien lo expuso el a quo en la decisión de primer grado, efectivamente está acreditado documentalmente en el proceso ejecutivo allegado al plenario, que la secretaria del juzgado el 14 de diciembre de 2012 liquidó el total de las costas en $ 414.100, aprobación que se impartió el 21 de enero de 2013.

El abogado de la demandada presentó la liquidación del crédito discriminando la deuda por capital la suma de $ 4.880.000, intereses de $ 561.200, la cual fue rechazada con auto del 22 de abril de 2013, con sustento en que “(…) los intereses deben ser liquidados mes por mes en forma discriminada, indicando que porcentaje se está aplicando; debiéndose recordarse que el mismo debe corresponder al 6% anual.”.

Por su parte el abogado del demandante, Omar Hernando Uscátegui Ciendua, presentó la liquidación del crédito por la suma de 411.640.000, donde no solo incluyó $ 4.880.000 del saldo debido, más intereses de $ 488.000, sino que adicionalmente agregó sumas adicionales por las que no había sido librado el mandamiento de pago y que no consultaban la verdad procesal, tales como las agencias en derecho por $ 2.000.000, cuando habían sido liquidadas por la secretaría del mismo juzgado y debidamente aprobadas sin objeción de las partes, en la suma de $ 341.000, al igual que cuotas de alimentos y de ropa de algunos meses de los años 2011 y 2012. De esta liquidación se corrió traslado al ejecutado y con auto del 20 de mayo de 2013 se le impartió aprobación, seguidamente el apoderado de la demandada allegó depósito judicial por la suma de $ 2.652.563 y por $ 341.600, este último para cancelar las costas procesales y solicitó la terminación del proceso por pago total de la obligación, a lo cual el abogado Uscátegui Ciendua respondió presentando escrito manifestando que no procede la terminación del proceso entre otras razones porque: “La conciliación base de este proceso es muy clara y en ninguna parte se dice que se debe terminar las cuotas legalmente debidas solamente con esta demanda.”.

Ante la situación anterior, el apoderado de la ejecutada, mediante memorial radicado el 18 de junio de 2013, informó al juzgado que la liquidación presentada por el representante judicial del demandante, contradecía el fallo dictado por el despacho, al incluir obligaciones de cuotas anteriores a la sentencia y otras no ordenadas en la misma por cuanto estaban al día, así como las de costas procesales abiertamente alteradas a las liquidadas por la secretaria del juzgado, por lo que con proveído del 23 de julio de 2013 el Juez Séptimo de Familia dejó sin efectos la liquidación aprobada presentada por el abogado Omar Hernando Uscátegui Ciendua, por ser incorrecta, pues si bien partió del saldo arrojado en la sentencia de $ 4.880.000, incurrió en varias falencias a saber como lo destacó el funcionario judicial en su decisión:

“(…) se liquidan unos intereses sobre dicha suma que no corresponden al 6% anual que allín (sic) se anuncia, pues tales intereses ascienden es a $ 292.800 y no a $ 480.000; se incluye la suma de $ 1.500.000 por concepto de cuotas dejadas de pagar en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2011, cuando los meses de abril y mayo de dicho año ya estaban incluidos en la liquidación efectuada en la sentencia, se incluyen en forma indebida las costas por valor de $ 212.000 y agencias en derecho de $ 2.000.000, se incluyó la suma de $ 150.000 correspondientes a vestuario del año 2011, cundo en la sentencia se dijo que lo concerniente al vestuario estaba cancelado hasta dicho año, lo que obliga al despacho a adoptar las medidas de saneamiento que sean del caso.”. Por consiguiente ordenó:

“1. REPONER PARCIALMENTE el auto calendado el 2 de julio del cursante año, solo en su inciso final, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En su lugar se dispone:

Como al efectuar una nueva revisión de la liquidación del crédito que obra a folio 298 se evidencia que la misma adolece de las falencias indicadas en la parte motiva de esta providencia, debe el juzgado DECLARAR SIN VALOR NI EFECTO los autos calendados el 2 y 20 de mayo de 2013 (fls. 302 y 305), por medio de los cuales se corrió traslado de la precitada liquidación del crédito y se impartió aprobación a dicha liquidación.

En su lugar se dispone:

No se tiene en cuenta la liquidación presentada por la parte ejecutante a folio 298 del expediente, por las razones indicadas.

En consecuencia, deberá procederse por cualquiera de las partes a practicar la correspondiente liquidación del crédito en la forma ordenada en la sentencia y con sujeción lo dispuesto por el art. 32 de la Ley 1395 de 2010, debiendo partirse del saldo arrojado por la liquidación contenida en la sentencia, esto es, de la suma de 44.880.000 adeudados al mes de mayo de 2011, para de ahí en adelante incluir las cuotas alimentarias causadas con posterioridad, restando lo cancelado y/o consignado por la ejecutada a la fecha y totalizando lo adeudado; teniendo en cuenta igualmente que la época en que la alimentaria Katherine Vanessa estuvo bajo el cuidado de su progenitora, según declaración extra juicio obrante a folio 335, las cuotas alimentarias causadas en dicha época para la mencionada menor, no pueden ser incluidas en la liquidación; como tampoco puede incluirse lo relacionado con las cuotas y agencias en derecho, por improcedente, toda vez que la liquidación por tal concepto es independiente de la del crédito, la que como se aprecia de autos ya fue elaborada por la secretaria del juzgado el día 14 de diciembre de 2012, conforme así se evidencia a folio 240 del expediente, y aprobada en auto del 21 de enero del año siguiente, por no haber sido objetada por ninguna de las partes (…)”.

Presentada nuevamente la liquidación de la obligación ejecutada por el apoderado de la demandada y acreditado el pago de la misma, mediante auto del 27 de septiembre de 2013, se dio por terminado el proceso ejecutivo.

Pues bien, contrario a lo expuesto por el recurrente, esta superioridad considera acertada la valoración realizada por el a quo al determinar que no hay duda sobre la incursión en la falta precitada por el abogado investigado, como quiera que se demostró plenamente en el investigativo el abogado Omar Hernando Uscategui Ciendua, actuando dentro de proceso ejecutivo en representación del demandante a pesar de conocer la realidad procesal, pretendió continuar la ejecución con valores ajenos y desconocedores de la sentencia emitida, conllevando la incursión en error al operador judicial, que si bien en virtud de la activa intervención del apoderado de la ejecutada evidenció las inconsistencias de la liquidación de la obligación, y el despacho de conocimiento procedió a dejarla sin valor ni efecto, ello no justifica el actuar anti ético y reprochable por el que fue procesado y sancionado en primera instancia al abogado inculpado, pues con su actuar consumó el tipo disciplinario descrito en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, al presentar afirmaciones inexactas e inexistentes en la liquidación de la obligación dentro del proceso ejecutivo aquí referido, desviando el recto criterio de la funcionaria, conforme se ilustró suficientemente por el a quo y se confirmará en este proveído, acorde con el análisis precedente.

Advierte esta colegiatura que si bien en la etapa de liquidación y actualización de la misma en los procesos ejecutivo, por lo general se suscita controversia entre las partes, y por ello no en todos los casos es predicable considerar que estarían los profesionales del derecho faltando a sus deberes éticos; no obstante en el sub lite, la situación es bien distinta pues el abogado abiertamente desconoció el fallo emitido en el proceso para presentar una liquidación contraria a lo dispuesto en el mismo; al punto que condujo al operador judicial en el error ya destacado, debiendo sanear la situación ante la advertencia de la parte afectada, lo cual sin lugar a dudas afecto el deber de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida justicia y los fines del Estado, acarreando desgaste para no solo para la administración de justicia, sino para los demás intervinientes en el proceso.

De contera, es evidente la actuación inescrupulosa y anti ética en la que incurrió el togado, por lo que esta corporación comparte el fundamento de la sala de primera instancia que atribuyó la culpabilidad al procesado a título de dolo, dado el conocimiento y voluntad deliberada del profesional para la realización de la conducta endilgada, conforme aflora del acervo probatorio, que el abogado actuó con toda la premeditación posible, para pretender la aprobación y pago de una obligación que no consultaba la verdad procesal, la sentencia proferida dentro del proceso y exceder con ello un pago al que claramente no tenía derecho su representado ni él, con lo cual sin justificación alguna se olvidó del decoró y dignidad con que debe ejercer la profesión y se apartó de la sujeción en su ejercicio a los postulados normativos contenidos en la Ley 1123 de 2007; en concreto del deber de colaborar en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, siendo merecedor de este juicio de reproche disciplinario que se le imputa.

Finalmente, le asiste razón al a quo en cuanto a la sanción impuesta, cual es la de suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión, la cual consulta los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, todo ello, conforme lo prescrito en el artículo 45 de la Ley 1223 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia del 16 de junio de 2014, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, mediante la cual se resolvió sancionar con suspensión de seis (6) meses en el ejercicio de la profesión al abogado Omar Hernando Uscátegui Ciendua, al declararlo responsable de la falta establecida en el numeral 10 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme lo considerado en la parte motiva de este proveído.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso a través de la secretaría judicial de esta sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Notifíquese y cúmplase.