Sentencia 2013-90131/1021-2015 de febrero 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”

Rad.: 47001233300020139013101

Número Interno: 1021-2015

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación, hoy sucedida por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Vinculada: Berta Lucía Pérez de Cotes

Ley 1437 de 2011

Sentencia O-008-2018

Bogotá, D. C., primero de febrero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(15), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Problemas jurídicos

El problema jurídico que se deben resolver en esta sentencia se resumen en la siguiente pregunta:

1. ¿Es procedente el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandada quien acreditó tiempos de servicios prestados en calidad de docente nacional en una escuela normal?

Primer problema jurídico

La Subsección adoptará la siguiente tesis: No es procede el reconocimiento de la pensión gracia a favor de la demandada porque no cumplió con el requisito de los 20 años de servicios como docente del orden territorial o nacionalizado, como a continuación se argumentará:

La pensión de jubilación gracia

A efecto de resolver el problema jurídico anterior, la Sala estima procedente desarrollar los siguientes aspectos: a) Marco normativo y finalidades de la pensión gracia y b) el caso concreto:

a) Marco normativo y finalidades de la pensión gracia

La pensión de jubilación gracia, como prestación especial, fue consagrada en el artículo 1º de la Ley 114 de 4 de diciembre de 1913(16) a favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años, cuyos requisitos iniciales son los siguientes:

“[…] Artículo 1º. Los Maestros de Escuelas Primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de veinte años, tienen derecho a una pensión de jubilación vitalicia, en conformidad con las prescripciones de la presente ley.

(…)

Artículo 4º. Para gozar de la gracia de la pensión será preciso que el interesado compruebe:

1. Que en los empleos que ha desempeñado se ha conducido con honradez y consagración.

2. (Derogado por la Ley 45 de 1931)(17).

3. Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional. Por consiguiente, lo dispuesto en este inciso no obsta para que un maestro pueda recibir a un mismo tiempo sendas pensiones como tal, concedidas por la nación o por un departamento.

4. Que observe buena conducta.

5. (Derogado artículo 8º Ley 45 de 1931)(18).

6. Que ha cumplido cincuenta años, o que se halla en incapacidad por enfermedad u otra causa, de ganar lo necesario para su sostenimiento. […]”

Posteriormente, la Ley 116 de 22 de noviembre de 1928(19) extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los Inspectores de Instrucción Pública y autorizó a los docentes, según su artículo 6º, a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Más adelante, con la Ley 37 de 21 de noviembre de 1933(20), la pensión gracia de jubilación se hizo extensiva a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego la Ley 91 de 29 de diciembre de 1989(21) en su artículo 15, numeral 2º, literal a) limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma en mención que:

“[…] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]”

La disposición antes trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(22), quien fijó algunos lineamientos sobre la pensión gracia en los siguientes términos:

“[…] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […]”

Además, esta corporación indicó que el artículo 15 numeral 2º literal a) de la Ley 91 de 1989 al hacer uso de la palabra “docentes”, se refiere a quienes “[…] tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión gracia […]”, en el orden territorial conforme a las normas que le dieron origen a esta prestación, y que, la expresión “[…] que haya prestado los servicios en planteles departamentales o municipales […]”, plasmada en la sentencia en mención, no debe echar de menos la exigencia de la forma de vinculación del docente.

De igual manera, en esa providencia(23), se explicaron ampliamente las razones por las cuales se concluyó que la pensión gracia se conservaría a favor de los docentes que se hubiesen visto afectados por el proceso nacionalización.

Sea oportuno mencionar que esta pensión no se rige por las leyes 33 y 62 de 16 de septiembre de 1985(24), toda vez que no es una pensión ordinaria, sino especial y que fue excluida de esta reglamentación por determinación específica del legislador al tenor de lo dispuesto en el artículo 1º, inciso 2º de la Ley 33 de 29 de enero de 1985(25).

“[…] No quedan sujetos a esta regla general los empleados oficiales que trabajan en actividades que por su naturaleza justifiquen la excepción que la Ley haya determinado expresamente, ni aquellos que por Ley disfruten de un régimen especial de pensiones. […]”

Así mismo, es procedente indicar que las pensiones de un régimen especial como la que nos ocupa, no podrían ser liquidadas al abrigo de las leyes citadas, pues el mismo legislador las excluyó de su ámbito de aplicación al consagrar expresamente tal excepción, como se infiere del aparte transcrito.

Así, tampoco puede atenderse a lo previsto en la Ley 62 de 1985 pues ésta tan solo modificó el artículo 3º de la citada Ley 33, por lo que se mantuvo incólume lo dispuesto en su artículo 1º en cuanto al régimen de excepción en su aplicación.

De igual modo, vale decir que esta corporación(26) ha precisado que a diferencia de las pensiones ordinarias, el último año de servicios, se refiere al año anterior a la adquisición o consolidación del derecho, pues ese es el momento a partir del cual empieza a devengarse, y, por su carácter especial admite su compatibilidad con el salario tratándose de docentes. En consecuencia, para gozar y percibir la pensión gracia, no es necesario el retiro definitivo del servicio.

Finalmente, es importante concluir que es improcedente la reliquidación con base en los factores salariales devengados en el año anterior al retiro, pues el derecho a la pensión gracia se perfecciona con el cumplimiento de todos los requisitos que señaló el legislador y constituye un derecho invariable, salvo los ajustes anuales de ley, por lo que se impone liquidarla con todos los factores salariales devengados en el año anterior a la consolidación del derecho pensional, y no es posible reliquidarla por nuevos tiempos de servicios prestados o nuevos factores devengados.

b) Caso concreto.

De acuerdo al marco normativo planteado, se verificará si la demandante cumple con los requisitos normativos para ser beneficiaria de la pensión gracia, en particular si acreditó los 20 años de servicios de vinculación como docente territorial o nacionalizada y para ello, en el presente asunto se encuentra probado lo siguiente:

Conforme a los documentos aportados con la contestación de la demanda se tiene lo siguiente:

i) La Secretaria de Educación Pública del departamento del Magdalena nombró mediante Decreto 106 de 9 de marzo de 1967, visible a folio 258 a 259, a la demandada como directora seccional de la Escuela de Varones de Minca (Sierra Nevada).

ii) El 11 de marzo de 1967, en Santa Marta, la demandada tomó posesión como directora seccional de la Escuela de Varones de Minca (Sierra Nevada)(27), nombrada por medio del Decreto 106 proferido por la gobernación del departamento del Magdalena.

iii) El secretario de educación del departamento del Magdalena a través de Resolución 088 de 23 de agosto de 1967, trasladó a la demandada de la Escuela de Mica a la Escuela Anexa a la Normal de Señoritas de la ciudad(28).

iv) El 27 de octubre de 1970, en Santa Marta y ante el jefe de personal de la Secretaría de Educación de la gobernación del departamento del Magdalena, la demandada tomó posesión del cargo de profesora de enseñanza primaria de la Escuela Anexa a la Normal de Santa Marta(29), para el cual fue nombrada por Resolución 45-61 BIS de octubre de 1970 emanada del Ministerio de Educación Nacional.

La señora Berta Lucia Pérez Álvarez, según constancia visible a folio 31(30), allegada con la demanda, prestó sus servicios al Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta así:

i) Mediante Decreto 106 de 3 marzo de 1967 fue nombrada Directora General de la Escuela de Varones de Minca. Se posesionó el 11 de marzo de 1967 hasta el 22 de agosto de 1967. Acreditó 0 años, 5 meses y 11 días.

ii) A través de Resolución 098 de 23 de agosto de 1967, se trasladó a la Dirección Seccional de la Escuela Anexa a la Normal de Señoritas, hasta el 26 de octubre de 1970. Presó un tiempo de servicios equivalente a 3 años, 2 meses y 3 días.

iii) Por Resolución 45-61 de 19 de octubre de 1970 se nombró como profesora de la Escuela Anexa a la Normal de Señoritas hasta el 30 de marzo de 1994. Acreditó 23 años, 5 meses y 29 días.

En la referida constancia se evidenció la siguiente afirmación: “[…] La pagadora de la Normal Nacional para Señoritas de Santa Marta, certificó que se le canceló sueldo hasta marzo 30 de 1994 […]”

A folio 154 obra copia de acto administrativo por medio del cual el Ministro de Educación Nacional el 25 de noviembre de 1975, concede licencia por maternidad por el término de 56 días a la demandada.

Conforme a Resolución 2026 de 22 de diciembre de 2008, el Alcalde del distrito de Santa Marta, retiró a la demandada del servicio por cumplir 65 años de edad y encontrarse en situación de retiro forzoso(31).

El profesional universitario de la Secretaria de Educación del distrito de Santa Marta expidió constancia(32) en la cual señaló que la docente tuvo un tipo de vinculación nacional y que la fuente de recursos fue el situado fiscal.

De igual modo, a folio 32 la pagadora de la Normal Nacional para Señoritas de Santa Marta, indicó que la demandante trabajó en ese establecimiento desde el 24 de septiembre de 1970 hasta el 30 de mayo de 1994.

Mediante Resolución 7280 de 21 de julio de 1995(33), se reconoció y ordenó el pago de la pensión de jubilación, teniendo en cuenta los siguientes tiempos de servicio:

EntidadDesdeHastaDías
Municipio de Santamarta670311670822162
Ministerio de Educación Nacional6708239404289606

A través de fallo de tutela de 4 de noviembre de 2003(34) el Juzgado Primero Penal del Circuito de Bogotá, ordenó tutelar los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, reconocimiento a una pensión justa y vida digna, entre otras personas, a la demandada. Así mismo y como consecuencia de la anterior decisión, ordenó la reliquidación de la pensión “[…] de conformidad a lo consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con el artículo 4º de la Ley 4ª de 1966, incluyendo los factores salariales como las doceavas partes correspondientes a la bonificación por servicios, prima de servicios, prima de navidad, etc. […]”.

La Caja Nacional de Previsión Social en su momento y a través de Resolución 13603 de 6 de mayo de 2005(35), en cumplimiento del fallo de tutela antes relacionado, reliquidó por nuevos factores salariales la pensión de la demandada y “[...] liquidó las diferencias que resultaren de la pensión reliquidada contra la Resolución 7280 del 21 de julio de 1995, y la fecha de inclusión en nómina de la presente providencia, de manera indexada, teniendo especial cuidado en deducir lo cancelado por vía ejecutiva o administrativa […]”.

De acuerdo con las documentales atrás referidas, se tiene que la demandada acreditó tiempos de servicio educativos de carácter nacional, en tanto que estuvo vinculada como docente de la Normal Nacional para Señoritas de Santa Marta, plantel del Ministerio de Educación Nacional, entidad que incluso concedió la licencia de maternidad como quedó demostrado anteriormente.

Sea oportuno indicar, que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-085 de 2002, realizó el estudio de constitucionalidad del artículo 6º de la Ley 116 de 1928, en la cual arribó a la siguiente conclusión:

“[…] Obsérvese, entonces, que cuando el legislador estableció la ampliación del derecho a acceder a la pensión de gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública, de que trata el artículo 6º acusado, lo que hizo fue poner en igualdad de condiciones a quienes tenían su vinculación por los entes territoriales y la Nación, a saber, los maestros oficiales de primaria y los docentes oficiales de secundaria, respectivamente, según disponía la Ley 39 de 1903, y por eso la Corte dijo, en lo subrayado de la sentencia transcrita que : “... tanto los maestros de primaria como los de secundaria del sector oficial, podían acceder a la pensión de gracia, claro está, siempre y cuando reunieran los requisitos exigidos por la ley”.

4.2. Como se puede apreciar a simple vista, con el establecimiento de la pensión de gracia y la extensión del derecho que hizo el artículo acusado a los empleados y profesores de las Escuelas Normales y a los Inspectores de Instrucción Pública, el legislador adoptó la decisión contenida en el artículo 6 de la Ley 116 de 1928, en virtud de que los salarios y prestaciones sociales de los docentes oficiales a cargo de las entidades territoriales eran, por razones presupuestales, inferiores en su cuantía a los que devengaban los vinculados directamente por la Nación. Por ello, con la norma objeto de la acusación, simplemente se extendió a los empleados y profesores de las Escuelas normales e Inspectores de Instrucción Pública una norma inicialmente prevista para los docentes oficiales de las escuelas primarias.

4.3. Como se ve, los docentes oficiales en el país pertenecían a dos esferas administrativas diferentes: unos, vinculados por su nombramiento a las entidades territoriales y, otros, directamente nombrados por la Nación para la prestación del servicio. Se trata entonces de dos universos diferentes, lo que trajo como consecuencia remuneraciones distintas y, en materia de pensión, resultaba, en consecuencia, que los docentes oficiales del orden territorial, en principio, no tenían derecho a pensión por parte de la Nación, al paso que los vinculados a ésta sí tenían derecho a ella. Por eso, no resulta inexequible que el legislador haya instituido para los primeros la denominada pensión de gracia a cargo de la Nación, bajo el requisito de que no tuvieran ninguna otra a cargo del Tesoro Nacional, lo cual en nada vulnera el derecho de los docentes a cargo de la Nación a que se les reconociera y pagara luego su respectiva pensión por su empleador, es decir, la Nación, previo el cumplimiento de los requisitos legales para el efecto […]”.

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 13 de la Ley 39 de 26 de octubre de 1903 sobre instrucción pública(36) señala que en cada una de las ciudades capitales de los departamentos existirá una escuela normal para varones y otra para mujeres que serán costeadas por la Nación y que los empleados de tales planteles serán nombrados por los Gobernadores, con la aprobación del poder ejecutivo. De lo anterior se puede inferir que habrán escuelas normales del orden territorial en ciudades no capitales y por tanto, bajo el anterior contexto, existen docentes de las escuelas normales con vinculación nacional, territorial o nacionalizado, lo cual se desprende del tipo de nombramiento que se le realice.

De acuerdo con todo lo expuesto, queda claro que el tiempo de servicios de 20 años en calidad de docente territorial o nacionalizado, es un requisito obligatorio para el reconocimiento de la pensión gracia y que lo que introdujeron las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933 fue la extensión del beneficio de la prestación a los docentes oficiales nombrados por la entidad territorial de las escuelas normales, los inspectores de instrucción pública y de secundaria, toda vez que la Ley 114 de 1913 la había consagrado solamente para los maestros de las escuelas primarias oficiales.

En conclusión: La demandada no logró desvirtuar la afirmación realizada por la entidad; no obstante, con las pruebas allegadas al expediente, se demostró con grado de certeza que la vinculación de ésta fue de orden nacional durante el periodo comprendido entre el 27 de octubre de 1970(37) al 30 de marzo de 1994.

Por lo anterior y dado que jurisprudencialmente se ha dicho que estos tiempos de servicio no son computables para efectos de la pensión jubilación gracia, el acto de reconocimiento de la pensión gracia debe ser anulado por esta jurisdicción, en tanto que contraviene lo dispuesto en la Ley 114 de 1913 y la demás normatividad concordante.

Se aclara a la apelante que con el fallo de primera instancia no se le vulneraron los derechos y principios constitucionales mencionados en el recurso de apelación, toda vez que, como quedó explicado, la pensión gracia reconocida a la demandada no se encontraba ajustada a los parámetros legales y era necesario subsanar la lesividad(38) ocasionada al ordenamiento jurídico con la expedición de los actos administrativos demandados por razones de ilegitimidad en sede administrativa(39).

Finalmente, la Sala considera procedente en aplicación de las garantías fundamentales del derecho al mínimo vital, dignidad humana(40), derecho a la salud, derecho a la seguridad social en pensiones(41) y protección constitucional de las personas de la tercera edad(42), y el principio de la buena fe, invocados por la apelante, conceder a la señora Berta Lucia Pérez de Cotes un periodo de gracia de 6 meses contados a partir de la notificación de la resolución expedida por la entidad demandante en cumplimiento de esta providencia, para reorganizar su vida familiar por razón del impacto económico que deviene consigo la ausencia de la mesada pensional que venía percibiendo por razón de los actos administrativos declarados nulos. Las razones de esta orden, son entre otras las siguientes:

A la fecha de la expedición de esta providencia, la demandada cuenta con 74 años de edad(43), y refiere tener una condición médica delicada(44). Valga (valga) la pena aclarar, que si bien en principio acreditó no contar con otra fuente de ingreso(s)(45), lo cierto es que la UGPP a través de Resolución 002143 de 18 de enero de 2013, le reconoció una pensión de sobrevivientes, con ocasión del fallecimiento de su esposo señor Orlando Cotes Alarcón(46), lo que permite concluir que la presente decisión no la deja en desamparo, pues cuenta con otro medio de subsistencia diferente a la pensión gracia que en este juicio se anula.

En concordancia con la decisión adoptada, la Corte Constitucional(47) al referirse sobre las consecuencias de las pensiones adquiridas con abuso del derecho o sin cumplimiento de requisitos establecidos en la ley, indicó que en aquellos casos en los que se aplique el principio general del derecho según el cual […] de la ilegalidad no se generan derechos […], también habrá lugar de aplicar la premisa interpretativa de unificación que establece que […]En caso de verificarse la configuración de un abuso del derecho, el juez constitucional deberá dejar sin efectos las providencias judiciales que avalaron el mismo, y disponer que se reajuste la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional. Sin embargo, deberá advertirle a la UGPP que los efectos de la disminución en el monto de la prestación no regirán de manera inmediata, sino que los mismos entraran a regir luego de trascurridos seis meses contados a partir de la notificación de la resolución que se expedida por la entidad demandante en cumplimiento de la respectiva providencia de tutela, así como que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya percibidas. […](48)

Finalmente resulta prudente indicar que la anterior regla de unificación constitucional, adoptada por el juez natural de la controversia, constituye para el caso en concreto una garantía del contenido esencial del derecho al acceso a la administración de justicia, pues de una parte se hace el análisis de legalidad de las actuaciones demandadas determinándose que éstas son contrarias a derecho, y de otro, se examina la situación particular de la demandante de cara a la presunta vulnerabilidad de sus derechos fundamentales.

Cabe precisar, que los efectos de la presente providencia no incluyen el reintegro de los dineros sufragados por la autoridad administrativa con fundamento en las actuaciones lesivas, por cuanto que para el presente caso, no se demostró que se obró con desconocimiento absoluto del postulado de buena fe que debe orientar todas las actuaciones administrativas(49).

De las costas

No procede la condena en costas en los eventos en los cuales se discute un interés público, como se argumenta a continuación.

Conforme al artículo 188 del CPACA(50) no es viable la condena en costas en primera y segunda instancia, porque en este tipo de eventos en los cuales se ventilan intereses públicos, como lo es el patrimonio estatal, no es posible afirmar que el titular de la prestación sea la parte vencida en el litigio, aun cuando resulte afectada con la decisión(51).

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden, la Subsección considera que confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a la declaratoria de nulidad del reconocimiento pensional.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda, Subsección “A” administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena el 11 de noviembre de 2014, por medio de la cual se declaró la nulidad de la Resolución 007280 de 21 de julio de 1995, emanado de la Caja Nacional de Previsión Social EICE a través de la cual se reconoce el derecho a la pensión gracia a la demandante.

2. No se condena en costas de segunda instancia.

3. Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen y háganse las anotaciones pertinentes en el programa informático “Justicia Siglo XXI”.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

15 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

16 que crea pensiones de jubilación a favor de los Maestros de Escuela.

17 Anteriormente decía: […] Que carece de medios de subsistencia en armonía con su posición social y costumbres. […]

18 Originalmente decía: […] Que si es mujer, está soltera o viuda. […]

19 Por la cual se aclaran y reforman varias disposiciones de la Ley 102 de 1927.

20 Por la cual se decreta el pago de una pensión a un servidor público y sobre jubilación de algunos empleados.

21 por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

22 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de 1997, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: WilbertoTherán Mogollón.

23 Ref.: Expediente S-699. C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. Actor: Wilberto Therán Mogollón.

24 Por la cual se modifica el artículo 3º de la Ley 33 del 29 de enero de 1985.

25 Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las cajas de previsión y con las prestaciones sociales para el sector público.

26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 14 de abril de 2016, C. P. William Hernández Gómez, número interno 0633-2014; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 12 de julio de 2012, C. P. Gustavo Gómez Aranguren, número interno 2029-2010; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 27 de agosto de 2012, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 1837-2011.

27 Folio 224.

28 Folio 261.

29 Folio 225.

30 Expedida por la División de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación y Cultura de la Alcaldía Mayor de Santa Marta.

31 Folios 129 y 133.

32 Folio 132.

33 Folios 34 a 36.

34 Folios 39 a 93.

35 Folios 95 a 98.

36 “[…] En cada una de las ciudades capitales de los departamentos existirá una escuela normal para varones y otra para mujeres, costeadas por la Nación e invigiladas por el respectivo Gobierno departamental. Los empleados de tales planteles serán nombrados por los gobernadores, con la aprobación del poder ejecutivo. En las Escuelas Normales de varones habrá, además de los empleados reconocidos en leyes anteriores, un prefecto general de estudios, y en las de Cundinamarca se dictarán, además, las enseñanzas necesarias para la formación de maestros hábiles para las escuelas normales de los otros departamentos. Entre tales enseñanzas deberá dictarse la de taquigrafía […]”.

37 Ver folio 225.

38 Para los juristas españoles Juan Santamaría y Luciano Parejo “[…] el denominado recurso de lesividad es el medio del que dispone la Administración autora de un acto declarativo de derechos para obtener su anulación, en provecho del interés general al que sirve, frente a la persona a favor del cual los derechos pueden ser reconocidos […]” Juan Santamaría Pastor y Luciano Parejo Alfonso, Derecho administrativo, La jurisprudencia del Tribunal Supremo, (Centro de Estudios Ramón Areces); 383.

39 Recuérdese que la razón por la cual se declara la nulidad de las presentes actuaciones administrativas, hace alusión a la infracción de normas en que debía fundarse el acto.

40 Ha de recordarse que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia a establecido los siguientes lineamientos en relación con el enunciado normativo de dignidad humana: […] (i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones). […] Ver sentencias T-881/02, C-542 de 1993, C-221 de 1994, T-123 de 1994 y T-556 de 1998.

41 La Corte Constitucional en sentencias T-111 de 1994, T-631 de 2002, T-516/93, T-068/94, T-426/93, T-456/94, T-671/00, T-1565/00 y T-631 de 2002, entre otras ha dicho que […] la seguridad social en pensiones es un derecho subjetivo que puede ser reclamado, no sólo ante los funcionarios administrativos sino ante las autoridades judiciales, en la medida en que la justicia es una función pública y a los ciudadanos debe permitírsele el acceso a ella. Se concibe como una garantía primordial para las personas de la tercera edad, porque se relaciona con la subsistencia en condiciones dignas y en general, cuando según las circunstancias del caso, su no reconocimiento tiene la potencialidad de poner en peligro otros derechos y principios fundamentales. […].

42 El artículo 7º de la Ley 1276 de 2009, dispone: “DEFINICIONES. Para fines de la presente ley, se adoptan las siguientes definiciones: b) Adulto Mayor. Es aquella persona que cuenta con sesenta (60) años de edad o más. A criterio de los especialistas de los centros de vida, una persona podrá ser clasificada dentro de este rango, siendo menor de 60 años y mayor de 55, cuando sus condiciones de desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen”.

43 En tanto que nació el 3 de octubre de 1943 según registro civil de nacimiento visible a folio 105.

44 Conforme a anexos visibles a folios 13 38 del cuaderno 2.

45 Folios 2 a 12 del cuaderno 2.

46 Ver folios 316 a 318.

47 Sentencia SU 427/16. Referencia: Expediente T-5.161.230. Acción de tutela interpuesta por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– contra la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín y otro. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez. Bogotá, D.C., once (11) de agosto de dos mil dieciséis (2016).

48 Ver el artículo sexto de la parte resolutiva de la Sentencia de Unificación 427 de 2016 que entre otras reglas de unificación, establece las siguientes:
SEXTO. DECLARAR que la Sala Plena de la Corte Constitucional unifica su jurisprudencia con la adopción de las siguientes reglas, que constituyen precedente para los operadores jurídicos:
(a) La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– está legitimada para acudir ante la Corte Suprema o el Consejo de Estado, según corresponda, e interponer el recurso de revisión previsto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, con el propósito de cuestionar las decisiones judiciales en las cuales se haya incurrido en un abuso del derecho, en el entendido de que el término de caducidad de cinco años de dicho mecanismo no podrá contabilizarse desde antes del 12 de junio de 2013, fecha en la cual dicha entidad asumió la defensa judicial de los asuntos que tenía a cargo la Caja Nacional de Previsión Social –Cajanal EICE–.
(b) Ante la existencia de dicho recurso de revisión, en principio, las acciones de tutela interpuestas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– contra providencias judiciales en las que presuntamente se incurrió en un abuso del derecho en el reconocimiento y/o liquidación de una prestación periódica son improcedentes, salvo en aquellos casos en los que de manera palmaria se evidencie la ocurrencia de dicha irregularidad.
(c) En caso de verificarse la configuración de un abuso del derecho, el juez constitucional deberá dejar sin efectos las providencias judiciales que avalaron el mismo, y disponer que se reajuste la prestación conforme al ordenamiento jurídico constitucional. Sin embargo, deberá advertirle a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP– que los efectos de la disminución en el monto de la prestación no regirán de manera inmediata, sino que los mismos entraran a regir luego de trascurridos seis meses contados a partir de la notificación de la resolución que se expedida por la entidad demandante en cumplimiento de la respectiva providencia de tutela, así como que no habrá lugar al reintegro de sumas de dinero ya percibidas.

49 L. 1437/2011. Art. 6º. “(…) Deberes de las personas. Correlativamente con los derechos que les asisten, las personas tienen, en las actuaciones ante las autoridades, los siguientes deberes (…) 2. Obrar conforme al principio de buena fe, absteniéndose de emplear maniobras dilatorias en las actuaciones, y de efectuar o aportar, a sabiendas, declaraciones o documentos falsos o hacer afirmaciones temerarias, entre otras conductas (…)”. En concordancia con las sentencias CE 2, 7 nov. 2002, r1998-9090-02. T. Cáceres. CE 2B, 30 Sept. 2010, e2334-07. B. Ramírez y CE 2, 12 oct. 2006, e1745-03. J. Moreno. CE 1, 23 nov. 2006, r2001-90887-01.

50 ARTÍCULO 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

51 Sentencia de 21 de abril de 2016, C. P. Luis Rafael Vergara Quintero, Expediente: 3400-2013, demandante: Caja Nacional de Previsión Social - Cajanal EICE en Liquidación, demandado: Ligia Eugenia Álvarez Ponce.