Sentencia 2013-90365 de marzo 8 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Sandra Lisset Ibarra Vélez

Bogotá, D.C., ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018).

Rad.: 080012333000201390365 01.

Nº interno: 1402-2017.

Actora: Magaly Esther Celis Marenco en su condición de curadora de su hermano Luis Alberto Celis Marenco.

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP.

Trámite: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Segunda instancia.

Asunto: Establecer si es viable el reconocimiento de la sustitución pensional a hijo que fue declarado invalido con posterioridad a la fecha del fallecimiento de su padre.

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES

De acuerdo a lo señalado en la sentencia de primera instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por el apoderado de la entidad demandada en calidad de apelante único, se contrae a:

Problema jurídico.

i. Determinar si el señor Luis Alberto Celis Marenco tiene el derecho a la sustitución pensional por el fallecimiento de quien, al parecer, era su padre, el señor Felipe Alejandro Celis Arteaga (q.e.p.d.), a pesar de que la fecha de estructuración de su enfermedad la adquirió con posterioridad a la muerte de éste.

Para tal efecto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: i) evolución normativa y jurisprudencial de la sustitución pensional y de la pensión de sobrevivientes; y, ii) del caso en concreto:

i) Evolución normativa y jurisprudencial de la sustitución pensional y de la pensión de sobrevivientes.

En materia de sustitución pensional los artículos 36 y 39 del Decreto 3135 de 1968(13), así como 80 y 92 del Decreto 1848 de 1969(14) consagraron la posibilidad de trasmitir el derecho jubilatorio a favor de los beneficiarios del causante únicamente en dos eventos, a saber: i) cuando fallece el empleado público en goce de pensión y ii) cuando el empleado público muere con derecho a pensión sin que en efecto se haya efectuado el reconocimiento. Así señalaban las normas en comento:

“(...) Decreto 3135 de 1968. 

ART. 36.—Al fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial con derecho a pensión de jubilación, sus beneficiarios, en el orden y proporción señalados en el artículo 34(15), tienen derecho a recibir de la respectiva entidad de previsión la pensión que le hubiere correspondido durante dos (2) años, sin perjuicio de las prestaciones anteriores.  

(...)  

ART. 39.Sustitución de pensión. Fallecido un empleado público o trabajador oficial en goce de pensión de jubilación, invalidez o vejez, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de sus estudios o por invalidez, que dependieren económicamente de él, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos años subsiguientes.  

Decreto Reglamentario 1848 de 1969.  

(...)  

ART. 80.Fallecimiento del empleado con derecho a pensión. Cuando fallezca un empleado oficial que hubiere causado en su favor el derecho a pensión de jubilación, por reunir los requisitos legales, sin haberla hecho efectiva en vida, ese derecho se transmite a las personas señaladas en el artículo 92 de este decreto(16), para el solo efecto de recibir de la entidad obligada el pago de la pensión que le hubiere correspondido al causante, durante los dos (2) años a que se refiere la citada norma legal.  

(...)  

ART. 92.Transmisión de la pensión. Cuando fallezca el pensionado por invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento del pensionado. 

(...)”. 

Posteriormente, se expidió la Ley 33 de 1973(17), la cual señaló que para que se diera la sustitución pensional, el trabajador particular o el empleado o trabajador del sector público, debía estar pensionado o al momento de su fallecimiento tener el derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez.

“(...) ART. 1º—Fallecido el particular pensionado o con derecho a pensión de jubilación, invalidez o vejez, o un empleado o trabajador del sector público, sea este oficial o semioficial con el mismo derecho, su viuda podrá reclamar la respectiva pensión en forma vitalicia.  

(...) 

PAR. 2º—A las viudas que se encuentren en la actualidad disfrutando, o tengan derecho causado a disfrutar, de los cinco (5) años de sustitución de la pensión, les queda prorrogado su derecho dentro de los términos de esta ley”. (Se resalta). 

Luego, la Ley 12 de 1975(18) solo exigió que el trabajador o empleado haya completado el tiempo de servicio, de manera que si fallecía antes de cumplir la edad cronológica para tener derecho a la pensión de jubilación, había lugar a la sustitución pensional, así: 

“(...) ART. 1º—El cónyuge supérstite, o la compañera permanente, de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si este falleciere antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la ley o en convenciones colectivas. (...)”. (Se resalta).

De lo anterior se infiere, que si bien en principio el derecho a la sustitución pensional solo surgía para los beneficiarios de un empleado público cuando a la fecha de su fallecimiento éste había perfeccionado o consolidado completamente el derecho jubilatorio, con posterioridad el Legislador lo extendió para los casos en los que el empleado público hubiese logrado el tiempo de servicios sin reunir o completar la edad pensional, con el fin de amparar con tal medida el derecho de la familia del mismo, que por la contingencia de muerte no logró consolidar plenamente su derecho pensional. 

Ahora bien, una vez expedida la Constitución Política de 1991, en su artículo 48(19) señaló que la Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio y un derecho irrenunciable, de tal manera que por la estructura de este derecho, es el Estado el obligado a dirigir, coordinar y controlar su efectiva ejecución. Así mismo estableció, en relación a la pensión de sobrevivencia, que sería una prestación del Sistema General de Seguridad Social, cuyos requisitos para su reconocimiento por mandato constitucional, deberán ser definidos mediante las leyes, veamos:

“(...) ART. 48.—La seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la ley. 

(...) 

Para adquirir el derecho a la pensión será necesario cumplir con la edad, el tiempo de servicio, las semanas de cotización o el capital necesario, así como las demás condiciones que señala la ley, sin perjuicio de lo dispuesto para las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes del Sistema General de Pensiones. (Se destaca).

Quiere decir entonces que la Ley 100 de 1993 “Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”, derogó tácitamente(20) la Ley 12 de 1975, concretamente, porque esta nueva norma reemplazó la sustitución pensional por la pensión de sobrevivientes tanto en el régimen de prima media con prestación definida(21) como en el de ahorro individual(22), y señaló que esta prestación se obtiene no solamente en el caso del fallecimiento del pensionado sino también en el evento en que el causante que fallezca hubiera cotizado al sistema por lo menos veintiséis (26) semanas, en ése momento, o habiendo dejado de cotizar, efectuara aportes por veintiséis (26) semanas del año inmediatamente anterior.

Sea la oportunidad para aclarar que el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 fue modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003(23), en el sentido de determinar que los beneficiarios del causante tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, siempre y cuando el causante hubiere cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento, así:

“(...) ART. 46.—Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes: 

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por riesgo común que fallezca y, 

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento y se acrediten las siguientes condiciones:(24)” (Destaca la Sala)

En todo caso, de no darse las condiciones expuestas para el otorgamiento de la pensión de sobrevivientes, en los artículos 49 y 78 de la Ley 100 de 1993 se creó para el régimen solidario de prima media con prestación definida la indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, la cual es equivalente a un salario base de liquidación promedio semanal multiplicado por el número de semanas cotizadas; al resultado así obtenido se le aplica el promedio ponderado de los porcentajes sobre los cuales haya cotizado el afiliado. De otro lado, para el régimen de ahorro individual con solidaridad, se estableció la devolución de saldos, según la cual los beneficiarios del afiliado tienen derecho a recibir la totalidad del monto abonado en la cuenta individual de ahorro pensional del causante, incluidos los rendimientos y el valor del bono pensional, si a éste hubiera lugar. La norma establece al respecto, lo siguiente:

“(...) TÍTULO II 

Régimen solidario de prima media con prestación definida 

(...) 

CAPÍTULO IV 

Pensión de sobrevivientes 

(...) 

ART. 49.Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Los miembros del grupo familiar del afiliado que al momento de su muerte no hubiese reunido los requisitos exigidos para la pensión de sobrevivientes, tendrán derecho a recibir, en sustitución, una indemnización equivalente a la que le hubiera correspondido en el caso de la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez, prevista en el artículo 37 de la presente ley.  

(...) 

TÍTULO III 

Régimen de ahorro individual con solidaridad 

(...) 

CAPÍTULO IV 

Pensión de sobrevivientes 

(...) 

ART. 78.Devolución de saldos. Cuando el afiliado fallezca sin cumplir con los requisitos para causar una pensión de sobrevivientes, se le entregará a sus beneficiarios la totalidad del saldo abonado en su cuenta individual de ahorro pensionad, incluidos los rendimientos, y el valor del bono pensionad si a éste hubiera lugar”. 

En conclusión se tiene que el sistema de sustitución pensional de que trataba la Ley 12 de 1975, artículo 1º, fue derogado de manera tácita por el de pensión de sobrevivientes contenido en los artículos 46 a 49 y 73 a 78 de la Ley 100 de 1993; por tanto, en la actualidad no se habla de la sustitución pensional, comoquiera que se contempló la pensión de sobrevivientes dentro del Sistema de Seguridad Social Integral establecido en la Ley 100 de 1993 que entró a regir el 1º de abril de 1994, por mandato de su artículo 151, y es desde esa fecha que se deben aplicar las disposiciones contenidas en dicha ley sobre pensión de sobrevivientes.

ii) Del análisis del caso concreto.

La señora Magaly Esther Celis Marenco en su condición de curadora de su hermano Luis Alberto Celis Marenco, solicitó el reconocimiento y pago de la sustitución pensional, con ocasión del fallecimiento de su padre, el señor Felipe Alejandro Celis Arteaga (q.e.p.d.), en razón a ello el a quo accedió a las pretensiones en consideración que en el presente caso se está ante una situación de especial protección a quien le han sido fijadas unas cargas probatorias que desconocen sus derechos adquiridos.

Por su parte, el apoderado de la entidad demandada al interponer el recurso de apelación, alegó, de un lado, que existían serias dudas en cuanto al grado de parentesco, puesto que no era posible que el demandante fuera registrado como hijo del demandante después de 54 años después de su nacimiento; y de otro, que la única prueba que demuestra el grado de incapacidad de éste es la valoración que realiza la Junta Médico Regional, en la cual se indica, entre otras, la fecha de estructuración de la enfermedad para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional.

Pues bien, para efectos de resolver los puntos objeto de controversia, la Sala cuenta con los siguientes elementos probatorios:

a) De conformidad con la partida de matrimonio que reposa a folio 33, se evidencia que los señores Felipe Antonio Arteaga Celis y Dilia Elisa Marenco Mendoza contrajeron nupcias el 1º de enero de 1937.

b) Atendiendo la partida de bautismo del señor Luis Alberto Celis Marenco se observa que sus padres fueron los señores Felipe Alejandro Celis y Dilia Marenco Mendoza(25).

c) A folio 27 obra el registro civil de nacimiento del señor Luis Alberto Celis Marenco, del cual se evidencia que por manifestación de testigos se indicó que su padre es el señor “Celis Felipe Antonio”.

d) El 26 de enero de 2007 el psiquiatra del Instituto de Medicina Legal valoró al señor Luis Alberto Celis Marenco para la posible interdicción judicial y determinó que(26):

“RESPECTO A LOS HECHOS: 

Con ayuda de la hermana anotan que el señor Luis desde la adolescencia presentó cambios de comportamiento como agresividad, aislamiento y deterioro en la mayoría de las actividades cotidianas, por lo cual fue llevado donde médico psiquiatra donde le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, ameritando múltiples tratamientos, con varios psiquiatras e incluso hospitalizaciones psiquiátricas; la razón de este proceso es para sustitución pensional. 

ANTECEDENTES FAMILIARES 

Padre: Fallecido hace 15 años, al parecer por problemas coronarios. 

Madre: Falleció hace 3 años, al parecer por problemas coronarios, era pensionada de Cajanal. 

Hermanos: Son cinco (5) hermanos, actualmente 4 vivos (2 hombres y 2 mujeres) siendo el examinado el cuarto en orden de nacimientos, que en su orden: Regulo Celis: de 68 años, vive en Estados Unidos, casado con hogar independiente; el segundo: Nelba: de 67 años, soltera, vive con el examinado y la hermana que lo acompaña; el tercero: el examinado; la cuarta Magali Esther Celis de 52 años, soltera, sin hijos, vive en Estados Unidos con el hermano, todos están de acuerdo con este Proceso y que la hermana Magali sea la curadora del mismo. 

(...)  

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN  

(...)  

Al examen mental actual, clínicamente y a la entrevista, apreciamos un individuo relativamente estable y compensado, debido muy probablemente a la toma de medicamentos que actualmente tiene prescrito como son (...) medicamentos éstos que toma desde hace mucho tiempo y se encuentran debidamente sustentados con certificados médicos por psiquiatras tratantes en los Estados Unidos, el diagnóstico del examinado se encuentra debidamente avalado con la historia clínica realizada y los diferentes certificados dados dentro del expediente de ESQUIZOFRENIA Paranoide, cuya etiología es de origen biopsicosocial, la cual inició desde la adolescencia; el tratamiento es el anotado anteriormente, en la cual toma antipsicóticos, antidepresivos e inductores del sueño, además debe continuar con sus controles periódicos por sus psiquiatras tratantes; el pronóstico es malo, debido a que se trata de una enfermedad incurable, que además se reactiva y presenta crisis de lanera impredecible, muy a pesar de encontrarse tomado los medicamentos anotados anteriormente; por todas las consideraciones anteriores el examinado, LUIS ALBERTO CELIS MARENCO, no está en capacidad de manejar bienes, ni disponer de ellos. (...)”. 

e) El 22 de marzo de 2007 el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla Decretó la interdicción definitiva del señor Luis Alberto Celis Marenco y se le designó como curadora definitiva a la señora Magaly Esther Celis Marenco, quien es la legitima hermana(27).

f) El 14 de agosto de 2007 el Tribunal Superior de Barranquilla – Sala Civil Familia – confirmó la sentencia del 22 de marzo de 2007, proferida por el Juzgado Séptimo de Familia de Barranquilla, por medio de la cual se decretó la interdicción definitiva por causa de demencia del señor Luis Alberto Celis Marenco(28).

g) Por medio de la Resolución UGM 011365 de 30 de septiembre de 2011 el liquidador de la Caja Nacional de Previsión Social, Cajanal EICE en Liquidación, resolvió negar el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a favor del señor Luis Alberto Celis Marenco con ocasión del fallecimiento del señor Felipe Alejandro Celis Arteaga (q.e.p.d.), por considerar que pese a que se había allegado copia del dictamen rendido por medicina legal, éste no indicaba la fecha de estructuración de la incapacidad, lo cual era imposible determinar si se había configurado con anterioridad a la muerte de éste(29).

h) Mediante Resolución UGM 056457 de 26 de septiembre de 2012, la misma autoridad administrativa, al conocer del recurso de reposición confirmó el anterior acto administrativo. Para el efecto se dispuso:

“(...) Que mediante Resolución Nº 6897 del 14 de septiembre de 1982 se reconoció una pensión de jubilación a favor del señor FELIPE ALEJANDRO CELIS ARTEAGA (...) en cuantía de $ 5.840.54 efectiva a partir del 1º de julio de 1979. Acreditó el retiro de oficial.  

Que mediante Resolución 10093 del 9 de marzo de 1993, se ordenó a favor de la señora DELIA ELISA MARENCO CELIS, ya identificada, el traspaso y pago inmediato en forma provisional de la pensión de vejez de FELIPE ALEJANDRO CELIS ARTEAGA, en la misma cuantía en que la disfrutaba este y a partir del 13 de enero de 1992, día siguiente al fallecimiento. 

Que mediante Resolución Nº 40877 del 16 de noviembre de 1993 se sustituyó en forma vitalicia la pensión que envida disfrutó FELIPE ALEJANDRO CELIS ARTEAGA, a favor de la señora DELIA ELISA MARENCO CELIS, en calidad de esposa legitima, efectiva a partir del 13 de enero de 1992 en cuantía equivalente de 61.081.39 equivalente al 100% del total. 

Que el causante FELIPE ALEJANDRO CELIS ARTEAGA falleció el 12 de enero de 1992, según registro civil de defunción. 

Que la señora DELIA ELISA MARENCO CELIS falleció el 23 de agosto de 2003, según registro civil de defunción. 

(...) 

1. El mismo fue inscrito 54 años después del nacimiento del interesado. 

2. El nombre registrado como padre del interesado no corresponde con el nombre del causante, ya que en el registro civil de nacimiento del padre es CELIS FELIPE ANTONIO. 

(...)  

Que teniendo en cuenta que no hay plena certeza del parentesco entre el causante y el interesado y además no se aportó el dictamen de calificación de la invalidez, en la cual se determina la fecha de estructuración de la invalidez, se procede a confirmar la Resolución objeto de recurso. 

(...)”. 

i) El 21 de mayo de 2015 la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico valoró al señor Luis Alberto Celis Marenco y determinó que contaba con una pérdida de la capacidad laboral del 50.20%, la cual se estructuró el 2 de octubre de 1995, dada el trastorno esquizoafectivo y el deterioro cognitivo moderado(30).

Sin perder de vista lo anterior es necesario, en aras a resolver el problema jurídico propuesto, definir la normatividad aplicable, dado que esta Corporación(31) ha reiterado que en materia de reconocimiento de pensión de sobrevivientes, la norma aplicable es la vigente para la fecha del fallecimiento del causante, pues es en este momento en que se causa el derecho a la sustitución pensional.

En efecto, atendiendo a los principios de no retroactividad de las leyes y de inescindibilidad del régimen pensional, no es posible tomar, para el caso del demandante, de los dos regímenes que regulan la pensión de sobrevivientes el más conveniente.

En virtud de lo anterior, como la muerte del señor Felipe Alejandro Celis Arteaga (q.e.p.d.) quien era el padre del demandante, acaeció el 12 de enero 1992, fecha para la cual no había entrado en vigencia y ni siquiera se había expedido la Ley 100 de 1993, por cuanto la misma comenzaba a regir a partir del 1º de abril de 1994 y para el nivel territorial el 30 de junio de 1995, la normatividad aplicable al caso es el Decreto 3135 de 1968 el cual dispuso en su artículo 23 que:

“(...) ART. 23.—La invalidez que determine una pérdida de la capacidad laboral no inferior a un 75%, da derecho a una pensión, pagadera por la respectiva entidad de previsión con base en el último sueldo mensual devengado, mientras la invalidez subsista, así: 

a). El cincuenta por ciento (50%) cuando la pérdida de la capacidad laboral sea del 75%; 

b) Del setenta y cinco por ciento (75%) cuando la pérdida de la capacidad laboral exceda del 75% y no alcance al 95%; 

c) El ciento por ciento (100%) cuando la pérdida de la capacidad laboral sea superior al 95%. 

(...)”. 

La citada normativa fue modificada por el Decreto 434 de 1971, el cual en su artículo 20, estableció lo siguiente:

“(...) ART. 20.—Artículo(sic) fallecido un empleado público o trabajador oficial jubilado o con derecho a pensión de jubilación, su cónyuge y sus hijos menores de 18 años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o invalidez y que dependieran económicamente del causante, tendrán derecho a percibir entre todos, según las reglas del artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo, la respectiva pensión durante los 5 años subsiguientes.  

Cuando faltare el cónyuge o los hijos, la sustitución pensional corresponderá a los padres o hermanos inválidos y a las hermanas solteras del empleado fallecido que dependieren económicamente del extinto 

(...)”. 

El artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo, al que se hizo referencia en la citada normativa, dispuso que:

“(...) ART. 275.—Pensión en caso de muerte. «Artículo subrogado por La Ley 100 de 1993. Ver notas del editor. El texto original es el siguiente:» 

1. Fallecido un trabajador jubilado, su cónyuge y sus hijos menores de diez y ocho (18) años tendrán derecho a recibir la mitad de la respectiva pensión durante dos (2) años contados desde la fecha del fallecimiento, cuando el trabajador haya adquirido el derecho dentro de las normas de este código, lo esté disfrutando en el momento de la muerte, y siempre que aquellas personas no dispongan de medios suficientes para su congrua subsistencia. 

2. Esta pensión se distribuye así: en concurrencia de viuda con hijos, la primera recibe una mitad y los segundos la otra mitad; si hay hijos naturales, cada uno de éstos lleva la mitad de la cuota de uno legítimo; a falta de hijos todo corresponde al cónyuge, y en defecto de éste, todo corresponde a los hijos. 

3. A falta de cónyuge y de hijos, tienen derecho por mitades, a la pensión de que trata este artículo, los padres o los hermanos inválidos o las hermanas solteras del fallecido, siempre que no disfruten de medios suficientes para su congrua subsistencia y hayan dependido exclusivamente del jubilado. 

4. La cuota del grupo que falte pasa al otro, y el beneficiario único de un grupo lleva todo lo de éste. 

5. Los beneficiarios de que trata este artículo gozarán de este derecho con la sola comprobación del parentesco mediante las copias de las respectivas partidas civiles o eclesiásticas y la prueba sumaria de que llenan los demás requisitos”. (Lo subrayado es de la Sala).

De las normas transcritas, se concluye, que son tres las condiciones que deben concurrir para que el señor Luis Alberto Celis Marenco acceda al beneficio pensional reclamado, a saber: i) demostrar el grado de parentesco referido, esto es, ser hijo del pensionado fallecido; ii) ostentar la condición de inválido, esto es, tener una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 75%, la cual se verificará de conformidad con lo establecido en el artículo 275 del Código Sustantivo del Trabajo y el artículo 61 del Decreto 1848 de 1969; y, iii) haber sido económicamente dependiente de la causante.

La primera condición, esto es, la relación de filiación entre el pensionado y el solicitante, se encuentra acreditada con la copia del registro civil de nacimiento del señor Luis Alberto Celis Marenco, en donde consta que es hijo de Felipe Arteaga Celis (q.e.p.d.) y Dilia Elisa Marenco (q.e.p.d.)(32).

En efecto, pues a pesar de que existen incongruencias dentro del registro civil de nacimiento y la partida de bautismo, en la medida en que existen diferencias en el segundo nombre del padre del demandante, aunado al hecho de que éste fue inscrito el 30 de marzo de 2001(33) por declaración de testigos, tal y como lo sostiene el recurrente; no se puede desconocer que existió un matrimonio entre los señores Felipe Arteaga Celis y Dilia Elisa Marenco Mendoza(34), y por ello, de conformidad con el artículo 213 del Código Civil(35), lo hace presumir que éstos fueron sus padres dado que nació dentro éste y, además, no hay prueba que indique lo contrario.

Del segundo requerimiento que trata de la invalidez del hijo del señor Felipe Arteaga Celis (q.e.p.d.), se observa que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico determinó que el señor Luis Alberto Celis Marenco ostentaba una pérdida de la capacidad laboral del 50.20%, con una fecha de estructuración del 2 de octubre de 1995, con fundamento en el siguiente análisis y conclusión: Al respecto indicó:

“(…) Masculino de 68 años de edad estado civil soltero, sin hijos, vive con una hermana en casa familiar, escolaridad bachiller, ocupación nunca ha laborado, DX MOTIVO DE CALIFICACIÓN: SOLICITUD DE JUZGADO POR TRASTORNO ESQUIZOAFECTIVO, OTRO TRASTORNO DE PERSONALIDAD, DISCAPACIDAD INTELECTUAL LEVE. Resumen del caso: Paciente con historia de enfermedad mental desde la adolescencia, comenzó con cambios comportamentales de le dx esquizofrenia paranoide, desde entonces el tratamiento psiquiátrico, posteriormente se fue a vivir a kois EEUU en compañía de sus familiares y asiste a controles periódicos con psiquiatría y psicología, vive con su hermana quien es su curadora (…)”.

En virtud de lo anterior, es evidente que el señor Luis Alberto Celis Marenco ostenta una serie de deficiencias que la sitúan en estado de incapacidad, que le impiden obtener por sus propios medios, los recursos necesarios para su sustento, máxime si se tiene en cuenta que a la fecha tiene más de 70 años de edad y que su participación laboral es limitada; sin embargo, no se puede desconocer que las patologías que padece éste se estructuraron con posterioridad a la fecha del fallecimiento de su señor padre.

Nótese que la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico determinó esta fecha de estructuración atendiendo la historia clínica y valoraciones por diferentes especialistas que vienen atendiendo al señor Luis Alberto Celis Marenco en los Estados Unidos, país en donde actualmente reside, y en los cuales se determinó que desafortunadamente contaba con un deterioro mental. En tal sentido, a pesar que el señor Luis Alberto Celis Marenco al parecer viene siendo tratado por la esquizofrenia que padece, no se logró probar que ésta se causara con anterioridad al fallecimiento de su padre.

Adicionalmente, si bien la enfermedad que aqueja al señor Luis Alberto Celis Marenco es progresiva y degenerativa, lo cual es desde todo punto de vista lamentable y, además, este tipo de discapacidades son protegidas por la Constitución Política, tal y como lo indicó el a quo, resulta importante precisar que estas circunstancias no son per se suficientes para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional pretendida por éste.

En otras palabras, el Estado Colombiano debe, a través de todos sus estamentos, garantizar a todas las personas el efectivo goce de sus derechos constitucionales, es por ello que en desarrollo de dicho mandato, la protección que debe brindarse a las personas en condición de discapacidad debe ser integral, sin embargo, no por ello las personas que se encuentran en tal condición pueden obviar e incumplir con todos aquellos requerimientos que exige la ley colombiana para efectos de reconocimientos prestacionales.

En efecto, ya que es necesario acreditar la totalidad de los requisitos exigidos por la ley para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional o de la pensión de sobrevivientes, según sea el caso, por cuanto ello sería tanto como desconocer, de un lado, el procedimiento de la calificación de la incapacidad laboral, establecido en el artículo 62 del Decreto 1848 de 1969(36) y los fundamentos para la calificación del origen y grado de pérdida de ésta regulado en el Decreto 2463 de 2001(37); y el grado de incapacidad de invalidez que debía tener aquel aspirante a obtener la sustitución pensional.

Bajo ese entendido, se debe tener en cuenta la fecha de estructuración de la invalidez en sí, por cuanto es a partir de este momento el cual la persona pierde de manera permanente y definitiva su capacidad laboral y, en consecuencia, la capacidad de generar los ingresos para su manutención. En tal sentido, se evidencia que en el presente caso la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico valoró al señor Luis Alberto Celis Marenco y determinó que contaba con una pérdida de la capacidad laboral del 50.20% con una fecha de estructuración del 2 de octubre de 1995, quiere decir que con posterioridad a la fecha del fallecimiento del señor Felipe Alejandro Arteaga Marenco (q.e.p.d.).

También se observa que el grado de la pérdida de la capacidad laboral del señor Luis Alberto Celis Marenco no cumple con lo establecido en la normativa que se debe aplicar al caso en concreto, la cual es el Decreto 3135 de 1968, pues tan solo acreditó el 50.20%, lo cual es insuficiente para efectos de reconocer la sustitución pensional por invalidez, ya que se requería el 75%.

Así pues, es evidente que al ser el señor Luis Alberto Celis Marenco una persona discapacitada e, incluso, haber sido declarado interdicto, ello no es suficiente razón para efectos del reconocimiento de la sustitución pensional pretendida, dado que, de un lado, la fecha en que se estructuró su pérdida de la capacidad laboral fue con posterioridad a la del fallecimiento de su padre, el señor Felipe Celis Arteaga (q.e.p.d.), esto es, en 12 de enero de 1992; y de otro, el grado de invalidez es inferior al 75% que establece la normativa aplicable al caso en concreto.

En consecuencia, la Sala, con fundamento en los argumentos expuestos en esta providencia, revocará la sentencia de 29 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se accedieron a las súplicas de la demanda interpuesta por la señora Magaly Esther Celis Marenco en su condición de curadora de su hermano Luis Alberto Celis Marenco, y en su lugar, se denegaran las mismas.

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

REVÓCASE la sentencia de 29 de abril de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio del cual accedió a las pretensiones de la señora Magaly Esther Celis Marenco en su condición de curadora de su hermano Luis Alberto Celis Marenco contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social –UGPP-.

En su lugar, se dispone:

NIÉGUENSE las suplicas de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

Consejeros: Carmelo Perdomo Cuéter—César Palomino Cortés—Sandra Lisset Ibarra Vélez».

13 “Por el cual se prevé la integración de la seguridad social entre el sector público y el privado y se regula el régimen prestacional de los empleados públicos y trabajadores oficiales”.

14 “Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968”.

15 “ART. 34.—En caso de fallecimiento de un empleado público o trabajador oficial en servicio, las prestaciones a que haya lugar se pagarán a los beneficiarios que a continuación se determinan, así: 1. La mitad al cónyuge sobreviviente y la otra mitad a los hijos legítimos y naturales del empleado o trabajador en concurrencia estos últimos en las proporciones establecidas por la ley civil.

2. Si no hubiere cónyuge sobreviviente ni hijos naturales, la prestación corresponderá íntegramente a los hijos legítimos. 

3. Si no hubiere hijos legítimos la porción de éstos corresponde a los hijos naturales en concurrencia con el cónyuge sobreviviente. 

4. Si no hubiere cónyuge sobreviviente, ni hijos legítimos, el monto de la prestación se dividirá así: la mitad para los padres legítimos o naturales y la otra mitad para los hijos naturales. 

5. A falta de padres legítimos o naturales, llevarán toda la prestación los hijos naturales. 

6. Si no concurriere ninguna de las personas indicadas en este artículo, llamadas en el orden preferencial en el establecido, la prestación se pagará a los hermanos menores de edad y a las hermanas del extinto, previa comprobación de que dependían de él para su subsistencia”. 

16 “ART. 92.—Transmisión de la pensión. Cuando fallezca el pensionado por invalidez, jubilación o retiro por vejez, su cónyuge y sus hijos menores de dieciocho (18) años o incapacitados para trabajar por razón de estudios o por invalidez, que dependieren económicamente del causante, tendrán derecho a percibir la respectiva pensión durante los dos (2) años subsiguientes al fallecimiento del pensionado”.

17 “Por el cual se transforman en vitalicia las pensiones de las viudas”.

18 “Por la cual se dictan algunas disposiciones sobre régimen de pensiones de jubilación”.

19 Adicionado desde el inciso 7º en adelante por el Acto Legislativo Nº 01 de 2005.

20 Corte Constitucional, Sentencia C-328 de 2001.

“Derogación de la norma acusada y estudio de los cargos del demandante. 

2. La norma acusada hace parte de la Ley 113 de 1985, que adiciona la Ley 12 de 1975, que regula ciertos aspectos de la llamada pensión de sobrevivientes. Ahora bien, la Ley 100 de 1993, que es norma posterior, creó el sistema general de seguridad general, y en su libro primero establece el régimen general de pensiones. Específicamente, ese libro primero regula integralmente la pensión de sobrevivientes, tanto en el régimen de prima media (artículos 46 y ss.) como en el de ahorro individual (arts. 73 y ss.). Así, las normas sobre el régimen de prima media señalan al respecto: 

Por su parte, los artículos 73 y ss. de la misma Ley 100 de 1993 regulan la pensión de sobrevivientes en el régimen de ahorro individual y tienen un contenido normativo similar. Estamos pues ante una regulación integral y sistemática de una materia, que es posterior a la norma acusada. Ahora bien, conforme a la teoría jurídica, y como lo ilustra al respecto el artículo 3º de la ley 153 de 1887, se entiende que esa regulación sistemática posterior de un tema deroga tácitamente las normas precedentes sobre la materia, salvo que las normas previas establezcan regímenes especiales. Así, el artículo 3º de la ley 153 de 1887 dice que se estima “insubsistente una disposición legal por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería” (subrayas no originales). 

La Corte Suprema de Justicia, en su momento, y esta Corte Constitucional han reconocido, en numerosas ocasiones, ese efecto derogatorio de la ley posterior que regula integralmente un tema. Así, la Corte Suprema —Sala Plena— en múltiples pronunciamientos reiteró que el ejercicio de la facultad legislativa consistente en expedir códigos, estatutos orgánicos o regímenes legales integrales implica la derogación de las normas incorporadas a éstos para integrar un solo cuerpo normativo, tesis que ha sido plenamente aceptada por esta Corte Constitucional.  

Ahora bien, en este caso, la norma previa acusada no consagra ningún régimen especial, por lo cual debe entenderse derogada por el sistema integral posterior de la Ley 100 de 1993, tal y como lo ha entendido esta Corte. Es pues claro que el artículo impugnado fue derogado. El interrogante que surge entonces es si esa derogación implica que la Corte deba inhibirse de conocer los cargos de la demanda”. 

21 Artículos 49 a 49 de la Ley 100 de 1993.

22 Artículos 73 a 78 de la Ley 100 de 1993.

23 “por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.”

24 Literales a) y b) declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-556 DE 2009, M.P. Dr. Nilson Pinilla Pinilla.

25 Visible a fl. 34

26 Visible a fls. 26, 28 a 31.

27 Visible a fls. (sic)

28 Visible a fls. 43 a 49.

29 Visible a fls. 19 a 22.

30 Visible a fls. 323 a 325.

31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia del veinticinco (25) de abril de dos mil trece (2013), C.P. Luis Rafael Vergara Quintero, Rad. 76001 23 31 000 2007 01611 01 (1605-09).

32 Ver fl. 27.

33 Ver fl. 27.

34 Ver partida de matrimonio visible a fl. 33.

35 “(...) ART. 213.—«Presunción de legitimidad». «Artículo modificado por el artículo 1º de la Ley 1060 de 2006. El nuevo texto es el siguiente:» El hijo concebido durante el matrimonio o durante la unión marital de hecho tiene por padres a los cónyuges o compañeros permanentes, salvo que se pruebe lo contrario en un proceso de investigación o de impugnación de paternidad.

(...)”. 

36 “(...) ART. 62.—Calificación de la incapacidad laboral.

37 “(...) Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez
(...)”.

1. La calificación del grado de invalidez se efectuará por el servicio médico de la entidad de previsión social a la cual esté afiliado el empleado oficial que pretende el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez. 

2. En defecto de dicha afiliación esa calificación se hará por el servicio médico de la entidad o empresa empleadora. 

3. Las entidades y empresas oficiales que no tengan servicio médico, deberán contratar dicho servicio con la Caja Nacional de Previsión Social, para la calificación a que se refiere este artículo.

(...)”.

37 “(...) Por el cual se reglamenta la integración, financiación y funcionamiento de las juntas de calificación de invalidez.

(...)”.