Sentencia 20130 de septiembre 18 de 2003 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN EN PENSIONES

ACTUALIZACIÓN DEL INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN

EXTRACTOS: «En cuanto hace al primer cargo, el recurrente denuncia la interpretación errónea del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pero, como con acierto lo destaca el opositor, esta norma no fue materia de una exégesis explícita por parte del tribunal, de donde pudiera concluirse que ofreció de ella un entendimiento contrario a su genuino y cabal sentido. Pero si se entendiera que por haber tomado en consideración lo dispuesto en su inciso 3º y transcribirlo interpretó el precepto, habría que tener en cuenta que se limitó a reiterar lo que establece, al concluir que “es la misma ley la que fija en forma concreta y clara cuál es el período respecto del cual se debe calcular el promedio de lo devengado, es decir entre la fecha en que entró en vigencia la pluricitada Ley 100 y aquella en que el afiliado cumpla los requisitos para acceder a la pensión de vejez...” (fl. 14 del cdno del tribunal).

Desde luego, la anterior inferencia en modo alguno resulta desacertada, pues se corresponde con lo que claramente surge del tenor literal del citado inciso, en el que se dispone que

“El ingreso base para liquidar la pensión de las personas referidas en el inciso anterior que les faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho, será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o el cotizado durante todo el tiempo si este fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación que expida el DANE”.

Para sustentar su ataque en relación con la actualización del ingreso base de liquidación de la pensión de vejez del actor, lo que en esencia argumenta el recurrente es que resulta “violatorio de la ley sustancial invocar un supuesto derecho a que el IBL sea actualizado con base en el IPC, pues tal opción está reservada a aquellos casos en los que el IBL se liquida con base en el promedio de lo cotizado durante 10 o más años, caso en el cual el legislador con acertado criterio se vio obligado a proteger el valor en los aportes del trabajador. Opción que no corresponde a aquella según la cual la liquidación del IBL con base en lo “devengado”, no está sujeta a incrementos por IPC, pues tal incremento ya está incorporado en el aumento que anualmente sufre el salario mínimo legal” (fl. 44 del cdno. de la Corte).

Para la Corte es equivocado el anterior razonamiento del impugnante, pues como fluye con nitidez del texto del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ninguna alusión se hace allí a los incrementos que sufre el salario mínimo legal, que permitiera concluir, como erradamente lo hace el censor que no es necesaria la actualización del promedio de lo devengado cuando el ingreso del afiliado haya tenido un incremento por corresponder a un salario mínimo legal.

Por otra parte, debe precisarse que de conformidad con el aludido precepto, en tratándose del ingreso base para liquidar la pensión de quienes les hiciere falta menos de 10 años para adquirir el derecho, existen dos opciones para obtener ese ingreso: De una parte, el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para cumplir los requisitos para pensionarse; o de otro lado, el promedio de todo el tiempo cotizado, si este promedio fuere superior. Pero en ambos eventos, para la Corte es claro que el promedio respectivo deberá ser actualizado anualmente con la variación del índice de precios al consumidor certificada por el DANE, pues de no entenderse el precepto de esa manera, y se considerase que la actualización sólo procede cuando se toma el promedio de todo el tiempo cotizado, se incurriría en una discriminación que significaría un inexplicable detrimento del ingreso base para liquidar la pensión de los beneficiarios del régimen de transición, que daría al traste con el objetivo de la Ley 100 de 1993 de otorgar prestaciones que permitan obtener calidad de vida acorde con la dignidad humana.

Por esa razón, precisó en la sentencia del 29 de noviembre de 2001 (rad. 15.921).

“El punto objeto de controversia, tiene que ver con el alcance de la expresión “el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciera falta para ello”, esto es, para adquirir el derecho pensional, contenido en el inciso tercero del artículo 36 ibídem. Para el tribunal es el discurrido entre la fecha de entrada de vigencia de la ley y la de retiro de servicio o reconocimiento efectivo del derecho; para el recurrente, el lapso faltante para la adquisición del derecho, esto es, los últimos 18 meses.

Considera la Corte que no es correcto el entendimiento que el ad quem le otorga al señalado precepto, pues si el legislador en él estableció un espacio temporal (el tiempo que les hiciera falta para ello) para efectos de liquidar la pensión a ciertos beneficiarios del régimen de transición, con ello quiso significar que la fecha de cumplimiento de los requisitos debía ser un hito o punto de referencia obligatorio en este aspecto, directriz desconocida por el fallo impugnado al hacer caso omiso de la misma y optar por computar todo el período cotizado con posterioridad a la entrada en vigencia del régimen de seguridad social integral, rebasando así la fecha de reunión de los presupuestos para la pensión.

Ahora, la exégesis que por su parte propone el atacante implica en casos como el presente en que no hay coincidencia entre el momento de reunión de los requisitos y el retiro del servicio, que la fecha de entrada en vigencia del sistema sirve en principio para establecer el período faltante para adquirir el derecho, vale decir, es una simple medida de tiempo, ya que la contabilización de los aportes para liquidar la prestación debe hacerse desde la fecha a partir de la cual se hace efectivo el reconocimiento hacia atrás hasta completar el lapso inicialmente determinado.

Dicho en otros términos, es preciso realizar dos operaciones: primero establecer cuántos días, contados desde el 1º de abril de 1994, faltaban al trabajador para reunir los requisitos y, segundo, trasponer luego esa medida o número de días a la fecha del retiro y empezar a contar hacía atrás las sumas devengadas hasta agotar dicho lapso, cuyo promedio actualizado constituiría el IBL para liquidar la pensión.

Ese entendimiento, estima la Corte, es el que consulta el verdadero espíritu de la ley y se ajusta cabalmente a su tenor literal, en tanto acata su exigencia de tomar en consideración únicamente el tiempo faltante para adquirir el derecho y no otro; así mismo, cumple con el principio de tener en cuenta hasta la última semana cotizada para efectos de liquidar la pensión, situación que no ocurriría si llegara a entenderse que solamente sería dable contabilizar las semanas cotizadas o los ingresos devengados hasta el día de cumplimiento de todos los requisitos, lo cual implicaría evidentemente una tremenda injusticia al dejar por fuera cotizaciones efectivamente realizadas, en desmedro de los intereses del aportante, quien realizó unos pagos que no van a tener incidencia en el monto final de su pensión, solución que iría en contravía de principios básicos de la seguridad social, como aquel de que “a mayor cotización, mayor pensión”, axioma que resulta congruente —además— con otro principio propio de esta disciplina jurídica, concretamente el de la proporcionalidad.

De manera que la única hermenéutica que permite acompasar el categórico mandato contenido en el artículo 36 de la Ley 100 en el sentido de que el ingreso base de liquidación de las personas cobijadas por el régimen de transición que les faltare menos de diez años para adquirir el derecho será el promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, con la regla general que dispone tomar en cuenta hasta la última semana cotizada para liquidar la pensión, es la que se dejó descrita, de donde se colige, como atrás se manifestó, que inicialmente hay que determinar cuántos días, contados a partir de la entrada en vigencia del sistema (abril de 1994) faltaban para adquirir el derecho y esa unidad de tiempo trasponerla después a la fecha de la última cotización o del último salario devengado y empezarlo a contar de ahí hacía atrás, hasta completarla”.

En la sentencia del 13 de junio de 2002, radicado 17.641, explicó lo que a continuación se transcribe:

“Delimitado en esos términos el objeto del debate, considera la Corte que la razón está parcialmente del lado del recurrente porque si bien atinó el tribunal al entender que el promedio de los salarios debe calcularse año por año y no durante todo el período como aquel pretende, no estuvo igual de acertado al aplicar la fórmula de actualización pues tomó los índices de precios al consumidor de la fecha de reconocimiento del derecho y el promedio del año correspondiente a la ponderación de salarios, cuando el método que según la Sala más se aviene con el espíritu del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 indica que debe hacerse la actualización año por año o por fracción de año, tomando el incremento del IPC de cada uno de ellos y aplicándolo al salario promediado, operación que debe dar como resultado el ingreso base de liquidación.

En torno a este tema es conveniente dejar en claro que el propósito del legislador al disponer la actualización de los ingresos o las rentas para efectos de establecer el ingreso base de liquidación fue garantizar que dichos ingresos mantuvieran su valor real de la manera más fidedigna posible, objetivo que se logra de manera bastante precisa si se indexan las sumas en su monto real, consolidándolas al 31 de diciembre de la respectiva anualidad o antes si se trata de una porción de año y no según la fórmula propuesta por el recurrente, ya que con esta se producen mayores distorsiones del sistema como quiera que si se calcula un promedio durante todo el período objeto de liquidación, tal promedio resultaría en algunas ocasiones por encima y en otras por debajo de los valores efectivamente devengados en un año y de esta forma terminarían actualizándose sumas distintas a las verdaderamente recibidas”.

Y sobre el tema, recientemente puntualizó:

“La finalidad primordial perseguida por el legislador con el “ingreso base de liquidación” es la de eliminar el desequilibrio que resultaba de obtener altas pensiones a partir de bajas contribuciones durante la vida laboral, permitido en la regulación anterior por el hecho de que para calcular el monto de la pensión se tenían en cuenta las cotizaciones efectuadas en un corto período final, lo que era aprovechado para elevarlas ahí desproporcionadamente. Por esto, la norma dispone como mecanismo de corrección la ampliación de dos hasta diez años, del lapso de cotizaciones a considerar para el cálculo de la pensión, medida que entrañaría efectos contraproducentes si, a la par de extender el período, las cotizaciones no fueren llevadas a valor presente para el momento de hacer el respectivo estimativo.

De esta manera con el ingreso base de liquidación el legislador no persigue per se la corrección monetaria de la mesada pensional, sino que ella es consecuencia de una medida que pretende preservar el equilibrio financiero del sistema general de pensiones, mediante la actualización de valores anteriores al momento de causación del derecho y para ponderar y morigerar el valor de la primera mesada” (Sent. feb. 4/2003. Rad. 19.776).

Por lo expuesto, no demuestra el impugnante un quebranto normativo en el entendimiento del artículo 36 de la Ley 100 de 1993».

(Sentencia de casación, 18 de septiembre de 2003. Radicación 20.130. Magistrada Ponente: Dra. Isaura Vargas Díaz).

____________________________________