Sentencia 2014-00002/20730 de marzo 2 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Referencia: Medio de Control de Nulidad

Radicación: 110010327000201400002-00 (20730)

Demandante: Camila González Henríquez

Demandado: La Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Consejero ponente:

Dr. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas

Audiencia inicial, de alegaciones y juzgamiento

Acta Nº.

En Bogotá D.C., a los dos días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 10.00 a.m., día y hora señalados en el auto del nueve de febrero de 2017, que citó a las partes a la presente audiencia, se constituye la Sala en audiencia pública para llevar a cabo la práctica de la audiencia inicial, de alegaciones y juzgamiento dentro del proceso identificado con el número interno 20730, en los términos de los artículos 179 y 180 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA.

El artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 dispone que el objeto de esta audiencia es sanear el proceso, decidir las excepciones previas, fijar el litigio y decretar pruebas. El magistrado ponente advierte que esta audiencia no es el escenario para que las partes aclaren, corrijan o adicionen la demanda o la contestación. Tampoco es el momento para que soliciten o aporten pruebas.

Se advierte que en este caso será factible dictar sentencia en audiencia inicial, de conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 179 del CPACA.

1. Asistentes.

Sea lo primero advertir que la ausencia de una de las partes no impide celebrar la audiencia. Con todo, la inasistencia, sin justa causa, del apoderado de quienes deben comparecer obligatoriamente, será sancionada en los términos del artículo 180-4 del CPACA.

Señor secretario, sírvase dar cuenta de las personas que comparecen a la diligencia, y precise si tienen poder para actuar en el proceso.

Señor magistrado comparecen a la presente diligencia las siguientes personas:

A. Parte demandante. Señor magistrado, le informo que la señora Camila González Henríquez confirió poder al abogado Juan Manuel Idrovo Cubides para que la represente en el proceso. El poder obra en el folio 89 del expediente. No se ha reconocido personería al apoderado.

B. Demandada. El abogado Juan Carlos Pérez Franco en representación de la Nación – Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El poder obra en el folio 104 del cuaderno principal. No se ha reconocido personería al apoderado.

C. Agencia nacional para la defensa jurídica del Estado: No se hizo presente en esta diligencia.

D. Parte coadyuvante. La abogada Maritza Alexandra Díaz Granados, en representación de la UAE DIAN. El poder obra en el folio 62 del expediente. No se ha reconocido personería a la apoderada.

E. Terceros intervinientes: No hay terceros intervinientes.

F. Ministerio público: El doctor Mauricio Michel Molano Currea, Procurador Sexto delegado ante el Consejo de Estado.

G. Inasistencias y excusas: Están presentes el apoderado de la demandante, el apoderado del Ministerio de Hacienda y el Ministerio Público y la apoderada de la U.A.E. DIAN. Se deja constancia de que no existe solicitud de aplazamiento de la audiencia.

Se concede el uso de la palabra a cada asistente para que se identifique e informe la parte que representa, para que quede el registro en el video. Se inicia con quien dice ser la parte demandante.

Señor Magistrado, mi nombre es Juan Manuel Idrovo Cubides, identificado con cédula de ciudadanía 79.141.773 de Bogotá y T.P. 66.668 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderado de la demandante, señora Camila González Henríquez, quien me otorgó poder para actuar en este caso.

Se reconoce personería a Juan Manuel Idrovo Cubides para que actúe como apoderado de la parte demandante.

Señor Magistrado mi nombre es Juan Carlos Pérez Franco identificado con cédula de ciudadanía 5.458.892 de La Playa (Norte de Santander) y T.P. No. 73.805 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Se reconoce personería a Juan Carlos Pérez Franco para que actúe como apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Señor Magistrado mi nombre es Maritza Alexandra Díaz Granados, identificada con cédula de ciudadanía Nº 46.378.506 de Bogotá y T.P. Nº 121.310 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderado (a) de la UAE DIAN.

Se reconoce personería a Maritza Alexandra Díaz Granados para que actúe como apoderada de la DIAN.

Señor Magistrado mi nombre es Mauricio Michel Molano Currea, Procurador Sexto Delegado ante esta corporación.

2. Saneamiento del proceso.

En cumplimiento del artículo 207 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), se advierte que no se observan irregularidades que afecten la validez y eficacia del proceso o causal de nulidad que deba declararse.

En consecuencia declaro saneado este procedimiento. La decisión se notifica en estrados.

3. Excepciones previas y agotamiento del requisito de procedibilidad.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público [parte demandada] no formuló ninguna excepción previa. De modo que nada se dirá al respecto.

4. Conciliación.

De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, en concordancia con el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), la conciliación no constituye requisito de procedibilidad para demandar un actos normativos o generales, a través del medio de control de nulidad.

5. Fijación del litigio y problemas jurídicos.

Fijar el litigio significa identificar los hechos en que se fundan tanto la demanda como la defensa que propone el demandado. Es decir, a partir de la situación fáctica que se plantea en la demanda y en la contestación, el juez administrativo es el encargado de determinar cuáles son los hechos que las partes aceptan y cuáles, los que están en discusión.

Ahora bien, en los procesos de simple nulidad en los que se atacan argumentativamente actos normativos no hay propiamente fijación del litigio, en especial, cuando se trata de asuntos de puro derecho, pues no hay hechos que las partes deban aceptar o rechazar ante el juez, salvo el hecho de la expedición del acto. En esta clase de procesos existen argumentos jurídicos en favor y en contra de la legalidad del acto normativo (reglamento) que se demanda. De ahí que al juez le corresponda identificar esos argumentos para anticipar el problema jurídico que luego resolverá en la sentencia.

Con base en lo anterior, la Sala procederá en el siguiente orden:

i) Se identificará el acto cuya nulidad se pretende.

ii) Se expondrán los argumentos jurídicos propuestos por la parte demandante.

iii) Se expondrán las razones de la defensa de la autoridad que expidió el acto.

iv) Por último, se fijará el litigio, en los términos antes expuestos.

5.1. Norma demandada.

Camila González Henríquez, en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), pide que se declare la nulidad del Decreto 2819 del 3 de diciembre de 2013, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Este decreto reglamentó el artículo 631 del Estatuto Tributario, que facultó al director de Impuestos y Aduanas Nacionales para regular la solicitud de información a los contribuyentes para el debido control del recaudo tributario.

Se procederá a leer únicamente la parte resolutiva del Decreto demandado.

“Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Decreto 2819

03-12-2013

Por el cual se reglamenta el artículo 631 del Estatuto Tributario.

El Ministro del Interior de la República de Colombia, delegatario de las Funciones Presidenciales mediante Decreto 2773 del 29 de Noviembre de 2013

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le confieren los numerales 11 y 20 del artículo 189 de la Constitución Política y,

CONSIDERANDO:

(…)

DECRETA:

ART. 1º—Facúltese al director de Impuestos y Aduanas Nacionales para solicitar a las personas o entidades, contribuyentes y no contribuyentes, una o varias de las informaciones de que trata el artículo 631 del Estatuto Tributario, con el fin de efectuar los estudios y cruces de información necesarios para el debido control de los tributos, así como cumplir con otras funciones de su competencia, incluidas las relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones y compromisos consagrados en las convenciones y tratados tributarios suscritos por Colombia.

La anterior facultad, referida a la solicitud de información de que trata el artículo 631 del Estatuto Tributario, para el año gravable 2013, deberá ser ejercida antes del 31 de diciembre de 2013 y se referirá exclusivamente a lo contenido en dicho artículo para el año gravable en curso (negras fuera de texto).

ART. 2º—El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias.

Publíquese y Cúmplase (firmas)

5.2. La demanda.

Una vez identificado el acto acusado, procedo a reseñar la demanda. La demandante invocó como normas violadas los artículos 2º, 4º, 6º, 150 y 189 de la Constitución Política. Sustenta como causales de nulidad la falsa motivación y la desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que profirió el acto acusado. Empero, el concepto de la violación se enfoca, en realidad, a sustentar el exceso en que habría incurrido el gobierno al reglamentar el artículo 139 de la Ley 1607 de 2012 (reforma tributaria), que modificó el artículo 631 del Estatuto Tributario.

En ese sentido, la demandante dice que era falso que existiera un vacío normativo que debiera ser reglamentado. Que el legislador simplemente decidió que para el año 2013 la DIAN no debía pedir información exógena. Pero que como el decreto demandado le otorgó facultad al director de la DIAN hasta el 31 de diciembre de 2013 para pedir información exógena de ese año, la norma excede la facultad reglamentaria, pues nada había que reglamentar.

Que también era falsa la consideración de que la solicitud de información era indispensable para la estricta recaudación de los tributos. Para la demandante, es potestativo de la Administración pedir esa información.

Aquí no es muy clara la demandante.

5.3. Contestación de la demanda.

Los apoderados del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN coincidieron en argumentar que sí hay un vacío normativo que debía ser reglamentado porque el artículo 139 de la ley 1607 de 2012 previó que la información exógena debía solicitarse a los contribuyentes, como mínimo, con dos meses de anterioridad al último día del año gravable por el que se solicita la información. Pero que como la ley 1607 de 2012 se publicó en diciembre de ese año, no había quedado previsto un plazo mínimo para que la DIAN pudiera pedir la información del año gravable 2013. Que, por eso, el decreto demandado dispuso que la DIAN debía ejercer la facultad de pedir información por el año gravable 2013 hasta antes del 31 de diciembre de ese mismo año.

Que no es acertado interpretar que fue voluntad del legislador que no se pidiera información exógena por el año gravable 2013, porque entre las atribuciones que la ley otorga a la DIAN está la de solicitar información para efectuar cruces a efectos de determinar la exactitud de las declaraciones tributarias presentadas por los particulares, facultad que es imprescindible para el cumplimiento del deber legal del Estado de garantizar el debido cumplimiento de los deberes fiscales.

5.4. Fijación del litigio. Problema jurídico.

Conforme con lo expuesto por las partes, tanto en la demanda como en la contestación, a la Sala le corresponde decidir si el Decreto 2819 de 2013 es nulo ora por falta de competencia temporal para su emisión, como por violación de la facultad reglamentaria, en cuanto que no habría materia que reglamentar por parte del gobierno, dada la situación de los contribuyentes para el año gravable 2013 frente a la información que debía contar la DIAN para ejercer sus funciones de control del recaudo.

La Sala estima que el anterior problema jurídico engloba de forma técnica el concepto de la violación ofrecido por la demandante. La demandante confunde la falsa motivación con la violación de la norma en que debía fundarse y la falta de competencia temporal. La Sala estima que los problemas jurídicos que se dejan de supuestos son el verdadero objeto de este proceso.

Se le otorga la palabra a las partes para que se pronuncien sobre la fijación del litigio:

La parte demandante manifiesta que sí está de acuerdo de manera general, pero solicita que también se analice que cuando existe un vacío jurídico en la ley, este no puede ser subsanado por un decreto. Que debería ser una nueva ley la que regule ese vacío.

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público manifiesta que está de acuerdo con la fijación del problema jurídico. Respecto a la petición del apoderado de la demandante pide que se deniegue, pues la sentencia debe circunscribirse a lo planteado en la demanda.

La apoderada de la UAE DIAN manifiesta que está de acuerdo con el problema jurídico. Que coincide con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en que la demandante nada dijo en la demanda respecto de que los vacíos normativos no podían suplirse con un decreto, sino con la ley.

El agente del Ministerio Público manifiesta que está de acuerdo con la fijación del litigio y que comparte la postura de la parte demandada.

Escuchadas las partes y el Ministerio Público, el ponente fija el problema jurídico conforme fue propuesto. Sin embargo, le aclara al demandante que de alguna manera en la sentencia se examinará si existe un exceso en el ejercicio de la facultad reglamentaria.

A continuación, siendo las 10:30 am, se hará un receso de diez minutos para que las partes estructuren sus alegatos de conclusión y los presenten ante la Sala de Decisión que se integrará.

Se reanuda la audiencia, siendo las 10:45 am, no sin antes decir que no hay medidas cautelares ni pruebas que decretar en este caso.

6. Medidas cautelares.

En este proceso no existe solicitud de medidas cautelares que deba decidirse.

7. Decreto de pruebas.

Teniendo en cuenta que el asunto que debe resolverse es de puro derecho, se prescinde de la etapa de pruebas, con fundamento en el artículo 179 la Ley 1437 de 2011 o Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Queda notificado por estrados el decreto de pruebas.

8. Alegatos de conclusión.

De conformidad con los artículos 179 y 180 de la Ley 1437 de 2011, tal como se anunció en el auto de convocatoria a audiencia, se procederá a dictar sentencia en esta misma audiencia, por tratarse de un asunto de puro derecho.

En consecuencia, se da traslado para alegar a las partes, y se otorgan cinco minutos para la intervención y cinco al Ministerio Público para el concepto.

Se concede la palabra al apoderado de la demandante, quien reiteró que existen tres o cuatro situaciones que permiten decir que el decreto es nulo.

(i) El mismo Ministerio de Hacienda reconoce que la reforma tributaria entraba a regir en diciembre de 2012.

(ii) El artículo 631 no es oscuro, ni puede ser interpretado de manera diferente a su tenor literal. A continuación lee el artículo 631 del E.T. Dice que la ley anterior también establecía que la información debía ser solicitada al menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable. Que si el legislador hubiera querido, habría creado un régimen de transición normativo.

(iii) Los considerandos del decreto advierten que hay un vacío. Sin embargo, a juicio de la demandante, no hay ningún vacío que reglamentar.

(iv) El recaudo de la información es realmente potestativo, se puede prescindir de dicha facultad, por lo que considera que no había obligación constitucional que reglamentar.

(v) Que un decreto no puede violar el principio de certeza de las normas. Independientemente de que no sea práctica la aplicación de ese decreto en este momento, no se pueden imponer obligaciones a los contribuyentes que no estén dispuestas en la ley. Razón por la que pide que se anule el acto administrativo demandado, como una sanción ejemplarizante.

El apoderado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público sostuvo que no comparte la postura de la demandante, porque el Gobierno no rebasó la facultad reglamentaria, pues la facultad reglamentaria no pretende el cumplimiento de la ley sino la aplicación práctica de la misma. Dijo que el decreto demandado reglamentó las condiciones en las que se deben cumplir la entrega de la información. Consideró que la demandante al señalar que el gobierno excedió la facultad reglamentaria, desconoce para qué está hecha la facultad, y agregó que la demandante no plantea en qué sentido se rebasó esa facultad, no lo sustentó. También agregó que la facultad reglamentaria puede ejercerse en cualquier momento, razón por la que los dos puntos que fundan la demanda no tienen ningún sustento.

La apoderada de la UAE DIAN manifestó que no se excedió la facultad reglamentaria. Que esa facultad se sustenta en el principio de necesidad, que permitía al gobierno expedir la reglamentación del artículo 139 de la Ley 1607 de 2012. Pidió declarar la legalidad del decreto demandado.

El Procurador dijo que el Gobierno Nacional tiene la facultad de reglamentar las leyes y, en ejercicio de esa facultad, dictó la norma demandada. En ejercicio de esa facultar y con ante la necesidad de expedir reglas claras que rijan la presentación de la información exógena.

Pidió declarar la legalidad de la norma demandada.

Luego de escuchar los alegatos de conclusión, la Sala declara un receso de cinco minutos para deliberar, siendo las 10:55 am.

Se reanuda la audiencia siendo las 11:00 am.

Luego de analizar los alegatos y los demás elementos de esta litis, la Sala procede a dictar

9. Sentencia.

La Sala de Decisión de la Sección Cuarta del Consejo de Estado decide la demanda interpuesta por la ciudadana Camila González Henríquez contra la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en la que propuso que se anule el Decreto 2819 de 2013 por violación de los artículos 2º, 4º, 6º, 150 y 189 de la Constitución Política, en los términos del problema jurídico ya fijado.

La Sala considera que el Decreto 2819 de 2013 no es nulo porque la facultad reglamentaria que la Constitución le reconoce al poder ejecutivo es una facultad gobernada por el principio de necesidad, que se materializa precisamente en la necesidad de que en un momento dado se deba detallar el cumplimiento y la aplicación de una ley que se limitó a definir de forma general y abstracta determinada situación jurídica. De ese modo, se tiene establecido que entre más amplia y general haya sido la regulación contenida en la ley, más forzosa resulta su reglamentación. El Gobierno tiene el deber de aplicar las leyes a los casos concretos, pero antes bien puede detallar los mecanismos de aplicación, que es lo que se conoce como competencia reglamentaria.

De otra parte, cuando la ley ha detallado todos los elementos que se requieren para aplicarse a un caso particular no se torna necesario expedir un reglamento.

El control judicial que recae sobre el reglamento debe cuidar que la función reglamentaria no sobrepase ni invada la competencia del legislativo, en el sentido de que el reglamento no puede ni desfigurar la situación regulada por la ley ni hacerla nugatoria ni extenderla a situaciones de hecho que el legislador no estableció. Si el reglamento preserva la naturaleza y los elementos fundamentales de la situación jurídica creada por la ley, bien puede este instrumento propio del ejecutivo hacer detalles de la aplicación de la ley a los casos mediante la estipulación de trámites, procedimientos, plazos y todo lo concerniente al modo como los sujetos destinatarios de la ley la deben cumplir.

En el caso concreto, sí era necesario reglamentar el artículo 631 del E.T. porque esta norma le otorga facultades al director de la DIAN para solicitar a los contribuyentes la información exógena que se debe presentar en medios magnéticos conforme con las especificaciones técnicas definidas por esa institución. De hecho, el parágrafo 3º del artículo 631 exige que esa información se defina por parte de la autoridad tributaria, por lo menos con dos meses de anterioridad al último día del año gravable anterior al que se solicita la información.

Dado que la Ley 1607 de 2012 (reforma tributaria de 2012) se publicó el 26 de diciembre de 2012 en el diario oficial 48.655, el Gobierno Nacional advirtió que para el año gravable 2013 se presentaba un vacío normativo frente a la facultad del director de la DIAN para solicitar la información de ese período. La demandante dice que el artículo 631 del Estatuto Tributario hay que interpretarlo literalmente. En otras palabras, la demandante considera que debía entenderse que para el año gravable 2013 el legislador no quiso que el gobierno pidiera la información a los contribuyentes. Que, por lo tanto, no existía ningún vacío legal por llenar.

La nulidad que reclama la actora radica, entonces, en la interpretación que ella hace de la norma reglamentada. Pero la Sala considera que la interpretación constitucionalmente razonable del parágrafo 3º del artículo 631 del E.T. es la que proponen el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la DIAN en el sentido de que la DIAN podía pedir la información exógena del año 2013, para efectos de ejercer la fiscalización.

La Sala no comparte la interpretación que propone la demandante porque ni siquiera ciñéndose al tenor literal del parágrafo 3º del artículo 631 del E.T., como sugiere que se interprete, se deriva que el gobierno no estaba facultado para pedir la información exógena por el año gravable 2013. Ni de los antecedentes de la Ley 1607 de 2012, ni de su texto, se desprende que el legislador haya querido que para el año gravable 2013, la DIAN se abstuviera de solicitar información a los contribuyentes. Tampoco se advierte que el legislador haya querido dar, por alguna buena razón, un tratamiento distinto a los contribuyentes obligados a informar por el año gravable 2013.

La Sala sí ve que era necesario dictar el Decreto 2819 de 2013, para, dentro del plazo previsto en el artículo 631, facultar al director de la DIAN que pidiera información a los contribuyentes y a los no contribuyentes, todo ello para ejercer el control de la recaudación.

Y si bien es cierto que el director de la DIAN tiene la facultad, que no la obligación, de pedir información, está demostrado que la obtención de esa información es la que le ha permitido a la autoridad tributaria contar con una herramienta eficaz para el ejercicio de la facultad de fiscalización, con el objeto de garantizar el recaudo efectivo de los tributos nacionales. Luego, también resulta pertinente que el Decreto 2819 de 2013 haya invocado el numeral 20 del artículo 189 de la Constitución Política como fundamento para su expedición, pues esta última norma conmina al Presidente de la República a velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos.

En esas condiciones, para la Sala es claro que la reglamentación efectuada por el Decreto 2819 de 2013, objeto de la demanda, era necesaria.

Primero porque, como se precisó anteriormente, los plazos previstos en el artículo 139 de la Ley 1607 de 2012 no se podían aplicar al año gravable 2013 por la fecha en que fue expedida la Ley 1607, esto es, el 26 de diciembre de 2012. En otras palabras, era imposible que la DIAN pidiera la información exógena por el año gravable 2013 hasta antes del 30 de octubre de ese año. Segundo porque, si respecto del año gravable 2013 nada dijo la Ley 1607 de 2012, el gobierno nacional, en virtud del principio de necesidad, sí podía ejercer la facultad reglamentaria otorgada por el numeral 11 del artículo 189 de la carta política para fijar el plazo para pedir la información exógena, y eso fue lo que hizo al expedir el Decreto 2819 de 2013. Finalmente, se advierte la Resolución 000273 del 10 de diciembre de 2013 otorgó a los contribuyentes obligados a reportar la información exógena plazos prudenciales para entregarla, que empezaron en abril de 2014 y concluyeron en mayo de ese mismo año.

De manera que no se aprecia en qué sentido el Decreto reglamentario habría violado el artículo 631 del Estatuto Tributario, ni mucho menos en qué sentido el gobierno habría excedido la facultad reglamentaria de la Ley 1607 de 2012.

La ley, recuerda la Sala, puede regular términos preclusivos y términos perentorios. Los términos perentorios son obligatorios, que denotan urgencia para realizar la acción exigida dentro del plazo. El incumplimiento de un plazo perentorio no invalida ni torna ineficaz lo realizado fuera del plazo, pero el sujeto incumplido queda obligado a asumir la responsabilidad por la mora, como cuando se pagan intereses por el pago a destiempo de un capital.

Cosa distinta ocurre con los términos preclusivos, en la medida en que no sólo son obligatorios, sino que su incumplimiento conlleva las consecuencias de invalidar la acción realizada fuera del plazo. Justamente un plazo de caducidad de la acción es un plazo que, por lo general, no solamente resulta perentorio, sino también preclusivo.

Los plazos que suelen tener las autoridades del Estado para el cumplimiento cabal de sus obligaciones, suelen ser meramente perentorios, como el plazo que cuenta el juez para dictar las sentencias. La sentencia es válida, a pesar de que se suele dictar por fuera de los plazos, debido a los turnos que cuenta el juez para dictarlas. En otras ocasiones, la administración también debe ejercer sus competencias dentro de plazos obligatorios de tipo preclusivo que, por lo general, si no se ejercen dentro del término se pierde la competencia para obrar.

La Sala estima que los plazos previstos en el artículo 631 del Estatuto Tributario son plazos para urgir a las autoridades para obtener la información de los contribuyentes antes de que inicie el año fiscal siguiente al que se va a cobrar el impuesto. Pero no hay duda de que en todo tiempo la administración de la DIAN puede requerir información de los contribuyentes, información que sea necesaria para verificar si este ha cumplido cabalmente las obligaciones tributarias.

En mérito de lo expuesto, siendo las 11:07 am del día dos de marzo del año dos mil diecisiete (2017), el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENIÉGANSE las pretensiones de la demanda.

2. No se condena en costas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.

3. La presente providencia queda notificada por estrados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 291 y 294 del Código General del Proceso.

Cópiese y cúmplase.

Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Presidente de la Sección.

Stella Jeannette Carvajal Basto—Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 

Y, en constancia de haber asistido a la presente audiencia,

Apoderado de la demandante

Apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Apoderada de la UAE DIAN

Mauricio Michel Molano Currea, Procurador Sexto delegado ante el Consejo de Estado.