Sentencia 2014-00005 de marzo 27 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad. 11001-22-10-000-2014-00005-01

STC3792-2014

Magistrado Ponente

Dr. Jesús Vall de Rutén Ruiz

Bogotá, D.C., veintisiete de marzo de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. De entrada la Corte debe precisar que Telésforo Munevar Hernández sí está facultado para actuar en el presente trámite constitucional, como al efecto lo hizo al opugnar el fallo de primera instancia, a través de quien efectivamente ejerce su representación judicial, como quedó acreditado con el poder allegado al presente asunto con ocasión del requerimiento realizado por esta corporación (ver fls. 35, 36 y 40, cdno. Corte).

Lo anterior atendiendo a que el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991 establece que las actuaciones que se surten dentro del rito constitucional deben ser notificadas “a las partes o intervinientes”, garantizando la citación al trámite constitucional de los terceros determinados o determinables con interés legítimo en el mismo, que pueden verse afectados con la decisión que constitucionalmente se adopte, para que puedan ejercer su defensa y, por ende, se dé cumplimiento al debido proceso, posibilidad que indiscutiblemente debía otorgarse al impugnante, máxime cuando la determinación de primer grado lo desfavoreció, por lo que frente a ese aspecto no ha de efectuarse aclaración ni corrección alguna, por innecesaria.

2. En abundantes pronunciamientos la corporación ha dicho que la tutela es un mecanismo singular establecido por la Constitución de 1991, para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en puntuales eventos, de los particulares.

También se ha decantado que este instrumento no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de los funcionarios judiciales o administrativos, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a esta acción constitucional, a menos que se ejerza como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.

3. Descendiendo al sub examine, resulta evidente que aun cuando en el libelo introductor se indicó genéricamente que el no pago de la cuota provisional de alimentos fue el acto por el cual se vulneraron las garantías fundamentales de la accionante, de la relación fáctica compendiada se extrae que ello se debió a la sentencia que profirió la autoridad judicial encartada denegando los pedimentos de Concepción Caballero de Munevar; luego, aunque esta no refirió esa situación ni tampoco invocó como vulnerado el derecho al debido proceso, sin duda alguna se vislumbra que lo atacado es tal decisión judicial que la desfavoreció al no reconocerle la cuota alimentaria reclamada y, por ende, el derecho ius fundamental que busca sea protegido, esencialmente, se contrae al debido proceso.

4. Auscultando la actuación surtida respecto al trámite del proceso aquí censurado, se advierte que el entorno fáctico del proceso no permitía al a quo constitucional dar aplicación a la jurisprudencia de esta sala derivada de la sentencia proferida el día 12 de marzo de 1973, toda vez que la accionante fundamentó la demanda de alimentos en el hecho de que “desde los primeros días del mes de enero del año 2009, el esposo (...) no volvió a cumplir con la obligación que tiene de aportar alimentos (...) debido a que su esposo es actualmente pensionado (...) y es administrador de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal vigente (...) le debe cuota alimentaria en el porcentaje del 50%”.

Ni siquiera entonces manifestó la accionante dentro del proceso carecer de recursos económicos o en general de cualquier ingreso, por lo cual no encuentra la Sala que hubiere formulada negación alguna sobre la cual soportar la inversión de la carga de la prueba, dispuesta por el a quo constitucional.

Es de destacar que dentro del proceso de alimentos fue recibido un testimonio que da cuenta de que la accionante “tiene en administración los bienes que tienen en común, es decir la casa del barrio La Victoria, la cual está arrendada, la casa de Tunjuelito, es donde ella vive y también es para arrendar. (…) además existen dos lotes, no sé si están arrendados en este momento, pero todos estos inmuebles los tiene en administración la señora Concepción”, afirmación que no fue controvertida toda vez que el apoderado de la accionante no presentó los testigos que había solicitado en su demanda.

Igualmente con la contestación de la demanda se acompañaron cuatro certificados de tradición que acreditan la propiedad de sendos bienes inmuebles, tres a nombre de Telesforo Munevar y uno a nombre de Concepción Caballero, todos los cuales se encuentran embargados por cuenta del proceso separación de bienes que cursa en el juzgado Sexto de Familia de Bogotá, lo que corrobora en parte el dicho de la testigo.

Adicionalmente lo que el tribunal llama pruebas trasladas son copias informales de testimonios rendidos dentro del proceso de separación de cuerpos, que fueron aportados con la contestación de la demanda; y el desistimiento que menciona el a quo constitucional, se refiere a la solicitud para librar oficio en procura de obtener las copias auténticas respectivas, que finalmente no llegaron al proceso.

5. En cualquier caso los procesos de alimentos no producen efectos de cosa juzgada material sino meramente formal y tal como ha dicho la Corte:

“... significa, que la actora puede promover en el momento que lo estime pertinente un proceso de revisión de cuota alimentaria, circunstancia que está contemplada como causal de improcedencia en el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política en concordancia con el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991 (CSJ STC, 2 nov. 2011, rad. 2011-02003-01; criterio reiterado en CSJ STC, 27 jul. 2012, rad. 2012-00073-01)”.

6. Por otra parte, en lo referente a las peticiones de declaración de nulidad que radicó ante el Juzgado de conocimiento el apoderado de Concepción Caballero de Munevar, se advierte que para este trámite constituyen un “hecho nuevo” frente al que no puede entrar a pronunciarse esta Corporación en sede constitucional, toda vez que desconocería el derecho de defensa de los demás involucrados en esta acción, porque no fue alegado en el libelo introductor.

Con relación a los aspectos inéditos que se presentan en el curso de la tutela, se ha dicho que:

“[e]s cierto que en sede de tutela, está establecida la facultad - deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el trámite ante él ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresión o amenaza de los bienes jurídicos superiores (...) También lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que esta tampoco es extraña a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (CSJ STC, 15 mar. 2011, rad. 2011-00003-01; reiterada, entre otras, en CSJ STC, 10 may. 2011, rad. 2011-00416-01; y CSJ STC, 3 oct. 2013, rad. 2013-01090-01)”.

7. Finalmente, en cuanto a las solicitudes presentadas por la accionante en punto a la expedición de copias simples, se precisa que el expediente estuvo a su disposición, en la Secretaría de la Corporación, del 5 al 13 de marzo de la presente anualidad, oportunidad en que pudo haberlas obtenido, destacando que no requerían auto alguno que las ordenara, de conformidad con la regla 5ª del artículo 115 del Código de Procedimiento Civil, por lo que ello no constituye obstáculo para adoptar la decisión respectiva, máxime cuando se advierte que dicho extremo se manifestó frente a la censura mediante escritos allegados el 17 y 20 de febrero de 2014 y, uno más, aportado con posterioridad al 4 de marzo del año en curso.

8. En conclusión, habrá de revocarse el fallo de primer grado y, en su lugar, negar el amparo deprecado.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA el fallo objeto de impugnación y, en consecuencia, NIEGA el amparo solicitado.

Por Secretaría, regrese el expediente adjunto al juzgado de origen.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados y remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

Aprobado en sesión de veintiséis de marzo de dos mil catorce».