Sentencia 2014-00011 de marzo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001031500020140001101

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Ref.: Tutela contra providencia judicial

Actor: Jhon Geyver Barón Gómez

Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”, de Descongestión.

Acción de tutela - fallo

Bogotá, D. C., doce de marzo de dos mil quince.

Procede la Sala a decidir la impugnación que interpuso el actor contra la sentencia del 21 de mayo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, que denegó la solicitud de tutela.

I. Antecedentes

1. Solicitud de amparo constitucional.

El señor Jhon Geyver Barón Gómez, en nombre propio, promovió acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de Descongestión, con ocasión de la providencia del 31 de octubre de 2013(1), dictada en el proceso de reparación directa que instauró contra la Empresa de Aguas de Occidente Cundinamarqués SAS ESP.

En la providencia aludida se confirmó el auto de “27 de febrero de 2013 (sic)”(2) del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá, que dispuso declarar la nulidad de todo lo actuado y que el expediente fuera enviado a los “juzgados civiles —con funciones laborales— del circuito de Facatativá (reparto), para que si a bien lo tienen asuman la competencia del asunto o en caso contrario promuevan el conflicto negativo de jurisdicciones”.

En consecuencia solicitó que se protejan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia y, en consecuencia, se ordene:

“(…) a la honorable magistrada Adriana Saavedra Lozada de la Sección Tercera - Subsección C de Descongestión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que en el término de 48 horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, vuelva a expedir en sede de incidente de nulidad, providencia de reemplazo de segunda instancia que resuelva el recurso de apelación promovido por el suscrito dentro del Expediente número 2012-0091 contra el auto de julio 24 de 2013, notificado por estado de julio 26 de 2013, en consonancia con las orientaciones que para el caso imparta el juez constitucional de tutela”(3).

2. Situación fáctica.

El actor sustentó el amparo de tutela en los siguientes hechos, que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

• Que la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda. y la Empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP (hoy la Empresa Aguas de Facatativá, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP) suscribieron el contrato estatal Nº 001 de 2009, cuyo objeto era la prestación del servicio de seguridad en las instalaciones de la mencionada empresa de servicios públicos.

• Que el actor suscribió con la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda. contrato de trabajo para prestar servicios de vigilancia en las instalaciones de la Empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP.

• Que desde el 1º de febrero de 2009 hasta el 24 de septiembre del año 2009 se desempeñó como vigilante, periodo en el que la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda. omitió realizar los pagos por concepto de salario, aportes obligatorios de salud y pensión y demás prestaciones, de manera oportuna.

• Que instauró demanda de reparación directa contra la Empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP “por los perjuicios que ocasionó la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda. ante el incumplimiento de su deber de seguimiento y control respecto de las obligaciones laborales a las que considera tiene derecho”.

• La demanda la conoció en primera instancia el Juzgado Único Administrativo de Facatativá, el cual el 18 de abril de 2012 la admitió, pero luego ordenó su remisión al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá en razón a las medidas de descongestión.

• El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá con auto del 21 de noviembre de 2012 vinculó al proceso a la Compañía Suramericana de Seguros S. A., en calidad de llamado en garantía.

• La Compañía Suramericana de Seguros S. A., al intervenir en el proceso, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado, comoquiera que se configuró la causal de falta de jurisdicción que trata el numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues el conocimiento del asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria, en tanto el conflicto deviene de un contrato de trabajo.

• El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá mediante auto del 24 de julio de 2013 declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó remitir el expediente a los “Juzgados Civiles (sic) del Circuito de Facatativá” por considerar que la jurisdicción ordinaria era la competente para fallar de fondo la controversia planteada.

• El actor apeló tal decisión. Argumentó que el conflicto no devenía del contrato entre la Sociedad de Vigilancia Privada Ler Ltda. y él, sino de la falta de supervisión y control de la Empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP, respecto del contrato de vigilancia suscrito con la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda., lo que le impidió conocer que esta no pagó al demandante, el valor de las labores que cumplió en las instalaciones de la Empresa de Acueducto.

• El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de Descongestión, con auto del 31 de octubre de 2013 confirmó la decisión del a quo. Consideró que lo planteado en la demanda de reparación directa se circunscribe a “la omisión de (…) la empresa estatal [que] no canceló las obligaciones laborales”. Sin embargo, la Empresa de Aguas del Occidente Cundinamarqués nunca firmó contrato laboral con el demandante, situación por la cual, el competente para decidir de fondo es el “juez civil (sic) ordinario”, toda vez que la pretensión surge por el incumplimiento en el pago de prestaciones sociales causadas del contrato que firmó con la Sociedad de Vigilancia Privada Ler Ltda.

3. Fundamentos de la solicitud de amparo.

Considera el actor que la autoridad judicial accionada incurrió en vía de hecho por defecto fáctico por cuanto interpretó “de manera caprichosa y arbitraria” la causa petendi de la acción de reparación directa, pues lo pretendido era que se declarara la responsabilidad de la omisión de la Empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP de controlar y supervisar el deber de la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda. en realizar los pagos laborales a sus trabajadores, materia que es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa.

4. Trámite de la solicitud de amparo.

Por auto de 16 de enero de 2014, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial accionada, al actor, al gerente de Aguas de Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP. Asimismo, solicitó al Juzgado Único Administrativo de Facatativá que remitiera, en calidad de préstamo, el Expediente 2526933310012012009100, demandante: Jhon Geyver Barón Gómez (fl. 98).

Con autos del 22 de octubre de 2014 y 18 de febrero de 2015, la consejera ponente vinculó al proceso a los juzgados Único Administrativo de Facatativá y Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá por tener interés en las resultas del proceso.

5. Argumentos de defensa.

5.1. Del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C”.

La magistrada ponente de la providencia censurada solicitó que se establezca la improcedencia de la acción. Señaló que la decisión de declarar la nulidad de todo lo actuado y remitir el proceso al juez competente es producto de una interpretación acorde al ordenamiento jurídico vigente, de la que se concluyó que la causa petendi devino de una relación laboral con la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda., caso que según las reglas de competencia debe decidir de fondo la “justicia civil (sic) ordinaria”.

5.2. De la Empresa Aguas de Facatativá SAS ESP (antes Empresa Aguas de Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP).

El jefe de la oficina jurídica, de esta entidad, solicitó que se negara la tutela.

Adujo que no era responsable de la vigilancia y control de las acreencias laborales que se surtieron entre la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda. y el actor, pues en el contrato Nº 001 de 2009(4) se estableció que la entidad se haría cargo de la contratación del personal requerido para prestar el servicio de vigilancia y de pagar los emolumentos laborales a que hubiere lugar.

Que el actor adicionalmente nunca le informó que la sociedad estaba incumpliendo con tales obligaciones y que al respecto el Consejo de Estado ha señalado que el compromiso de control solo es exigible cuando el trabajador afectado advierte la irregularidad ante la entidad pública.

En consecuencia, la omisión solo le es imputable a la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda., a la cual la empresa de acueducto le pagaba los montos establecidos en el contrato Nº 001 de 2009.

5.3. Juzgado Único Administrativo del Circuito de Facatativá.

La secretaría del juzgado informó que el expediente de reparación directa no reposa en el despacho, por cuanto el mismo fue remitido al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá.

5.4. Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá.

Pese haber sido debidamente notificado guardó silencio.

6. La sentencia de primera instancia.

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, mediante fallo del 21 de mayo de 2014, negó las pretensiones de la demanda de tutela.

Adujo que “la declaratoria de nulidad de lo actuado en el proceso de reparación directa está debidamente razonada. El conflicto planteado por el señor Barón Gómez en la demanda de reparación directa tiene origen en el incumplimiento del contrato de trabajo que suscribió con la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda. y de conformidad con el artículo 2º de la Ley 712 de 2001, el conocimiento de esos asuntos le corresponde a la jurisdicción ordinaria laboral. Así el demandante pretenda demostrar la existencia de una omisión administrativa frente al presunto deber de control y vigilancia, lo cierto es que el conflicto lo causó el supuesto incumplimiento de un contrato de vigilancia”.

En lo que respecta al defecto por desconocimiento del precedente judicial horizontal argumentó que el Consejo de Estado en sentencia del 14 de noviembre de 2013 amparó los derechos de un trabajador que pretendía que se declarara la nulidad de todo lo actuado en una acción de reparación directa, pero tal situación fáctica no aplicaba a su caso, además el solo cargo de desconocimiento no es suficiente, el actor debe plantear las razones que sustentan tal reproche y porque tal situación es idéntica a su situación fáctica.

Adicionalmente, señaló que en la providencia aludida como desconocida (Rad. 2013-02196-00) “existe un criterio de interpretación y decisión diferente porque en el caso del señor Barón Gómez se declaró la nulidad por falta de jurisdicción, mientras que en el caso del señor Fabián Alonso Parra se denegó la nulidad por falta de jurisdicción” (la negrilla no corresponde al texto original).

7. La impugnación.

El actor manifestó que su pretensión de amparo no se contrae al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de una relación laboral entre particulares, como de manera errónea lo observó el juez de primera instancia en la presente acción de tutela.

Que el hecho generador del daño antijurídico se exterioriza en la omisión legal y administrativa de control, verificación y exigencia que implicó el no desembolso de unos conceptos laborales, “pero que en sede de reparación integral no implica que se estén solicitando a título de objeto de demanda, por cuanto lo peticionado es un conjunto de daños inmateriales y materiales, éste último en la modalidad de lucro cesante a cargo de la entidad estatal en otrora demandada”.

Por último, consideró que esta jurisdicción en sede constitucional por el factor funcional, dentro del Expediente 11001031500020130219600 con ponencia de la consejera Dra. Bertha Lucía Ramírez de Páez, mediante sentencia de fecha noviembre 14 de 2013, amparó los derechos constitucionales fundamentales de debido proceso y acceso a la administración de justicia, sino también, de manera consecuencial, se deje sin efectos la providencia de octubre 31 de 2013”.

I. Consideraciones de la Sala

La Constitución Política en el artículo 86 consagró una acción especial para facilitar la garantía inmediata de los derechos fundamentales dotada de un procedimiento breve y sumario que tiene como rasgos esenciales la subsidiariedad y la residualidad porque sólo procede si no existe otro mecanismo judicial ordinario de defensa de los derechos que se consideran amenazados o conculcados.

No obstante, esta causal de improcedencia se excepciona, a las voces del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, cuando el reclamo de protección se propone como mecanismo transitorio con el fin de evitar un perjuicio irremediable, el que será valorado por el juez constitucional según las circunstancias en las que se encuentre el actor con el fin de establecer que el medio judicial ordinario no resulta idóneo para evitarlo o remediarlo.

La Sala anticipa que revocará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda de tutela para, en su lugar, amparar los derechos fundamentales al señor Jhon Geyver Barón Gómez.

Para efectos de sustentar esta decisión, la Sala se ocupará de estudiar en primer lugar, la evolución en el Consejo de Estado de la tesis sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, para luego analizar el caso concreto.

1. De la evolución en el Consejo de Estado de la tesis sobre la procedencia de la tutela contra providencias judiciales.

En una primera época esta corporación judicial, incluso la Sección Quinta, consideró improcedente el empleo de la tutela como instrumento judicial idóneo para dejar sin efectos o para modificar providencias judiciales. Entre otros motivos, como esencial razón, porque se estimó que el trámite y definición del proceso judicial ordinario dentro del cual fueron proferidas las providencias censuradas era prueba fehaciente de que el conflicto o el reclamo, contó con el debate y la definición judicial idónea y eficaz por el juez natural competente, pues operó el “medio de defensa judicial” existente para el efecto, situación que según mandato del numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, hace que en estos eventos el mecanismo de la tutela no proceda.

También, frente a este tema, tomó en consideración que la Corte Constitucional pese a que en Sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992 declaró inexequibles los artículos 11 y 40 del Decreto 2591 de 1991 que consagraban el ejercicio de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales contra decisiones judiciales, seguidamente abrió camino a la tutela contra providencias judiciales con la creación jurisprudencial de la teoría de la vía de hecho en sus diferentes modalidades(5), que con posterioridad perfeccionó con la elaboración de la teoría de las causales específicas de procedibilidad (defecto sustantivo, orgánico o procedimental, defecto fáctico, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución)(6).

Así, esta Sala en una apertura progresiva de admisión excepcional de este mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales, cuando la lesión se atribuye a una decisión judicial, ha venido sosteniendo que solo en situaciones muy especiales en las cuales se evidencie de manera superlativa que la providencia judicial padece un vicio procesal ostensiblemente grave y desproporcionado, que lesiona en grado sumo el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, individualmente considerado o en conexidad con el derecho de defensa y de contradicción, núcleo esencial del derecho al debido proceso, es admisible que la tutela constituya el remedio para garantizar estos especiales y concretos derechos amenazados o transgredidos, imponiéndose en estos eventos ampararlos para garantizar la justicia material inherente a la dignidad humana.

Al paso del tiempo, el 31 de julio de 2012, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de unificación proferida por importancia jurídica, adoptó la tesis de la admisibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, cuando se evidencie que contienen atropello a derechos fundamentales. Sostuvo que en tales casos el juez de tutela debe adentrarse en el examen de fondo de la situación. Al respecto, luego de realizar un detenido recuento histórico de las posiciones asumidas por las diferentes secciones sobre esta materia en los últimos años, precisó:

“(…)

De lo que ha quedado reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente”(7) (subrayas de la Sala).

En el presente, en consonancia con esta tesis de unificación que debe acatarse, la Sala considera que a fin de determinar si acomete el estudio de fondo con el objeto de establecer si la providencia judicial quebranta derechos fundamentales, es necesario verificar, previamente, en cada caso, que se encuentren presentes parámetros básicos que conciernen a: i) inexistencia de otros medios de impugnación judiciales ordinarios; ii) que se haya ejercido la tutela dentro de un tiempo razonable a partir de cuando comenzó a padecerse la vulneración del derecho fundamental; iii) que no se trate de tutela contra decisión de tutela; iv) que la materia o el asunto en el que radica la alegada transgresión sea de relevancia constitucional; y, v) que el solicitante haya alegado el quebrantamiento del derecho fundamental en el proceso judicial, siempre que ello hubiere sido posible.

Entonces, solo si estas exigencias se encuentran superadas, la Sala abordará el fondo del reclamo que la solicitud de tutela presente, examen que se circunscribirá al sustento jurídico en el que se soporte la amenaza y/o el quebrantamiento de los derechos fundamentales que se aleguen.

Si la causa, motivo o razón a la que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido de la decisión, y no representa reabrir el debate de instancia ni implica intervención del juez de tutela en aspectos propios de la autonomía del juez natural, y se llegaren a encontrar afectados los derechos fundamentales invocados por el actor, será del caso adoptar las medidas necesarias para corregir tal situación.

2. Examen de estos presupuestos en el caso concreto.

En el caso sub examine, el señor Jhon Geyver Barón Gómez controvierte la providencia dictada el 31 de octubre de 2013(8) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de Descongestión, dentro del proceso de reparación directa que instauró contra la Empresa de Aguas de Occidente Cundinamarqués SAS ESP.

Esta providencia se dictó dentro del proceso de reparación directa que adelantó el accionante contra la empresa de Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP, a fin de que se la declarara responsable por los perjuicios que considera se le ocasionó con la omisión legal y administrativa de control y vigilancia por parte de la empresa de Aguas de Occidente Cundinamarqués, lo que implicó el no desembolso de unos conceptos laborales. Que esa circunstancia le causó un daño antijurídico que no está en el deber de soportar.

En la aludida decisión se confirmó el auto del 24 de julio de 2013 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá, que declaró la nulidad de todo lo actuado “por esta jurisdicción en el proceso de la referencia a partir del auto de 18 de abril de 2012 inclusive” y dispuso que el expediente fuera enviado a los “juzgados civiles del circuito” (con funciones laborales) para que asumieran la competencia o, en caso contrario, promovieran el conflicto negativo de jurisdicciones.

El sustento de dicho auto se circunscribió a que “la omisión que se infiere en las pretensiones de la demanda [consistente en] que la empresa estatal no canceló las obligaciones laborales, pierde soporte pues a ésta no le correspondía cumplir dichos compromisos, pues no suscribió contrato alguno con el señor (…) [Barón Gómez], por el contrario era la empresa de vigilancia quien debía cumplir los deberes que contrató con su eventual trabajador”.

El actor en el escrito de impugnación manifestó que se vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la igualdad, pues su pretensión de reparación no se contrae al reconocimiento y pago de salarios y prestaciones sociales derivadas de una relación laboral entre particulares, como, de manera errónea, lo observó el juez de tutela de primera instancia.

Que, por el contrario, a su juicio, el hecho generador del daño antijurídico se exterioriza en la omisión legal y administrativa de control y vigilancia por parte de la empresa de Aguas de Occidente Cundinamarqués, lo que implicó el no desembolso de unos conceptos laborales, “pero que en sede de reparación integral no implica que se estén solicitando a título de objeto de demanda, por cuanto lo peticionado es un conjunto de daños inmateriales y materiales, este último en la modalidad de lucro cesante a cargo de la entidad estatal en otrora demandada”. Que, por tal razón, la jurisdicción de lo contencioso sí era competente para conocer de su demanda.

Para comenzar con el estudio de los parámetros esenciales para que sea viable abordar de fondo la tutela por estar dirigida contra providencia judicial, se advierte que lo que se cuestiona es la providencia de segunda instancia proferida en un proceso de reparación directa, luego, no existe medio de impugnación ordinario para controvertirla.

El amparo fue solicitado dentro de un plazo razonable respecto de la decisión que se enjuicia, esto es, la providencia de 31 de octubre de 2013 y, además, la solicitud no se dirige contra una sentencia de tutela.

En relación con los demás presupuestos de procedibilidad, la Sala encuentra que éstos también se superan. En efecto, los argumentos que sustentan la vulneración a los derechos fundamentales y el análisis de fondo que la situación expuesta amerita (falta de competencia), no implica suplantación alguna del juez natural en relación con las pretensiones que se elevaron en la demanda de reparación directa.

En ese orden, la participación del juez constitucional, se limitará a determinar si la decisión del tribunal accionado de confirmar el auto de primera instancia y de remitir la demanda a la jurisdicción ordinaria laboral por falta de competencia, resulta violatoria de los derechos fundamentales invocados, mas nada tendrá que ver con el estudio sobre la responsabilidad que se endilga a la entidad demandada dentro del proceso de reparación directa.

Ahora bien, el estudio sobre la posible vulneración sólo se circunscribirá a la decisión de segunda instancia que se censura, en tanto era en dicho escenario en el que correspondía determinar si se confirmaba, revocaba o modificaba la decisión de primera instancia.

3. Del objeto de estudio en esta instancia.

Ahora bien, a efectos de resolver la impugnación de los tutelantes, la Sala sobre el caso de litis pone de presente lo siguiente:

• El señor Jhon Geyver Barón Gómez ejerció acción de reparación directa contra Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP. En concreto, solicitó que se declarara que dicha entidad era administrativamente responsable por la omisión de supervisión y control en relación con el pago de sus obligaciones laborales. Al respecto dijo:

“(…) por causa del daño antijurídico derivado de la omisión administrativa y legal de control, exigencia y verificación de pago de la totalidad de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema general de seguridad social integral de mi representado —en su condición de trabajador de la sociedad comercial contratista Vigilancia Privada Ler Ltda., que prestó el servicio de vigilancia para las instalaciones de la EAOC SAS ESP—, para efectos no sólo de expedición de recibo o acta mensual de satisfacción de ejecución contractual y ulterior pago por instalamentos vencidos del precio del contrato estatal número 001 de 2009 y su modificación número 001 de la misma anualidad, sino también, para la suscripción de acta bilateral de liquidación del contrato estatal y su modificatorio antes citado, y ulterior ejecución de prestación de dar la suma dineraria contentiva del saldo definitivo a favor del contratista estatal”(9).

• En la aludida demanda pidió que se condenara a dicha entidad por la omisión en la supervisión del contrato laboral que había suscrito con la Sociedad de Vigilancia. A título de reparación solicitó que la condenara a pagarle una indemnización por concepto del lucro cesante, perjuicios morales y daño a la vida en relación.

“(I) Por daño material en la modalidad de lucro cesante. La suma de un millón cuatrocientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos ($1.432.450) o la suma que resulte probada en el proceso, por el no embolso (sic) en su órbita patrimonial de salario pendiente del mes de septiembre de 2009, vacaciones y prestaciones sociales —cesantía, intereses sobre cesantías, sanción por intereses sobre la cesantía, reliquidación de prima de servicios, prima proporcional de servicio de segundo semestre, generadas en la vigencia 2009— causadas por la prestación del servicio de vigilancia a las instalaciones de la empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués SAS ESP “EAOC SAS ESP”. II) Por daño inmaterial en la modalidad de daño moral. La suma de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que adquiera firmeza y ejecutoria el respectivo auto que apruebe el acuerdo conciliatorio o la sentencia condenatoria que así lo disponga. (iii) Por daño inmaterial en la modalidad de daño en la vida de relación. La suma de veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha en que adquiera firmeza el respectivo auto que apruebe el acuerdo conciliatorio o la sentencia condenatoria que así lo disponga”.

• La demanda la conoció en primera instancia el Juzgado Único Administrativo de Facatativá, el cual con auto del 18 de abril de 2012 la admitió, pero luego ordenó su remisión al Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá en razón a las medidas de descongestión.

• El Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá con auto del 21 de noviembre de 2012 vinculó al proceso a la Compañía Suramericana de Seguros S.A., en calidad de llamado en garantía.

• La Compañía Suramericana de Seguros S. A., al intervenir en el proceso, solicitó que se declarara la nulidad de todo lo actuado, comoquiera que se configuró la causal de falta de jurisdicción que trata el numeral 1º del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, pues el conocimiento del asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria, en tanto el conflicto deviene de un contrato de trabajo.

• Mediante auto del 24 de julio de 2013, el Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá declaró la nulidad de todo lo actuado y ordenó la remisión del expediente a los juzgados Civiles del Circuito de Facatativá (reparto), para que asuman el conocimiento del asunto o, en caso contrario, promueva el respectivo conflicto negativo de competencia(10). Como sustento de esa decisión, expuso que las pretensiones del actor se circunscribían al pago de las prestaciones sociales por parte de la sociedad de vigilancia, en virtud de un contrato laboral. Que, por tal razón, dicha controversia era de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral. Al respecto dijo:

“no es de recibo el argumento de la actora relativo a que es esta la jurisdicción que debe conocer el asunto porque no sólo pretende el restablecimiento de los daños materiales derivados del no pago de las obligaciones laborales, sino de los inmateriales, pues ante el juez natural del conflicto, esto es, el ordinario laboral, puede solicitar el resarcimiento de todos aquellos perjuicios padecidos, aún los inmateriales, y aportar las pruebas que los sustenten (…). Por ello no esta jurisdicción sino la ordinaria laboral la llamada a decidir de fondo la controversia”.

• Por auto del 31 de octubre de 2013 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” en Descongestión confirmó la decisión del a quo. En síntesis, adujo que el tema central de la demanda versa sobre el hecho que “la empresa estatal (sic) no canceló las obligaciones laborales”.

En concreto, manifestó:

“(…) La parte accionante presentó demanda de reparación directa para que se declare administrativamente responsable a la entidad estatal Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP por el no pago de la totalidad de salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema general de seguridad social integral en su condición de trabajador contratista de la sociedad comercial (…). Vigilancia Privada Ler. (…) la omisión que se refiere en las pretensiones de la demanda que la empresa estatal no canceló las obligaciones laborales, pierde soporte pues a ésta no le correspondía cumplir dichos compromisos, pues no suscribió contrato alguno con el señor Tirado León, por el contrario era la empresa de vigilancia quien debía cumplir los deberes que contrató con su eventual trabajador. (…) Por las razones analizadas es acertada la nulidad decretada por el juez administrativo que conoció de la acción, por lo que debe remitirse al expediente a la jurisdicción ordinaria laboral”(11).

De acuerdo con lo anterior y, en especial, de cara a los argumentos que soportaron la providencia del Tribunal accionado, la Sala encuentra que ésta lesiona los derechos fundamentales del actor, en particular, el de acceso a la administración de justicia(12) y al debido proceso.

A juicio de la Sala, la interpretación que realizó la autoridad judicial accionada en lo que tiene que ver con la remisión por falta de competencia, desconoce el contenido de los artículos 140 y 155-6 del CPACA(13), así como los hechos y fundamentos que sirvieron de sustento al tutelante para demandar vía reparación directa a la empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP.

Revisadas las pruebas que obran en el expediente, no cabe la menor duda de que en el presente caso la pretensión del actor estaba claramente encaminada a que se declarara la responsabilidad de la citada empresa estatal por falla del servicio ante la omisión en vigilar y controlar que la sociedad de vigilancia pagara oportunamente unos emolumentos laborales a los trabajadores que había contratado para cumplir con el servicio. Que, en consecuencia, fuera condenada a pagar los perjuicios materiales (lucro cesante) y morales (daño a la vida de relación) que causó con dicha omisión.

Es decir, no planteó pretensión alguna encaminada a que se le reconozcan las sumas adeudadas que tenían como fuente la existencia de un contrato laboral suscrito entre él y una empresa de vigilancia privada y el incumplimiento de las obligaciones derivadas de aquél, como erróneamente da a entender el tribunal accionado al sostener que “la Sala observa que la inconformidad del accionante, radica en que la empresa de vigilancia privada Ler Ltda. no cumplió con sus obligaciones con el trabajador las cuales tienen naturaleza laboral, lo que evidencia que se trata de un conflicto entre dos particulares, es decir, empleador y trabajador”(14).

La demanda, como ya se expuso, buscaba establecer si la empresa Aguas del Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP estaba llamada a indemnizar al aquí tutelante con ocasión de la ocurrencia de un daño antijurídico y para ello se sustentó en la “falla del servicio (omisión de vigilancia y control) como título de imputación de responsabilidad estatal según lo expuesto en reiterada jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

Esa circunstancia, en los términos del artículo 90 de la Constitución Política y de los artículos 140 y 155-6 del CPACA, habilitaba la interposición de la demanda de reparación directa, la cual está llamada a conocer la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Por tal razón, es claro que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección “C” de Descongestión incurrió en un defecto sustantivo(15), toda vez que desconoció el contenido de los artículos 140 y 155-6 del CPACA(16), pues ante la procedencia de la acción de reparación directa lo pertinente era continuar con el respectivo trámite ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, mas no remitir el asunto por competencia a la jurisdicción ordinaria laboral, como en efecto se hizo.

Si bien es cierto que el juez no puede asumir una posición pasiva que, en últimas, le conduzca a abstenerse de fallar y decidir de fondo un determinado asunto, también lo es que su deber de impulsión procesal no puede trasmutar lo pretendido por el demandante, al punto de apartarse de las cuestiones de hecho y el objeto petendi que propone el demandante.

Lo anterior tiene sustento en el principio de congruencia, de acuerdo con el cual, los jueces deben fallar según lo pedido y de acuerdo con lo probado. Por ende, en aquellos casos en que la falta de congruencia por ausencia de estudio de las pretensiones del demandante genera un cambio sustancial en la decisión que adopta el juez, afectando de manera evidente los derechos de quien presenta la petición o allega una prueba, se constituye en una trasgresión al derecho fundamental al debido proceso.

Bajo esos parámetros, esta Sección recuerda que en reiteradas ocasiones(17) ha considerado que cuando la causa, motivo o razón a la que se atribuye la transgresión es de tal entidad que incide directamente en el sentido de la decisión, resulta necesario amparar los derechos fundamentales invocados en la solicitud de amparo(18).

De contera, el derecho de acceso a la administración de justicia y al debido proceso se ven lesionados, en la medida en que se confirmó la decisión de primera instancia de declarar la nulidad de lo actuado y remitir el proceso bajo el argumento de una falta de competencia, cuando, en realidad, como se expuso en líneas anteriores, la acción de reparación directa como mecanismo de defensa judicial sí es el pertinente para lograr la indemnización que pretende el señor Barón Gómez.

Por todas estas razones, se revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar, se tutelarán los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor. En consecuencia, se dejará sin efectos la providencia del 31 de octubre de 2013 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión.

Por consiguiente, se ordenará al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C de Descongestión que dentro del término de 30 días contados a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva providencia teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVOCAR la sentencia del 21 de mayo de 2014, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta. En su lugar, SE TUTELA los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del señor Jhon Geyver Barón Gómez.

2. Como consecuencia de lo anterior, SE DEJA SIN EFECTOS el auto del 31 de octubre de 2013, proferido el Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección “C” en Descongestión.

3. SE ORDENA al Tribunal Administrativo de Cundinamarca - Sección Tercera, Subsección “C” en Descongestión, que en el término de 30 días contados a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva decisión teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

4. NOTIFICAR esta providencia en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

5. REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes al de la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidenta—Susana Buitrago Valencia—Alberto Yepes Barreiro.

(1) Notificada por estado el 7 de noviembre de 2013.

(2) En efecto se refiere al auto del 24 de julio de 2013 del Juzgado Primero Administrativo de Descongestión del Circuito de Facatativá.

(3) Ver folio 19.

(4) Firmado entre la Empresa Aguas de Facatativá SAS ESP (antes Empresa Aguas de Occidente Cundinamarqués, Acueducto, Alcantarillado, Aseo y Servicios Complementarios SAS ESP) y la Sociedad Vigilancia Privada Ler Ltda.

(5) En relación con la vía de hecho de las providencias judiciales puede consultarse, entre muchas otras la Sentencia T-162 de 1999 de la Corte Constitucional.

(6) Al respecto véase la Sentencia T 949 de 2003, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.

(7) Consejo de Estado - Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, Radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.

(8) Notificada por estado el 7 de noviembre de 2013.

(9) Ver folio 48.

(10) Folios 75-81.

(11) Cfr. Folios 89 y 90 del c. 1.

(12) Este derecho se constituye en la garantía de acudir ante el juez para que resuelva “las controversias que surjan con otros individuos u organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la ley”.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía “no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión”.

(13) ART. 140.—Reparación directa. En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño.

ART. 155.—Competencia de los jueces administrativos en primera instancia. Los jueces administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos

(…) 6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía no exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

(14) Cfr. Folio 89 reverso.

(15) El defecto sustantivo ha sido determinado por la Corte Constitucional en la Sentencia T-144 de 2012, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, que realizó una definición breve, así: “(…) (i) cuando la decisión cuestionada se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable al caso concreto, es decir, por ejemplo, la norma empleada no se ajusta al caso o es claramente impertinente15, o no se encuentra vigente por haber sido derogada15, o por haber sido declarada inconstitucional(15), (ii) cuando a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se hace de la norma en el caso concreto, desconoce sentencias con efectos erga omnes que han definido su alcance(15), (iii) cuando la interpretación de la norma se hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son necesarias para efectuar una interpretación sistemática(15), (iv) cuando la norma aplicable al caso concreto es desatendida y por ende inaplicada(15), o (v) porque a pesar de que la norma en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecua a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a los expresamente señalados por el legislador”.

(16) Si bien los tutelantes también alegaron la configuración de un defecto fáctico, es lo cierto que lo que realmente plantearon es la existencia del referido defecto sustantivo, que es el que da lugar la orden de tutela en este caso concreto.

(17) Entre otras ver, sentencia del 17 de julio de 2014, M. P. Susana Buitrago Valencia. Expediente 2014-00034. Consejo de Estado, Sección Quinta, C. P. Susana Buitrago Valencia. Radicado 2013-01971-01 de 24 de abril de 2014.

(18) Consejo de Estado, Sección Quinta, C.P. Susana Buitrago Valencia. Rad. 2013-01971-01 de 24 de abril de 2014.