Sentencia 2014-00021 de abril 15 de 2015

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Acción de nulidad electoral

Rad.: 11001-03-28-000-2014-00021-00

Actor: Sergio David Becerra Benavides

Demandado: Eduar Luis Benjumea Moreno

Consejera Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Bogotá D.C., quince de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: « II. Consideraciones de la Sala.

1. Competencia. 

De conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 149 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999(2) —Reglamento del Consejo de Estado—, a esta Sala compete conocer en única instancia de esta demanda.

2. El acto acusado.

Lo constituye el formulario E-26 CAM del 14 de marzo de 2014 del Consejo Nacional Electoral mediante el cual se declaró la elección del señor Eduar Luis Benjumea Moreno como Representante a la Cámara por el departamento del Amazonas, período constitucional 2014-2018.

3. Del problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si el acto de elección acusado está viciado de nulidad porque según lo afirma el actor, el demandado incurrió en la inhabilidad que prevé el numeral 3 del artículo 179 de la Constitución Política, en atención a que dentro de los seis meses anteriores a la elección, intervino en gestión de negocios ante autoridades públicas, con ocasión de la ejecución del contrato interadministrativo Nº 0015 de 25 de enero de 2013 suscrito entre la Gobernación del departamento del Amazonas (Secretaría de Salud Departamental) y el Hospital San Rafael de Leticia ESE y, del contrato sindical Nº 0034 del 1º de febrero de 2013 suscrito entre el Hospital San Rafael de Leticia ESE y el Sindicato Gremial de Trabajadores de la Salud del Amazonas.

Para ello, habrá de establecerse si el supuesto de hecho en que se fundamenta la atribución de esa causal, esto es, el haber participado en nombre de un tercero en la ejecución de tales contratos, tuvo ocurrencia en el periodo inhabilitante y a partir de allí determinar si esa vinculación, en efecto, tipifica o no la inhabilidad atribuida.

3.1. De la causal de inhabilidad atribuida.

Corresponde a la que consagra el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política, que prohíbe a quienes aspiren a ser congresistas lo siguiente:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas:

(…).

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección.

(…).

Las inhabilidades previstas en los numerales 2, 3, 5 y 6 se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones.

Para los fines de este artículo se considera que la circunscripción nacional coincide con cada una de las territoriales, excepto para la inhabilidad consignada en el numeral 5” (lo resaltado fuera de texto).

Esta prohibición encierra tres aspectos. El temporal: referido a la época en que debe haberse presentado la actuación prohibida —6 meses anteriores a la elección—; el material: que atañe a participar en trámites negociales ante autoridades públicas en interés propio o de terceros; y el del lugar de ocurrencia del hecho: que la situación haya acaecido en la circunscripción en la cual deba efectuarse la elección del representante.

Como reiteradamente lo ha considerado la jurisprudencia, la estructuración de este motivo de inhabilidad requiere que se acredite, durante los 6 meses previos a la elección, la participación activa del demandado a través de diligencias conducentes al logro de un negocio que le reporte beneficios a él o a un tercero, bien de carácter lucrativo, bien de índole extrapatrimonial, y ante entidades públicas —independientemente del orden de estas—, pero siempre acaecidas en el marco de la circunscripción en la que ha de surtirse la elección.

Es necesario precisar que la gestión de negocios a la que se refiere la norma no necesariamente exige para su configuración que las diligencias que efectivamente se hayan concluido en la suscripción del contrato o celebración del negocio, pues lo relevante de la prohibición es evitar, impedir la ventaja electoral que a un aspirante, en este caso a la Cámara de Representantes, puede derivarle el hecho de participar en tales asuntos (independientemente de su resultado), por la cercanía que le confiere a los elementos de poder frente a los demás candidatos que no tienen las mismas posibilidades para relacionarse con el sector oficial, y lo que de ello puede trascender a la comunidad electora(3).

En el sub judice el demandante considera que se configuró intervención en gestión de negocios debido a que el demandado, actual Representante a la Cámara, dentro de los 6 meses anteriores a la elección “gestionó el contrato a nombre de un tercero” al haber participado como “verdadero contratista” en la ejecución del contrato interadministrativo Nº 0015 de 25 de enero de 2013(4) y en especial del contrato sindical Nº 0034 de 1º de febrero 2013(5), pues intervino en actuaciones cumplidas con tal propósito, aprovechándose de su cercanía con el Gobernador del departamento del Amazonas su cuñado, lo cual le permitió obtener “ventaja sobre sus competidores políticos”, e incluso “aprovechó su posición para ejercer presión entre las personas vinculadas en el contrato para ayudarlo en su campaña política”. Ello por cuanto adelantaba “labores de manejo de personal y de gestión de recursos de ejecución”.

Al respecto del planteamiento fáctico en que la demanda sustenta la inhabilidad que endilga al demandado, ha de comenzar la Sala por señalar que tradicionalmente en los antecedentes jurisprudenciales sobre el alcance de la causal de intervención en gestión de negocios se ha identificado con actuaciones previas al contrato dirigidas a lograr su consolidación.

Sin embargo, no desconoce esta Sala la posibilidad de que en determinadas y especiales circunstancias pueda ampliarse el escenario de la causal a que también por la “gestión de negocios” se pueda presentar al vincularse el candidato en el desarrollo de un convenio, por ejemplo cuando para ejecutar éste se deba a su vez contratarse personal, etc., es decir se da cabida a que según las características de la situación descrita en la demanda, haya de examinarse en cada caso la naturaleza de las diligencias de un trámite negocial, sin que necesariamente tenga que corresponder a antecedentes de la consolidación de un contrato, sino a actuaciones posteriores a este.

Ello en consideración a que siempre lo verdaderamente relevante por establecer es si un aspirante durante la etapa de candidatura puso en desequilibrio la campaña de los demás candidatos por cuenta de haber tenido él la ocasión de vincularse con el poder público que a su vez le pudieran permitir beneficiarse de ello logrando ascendiente ante la comunidad electora.

En el sub examine el contrato interadministrativo al que alude el demandante tenía por objeto la prestación de servicios de salud en todo el departamento del Amazonas. Su ejecución “por interpuesta persona” que le atribuye al señor Benjumea en tanto se lo señala de haber sido él “verdadero contratista” y “ejecutor” del contrato sindical Nº 0034 de 1º de febrero 2013 a su vez celebrado para desarrollar el primero, es la actuación que califica como “gestión de negocios”.

Pero tal imputación no cuenta con respaldo probatorio acerca de la participación del señor Benjumea como real ejecutor contractual. En efecto, las declaraciones extrajuicio aportadas con el libelo, rendidas por las señoras Katerin Lorena Pinto Fontalvo, María Yoelis Marapara Caisara y Roxi Leandra Ramos Suárez en la Notaría Única del Círculo de Leticia, no pueden tenerse como pruebas, pues la primera no asistió a la diligencia de ratificación decretada por el despacho director del proceso —lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 del Código General del Proceso, hace que dicha prueba no tenga valor alguno—, y las dos restantes, no ratificaron de lo expresado inicialmente ante notario, ningún aspecto o punto que sea determinante y conclusivo para comprometer y asegurar la vinculación del demandado en la ejecución del contrato interadministrativo Nº 0015 de 25 de enero de 2013, por cuenta del desarrollo del contrato sindical Nº 0034 del 1º de febrero de 2013.

Es más, en gracia de discusión sobre la posibilidad de tenerlas como pruebas, de tales declaraciones tampoco puede derivarse que el señor Benjumea Moreno hubiese participado en la ejecución de los precitados contratos. Estos documentos son del siguiente tenor:

Transcripción de la declaración de María Yoelis Marapara Caisara:

“2. Suscribí un contrato verbal el día 15 de mayo con el señor Javier Lozano, el cual consistía en la prestación de servicios de nutricionista dietista, realizando actividades de apoyo a la enfermera, actividades que consistían en tallaje, peso, consultas de enfermera, educación, etc. 3. El día 25 de junio de 2013 salimos el Grupo de Salud Extramural Putumayo, para cumplir con las funciones del contrato, la salida se dio en el municipio de Tabatinga-Brasil, nos dirigimos al corregimiento de Tarapacá para empezar a ejecutar las actividades, una vez allá, llamamos al señor Eduar Benjumea, porque se había comprometido en pagarnos el excedente del pago del 30% del anticipo del contrato, pero hasta la fecha aun lo esperamos. Acto seguido hablamos con el coordinador del contrato Javier Lozano, el cual nos dijo vía telefónica que tranquilos que descansáramos esa semana que él ya había mandado la enfermera jefe que necesitábamos en el grupo. 4. Duramos un mes esperando a que enviaran la enfermera, a raíz de eso yo tomo la decisión de pasar mi renuncia por cuanto veía que no arrancaba el contrato; al principio el señor Javier Lozano, no me quería aceptar la renuncia ante lo cual yo le propuse conseguir un reemplazo para mi puesto, oferta que él acepto. Después compre los tiquetes el día 28 de julio de 2013, para regresarme para Leticia. 5. Después de pasado el tiempo el 28 de septiembre en las instalaciones del Hospital San Rafael de Leticia, el señor Gerente del hospital Joani Gallego, la Doctora Yeimi Duque, Javier Lozano y Eduar Benjumea, citaron a reunión con el equipo extramural de salud Caquetá y Putumayo, para efecto de discutir los términos del contrato y conciliar aspectos para la reanudación de la ejecución del contrato. En dicha reunión intervino el Gerente llamándonos la atención por habernos venido del corregimiento, acto seguido entre el señor Gerente y el señor Eduar Benjumea, nos realizaron una nueva oferta la cual consistía en el pago de un mes, con la condición de regresarnos del corregimiento para terminar la ejecución del contrato. 6. En esta reunión la odontóloga Mari Luz Sevillano, manifestó el mal servicio prestado por los trabajadores del señor Eduar Benjumea, de la tripulación, situación ante la cual este dispuso en llamar al Capitán de la embarcación que nos transportó y puso la llamada en alta voz y le pregunto que como iban las cosas para ver si tenía alguna novedad, y pregunto además, si le había llegado el pago que había efectuado el señor Eduar al captan del bote. Lo que demuestra que el señor Eduar Benjumea era el dueño de la embarcación y que el capitán de nombre Dago, eran trabajadores de él. 7. En dicha reunión el señor Eduar Benjumea nos dijo que si no seguíamos esto podía repercutir en nuestra hoja de vida y que esta situación les quedaba como anotación y que lo mejor era continuar tratándonos de convencer para que continuáramos con la ejecución del contrato. Que si renunciábamos después no fuéramos a pedir trabajo nuevamente al hospital porque él no iba a dejar que nos dieran trabajo” (sic).

Transcripción de la declaración de Roxi Leandra Ramos Suárez:

“2. Suscribí un contrato verbal el día 15 de mayo con el señor Javier Lozano, el cual consistía en la prestación de servicios de actividades de facturación de órdenes médicas y odontológicas. 3. El día 13 de junio de 2013 salimos el Grupo de Salud Extramural Caquetá, para cumplir con las funciones del contrato, ese día el señor Eduar Benjumea no dio unas instrucciones de seguridad para la estadía en el campo posteriormente abordamos en avión que nos llevaría hasta el sitio donde íbamos a realzar la labor del contrato. Y enfatizó que cualquier inquietud o cualquier requerimiento lo tratáramos directamente con el que él era el encargado de todo lo concerniente al transporte e insumos como combustible. 4. Estando en el lugar donde se iba a realizar la ejecución del contrato, pagando hospedaje y alimentación de nuestro pecunio. Empezamos a presentar problema para ejecutar la labor porque no había combustible para la embarcación, llamábamos al señor Javier lozano el cual nunca contesto. Situación que discutimos con el señor Eduar Benjumea porque él era el encargado del combustible, y este nos decía “tranquilos que ya estoy gestionando”, en una de estas conversaciones el señor Benjumea nos dijo que ya iba para el sitio el señor José Perdomo, apodado “Curupira” el cual nos enfatizó que venía contratado por parte del señor Eduar Benjumea. 5. El señor José Perdomo nos dijo a los del grupo, que él tenía que esperar la orden de reclamar el combustible que provenía del señor Eduar Benjumea, dándonos a entender que él era su Jefe. 6. Estuvimos casi 15 días en el municipio de Pedreras, hasta que se dio la orden por parte del señor Eduar Benjumea de desplazarnos hasta Mirití-Paraná, para ejecutar el contrato 7. Estando en Mirití-Paraná demoramos casi ocho días para iniciar actividades del contrato, y después de este tiempo se comenzó a recorrer las comunidades, recalcando que en toda parte donde nosotros arribábamos el señor José Perdomo alias “curupira” hablaba con las personas de la comunidad, haciéndole propaganda política al señor Eduar Benjumea, diciéndole a los pobladores “Eduar va ser representante a la cámara y hay que ayudarle para que él nos ayude, que el gobernador era cuñado de Eduar, que él podía gestionar para que dotaran a las comunidades de motores por medio de la Gobernación”. 8. Terminamos la primera fase del contrato y regresamos al corregimiento de pedreras y nos comunicamos con el señor Eduar Benjumea, para que nos indicara, cuando nos enviaba los insumos y el combustible para la ejecución de la siguiente fase del contrato, además nos dejaron esperando el pago de lo ya ejecutado para continuar, cosa que hasta la fecha no se ha pagado. 9. Al ver que me encontraba sin dinero porque no nos habían pagado lo ejecutado hasta el momento y ver que nada arrancaba yo llamé a Javier Lozano pero no me contestó para que me enviaran el tiquete para regresarme que yo renunciaba. Ante esta situación me toco acudir a mi familia para que me reunieran para conseguir lo del transporte. 10. Una vez en Leticia me presento en la Cooperativa sindisalud, ante la señora Dori Silva Perdomo, y le manifiesto mis motivos para no continuar con el contrato, ante lo cual ellos me ofrecen continuar facturando en el Hospital San Rafael de Leticia hasta el día 30 de agosto, y que no me habían cancelado mis sueldo ni me habían pagado mis parafiscales. Después de pasado el tiempo el día 28 de septiembre en las instalaciones del Hospital San Rafael, el señor gerente del hospital Joani Gallego, la doctora Yeimi Duque, Javier Lozano y Eduar Benjumea, citaron a reunión con el equipo extramural de salud Caquetá y Putumayo, para efecto de discutir los términos del contrato y conciliar aspectos para la reanudación de la ejecución del contrato. En dicha reunión intervino el gerente llamándonos la atención por habernos venido del corregimiento, acto seguido entre el señor gerente y el señor Eduar Benjumea, nos realizaron una nueva oferta la cual consistía en el pago de un mes, con la condición de regresarnos del corregimiento para terminar la ejecución del contrato. 12. La señora secretaria del gerente nos pide a todos los asistentes a la reunión, apagar los celulares, porque no quería que nadie grabara lo que se iba a hablar hay. 13. En esta reunión la odontóloga Mari Luz Sevillano, manifestó el mal servicio prestado por los trabajadores del señor Eduar Benjumea, de la tripulación, situación ante la cual este dispuso en llamar al capitán de la embarcación que nos transportó y puso la llamada en alta voz y le pregunto que como iban las cosas para ver si tenía alguna novedad, y pregunto además, si le había llegado el pago que había efectuado el señor Eduar al captan del bote. Lo que demuestra que el señor Eduar Benjumea era el dueño de la embarcación y que el capitán de nombre Dago, eran trabajadores de él. 14. En dicha reunión el señor Eduar Benjumea nos dijo que si no seguíamos esto podía repercutir en nuestra hoja de vida y que esta situación les quedaba como anotación y que lo mejor era continuar tratándonos de convencer para que continuáramos con la ejecución del contrato. Que si renunciábamos después no fuéramos a pedir trabajo nuevamente al hospital porque él no iba a dejar que nos dieran trabajo. 15. Hasta la fecha estamos esperando a que nos cumplan con el pago de la labor ejecutada, y ya ni el gerente ni el señor Eduar Benjumea nos ha dado la cara para decirnos que paso con el dinero de la labor que realizamos” (sic).

Como puede verse, los elementos de juicio que las declaraciones otorgan son mínimos y la forma en que se exponen, impide arribar a la conclusión de la existencia de inhabilidad. No aparece un argumento claro y concreto del que pueda predicarse la intervención del demandado en la ejecución contractual. Ni siquiera concede tal trascendencia las afirmaciones hechas por las declarantes referentes a que el señor Benjumea participó de una reunión en el Hospital San Rafael de Leticia que tuvo por objeto proponer una forma de pago sobre los salarios adeudados al “grupo de salud extramural putumayo” del que hacían parte para que continuaran laborando, por cuanto ambas afirmaron —en desarrollo de la diligencia de ratificación— el hecho de que esta se presentó en el mes de agosto de 2013, es decir, fuera del período inhabilitante(6).

Eventualmente podría conferirlo la aseveración de que el demandado era el encargado del combustible de las embarcaciones en que se desplazaban y que en tal calidad este les sugería comunicarse con él ante cualquier necesidad. Ello por cuanto, el desarrollo del objeto contractual —que se extendió hasta el mes de octubre de 2013—, esto es, la promoción de servicios de salud en el departamento del Amazonas, necesariamente debía hacerse vía fluvial dadas las condiciones geográficas de dicho ente territorial, luego, el combustible representa un aspecto importante a considerar en la ejecución contractual que se le atribuye al demandado. Sin embargo, a pesar de tal situación indirecta, es lo cierto que ese solo aspecto resulta insuficiente para señalarlo como el verdadero ejecutor del precitado contrato, pues se requieren otros elementos de juicio que permitan evidenciar, por ejemplo, que este fue quien las contrató(7), quien ofreció instrucción para el desarrollo del objeto contractual en los corregimientos o quien realizaba el pago de los salarios que recibían por los servicios prestados.

Es más, lo que expuso el demandado en la declaración de parte rendida, invita a duda sobre su real participación en relación con el manejo del combustible(8), pues éste señaló que fue la empresa de turismo de su sobrino la que prestó servicios fluviales al Sindicato Gremial de Trabajadores de la Salud del Amazonas, y que desconoce los términos del contrato sindical.

En igual sentido, no tiene injerencia la supuesta difusión sobre la campaña política que el señor José Perdomo, quien según las declarantes trabajaba para el demandado y les acompañó en el recorrido fluvial, pues tal hecho, en sí mismo, no tiene trascendencia en la filosofía de la causal de inhabilidad, ya que no denota una actuación directa que represente una gestión en desarrollo de un contrato y tampoco demuestra un nexo causal entre tal hecho y las situaciones que se le atribuyen al demandado.

Finalmente, el aparte de la grabación magnetofónica allegada en la demanda que aparentemente corresponde a una fracción de una conversación surtida entre el señor Benjumea Moreno y una de las profesionales que al parecer hacían parte del grupo que desarrollaba labores médicas en ejecución de un contrato de salud, no fue regularmente obtenida tal y como lo dispone el artículo 214 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo, y además no es clara ni directa para inferir la conclusión que el demandante pretende atribuirle.

Una prueba de tal naturaleza —por su contenido y forma— no puede ser valorada por el juez y debe ser excluida del acervo pues su recaudo se hizo sin la anuencia de la parte contra la que se aduce. El artículo 29 constitucional señala como nula de pleno derecho la prueba obtenida con violación al debido proceso(9).

En ese orden de ideas, el proceso está huérfano de demostración que pueda conducir a dar por estructurada la causal de inhabilidad en la cual se pueda considerar incurso al demandado. Tal situación impone la improsperidad de las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de las demandas, atendiendo a las razones expresadas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(2) Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

(3) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta Consejera Ponente: Susana Buitrago Valencia. Sentencia del 13 de septiembre de 2007. Exp. N° 11001-03-28-000-2006-00045-00(3979-3986) Actor: Humphrey Roa Sarmiento y Otro. Demandado: Representantes a la Cámara por el Departamento de Boyacá.

(4) Suscrito entre la Gobernación del departamento del Amazonas (Secretaría de Salud Departamental) y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E. cuyo objeto el desarrollo del “plan de intervenciones colectivas en municipios y corregimientos del departamentos del Amazonas” en materia de salud.

(5) Suscrito entre el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E. y el Sindicato Gremial de Trabajadores de la Salud del Amazonas en el que se subcontrató la ejecución del precitado contrato interadministrativo.

(6) Es preciso resaltar el hecho de que la primera de ellas laboró para el sindicato hasta el 29 de julio de 2013 —es decir, antes de la citada reunión— según afirmó en la diligencia de ratificación (39’) y la segunda hasta el día 30 de agosto de 2013 según consta en la copia de la certificación laboral allegada por el demandante visible a folios 119 del expediente.

(7) Según las declarantes, fueron contratadas por el señor Javier Lozano de manera verbal

(8) De la declaración se destaca lo siguiente: “Preguntado. Señor Benjumea, en la primera de la exposición, acerca de a qué se dedicaba antes de ser Representante a la Cámara explicó que desarrollaba actividades en una empresa de turismo de su familia, o con objeto social de turismo fundamentalmente, y que esto lo alternaba con su campaña política, sírvase informar al despacho si su sobrino Phillipe Benjumea, pertenece a esa empresa de turismo, y si en tal calidad esa empresa, apoyó actuaciones o actividades conexas con el desarrollo del contrato de prestación de servicios entre el Hospital de Leticia y el sindicato al que hice mención antes. Si esta empresa en la que trabaja con su familia (su sobrino), tuvo algo que ver con la ejecución del contrato de salud por el que le interrogué antes. Contestó. La empresa con la que yo trabajaba antes de que se quebrara nos dedicábamos a vender servicios a las distintas empresas que las requiriera. Yo nunca trabaje con la empresa directamente. La familia tiene la prestación de servicios de lanchas en el municipio de Leticia y no en corregimientos, las cuales son para los turistas y presta servicios especiales. Ahí era donde yo trabajaba con mi hijo. El sindicato no vende servicios fluviales. Ellos venden unas acciones dentro de las acciones ellos requieren unos servicios por aire, por tierra o agua. Mi sobrino les vendió servicios a ellos fluviales en algún tiempo del año 2013, no sé por cuanto tiempo. No más, desconozco todo lo demás. La familia tiene una empresa y todas tienen que ver con servicios fluviales. La familia está compuesta por tíos, primos, sobrinos e hijos”.

(9) Sentencia SU-159 de 2002“En primer lugar, es importante examinar si se trata de una irregularidad menor que no afecta el debido proceso. En ese evento la prueba no tiene que ser obligatoriamente excluida. En segundo lugar, es necesario considerar el alcance del concepto de debido proceso al cual alude la norma constitucional, esto es, si se refiere exclusivamente a las reglas procesales o si también incluye las que regulan la limitación de cualquier derecho fundamental, como la intimidad, el secreto profesional y la libertad de conciencia. En Colombia, se ha dicho que el concepto de debido proceso es sustancial, esto es, comprende las formalidades y etapas que garantizan la efectividad de los derechos de las personas y las protegen de la arbitrariedad de las autoridades, tanto en el desarrollo de un proceso judicial o administrativo como, además, frente a cualquier actuación que implique la afectación de derechos constitucionales fundamentales. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que el derecho penal en un Estado social de derecho, también busca un adecuado funcionamiento de la justicia y, obviamente, no funciona bien la justicia que conduce a la impunidad o a un fallo arbitrario, es decir, que carece de la virtud de garantizar efectivamente los derechos, principios y fines constitucionales desarrollados por la legislación penal. Por ello, la decisión de excluir una prueba incide no sólo en el respeto a las garantías de imparcialidad, debido proceso y derecho de defensa, sino, además, en el goce efectivo de otros derechos constitucionales tales como la vida, la integridad y la libertad, protegidos por el legislador mediante la sanción de quienes violen el Código Penal. En cuarto lugar, el mandato constitucional de exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso exige que el funcionario judicial de manera expresa determine que la prueba viciada no puede continuar formando parte del expediente”.