Sentencia 2014-00022 de marzo 26 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Ref.: Recurso extraordinario de revisión

Rad.: 11001-03-27-000-2014-00022-00 (21024)

Demandante:Municipio de Girardot

Demandado: Empresa de Energía de Cundinamarca

Temas: Recurso extraordinario de revisión por haberse recobrado documento decisivo (CPACA , art. 250.1). Características de la prueba recobrada.

Bogotá D.C., marzo veintiséisde dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Problema jurídico.

En los términos de la demanda, le corresponde a la Sala estudiar si las sentencias del 29 de julio de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00213-01), 27 de mayo de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00496-01), 30 de agosto de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00582-01), 9 de noviembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00134-01) y 19 de diciembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00315-01), proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, están incursas en la causal de revisión prevista en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA, esto es, haberse recobrado un documento decisivo.

Para resolver el problema jurídico se analizará la naturaleza jurídica y finalidad del recurso extraordinario de revisión, así como el alcance de la causal invocada por el demandante.

2. Anotación preliminar.

Como la demanda objeto de estudio fue radicada el 30 de abril de 2014, el procedimiento aplicable al presente proceso es el previsto en el CPACA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 308 ibídem.

3. Naturaleza jurídica y finalidad del recurso extraordinario de revisión.

3.1. El recurso extraordinario de revisión es un medio extraordinario de impugnación de las sentencias, que procede, únicamente, por la configuración de alguna de las causales especiales contempladas en el artículo 250 del CPACA.

3.2. Dado que su objeto es “el rompimiento de la cosa juzgada”(4), en caso de prosperar el recurso, “hay lugar a que el sentenciador extraordinario sustituya la decisión adoptada en la sentencia que por tal razón resulte infirmada”(5).

Por tanto, su finalidad, como lo ha precisado la Sala Plena Contenciosa de esta Corporación, es “conciliar nociones esenciales del ordenamiento legal, como lo son la seguridad jurídica que representa el principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas, o la cosa juzgada material y el principio de restablecimiento de la justicia material que persigue asegurar la vigencia de un orden justo, propuesto por el Preámbulo de la Constitución Política”(6).

3.3. En atención a su carácter extraordinario, no es, en consecuencia, una “tercera instancia”(7) en la que puedan plantearse, nuevamente, argumentos de fondo en relación con la sentencia que se pretende revisar.

Por tal razón, las pretensiones deben limitarse a demostrar la configuración de alguno de los supuestos contemplados en las causales para su procedencia.

3.4. De ahí que los vicios o errores en que se deban fundamentar los recursos extraordinarios de revisión, conforme con las causales taxativas previstas por el legislador en el artículo 250 del CPACA, sean eminentemente procedimentales, pues ninguna causal cuestiona la labor intelectual de juzgamiento, sino que involucran bien sea una irregularidad de carácter procesal (numeral 5º, referido a la existencia de causal de nulidad originada en la sentencia, y numeral 8º, referido al desconocimiento de la cosa juzgada), o bien, aspectos que atañen a la validez intrínseca o insuficiencia de los elementos de prueba que determinaron el sentido de la decisión (numerales 1º, 2º, 3º, 6º y 7º), a excepción de la causal del numeral 4º, referida a la violencia o cohecho en que se pudo incurrir en el pronunciamiento del fallo(8).

3.5. En ese orden de ideas, el recurso extraordinario de revisión no puede ser utilizado como una tercera instancia para debatir los argumentos de hecho o de derecho que debieron ser objeto del proceso ordinario, en tanto es una excepción al fenómeno de cosa juzgada.

De ahí que la vocación de prosperidad del recurso esté determinada por la tipicidad y taxatividad de las causales de revisión(9).

4. De la causal consagrada en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA

4.1. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 250 del CPACA es causal de revisión de una sentencia ejecutoriada, “haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

4.2. Tanto el Consejo de Estado como la Corte Suprema de Justicia, han considerado, de manera unánime y reiterada en la jurisprudencia, que la causal consagrada en los numerales 2º y 1º de los artículos 188 del CCA y 380 del CPC (hoy 250.1 del CPACA y 355.1g del CGP), respectivamente, hace relación únicamente a la prueba documental preexistente a la sentencia objeto de revisión, por lo que, por regla general, no se ha admitido la configuración de dicha causal cuando se trata de otro tipo de pruebas (como testimonios, experticias, informes técnicos o exámenes médicos especializados), o cuando ésta es producida u obtenida de manera posterior a la sentencia que se revisa.

Se dice que por regla general, porque en casos excepcionales, dada la particular situación que se revisa y ante una orden expresa de la Corte Constitucional por vía de tutela, la Corte Suprema de Justicia ha aceptado como prueba para la configuración de la causal, los resultados de exámenes de HLA (prueba científica altamente especializada para probar la filiación), practicados y obtenidos con posterioridad a la culminación del proceso de filiación(10).

4.3. De todas maneras, sobre el alcance e interpretación del artículo 188.2 del Código Contencioso Administrativo, norma similar al artículo 250.1 del CPACA, la sentencia de febrero 26 de 2013(11), recogió y precisó el precedente de la Corporación en la materia, el cual se reitera en la presente providencia.

En ese sentido, de acuerdo con el precedente, para que prospere el recurso extraordinario de revisión por dicha causal, se deben cumplir los siguientes requisitos:

“a) La prueba debe ser documental

Actualmente la norma es clara al referirse expresamente a ‘documentos decisivos’; pero incluso en vigencia del Decreto 2304 de 1989 -que hablaba en general de ‘pruebas decisivas’- la jurisprudencia de esta corporación igualmente interpretaba que se trataba de documentos.(12)

De este modo, queda excluida la posibilidad de estructurar la causal con fundamento en otros medios probatorios, como, por ejemplo, testimonios.(13)

b) La prueba documental se recobra después de la sentencia objeto de revisión

Al emplear el verbo ‘recobrar’ la norma quiere decir que la prueba documental existía, no se tuvo oportunamente por las razones que dice la ley, pero se logró conseguir ya terminado el proceso; ‘De ahí que, inequívocamente, la ley emplee el verbo recobrar y no presentar, aducir o allegar.’(14)

La existencia previa del documento exhibido como requisito de la revisión, fue destacada por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación:

la prueba recobrada es un elemento probatorio nuevo, presentado por el recurrente, que pudiendo ser decisivo para el sentido de la decisión, no fue tenido en cuenta por el fallador, porque el interesado no pudo presentarla oportunamente dentro del proceso, pues sólo fue recuperado luego de proferida la sentencia. Esto implica, que el elemento probatorio existía al tiempo de dictarse la sentencia, pero no fue conocido por el fallador, porque sólo llegó a poder del recurrente con posterioridad a ello.’(15) (se resalta).

Por ello, son inadmisibles en este recurso extraordinario documentos fechados con posterioridad al fallo(16), como tampoco es válido edificar la causal con documentos que, aun siendo anteriores a ésa [sic] providencia, claramente pudieron haber sido aportados o solicitados en las oportunidades procesales correspondientes, pues el recurso extraordinario de revisión no puede aprovecharse para subsanar errores o actitudes negligentes de las partes respecto a la carga probatoria.(17)

c) Las razones para no aportar la prueba documental durante el proceso son expresamente las que dice la ley (fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria) y deben acreditarse en el recurso.

Conviene reiterar lo dicho por esta Sala con relación a la fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:

‘En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al artículo 1 de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es ‘el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.’. La segunda causa -obra de la parte contraria- ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba.’(18)

Al haber calificado expresamente la ley los motivos de la falta de la prueba documental en el proceso, ‘el simple olvido, incuria o abandono de la parte’(19) que habría sido beneficiada con la prueba no constituyen razones válidas para promover la revisión de una sentencia.

También se ha dicho que ‘no basta con una dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente…’(20)

De otra parte, la jurisprudencia advierte que la fuerza mayor, el caso fortuito o la obra de la parte contraria, según el caso, deben probarse(21) y, además, que la prueba debe establecer que verdaderamente fueron esas circunstancias las que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.(22)

d) La prueba documental debe ser de tal entidad que pueda sustentar una decisión distinta a la impugnada.

La norma antes transcrita es clara en señalar que, con la prueba recobrada, el juez hubiera podido proferir una decisión diferente. A partir de ahí, la jurisprudencia ha resaltado la trascendencia que debe tener para el proceso original el documento que no se conoció.(23)(24) (negrillas fuera de texto).

4.4.- Atendiendo al desarrollo jurisprudencial transcrito, son tres, entonces, los elementos que debe demostrar el recurrente para que prospere el recurso extraordinario de revisión, con fundamento en esta causal:

  1. Una condición objetiva, relativa a la prueba: haberse encontrado o recobrado, después de dictada la sentencia, ciertos documentos.
  2. Una condición subjetiva, relativa a la prueba: que tales documentos no pudieron aportarse al proceso por “fuerza mayor o caso fortuito”, o por “obra de la parte contraria”.
  3. Un nexo lógico entre los documentos recobrados y un cambio en la decisión del juez de instancia.
 

4.5. Respecto a la primera condición, esto es, que se haya encontrado o recobrado el documento con posterioridad a la sentencia, se debe insistir, para efectos de decidir el caso concreto, que la prueba en la que se fundamenta el recurso extraordinario de revisión debe existir al momento de proferirse la sentencia objeto de revisión, pues no se trata de mejorar una prueba o de producir otra con posterioridad a dicha sentencia, ya que de ser así nunca habría cosa juzgada.

No otra puede ser la interpretación de los verbos “encontrar” y “recobrar”, que usó el legislador en la redacción de la causal contenida en el artículo 250.1 del CPACA, y del hecho de que supedite la prosperidad de la causal a que el documento no haya podido aportarse al proceso ordinario por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria —no a la inexistencia del mismo—.

4.6. En ese sentido, son inadmisibles los documentos fechados con posterioridad al fallo que se revisa, pues el legislador no previó dicho evento como una causal de revisión.

Recuérdese que al ser el recurso extraordinario de revisión una modulación de la seguridad jurídica que representan las sentencias ejecutoriadas, se reputa como un medio excepcional de impugnación de las providencias amparadas por el principio de cosa juzgada. Por eso, la interpretación de las causales previstas de manera taxativa en la ley, debe atender a su literalidad.

4.7. Respecto a la segunda condición, esto es, la debida comprobación de la configuración del caso fortuito o fuerza mayor o de la culpa de la parte contraria, que impidió que la prueba documental pudiera aportarse en las instancias correspondientes, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado:

“De manera que, la debida justificación de las razones o motivos por los cuales la pruebas no pudieron ser tenidas en cuenta en el proceso ordinario, es un presupuesto para la prosperidad de la causal invocada que no cumple la prueba aportada dentro del presente recurso.

En efecto, si la falta en el expediente del documento no obedeció a fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte demandada, sino al simple descuido de quien debía hacerlo oportunamente, no se puede a través [sic] del recurso extraordinario de revisión subsanar esa omisión, alegando como pruebas ‘recuperadas’ las que de ninguna manera tienen esa característica.(25) (negrillas propias).

En ese sentido, no basta sólo con alegar la imposibilidad de aportar el documento que se dice decisivo para el proceso ordinario, sino que es un requisito indispensable para la prosperidad del recurso extraordinario de revisión, que se demuestre fehacientemente la configuración de un caso fortuito o fuerza mayor o la culpa de la parte contraria y su nexo causal con la omisión de aportar dicha prueba en la oportunidad procesal pertinente.

4.8. Finalmente, se insiste en que la prueba con la cual se pretende invalidar la sentencia recurrida en revisión, debe tener la virtualidad suficiente para que en el caso de haber sido aducida oportunamente, el fallador hubiera resuelto en un sentido totalmente diferente, es decir, fallando favorablemente a las peticiones o a la defensa planteada en el proceso, según el caso, por quien recurre el fallo en vía extraordinaria.

Así las cosas, no es procedente una prueba, que de ser considerada, podría invalidar uno de los argumentos en los cuales se funda el fallo recurrido, pues se dejarían incólumes las demás razones que tuvo en cuenta el juez para tomar la decisión(26).

Como lo ha sostenido esta corporación, “la característica esencial de esos documentos, no es tan solo la de tener alguna relación con la controversia o que revelen una nueva perspectiva del debate, sino que ellos una vez descubiertos o recobrados, hagan que la decisión preexistente resulte insostenible, de modo que no se trata de la aparición de un documento cualquiera sino de uno determinante para la suerte del litigio”(27).

5. Análisis del caso concreto

De acuerdo con las premisas expuestas, los supuestos de la causal prevista en el artículo 250.1 del CPACA no se configuran en el presente caso, por las siguientes razones:

5.1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 del Código General del Proceso(28) –antes 251 del Código de Procedimiento Civil-, las providencias judiciales son documentos públicos.

No obstante, únicamente tienen carácter probatorio cuando se pretende demostrar la existencia misma de la sentencia y/o el hecho reconocido o declarado en esta, por ejemplo, la filiación, la unión marital de hecho, la interdicción, la invalidez de una norma o acto, la existencia de una condena pecuniaria, la consolidación de un derecho, entre otros.

Por el contrario, cuando se utilizan los argumentos expuestos en las consideraciones de una providencia para atacar otra decisión judicial, como sucede en el caso concreto, no estamos propiamente frente a una prueba documental, por lo que no es dable fundamentar, en dichos motivos, la causal de revisión de sentencias prevista en el artículo 250.1 del CPACA, pues más que la existencia de una “prueba documental”, de lo que se trata es del desconocimiento del precedente judicial.

5.2. Las consideraciones precedentes son suficientes para declarar no próspero el presente recurso.

Pero, en caso de que, en gracia de discusión, se admitiera que la providencia del 25 de julio de 2013, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el proceso con radicado 25000-23-27-000-2009-00053-01, tiene carácter probatorio para el propósito del presente recurso, debe advertirse que no se trata de una prueba encontrada, recobrada o recuperada, respecto de las sentencias del 29 de julio de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00213-01) y 27 de mayo de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00496-01), toda vez que la notificación de aquella se surtió por edicto, el 14 de agosto de 2013, esto es, con posterioridad a que se profirieran las sentencias objeto de revisión.

5.3.- Si bien frente a las sentencias del 30 de agosto de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00582-01), 9 de noviembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00134-01) y 19 de diciembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00315-01), podría calificarse el documento aducido por el recurrente como “recobrado”, toda vez que al momento de la expedición de las sentencias objeto de revisión ya se había proferido la del Consejo de Estado, no se cumple con el segundo de los presupuestos indispensables para que se configure esta causal: que se demuestren las circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito o culpa de la parte contraria que dieron lugar a que el documento que se aduce como recobrado no pudiera ser aportado al proceso ordinario.

En el recurso extraordinario de revisión, el municipio de Girardot ni siquiera explica los motivos por los cuales no pudo aportar a los diferentes procesos ordinarios, la sentencia en la que fundamenta sus actuales pretensiones, que se profirió en un proceso de simple nulidad en el que también era demandado. Por ende, al conocer de primera mano la decisión adoptada, se descarta per se, ante la falta de prueba, la configuración de fuerza mayor o caso fortuito o la culpa de la parte contraria.

En esas condiciones, el recurso no tiene vocación de prosperidad, pues esta no es la oportunidad para aportar y alegar pruebas y hechos que hubieran debido y podido aportarse y alegarse en el trámite del proceso ordinario. No se trata de remediar una inactividad o negligencia en el diligenciamiento de la prueba, sino de corregir la causa insuperable en que estuvo el recurrente de hacer valer la prueba dentro del proceso.

5.4. Adicionalmente, si se hiciera abstracción de lo anterior, el recurso tampoco estaría llamado a prosperar, toda vez que si bien es cierto que el Consejo de Estado, mediante sentencia del 25 de julio de 2013 (radicado 25000-23-27-000-2009-00053-01), se pronunció sobre la legalidad del Acuerdo 015 de 2007, no es menos cierto que, para ese momento, dicho acto ya había sido excluido del mundo jurídico por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en los procesos con radicados 25000-23-27-000-2009-00055-01 y 25000-23-27-000-2009-00054-01, mediante sentencias anulatorias del 6 y 21 de octubre de 2010 –anteriores a aquella del Consejo de Estado-, respectivamente, que actualmente se encuentran ejecutoriadas.

Téngase en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Código Contencioso Administrativo—–hoy 189 del CPACA—, la sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tiene fuerza de cosa juzgada erga omnes, mientras que la que niega la nulidad, produce cosa juzgada erga omnes solo en relación con la causa petendi juzgada.

En ese sentido, como no se conoce la causa petendi de las decisiones adoptadas por el Tribunal, ni las razones que dieron lugar a la declaratoria de nulidad del Acuerdo 015 de 2007, no es posible afirmar que la prueba que se aduce sea decisiva.

5.5.- De otro lado, no puede perderse de vista que las decisiones del Tribunal no fueron objeto del recurso de apelación ante esta Corporación, a fin de que fuera revisada la decisión de nulidad adoptada, por culpa imputable únicamente al municipio de Girardot.

Revisada la información suministrada por la Empresa de Energía de Cundinamarca en el escrito de oposición al presente recurso, se pudo constatar en la página web de la Rama Judicial que:

  1. Mediante sentencia del 6 de octubre de 2010 (radicado 25000-23-27-000-2009-00055-01), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Acuerdo 015 de 2007. En el trámite de segunda instancia, esta Sección aceptó el desistimiento del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante –el municipio de Girardot no apeló la sentencia- y declaró en firme la sentencia del tribunal.
  2. Mediante sentencia del 21 de octubre de 2010 (radicado 25000-23-27-000-2009-00054-01), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló el artículo 1º del Acuerdo 015 de 2007 y como el recurso de apelación interpuesto por el municipio de Girardot fue declarado desierto, la sentencia quedó en firme.
 

5.6. Por todo lo expuesto, se procederá a declarar infundado el presente recurso extraordinario de revisión, ya que no se logró demostrar que las sentencias del 29 de julio de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00213-01), 27 de mayo de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00496-01), 30 de agosto de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00582-01), 9 de noviembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00134-01) y 19 de diciembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00315-01), proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, estuvieran incursas en la causal de revisión prevista en el artículo 250.1 del CPACA.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Por lo expuesto en la parte motiva de esta providencia, se DECLARA INFUNDADO el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el municipio de Girardot, contra las sentencias del 29 de julio de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00213-01), 27 de mayo de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00496-01), 30 de agosto de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2010-00582-01), 9 de noviembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00134-01) y 19 de diciembre de 2013 (radicado 25307-33-31-703-2011-00315-01), proferidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha».

(1) Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Sección Cuarta. Subsección A. Magistrada ponente: Stella Jeannete Carvajal Basto. Radicado: 25000-23-27-000-2009-00054-01.

(2) Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de julio de 2013. Radicado: 25000-23-27-000-2009-00053-01.

(3) En el escrito de oposición se cita erróneamente la sentencia como de fecha del 12 de septiembre de 2014, cuando en realidad es del 14 de agosto de ese año.

(4) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril 27 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1999-0194-01(REV). C.P. María Inés Ortiz Barbosa. En igual sentido. Sentencia de junio 1 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-2002-01259-01. C.P. Ligia López Díaz.

(5) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de abril febrero 26 de 2013. Radicado: 11001-03-15-000-2009-00050-00(REV). C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

(6) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de julio 12 de 2005. Expediente REV-00143. C.P. María Claudia Rojas Lasso.

(7) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de diciembre 1 de 1997. Radicado: REV-117. M.P. Libardo Rodríguez Rodríguez. En igual sentido: Sentencia marzo 30 de 2004. Radicado: 11001-03-15-000-1997-0145-01(REV). C.P. Darío Quiñones Pinilla.

(8) Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de mayo 7 de 2013. Radicado: 2010-00038-00(REV). C.P. Mauricio Torres Cuervo.

(9) Ver, entre otras, sentencias de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia del 12 de noviembre de 1974, 25 de noviembre de 1986, 27 de marzo de 1987, 16, 19 y 30 de septiembre de 1996, 14 de enero de 1998, 22 de septiembre de 1999, 4 de diciembre de 2000 y 16 de febrero de 2004; criterio reiterado además en los autos de 19 de enero de 1994, 22 de junio y 15 de marzo de 1994.

(10) Al respecto, se puede consultar la sentencia del 5 de diciembre de 2012 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, magistrado ponente: Fernando Giraldo Gutiérrez, radicado: 11001-02-03-000-2003-00164-01, y la sentencia del 25 de junio de 2009 de esa misma Corporación, radicado: 2005-00251.

(11) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de febrero 26 de 2013. Radicado: 11001-03-15-000-2008-00638-00(REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(12) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 26 de febrero de 1986, Rad. 004, de 18 de junio de 1991, Rad. REV-016 y de 12 de julio de 2005, Rad. 1997-00143-02.

(13) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 20 de septiembre de 2007, Rad. 1987-02 y Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2008, Rad. 1716-06.

(14) Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 18 de diciembre de 1986, Rad. 2724.

(15) Sentencia de 12 de julio de 2005, Rad. 1997-00143-02.

(16) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117 y 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236(REV).

(17) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de mayo de 1994, Rad. REV-054, 1º de diciembre de 1997, Rad. REV-117, 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09.

(18) Sentencia de 8 de noviembre de 2005, Rad. 1999-00218.

(19) Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07.

(20) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).

(21) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).

(22) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió aportarlos en su momento.

(23) Cfr. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 12 de julio de 2005, Rad. 1997-00143-02(REV), 12 de julio de 2005, Rad. 2000-00236 y 26 de febrero de 1986, Rad. 004. Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 7 de abril de 2011, Rad. 0242-09.

(24) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de febrero 26 de 2013. Radicado: 11001-03-15-000-2008-00638-00(REV). C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(25) Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de octubre 18 de 2005. Radicado: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV). C.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(26) Cfr. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 18 de octubre de 2005. Consejera ponente: María Nohemí Hernández Pinzón. Radicación número: 11001-03-15-000-1999-00226-01(REV).

(27) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de febrero de 2011. Consejero ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila. Radicación número: 27001-23-31-000-2003-00301-01(1287-08).

(28) “ART. 243.—Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo, se denomina escritura pública.” (negrillas propias).