Sentencia 2014-00032/1630-2015 de enero 31 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Rad.: 170012333000201400032 01 (1630-2015)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Referencia: acción de nulidad y restablecimiento del derecho

Actor: Juan Carlos Sánchez Cañón

Accionado: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN

Trámite: apelación sentencia - Ley 1437 de 2011

Asunto: nulidad y restablecimiento del derecho contra acto que sancionó a funcionario de la DIAN por celebrar a nombre de esa entidad un contrato público de prestación de servicios con otro funcionario –se infringió la prohibición consagrada en el artículo de la Ley 80 de 1993–.

Decisión: confirma sentencia que niega pretensiones de la demanda.

Fallo segunda instancia

Bogotá, D. C., treinta y uno de enero de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Planteamiento del problema jurídico

Atendiendo a los argumentos planteados en el fallo de primera instancia y al escrito de apelación, corresponde a la Sala establecer si en el caso del demandante:

i) ¿Hubo vulneración al debido proceso en relación con los términos legales de la indagación preliminar e investigación disciplinaria?

ii) ¿La autoridad disciplinaria incurrió en error al calificar la conducta del actor como constitutiva de dolo?

iiii) ¿La autoridad disciplinaria incurrió en vulneración del derecho a la igualdad y a la proporcionalidad de la sanción?

A continuación la Sala expondrá por orden de importancia los aspectos regulativos generales de cada uno de los problemas jurídicos para luego con base en ellos resolver los cargos de la apelación.

2.1. Resolución del primer problema jurídico - la vulneración del debido proceso en relación con los términos de la indagación preliminar y de la investigación disciplinaria.

El actor señala en el recurso de apelación que, el a quo no tuvo en cuenta la vulneración del debido proceso disciplinario pese a que la autoridad sancionadora se excedió en los términos de la indagación preliminar y de la investigación, en consecuencia la Sala considera necesario abordar los siguientes temas: i) el marco jurídico de los términos de la etapa de instrucción disciplinaria y ii) el análisis del cargo de apelación.

(i) El marco jurídico de los términos de la etapa de instrucción disciplinaria.

La Corte Constitucional(19) ha sido insistente en precisar la importancia que tiene para la conservación de las garantías del debido proceso el señalamiento de etapas claras y precisas dentro de las cuales estas se desarrollen, al punto que el cumplimiento de aquellas por parte de la autoridad encargada de adelantar un trámite administrativo y/o judicial, constituye base fundamental para la efectividad de los derechos de los ciudadanos. La consagración de los términos procesales lleva implícito el derecho a recibir una pronta y oportuna decisión de las autoridades, en otras palabras, a que los asuntos puestos en conocimiento de aquellas se resuelvan sin dilaciones injustificadas(20).

Sin embargo, ese mismo Tribunal(21) señaló que la inobservancia “per se” de un término procesal no da lugar a la invalidez del procedimiento sancionatorio, en la medida en que, es necesario que se valoren las circunstancias en que tal situación ocurrió y si con ello se afectó el derecho de defensa del investigado. En relación con lo anterior esta Sala(22) también ha precisado que, sin desconocer el derecho que tiene el inculpado de resolver oportunamente su situación disciplinaria, el vencimiento de los plazos no implica la pérdida de competencia para actuar ni genera nulidad del proceso disciplinario.

(ii) Análisis del primer cargo de apelación

El apelante afirma que el a quo no tuvo en cuenta que la autoridad disciplinaria incurrió en vulneración del debido proceso, porque: a) se excedió en los términos de la indagación preliminar e investigación disciplinaria y, b) realizó prorrogas injustificadas de esas etapas y practicó pruebas por fuera del plazo legal.

Está probado en el expediente que la Subdirección de Gestión de Control Disciplinario Interno de la DIAN, mediante: 1) auto de 26 de agosto de 2008 dio apertura a la indagación preliminar; 2) auto de 29 de enero de 2010 abrió la investigación disciplinaria; 3) auto de 10 de agosto de 2010 ordenó la prórroga de la investigación disciplinaria y decretó la práctica de pruebas, y 4) auto de 23 de noviembre de 2010 profirió pliego de cargos contra del demandante.

De acuerdo con lo anterior es claro que, en el caso del actor la indagación preliminar y la investigación disciplinaria se prolongaron durante 17 meses y 10 meses respectivamente, pese a que de conformidad con las normas señaladas que el acápite previo de esta providencia, estas etapas tienen en principio un plazo de seis (6) meses, salvo la posibilidad de prórroga que para la primera puede ser de hasta seis meses (6) y para la segunda hasta por la mitad del termino inicial –tres (3) meses–, por lo tanto es evidente que la autoridad disciplinaria aun con las prórrogas excedió el plazo legal.

Sin embargo, tal y como lo ha afirmado de manera reiterada la jurisprudencia del Consejo de Estado para que una irregularidad en el trámite de la etapa de instrucción disciplinaria –indagación preliminar e investigación disciplinaria– tenga la virtud de dar lugar a la nulidad del acto administrativo sancionatorio por violación del debido proceso –y en especial por exceso en los términos establecidos para las etapas procesales– debe haber afectado las garantías sustanciales del investigado y tenido la virtud de haber dado lugar a que la autoridad disciplinaria hubiese tomado una decisión diferente.

En el presente caso, de las piezas procesales que obran en el expediente(23), se observa que, la duración adicional de cinco (5) meses –contados desde el vencimiento de la prorroga– en la indagación preliminar y de un (1) mes –contado desde el vencimiento de la prórroga– en la investigación disciplinaria, tuvo sustento en la necesidad de practicar las pruebas decretadas en los actos de apertura de indagación y de investigación, las cuales no se habían podido materializar por circunstancias ajenas a la autoridad disciplinaria, tales como: 1) la necesidad de ordenar despachos comisorios para la recepción de las declaraciones los investigados y testigos que no residían en la sede la autoridad instructora; 2) las distancias para las notificaciones personales de los varios implicados y 3) la necesidad de practicar pruebas solicitadas por los investigados a efectos de salvaguardar su derecho de defensa.

En estos términos, como se expuso en el acápite previo de esta providencia, el exceso en los plazos de instrucción –incluyendo por su puesto sus prorrogas y los motivos de las mismas–, solo tiene la virtud de dar lugar a la nulidad del acto sancionatorio si tal situación a su vez dio lugar a que el investigado perdiera la posibilidad de ejercer sustancialmente la garantía fundamental de defensa, evento que no ocurrió en el presente caso, pues el ahora demandante luego del cierre de la etapa instructiva, tuvo la oportunidad de presentar descargos(24), alegatos(25), solicitar pruebas de descargos(26) y rebatir el mérito de las pruebas recabadas por el funcionario instructor.

En ese orden de ideas, teniendo presente que las irregularidades en la aplicación de los términos no genera automáticamente la nulidad del acto disciplinario, los argumentos de apelación del actor destinados a rebatir el sustento jurídico y fáctico de las prórrogas de la etapa instructiva así como la supuesta práctica de pruebas por fuera del término de ésta(27) no están llamados a prosperar, dado que era condición indispensable la demostración de la afectación del ejercicio del derecho defensa, lo cual no se acreditó.

Aceptar la tesis del actor, según la cual el exceso en los términos de instrucción por si solo da lugar a la nulidad del acto sancionatorio, implicaría sacrificar el principio de la justicia material en beneficio de irregularidades que no afectan en el núcleo esencial de las garantías contenidas en el derecho al debido proceso y propiciar de esa forma una patente de corso para defraudar las finalidades del proceso disciplinario administrativo y de su control material a través de la jurisdicción contenciosa administrativa.

Por esta razón de tiempo atrás la Sala ha tratado de morigerar el principio de justicia material –que rige para los procesos y actuaciones de las todas las autoridades públicas– y las garantías del debido proceso, encontrando como punto de quiebre de este último la demostración de que las irregularidades procesales impidieron el ejercicio pleno de la defensa, pues si esto no ocurre entiende que son inanes para efectos anulatorios. Así las cosas, entiende las Sala que el cargo de apelación bajo análisis no tiene vocación de prosperidad.

2.2. Resolución del segundo y tercer problema jurídico - la calificación de la falta a través de la gradación de la culpabilidad por parte de la autoridad disciplinaria y la proporcionalidad.

El actor señala –en general– en el recurso de apelación que el a quo erró al dar por acertado el grado de culpabilidad –dolo– con el cual la autoridad disciplinaria calificó su conducta y al considerar que no hubo vulneración de los principios de proporcionalidad e igualdad en determinación de la sanción. La Sala considera necesario para resolver este cargo de apelación, abordar los siguientes temas: i) el marco jurídico de la culpabilidad en materia disciplinaria y ii) el análisis de los cargos de apelación.

(i) El marco jurídico de la culpabilidad en materia disciplinaria.

En materia disciplinaria la responsabilidad implica el análisis de la conducta del sujeto disciplinable desde tres (3) diversos factores, a saber la tipicidad(28), la ilicitud sustancial(29) y la culpabilidad(30), los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario adquieren connotaciones especiales diferentes a los decantados por otras manifestaciones del ius puniendi del Estado(31).

Este último factor –la culpabilidad– está expresamente regulado en el artículo 13 de la Ley 734 de 2002, el cual dispone que en materia disciplinaria queda proscrita toda forma de responsabilidad objetiva y las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa lo cual significa en términos de la jurisprudencia constitucional que “El titular de la acción disciplinaria no solamente debe demostrar la adecuación típica y la antijuridicidad de la conducta, pues ésta debe afectar o poner en peligro los fines y las funciones del Estado, sino también le corresponde probar la culpabilidad del sujeto pasivo manifestando razonadamente la modalidad de la culpa”(32), principio legal que deriva del mandato consagrado en el artículo 29 superior en virtud del cual “Toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable”.(33)

Atendiendo a lo anterior, como se puede observar el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 –antes trascrito–, no trae una descripción conceptual de la culpabilidad es decir no define que debe entenderse por tal sino que consagra una regla de prohibición –no puede haber responsabilidad objetiva– y los grados o niveles que la componen, esto es el dolo y la culpa.

El contenido de los grados de culpabilidad sancionables en materia disciplinaria –dolo y culpa–, puede establecerse, como lo ha definido previamente la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo(34), para el dolo atendiendo al código penal –por remisión expresa del artículo 21 de la Ley 734 de 2002– y para la culpa de conformidad con el artículo 44 –parágrafo– de la Ley 734 de 2002 en el cual se definen los conceptos de culpa gravísima –ignorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento– y culpa grave –inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones–, tal y como se describe en el siguiente cuadro:

Culpabilidad en materia disciplinaria
 Forma de culpabilidadDescripciónSustento jurídico
1DoloConocimiento de los hechos constitutivos de la infracción y querer su realización. (Conocimiento y voluntad). Artículo 22 de la Ley 599 de 2000 –Código Penal–.
2Culpa gravísimaIgnorancia supina, desatención elemental o violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento.Ley 734 de 2002, artículo 44, parágrafo.
3Culpa grave Inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones.Ley 734 de 2002, artículo 44, parágrafo.

En ese orden, es en el análisis de la culpabilidad donde se valora el aspecto subjetivo de la conducta, por lo tanto atendiendo a lo anterior y al contenido del artículo 13 de la Ley 734 de 2002 –antes transcrito–, es este factor el que determina si en un caso concreto se aplicó o no responsabilidad objetiva y para el cual en nada influye o tiene importancia a efectos de responsabilidad la causación o no de un daño.

Por esto, cuando en una decisión de la autoridad disciplinaria no existe referencia alguna a la valoración subjetiva de la conducta del sujeto disciplinable, en otras palabras cuando se estructura la responsabilidad sin un estudio por lo menos formal de la culpabilidad estamos ante una aplicación de responsabilidad objetiva prohibida por el artículo 13 de la Ley 734 de 2002 y, en ese miso orden, cuando a pesar del estudio formal de la culpabilidad de las pruebas del expediente se desprende que la conducta no fue cometida dentro de los grados de culpa descritos por la ley estamos ante la ausencia de culpabilidad en los términos del artículo 44 –parágrafo– de la Ley 734 de 2002. Lo anterior se resume en el siguiente esquema:

Contenido del factor “culpabilidad” en la responsabilidad disciplinaria. (Análisis desde el aspecto subjetivo de la conducta).
1Análisis formal Ley 734 de 2002, articulo 13. Debe constar en la decisión disciplinaria el análisis de la subjetivo de la conducta so pena de incurrir en responsabilidad objetiva.
2Análisis materialEl análisis subjetivo de la conducta además debe permitir que esta se subsuma en las descripciones de culpa del artículo 44 –parágrafo– de la Ley 734 de 2002 y/o de dolo del Código Penal –con la salvedad realizada por la Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado–, so pena de ausencia de culpabilidad.

Atendiendo a los parámetros establecidos en líneas anteriores de esta providencia, la Sala abordará en concreto el análisis de los cargos de apelación segundo y tercero.

(ii) Análisis del segundo y tercer cargo de apelación.

Como se estableció en el acápite anterior de esta providencia, el apelante afirma que el a quo incurrió en error al aceptar como válida la calificación dolosa de la conducta y la proporcionalidad de la sanción impuesta por la autoridad disciplinaria.

En el fallo disciplinario de primera instancia, se señaló que la falta disciplinaria fue cometida a título de dolo, teniendo como sustento jurídico lo siguiente:

“Como punto de partida se deben analizar los fundamentos teóricos del dolo. Esta modalidad de culpabilidad tiene dos elementos estructurales, el cognitivo y el volitivo. El aspecto cognitivo hace referencia al conocimiento de antijuridicidad de la conducta, es decir, sobre los hechos constitutivos de la infracción, ya sea que ésta se materialice por acción u omisión. El elemento volitivo, es la voluntad libre de la gente dirigir su comportamiento. (…).

Bajo este postulado y analizada de manera conjunta la conducta los disciplinados debe decirse que esta instancia comparte la graduación efectuada en ese proveído, toda vez que lo que se evidencian el trámite procesal es la decisión consciente de la administración de contratar con su propio servidor, pues desde el principio la primera opción de contratación fue PUNTO LITOGRAFICO, establecimiento comercial que siempre estuvo dentro el patrimonio del señor Diego Chica, quien en su calidad de propietario advirtió de la inhabilidad en la que estaba en curso, sin embargo contrariando la ley, ninguno hizo caso a tal circunstancia, pretendiendo ahora escudarse en errores fundados que de haber existido pudieron ser conjurados en el trámite contractual con la simple lectura de la norma o de la documentación, esto es, para la ilegalidad cometida se presenta un argumento inocuo e inverosímil, que sobre todo en materia de contratos estatales no puede ser aceptado toda vez que en tratándose de dineros públicos las previsiones y cuidados deben ser extremos, sobre todo por el operador del gasto quien sabiéndose por ley responsable del proceso, sólo con su consentimiento puede permitir las desviaciones contractuales en cuanto se refiere a datos tan objetivos como el presentado en la orden de servicios Nº 006-2008. (…).

Por su parte el señor Juan Carlos Sánchez, sostuvo tratos directos y efectivos con el señor Diego Fernando Chica, a quien le aseguró no existía inhabilidad alguna para contratar a pesar de estar consciente de su calidad de servidor público y fue con él con quien adelantó todas las etapas contractuales, además se ha demostrado que el disciplinado tenía una vasta experiencia en el desempeño de la jefatura de recursos físicos y financieros, la cual ostentaba desde el 16 de agosto de 2005, que le imponía el conocimiento de los trámites y disposiciones propias de la contratación, empero, a pesar de ello tramitó el contrato de marras intentando ampararse en un desconocimiento normativo, paradójicamente de una norma que él mismo cita para decir en su defensa que no dice lo que ahí dice.

Por su parte, la conducta típica y sustancialmente antijurídica del servidor público Juan Carlos Sánchez, resulta consciente y querida pues no es argumento aceptable que luego de tres años desempeñando el cargo de jefe de la división de recursos físicos y financieros y la celebración de 27 contratos de mínima cuantía, para el año 2008 aún desconociera el contenido de la Ley 80 de 1993 que regulan la forma y requisitos de la contratación estatal desde el año 1993, cuando precisamente en la elaboración de los contratos y las tareas propias de la contratación en la DIAN - Manizales, que estaban bajo su cargo”(35).

De acuerdo con lo anterior se observa que la autoridad disciplinaria de primera instancia: 1) estableció jurídicamente que el nivel de culpabilidad doloso –conocimiento de la ilicitud y voluntad– era el aplicable al actor –y a los demás funcionarios que fueron investigados por los mismos hechos–, 2) expuso los argumentos por los cuales la conducta del demandante encajaba en el referido nivel de culpabilidad teniendo como presupuesto el conocimiento de las inhabilidades contractuales, dada su experiencia en el cargo adelantando las tareas de contratación, la tramitación de contratos en oportunidad anteriores, el trato y conocimiento personal con el señor Diego Fernando Chica y su calidad de servidor así como 3) la voluntad consiente de tramitar el contrato estatal pese a la existencia de la inhabilidad.

Para la Sala, los argumentos expuestos por la autoridad disciplinaria de primera instancia para establecer el nivel de culpabilidad –avalados por el tribunal a quo–, son válidos pues se reflejan en las pruebas que obran en el expediente, tales como: 1) los informes de las visitas realizadas a la administración local de impuestos y aduanas nacionales de Manizales(36); 2) documentos del contrato de prestación de servicios(37), a saber, el estudio de conveniencia y oportunidad de contratación firmado por el señor Juan Carlos Sánchez Cañón, la factura de venta del establecimiento Punto Litográfico, la cotización del establecimiento de comercio Punto Litográfico; 3) el Certificado de Cámara de Comercio de Manizales donde se expresa que el señor Juan Carlos Chica es el propietario del establecimiento de comercio Punto Litográfico(38) y 4) las versiones libres del demandante –Juan Carlos Sánchez Cañón(39)– y del señor Diego Fernando Chica(40), donde claramente se expresa que conocía de la inhabilidad.

En ese orden de ideas, las documentales antes citadas, permiten establecer que el actor conocía la ilegalidad de su conducta –en la medida en que sabía de la inhabilidad en la cual estaba incurso el contratista– y aun así dirigió su conducta hacia la celebración del contrato estatal, lo cual demuestra que su actuar fue doloso. Así las cosas la conducta del actor no podía encajar dentro del concepto jurídico de culpa grave esgrimido en la demanda, pues aquella –la culpa grave– está descrita en el artículo 44 (parágrafo) de la Ley 734 de 2002 como “inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones”, y sus acciones no fueron simplemente negligentes sino voluntarias y consientes, siendo evidente que, otros funcionarios en su misma situación –circunstancias de tiempo modo y lugar– fácilmente habrían actuado de manera distinta, sin que para estos efectos –como se indicó en el acápite previo de esta providencia– sea relevante la causación o no de daño.

En cuanto al argumento de vulneración de la proporcionalidad e igualdad, es pertinente señalar que la autoridad disciplinaria en el fallo de primera instancia expuso:

“8. CALIFICACIÓN DE LA FALTA.

En el pliego de cargos proferido, se imputó provisionalmente a los disciplinados y Liliana Josefa Gallego Ramírez y Juan Carlos Sánchez Cañón, la comisión de falta gravísima, ya que sus conductas configuraron la realización objetiva de una descripción típica consagrada en la ley. (…)

Por su parte en cuanto tiene que ver con el señor Diego Fernando Chica Aguirre, la conducta por él realizada tiene que ver con la incursión en inhabilidades, según las voces del artículo 50 de la Ley 734 de 2002.

Atendiendo a ello, la falta puede ser grave o leve; en el pliego de cargos proferido luego de realizar el análisis de los criterios legales de graduación establecidos en el artículo 43 de la Ley 734 de 2002, la falta fue provisionalmente tenida como grave. (...).

Por otra parte se evidencia que al momento de la comisión de la falta tanto Liliana Gallego Ramírez como Juan Carlos Sánchez pertenecían al nivel directivo y/o ejecutivo de la entidad, situación que les imponía con mayor autoridad el respeto por la ley y los procedimientos pues contaban con 1° más alto de confianza dentro de la organización; estas anotaciones inciden en la valoración de la sanción, habida cuenta que quienes ostentan tales cargos no sólo son los llamados a ejercer control sobre los demás servidores, sino también quiénes con su actuar deben dar ejemplo de comportamiento compatible con los principios constitucionales y legales que rigen la función pública. (...)

Así las cosas con fundamento en esta preceptiva hay que decir que el señor Diego Chica, no fue sancionado disciplinaria ni fiscalmente, dentro de los cinco años anteriores a la Comisión de la conducta que en este trámite sumario se investigó, situación que debe tenerse como criterio a su favor; al igual que el hecho de no intentar atribuirle de manera infundada a un tercero la responsabilidad, ni pertenecer al nivel directivo o ejecutivo de la entidad(41).

La trascripción anterior, permite establecer que la autoridad disciplinaria señaló las razones jurídicas y fácticas por las cuales al actor Juan Carlos Sánchez Cañón se le impuso una sanción mayor respecto del señor Diego Fernando Chica, resumiéndose estas en que las conductas de cada uno de ellos –por la actuación particular así como por el poder de dirección y manejo desplegado en el contrato estatal cuestionado– encajan en faltas de diferente gravedad, las cuales en atención al nivel del empleo ostentado dentro de la DIAN, dan lugar sanciones distintas, sin que se observe del contendió del acto disciplinario ni de las pruebas del expediente que esto obedeció a alguna de las circunstancias expresadas en la demanda –tales como la supuesta afiliación a un sindicato–.

Finalmente en cuanto al argumento de apelación, en el cual el actor insiste en que hubo prejuzgamiento en el pliego de cargos, la Sala debe señalar que ese acto no es no es definitivo, por lo cual en principio no sería objeto de conocimiento de esta jurisdicción, salvo cuando los defectos señalados se trasladen a los actos administrativos sancionatorios y hayan trascendido en una afectación de la garantía de defensa del investigado. En el presente caso, las afirmaciones de la autoridad disciplinaria en el pliego de cargos(42) solo reflejan el cumplimiento de los requisitos exigidos por el artículo 163 de la Ley 734 de 2002(43), sin que para el presente asunto por esa razón y menos por la utilización de un leguaje asertivo o contundente, pueda hablarse técnicamente de prejuzgamiento o de una vulneración de la garantía de defensa del investigado. En consecuencia los cargos de apelación bajo análisis no están llamados a prosperar.

Así las cosas, tras el análisis de las pruebas que obran en el expediente no observa la Sala la configuración de los cargos de impugnación presentados por el recurrente, motivo por el cual la sentencia apelada que negó las pretensiones de la demanda amerita ser confirmada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley.

III. FALLA:

CONFÍRMASE, en su integridad la sentencia de 9 de marzo de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas, que negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por el señor Juan Carlos Sánchez Cañón contra la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

19 Corte Constitucional, Sentencia C-181 de 12 de marzo 2002, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

20 Corte Constitucional, Sentencia C-728 de 21 de junio de 2000, M. P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

21 Corte Constitucional, Sentencia SU-901 de 1º de septiembre de 2005. Sala Plena. “Del sólo hecho que un término procesal se inobserve, no se sigue, fatalmente, la conculcación de los derechos fundamentales de los administrados pues tal punto de vista conduciría al archivo inexorable de las investigaciones por vencimiento de términos y esto implicaría un sacrificio irrazonable de la justicia como valor superior y como principio constitucional. De allí que la afirmación que se hace en el sentido que se violaron derechos fundamentales por la inobservancia de un término procesal no deba ser consecuencia de una inferencia inmediata y mecánica, sino fruto de un esfuerzo en el que se valoren múltiples circunstancias relacionadas con el caso de que se trate, tales como la índole de los hechos investigados, las personas involucradas, la naturaleza de las pruebas, la actuación cumplida tras el vencimiento del término y la incidencia de tal actuación en lo que es materia de investigación. (…) Si bien en el proceso disciplinario adelantado contra el actor se desconoció el término legalmente fijado para la investigación preliminar, tal irregularidad no afectó ni el debido proceso ni el derecho de defensa y por ello no puede haber lugar al amparo constitucional de tales derechos y a la declaratoria de invalidez de lo actuado”.

22 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. Sentencia de 18 de octubre de 2007 Exp. 760012331000200303595 01 (2250-2006). C. P. Alejandro Ordóñez Maldonado. Actor: Nelly Caicedo Lourido. Ver también, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. C. P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Sentencia de 8 de noviembre de 2007. Radicación 47001-23-31-000-2001-00955-01(3834-04). Actor: Antonio Rafael Vives Cervantes. Demandado: Procuraduría Delegada para la Vigilancia Judicial.

23 Ver expediente cuaderno 6.

24 Folio 177 del expediente –cuaderno 3–. Descargos del señor Juan Carlos Sánchez Cañón.

25 Folio 369 del expediente –cuaderno 3–. Alegatos de conclusión del señor Juan Carlos Sánchez Cañón.

26 Folio 249 del expediente –cuaderno 3–. Auto de 1º de marzo de 2011, por medio del cual se decretan ni niegan pruebas a solicitud de la parte disciplinada.

27 Folio 328 del expediente –cuaderno 3–. Auto de 22 de junio de 2011, por medio del cual se cierra el periodo probatorio.

28 Artículo 4º; 23; 43 # 9; 184 # 1 C.D.U.

29 Artículo 5º C.D.U.

30 Artículo 13; 43 # 1; 44 parágrafo C.D.U.

31 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”. Consejera ponente: Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia de 19 de febrero 2015. Expediente 11001-03-25-000-2012-00783-00. Demandante: Alfonso Ricaurte Riveros. En esta providencia la Subsección identificó y analizó los factores que determinan la responsabilidad explicando la forma como estos influyen en la determinación de la sanción así como las diferencias en relación con el derecho penal.

32 Ibidem.

33 Sentencia C-155 de 2002, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.

34 Consejo de Estado, Sala Plena Contenciosa del Consejo de Estado. C. P. Sandra Lisset Ibarra Vélez, Auto de marzo de 2015, Radicado 2014-03799-00. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. En esta providencia la Sala Plena Contenciosa Administrativa del Consejo de Estado analizó el factor “culpabilidad” y estableció que el contenido de los conceptos culpa grave y culpa gravísima tienen contenido propio en el artículo 44, parágrafo de la Ley 734 de 2002 mientras que el concepto de dolo debe ser observado desde el artículo 22 del código penal.

35 Folios 97 y 98 del expediente –cuaderno 6–. Fallo disciplinario de primera instancia.

36 Folios 232 a 239 del expediente –cuaderno 6–.

37 Folios 240 a 251 del expediente –cuaderno 6–.

38 Folio 256 del expediente –cuaderno 6–.

39 Folios 385 a 388 del expediente –cuaderno 6–.

40 folios 377 a 380 del expediente –cuaderno 6–.

41 Folios 99 a 103 del expediente –cuaderno 6–. Fallo disciplinario de primera instancia.

42 Folio 38 del expediente –cuaderno 6–.

43 No debe olvidarse que en el pliego de cargos por virtud del artículo 162 de la Ley 734 de 2002, deben expresarse claramente todos los elementos de la acusación provisional –tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad–.