Sentencia 2014-00032 de octubre 7 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Radicación: 730011102000 2014 00032 01

Aprobado en Sala Nº 084 de la misma fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Bogotá, D.C., siete de octubre de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones

De conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo 256, numeral 3º de la Constitución Política y según la interpretación de lo dispuesto en los artículos del 14 al 19 del Acto Legislativo 2 de 2015 por parte de la Corte Constitucional en el Auto de Sala Plena Nº 278 del 9 de julio del presente año y, 59 de la Ley 1123 de 2007, procede esta Sala a pronunciarse frente al recurso de apelación interpuesto contra la providencia de primera instancia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

La potestad disciplinaria del Estado.

La forma organizativa de Estado social de derecho acogida en Colombia a partir de la Constitución de 1991, implicó un cambio trascendental en la concepción del papel del Estado contemporáneo. El tránsito del Estado liberal de derecho fundado, entre otros, en el postulado laissez faire-laissez passer, al Estado social de derecho, ha conllevado a la asunción de una función activa y protagónica del Estado actual como “promotor de toda la dinámica social”(11).

El cumplimiento de unos fines esenciales y sociales del Estado, como la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, entre otros factores, ha ocasionado un incremento considerable de las funciones de los órganos estatales, que a la vez ha conducido a la ampliación de los poderes sancionatorios del Estado(12).

El derecho sancionador, reconoce que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente en la realización de sus fines (art. 113 superior). De esta manera, la represión de los ilícitos que correspondía exclusivamente a la Rama Judicial y más concretamente a la jurisdicción penal, se muestra hoy insuficiente frente al aumento del repertorio de infracciones producto de la mayor complejidad de las relaciones sociales en el Estado moderno que, como se señaló, ha incrementado sus funciones(13).

La potestad sancionatoria penal propende por la garantía del orden social en abstracto; la consecución de fines retributivos, preventivos y resocializadores; y presenta un mayor grado de afectación de los intereses jurídicamente protegidos que daría lugar a la privación de la libertad. No ocurre lo mismo con la potestad sancionatoria disciplinaria, al buscar primordialmente garantizar la organización y el funcionamiento de la administración, y cumplir los cometidos estatales; cuestionar el incumplimiento de los deberes, prohibiciones y los mandatos consignados; que descartan la imposición de sanciones privativas de la libertad(14).

Así, el derecho disciplinario comprende el conjunto de normas sustanciales y procesales, en virtud de las cuales el Estado constitucional, social y democrático de derecho colombiano, conforme a la institución encargada de materializar la función de control disciplinario, esto es la jurisdicción disciplinaria, propugna por el comportamiento ético de los abogados y funcionarios judiciales, en razón de su función social, que demanda un comportamiento ejemplar, determinado por el cumplimiento de unos deberes de carácter deontológico funcional, cuyo desconocimiento lleva a la estructuración de la falta disciplinaria(15).

Se trata entonces de la configuración del injusto disciplinario, que se da por desconocimiento de los deberes, la incursión en algún tipo de prohibición, por la materialización o realización de faltas en particular y, la violación de las disposiciones legales que establecen el régimen de incompatibilidades o inhabilidades. Sin duda estamos en presencia de un derecho público, constitucional y autónomo(16).

Caso concreto

Previo a entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia del 11 de junio de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, se analizará lo referido por el doctor LANDÍNEZ MERCADO, relativo a la presunta existencia de un proceso disciplinario, en el que fue absuelto de los cargos aquí imputados, por los cuales fue declarado responsable de infringir la Ley 1123 de 2007, pues de ser así, se tendría que dar aplicación al principio constitucional del non bis in idem en aras de prevalecer el derecho al debido proceso y a la defensa del procesado.

En efecto, en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío se adelantó el proceso 2014-00239, contra el doctor ALFREDO FRANCISCO LANDÍNEZ MERCADO, por expedición de copias ordenadas dentro del presente radicado, en actuación del 20 de mayo de 2014, en la cual se estableció:

“Compulsar copias de todo el expediente con su anexo por supuesta indiligencia del Dr. Landínez Mercado a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, Quindío y Caldas; se le advertirá a los(sic) seccional que no se rechaza la competencia, sino que se remite por unos hechos de unas presuntas indiligencias por parte del investigado”(17) (resaltado por fuera del texto).

En virtud de la orden anterior, se desarrolló el proceso disciplinario 2014-00239, el cual tuvo como finalidad, verificar la presunta indiligencia del doctor LANDÍNEZ MERCADO para adelantar los procesos contenciosos administrativos de las personas residentes en la ciudad de Armenia; sin embargo, mediante audiencia de pruebas y calificación provisional sesionada el 28 de octubre de 2014, se determinó la inexistencia de mérito para continuar con la investigación, bajo los siguientes argumentos:

“Podemos concluir que las pruebas que militan en el expediente no son suficientes para demostrar que el abogado investigado se hubiese comprometido a presentar demandas de nulidad y restablecimiento del derecho en la ciudad de Armenia, en nombre y representación de los señores Wilson Osorio Álvarez y Jhon Henry Bernal Henao, pues tanto los poderes o contratos que se allegan con la queja, carecen de la firma de aceptación por parte del abogado investigado…”(18) (resaltado por fuera del texto).

Así las cosas, se concluye que el objeto del proceso disciplinario 2014-00239 era determinar la posible incursión en falta contra la debida diligencia profesional, por presuntamente no haber adelantado los procesos contenciosos administrativos de Wilson Osorio Álvarez y Jhon Henry Bernal Henao, ambos residentes en la ciudad de Armenia; asunto alejado del tópico de la presente actuación, pues en ésta lo que se le reprocha fue haber utilizado intermediarios, en este caso al señor José Antonio Vargas Romero, para obtener poderes de pensionados interesados en tramitar demandas de tiempos dobles contra la Policía Nacional.

Igual concepción tuvo el Magistrado Instructor del proceso disciplinario 2014-00239, cuando se pronunció en la audiencia del 28 de octubre de 2014, frente a la competencia de la Sala Homóloga del Tolima, para conocer de la intermediación del señor José Antonio Vargas Romero, para conseguir poderes al doctor LANDÍNEZ MERCADO:

“… aquí quisiera solamente agregar, a manera de ilustración, que frente a esa situación, tratándose de ese contrato que englobara todos los asuntos, suscrito verbalmente entre quejoso y abogado investigado, que tiene relación a unos compromisos adquiridos por el abogado frente al quejoso, en el sentido que pagaría unos valores por los clientes que consiguiera, pues dada las circunstancias en la que nos encontramos, pues es una situación que debe ser investigada por el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima en Ibagué, pues según se desprende de la documental, es allá donde se suscribió ese contrato, y es allá donde se tenía que cumplir…”(19) (resaltado por fuera del texto).

De lo anotado, se concluye que no es dable la aplicación del principio constitucional del non bis in idem, como lo requirió el disciplinado, por cuanto los hechos investigados en el proceso 2014-00239 difieren de los que aquí se indagan y, en consecuencia, no existe identidad de objeto, razón por la cual esta Sala no accederá a lo pretendido por el recurrente.

Concluidas aquellas precisiones, procede la Sala a resolver el recurso de apelación presentado por el disciplinado, contra la providencia del 11 de junio de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, con base en el material probatorio allegado al plenario y a la luz de las disposiciones legales que atañen al tema a debatir, precisando que tal como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del juez de segunda instancia, le hace imperioso emitir pronunciamiento únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el legislador que aquellos tópicos que no son objeto de sustentación, es porque no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación, no obstante lo anterior no es óbice para extender la competencia a asuntos no impugnados, si resultan inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

De las pruebas obrantes en el plenario, tales como, los testimonios de Luis Eduardo Romero, César Beltrán Aguirre, Roel Torres Flórez, Luis Ángel Londoño Giraldo, Gilberto Suárez Acosta, Jorge Gilberto Paz Lara, Ana Consuelo León Calderón y Andrés Felipe Aguirre Osorio, la declaración de José Antonio Vargas Romero, la versión libre del disciplinado y la copia del recibo del 5 de mayo de 2013, se observa que el quejoso acudió a la oficina del doctor ALFREDO FRANCISCO LANDÍNEZ MERCADO, donde fue atendido por el letrado y su compañera Ana Consuelo León Calderón, con el fin de ofrecerle sus servicios, consistentes en conseguir clientes interesados en tramitar procesos administrativos de tiempo doble, contra la Policía Nacional, lo cual el investigado aceptó y, en consecuencia, se pactó que por cada uno se le cancelaría la suma de $ 30.000.

De esta manera, tal como lo relató el señor José Antonio Vargas Romero en el escrito de queja, el 5 de mayo de 2013 el quejoso acudió nuevamente a la oficina del disciplinado, oportunidad en la que se le canceló el dinero correspondiente por las personas conseguidas y, por tanto, se elevó el siguiente recibo:

“JOSÉ ANTONIO VARGAS ROMERO, mayor y vecino de la ciudad de Santa Rosa Cabal identificado como aparece al pie de mi firma, hago constar que recibí a satisfacción del doctor ALFREDO FRANCISCO LANDÍNEZ MERCADO, mayor y vecino de esta ciudad, Abogado Titulado en ejercicio, la suma de QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($ 500.000) por concepto de ABONO a los negocios conseguidos sobre el TIEMPO DOBLE a que tiene derecho la policía Nacional y el Ejército Nacional en la ciudad de ARMENIA, PEREIRA e IBAGUÉ, conforme al contrato verbal acordado, donde se pacto (sic) el pago de $ 30.000 --- (sic) por negocio conseguido con la documentación completa para demandar, esto es poder para demandar, el contrato firmado, la hoja de servicios, la resolución mediante la cual se le reconoció la asignación de retiro, petición, la respuesta y certificación del último lugar donde prestó el servicio, comprometiéndose a la vigilancia de los procesos, el día de hoy 5 de mayo de 2013 deje la cantidad de 40 clientes con documentación incompleta”(20).

Lo anterior fue corroborado por la señora Ana Consuelo León Calderón, quien en audiencia de pruebas y calificación provisional del 19 de noviembre de 2014, se declaró compañera permanente del disciplinado, ayudante en la oficina de éste y, además, respecto del asunto relativo al señor Vargas Romero, indicó:

“… entonces el señor —Vargas Romero— me llamó varias veces a la oficina y me dijo que si nosotros estábamos interesados en que él conocía muchas personas para llevar esos procesos, para que hiciéramos, él nos conseguía los clientes, y nosotros si reunía los requisitos, a ver si nos interesábamos en adelantar los procesos. Yo le dije a él (…) que bueno, que si él conseguía los clientes, nosotros nos comprometíamos siempre y cuando llevaran todos los documentos completos (…). Él dijo que sí, que bueno, se llegó a ese acuerdo, entonces fue a la oficina y consiguió varios clientes, él elaboraba un formato de un poder, conseguía los clientes y llevaba (…).

Nosotros cuando hablamos con él, le dijimos que pues si él nos llevaba los clientes a la oficina que él consideraba y que tenían derecho a adelantarles ese proceso por el tiempo doble, tenían que llevar todos los documentos completos (…). Yo le dije que si él quería, nosotros le dabamos un porcentaje cuando saliera el proceso por los servicios de él, que él se comprometió además que estaría pendiente de los procesos en los juzgados, que él estaba pendiente de buscarle la documentación a las personas en las entidades donde correspondía y que llevaba los documentos, entonces dijo no, que se le diera $ 30.000 por cada proceso, entonces en eso nosotros quedamos (…) le dimos setecientos algo, el recibo reposa acá, pero nosotros no le volvimos a dar más dinero por lo que estoy comentando, porque él le empezó a cobrar por allá a todo el mundo…”(21).

Corroborando lo afirmado por la señora Ana Consuelo León Calderón, testigo directo del momento en el que se contrataron los servicios del quejoso en los términos previamente enunciados, el señor César Beltrán Aguirre testimonió el 20 de agosto de 2014 ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda:

“… Si lo conozco (José Antonio Vargas Romero) porque él era intermediario entre el doctor ALFREDO y la doctora (Ana Consuelo León Calderón), de acuerdo a lo que él me decía, yo le hice una llamada al abogado preguntándole si él trabajaba para ellos y dijo que sí, pero que días antes había prescindido de los servicios de él, no sé qué inconvenientes habían tenido, él era el que llenaba los poderes de varias personas retirados de la policía y ellos llevaban esas demandas administrativas…”(22) (resaltado por fuera del texto).

De igual manera declaró el señor Roel Torres Flórez el 20 de agosto de 2014, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda:

“… él me contacto (sic) para el abogado ALFREDO FRANCISCO LANDÍNEZ MERCADO, llevarme el proceso por tiempo doble, el abogado presentó la demanda, está en trámite”(23) (resaltado por fuera del texto).

En ese sentido testimonió el señor Luis Ángel Londoño Giraldo el 20 de agosto de 2014, ante esa misma Seccional:

“… el doctor LANDÍNEZ, junto con su señora nos hizo una reunión acá en Pereira a todos los pensionados que teníamos demanda con él y en esa reunión nos manifestó que no le diéramos más dinero al señor Vargas por los trámites de la demanda, que él no tenía derecho para cobrarnos dinero, que él si trabajaba con él, pero que el compromiso del señor VARGAS era de pagarle un porcentaje por cliente que le presentara, que ya Vargas no trabajaba más con él, que antes les quedaba a ellos debiendo un dinero y no volví a tener más negocios con él”(24) (resaltado por fuera del texto).

Del mismo modo, el señor Gilberto Suárez Acosta el 20 de agosto de 2014, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, indicó:

“… en una charla que tuvimos con unos compañeros él (José Antonio Vargas Romero) estaba recibiendo unos poderes para este abogado. Y yo le di poder al doctor (LANDÍNEZ MERCADO) por intermedio del señor Vargas(25) (subrayado y resaltado por fuera del texto).

Por último, se evidencia que fue el propio disciplinado, quien al ampliar su versión el 8 de julio de 2014, señaló:

“… en una reunión que hice en el hotel Catalina de Pereira y que tenían la documentación completa, porque este señor Vargas tiene retenidos unos documentos que no los quiere entregar ni a mí ni a los clientes, con el argumento que le pague $ 30.000 por cada cliente que consiguió, pero en vista de que estafó a una cantidad de gente de allá en Pereira, en nombre y representación mía, como si fuera él el abogado, entonces el resto de personal no los conozco, desconozco su paradero, nos estamos intentando contactar con ellos…”(26) (resaltado por fuera del texto).

Por lo anterior, es claro que independientemente de si fue el señor Vargas Romero la persona que le ofreció al letrado conseguirle clientes, lo cierto es que aceptó y, además, pondría la suma de $ 30.000 por cada cliente en virtud del acuerdo verbal celebrado en presencia de la señora Ana Consuelo León Calderón, razón por la cual se considera que el doctor ALFREDO FRANCISCO LANDÍNEZ MERCADO utilizó al quejoso, en calidad de intermediario, con el fin de obtener poderes de personas interesadas en tramitar procesos contenciosos administrativos contra la Policía Nacional, por el tiempo doble.

En este punto, se resalta que contrario a lo manifestado por el recurrente y de conformidad con los testimonios transcritos, se concluye que sí existe prueba del acuerdo verbal celebrado entre el disciplinable y el señor Vargas Romero, donde éste se comprometió a conseguir clientes para el primero, agotar la vía gubernativa y, el letrado le cancelaría $ 30.000 por cada uno, pues no de otra manera se explicaría el hecho que los declarantes mencionados hubiesen reconocido al quejoso como el intermediario entre ellos y el letrado.

De igual manera, se precisa, que no se está reprochando por no haber promovido procesos contenciosos de personas que no le allegaron la documental completa para hacerlo, sino que lo cuestionable es que hubiese acordado con el señor Vargas Romero conseguirlas, utilizar su intermediación para obtener poderes y acordar remuneración por esa labor, pues del no pago de lo pactado, es decir, la no cancelación de los $ 30.000 por cada cliente, es que el quejoso mostró su inconformidad e interpuso la denuncia ante esta jurisdicción, por cuanto buscaba el reconocimiento de dicho lucro.

Respecto a que solamente aceptó poderes de las personas que pudo contactar y reunir en el Hotel La Catalina de Pereira, es decir, de aquellos con quienes tuvo un contacto directo y, en consecuencia, sin intermediarios, se señala que para poder comunicarse y acordar con estos, medió la intervención del señor Vargas Romero, quien fue el que le allegó los datos de estos posibles clientes y si bien lo hizo de manera incompleta, pues no adjuntó la documentación necesaria para radicar la demanda respectiva, sí dejó sus datos básicos y, por tal motivo, pudo el disciplinado posteriormente localizarlos, conocerlos, acordar la gestión a realizar y pactar lo relativo a honorarios profesionales, ahí sí, sin mediar tercero alguno.

Desde este punto de vista, pleno fundamento encuentra esta corporación para que la primera instancia lo sancionara por la falta descrita en el artículo 30, numeral 5º de la Ley 1123 de 2007, y para el caso concreto, consistente en haber utilizado al señor José Antonio Vargas Romero como intermediario para conseguir poderes de personas residentes en la ciudad de Armenia, Pereira e Ibagué, interesadas en radicar demanda por los tiempos dobles, contra la Policía Nacional, sin que obre prueba justificativa de su actuar correspondiéndole el respectivo reproche disciplinario y la imposición de sanción por la conducta desplegada.

Comportamiento efectuado, como acertadamente lo indicó el seccional, a título de dolo, pues es claro que de manera consciente, libre y voluntaria, utilizó la intermediación del señor José Antonio Vargas Romero, con el fin que fuera éste quien le consiguiera poderes de personas interesadas en demandar a la Policía Nacional por los tiempos dobles, pactando inclusive, la cancelación de $ 30.000 por cada cliente que obtuviese.

Así las cosas, cuando un abogado actúa de manera contraria a lo preceptuado como el deber ser del comportamiento de un profesional del derecho, se hace acreedor a la pertinente, preventiva y correctiva sanción disciplinaria, que en este caso, se tasó en suspensión de tres meses en el ejercicio de la profesión, la cual se confirmará, teniendo en cuenta que cumple con los principios de necesidad, proporcionalidad y racionalidad de la misma, además, considerando que el letrado cuenta con antecedentes disciplinarios(27).

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia apelada del 11 de junio de 2015, proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, por medio del cual se sancionó con suspensión de tres (3) meses en el ejercicio de la profesión al doctor ALFREDO FRANCISCO LANDÍNEZ MERCADO, tras hallarlo responsable de incurrir en la falta prevista en el numeral 5º del artículo 30 de la Ley 1123 de 2007.

2. ANOTAR la sanción en el Registro Nacional de Abogados, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria, momento a partir del cual, empezará a regir la sanción.

3. NOTIFICAR la presente decisión al abogado disciplinado.

Notifíquese y cúmplase.»

11 Corte Constitucional, Sentencia C-595 de 2010.

12 Ibídem.

13 Ibídem.

14 Corte Constitucional, Sentencia C-595 de 2010.

15 Ibídem.

16 Derecho disciplinario que se enmarca en el núcleo el constitucionalismo contemporáneo representado por los valores, principios, derechos, deberes y garantías constitucionales.

17 Folio 93, 1 c.o.

18 Record 41:15’ de la audiencia de pruebas y calificación provisional sesionada el 28 de octubre de 2014. Proceso 2014-00239, seguido en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío.

19 Record 51:35’ de la audiencia de pruebas y calificación provisional sesionada el 28 de octubre de 2014, dentro del proceso disciplinario 2014-00239, desarrollado en la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío.

20 Folio 10, 1 c.o.

21 Record 15:39’ de la audiencia de pruebas y calificación provisional sesionada el 19 de noviembre de 2014.

22 Folio 205, 1 c.o.

23 Folio 210, 1 c.o.

24 Folio 215, 1 c.o.

25 Folio 230, 1 c.o.

26 Record 3:40’ de la audiencia de pruebas y calificación provisional sesionada el 8 de julio de 2014.

27 Proceso 730011102000200900325 01, M.P. Pedro Alonso Sanabria Buitrago. Sanción de suspensión de 8 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de 2 smlmv, impuesta mediante sentencia del 20 de abril de 2012, por incurrir en las faltas previstas en los artículos 34, literal e) y, 35, numeral 4º, de la Ley 1123 de 2007.