Sentencia 2014-00036/2405-2015 de septiembre 14 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Rad.: 81001-23-33-000-2014-00036-01 (2405-2015).

Consejero ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Oliva Silva.

Demandado: Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

Asunto: Ley 1437 de 2011. Nulidad y restablecimiento del derecho. Sentencia de segunda instancia. Reconocimiento de pensión de sobrevivientes. Sentencia de remplazo.

Bogotá D.C., catorce de septiembre de dos mil diecisiete

Extractos «II. Consideraciones.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, procede la Sala de Subsección a decidir previas las siguientes consideraciones.

2.1. Competencia.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y con lo previsto en los artículos 11, 12, 34 y 36 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo ordenado en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de la Contencioso Administrativo(18) y en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999 expedido por la Sala Plena de esta Corporación(19), la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.

2.2. Problema jurídico.

Le corresponde a esta Sala de Subsección determinar si la señora Oliva Silva tiene derecho al reconocimiento de una pensión de sobrevivientes por la muerte de su hijo el cabo segundo del Ejército Nacional Jaime Serrano Silva, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1211 de 1990.

A fin de resolver este problema jurídico, la Sala de Decisión estudiará el marco legal de la pensión de sobrevivientes causada con ocasión de la muerte de un miembro de las FF.MM., en combate.

2.3. De la pensión de sobrevivientes por muerte en combate de miembros de las fuerzas militares.

Sea lo primero señalar que de conformidad con lo reglado en el artículo 3º de la Ley 131 de 1985(20), los soldados voluntarios, a partir de su vinculación, quedan sometidos a los regímenes penal, disciplinario, prestacional y demás normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones de las fuerzas militares(21).

De igual manera, esta Sala de Decisión debe poner de presente que el marco legal del régimen prestacional por muerte en combate de miembros de las Fuerzas Militares (i) en un primer momento diferenció entre soldados voluntarios y personal con la calidad de oficiales y suboficiales, y (ii) que con el trasegar del tiempo han cambiado las prestaciones específicas a reconocer y pagar con cargo al tesoro de la Nación tras el acontecimiento de esta contingencia.

Dicho esto, se procederá a realizar un breve recuento de las normas jurídicas que han regulado la materia.

En el año 1968, el presidente de la República, en uso de las facultades extraordinarias a él conferidas por la Ley 65 de 1967(22), profirió el Decreto 2728 de 1968, “por el cual se modifica el régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares”; decreto que al tenor de su artículo 8º dispuso, entre otros y específicamente en lo que atañe al caso concreto, que el soldado voluntario que fallezca en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o del mantenimiento del orden público, (a) tiene derecho a ser ascendido de forma póstuma al grado de cabo segundo y (b) sus beneficiarios tendrán derecho a (i) una compensación por muerte y (ii) el pago doble de las cesantías definitivas del causante.

Dicho artículo dispone expresamente lo siguiente:

“ART. 8º—El Soldadoo Grumete en servicio activo,que fallezcapor causa de heridas o accidente aéreo en combate o por acción directa delenemigo, bien sea en conflicto internacional o en mantenimiento del orden público, será ascendidoenformapóstumaalgradodeCabo segundooMarineroysusbeneficiariostendránderecho al reconocimiento ypago de cuarenta y ocho (48) mesesde los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía. A la muerte del Soldado o Grumete en servicio activo, causada por accidente en misión del servicio, sus beneficiarios tendrán derecho al reconocimiento y pago de treinta y seis (36) meses del sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.

A la muerte de un Soldado o Grumete en servicio activo o por causas diferentes a las enunciadas anteriores a sus beneficiarios tendrá derecho al reconocimiento y pago de veinticuatro (24) meses de sueldo básico que en todo tiempo corresponda a un Cabo Segundo o Marinero.” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Posteriormente, el Decreto 1211 de 1990(23), en su artículo 189(24), estableció el régimen prestacional por muerte en combate aplicable al personal que ostentare la dignidad de oficial y/o suboficial de las Fuerzas Militares, según este a la muerte de un oficial o suboficial de las FF. MM., en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o del mantenimiento del orden público (es decir, en los mismos términos del Decreto 2728 de 1968), (a) se tiene derecho ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior y (b) sus beneficiarios tendrán derecho a (i) una compensación por muerte, (ii) el pago doble de las cesantías por el tiempo de servicio del causante, y (iii) una pensión mensual (pensión de sobrevivientes) cuyo monto varía de acuerdo al tiempo que el causante tuviese de servicio.

Sobre este decreto, merece igual atención el artículo 5º, toda vez que en este se establece que el grado cabo segundo corresponde jerárquicamente a un suboficial del Ejército Nacional y por tanto se encuentra sujeto a las obligaciones y derechos de ese estatuto; el tenor literal de este artículo reza:

La jerarquía y equivalencia de los Oficiales y Suboficiales de las Fuerzas Militares para efectos de mando, régimen interno, régimen disciplinario y justicia penal militar, lo mismo que para todas las obligaciones y derechosconsagrados en este Estatuto, comprende los siguientes grados en escaladescendente: [...] II. Suboficiales. Ejercito. Sargento Mayor, Sargento Primero, Sargento Viceprimero, Sargento Segundo, Cabo Primero, Cabo Segundo [...]” (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Luego, para el año de 1998, el legislador profirió la Ley 447 de ese mismo año(25), en la cual (i) reconoció el derecho a percibir una pensión vitalicia equivalente a un salario y medio (11/2) mínimo mensuales y vigentes, a favor de los beneficiarios de la persona vinculada a las fuerzas armadas y de Policía por razón constitucional y legal de la prestación del servicio militar obligatorio, cuya muerte acaezca en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de la conservación o restablecimiento del orden público, y (ii) se suprimió “la indemnización por muerte, que actualmente se causa, de conformidad al Estatuto Militar, cuando se apliquen estos casos de pensiones”, refiriéndose a las pensiones de sobrevivencia por muerte en combate.

Sobre este marco legal, el Consejo de Estado ha tenido la oportunidad de pronunciarse en repetidas ocasiones, estableciendo una clara línea jurisprudencial sobre la materia. Es así como en sentencia de 1º de abril de 2004, esta Sala de Subsección sostuvo que:

“[...] es cierto que el artículo 8º del referido estatuto 2728 no contempló como prestación a favor de los beneficiarios legales, la pensión en el caso de muerte del soldado en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo, y que tal derecho lo establece el Decreto Ley 1211 de 1990 cuando fallecen en esas condiciones los oficiales y suboficiales.

Pero, la Sala estima que es un contrasentido que la ley ordene ascender a los soldados que mueren en misiones de orden público, en combate o por acción directa del enemigo al grado de Cabo segundo, les conceda la misma compensación, en cuantía de 48 meses de los haberes correspondientes y doble la cesantía, como en el caso de los Oficiales y Suboficiales, pero en cambio no les otorgue a sus beneficiarios la pensión que sí concede tratándose de estos últimos militares y, por ello, no ve tan claro que a aquellos solo se les aplique el Decreto 2728 de 1968 y no 1211 de 1990. Tal duda evidente, solo puede resolverse en los términos del artículo 53 constitucional, con aplicación de la más favorable, o sea el último estatuto.

Además, desde otro ángulo, al no existir una razón suficiente que explique y menos justifique que los beneficiarios legales de los soldados muertos como se dijo, no tengan el mismo derecho que los de los oficiales y suboficiales, la estricta aplicación del Decreto 2728 de 1968, conduciría a la violación del derecho a la igualdad de los primeros, por lo que la Sala, ante tal vacío legal, y en aplicación del artículo 8º de la Ley 153 de 1887, tendrá en cuenta al caso el artículo 189 letra d) del Decreto Ley 1211 de 1990 y ordenará el reconocimiento y pago de la pensión allí establecida, que corresponde al 50% de las partidas previstas en el artículo 158 ibídem, a partir del 5 de mayo de 1991, cuyos valores serán ajustados, con la fórmula matemática ya dicha, que deberá liquidarse mes a mes, con índice inicial de la fecha en que debió pagarse la mesada pensional.”(26) [Corchetes fuera del texto]

Posteriormente, esta tesis fue ratificada por la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación en proveído de 30 de octubre de 2008 en la cual se explicó que:

“De conformidad con la jurisprudencia en cita [refiriéndose a la sentencia de 1º de abril de 2004), los demandantes en su calidad de padres del soldado muerto en combate (fl. 2) tienen derecho a la pensión consagrada en el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 teniendo en cuenta que el causante fue merecedor de un ascenso al grado de Cabo segundo que lo ubica dentro de los suboficiales beneficiarios de dicha prestación (artículo 5º del Decreto 1211 de 1990).”(27) [Corchetes fuera del texto]

Igualmente, en sentencia de 7 de julio de 2011 en la que se estudió un caso similar al del proceso de la referencia, se señaló lo siguiente:

“Bajo estos supuestos, resulta evidente la existencia de un trato diferenciado entre las prestaciones que le son reconocidas, por el Decreto 2728 de 1968 a los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y las previstas por el Decreto 1211 de 1990, para los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares muertos en las mismas circunstancias.

A juicio de la Sala tal discriminación tiene lugar debido a que las citadas disposiciones fueron expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991, sólo a partir de la cual, se reivindican como principio y derecho constitucionales la igualdad material y la seguridad social, respectivamente. En efecto, una interpretación armónica de los artículos 13 y 48 de la Constitución Política, y de los principios que orientan el desarrollo del derecho a la seguridad social, entre ellos la universalidad y la solidaridad, no admiten la existencia dentro del ordenamiento jurídico de disposiciones que conlleven el desmedro de las condiciones dignas de vida de un ser humano y en especial la imposibilidad de acceder a los beneficios derivados del citado derecho, entre ellos los que buscan amparar las contingencias derivadas por muerte.

[...]

Así las cosas, y descendiendo al caso concreto, estima la Sala que no existe justificación valida [sic] para que a los beneficiarios de los soldados regulares que vienen prestando sus servicios a la Fuerza Pública, y fallezcan en desarrollo de actos propios del servicio, no les sea reconocida una pensión de sobreviviente cuya única finalidad, como quedó visto, es la de brindar un apoyo económico al grupo familiar que ante la ausencia definitiva de quien proveía lo necesario para satisfacer las necesidades básicas, ha quedado desprovisto de los medios económicos para tal efecto.

[...]

Lo anterior, si se tiene en cuenta que los soldados al igual que los suboficiales y oficiales no sólo hacen parte de las Fuerzas Militares, sino que contribuyen al desarrollo de su misión constitucional y legal, esto es, la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional.”(28) [Corchetes fuera del texto]

En providencia de 2 de agosto de 2012 se replicó la postura jurisprudencial aquí reseñada, cuando dispuso que:

“En atención a la aludida directriz jurisprudencial [refiriéndose a la sentencia de 7 de julio de 2011], en consonancia con el artículo 4º de la Constitución Política, la Sala en el caso concreto inaplicará el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados muertos en desarrollo de actos propios del servicio y, en su lugar, aplicará el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.”(29) [Corchetes fuera del texto]

Recientemente, en sentencia de 18 de febrero de 2016 fue reiterada la mencionada línea jurisprudencial sobre la materia; en esta providencia se sostuvo expresamente que:

“Así las cosas, es claro que en el presente caso existe duda seria y razonable en relación con la norma que se ha de aplicar para la solución del problema jurídico planteado, puesto que como ya se dijo, el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968 contempla el pago de 48 meses de los haberes correspondientes a dicho grado y el pago doble de la cesantía; al paso que el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990 estipula el pago de una pensión mensual, cuya cuantía dependerá del tiempo de servicios prestado por el miembro de las Fuerzas Militares fallecido en actos del servicio. Por ende, se debe establecer cuál de las dos disposiciones legales favorece a la actora y para ese efecto, se debe acudir al principio constitucional de favorabilidad en materia laboral consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política(30).

Al respecto, la Corte Constitucional(31) señaló que para efectos de la aplicación de la favorabilidad, es necesaria la concurrencia de dos elementos a saber: (i) la duda seria y objetiva ante la necesidad de elegir entre dos o más interpretaciones, ello, en función de la razonabilidad argumentativa y solidez jurídica que una u otra interpretación tengan; y (ii) la noción de interpretaciones concurrentes, pues además de generar duda, deben ser aplicables a los supuestos de hecho de las disposiciones normativas en juego y a las situaciones fácticas concretas.

Por tal razón, de conformidad con el artículo 4º(32) de la Constitución Política, en el caso concreto se debe inaplicar el artículo 8º del Decreto 2728 de 1968 en cuanto no dispone el reconocimiento y pago de una pensión de sobreviviente a favor de los familiares de los soldados regulares muertos en desarrollo de actos propios del servicio, y en su lugar, aplicar el artículo 185 del Decreto 1211 de 1990, toda vez que, como quedó visto, sí reconoce la citada prestación pensional a favor de los beneficiarios de los oficiales y suboficiales de la Fuerza Pública.”(33)

De las citas jurisprudenciales antes transcritas, se extrae la subregla según la cual, en desarrollo de los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad laboral, en los eventos en que se produzca la muerte de un soldado regular (trátese de soldados voluntarios, vinculados para prestar el servicio militar obligatorio, oficiales y/o suboficiales) en servicio activo, en combate o por acción directa del enemigo, bien sea que se trate en el marco de un conflicto internacional o de operaciones para el restablecimiento o mantenimiento del orden público interno, los beneficiarios del causante tendrán derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia, tal como lo preceptúa el artículo 189 del Decreto 1211 de 1990.

2.4. De lo probado en el proceso.

De conformidad con el marco normativo expuesto, la Sala de Subsección resolverá el problema jurídico planteado, para lo cual se tendrán como pruebas útiles, pertinentes y conducentes las siguientes:

• En el folio 86 del expediente, obra copia del Registro Civil de Matrimonio celebrado por rito católico el día 14 de octubre de 1974 entre la señora Oliva Silva y el señor Juan Evangelista Serrano Pinilla (qepd) (fl. 117).

• Mediante la copia del Registro Civil de Nacimiento del señor Jaime Serrano Silva quedó acreditado que era hijo de la señora Oliva Silva y el señor Juan Evangelista Serrano Pinilla (qepd), y que nació el 28 de abril de 1971 (fls. 40, 103, 132).

• A través del Informe Administrativo por muerte Nº 003 de 9 de febrero de 1993, el Comandante del Batallón de Contraguerrillas Nº 23 “Llaneros de Rondón” calificó la muerte del soldado voluntario Jaime Serrano Silva como “en combate por acción directa del enemigo” (fls. 35, 102, 131).

• Con la copia del Registro Civil de Defunción, se demostró el señor Jaime Serrano Silva murió el 8 de febrero de 1993 (fl. 41).

• Según la copia del Acta 179 de 12 de febrero de 1993, la cual contiene las declaraciones extraprocesales rendidas en la Notaría Segunda del Circuito de Bucaramanga, el señor Jaime Serrano Silva era soltero y no tenía hijos (fls. 90, 91, 121).

• Por medio de la Resolución 04059 del 30 de abril de 1993, el Ministro de Defensa Nacional, en uso de sus facultades legales, ascendió en forma póstuma al grado de cabo segundo al soldado Jaime Serrano Silva, con novedad fiscal a partir del 8 de febrero de 1993 (fls. 37, 105, 133).

• Visible en el folio 36, obra copia de la Liquidación de servicios de soldados Nº 186, que demuestra que el tiempo de servicios prestados por el causante fue 1 año, 9 meses y 13 días (fls. 107, 135).

• Mediante la Resolución 08125 de 26 de julio de 1993, el Ejército Nacional reconoció y ordenó el pago de las cesantías definitivas dobles y una compensación por muerte a los beneficiarios del cabo segundo (póstumo) Jaime Serrano Silva, es decir a favor de la señora Oliva Silva y el señor Juan Evangelista Serrano Pinilla (qepd) (fls. 38-39, 99-100, 129-130).

• Según copia del Registro Civil de Defunción, el señor Juan Evangelista Serrano Pinilla murió el 16 de febrero de 1998 (fl. 43).

2.5. Caso concreto.

Como quiera que en este plenario está plenamente demostrado el supuesto de hecho de la subregla jurídica previamente estructurada, la Sala de Subsección encuentra que la señora Oliva Silva tiene derecho al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivencia en los términos del literal d del artículo 189 del Decreto 1211 de 1990, con ocasión de la muerte del cabo segundo (póstumo) Jaime Serrano Silva.

En lo que atañe a los descuentos por concepto de indemnización y/o compensación por muerte, debe señalarse que si bien es cierto de conformidad con el artículo 1º de la Ley 447 de 1998, la pensión de sobrevivientes resulta incompatible con aquella prestación (indemnización y/o compensación por muerte), dicha norma solo cobró vigencia en el ordenamiento jurídico desde el día de su promulgación (artículo 11), es decir, el 21 de julio de 1998, fecha muy posterior a la del acaecimiento de la muerte del causante de la pensión de sobrevivientes que aquí se discute (8 de febrero de 1993); en tal sentido, al no estar vigente tal disposición normativa, mal haría el operador jurídico en aplicar esa norma al caso concreto, por lo que resulta improcedente descontar los valores correspondientes a tal concepto reconocidos a la señora Oliva Silva mediante la Resolución 08125 de 1993.

De igual manera, resulta imperioso indicar que la Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación ha manifestado sobre el particular que:

“De otro lado, en lo que se refiere al argumento que expuso la parte demandante, según el cual, no es posible la devolución de lo pagado por compensación de la muerte del señor Joaquín Emiro Arias Castellanos (qepd), se tiene que, al comparar tanto el Decreto 2728 de 1968 como el 1211 de 1990, se advierte que ambas normas son coincidentes en una indemnización que corresponde al reconocimiento de cuarenta y ocho meses (cuatro años) de haberes correspondientes al grado del fallecido y pago doble de las cesantías causadas, quiere decir entonces que no hay lugar a solicitar tal devolución y por ende se revocará la Sentencia en cuanto a este punto se refiere. [...]”(34)

2.6. Condena en costas en segunda instancia(35).

El concepto de las costas del proceso está relacionado con todos los gastos necesarios o útiles dentro de una actuación de esa naturaleza y comprende los denominados gastos del proceso, que incluye los honorarios de abogado o agencias en derecho(36), los llamados en el CPACA gastos ordinarios del proceso(37) y otros como son los necesarios para traslado de testigos y para la práctica de la prueba pericial, los honorarios de auxiliares de la justicia como peritos y de secuestres, transporte del expediente al superior en caso de apelación.

Tiene previsto el artículo 188 ídem que “salvo en los procesos en los que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”, hoy día por el Código General del Proceso.

Lo anterior permite establecer unas conclusiones básicas sobre las costas:

a) La legislación varió del Código de Procedimiento Civil al Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para la condena en costas de un criterio subjetivo a uno objetivo;

b) Toda sentencia “dispondrá” sobre costas, bien sea con condena total o parcial o con abstención;

c) Se requiere que en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación (como sucede con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad profesional realizada dentro del proceso);

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho se hará atendiendo el criterio de la posición en la relación laboral, pues varía según sea parte vencida, si es el empleador o si es el trabajador (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura), la complejidad e intensidad de la participación procesal; y,

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas.

En orden a lo anterior, esta Sala de Decisión condenará en costas de segunda instancia a la parte demandada, quien resultó vencida en las resultas del proceso (criterio objetivo valorativo).

2.7. Conclusión.

Con fundamento en todo lo expuesto, esta Sala de Decisión procederá a (i) confirmar el fallo de primera instancia, y (ii) condenar en costas a la entidad demandada.

En mérito de lo expuesto, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

1. Confirmar la sentencia de 19 de diciembre de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por la señora Oliva Silva contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional.

2. Condenar en costas de segunda instancia a la parte demandada de conformidad con la parte motiva de esta providencia.

3. En firme esta decisión, envíese al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase».

(18) Modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso.

(19) Modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003.

(20) “Por la cual se dictan normas sobre servicio militar voluntario”

(21) “ART 3º—Las personas a que se refiere el artículo 2º de la presente Ley, quedarán sujetas, a partir de su vinculación como soldados voluntarios, al Código de Justicia Penal Militar, al Reglamento de Régimen Disciplinario, al Régimen Prestacional y a las normas relativas a la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces e indemnizaciones para los soldados de las Fuerzas Militares y los reglamentos especiales que se expidan para el desarrollo de esta Ley” (Negrilla y subrayado fuera de texto).

(22) “Por el cual se reviste al Presidente de la República de facultades extraordinarias para modificar la remuneración y régimen de prestaciones de las Fuerzas Militares, se prevee [sic] al fortalecimiento de la administración fiscal, se dictan otras disposiciones relacionadas con el mejor aprovechamiento de las partidas presupuestales destinadas a gastos de funcionamiento y se crea una nueva Comisión Constitucional Permanente en las Cámaras Legislativas”

(23) “Por el cual se reforma el estatuto del personal de oficiales y suboficiales de las fuerzas militares”.

(24) “ART. 189.—Muerte en combate. A partir de la vigencia del presente Estatuto, a la muerte de un Oficial o Suboficial de las Fuerzas Militares en servicio activo, en combate o como consecuencia de la acción de enemigo, bien sea en conflicto internacional o en el mantenimiento o restablecimiento del orden público, ser ascendido en forma póstuma al grado inmediatamente superior, cualquiera que fuere el tiempo de servicio en su grado. Además sus beneficiarios, en el orden establecido en este Estatuto, tendrán derecho a las siguientes prestaciones:

a) A que el Tesoro Público les pague por una sola vez, una compensación equivalente a cuatro (4) años de los haberes correspondientes al grado conferido al causante, tomando como base las partidas señaladas en el artículo 158 de este Decreto.

b) Al pago doble de la cesantía por el tiempo servido por el causante.

c) Si el Oficial o Suboficial hubiere cumplido doce (12) o más años de servicio, a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual, la cual será liquidada y cubierta en la misma forma de la asignación de retiro, de acuerdo con el grado y tiempo de servicio del causante.

d) Si el Oficial o Suboficial no hubiere cumplido doce (12) años de servicio, sus beneficiarios en el orden establecido en este estatuto, con excepción de los hermanos, tendrán derecho a que el Tesoro Público les pague una pensión mensual equivalente al cincuenta por ciento (50%) de las partidas de que trata el artículo 158 de este Decreto”

(25) “Por la cual se establece pensión vitalicia y otros beneficios a favor de parientes de personas fallecidas durante la prestación del servicio militar obligatorio y se dictan otras disposiciones”.

(26) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 1º de abril de 2004. Radicado 07001-23-31-000-2001-01619-01 (1994-2003). C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda.

(27) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 30 de octubre de 2008. Radicado 05001-23-31-000-2000-01274-01 (8626-2005). C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez.

(28) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 7 de julio de 2011. Radicado 70001-23-31-000-2004-00832-01 (2161-2009). C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(29) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 2 de agosto de 2012. Radicado 05001-23-31-000-2002-00672-01 (1020-2010). C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.

(30) “ART. 53.—El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales: Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para transigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad. (...)”

(31) Sentencias T-545 de mayo 28 de 2004, M.P. Eduardo Montealegre Lynett, T-248 de marzo 6 de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil, y T-090 de febrero 17 de 2009, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.

(32) “ART. 4º—La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales.”

(33) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 18 de febrero de 2016. Radicado 66001-23-33-000-2012-00060-01 (2681-2013). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(34) Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 8 de septiembre de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-00299-01 (1085-2014). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia de 28 de octubre de 2016. Radicado 66001-23-33-000-2013-00432-01 (4826-2014). C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.

(35) Sobre el particular: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 3 de marzo de 2016. Radicado 25000-23-42-000-2012-01460-01 (1753-2014). C.P. Gabriel Valbuena Hernández. En el mismo sentido: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. sentencia de 7 de abril de 2016. Radicado 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-2014). C.P. William Hernández Gómez.

(36) Artículo 361 del Código General del Proceso.

(37) Artículo 171 Nº 4 en conc. art. 178 ib.