Sentencia 2014-00039/23129 de diciembre 13 de 2017

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Radicación: 25000-23-37-000-2014-00039-01 [23129]

Consejero ponente:

Dr. Milton Chaves García

Referencia: medio de control de nulidad y de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Electrificadora de Santander S.A. ESP.

Demandado: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

Temas: contribución especial año 2010 - actos particulares

Bogotá, D.C., trece de diciembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, la Sala determina lo siguiente:

— Si procede la excepción de inconstitucionalidad propuesta por la Superintendencia contra el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, por cuanto prevé como base gravable de la contribución especial, los gastos de funcionamiento, y no cualquier tipo de gastos, sino los asociados al servicio sometido a regulación, lo que a juicio de la entidad demandada vulnera los artículos 370 y 338 de la Constitución Política, porque limitó la base gravable a unos rubros que son insuficientes para recuperar los costos en que incurre la autoridad para la prestación de los servicios de vigilancia y control y genera una falta de financiación para ejercer las actividades de inspección, vigilancia y control que realiza la SSPD.

— Si las sumas pertenecientes a las cuentas del Grupo 75 - costos de producción servicios personales (7505), generales (7510), órdenes y contratos de mantenimiento (7540), honorarios (7542), servicios públicos (7545), materiales y costos de operación (7550), seguros (7560) y órdenes y contratos por otros servicios (7570) hacen parte de la base gravable de la contribución especial del año 2010, a cargo de la actora.

Excepción de inconstitucionalidad del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994. Reiteración(23) 

Sea lo primero precisar que, en estricto rigor, la autoridad administrativa no puede discurrir la legalidad de un acto, alegando que la ley que recurre de sustento es contraria a la Constitución Política, dado que, en realidad es contradictorio. Lo pertinente sería que quien invoque la excepción de inconstitucionalidad de una norma sea el demandante, no el demandado, la autoridad administrativa, por cuanto es la primera que debe acatar el ordenamiento jurídico (art. 6 de la Constitución Política).

La Sala entiende que lo que la superintendencia denomina como excepción de inconstitucionalidad es, en realidad, la interpretación que, a su juicio, debe darse a la norma que supuestamente solicita inaplicar.

Por lo tanto, la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, hace parte del inciso segundo del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, que dispone lo siguiente:

“La tarifa máxima de cada contribución no podrá ser superior al uno por ciento (1%) del valor de los gastos de funcionamiento, asociados al servicio sometido a regulación, de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia y de las comisiones, cada una de las cuales e independientemente y con base en su estudio fijarán la tarifa correspondiente”. (Subraya la Sala)

Por su parte, los artículos 338 y 370 de la Constitución establecen, en su orden, lo siguiente:

“ART. 338.—En tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos.

La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos”.

“ART. 370.—Corresponde al Presidente de la República señalar, con sujeción a la ley, las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, el control, la inspección y vigilancia de las entidades que los presten”.

Centrándonos en la cuestión a debate, el artículo 338 de la Constitución Política prevé que si bien la creación de las tasas y contribuciones compete a las leyes, ordenanzas y acuerdos, estas normas pueden permitir que las tarifas de dichos tributos sean fijadas por las autoridades administrativas. Y que dichas tarifas deben cobrarse a los contribuyentes para recuperar los costos de los servicios que tales autoridades presten, si es una tasa, o como participación en los beneficios que les proporcionan, si se trata de una contribución.

En virtud de la facultad impositiva otorgada por la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 142 de 1994 “Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones”. El artículo 85 de la citada ley creó el tributo denominado contribución especial con el fin de “recuperar los costos del servicio de regulación que preste cada comisión, y los de control y vigilancia que preste el superintendente” (Se resalta). El sujeto activo de la contribución especial es la superintendencia y son sujetos pasivos, las entidades sometidas a control y vigilancia, es decir, las prestadoras de servicios públicos domiciliarios.

Dentro del poder tributario y la libertad de configuración normativa, el Congreso de la República dispuso en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994 que la contribución especial a cargo de las entidades sometidas a inspección, vigilancia y control de la superintendencia debe liquidarse y pagarse teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Para definir los costos de los servicios que presta la SSPD deben tenerse en cuenta todos los gastos de funcionamiento de esta, al igual que la depreciación, amortización u obsolescencia de sus activos en el período anual respectivo (art. 85.1 de la Ley 142 de 1994).

2. La SSPD debe presupuestar sus gastos anuales y dentro del límite legal debe cobrar la tarifa que arroje el valor necesario para cubrir el presupuesto anual (artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994).

La tarifa máxima de la contribución especial es el 1% “del valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente en el año anterior a aquel en el que se haga el cobro, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la superintendencia” (artículo 85.2 inciso segundo de la Ley 142 de 1994).

Así, la tarifa del tributo denominado contribución especial, es máximo del 1% y la base gravable, es el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación de la entidad contribuyente.

El hecho de que la base gravable del tributo sea el valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación es concordante con el fin mismo de la contribución especial, que es recuperar los costos de los servicios de control y vigilancia, y guarda armonía también con el artículo 338 de la Constitución Política, que prevé que la tarifa es para la recuperación de costos de los servicios que presta la autoridad administrativa.

Fue voluntad del legislador, titular del poder tributario, que la base gravable de la contribución especial fuera el valor de los gastos de funcionamiento, más concretamente, los asociados al servicio sometido a vigilancia y control de la demandada. No fue su voluntad que la base gravable incluyera el valor de los costos de producción. Si así hubiera sido, lo habría plasmado en la norma, sin reparo alguno, pues, se insiste, tiene la potestad para hacerlo.

Además, como la tarifa de la contribución especial es para recuperar los costos en que incurra la SSPD por los servicios de control y vigilancia que presta a las vigiladas, fue voluntad del legislador que la base gravable solo incluyera los gastos de funcionamiento asociados al servicio que presta la entidad vigilada y que se encuentra sometido a inspección, vigilancia y control del Estado o, como dice el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, “del servicio sometido a regulación”.

Así mismo, en cuanto al argumento de que la ley limitó la base de liquidación de la contribución especial a rubros que son insuficientes para recuperar los costos en que incurre la superintendencia por la prestación de los servicios de inspección, vigilancia y control, se advierte que el análisis de dicho argumento es propio del debate legislativo exclusivo del Congreso, como titular de la potestad tributaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 338 de la Constitución Política.

De acuerdo con lo anterior, no procede la interpretación que dio la demandada a la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación”, del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994. Por lo tanto, la Sala declara no probada lo que la demandada denominó como excepción de inconstitucionalidad.

Base gravable de la contribución especial a favor de la SSPD

La SSPD profirió la Liquidación Oficial 20135340015296 de 23 de mayo de 2013, por medio de la cual determinó a Electrificadora de Santander S.A. ESP la contribución especial, correspondiente al año 2010, “en el 0.8283% de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio de la Entidad contribuyente, de acuerdo con los estados financieros puestos a disposición de la SSPD a través del sistema único de información —SUI—, a 31 de diciembre de 2009”(24)24

En el artículo 2º de la mencionada resolución dispuso que las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la SSPD, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2012, incluyen las siguientes cuentas:

51Gastos de administración (menos la 5120)
7505Servicios personales
7510Generales
753508Arrendamientos
7517
753508Licencia de operación del servicio
753513Comité de estratificación
7540Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones
7542Honorarios
7545Servicios públicos
7550Materiales y otros costos de operación
7560Seguros
7570Órdenes y contratos por otros servicios
  

En sentencia de 11 de mayo de 2017, la Sala anuló parcialmente el artículo 2º de la Resolución SSPD SSPD-20121300016515 de 30 de mayo de 2012, “en cuanto incluyó dentro de la base de liquidación de la contribución especial de la vigencia 2012, las cuentas 7505, 7510, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570, todas pertenecientes al “grupo 75 - Costos de producción” y NIÉGASE la nulidad de la inclusión del grupo 51 - “Gastos de administración (menos la cuenta 5120)” en la base de liquidación de la contribución especial por la misma vigencia fiscal(25).

Para el efecto, reiteró el criterio expuesto por la Sala respecto a la inclusión de la cuenta 75 en la base gravable de la contribución especial a favor de la SSPD. Al respecto, consideró lo siguiente(26):

“Las cuentas del grupo 75 - Costos de producción no hacen parte de la base gravable de la contribución especial

Como se precisó, el artículo 2º de la Resolución SSPD-20121300016515 de 2012 dispuso que hacen parte de la base gravable de la contribución especial para el año gravable 2011, las cuentas 7505, 7510, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570 del grupo 75 - Costos de producción.

De acuerdo con el criterio de la sección, fijado en el fallo del 23 de septiembre de 2010 y que en esta oportunidad se reitera, las cuentas del grupo 75 - Costos de producción del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios no integran la base gravable de la contribución especial, fundamentalmente porque “la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994”.

En idéntico sentido, la Sala ha inaplicado actos generales de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en cuanto han incluido las cuentas del grupo 75 - Costos de producción dentro de la base gravable de la contribución especial.

(...).

“Es de anotar que sobre los costos de producción, la Sala precisó lo siguiente(27):

‘Según el numeral 4.2.8.4.3 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios, los costos ‘representan erogaciones y cargos asociados, clara y directamente con la prestación de los servicios públicos domiciliarios, de los cuales un ente económico obtuvo sus ingresos’ y en cuanto a los costos de producción dice que ‘comprenden las erogaciones y cargos asociados clara y directamente con la producción, la prestación de servicios de los cuales el ente prestador de servicios públicos domiciliarios obtiene sus ingresos, en desarrollo de su función u objeto social’.

De lo anterior se tiene que si bien los costos de producción comprenden las erogaciones asociadas clara y directamente con la producción o la prestación de servicios de los cuales el ente prestador obtiene sus ingresos, lo que los haría, en principio, integrantes de la base gravable, al realizar una interpretación gramatical y conforme al sentido técnico de las palabras a voces de los artículos 27 a 29 del Código Civil, la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994, ya que de haber sido esa la intención del legislador así lo hubiera contemplado legalmente, teniendo en cuenta el fundamento contable que tiene la base gravable comentada’.

Por tanto, los costos de producción equivalen a aquellas erogaciones asociadas directamente con la producción de los bienes o prestación de los servicios, mediante las cuales las empresas de servicios públicos domiciliarios obtienen sus ingresos en desarrollo de su actividad. Por su parte, los gastos de funcionamiento corresponden a las erogaciones que, a diferencia de los costos, se utilizan de manera directa o indirecta, y que son necesarias para cumplir las funciones propias de la actividad de dichas empresas”. (Destacado propio del texto original).

Con base en el criterio anteriormente expuesto, en la sentencia de 11 de mayo de 2017, expediente 20179, la Sala concluyó que la inclusión de los costos de producción, esto es, de las cuentas del grupo 75 del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios, dentro de los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio regulado que hizo la Resolución SSPD-20121300016515 de 30 de mayo de 2012 es contraria al artículo 85 [85.2] de la Ley 142 de 1994, dado que amplía la base gravable del tributo con erogaciones que no hacen parte de los gastos de funcionamiento de las entidades vigiladas.

Así, por violar el principio de legalidad del tributo, anuló las cuentas del grupo 75 demandadas en ese proceso, a saber; “las cuentas 7505, 7510, 753508, 753513, 7540, 7542, 7545, 7550, 7560 y 7570, todas pertenecientes al ‘grupo 75 - Costos de producción’.

Como consecuencia de la nulidad parcial en mención, serán excluidas de la base gravable de la contribución determinada a la actora por la demandada las citadas cuentas del grupo 75 costos de producción.

Además, con los mismos argumentos de la nulidad parcial que ya se expusieron, la Sala inaplica por ilegal el artículo 2º de la Resolución SSPD-20101300020835 de 24 de junio de 2010, en cuanto incluyó como gastos de funcionamiento las siguientes cuentas del Grupo 75 - Costos de producción, quedando así:

“ART. 2º—Base para la liquidación de la contribución especial.

Las erogaciones que constituyen los gastos de funcionamiento asociados a la prestación del servicio sometido a la inspección, control y vigilancia de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, que integran la base de liquidación para la contribución especial de la vigencia 2010, una vez aplicado el test de validación, se encuentran contenidas en las siguientes cuentas:

51Gastos de administración (menos la 5120)
7505Servicios personales
7510Generales
753508Arrendamientos
7517
753508Licencia de operación del servicio
753513Comité de estratificación
7540Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones
7542Honorarios
7545Servicios públicos
7550Materiales y otros costos de operación
7560Seguros
7570Órdenes y contratos por otros servicios
  

En consecuencia, la Sala procederá a excluir de la base gravable de la contribución especial determinada a la actora por el año gravable 2010 las referidas cuentas, para esto, se observa que en el asunto objeto de análisis, la SSPD profirió la Liquidación Oficial 20135340015296 de 23 de mayo de 2013, por medio de la cual determinó a Electrificadora de Santander S.A. ESP la contribución especial, correspondiente al año 2010, así:(28)

CuentaConceptoLiquidación SSPD
51(+) Gastos de administración$ 57.679.968.082,00
5120(-) Impuestos, tasas y contribuciones$ -2.088.803.613,00
7505(+) Servicios personales$ 45.641.236.288,00
7510(+) Generales$ 7.941.577.416,00
7540(+) Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones$ 35.833.901.227,00
7542(+) Honorarios$ 3.781 .050.070
7545(+) Servicios públicos$ 4.786.570.387,00
7550(+) Materiales y otros costos de operación$ 3.645.634.315,00
7560(+) Seguros$ 8.942.463.755,00
7570(+) Órdenes y contratos por otros servicios$ 7.866.149.191,00
753508Licencia de operación del servicio$ 0
753513Comité de estratificación$ 0
 Total base$ 174.029.747.118,00
 Total contribución porcentaje 0.8283%$ 1.441.488.00(sic),00
 Total a pagar$ 1.441.488.000,00

Conforme con el artículo 85 [85.2] de la Ley 142 de 1994, la base gravable de la contribución especial corresponde al valor de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación.

De la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación” prevista en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, se tiene que fue voluntad del legislador que solo dichos gastos, y no los costos de producción, hicieran parte de la base gravable de la contribución especial.

En idéntico sentido, la sección ha precisado que los costos de producción no hacen parte de la base gravable de la contribución especial. Y ha señalado, igualmente, que tampoco hacen parte de dicha base los gastos de funcionamiento que no estén asociados al servicio sometido a vigilancia de la superintendencia(29).

En consecuencia, solo hacen parte de la base gravable de la contribución especial, prevista en el artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación, esto es, en palabras de la sección, “aquellos [gastos] que tengan una relación directa o indirecta, pero eso sí, necesaria e inescindible con la prestación de los servicios sometidos a la vigilancia, control, inspección y regulación” de la entidad demandada”.

Por consiguiente, no hacen parte de dicha base los gastos que no sean de funcionamiento o, que siendo de funcionamiento, no estén asociados al servicio sometido a regulación o vigilancia de la SSPD. Tampoco hacen parte de dicha base, los costos de producción.

Como se precisó, en la Liquidación Oficial 20135340015296 de 23 de mayo de 2013, por la que determinó a Electrificadora de Santander S.A. ESP la contribución especial, correspondiente al año 2010, la SSPD incluyó dentro de la base gravable las cuentas del Grupo 75 - costos de producción de servicios personales (7505), generales (7510), órdenes y contratos de mantenimiento (7540), honorarios (7542), servicios públicos (7545), materiales y costos de operación (7550), seguros (7560) y órdenes y contratos por otros servicios (7570).

Del mismo modo, de acuerdo con el criterio de la sección, reiterado en la Sentencia 20179 de 11 de mayo de 2017, las cuentas del grupo 75 - costos de producción del plan de contabilidad para entes prestadores de servicios públicos domiciliarios no integran la base gravable de la contribución especial, fundamentalmente porque “la noción de costos no se puede equiparar a la de gastos de funcionamiento por no haberlo previsto así la Ley 142 de 1994”.

En consecuencia, de la base gravable de la liquidación de la contribución especial a cargo de la actora por el año 2010, se excluyen las cuentas del Grupo 75 - costos de producción de servicios personales (7505), generales (7510), órdenes y contratos de mantenimiento (7540), honorarios (7542), servicios públicos (7545), materiales y costos de operación (7550), seguros (7560) y órdenes y contratos por otros servicios (7570), por lo cual la liquidación es la siguiente:

ConceptoLiquidación SSPDLiquidación tribunalLiquidación Consejo de Estado
(+) Gastos de administración$ 57.679.968.082,00$ 57.679.968.082,00$ 57.679.968.082,00
(-) Impuestos, tasas y contribuciones$ -2.088.803.613,00$ -2.088.803.613,00$ -2.088.803.613,00
(+) Servicios personales$ 45.641.236.288,00$ 0$ 0
(+) Generales$ 7.941.577.416,00$ 0$ 0
(+) Órdenes y contratos de mantenimiento y reparaciones$ 35.833.901.227,00$ 0$ 0
(+) Honorarios$ 3.781.050.070$ 0$ 0
(+) Servicios públicos$ 4.786.570.387,00$ 0$ 0
(+) Materiales y otros costos de operación$ 3.645.634.315,00$ 0$ 0
(+) Sequros$ 8.942.463.755,00$ 0$ 0
(+) Órdenes y contratos por otros servicios$ 7.866.149.191,00$ 0$ 0
Licencia de operación del servicio$ 0$ 0$ 0
Comité de estratificación$ 0$ 0$ 0
Total base$ 174.029.747.118,00$ 55.591.164.469,00$ 55.591.164.469,00
Total contribución porcentaje 0.8283%$ 1.441.488.00(sic),00$ 460.461.615,296$ 460.461.615,296
Total a pagar$ 1.441.488.000,00$ 460.461.645,296$ 460.461.645,296

De esta manera, la Sala confirma la sentencia de primera instancia que declaró la nulidad parcial de los actos administrativos demandados y, que declaró como restablecimiento del derecho que Electrificadora de Santander S.A. ESP sólo está obligada a pagar la suma de $ 460.461.615,296, por concepto de la contribución especial del año 2010, prevista en el artículo 85 de la Ley 142 de 1994, ordenando en igual medida a la SSPD, devolver la suma de $ 981.026.354 a Electrificadora de Santander S.A. ESP, esta suma se devolverá debidamente indexada como lo prevé el artículo 187 del CPACA, junto con los intereses moratorios a que se refieren los artículos 192 y 195 ibídem.

El tribunal actualizó el mayor valor pagado ($ 1.157.435.137) a la fecha de la sentencia de primera instancia. No obstante, ese mayor valor que ha de devolverse, debe actualizarse de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA(30), a la fecha de ejecutoria de la presente providencia(31).

En consecuencia, la suma que se ordena devolver, esto es, $ 981.026.354, debe ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor, de conformidad con el inciso final del artículo 187 del CPACA asimismo, respecto de la suma actualizada proceden intereses moratorios, en los términos del artículo 192 y 195 ibídem.

VH = VA x (IPC actual/IPC anterior)

Va = 981.026.354 x (138,32 (noviembre de 2017)/136,12 (febrero 2017)

Va = $ 996.881.907

Condena en costas

En cuanto a la condena en costas, la Sala precisa lo siguiente:

Conforme con los artículos 188 del CPACA y 361 del Código General del Proceso, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Por su parte, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“ART. 365.—Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

(...).

Respecto a la condena en costas de que trata el Código General del Proceso, la Corte Constitucional ha señalado lo siguiente(32):

La condena en costas no resulta de un obrar temerario o de mala fe, o siquiera culpable de la parte condenada, sino que es resultado de su derrota en el proceso o recurso que haya propuesto, según el artículo 365(33). Al momento de liquidarlas, conforme al artículo 366(34), se precisa que tanto las costas como las agencias en derecho corresponden a los costos en los que la parte beneficiaria de la condena incurrió en el proceso. siempre que exista prueba de su existencia, de su utilidad y de que correspondan a actuaciones autorizadas por la ley. De esta manera, las costas no se originan ni tienen el propósito de ser una indemnización de perjuicios causados por el mal proceder de una parte, ni pueden asumirse como una sanción en su contra”. (Resalta la Sala)

En este caso, una vez revisado el expediente, se advierte que no existen elementos de prueba que demuestren o justifiquen las erogaciones por concepto de costas. Por lo tanto, no se condena en costas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR no probada la excepción de inconstitucionalidad de la expresión “de los gastos de funcionamiento asociados al servicio sometido a regulación” del artículo 85.2 de la Ley 142 de 1994, que propuso la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.

2. CONFÍRMASE el numeral PRIMERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada.

3. MODIFÍCASE el numeral TERCERO de la parte resolutiva de la sentencia apelada que quedará así:

ORDÉNESE a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, devolver a la Electrificadora de Santander, novecientos noventa y un millones veintiséis mil trescientos cincuenta y cuatro pesos ml ($ 981.026.354), suma que deberá ser indexada de conformidad con lo señalado en la parte considerativa de la sentencia.

Dicha suma devengará intereses de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley 1437 de 2011.

4. No se condena en costas en esta instancia.

La anterior providencia fue estudiada y aprobada en sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cúmplase».

23 Consejo de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 11 de mayo de 2017, número interno 20179, consejero ponente Dr. Milton Chávez García.

24 Folio 33 cdno. ppal.

25 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 11 de mayo de 2017 con radicado 11001-03-27-000-2013-00021-00(20179). C.P. Milton Chávez García.

26 Expediente 2013-00021-00 [20179], C.P. Milton Chávez García. También reiteró las sentencias de los expedientes 20874 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; 21714 Jorge Octavio Ramírez; 21246 C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y 21724 C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.

27 Ibídem.

28 Folio 49 cdno. ppal.

29 Sentencia de 23 de septiembre de 2010, expediente 16874, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia. Reiterada en sentencias de 12 de noviembre de 2015, expediente 21737, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez y de 11 de mayo de 2017, expediente 20179, C.P. Milton Chávez García.

30 Artículo 187 del CPACA prevé que: (...) “Las condenas al pago o devolución de una cantidad líquida de dinero se ajustarán tomando como base el índice de precios al consumidor”.

31 En el mismo sentido, las sentencias de 29 de septiembre de 2015, expediente 20874, de 25 de abril de 2016, expediente 21246, M.P. Dra. Martha Teresa Briceño de Valencia, y de 56 de mayo de 2016, expediente 21714, M.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

32 Cfr. la sentencia C-157 de 2013, M.P. Mauricio González Cuervo, en la que se declaró exequible el parágrafo único del artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones, bajo el entendido de que tal sanción —por falta de demostración de los perjuicios—, no procede cuando la causa de la misma sea imputable a hechos o motivos ajenos a la voluntad de la parte, ocurridos a pesar de que su obrar haya sido diligente y esmerado.

33 Se transcribe el artículo 365 del CGP.

34 Se transcribe el artículo 366 del CGP.