Sentencia 2014-00042 de septiembre 8 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Radicación número: 25000-23-41-000-2014-00042-02

Actor: Jairo Antonio Rodríguez Castelblanco y Otra

Demandado: Andrea Princess González Huérfano

Nulidad electoral - Segunda instancia

Bogotá, D.C., ocho de septiembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia dictada el 21 de abril de 2016 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primero, Subsección A, porque conforme al artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012(12), conoce en segunda instancia de las sentencias proferidas por los tribunales administrativos.

En este caso, se analizará por la Sala si el asunto respecto del cual el Tribunal a quo asumió competencia en primera instancia en virtud del artículo 152 numeral 9º(13) del CPACA, conforme lo registró al estudiar la procedencia de la admisión de la demanda al folio 140 del expediente, constituye un acto que pueda ser controvertible en ejercicio de este medio de control de naturaleza especial.

2. Prueba del acto acusado

El presunto nombramiento que se cuestiona es el que le hiciera la Secretaria General de la Superintendencia de Industria y Comercio a la señora ANDREA PRINCESS GONZÁLEZ HUERFANO para que fungiera como Secretario Ad hoc en esa entidad a efectos de desempeñar funciones de certificación y las relacionadas con la autenticación de documentos que competen al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal adscrita al Despacho del Superintendente Delegado para asuntos jurisdiccionales. Esta decisión se encuentra contenida en la Resolución N° 51336 de 29 de agosto de 2012(14), de cuyo tenor literal se lee:

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Superintendencia de Industria y Comercio  

RESOLUCIÓN NÚMERO (# 51336) DE 2012 

Por la cual se nombra un secretario ad-hoc

El Secretario General,  

En ejercicio de las facultades conferidas por el numeral 13

Del artículo 22 del decreto 4886 del 2011

RESUELVE:

ART. 1º—Nombrar como Secretario ad-hoc, a la funcionaria Andrea Princess González Huérfano, identificada con la cédula de ciudadanía 1.032.393.425, quien ocupa el cargo de Profesional Universitario 2044-01 (Provisional) de la planta global asignado al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal, para desempeñar funciones de funciones de certificación o las relacionadas con la autenticación de documentos que competen al Grupo de Trabajo de Competencia Desleal adscrita al Despacho del Superintendente Delegado para asuntos jurisdiccionales.

ART. 2º—La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.”

3. Problema jurídico

Para la Sala, se trata de determinar si la decisión del Tribunal a quo de negar las pretensiones de la demanda es correcta en su motivación y, si hay lugar a confirmarla o, en su lugar, a revocarla, a partir de verificar en primer lugar, si el acto por el cual se ejercitó este medio de control es susceptible de demanda electoral, para establecerlo se deberá determinar cuál es su naturaleza jurídica.

De encontrarse probada su posibilidad de ser cuestionado por este proceso, asumirá el análisis que corresponda frente a la presunta desviación de poder en su expedición y a la ausencia de publicación en los términos del artículo 65 de la Ley 1437 de 2011, en la que la parte demandante reitera su posición para solicitar se acceda a su anulación.

Así, para dilucidar el asunto y, conforme a los parámetros atrás señalados, se abordarán los siguientes temas: i) el objeto del medio de control de nulidad electoral; ii) características de los actos de elección y de nombramiento; iii) análisis y estudio del acto demandado y iv) determinación de procedencia de la acción electoral. En caso de que resulte procedente la acción electoral, se analizará si el acto que se cuestiona: i) incurrió en desviación de poder y ii) si la ausencia de publicación que invoca la parte actora constituye un vicio que afecte la legalidad del mismo.

4. Objeto del medio de control de nulidad electoral

La Sala comienza por hacer referencia a que de antaño se ha considerado que el medio de control de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del CPACA, es una especie del género del medio de control de nulidad, en cuanto comparte en esencia un atributo que las asimila como acción de naturaleza pública. De éstas se predica la posibilidad de que cualquiera persona pueda acudir en virtud del ejercicio del poder público previsto en el artículo 40 superior a ejercer la potestad concerniente con la interposición de acciones públicas en defensa de la constitución y de la ley.

Bajo este contexto y anunciada esa identidad que hace comunes estos medios de control, es del caso resaltar que la especialidad que se predica del medio de control de nulidad electoral se concreta en que su objeto o finalidad se dirige a asegurar el respeto del principio de legalidad en el ejercicio de las funciones electorales y de la facultad nominadora asignada a las autoridades y corporaciones públicas que conforman la organización estatal.

Así, es claro que este medio judicial procede contra los actos que realicen una designación por elección, sea esta de carácter popular o no, y de aquellos que contengan un nombramiento.

En avance de la jurisprudencia de esta Corporación se tiene que respecto de los actos susceptibles de esta controversia se pueden invocar las causales específicas y especiales de nulidad de los actos de elección y de nombramiento previstas en el artículo 275 del CPACA pero también se puede acudir a la proposición de que son cuestionables por las causales generales de anulación de los actos administrativos, contenidas en el artículo 137 ibídem.

En estos términos, es evidente que en esta clase de proceso de naturaleza especial, el juicio de constitucionalidad y de legalidad no se plantea en estricto sentido por la controversia de un administrado con un acto que le es desfavorable, sino que su análisis está orientado a ejercer un control de constitucionalidad y legalidad en abstracto de esta clase de actos de elección y de nombramiento.

Así, el contencioso de nulidad electoral tiene por propósito revisar la mera legalidad objetiva o juridicidad del acto demandado, esto es, aquel declarativo de una elección o de nombramiento, pero de ninguna manera le corresponde realizar análisis sobre las conductas o las funciones que en desarrollo de tal designación realice quien resultó elegido o la persona que se nombró en un empleo, pues ello desborda su naturaleza y las particularidades de la acción especial.

Esto para referir que todas aquellas implicaciones particulares que esgrimieron los actores respecto de los perjuicios y las presuntas irregularidades que derivan del acto cuestionado con incidencia en el desarrollo y ejecución de un procedimiento de naturaleza jurisdiccional ante la Superintendencia de Industria y Comercio, desborda el objeto de este medio de control de nulidad electoral.

5. Características de los actos de elección y de nombramiento

Ahora bien, esta Sala debe ocuparse de establecer qué clase de actos son los que pueden cuestionarse a través de este medio de control, pues en razón a su especialidad, la competencia que se asigna en esta materia está restringida a dos clases de actos: i) los de elección y ii) los de nombramiento(15).

En esa medida, es condición sine quanon que a través de este medio se accione el acto que contiene una elección o un nombramiento, pues es requisito esencial para adelantar este procedimiento que el examen recaiga en esta clase de decisión pues su objeto radica únicamente respecto de éstos, lo que impide que se cuestionen actos que no contengan tal declaratoria.

De esta manera, puede señalarse que son actos de elección aquellos que resultan de la manifestación de la voluntad colectiva y mayoritaria que se consolida mediante la emisión de un voto respecto de un candidato, aspirante, ternado o inscrito. A estas designaciones por votos les precede un procedimiento que consagra una serie de etapas para garantizar que se materialice tal expresión.

Estas votaciones pueden ser ciudadanas, cuando es el pueblo quien concurre a las urnas a elegir sus representantes y otras que corresponden al ejercicio del poder representativo, cuando a los miembros de las corporaciones públicas, tales como el congreso, las asambleas, los concejos, o las corporaciones autónomas y demás entes corporativos se les ha conferido esta función electoral.

Por su parte, son actos de nombramiento aquellos mediante los cuales se designa a una persona para que desempeñe el ejercicio de un cargo. En esta decisión concurre la voluntad de quien en la entidad ostenta o está investido de la condición nominadora.

Bajo este entendido, fue que el legislador privilegió que mediante esta acción se controvirtiera la legalidad objetiva de esta clase de actos, pese a la condición o carácter particular de los mismos, pues implican la vinculación de una persona a la función pública. Y es que son precisamente la inspiración de los principios que gobiernan dicha vinculación lo que habilita el que cualquier persona concurra en defensa del ordenamiento jurídico a controvertir la elección o el nombramiento que se considere contrario a la ley y/o a la constitución.

En relación con el concepto de función pública ha de señalarse que:

“(…) la noción de “función pública” atañe al conjunto de las funciones que cumple el Estado, a través de los órganos de las ramas del poder público, de los órganos autónomos e independientes, (art. 113) y de las demás entidades o agencias públicas, en orden a alcanzar sus diferentes fines.

 

Empero, debe la Corte señalar que la posibilidad de desempeñar funciones públicas se predica no solo de las personas que se vinculan con el Estado mediante la elección o nombramiento y la posesión en un cargo, sino también de los particulares que, en los casos taxativamente señalados en la Constitución y la ley, puedan investirse de la autoridad del Estado y desempeñar funciones públicas administrativas (art. 123-3, 210-2, 267-2) o funciones públicas judiciales (art. 118-3).”(16)

Recapitulando, es necesario que dada las características del medio de control de nulidad electoral, para su ejercicio se verifique que su accionar corresponde a cuestionar esta clase de actos, pues no es posible verificar la legalidad de actos que no comportan tales condiciones bajo el adelantamiento de esta acción.

Sobre el particular corresponde insistir en el siguiente concepto que da cuenta del elemento que debe estar presente en la decisión que se cuestiona, que tiene que ver con que el nombrado o elegido se convierte en sujeto pasivo de las normas que gobiernan la función pública, en el respectivo cargo en el que es designado, así lo determinó esta Sección en el siguiente pronunciamiento:

“(...) Los actos de nombramiento o de elección en un destino público corresponden a una categoría especial de actos particulares y concretos(17) denominados actos condición(18), pues hacen que el nombrado se convierta en sujeto pasivo de las normas que gobiernan la función pública.

Como actos particulares tienen la virtud de crear, modificar o extinguir una situación jurídica particular y concreta a una persona determinada, que en principio no es otra que la designada, en el respectivo cargo público en este caso.”(19)

Es precisamente por lo anterior, que en el medio de control de nulidad electoral es el elegido o el nombrado, quien adquiere la condición de demandado y no la entidad que produce o adopta el acto de elección o nombramiento, a quien se le vincula para que, de estimarlo procedente, acuda en defensa del acto cuestionado, en los términos del artículo 277 del CPACA.

Con estas precisiones pasa la Sala a examinar si el acto cuestionado tiene la connotación de un acto de elección o de nombramiento, susceptible de cuestionarse por este medio.

6. análisis y estudio del acto demandado

Como se ha dejado visto a lo largo de esta providencia es evidente que lingüísticamente la Resolución N° 51336 encierra un “nombramiento” pero tal acto de ninguna manera se configura en un nombramiento como tal, (de acuerdo al concepto ya explicado) de la funcionaria, Andrea Princess González Huérfano en un empleo o cargo público.

En efecto, del examen de la mencionada Resolución se aprecia de su contenido:

i) Que al “nombramiento” como secretaria ad hoc le subsiste una vinculación legal y reglamentaria producto del nombramiento que antecedió en el cargo de Profesional Universitario 2044-01.

ii) Que el acto lo expide la Secretaría General de la Superintendencia de Industria y Comercio, quien no lo hace en ejercicio de función nominadora, sino invocando el numeral 13 del artículo 22 del Decreto 4886 de 2011.

iii) Que lo asignado mediante esta resolución es el “desempeño de funciones de certificación o las relacionadas con la autenticación de documentos”. Es decir, constituye la asignación de una función en cabeza de su titular.

De otra parte, se aprecia por la Sala que a la asignación de funciones de la abogada Andrea Princess González Huérfano le precedía una vinculación laboral con la entidad, la que según se advierte al folio 241 del cuaderno 2 del expediente, se dio en cumplimiento de la potestad nominadora de la entidad, radicada en el Superintendente de Industria y Comercio (E), quien mediante Resolución N° 42554 del 13 de julio de 2012 dispuso “Nombrar provisionalmente […] en el cargo de Profesional Universitario, código 2044, grado 01 de la Planta global, asignado a la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales […]”.

Este ingreso a la función pública acreditado por la posesión al cargo para el cual fue nombrada, que se cumplió el 1° de agosto de 2012 (fl. 244 C.2 del expediente), determina que la señora Andrea Princess González Huérfano para el 29 de agosto de 2012, cuando se le comunicó de la designación como Secretaria Ad hoc en el Despacho del Superintendente Delegado para asuntos jurisdiccionales ya se encontraba vinculada en esa institución y la función que se le asigna en virtud de la Resolución 51336 de 2012, no puede considerarse como un acto de nombramiento porque no tiene la características que lo identifican como tal.

Se trata ni más ni menos de una asignación de determinadas funciones.

Ahora bien, si se considera el contenido y naturaleza del Decreto 4886 de 2011(20), se aprecia que mediante éste se modificó la estructura de la entidad y se determinaron las funciones entre las diferentes dependencias de la entidad. Esta reglamentación indica que mediante dicho acto se le dotó a la Secretaria General de la SYC para que en cumplimiento de sus funciones(21) contara con la posibilidad de designar a una secretaria ad hoc, para apoyar el cumplimiento de su catálogo funcional.

Y fue precisamente en virtud de tal atribución que incorporó mediante el acto administrativo acusado, la delegación de una de sus atribuciones a una funcionaria de la entidad, lo que de ninguna manera representa que por este motivo se considere que dicha Resolución N° 51336 de 2012, contenga un acto de nombramiento, de aquellos que pueden cuestionarse mediante esta acción de naturaleza electoral.

7. determinación de procedencia de la acción electoral

En las diligencias está probado que el proceso inicialmente lo presentó la apoderada de los actores en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, con el propósito de que se anulara la resolución cuestionada y a título de restablecimiento del derecho pretendía que se le pagaran perjuicios por el valor correspondiente “a la condena impuesta en su contra mediante Sentencia 5137 de 31 de agosto de 2012”, pero mediante auto del 2 de diciembre de 2013, la Sección Segunda lo remitió a la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca habida cuenta que: i) no existe vínculo laboral entre los demandantes y la SYC, ii) no están pidiendo ser nombrados o designados y iii) no solicitaron el pago de salarios.

Fue luego que se inadmitió la demanda por el magistrado conductor del trámite ante la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que bajo la consideración que se debía acreditar la legitimación en la causa por activa para demandar la Resolución N° 51336 de 29 de agosto de 2012, que se indicó que el “medio de control procedente para su estudio es el de nulidad electoral”.

No obstante, esta consideración y el trámite conferido a este proceso en virtud de tal determinación, de ninguna manera comporta la posibilidad de que en esta instancia el juez de la alzada quede vedado para determinar si el acto cuestionado es susceptible de estudio de legalidad a través de proceso de naturaleza especial.

Ha de advertirse que la procedencia de la acción electoral no puede medirse ni la representa, como en otras acciones, los motivos que esgrimen los actores para su cuestionamiento. En efecto, en este caso solo se permite el reclamo de la nulidad del acto de elección y/o de nombramiento, decisión que no se compadece de ninguna manera con el contenido de la resolución demandada.

Al respecto es de aclararse que en reciente decisión esta Sección señaló:

“En conclusión el acto electoral es aquel por medio del cual la Administración declara una elección o hace un nombramiento o una designación (actos de elección popular, los de elección por corporaciones electorales, los actos de nombramiento de cualquier autoridad pública y los de llamamiento para suplir vacantes en las Corporaciones públicas). Por su parte, los actos de contenido electoral serán aquellos que tengan la virtualidad de influir en la decisión de elección, nombramiento o designación.

Dada la relación que se evidenció tienen los actos electorales con los actos de contenido electoral, conviene resaltar que éstos últimos tendrán el carácter de contenido electoral, por ende el estudio de su legalidad corresponderá a la Sección Quinta del Consejo de Estado, siempre y cuando dichos incidan en una elección, nombramiento o designación de cualquier persona que ejerza autoridad administrativa, tenga funciones públicas o su elección obedezca al resultado del ejercicio del voto popular porque se insiste los actos electorales y los de contenido electoral guardan una intrínseca relación.”(22)

Lo anterior, para insistir, que el acto cuestionado no tiene la connotación de un acto de naturaleza electoral pues no declara una elección, y tampoco hace un nombramiento o una designación.

Corresponde señalar que de acuerdo con el examen del contenido de dicho acto, se advierte que tal determinación adoptada por parte de la Secretaria General de la SYC constituye la ejecución de una atribución propia del desempeño de su cargo, en cuanto la habilitó para que encargara de las funciones de certificación y de aquellas relacionadas con la autenticación de documentos, a un funcionario de la entidad cuando lo estimara necesario para un mejor desempeño de la actividad que se encuentra a su cargo.

Así, la determinación de tal delegación de funciones no es un aspecto que deba cuestionarse a través de este medio judicial, por cuanto no implica como ya se dijo, el nombramiento ni la designación de un funcionario sino la delegación de una función frente a la que en realidad no se opone la parte demandante, pues su reproche se centra en señalar que este acto debió ser publicado por las implicaciones en el proceso jurisdiccional que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio, y que culminó sin que pudiese interponer el recurso de alzada.

Al respecto no puede la Sala dejar de señalar que la delegación de funciones administrativas es una herramienta que permite el desarrollo de la gestión pública con parámetros que se gobiernan por la eficacia, la economía y la celeridad que deben estar presentes en las actuaciones del Estado.

Tal ejercicio posibilita que en determinados eventos, los organismos y entidades de la Rama Ejecutiva del Poder Público y de la Administración Pública transfieran el desarrollo de sus funciones a sus colaboradores, pero sin que ello implique o corresponda a una nueva designación o nombramiento que torne en posible su controversia mediante este proceso de naturaleza especial.

En esa medida, se tiene que el control de esta clase de acto no procedía en ejercicio de este proceso de naturaleza especial, en cuanto está dotado de un procedimiento preferente y sumario que riñe con el propósito del examen que aquí se pidió realizar.

Además, por cuanto la parte actora pretendió la asignación de condiciones y atributos que el acto no posee, tales como la necesidad de publicarse en un diario de amplia circulación para justificar la tardía presencia en sede judicial(23), con el ánimo de controvertir en últimas, una decisión dictada en desarrollo de una competencia de orden jurisdiccional, frente a la cual está exceptuado el control que cumple esta jurisdicción en los términos del artículo 105 numeral 2°(24) del CPACA.

Así, era en dicho cauce, que los actores debieron controvertir las actuaciones y presentar los reclamos concernientes con los reproches de indebida notificación de la sentencia, que es lo que en definitiva discuten a efectos de eludir la decisión sancionatoria de orden jurisdiccional.

En esta medida, al no constituir el acto acusado un nombramiento de naturaleza electoral, lo procedente como en efecto se hará, es declarar que por este motivo la Sala debe inhibirse de pronunciarse sobre el recurso de alzada habida cuenta que no existe un acto de nombramiento que pueda ser examinado mediante esta acción.

De esta manera, como se anunció la Sala queda relevada de emitir pronunciamiento adicional sobre los cargos objeto del recurso de alzada en la medida en que la acción electoral, es improcedente para cuestionar dicho acto por las razones que se registraron en esta providencia.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

1. REVÓCASE la sentencia proferida el 21 de abril de 2016, dentro del proceso de nulidad electoral contra la Resolución 51336 de 29 de agosto de 2012, para en su lugar, declararse INHIBIDA para emitir pronunciamiento de fondo en relación con el acto objeto de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Contra lo resuelto no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriado el fallo, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez— Rocío Araújo Oñate

Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro

1 Se aprobó con salvedad de voto manifestado por el magistrado Felipe Alirio Solarte Amaya.

2 Folios 72 a 75 del C. 1 del expediente.

3 Folio 121 del expediente Cuaderno N° 1.

4 El magistrado Felipe Alirio Solarte Maya salvó su voto, según las consideraciones que expone al folio 148 a 153, y que se concretó en los siguientes términos: “Significa lo anterior entonces que no estamos en presencia de acto administrativo, sino del ejercicio de una función de naturaleza jurisdiccional, como es el nombramiento de un secretario ad ho (sic, para asuntos jurisdiccionales, para que ejerza precisas funciones por el superior, como es la certificación de piezas procesales o los actos de notificación, que no son objeto de control jurisdiccional”.

5 Folios 138 a 147 del expediente Cuaderno N° 1.

6 Folios 167 a 172 del expediente. Cuaderno 1.

7 Folios 176 a 178 del expediente. Cuaderno 1.

8 Folios 469 a 472 del Expediente. Cuaderno 3.

9 Esta decisión se adoptó con una salvedad de voto registrada por el dr. Felipe Alirio Solarte Maya.

10 “[…] con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió […]”

11 Para el efecto transcribió apartes de la sentencia de 29 de mayo del 2014. Consejera Ponente Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

12 La norma indica: “Artículo 150.- Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia […]”.

13 ART. 152.—Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos:
[…]
9. De la nulidad del acto de nombramiento de los empleados públicos del nivel directivo o su equivalente efectuado por autoridades del orden nacional y por las autoridades Distritales, Departamentales o Municipales, en municipios con más de setenta mil (70.000) habitantes o que sean capital de departamento.

14 Folio 90 Cuaderno 1 del expediente.

15 A menos que estos requieran de acto de confirmación deben demandarse junto con éste en los términos del literal a) del numeral 2° del artículo 164 del CPACA.

16 Cfr. Sentencia C-563/98.

17 BERROCAL Guerrero, Luis Enrique, Manual del Acto Administrativo, Ediciones Librería del Profesional, Quinta Edición, Página 150 “ACTO ADMINISTRATIVO PARTICULAR O INDIVIDUAL. Es el que crea modifica o extingue o afecta situaciones jurídicas personales. Tiene efectos jurídicos directos e inmediatos sobre personas identificadas o identificables individualmente, independiente del número de ellas, de suerte que lo es el que comprende a un (acto singular) o a un conjunto de personas, siempre que estén individualizadas (en este último caso la legislación española los denomina actos administrativos plúrimos)”.

18 Ib., supra, página 151. “Actos administrativos condición. [Es] el que genera un estatus o ubica a una persona o cosa en una situación legal y reglamentaria,…” (Destaca en el original).

19 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Consejero Ponente: MAURICIO TORRES CUERVO. Sentencia del 31de mayo de 2011. Radicación número: 11001-03-28-000-2009-00040-00. Actor: José Ramiro Luna Conde. Demandado: Senado de la República.

20 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.”

21 “ART. 22.—Funciones de la secretaría general. Son funciones de la Secretaría General:
1. Asesorar al Superintendente en la formulación de políticas, normas y procedimientos aplicables a la administración de los recursos humanos, físicos, financieros y de la gestión documental de la entidad.
2. Participar en la formulación de los programas, planes y proyectos de la Superintendencia y orientar la elaboración de los mismos en las áreas a su cargo.
3. Dirigir la ejecución de los programas y actividades relacionadas con los asuntos financieros y contables, contratación pública, servicios administrativos y gestión documental.
4. Dirigir la elaboración y ejecución del Plan de Contratación de la Superintendencia.
5. Coordinar y controlar las funciones de las direcciones a su cargo y orientar su gestión al cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, así como a la ejecución de los programas y proyectos a su cargo.
6. Elaborar e implementar las políticas y programas de administración de personal, selección, registro y control, capacitación, saludo ocupacional, incentivos y desarrollo del talento humano, bienestar social y dirigir su gestión.
7. Elaborar y actualizar el Manual de Funciones y Competencias de la Superintendencia.
8. Atender las peticiones, consultas y certificaciones sobre la administración de personal, reconocimiento y pago de prestaciones económicas y sociales y demás asuntos relacionados con talento humano.
9. Elaboración y poner en marcha estrategias de comunicación internas.
10. Dirigir, coordinar y controlar la gestión documental de la Superintendencia de Industria y Comercio y velar por la debida conservación de la memoria institucional; por el manejo eficiente de la documentación activa de la entidad y por la custodia y administración de los fondos documentales que se constituyan.
11. Atender las peticiones que en materia documental se reciban en la entidad.
12. Notificar los actos emanados de la Superintendencia de Industria y Comercio y designar los notificadores a que haya lugar.
13. Nombrar secretarios generales ad hoc en los casos que se requiera para un mejor desempeño de las funciones de certificación o las relacionadas con la autenticación de documentos que competen a la entidad.
14. Disponer la publicación de los actos administrativos de carácter general, de acuerdo con la ley.
15. Expedir las certificaciones y constancias que le correspondan a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando la facultad no esté atribuida a otra dependencia o funcionario.
16. Coordinar el grupo de Control Disciplinario Interno que se cree para el cumplimiento de lo señalado en la Ley 734 de 2002 o las normas que la modifiquen o adicionen.
17. Elaborar y presentar a consideración del Superintendente proyectos de actos administrativos relacionados con el funcionamiento interno de la Superintendencia.
18. Coordinar con la Oficina Asesora de Planeación, la elaboración del anteproyecto anual de presupuesto.
19. Presentar al Superintendente y a los correspondientes organismos de control y del Gobierno, los informes sobre la situación administrativa y financiera de la entidad.
20. Señalar los precios públicos y demás tarifas o tasas que deban ser cobrados por la venta de bienes y las prestaciones de servicios que preste la Superintendencia.
21. Presentar al Ministerio de Hacienda y Crédito Público el Programa Anual de Caja, de conformidad con las obligaciones financieras adquiridas.
22. Hacer seguimiento a la correcta ejecución, contabilización y rendición de informes y cuentas fiscales, presupuestales y contables, de los recursos asignados a la Superintendencia
23. Las demás que le delegue o señale el Superintendente de Industria y Comercio.”

22 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta. Auto del 27 de mayo de 2015. Radicación N°. 110010324000200500017 01.Demandante: Néstor Guillermo Cruz Cruz Demandada: Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Consejera Ponente: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

23 La solicitud de conciliación prejudicial se presentó según da cuenta la constancia de la Procuraduría General de la Nación visible al folio 41 C. 1 del expediente, mientras que el acto del que derivan el perjuicio data del 29 de agosto de 2012, lo que evidencia que entre tales fechas transcurrieron más de 9 meses, lo que desvirtúa la oportunidad para controvertir tal decisión.

24 “ART. 105.—Excepciones. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo no conocerá de los siguientes asuntos:
[…] 2. Las decisiones proferidas por autoridades administrativas en ejercicio de funciones jurisdiccionales, sin perjuicio de las competencias en materia de recursos contra dichas decisiones atribuidas a esta jurisdicción. Las decisiones que una autoridad administrativa adopte en ejercicio de la función jurisdiccional estarán identificadas con la expresión que corresponde hacer a los jueces precediendo la parte resolutiva de sus sentencias y deberán ser adoptadas en un proveído independiente que no podrá mezclarse con decisiones que correspondan al ejercicio de función administrativa, las cuales, si tienen relación con el mismo asunto, deberán constar en acto administrativo separado”.