Sentencia 2014-00054/22153 de agosto 24 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Consejero Ponente:

Dr. Milton Chaves García

Rad.: 54001-23-33-000-2014-00054-01

Num. Interno: 22153

Asunto: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Seguros del Estado S.A.

Demandado: DIAN

Sanción por devolución improcedente IVA bimestre 5º del año gravable 2009

Bogotá, D.C., veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

Extractos «Consideraciones de la Sala.

En los términos del recurso de apelación interpuesto por la demandada, la Sala decide si son nulas la Resoluciones Sanción 072412012000218 de 13 de septiembre de 2012 y la Resolución 900.154 de 2 de octubre de 2013, expedidas por la DIAN.

Para resolver, la Sala reitera el criterio expuesto en la Sentencia de 13 de julio de 2017, en la que se estudió un caso similar entre las mismas partes(18).

Inexistencia de contrato de seguro y de riesgo asegurable.

La actora manifestó que el contrato de seguro es inexistente y que los actos administrativos demandados deben anularse, porque el contrato de seguros carece del riesgo asegurado, que es un elemento esencial del contrato, pues el contribuyente obtuvo la devolución mediante fraude y este es inasegurable.

Para resolver el cargo, se reitera el criterio fijado en la Sentencia de 17 de marzo de 2016, que decidió el mismo cargo entre las mismas partes. Al respecto, la citada providencia indicó lo siguiente(19):

“En el recurso de apelación, la sociedad demandante manifestó que los actos administrativos demandados se deben anular, porque el contrato de seguros carece del riesgo asegurado, que es un elemento esencial del mismo.

La Sala considera que la sociedad demandante, al momento de suscribir el contrato de seguros que se discute, conoció del riesgo que involucraba el incumplimiento de las obligaciones tributarias relacionadas con la devolución del saldo a favor registrado por el contribuyente, pues contó con la oportunidad de evaluarlo y, a pesar de ello, decidió asegurarlo.

Por tal motivo, en el momento en que la compañía demandante firmó el contrato de seguros con el otro extremo del vínculo contractual, esto es, con el tomador de la póliza, el acuerdo de voluntades se hizo eficaz y las condiciones del mismo estaban dadas, lo que incluye la delimitación del riesgo asegurable y las consecuencias de la ocurrencia del siniestro, que como se dijo, se dieron con la expedición de la resolución que le impuso al contribuyente la sanción por devolución y/o compensación improcedente. Lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato de seguro, es de carácter, consensual, bilateral, oneroso y aleatorio(20).

En esa medida, la Administración, que es ajena al vínculo contractual al no ser parte del contrato, no debe asumir la responsabilidad derivada de la indebida o errada evaluación del riesgo hecha por la parte demandante, que como se dijo, conoció las condiciones de las obligaciones que decidió asegurar y las consecuencias derivadas de su incumplimiento”.

Adicionalmente, el artículo 860 del Estatuto Tributario dispone lo siguiente:

“[…] el garante responde solidariamente por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución […]”

El incumplimiento de obligaciones tributarias que tuvieron como efecto que la devolución fuera improcedente, fue el riesgo asegurado en la póliza cuya nulidad demanda la actora.

Por lo demás, la Sala carece de competencia para conocer y evaluar los presuntos vicios de que pueda adolecer el contrato de seguro y para declarar su nulidad o inexistencia. No prospera el cargo.

Sobrepaso del límite de responsabilidad de la aseguradora.

La demandante alega que los actos acusados son violatorios del artículo 1079 del Código de Comercio, porque ordenan el reconocimiento de una suma superior al valor asegurado en la póliza.

Lo anterior, porque el valor asegurado en la póliza para garantizar la procedencia de la devolución es de $75.146.000, en la resolución sanción la DIAN pretende, además, el pago de intereses moratorios, intereses moratorios aumentados en un 50% y el 500% del monto devuelto en forma improcedente por $375.468.000.

Pues bien, la resolución sanción dispuso lo siguiente(21):

“Primero: Imponer a la contribuyente Distribuciones y Negocios Internacionales S.AS. 900.313.471-4 de Conformidad con lo Previsto en el Artículo 670 del Estatuto Tributario, la sanción por Improcedencia en la Devolución, por los motivos expuestos en la presente resolución, en consecuencia, reintegrar el valor de Setenta y Cinco Millones Ciento Cuarenta y Seis Mil Pesos ($75.146.000) devueltos en forma improcedente más los intereses moratorios aumentados en un 50% y adicionalmente la sanción del 500% del valor devuelto, por la suma de Trescientos Setenta y Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Ocho Mil Pesos M.Cte (375.468.000).

Segundo: Advertir que contra la presente Resolución Sanción procede el recurso de reconsideración, de conformidad con lo establecido en el Art. 720 del ET., con los requisitos del Art. 722 del mismo Estatuto, el cual deberá interponerse dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de notificación del acto Administrativo que la contiene, ante la División de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Cúcuta […]”

La resolución sanción demandada no está tasando el monto de la deuda a cargo de la demandante. Lo que hace es establecer la sanción del artículo 670 del Estatuto Tributario, después de ordenar el reintegro de los $75.146.000 devueltos de forma improcedente, esto es, el pago de los intereses moratorios, aumentados en un 50% y el pago de $375.468.000, correspondientes al 500% del monto devuelto en forma improcedente, a título de sanción por utilización de medios fraudulentos en la devolución.

Así, no es cierto que a través de la resolución sanción la DIAN exigió a la Aseguradora el pago de los anteriores valores.

Por lo demás, el cargo así propuesto, constituiría una de las excepciones contra el mandamiento de pago, que podría proponer la Aseguradora en caso de que la DIAN decidiera hacer efectiva la póliza y en el evento de que la obligación no sea tasada dentro de los límites de cobertura establecidos en la póliza de seguro(22).

Lo anterior, por cuanto el artículo 831 [parágrafo] del Estatuto Tributario dispone que “Contra el mandamiento de pago que vincule los deudores solidarios procederán además, las siguientes excepciones: (...) 2. La indebida tasación del monto de la deuda”. No prospera el cargo.

De la notificación del requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión a la Aseguradora.

La Sala advierte que la notificación del requerimiento especial y la liquidación oficial de revisión fueron la base para alegar la violación al debido proceso, firmeza de la declaración privada, expiración de la vigencia de la póliza de seguro y la no constitución de la demandante como solidaria. A continuación se resolverán los cargos mencionados:

Previo al análisis de fondo, la Sala advierte que es necesario determinar las normas aplicables al caso. El artículo 670 del Estatuto Tributario, en su redacción para el momento en que acaecieron los supuestos fácticos del caso que se estudia(23), establecía que las devoluciones o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios y sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor. De manera que la Administración Tributaria tiene la facultad de rechazar o modificar el saldo a favor mediante liquidación oficial de revisión de un saldo a favor que ha sido objeto de devolución o compensación. Adicionalmente, puede imponer sanción por devolución improcedente.

Por consiguiente, deben reintegrarse las sumas devueltas o compensadas en exceso, más los intereses moratorios que correspondan, aumentados en un cincuenta por ciento (50%). Esta sanción debe imponerse dentro del término de dos años, contados a partir de la fecha en que se notifique la liquidación oficial de revisión. Además, también disponía que cuando la devolución se obtiene utilizando documentos falsos o mediante fraude, la Autoridad Tributaria puede imponer una sanción equivalente al 500% del monto devuelto en forma improcedente.

El artículo 860 del Estatuto Tributario(24), vigente para la época de los hechos(25), preveía que cuando con la solicitud de devolución, el contribuyente o responsable presenta una garantía a favor de la Nación, por un valor equivalente al monto objeto de devolución, la Administración debía entregar el cheque, titulo o giro dentro de los 10 días siguientes. Adicionalmente, la garantía tiene una vigencia de dos años, si dentro de ellos la Administración tributaria notifica liquidación oficial de revisión, el garante era solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas.

En la Sentencia de 27 de agosto de 2015, la Sala señaló que la notificación de la liquidación oficial de revisión, dentro del término de vigencia de la póliza a que hace referencia el artículo 860 del Estatuto Tributario, debe efectuarse al contribuyente y no al garante de la obligación, en razón a que este es un acto de determinación tributaria y el contribuyente es el titular de la relación jurídica sustancial y el directo responsable del pago del tributo(26).

Asimismo, en Sentencia de 17 de marzo de 2016, la Sala precisó lo siguiente(27):

“Desde ahora la Sala aclara que, en los términos del artículo 860 del Estatuto Tributario, el requerimiento especial que precede a la expedición de la liquidación oficial de revisión y éste último acto, sólo se le deben notificar al contribuyente, que es el titular de la relación jurídica sustancial, calidad que no tiene la sociedad garante.

El procedimiento de determinación del tributo, que inicia con la expedición de un requerimiento especial (Art. 703 del E.T.) que contiene los puntos que la Administración pretende modificar de la declaración privada del contribuyente, y la liquidación oficial de revisión que la modifica, están dadas en función del vínculo que existe entre el Estado y el contribuyente, del cual éste último es titular, al ser, por disposición de la ley, el encargado al pago del tributo.

Lo anterior se advierte del contenido mismo de la liquidación oficial de revisión, que, entre otros, debe contener el periodo gravable a que corresponda, el nombre o razón social del contribuyente, el NIT, las bases de cuantificación del tributo, su monto y las sanciones a cargo del contribuyente, y la explicación sumaria de las modificaciones realizadas a la declaración privada (Art. 702 del E.T.)”.

Y en Sentencia de 14 de julio de 2016, la Sala precisó que(28):

“Si bien es cierto que los actos liquidatorios son el fundamento para dictar los actos sancionatorios por devolución improcedente, esa circunstancia por sí sola no permite que se debe notificar al garante, por cuanto el articulo 860 ib, solo exige que se notifique la liquidación oficial de revisión al contribuyente, en razón a que este es un acto de determinación tributaría.

Cuestión diferente ocurre cuando “los actos que se demandan son los que imponen al contribuyente sanción por devolución improcedente, puesto que si a la solicitud de devolución se acompañó la garantía a favor de la Nación, es procedente aceptar que la garante interponga directamente la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho(29), pues en esos casos la entidad que expide la correspondiente póliza de cumplimiento deberá garantizar el eventual reintegro al fisco de las sumas cuya devolución no sea procedente(30)”.

3.3. De acuerdo con dicho precedente, las aseguradoras no estarían legitimadas para controvertir los actos de liquidación oficial de impuestos, en la medida en que no asumen la obligación de pagar ese mayor impuesto(31).

3.4. De otra parte el numeral 4º del artículo 828 del Estatuto Tributario establece que prestan mérito ejecutivo las garantías y cauciones otorgadas a favor de la Nación para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto administrativo que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

Así las cosas, hecha una interpretación entre los artículos 828 numeral 4º y 860 ibídem, en el caso de devoluciones con garantía el acto que determina la responsabilidad del garante y la exigibilidad de la obligación a su cargo, es la resolución que declara la improcedencia de la devolución y ordena el reintegro.

3.5. La Sección Cuarta ha precisado que la resolución sanción es el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro y, por ende, el que determina la exigibilidad de la obligación garantizada. En consecuencia, la resolución sanción es el acto que debe ser notificado a la compañía de seguros para que pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción(32), como en efecto ocurrió en el presente caso que Seguros del Estado S.A. fue notificado de la resolución sanción el 8 de junio de 2011, e interpuso recurso de reconsideración(33)”. Destaca la Sala.

De acuerdo con lo anterior, la Aseguradora no está legitimada para demandar directamente la liquidación oficial de revisión que sirve de fundamento para la expedición de la resolución sanción.(34). No obstante, por oficio de 19 de mayo de 2011, la DIAN comunicó a la actora la liquidación oficial de revisión recibida por la Aseguradora el 23 del mismo mes(35).

Igualmente, la Sección ha precisado que cuando ocurre el siniestro, esto es, la imposición de la sanción, surge el interés o legitimación de las compañías de seguros, en calidad de garantes, para recurrir la sanción y demandarla ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, dentro del límite de cobertura de la póliza de seguros(36).

Lo anterior, porque en los casos de devolución amparadas con póliza de garantía, la resolución sanción es el acto que declara la improcedencia de la devolución y ordena el correspondiente reintegro y, por ende, el que determina la exigibilidad de la obligación garantizada. En consecuencia, la resolución sanción debe ser notificada a la compañía de seguros para que esta pueda ejercer el derecho de defensa y contradicción(37).

Corno se precisó, los cargos se sustentan en la falta de notificación del requerimiento especial y de la liquidación oficial de revisión a la Aseguradora. No obstante, como se dijo en la sentencia transcrita anteriormente, lo que es objeto de notificación son los actos sancionatorios. Por lo tanto, no se evidencia violación al debido proceso y, por ende, la falta de notificación de los mencionados actos a la Aseguradora no implica la firmeza de la declaración privada de IVA del bimestre 05 del año 2009.

Se reitera, que jurisprudencialmente se ha aceptado que, en casos como este, el acto que debe ser notificado al garante es la resolución sanción, como sucedió, efectivamente, en este asunto, mediante notificación del 19 de septiembre de 2012(38).

De este modo, la DIAN no violó el debido proceso de la actora porque notificó la resolución sanción y, por ello, permitió que ejerciera el derecho de defensa y contradicción frente a esta decisión a través de la interposición del recurso de reconsideración y la demanda ante la jurisdicción.

Por lo anterior, no prosperan los cargos.

En ese contexto, la Sala debería confirmar la sanción. No obstante, advierte que deben anularse parcialmente los actos demandados por las siguientes razones(39):

El artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 modificó el artículo 670 del E.T., así:

“ART. 670.—Sanción por Improcedencia de las Devoluciones y/o Compensaciones. “Artículo modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016.” El nuevo texto es el siguiente: Las devoluciones y/o compensaciones efectuadas de acuerdo con las declaraciones del impuesto sobre la renta y complementarios, y del impuesto sobre las ventas, presentadas por los contribuyentes o responsables, no constituyen un reconocimiento definitivo a su favor.

Si la Administración Tributaria dentro del proceso de determinación, mediante liquidación oficial, rechaza o modifica el saldo a favor objeto de devolución y/o compensación, o en caso de que el contribuyente o responsable corrija la declaración tributaria disminuyendo el saldo a favor que fue objeto de devolución y/o compensación, tramitada con o sin garantía, deberán reintegrarse las sumas devueltas y/o compensadas en exceso junto con los intereses moratorios que correspondan, los cuales deberán liquidarse sobre el valor devuelto y/o compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la fecha del pago. La base para liquidar los intereses moratorios no incluye las sanciones que se lleguen a imponer con ocasión del rechazo o modificación del saldo a favor objeto de devolución y/o compensación.

La devolución y/o compensación de valores improcedentes será sancionada con multa equivalente a:

1. El diez por ciento (10%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable, en cuyo caso este deberá liquidar y pagar la sanción.

2. El veinte por ciento (20%) del valor devuelto y/o compensado en exceso cuando la Administración Tributaria rechaza o modifica el saldo a favor.

La Administración Tributaria deberá imponer la anterior sanción dentro de los tres (3) años siguientes a la presentación de la declaración de corrección o a la notificación de la liquidación oficial de revisión, según el caso.

Cuando se modifiquen o rechacen saldos a favor que hayan sido imputados por el contribuyente o responsable en sus declaraciones del periodo siguiente, como consecuencia del proceso de determinación o corrección por parte del contribuyente o responsable, la Administración Tributaria exigirá su reintegro junto con los intereses moratorios correspondientes, liquidados desde el día siguiente al vencimiento del plazo para declarar y pagar la declaración objeto de imputación.

Cuando, utilizando documentos falsos o mediante fraude, se obtenga una devolución y/o compensación, adicionalmente se impondrá una sanción equivalente al ciento por ciento (100%) del monto devuelto y/o compensado en forma improcedente. En este caso, el contador o revisor fiscal, así como el representante legal que hayan firmado la declaración tributaria en la cual se liquide o compense el saldo improcedente, serán solidariamente responsables de la sanción prevista en este inciso, si ordenaron y/o aprobaron las referidas irregularidades, o conociendo las mismas no expresaron la salvedad correspondiente.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se dará traslado del pliego de cargos por el término de un (1) mes para responder al contribuyente o responsable.

“PAR. 1º—Cuando la solicitud de devolución y/o compensación se haya presentado con garantía, el recurso contra la resolución que impone la sanción se debe resolver en el término de un (1) año contado a partir de la fecha de interposición del recurso. En caso de no resolverse en este lapso, operará el silencio administrativo positivo.

“PAR. 2º—Cuando el recurso contra la sanción por devolución y/o compensación improcedente fuere resuelto desfavorablemente y estuviere pendiente de resolver en sede administrativa o en la jurisdiccional el recurso o la demanda contra la liquidación de revisión en la cual se discuta la improcedencia de dicha devolución y/o compensación, la Administración Tributaria no podrá iniciar proceso de cobro hasta tanto quede ejecutoriada la resolución que falle negativamente dicha demanda o recurso.

Se advierte que, de una parte, el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016 precisó lo que ya había dicho la Sala, en su oportunidad, en cuanto a que en la base para liquidar los intereses de mora no puede estar incluida la sanción por inexactitud.

Y, de otra, modificó la tarifa y la base de la sanción, pues pasó de ser el 50% de los intereses moratorios al 20% del valor devuelto en exceso, cuando la Administración rechaza o modifica el saldo a favor, o del 10% cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente o responsable. Así mismo, redujo la sanción adicional por utilizar documentos falsos o hacer fraude para obtener la devolución y/o compensación del 500% al 100% del monto devuelto o compensado.

El parágrafo 5º del artículo 282 de la Ley 1819 de 2016 consagró, además, el principio de favorabilidad, en el sentido de precisar que se “aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

En ese contexto, para el caso concreto, si la sanción se calcula conforme con el artículo 670 Estatuto Tributario, sin la modificación del artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, primero deben calcularse los intereses de mora a cargo de la demandante sobre el mayor impuesto liquidado que, para el caso, asciende a $75.146.000,(40) y sobre esa suma calcular el 50%, que es lo que corresponde, en realidad, a la sanción por devolución improcedente.

En cambio, en el artículo 670 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016, en concordancia con el parágrafo 5º del articulo 282 ibídem, la sanción por devolución improcedente equivale al 20% del valor devuelto indebidamente a la demandante ($75.146.000), esto es, a $15.029.200, cifra que, sin necesidad de hacer la operación aritmética correspondiente, resulta menor que el 50% de los intereses que se han causado durante un período aproximado de siete (7) años, si se tiene en cuenta que la devolución improcedente tuvo lugar el 4 de mayo de 2010 y que la causación de los intereses cesó el 18 de marzo de 2016, esto es, al cabo de dos (2) años de haberse admitido la demanda ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo [artículo 634 parágrafo 2 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 278 de la Ley 1819 de 2016].

Además, al reducirse al 100% la sanción por utilizar documentos falsos o hacer fraude para adquirir una devolución y/o compensación, esta sanción adicional es más favorable para la contribuyente que el 500% del valor de la devolución. En efecto, como el valor de la devolución fue $75.146.000, el 100% es exactamente el mismo monto.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, procede la nulidad parcial de los actos y por consiguiente, Distribuciones y Negocios Internacionales S.A.S, en calidad de contribuyente, tiene la obligación de reintegrar a la DIAN la suma indebidamente devuelta y pagar los intereses moratorios y las sanciones correspondientes, como antes quedó establecido.

Por lo anterior, la Sala revoca la sentencia que negó las pretensiones de la demanda y anula parcialmente los actos acusados.

A título de restablecimiento del derecho, la sociedad Distribuciones y Negocios Internacionales S.A.S., en virtud de la nulidad parcial de los actos acusados, debe (i) reintegrar a la DIAN $75.146.000, que es la suma indebidamente devuelta; (ii) pagar los intereses moratorios a que haya lugar; (iii) pagar la sanción del 20% del valor devuelto indebidamente, esto es, $15.029.200 y (iv) pagar la sanción adicional del 100% del valor de la devolución ($75.146.000) por el uso de documentos falsos o hacer fraude para obtener la devolución.

Condena en costas.

La Sala con base en el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo niega la condena en costas en esta instancia, por las siguientes razones:

El artículo 361 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone que “las costas están integradas por la totalidad de las expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las agencias en derecho. Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes”.

Así pues, las sentencias que deciden los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo contencioso administrativo deben resolver sobre la condena en costas, que están integradas por las expensas y gastos en que incurrió la parte durante el proceso y por las agencias en derecho. Esta regla no se aplica a los procesos en los que se ventile un interés público.

Pues bien, el artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012), señala las reglas para la determinación de la condena en costas, así:

“1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales previstos en este código. [...].

8. Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

En este caso, nos hallamos ante el evento descrito en el numeral 1º del artículo 365 del Código General del Proceso (L. 1564/2012). Sin embargo, debe analizarse en concordancia con el numeral 8º del mismo artículo.

En consecuencia, por falta de pruebas la Sala no condena en costas en ambas instancias.

Por último, se niegan las demás pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

REVOCAR la sentencia apelada. En su lugar, dispone:

1. ANULAR parcialmente la Resolución Sanción 072412012000218 de 13 de septiembre de 2012 y la Resolución 900.154 de 2 de octubre de 2013, expedidas por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

2. A título de restablecimiento del derecho, DECLARAR que en virtud de la nulidad parcial de los actos acusados, la sociedad Distribuciones y Negocios Internacionales S.A.S. debe (i) reintegrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales $75.146.000, que es la suma indebidamente devuelta; (ii) pagar los intereses moratorios a que haya lugar; (iii) pagar la sanción del 20% del valor devuelto indebidamente ($15.029.200) y (iv) pagar la sanción adicional del 100% del valor de la devolución ($75.146.000) por el uso de documentos falsos o hacer fraude para obtener la devolución.

3. NEGAR las demás pretensiones de la demanda.

4. RECONOCER personería a Margarita Villegas Ponce, como apoderados de la DIAN en los términos del poder que está en el folio 316 del expediente.

No condenar en costas en ambas instancias.

Cópiese, notifíquese, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase».

18. Exp. 22184, C.P. Milton Chaves García.

19. Exp. 21996, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

20. Artículo 1036 del Código de Comercio

21. Folios 31 a 41 del c.p.

22. Sentencias de 27 de agosto de 2015, Exp. 20493, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia; de 17 de marzo de 2016, Exp, 21996, C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 14 de julio de 2016, Exp. 21147, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

23. Artículo modificado por el artículo 293 de la Ley 1819 de 2016.

24. “Cuando el contribuyente o responsable presente con la solicitud de devolución una garantía a favor de la Nación, otorgada por entidades bancarias o de compañías de seguros, por valor equivalente al monto objeto de devolución, la Administración de Impuestos, dentro de los diez (10) días siguientes deberá hacer entrega del cheque, título o giro.
La garantía de que trata este artículo tendrá una vigencia de dos años. Si dentro de este lapso, la Administración Tributaría notifica liquidación oficial de revisión, el garante será solidariamente responsable por las obligaciones garantizadas, incluyendo el monto de la sanción por improcedencia de la devolución, las cuales se harán efectivas junto con los intereses correspondientes, una vez quede en firme en la vía gubernativa, o en la vía jurisdiccional cuando se interponga demanda ante la jurisdicción administrativa, el acto administrativo de liquidación oficial o de improcedencia de la devolución, aún si éste se produce con posterioridad a los dos años”.

25. Artículo modificado por el artículo 18 de la Ley 1430 de 2010.

26. Exp. 20493. C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia.

27. Exp. 21996, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodriguez.

28. Exp. 21147, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

29. Ver Auto del 1º de agosto de 2013. Exp. 19665. Sección Cuarta Consejo de Estado.

30. Op cit. Sección Cuarta del Consejo de Estado, Auto del 28 de agosto de 2013.

31. Ver Auto de 21 de mayo de 2014, Exp. 19879 Sección Cuarta, Consejo de Estado C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

32. Sentencias del Consejo de Estado de 12 de abril de 2002, Exp. 12466, C.P. German Ayala Mantilla; de 12 de septiembre de 2002, Exp. 12644, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 29 de junio de 2006, Exp. 15264, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y de 11 de noviembre de 2009. Exp. 16885 C.P. Dr. Héctor J. Romero Díaz, 27 de agosto de 2015, Exp. 20493, Auto de 28 de julio de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, entre otras.

33. FI. 64 c.a.1

34. Auto de 28 de agosto de 2013, Exp. 19880, C P. Martha Teresa Briceño de Valencia y Sentencia de 27 de agosto de 2015, Exp, 20493, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, reiterada en Sentencia de 17 de marzo de 2016, Exp. 21996, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez.

35. Folios 371 a 375 c.a.

36. Entre otras providencias, ver Auto de 28 de agosto de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia, citado en Sentencias de 27 de agosto 2015, Exp. 20493, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 17 de marzo de 2017, Exp. 21996, C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez y Sentencia de 14 de julio de 2016, Exp. 21147, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

37. Sentencias de 12 de abril de 2002, Exp. 12466, C.P. German Ayala Mantilla; de 12 de septiembre de 2002, Exp. 12644, C.P. María Inés Ortiz Barbosa; de 29 de junio de 2006, Exp. 15264, C.P. Dra. María Inés Ortiz Barbosa y de 11 de noviembre de 2009, Exp. 16885 C.P. Héctor J. Romero Díaz y Auto de 28 de julio de 2013, Exp. 19880, C.P. Martha Teresa Briceño de Valencia y de 27 de agosto de 2015, Exp. 20493, entre otras.

38. Folio 48 c.p.

39. Sentencia de 8 de junio de 2017, Exp. 19389 C.P (E) Stella Jeannette Carvajal Basto.

40. Valor devuelto y compensado por la DIAN por el desconocimiento de ese monto como impuesto descontable en la liquidación oficial de revisión que, según se advirtió en los antecedentes, quedó en firme.