Sentencia 2014-00054 de octubre 30 de 2014

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2014-00054-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Elmer Ramiro Silva Rodriguez

Demandado: Representante a la Cámara por el departamento del Meta

Bogotá, D. C., treinta de octubre de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3 del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(5), esta Sala es competente para conocer en única instancia del proceso de la referencia toda vez que la demanda ataca la legalidad del Formulario E-26 CA, por medio del cual se declaró la elección de Elda Lucy Contento Sanz como representante a la Cámara por el departamento del Meta.

2. Análisis de los cargos formulados.

Corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, si la renuncia presentada por la demandada al cargo de diputada de la Asamblea Departamental del Meta para el periodo 2012-2015 fue debidamente aceptada por esa corporación y, en consecuencia, si esta produjo efectos jurídicos.

En caso de considerar que la demandada sí renunció debidamente, se deberá establecer si dicha renuncia impide que se configure la inhabilidad establecida en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, denominada “coincidencia de períodos”, para ser elegida como representante a la Cámara para el período 2014-2018.

Para solucionar este problema jurídico la Sala examinará lo concerniente a la presentación de la renuncia de la demandada y su consecuente aceptación por parte de la Asamblea Departamental del Meta; y, posteriormente analizará el alcance del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución, para finalmente y una vez determinada la interpretación adecuada de este precepto constitucional, proceder a resolver el caso concreto.

2.1. De la renuncia presentada por la demandada y su aceptación por la Asamblea Departamental del Meta.

Del material probatorio obrante en el expediente se tienen como pruebas relevantes para la solución del caso las siguientes:

— Carta de renuncia presentada por la demandada el 3 de diciembre de 2013 a la Asamblea del Meta; fecha de recibido 4 de diciembre de esa anualidad(6).

— Decreto 457 de 2013 “Por medio del cual se convoca a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental del Meta”(7). Se convocó a sesiones extraordinarias por los días 4 al 13 de diciembre de 2013 con el fin de estudiar los siguientes proyectos de ordenanza: i) “Por medio de la cual se prorroga una autorización al gobernador del Meta otorgada mediante Ordenanza 801 del 3 de mayo de 2013”; ii) “Por medio de la cual se modifica el presupuesto general del departamento para la vigencia fiscal de 2013”; ii) “Por la cual se otorga una autorización al gobernador del departamento del Meta”; y, iv) “Por medio de la cual se adopta y se institucionalizan los eventos anuales: Concurso Departamental de cuento Gotas de Tinta y Concurso Departamental de Artes Visuales Trazos de Vida, orientadas a niñas, niños, jóvenes y adolescentes del Meta”.

— Acta de Sesión Extraordinaria Nº 100 del 4 de diciembre de 2013(8) en cuyo orden del día se señaló:

“1- La secretaria de la Duma da lectura al Decreto 457 de 2013 por medio de la cual se convoca a sesiones extraordinarias a la Asamblea Departamental del Meta del 04 al 13 de diciembre de 2013.

2- Llamada a lista y verificación del quórum.

3- Acto de instalación.

a-. Himno Nacional.

b-. Himno del Meta.

c-. Instalación de las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental del Meta por el señor gobernador o su delegado.

4- Imposición de la condecoración orden Lanza Llanera categoría Oro a la diputada Elda Lucy Contento Sanz.

5- Lectura de la carta de renuncia de un integrante de la Duma departamental”.

También se manifestó en esta sesión, entre otras cosas, que:

“La secretaria de la Duma da lectura a la carta de renuncia de la doctora Elda Lucy Contento Sanz como diputada del departamento del Meta (se anexa a la presente acta).

La presidencia pregunta a la plenaria sí acepta la renuncia de la diputada Elda Lucy Contento Sanz.

La secretaria de la Duma certifica que sí aprueba la renuncia Elda Lucy Contento Sanz a la curul de diputada del departamento del Meta”(9).

Resolución 140 del 4 de diciembre de 2013 “Por medio de la cual se acepta la renuncia de una diputada de la Asamblea Departamental del Meta”(10), la cual le acepta la renuncia a la señora Elda Lucy Contento Sanz a partir del 5 de diciembre de 2013.

Resolución 144 de 2013 “Por la cual se declara una vacante absoluta en la Asamblea Departamental del Meta”, la cual resolvió declarar la vacancia absoluta dejada por la señora Elda Lucy Contento Sanz como diputada de la Asamblea Departamental del Meta(11).

Ordenanza 78 de 1992 “Por medio de la cual se establece el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Meta”(12).

Ordenanza 813 de 2013 “Por medio de la cual se establece el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Meta”(13), la cual entró a regir el 1º de enero de 2014 y derogó las Ordenanzas 78 de 1993, 354 de 1999, 524, 528 y 560 del 2004.

Del material probatorio relacionado en precedencia se observa que la señora Elda Lucy Contento Sanz en efecto presentó renuncia ante la Asamblea Departamental del Meta el 4 de diciembre de 2013.

Dicha renuncia le fue aceptada en sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador del Meta mediante Decreto 457 de 2013, tal como se aprecia en el Acta de Sesiones Extraordinarias 100 del 4 de diciembre de 2013, en la que quedó constancia que la secretaria de la Asamblea Departamental del Meta dio lectura a la carta de renuncia de la demandada como diputada del departamento del Meta y se le preguntó a la Plenaria si se aceptaba la mencionada renuncia. Acto seguido, se certificó que sí se aprobaba la renuncia de la señora Contento Sanz a la curul de diputada del departamento del Meta.

Ahora bien, las sesiones extraordinarias se encuentran reguladas en el parágrafo del artículo 1º de la Ordenanza 78 de 1992 así:

“[La Asamblea] podrá reunirse en forma extraordinaria por convocatoria del gobernador, y en dichas sesiones se ocupará exclusivamente de los temas para los cuales fue convocada”.

La Sala advierte que la norma transcrita, que es una reproducción casi exacta del numeral 12 del artículo 305 Constitucional(14), busca desarrollar el principio de publicidad consagrado en el artículo 209 ibídem, frente a la principal función que cumplen las Asambleas Departamentales, como es la de expedir actos administrativos de carácter general —ordenanzas—, con los cuales la Duma le colabora al gobierno seccional en la administración de la respectiva entidad territorial.

Por lo mismo, esta limitante no opera en lo que respecta al ejercicio del poder de nominación que tienen las asambleas departamentales, y en general las corporaciones públicas, específicamente en lo concerniente a la atribución de aceptar la renuncia de sus integrantes y consecuentemente poder suplir la falta absoluta en la forma dispuesta en la Constitución.

Por otra parte, el hecho de que la renuncia de la accionada se hubiese aceptado en sesiones extraordinarias convocadas por el gobernador del Meta, no es óbice o impedimento para que la asamblea de ese departamento aceptara dicha renuncia, pues dicha corporación es la competente en todo momento para encargarse de tales asuntos(15); más aún al tratarse de un tema netamente administrativo como lo es la aceptación de una renuncia.

Esto es así, en consonancia con los principios consagrados en el reglamento interno de la Asamblea Departamental del Meta, principios que son de aplicación a todas las actuaciones que desarrolle dicha corporación, tal como la “celeridad de procedimientos” cuyo propósito es que las normas del reglamento sirvan para impulsar eficazmente el desarrollo de las labores de todo orden de la Asamblea Departamental.

Entonces, se tiene que a pesar de que el gobernador del Meta en el decreto que convocó a sesiones extraordinarias a la asamblea de ese departamento, no indicó que se discutiría lo concerniente a la aceptación de la renuncia de la demandada, no se justifica de ningún modo que una labor de tipo administrativo(16) como la atinente a la aceptación de una renuncia, deba esperar a que la Asamblea Departamental del Meta sesione de manera ordinaria, o que haciéndolo en forma extraordinaria deba incluirlo dentro del orden del día, toda vez que dicha postergación iría en contravía de los principios de eficacia y eficiencia que deben regir todas las actuaciones de la administración; e igualmente, en contra de la libertad de que goza toda persona para renunciar a los cargos de libre aceptación, como de hecho lo es el de diputado de Asamblea Departamental.

En ese sentido, la renuncia presentada por la señora Elda Lucy Contento Sanz fue debidamente aceptada por el órgano competente para ello, esto es, la Asamblea Departamental del Meta, aceptación que quedó plasmada en la Resolución 140 de 2013 y que reposa en el expediente.

Al no quedar duda que la renuncia presentada por la demandada al cargo de diputada a la Asamblea Departamental del Meta para el periodo 2012-2015 fue debidamente aceptada por esa corporación, se ocupará la Sala de establecer si dicha renuncia impide que se configure en la demandada la inhabilidad establecida en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, denominada “coincidencia de períodos”, para ser elegida como representante a la Cámara para el período 2014-2018.

2.2. El alcance del numeral 8 del artículo 179 Constitucional.

El asunto de fondo exige a la Sección revisar la interpretación de la causal de inhabilidad denominada “coincidencia de períodos” conforme a la cual, según las voces del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política: “8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

La jurisprudencia ha interpretado que la prohibición constitucional efectuada en este canon tiene aplicación únicamente respecto a elecciones para corporaciones o cargos públicos de elección popular(17).

Así se pronunció la Sala Plena de esta Corporación:

“El numeral 8 del artículo 179 de la Carta, establece de manera general la inhabilidad para los servidores públicos de elección popular, para ser elegidos simultáneamente para dos corporaciones, o para una corporación y un cargo o para dos cargos, si el período coincide, aunque sea parcialmente. La norma, aun cuando forma parte de las inhabilidades de los congresistas, su alcance es el de una prohibición general para todos miembros de corporaciones y cargos públicos de elección popular, como se establece de su texto: ‘Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo (…)’. Se trata, conforme al alcance que le ha dado la jurisprudencia de una inhabilidad y a su vez incompatibilidad para los miembros de las corporaciones públicas y para quienes desempeñen cargos de elección popular. Es inhabilidad para el congresista si previamente a la elección, ha sido elegido miembro de otra corporación o cargo público y los períodos para los cuales fue elegido coinciden en el tiempo, aún en forma parcial. Es incompatibilidad si con posterioridad a la elección como congresista, resulta también elegido para otra corporación o cargo público y los períodos coinciden en el tiempo. Es presupuesto de configuración de la inhabilidad que se trate de dos elecciones y que el período coincida. Acerca de la ‘doble elección’, la corporación ha fijado su criterio en el sentido de considerar, que la inhabilidad solo se estructura cuando se trata del ejercicio de funciones en corporaciones o en cargos para los cuales el servidor público ha sido elegido y no cuando ha llegado a desempeñarlo a través de un mecanismo diferente a la elección. Lo anterior se explica si se tiene en cuenta que para la configuración de la causal, se requiere que el congresista haya resultado elegido para más de una corporación o cargo, vale decir doble elección, con concordancia temporal de períodos, así sea parcialmente”(4).

De conformidad con la jurisprudencia transcrita, la prohibición no resulta aplicable en relación a la elección para corporaciones o cargos no provenientes del voto popular.

Ahora bien, en el caso sub examine, de conformidad con los medios de convicción allegados al proceso, se encuentra plenamente acreditado lo siguiente:

1. Que la señora Elda Lucy Contento Sanz fue elegida como diputada para la Asamblea Departamental del Meta para el período constitucional 2012-2015 (fl. 88).

2. Que la señora Elda Lucy Contento Sanz resultó electa como representante a la Cámara por el departamento del Meta, para el período 2014-2018 (fl. 17).

3. Que el día 4 de diciembre de 2013, la demandada presentó ante la Asamblea Departamental del Meta renuncia irrevocable al cargo de diputada (fl. 326).

4. Que en sesión extraordinaria celebrada por la Asamblea Departamental del Meta el día 4 de diciembre de 2013, se aceptó la renuncia presentada por la señora Elda Lucy Contento Sanz, con efectos legales a partir del día siguiente (fls. 318 a 325).

En cuanto a la inhabilidad prevista en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, por coincidencia de periodos frente a cargos de elección por votación popular, debe aclararse que bajo el régimen constitucional actual esa coincidencia no puede ser total, sino que por el contrario solamente se puede presentar de manera parcial.

Efectivamente, desde la expedición del Acto Legislativo 1 de 2003 —reforma política—, y con la enmienda del Acto Legislativo 1 de 2009, la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, con o sin personería jurídica, fue sometida a una disciplina más rigurosa. Para solo mencionar un aspecto de la misma, recuerda la Sala que con ella se implementó el sistema de “listas y candidatos únicos” (C.P., art. 263), lo cual impide que hoy por hoy una misma persona, en la misma jornada electoral, puede aspirar a más de un cargo o corporación pública de elección popular.

Por lo mismo, y comoquiera que la coincidencia total de períodos únicamente podría darse respecto de elecciones para cargos o corporaciones públicas en la misma jornada electoral, v. gr., la elección de senadores y representantes o la elección de las autoridades de las entidades territoriales, es claro que por virtud de las reformas políticas implementadas con aquellos actos legislativos tal coincidencia ya no puede ser total, gracias a que para la misma jornada electoral solo se puede aspirar a un cargo o corporación, sin que sea jurídicamente viable que una persona se postule coetáneamente para alcalde y gobernador, o para alcalde y concejal, o para concejal y diputado, en las jornadas electorales que se surten el último domingo de octubre.

En consecuencia, la causal de inhabilidad por coincidencia de períodos solamente se puede materializar en la actualidad porque los períodos concuerden parcialmente, hipótesis que únicamente puede ocurrir respecto de personas que aspiren a cargos o corporaciones públicas de elección popular que se elijan en jornadas electorales programadas para diferentes fechas. Es decir, que la coincidencia parcial de períodos bien podría darse, por ejemplo, frente a quien fue elegido como autoridad del orden territorial, cuyo período empieza el 1º de enero respectivo, y a pesar de ello resulta posteriormente elegido como congresista, período que empieza el 20 de julio correspondiente, con lo cual los períodos se sobrepondrían en parte.

Ahora, en cuanto a la finalidad de la norma, se puede afirmar que persigue múltiples propósitos ya que pretende: i) conminar a los elegidos por voto popular a cumplir con los compromisos adquiridos con los votantes, esto es, respetar el mandato que el elector depositó en sus manos; ii) evitar que se confundan los intereses del cargo que se viene desempeñando con los intereses personales de una nueva postulación; y, finalmente iii) hacer efectiva la restricción consagrada en el artículo 128(18) constitucional(19).

Respecto de la interpretación de la causal en mención, esta Sala en reciente jurisprudencia(20) sentó su posición; sobre el particular, se dijo que la ley consagró de manera expresa que en caso de los congresistas, la presentación y aceptación de la renuncia impide la configuración de la inhabilidad denominada “coincidencia de períodos”.

En efecto, el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 establece:

“ART. 280.—Casos de inhabilidad. No podrán ser elegidos congresistas:

(…)

8. Quienes sean elegidos para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden con el tiempo, así sea parcialmente. Salvo en los casos en que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente” (negrilla fuera de texto).

Aunque la ley replica lo establecido por la Constitución en el numeral 8 del artículo 179, esta consagró una excepción a la configuración de dicha inhabilidad, según la cual se encuentra plenamente facultado para ejercer un cargo público o desempeñarse en una corporación pública, incluso si los períodos se traslapan en el tiempo, quien con anterioridad a la elección correspondiente, haya presentado renuncia a la dignidad que venía desempeñando.

Porque, incluso si se considera que el legislador desbordó su potestad al añadir una excepción que la Constitución no contempló, el medio idóneo para denunciar dicho exceso es la acción pública de inconstitucionalidad, mecanismo que se agotó cuando la Corte Constitucional al conocer de la demanda(21) contra el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, declaró, mediante Sentencia C-093 de 1994, la exequibilidad de tal precepto.

Cabe resaltar que dicha providencia es una decisión de control “concreto” de constitucionalidad y que se caracteriza por: i) hacer tránsito a cosa juzgada absoluta; y, ii) tener efecto “erga omnes”, toda vez que la decisión allí contenida tiene efectos generales y vincula a todos los poderes públicos.

Las características de este fallo, permiten concluir que es de imperioso cumplimiento, tanto para los ciudadanos como para el poder judicial, la decisión allí contenida.

Porque atendiendo al carácter de “ley orgánica” de la Ley 5ª de 1992(22), debe preferirse una interpretación sistemática y armónica entre la Constitución y la ley y no una interpretación literal y exegética del artículo 179 superior. Este argumento, adopta mayor fuerza si se tiene en cuenta, que las leyes orgánicas conforman el “bloque de constitucionalidad en sentido lato” y en esa medida, sirven como “parámetro de interpretación de la Constitución”(23).

Por ello, la inhabilidad contenida en el texto constitucional se debe entender en armonía con la salvedad establecida por el Constituyente derivado en la Ley 5ª de 1992. En consecuencia, no puede la Sala optar por una interpretación que desconozca las prescripciones que trae dicha normativa, en lo que atañe a la inhabilidad por “coincidencia de períodos”.

Tal como lo indicó esta Sección en fallo del 8 de octubre de 2014, Radicado 2014-00032, “el régimen de inhabilidades, en sí mismo, implica la restricción al derecho fundamental a elegir y ser elegido, y por tanto, el mayor o menor grado de limitación de este corresponde definirlo al Constituyente o al Legislador ordinario, y al juez electoral, aplicarlo e interpretarlo con el criterio hermenéutico apropiado para el cumplimiento de su finalidad”.

Es por lo anterior, que no puede esta Sala desconocer ni la ley ni la cosa juzgada constitucional, que avalaron la postura según la cual la renuncia a la dignidad que la persona venía desempeñando, impide la configuración de la inhabilidad contemplada en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución.

Tan cierto es lo anterior, que incluso el Constituyente derivado ha entendido que la renuncia oportuna impide la configuración de la inhabilidad del numeral 8 del artículo 179 de la Constitución, ya que en el artículo 10 del Acto Legislativo 1 de 2003 a la misma se le agregó que “La renuncia a alguno de ellos no elimina la inhabilidad”, y en el artículo 13 del Acto Legislativo 1 de 2009 se le adicionó que “La renuncia un (1) año antes de la elección al cargo al que se aspire elimina la inhabilidad”, preceptos que en su orden fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional mediante las sentencias C-572 de 2004 y C-040 de 2010, por vicios de forma en la expedición de los actos(24), con lo cual la comprensión de la citada inhabilidad sigue siendo la sostenida por esta corporación, es decir, que la renuncia oportuna evita que los períodos se superpongan.

No escapa a la Sala que la Asamblea Nacional Constituyente, como se indicó en el fallo de esta Sección antes mencionado, pretendió formular un régimen de inhabilidades estricto y rígido para las personas que aspiraran a conformar el Congreso de la República, su objetivo era materializar los principios de transparencia, moralidad, probidad e idoneidad.

En conclusión, y pese a la validez y originalidad del argumento según el cual la “renuncia” no garantiza la finalidad que el constituyente previó para esta inhabilidad, se reitera que por las razones expuestas, no puede la Sala apadrinar dicha tesis.

En suma, se debe concluir que tal y como se encuentra conformado en la actualidad el ordenamiento jurídico en lo que respecta a la inhabilidad por “coincidencia de períodos”, la presentación de renuncia impide la configuración de la inhabilidad consagrada en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución.

En consecuencia, con base a la postura expuesta en precedencia, se analizará la situación de la señora Elda Lucy Contento Sanz.

2.3. El caso concreto.

Toda vez que el artículo constitucional no ha sufrido modificación alguna, es plenamente aplicable la jurisprudencia que esta corporación ha proferido en relación con la causal de inhabilidad alegada.

En la parte inicial de esta providencia se evidenció que en el expediente está plenamente probado que: (i) la señora Elda Lucy Contento Sanz ejerció, con anterioridad a su elección como congresista, el cargo de diputada de la Asamblea Departamental del Meta; y, (ii) que los períodos del cargo de asambleísta y representante a la Cámara, por disposición constitucional, coinciden parcialmente en el tiempo específicamente entre el 20 de julio de 2014 y el 31 de diciembre de 2015.

No obstante lo anterior, no es menos cierto que: (i) la demandada presentó renuncia al cargo de diputada, acto que “ha sido concebido por la ley y la jurisprudencia como la expresión de la voluntad de quien la suscribe, de cesar en el ejercicio del empleo que se viene desempeñando”(25), y que (ii) dicha dimisión fue aceptada por la Asamblea Departamental del Meta el día 4 de diciembre de 2014 en sesión extraordinaria.

Así las cosas, como la aceptación de la renuncia presentada por la entonces diputada Elda Lucy Contento Sanz, por parte de la Asamblea Departamental del Meta es un acto administrativo que goza de presunción de legalidad, y que por lo tanto está encaminado a producir todos los efectos jurídicos que de él se derivan, aquel es suficiente para desvirtuar la materialización de la causal de inhabilidad endilgada a la demandada.

En suma, es claro para la Sala que la representante a la Cámara se encuentra amparada en la excepción contemplada en el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, y que por consiguiente no se configuró inhabilidad alguna en cabeza de la señora Elda Lucy Contento Sanz.

Por otra parte, advierte la Sala que la jurisprudencia que trajo a colación el demandante, esto es, la sentencia proferida el 12 de agosto de 2013(26) por esta Sección, no guarda identidad con el tema que es ahora debatido, toda vez que en esa ocasión, se discutió lo concerniente al carácter institucional del período de los miembros del Consejo Nacional Electoral, y si bien en uno de los apartes de esta providencia se dijo que el periodo de los diputados es institucional, no se establecen reglas sobre la inhabilidad que ahora se estudia.

Finalmente, y de conformidad con lo señalado por el accionante respecto a que el artículo 36 de la Ley 617 de 2000 establece que la inhabilidad de la accionante continúa vigente, porque en caso de renuncia “las incompatibilidades de los diputados se mantienen vigentes durante los 6 meses siguientes a su aceptación”, se pone de presente que la normativa a la que hace referencia el accionante tiene que ver con las incompatibilidades de los diputados y en el caso en estudio se hace referencia a las inhabilidades de los congresistas.

Además, el artículo 36 de la Ley 617 de 2000(27) es una norma de reenvío, que se integra única y exclusivamente con las causales de impedimento consagradas en el artículo 34 de dicha ley, y que no puede integrarse con las causales de inhabilidad para congresistas establecidas en el artículo 179 de la Constitución. Esto es así, porque las inhabilidades de los congresistas tienen reserva constitucional y no pueden degradarse o equipararse con las de otros funcionarios tales como diputados, como lo pretende el actor.

Es por lo anterior que el acto acusado, esto es, el de elección de la señora Contento Sanz como representante a la Cámara, contenido en el Formulario E-26 CA, no se encuentra viciado en su legalidad por la causal de nulidad contemplada en el numeral 5 del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2.4. Argumentos adicionales.

2.4.1. La parte demandante en sus alegatos de conclusión, además de reiterar lo manifestado en la demanda agregó que:

i) Al presentarse coincidencia de periodos por el trámite indebido que se le dio a la renuncia de la demandada se presentó el abandono del cargo como diputada, lo que constituye prevaricato por omisión;

ii) Los diputados de la Asamblea del Meta “engañaron” a la Sección Quinta del Consejo de Estado, toda vez que le enviaron como prueba documental el reglamento interno de la Asamblea u Ordenanza 813 del 31 de julio de 2013, que empezó a regir a partir del 1º de enero de 2014, reglamento que no estaba vigente en la fecha en que la demandada presentó y le fue aceptada su renuncia como diputada, lo que configura un fraude procesal tal como lo establece el artículo 453 del Código Penal;

iii) Con el proceder irregular de la Asamblea del Meta al aceptar la renuncia de la demandada en el trámite de sesiones extraordinarias, se configura el delito de abuso de funciones públicas y falsedad en documento; y,

iv) El poder que otorgó la demandada a su apoderado tiene diligencia de reconocimiento por parte de la otorgante pero carece de presentación personal del mencionado apoderado.

Respecto de las aseveraciones realizadas por el accionante dentro de su escrito de alegaciones, esta Sala se pronunciará de la siguiente manera:

Como quedó establecido en precedencia, la renuncia de la demandada fue debidamente aceptada por la Asamblea Departamental del Meta y en consecuencia esta produjo efectos jurídicos.

Asimismo, quedó perfectamente aclarado, que la renuncia de la demandada al cargo de diputada a la Asamblea Departamental del Meta para el período 2012-2015, impidió que se configurara la inhabilidad establecida en el numeral 8 del artículo 179 de la Constitución Política, para ser elegida como representante a la Cámara para el período 2014-2018, por tales argumentos, no tienen asidero jurídico las afirmaciones relativas al presunto abandono del cargo, por parte de la accionada; y, abuso de funciones públicas y falsedad en documento por parte de la Asamblea Departamental del Meta.

Ahora bien, si el demandante considera que las actuaciones de la Asamblea Departamental del Meta configuran algún delito, se le exhorta a que ponga tal circunstancia en conocimiento de las autoridades pertinentes, si así lo estima necesario.

En lo relativo a la prueba documental del reglamento interno de la Asamblea u Ordenanza 813 del 31 de julio de 2013, en efecto, se tiene que pese a que esta empezó a regir a partir del 1º de enero de 2014, lo cierto es que la Asamblea Departamental del Meta envió con destino a este proceso tanto la normativa antes mencionada como la Ordenanza 78 de 1992 y sus ordenanzas modificatorias, normas que se encontraban vigentes al momento en que la demandada presentó y le fue aceptada su renuncia.

Así pues, se le reitera al accionante que si considera que la Asamblea Departamental del Meta incurrió en fraude procesal con dicha actuación, ponga tal circunstancia en conocimiento de las autoridades pertinentes.

Finalmente, a folio 226 del expediente se observa el poder que le otorgó la demandada a su apoderado, el cual cuenta con el respectivo sello de reconocimiento y presentación personal de la señora Contento Sanz.

Seguidamente, a folio 238 se aprecia que el 16 de julio de 2014 el señor Luis Alfredo Macías Mesa, apoderado de la demandada, presentó personalmente la contestación de la demanda. En ese sentido no le asiste razón al accionante al afirmar que dicho escrito carece de presentación personal por parte del señor Macías Mesa.

2.4.2. Argumenta el coadyuvante Carlos José Mancilla Jáuregui que la demandada participó en la sesión del 6 de diciembre de 2013 celebrada por la Asamblea Departamental del Meta, a pesar de habérsele aceptado previamente la renuncia, lo cual deja en evidencia que ella siguió ejerciendo sus funciones como diputada.

En efecto, se advierte que en el Acta 102 del 6 de diciembre de 2013 aparece entre los diputados asistentes la señora Elda Lucy Contento, quien como se dijo para esa fecha ya no tenía esa calidad. Esto no demuestra, como lo entiende la parte actora, que dicha persona continuara fungiendo como diputada, pues a lo sumo evidencia la comisión de un lapsus calami o error de digitación, pues como se expresó en precedencia, la demandada presentó su renuncia ante la Asamblea del Meta y le fue aceptada el 5 de diciembre de 2013.

En todo caso, de aceptarse que en efecto la demandada asistió a la sesión mencionada, ello solamente podría calificarse como una participación indebida, pues como se probó en el plenario, en sesión del 6 de diciembre de 2013 se posesionó el doctor Gonzalo Casiano Rojas en la vacante que dejó la accionada, circunstancia que no solo lleva a inferir que la falta absoluta generada por esa dimisión se suplió inmediatamente, sino que también conduce a calificar de absurda la tesis subyacente al planteamiento del actor, referida a que dos personas ocupen al mismo tiempo una curul en una corporación pública de elección popular.

2.4.3. En lo concerniente a la solicitud presentada por la Registraduría Nacional del Estado Civil en los alegatos de conclusión, relativa a su desvinculación del proceso por carecer de legitimación en la causa por pasiva para actuar dentro del proceso, y para cuyo efecto aportó copia simple del acta de audiencia inicial llevada a cabo el 10 de septiembre de 201 por la doctora Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, en la que se le desvinculó de ese proceso, se tiene que frente a ello debe estarse a lo resuelto en la audiencia inicial del sub lite, donde además de sanearse el proceso, fijarse el objeto del litigio y decretarse pruebas, se resolvió en forma negativa la excepción previa de “falta de legitimación en la causa por pasiva” formulada por la Registraduría.

En efecto, en esa ocasión, se estableció que la solicitud de desvinculación no podía prosperar, porque dicha entidad intervino en la adopción del acto demandado, lo cual obligaba al juez a vincular a la entidad al proceso de la referencia, en aplicación del numeral segundo del artículo 277 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Decisión que se corrió traslado a los asistentes, los cuales no interpusieron recurso alguno, por lo que esta quedó en firme.

En esta forma, se negarán las pretensiones de la demanda advirtiendo a los sujetos procesales que contra la misma no procede recurso alguno.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por Elmer Ramiro Silva Rodríguez.

Segundo: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase».

(5) “ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación” (negrilla fuera de texto).

(6) Folio 326.

(7) Folio 327.

(8) Folios 318 a 325.

(9) Folio 226 del expediente.

(10) Folio 623.

(11) Folio 328.

(12) Folios 497 al 537.

(13) Folios 381 al 427.

(14) En efecto, esta disposición de la Constitución prescribe como una de las atribuciones de los gobernadores la de “12. Convocar a la asamblea departamental a sesiones extraordinarias en las que solo se ocupará de los temas y materias para lo cual fue convocada”.

(15) En este punto, se tiene que las asambleas están autorizadas para aceptar renuncias en sesiones extraordinarias, pues un tema es lo relacionado con la expedición de ordenanzas como la principal labor que cumple esta corporación; y, otra diferente, es la función administrativa, que tiene que ver con la aceptación de renuncias y hacer los correspondientes llamados ante las vacantes absolutas, la cual puede ejercerse incluso en sesiones extraordinarias, aunque no hayan sido tema incluido en el decreto de convocatoria.

(16) Los artículos 1º a 50 de la Ordenanza 78 de 1992 establecen las labores administrativas que desempeña la Asamblea Departamental del Meta, labores incluyen la aceptación de renuncias de sus integrantes en cualquiera de las sesiones que celebre, esto es, ordinarias o extraordinarias.

(17) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Filemón Jiménez Ochoa. 24 de abril de 2008. Procesos 1100103280002006-00175 01 a 181 y 186. Demandantes: Luis Francisco Silva León, Julio César Ortiz Gutiérrez y otros, Diego Humberto Julio Castañeda y Héctor Ovidio Zapata Pulgarín. Demandados: Magistrados del Consejo Nacional Electoral. Acción Electoral – Fallo.

(4) (sic) Sentencia del 10 de diciembre de 2002, Sala Plena, Exp. PI-052.

(18) Consagra el artículo 128 de la Constitución Nacional: “Nadie podrá desempeñar simultáneamente más de un empleo público ni recibir más de una asignación que provenga del tesoro público, o de empresas o de instituciones en las que tenga parte mayoritaria el Estado, salvo los casos expresamente determinados por la ley”.

(19) Osorio Calderín Ana Carolina. Manual de inhabilidades electorales. Segunda Edición. Editorial Ibáñez. 2014. Págs. 80-81.

(20) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 08 de octubre de 2014. Rad. 2014-00032. Actor: Mónica Adriana Segura González. Demandado: Juan Carlos Rivera Peña - Representante a la Cámara por el departamento de Risaralda. Electoral única instancia – Fallo.

(21) En efecto, los promotores de la acción de inconstitucionalidad contra el numeral 8 del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 señalaron que la inhabilidad contenida en el numeral 8 del artículo 179 Constitucional, no admite interpretaciones ni adiciones por parte del legislador, debido a que es una norma clara y concisa, y que por lo tanto la expresión “salvo que” contenida en el artículo acusado, es contraria a la Carta Política. Asimismo, afirmaron que la salvedad establecida por el Legislador hace nugatoria la inhabilidad consagrada por el Constituyente.

(22) Según el artículo 151 de la Constitución, por medio de las leyes orgánicas “se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las Cámaras”. En efecto la Ley 5ª de 1992 se dictó para expedir “el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”.

(23) Quinche Ramírez Manuel. Derecho Constitucional Colombiano de la Carta de 1991 y de sus reformas. Editorial Universidad del Rosario. Tercera Edición. 2009. Pág. 120

(24) Ver sentencias C-572/04. Ref.: expediente D-4906. Demanda de inconstitucionalidad contra el Acto Legislativo 1 de 2003 “Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones”. Demandante: Víctor Velásquez Reyes. M.P. (E) Rodrigo Uprimny Yepes. 8 de junio de 2004; y, C-040/10. Ref.: expediente D-7857. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 (parcial) del Acto Legislativo 1 de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”. Actores: Gilma Jiménez Gómez, David Luna Sánchez y Alfonso Prada Gil. M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. 1º de febrero de 2010.

(25) Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección A, C.P. Alfonso Vargas Rincón. Sentencia de Julio 29 de 2010, Rad 25000-23-25-000-2002-06703-01(0600-08), Actor: Orlando Rodríguez Avendaño. Demandado: Fiscalía General De La Nación.

(26) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 12 de agosto de 2013. Rad. 11001-03-28-000-2012-00012-00. Actor: Guillermo Francisco Reyes González. Demandado: Miembros del Consejo Nacional Electoral.

(27) Esta norma dispone: “ART. 36.—Duración. Las incompatibilidades de los diputados tendrán vigencia durante el período constitucional para el cual fueron elegidos. En caso de renuncia se mantendrán durante los seis (6) meses siguientes a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior. Quien fuere llamado a ocupar el cargo de diputado, quedará sometido al mismo régimen de incompatibilidades a partir de su posesión”.