Sentencia 2014-00057/21762 de marzo 1 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

Rad.: 08001-23-31-000-2014-00057-01 (21762)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Odena Colombia S.A.

Demandado: U.A.E. DIAN

Temas: Simulación de operaciones de venta realizadas a empresas de comercialización internacional. Certificado de proveedor como prueba de las ventas exentas

Consejero Ponente:

Dr. Jorge Octavio Ramírez Ramírez

Bogotá D.C., primero de marzo de dos mil dieciocho.

«EXTRACTOS: VII. Consideraciones de la Sala

Corresponde a la Sala establecer la legalidad de los actos administrativos que modificaron las declaraciones del impuesto sobre las ventas presentada por Odena Colombia S.A. por los bimestres 5 y 6 del año 2009 y, 1, 2 y 3 de 2010.

1. Problema jurídico.

1.1. En concreto, se debe verificar si son reales las ventas realizadas por la contribuyente a sociedades comercializadoras internacionales. Luego, se analizará la procedencia de la sanción por inexactitud.

2. Procedencia de las ventas realizadas por la sociedad a la sociedad comercializadora internacional.

2.1. La DIAN desconoció ventas exentas que declaró la responsable por las operaciones que realizó con sociedades de comercialización internacional, en tanto consideró que eran simuladas.

2.2. Para Odena Colombia S.A., las ventas son reales, como se constata en los certificados del proveedor. Prueba que resulta suficiente para demostrar la no causación del IVA, como lo señalan los artículos 2º —parágrafo 2º— del Decreto 1740 de 1994 y 1º del Decreto 653 de 1990.

Lo anterior además, porque “Troquelaminas del Caribe S.A.” es una comercializadora internacional —CI— legalmente constituida y aprobada por la DIAN. Pero a pesar de ello, la DIAN pretende endilgar a Odena Colombia S.A. la acción fiscalizadora que aquélla debería ejercer, al exigirle a la contribuyente la prueba de la realidad de la exportación de las mercancías.

2.3. La Sala encuentra que la contribuyente declaró las ventas exentas con fundamento en el beneficio tributario previsto en el literal b) del artículo 481 del Estatuto Tributario(1).

Esa norma contempla que las ventas de bienes a sociedades de comercialización internacional están exentas del impuesto sobre las ventas, “siempre que hayan de ser efectivamente exportados”.

2.3.1. De modo que, para ser beneficiario de la exención, el vendedor debe probar (i) la venta en Colombia de bienes (ii) la calidad del comprador: sociedad de comercialización internacional y, (iii) la exportación efectiva de las mercancías enajenadas.

Para esos efectos, debe tenerse en cuenta que las sociedades de comercialización internacional —CI(2)— son aquellas que se dedican a la comercialización y venta de productos en el exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, que tengan inscripción vigente en el registro de comercializadoras internacional de la DIAN(3).

Cuando las CI reciben de los vendedores los productos, deben expedir un certificado al proveedor —CP(4). Con este documento, las CI se obligan a exportar esos bienes dentro del término previsto por Gobierno Nacional(5).

Por eso el Decreto 1740 de 1994 —artículo 2º—, que reguló este tipo de sociedades, dispuso que se presume la exportación cuando la CI recibe la mercancía y expide el certificado al proveedor(6)”. Presunción que es de carácter de legal y, por tanto, admite prueba en contrario(7).

Todo lo anterior, llevó a que en el decreto se estableciera que para los efectos previstos en el artículo 481 del Estatuto Tributario, el certificado al proveedor es el documento suficiente para demostrar la exención del impuesto sobre las ventas(8).

2.3.2. Es así como debe entenderse, entonces, que para demostrar el derecho a la exención de IVA prevista en el literal b) del artículo 481 del Estatuto Tributario, el vendedor debe aportar el certificado al proveedor que le hubiere expedido la respectiva CI.

Documento que como se explicó, da cuenta de la venta y exportación de los productos colombianos, así como de la intervención de la CI en la operación; condiciones exigidas en la ley para la procedencia del beneficio tributario.

2.4. Lo anterior, sin embargo, no impide que la DIAN ejerza su facultad fiscalizadora para verificar la realidad de la transacción. En esa medida, debe entenderse que el artículo 2º del Decreto 1740 de 1994 no limita la facultad comprobatoria de la administración.

Por tal razón, aun cuando se pretenda acreditar las transacciones con el certificado al proveedor, si en ejercicio del control del cumplimiento de las obligaciones tributarias, la DIAN requiere al contribuyente la comprobación de la realidad de esas operaciones, sin que la misma sea soportada, o aquélla recauda pruebas que logran probar su inexistencia, la exención puede ser rechazada.

Lo anterior, independientemente de que sobre el certificado al proveedor recaiga una presunción de la exportación de las mercancías, puesto que al ser de carácter legal, puede ser controvertida por la agencia fiscal.

No puede perderse de vista que el interesado en hacer valer la presunción legal no está exento de probar el hecho que el legislador señaló como probado y, quien se opone a la presunción, debe desvirtuarla.

2.4.1. Para ello, la Administración cuenta con los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto estos sean compatibles con las normas tributarias(9).

Es por eso que, en ejercicio de la facultad fiscalizadora, la DIAN puede controvertir o desvirtuar, la realidad del certificado al proveedor o de cualquier otro documento que el contribuyente aporte como prueba de la exención tributaria.

2.4.2. Lo anterior fue lo que se presentó en este caso, en el que la administración requirió a la contribuyente para que probara la realidad de las operaciones y, recaudó una serie de pruebas que demuestran la simulación de las ventas solicitadas como exentas.

2.5. Verificados los antecedentes administrativos, se encuentra que las pruebas recaudas en el expediente son las siguientes:

2.5.1. Pruebas de la contribuyente: La sociedad soportó las ventas exentas declaradas con:

(i) Documentos que relacionan las facturas expedidas a la CI Cueros y Similares S.A. por las operaciones de los bimestres 1º, 2º y 3º de 2010(10).

(ii) Facturas de venta emitidas por Odena Colombia S.A. a CI Troquelaminas del Caribe S.A. en los períodos 5º y 6º de 2009 y, a CI Cueros y Similares en los períodos 1º, 2º y 3º de 2010, entre otras ventas(11).

(iii) Certificados al proveedor expedidos por la CI Cueros y Similares S.A. correspondientes a los bimestres 1º, 2º y 3º de 2010(12).

La Sala advierte que en el expediente no se encuentran los certificados al proveedor expedidos por las ventas de los bimestres 5º y 6º de 2009, también discutidas en este proceso(13).

2.5.2. Pruebas DIAN: Para controvertir los anteriores documentos, la administración advirtió las siguientes irregularidades:

(i) A pesar que los certificados al proveedor aportados al proceso fueron expedidos por CI Cueros y Similares S.A.; en la vía gubernativa(14) y en sede judicial(15), el contribuyente siempre afirmó que la CI Troquelaminas del Caribe S.A. fue la empresa con la que realizó las ventas exentas declaradas.

(ii) La subdirección de gestión de tecnologías de información y telecomunicaciones de la DIAN reportó que no se encontró información de exportaciones ni certificados al proveedor expedidos por las sociedades de comercialización internacional Troquelaminas del Caribe S.A. y Cueros y Similares S.A. durante los años 2009 y 2010(16).

(iii) CI Cueros y Similares S.A. no presentó declaraciones de IVA en los bimestres 5º y 6º de 2009, 1º a 3º del 2010, según el reporte del Muisca(17).

(iv) La CI Cueros y Similares S.A. no fue ubicada en la dirección informada en el RUT, situación que fue verificada por un funcionario de la división gestión de fiscalización tributaria(18):

“Recibida la asignación del cruce de la referencia, se profirió el auto de apertura 022382010004029 del 25 de noviembre de 2010 y mediante auto comisorio VV-900740 de noviembre 29 de 2010 me trasladé a la calle 51 # 35-102 de la ciudad de Barranquilla, dirección reportada en el RUT por el contribuyente CI Cueros y Similares S.A. NIT. 802.023.377; donde pude establecer que el inmueble es una casa de habitación y al indagar por el contribuyente se me manifestó que en dicho lugar no ha funcionado ninguna empresa”.

(v) La CI Troquelaminas S.A. no fue ubicada en la dirección informada en el RUT, como se dejó constancia en el acta de cruce de terceros del 16 de septiembre de 2011(19).

“Presente en la calle 37 # 46-90 loc. 702 de Barranquilla (Atlántico) edificio Alfredo Steckerl, dirección que aparece en el RUT, como domicilio principal de Troquelaminas del Caribe S.A. NIT. 900.014.593, pudimos confirmar que dicha oficina se encuentra desocupada.

Es de anotar que esta administración mediante diligencia de registro realizada el 13 de junio de 2011 mediante Resolución 0025 de la misma fecha pudo constatar que dicha oficina se encontraba desocupada y abandonada por los arrendatarios quienes de acuerdo a la versión entregada por el señor Luis Charris García identificado con la cédula de ciudadanía 5.077.924 de Remolino (Magdalena) quien tiene la función de vigilante del edificio Alfredo Steckerl tenían para ese entonces (mes de junio de 2011) alrededor de siete meses que no se presentaban en dicha oficina y que esporádicamente el señor Anais Miranda se presentaba al edificio para preguntar por correspondencia.

De igual forma, en junio 13 de 2011 se logró tomar declaración juramentada a la administradora del edificio Alfredo Steckerl, señora Amparo Echeverría del Portillo, identificada con cédula de ciudadanía 22.400.512 de Barranquilla, quien manifestó que la oficina 702 se encontraba cerrada desde hace más de seis (6) meses.

Durante la diligencia se ingresó a la oficina 702, la cual contenía algunas sillas y escritorios que denotaban falta de uso por el polvo que la cubría. […]

Adicionalmente, se indagó con la administradora del edificio quienes eran los propietarios de la oficina 702 a lo cual respondió que era de propiedad de Intercontinental S.A. y que se encontraban en dicho edificio desde hace año y medio pero que hace más de seis meses no se acercaban a dichas oficinas.

Todo lo anterior y por la verificación efectuada el 16 de septiembre de 2011 podemos confirmar que en la calle 37 # 46-90 loc. 702 de Barranquilla no se están efectuando operaciones comerciales ni de servicios, ni se encuentra activa la sociedad Troquelaminas del Caribe S.A.”.

(vi) Falta de soporte de los despachos de las mercancías, como se constata en el acta de visita practicada en las instalaciones de la responsable(20):

“El 14 de febrero de 2011, la funcionaria se presenta en el domicilio fiscal del contribuyente calle 16 # 2N-264 en la ciudad de Yumbo, Valle, siendo atendida por el contador, quien puso a disposición de la funcionaria libros oficiales y auxiliares de la sociedad.

Al ser indagado el contador por la forma como se hacen los despachos para la exportación y la documentación solicitada, él informa que la empresa recoge su mercancía en las instalaciones y ellos no les queda ningún documento soporte del envío, solo remisiones y posteriormente facturan a la CI Cueros y Similares. Tampoco presentan soportes del pago de la mercancía que comercializa con la CI. Informa que todo se paga en efectivo”.

2.6. Para la Sala, el anterior acervo probatorio que sustenta los actos demandados, desvirtúa la realidad de los soportes aportados por la contribuyente, como pasa a explicarse:

2.6.1. Las visitas y cruces de información practicados por los funcionarios de la DIAN y los registros de los servicios informativos electrónicos de la entidad —base de datos de la CI y Muisca— demuestran que las operaciones de ventas exentas fueron simuladas por el contribuyente.

La DIAN verificó la base de datos de la CI que lleva esa entidad, y advirtió que las comercializadoras internacionales Troquelaminas del Caribe S.A. y Cueros y Similares S.A. no expidieron certificados al proveedor ni realizaron exportaciones durante los períodos discutidos —5 y 6 de 2009 y 1 a 3 de 2010—.

Adicionalmente, en el Muisca se verificó que la CI Cueros y Similares no presentó declaraciones de IVA en los bimestres 5º y 6º de 2009, ni los bimestres 1º al 3º de 2010.

Ante esa situación, la DIAN trató de ubicar a las CI para que informaran sobre las operaciones declaradas por la contribuyente. Pero, los funcionarios de la administración constataron que esas CI no estaban ubicadas en las direcciones que informaron en el RUT.

Es más, uno de esos lugares se trataba de una casa de habitación, cuyo residente negó que en el inmueble hubiere funcionado una empresa. En el otro, la administradora del edificio informó que la oficina pertenecía a una empresa diferente y que la misma se encontraba abandonada.

Todos estos hechos desconocen la realidad de los certificados al proveedor expedidos por la CI Cueros y Similares S.A., y de los demás documentos —relación de facturas y facturas de venta— aportados por la contribuyente como soporte de la exención.

2.6.2. No existe concordancia entre la sociedad de comercialización internacional informada por la contribuyente y, la que consta en los certificados al proveedor.

Desde la vía gubernativa, Odena Colombia S.A. afirmó que las ventas exentas se realizaron a la CI Troquelaminas del Caribe S.A., pero a la vez, aportó como prueba de esas operaciones, los certificados al proveedor expedidos por CI Cueros y Similares.

A pesar de que esa inconsistencia que fue advertida por la DIAN, el contribuyente no se pronunció sobre la misma.

Circunstancia que pone en duda, no solo quién fue la CI que compró los productos, sino la realidad de la operación misma.

2.6.3. El contribuyente no presentó otras pruebas de las ventas exentas, a pesar de haber sido controvertida la realidad de las operaciones por la DIAN.

Es cierto que el certificado al proveedor es la prueba idónea de la exención prevista en el literal b) del artículo 481 del Estatuto Tributario. Pero de conformidad con el artículo 742 ibídem, estos documentos pueden ser desvirtuados por otros medios probatorios, directos o indirectos, que no estén prohibidos en la ley, como se presentó en este caso con las pruebas documentales y las visitas de verificación practicadas por la administración.

Frente a estas evidencias en su contra, se observa una inactividad probatoria de la demandante para desvirtuarlas, toda vez que además del certificado al proveedor, relación de facturas y facturas de venta, no existe otro soporte que demuestre la realidad de la operación económica.

Hecho que fue reconocido por el contador de la contribuyente en la visita de verificación, en la que afirmó que no existía soporte del envío de las mercancías a las CI y que todo se pagaba en efectivo.

Recuérdese que de conformidad con el artículo 788 del Estatuto Tributario, los contribuyentes están obligados a demostrar las circunstancias que los hacen acreedores de una exención tributaria, como en este caso que, correspondía aportar como soporte de la exención, el certificado al proveedor.

Pero, una vez discutida la veracidad del citado documento, la carga de la prueba se invirtió a cargo de la contribuyente, al que le correspondía demostrar la realidad de las ventas declaradas como exentas.

Lo anterior, no quiere decir que le esté endilgando al contribuyente la acción fiscalizadora que tiene la DIAN, sino que se le impone la responsabilidad de probar los conceptos fiscales desconocidos, dada su condición de directo interesado en lograr la aceptación fiscal de la exención, para reducir la base gravable del IVA.

Todo, porque en virtud del principio de la “carga de la prueba” previsto en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

2.7. Así las cosas, para la Sala es indudable que las anteriores irregularidades le restan credibilidad a los certificados al proveedor, relación de facturas y facturas de ventas, aportados por la contribuyente como soporte de la exención.

En consecuencia, no prospera el cargo para la apelante.

3. Sanción por inexactitud.

3.1. Según la demandante, no es procedente la sanción por inexactitud porque los datos declarados son reales. En este caso, se presenta una diferencia de criterio en cuanto a la aplicación del derecho aplicable.

3.2. El artículo 647 del Estatuto Tributario dispone que habrá lugar a la sanción por inexactitud cuando exista omisión de ingresos, de impuestos generados por operaciones gravadas, de bienes o actuaciones susceptibles de gravamen, inclusión de costos, deducciones, descuentos, exenciones, pasivos, impuestos descontables, retenciones o anticipos inexistentes y en general, la utilización en las declaraciones de datos o factores falsos, equivocados, incompletos o desfigurados, de los cuales se derive un menor impuesto o saldo a pagar o un mayor saldo a favor para el contribuyente o responsable.

Sin embargo, el contribuyente se puede exonerar de la sanción cuando el menor valor a pagar se derive de errores de apreciación o diferencias de criterios entre la autoridad tributaria y el declarante, relativos a la interpretación del derecho aplicable, y siempre que los hechos y cifras denunciados sean completos y verdaderos.

3.3. La Sala encuentra que en la declaración presentada, el actor incurrió en una de las conductas tipificadas como inexactitud sancionable, como es la inclusión de exenciones inexistentes, lo que condujo a la determinación de un menor impuesto sobre las ventas.

Adicionalmente, la Sala encuentra que en este caso no presenta una diferencia de criterios en relación con la interpretación del derecho aplicable porque, como se observó, las pretensiones del demandante se despacharon desfavorablemente por falta de soporte.

Por tanto, procede la imposición de la sanción por inexactitud.

3.4. Sin embargo, la Sala pone de presente que mediante el artículo 282 de la Ley 1819 de 2016(21), que modificó el artículo 640 del Estatuto Tributario, se estableció que “el principio de favorabilidad aplicará para el régimen sancionatorio tributario, aun cuando la ley permisiva o favorable sea posterior”.

Al compararse la regulación de la sanción por inexactitud consagrada en el artículo 647 del Estatuto Tributario(22), con la modificación efectuada por la Ley 1819 de 2016, la Sala aprecia que ésta última establece la sanción más favorable para el sancionado en tanto disminuyó el valor del 160% —establecido en la legislación anterior— al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor determinado en la liquidación oficial y el declarado por el contribuyente.

3.5. En consideración a lo anterior, la Sala dará aplicación al principio de favorabilidad y establecerá el valor de la sanción por inexactitud en el 100% y no el 160% impuesto en los actos demandados.

4. En segunda instancia, la Sala no condenará en costas porque no se probó su causación.

5. Por lo anteriormente expuesto, la Sala modificará la sentencia apelada, en el sentido de declarar la nulidad parcial de los actos demandados, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud, conforme a lo expuesto en esta providencia.

6. En consecuencia, la Sala procederá a practicar una nueva liquidación de las declaraciones de IVA de los períodos 5º y 6º del año 2009 y, 1º, 2º y 3º del año 2010 en el sentido de recalcular la sanción por inexactitud. En lo demás, se confirma la sentencia apelada.

IVA bimestre 5º de 2009 

ConceptoPrivadaDIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto generado34.137.000109.819.000109.819.000
Sanciones0121.091.00075.682.000
Total saldo a pagar34.137.000230.910.000185.501.000
Total saldo a favor000

 Liquidación Sanción por inexactitud DIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto sin sanciones 109.819.000109.819.000
Menos: Saldo a pagar declarado34.137.00034.137.000
Diferencia75.682.00075.682.000
Base sanción75.682.00075.682.000
Valor sanción160%100%
Sanción121.091.00075.682.000

IVA bimestre 6º de 2009 

ConceptoPrivadaDIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto generado52.195.000116.897.000116.897.000
Sanciones0103.523.00064.702.000
Total saldo a pagar52.195.000220.420.000181.599.000
Total saldo a favor000

 Liquidación Sanción por inexactitud DIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto sin sanciones 116.897.000116.897.000
Menos: Saldo a pagar declarado52.195.00052.195.000
Diferencia64.702.00064.702.000
Base sanción64.702.00064.702.000
Valor sanción160%100%
Sanción103.523.00064.702.000

IVA bimestre 1º de 2010 

ConceptoPrivadaDIANConsejo de Estado
Saldo a pagar del período fiscal099.559.00099.559.000
Saldo a favor del período fiscal28.326.00000
Retenciones3.855.0003.855.0003.855.000
Saldo a pagar por impuesto generado095.704.00095.704.000
Sanciones0204.616.000127.885.000
Total saldo a pagar0300.320.000223.589.000
Total saldo a favor32.181.00000

 Liquidación Sanción por inexactitud DIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto sin sanciones 95.704.00095.704.000
Más: Saldo a favor declarado32.181.00032.181.000
Total127.885.000127.885.000
Base sanción127.885.000127.885.000
Valor sanción160%100%
Sanción204.616.000127.885.000

IVA bimestre 2º de 2010 

ConceptoPrivadaDIANConsejo de Estado
Saldo a pagar del período fiscal065.212.00065.212.000
Saldo a favor del período fiscal51.816.00000
Saldo a favor sin devolución o compensación32.181.00000
Saldo a pagar por impuesto generado065.212.00065.212.000
Sanciones0238.734.000149.209.000
Total saldo a pagar0303.946.000214.421.000
Total saldo a favor83.997.00000

 Liquidación Sanción por inexactitud DIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto sin sanciones 65.212.00065.212.000
Más: Saldo a favor declarado83.997.00083.997.000
Total149.209.000149.209.000
Base sanción149.209.000149.209.000
Valor sanción160%100%
Sanción238.734.000149.209.000

IVA bimestre 3º de 2010 

ConceptoPrivadaDIANConsejo de Estado
Saldo a pagar del período fiscal025.814.00025.814.000
Saldo a favor del período fiscal38.020.00000
Saldo a favor sin devolución o compensación83.997.00000
Retenciones por IVA que le practicaron500.000500.000500.000
Saldo a pagar por impuesto generado025.814.00025.814.000
Sanciones0237.330.000148.331.000
Total saldo a pagar0262.644.000174.145.000
Total saldo a favor122.517.00000

 Liquidación Sanción por inexactitud DIANConsejo de Estado
Saldo a pagar por impuesto sin sanciones 25.814.00025.814.000
Mas: Saldo a favor declarado122.517.000122.517.000
Total148.331.000148.331.000
Base sanción148.331.000148.331.000
Valor sanción160%100%
Sanción237.330.000148.331.000

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativa, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. REVÓCASE el numeral 1º de la sentencia apelada. En su lugar dispone:

“1. Declárase la nulidad parcial de las liquidaciones oficiales de revisión 052412012000060 del 24 de julio de 2012, 052412012000064 del 8 de septiembre de 2012, 052412012000061 del 24 de julio de 2012, 052412012000065 del 14 de septiembre de 2012 y, 052412012900002 del 10 de octubre de 2012, y de las resoluciones 900.398 del 3 de septiembre de 2013, 900.401 del 10 de septiembre de 2013, 900.397 del 3 de septiembre de 2013, 900.400 del 11 de septiembre de 2013, 900.399 del 11 de septiembre de 2013, que modificaron las declaraciones de IVA presentadas por Odena Colombia S.A. por los bimestres 5º y 6º de 2009 y, 1º, 2º y 3º de 2010, pero solo en lo referente al valor de la sanción por inexactitud.

A título de restablecimiento del derecho, se ordena que la sanción por inexactitud y el saldo a pagar a cargo de la sociedad Odena Colombia S.A. corresponde a los liquidados en la parte motiva de esta providencia”.

2. CONFÍRMASE en lo demás la sentencia apelada.

3. Sin condena en costas en esta instancia.

4. RECONÓCESE personería para actuar en nombre de la parte demandada al dr. Edwin Mauricio Torres Prieto, de conformidad con el poder que obra en el folio 206 del expediente.

Cópiese, notifíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al Tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha».

(1) Vigente para los períodos gravables discutidos, esto es, los años 2009 y 2010.

(2) Artículo 1º del Decreto 1740 de 1994, “Por el cual se dictan normas relativas a las sociedades de comercialización internacional”, vigente para la época de los hechos con la modificación introducida por el Decreto 93 de 2003.

(3) A partir del Decreto 4271 de 23 de noviembre de 2005 se asignó a la DIAN la competencia para asumir desde del 1º de diciembre de 2005, los procesos provenientes del Ministerio de Comercio Industria y Turismo relacionados con los sistemas especiales de importación, exportación y sociedades de comercialización internacional.

(4) Artículo 2º del Decreto 1740 de 1994.

(5) El artículo 3º del Decreto 1740 de 1994 dispone que: Las mercancías por las cuales las sociedades de comercialización internacional expidan certificados al proveedor deberán ser exportadas dentro de los seis meses siguientes a la expedición del certificado correspondiente. No obstante, cuando se trate de materias primas, insumos, partes y piezas, que vayan a formar parte de un bien final, éste deberá ser exportado dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de expedición de certificado al proveedor. PAR.—En casos debidamente justificados el Ministerio de Comercio Exterior podrá prorrogar estos plazos hasta por seis meses más, por una sola vez.

(6) La norma también contempla que se presume la exportación, cuando de común acuerdo con el proveedor, la sociedad de comercialización internacional expide un solo certificado al proveedor que agrupa las entregas por ésta recibidas, durante un período no superior a dos meses correspondientes a un bimestre calendario. En este caso, para efecto de los incentivos otorgados por el Gobierno Nacional en desarrollo de lo dispuesto por los artículos 1º y 4º de la Ley 67 de 1979, solamente tendrán validez los certificados al proveedor, CP, expedidos a más tardar el día quince (15) del mes siguiente al correspondiente bimestre calendario de compra.

(7) La presunción es un indicio determinado por la ley que puede ser legal o de derecho, conforme se infiere del artículo 66 del Código Civil. La presunción legal admite la prueba en contrario, la presunción de derecho, no.

(8) Parágrafo 1º del artículo 2º del Decreto 1740 de 1994.

(9) Artículo 742 del Estatuto Tributario. La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código de Procedimiento Civil, en cuanto sean compatibles con aquéllos.

(10) Fls. 108, cdno. antecedentes 1, 220, cdno. antecedentes 4, y 210, cdno. antecedentes 5.

(11) Fls 108-247, cdno. antecedentes 2, 101-197, cdno. antecedentes 6, 95-196, cdno. antecedentes 7, y 114-227, cdno. antecedentes 9.

(12) Fls 109-130, cdno. antecedentes 1, 222-251, cdno. antecedentes 4, y 212-240, cdno. antecedentes 5.

(13) La falta de esos documentos también fue advertida por la DIAN. Fls. 323-324, cdno. antecedentes 3 y 304-305, cdno. antecedentes 8.

(14) Fls. 152-155 y 182-185, cdno. antecedentes 1, 340-343 y 413-416, cdno. antecedentes 3, 270-273 y 299-302, cdno. antecedentes 4, 259-262 y 282-285, cdno. antecedentes 5, 325-328 y 384-390, cdno. antecedentes 8.

(15) Fls. 1-9, cdno. ppal.

(16) Fl. 161, cdno. antecedentes 1.

(17) Fls. 40, cdno. antecedentes 1. y 280, cdno. antecedentes 4.

(18) Fls. 33, cdno. antecedentes 1 y 206, cdno. antecedentes 4.

(19) Fls. 228-229, cdno. antecedentes 9.

(20) Fls 136-137 cdno. antecedentes 1, 3-5 y 22-23, cdno. antecedentes 2, 323, cdno. antecedentes 3, 252-257, cdno. antecedentes 4, 245-246, cdno. antecedentes 5, 3-4 y 17-18, cdno. antecedentes 6, 9-10 y 19-20, cdno. antecedentes 7, 304, cdno. antecedentes 8 y, 3-4 y 22-23, cdno. antecedentes 9.

(21) Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones.

(22) ART. 647.—Sanción por inexactitud. […]
La sanción por inexactitud será equivalente al ciento sesenta por ciento (160%) de la diferencia entre el saldo a pagar o saldo a favor, según el caso, determinado en la liquidación oficial, y el declarado por el contribuyente o responsable. Esta sanción no se aplicará sobre el mayor valor del anticipo que se genere al modificar el impuesto declarado por el contribuyente.