Sentencia 2014-00058 de mayo 3 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SALA ESPECIAL DE DECISION 25

Consejero Ponente:

Dr. Gerardo Arenas Monsalve

Expediente 11001-03-15-000-2014-00058-00

Actor: Carmenza Ramírez de Muñoz

Recurso ordinario de súplica

Bogotá, D.C., tres de mayo de dos mil dieciséis.

Decide la Sala el recurso ordinario de súplica interpuesto contra el auto de 23 de mayo de 2014, proferido por el Consejero Ponente del presente proceso, por medio del cual se rechazó la demanda contentiva al recurso extraordinario de revisión interpuesta por la Nación – Ministerio de Relaciones Exteriores.

Antecedentes

El Ministerio de Relaciones Exteriores por conducto de apoderado, el día 19 de diciembre de 2013 interpuso recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 26 de enero de 2012, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, invocando como causal de revisión la contenida en el numeral 6º del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, esto es, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación” (fls 1 – 7).

Mediante providencia de 3 de marzo de 2014 el Consejero Ponente inadmitió el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, para que dentro del término de 10 días allegara la totalidad de las copias de la demanda y sus anexos en físico y magnético, con las cuales se pudiera llevar a cabo la notificación de la misma al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls 46 – 57).

Por escrito de 12 de marzo de 2014, el apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el doctor Hugo Armando Granja Arce, presentó renuncia al poder a él conferido (fls 59).

En escrito de 25 de marzo de 2014, el abogado Jhon Alexander Serrano Bohórquez, quien dice actuar en representación de la entidad pública, en cumplimiento de la providencia de 3 de marzo de 2014, allegó los siguientes documentos: i) copia en medio magnético de la demanda, ii) copia de la demanda con sus respectivos anexos para el traslado a la parte demandada y al Ministerio Público, y iii) copia de la demanda con sus respectivos anexos para el traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (fls 59 – 105).

El auto suplicado

Mediante auto de 23 de mayo de 2014, el Consejero Ponente rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, argumentando lo siguiente (fls. 107 - 110):

Señaló que el abogado Jhon Alexander Serrano Bohórquez en el escrito de 25 de marzo de 2014 con el cual pretendía subsanar la demanda del recurso extraordinario de revisión, teniendo en cuenta lo dispuesto por el despacho en el auto de 3 de marzo de 2014, no aportó poder que acreditara su condición de apoderado judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del C.P.C., “las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa”. En tal sentido, concluyó que la entidad al no ejercer en debida forma el derecho de postulación dentro del presente trámite judicial, no se podía tener por corregida la demanda y en su lugar, se tendría que rechazar.

El recurso de súplica

Mediante escrito presentado el 10 de junio de 2014 (fls. 112 - 116), el abogado John Alexander Serrano Bohórquez, quien dice actuar en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, interpuso recurso de súplica contra el auto de 23 de mayo de 2014, conforme los siguientes argumentos:

Sostuvo con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 3 de marzo de 2014, que inadmitió el recurso extraordinario de revisión, allegó dentro del término previsto por dicha providencia las copias de la demanda y sus respectivos anexos, sin adjuntar el poder que lo facultaba para representar a la entidad recurrente, sin embargo, precisó que dentro del término de ejecutoria del auto de 23 de mayo de 2014, que rechazó la demanda, sí aportó el referido poder.

Indicó que si bien no se allegó el poder con el escrito que subsanaba la demanda, esta circunstancia no debe impedir el derecho de acceso a la administración de justicia de la entidad, pues independientemente de ello, la demanda cumple con todos los requisitos exigidos por la ley para que pueda ser admitida y estudiada por la autoridad judicial, teniendo en cuenta que la inadmisión hacía referencia a que se aportaran unas copias y no a que se modificara el contenido de la demanda.

Expresó que el auto de 3 de marzo de 2014, guardó silencio sobre el reconocimiento de personería del apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores, y solo se limitó a requerir a la entidad para que allegara las copias de los traslados de la demanda y sus anexos, por lo que dada esta circunstancia se encontraba habilitado para intervenir en el proceso allegado los documentos requeridos, y en consecuencia su actuación se validaba con el poder que le otorgó la Doctora Claudia Liliana Perdomo en calidad de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, que anexó con el presente recurso de súplica.

Adujo que la providencia recurrida de ninguna manera se pronunció sobre la renuncia presentada por el doctor Hugo Armando Granja Arce el 12 de marzo de 2014, ni requirió al Ministerio de Relaciones Exteriores, para que nombrara nuevo abogado que garantizara la defensa de sus derechos tal y como lo dispone el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

Por las anteriores razones, solicita que se revoque la providencia recurrida con el fin de garantizar los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso y defensa de su representada y en su lugar se ordene al despacho ponente que proceda a estudiar la admisión del recurso extraordinario de revisión presentado por la entidad demandante.

Consideraciones

Competencia 

Esta Sala Especial de Decisión No. 25 es competente para decidir el recurso de súplica, de conformidad con lo establecido en el inciso 4º del artículo 107 de la Ley 1437 de 2011 “Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, reglamentado por la Sala Plena del Consejo de Estado mediante Acuerdo No. 321 de 2014.

En efecto, el artículo 2º numeral 3º del Acuerdo 321 de 2014, estableció:

“(...) Las Salas Especiales de Decisión decidirán los siguientes asuntos de competencia de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo:

1.

2.

3. Los demás procesos que les sean asignados por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

(…)”.

Del recurso de súplica 

El recurso de súplica se encuentra dentro de los recursos ordinarios contemplados en el Capítulo Xll, artículo 246 del CPACA, el cual prevé a tenor literal:

“El recurso de súplica procede contra los autos que por su naturaleza serían apelables, dictados por el Magistrado Ponente en el curso de la segunda o única instancia o durante el trámite de la apelación de un auto. También procede contra el auto que rechaza o declara desierta la apelación o el recurso extraordinario.

Este recurso deberá interponerse dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto, en escrito dirigido a la Sala de que forma parte el ponente, con expresión de las razones en que se funda.

El escrito se agregará al expediente y se mantendrá en la Secretaría por dos (2) días a disposición de la parte contraria; vencido el traslado, el Secretario pasará el expediente al Despacho del Magistrado que sigue en turno al que dictó la providencia, quien será el ponente para resolverlo ante la Sala, sección o subsección. Contra lo decidido no procederá recurso alguno”.

Así las cosas, se encuentra que el recurso de súplica procede contra aquellos autos que rechazan un recurso extraordinario, de revisión o de unificación de jurisprudencia.

Por lo expuesto, se concluye que en el caso en estudio es procedente el recurso de súplica, en tanto, se interpuso contra el auto proferido por el Consejero Ponente que rechazó por extemporáneo el recurso extraordinario de revisión interpuesto contra la sentencia de segunda instancia proferida el 26 de enero de 2012 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B.

Problema jurídico

Corresponde a la Sala establecer si procede el rechazo del recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de que el representante de la entidad no allegó poder en el escrito de 25 de marzo de 2014 que subsanaba la demanda.

Sobre el derecho de postulación

Al respecto, es importante señalar que el derecho de postulación previsto en el artículo 229 de la Constitución Política, es una garantía de toda persona para acceder a la administración de justicia y solicitar a un determinado juez de la republica que estudie sus pretensiones soportadas en unos hechos concretos y en consecuencia acceda o niegue las mismas.

Este derecho no es absoluto, es decir, no todas las personas pueden postularse como parte en todos los procesos, puesto que la legitimidad para acudir ante la jurisdicción depende del tipo de acción que se quiera interponer y la calidad en la que se actúa dentro del proceso. De esta manera el acceso de las personas a la administración de justicia es un derecho que se puede ejercer directamente en los asuntos que la ley señale, e indirectamente, a través de un abogado que actúe como su representante judicial.

Así pues, quien acude ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo en principio lo deberá hacer por conducto de abogado debidamente inscrito, y excepcionalmente para aquellos casos expresamente descritos en la ley, podrá acudir ante la jurisdicción directamente.

De acuerdo con los artículos 159 y 160 de la Ley 1437 de 2011, las entidades públicas con capacidad para comparecer ante la jurisdicción en calidad de demandante, demandado o interviniente dentro de un proceso contencioso administrativo determinado, lo podrán hacer a través de su director o máxima autoridad administrativa o éstos podrá delegar tal asunto a través de acto administrativo o poder debidamente conferido a los abogados titulados que se encuentren vinculados a la entidad.

En relación con el derecho de postulación, la jurisprudencia constitucional, ha sostenido lo siguiente:

“El artículo 229 de la Constitución, que garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia y deja en manos del legislador la facultad de señalar en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado.

El Dr. Hernando Devis Echandía, al referirse al derecho de postulación lo define como el derecho que se tiene para actuar en los procesos, como profesional del derecho, bien sea personalmente en causa propia o como apoderado de otra persona. Agrega el autor, que no se trata de disminuir la capacidad para comparecer en procesos, sino de reglamentar su ejercicio en defensa de los mismos interesados y de la profesión de abogado que, por su contenido social merece protección.

El apoderado judicial es el mandatario que la parte designa para el proceso y que lo representa mediante un poder general o especial. Vemos así, como el artículo 65 del C. de P.C., indica que los poderes generales se entienden conferidos para toda clase de procesos y sólo podrán otorgarse por escritura pública y no requieren registro si es sólo para pleitos. En cambio, el poder especial, que es el otorgado para un proceso, puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento, presentado como se dispone para la demanda, es decir, personalmente, de lo cual debe dejarse constancia escrita.”(1)

Acorde con lo mencionado, es claro que por fuera de las excepciones dispuestas por el propio texto constitucional como son las acciones de tutela, populares y públicas de inconstitucionalidad entre otras, corresponde al legislador definir, dentro de la amplia potestad de configuración normativa con la que cuenta, en qué casos la intervención en un proceso judicial puede hacerse sin la necesidad de un abogado

De esta manera, en la medida en que la ley no ha previsto la excepción respecto del recurso extraordinario de revisión, no es posible que la interposición del mismo se haga sin la intervención de un abogado inscrito. Además el artículo 252 numeral 1º de la Ley 1437 de 2011 indica como requisito del recurso, que se señalen las partes y sus representantes.

Caso en concreto

El apoderado del Ministerio de Relaciones Exteriores solicita que se revoque la providencia del 23 de mayo de 2014 proferida por el Consejero Ponente, por medio del cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión, para que en su lugar se tenga por corregida la demanda y se proceda a definir su admisión y se continúe con el trámite respectivo.

Con el propósito de resolver el presente asunto, procede el despacho a destacar los siguientes aspectos:

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 252 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el recurso extraordinario de revisión debe interponerse mediante escrito que debe contener:

“1. La designación de las partes y sus representantes.

2. Nombre y domicilio del recurrente.

3. Los hechos u omisiones que le sirvan de fundamento.

4. La indicación precisa y razonada de la causal invocada.

Con el recurso se deberá acompañar poder para su interposición y las pruebas documentales que el recurrente tenga en su poder y solicitará las que pretende hacer valer.”

Aunado a lo mencionado, la parte recurrente debe tener en cuenta lo establecido en el artículo 166 de la Ley 1437 de 2011, que respecto de los anexos de la demanda, dispone:

“Artículo 166. Anexos de la demanda. A la demanda deberá acompañarse:

1. Copia del acto acusado, con las constancias de su publicación, comunicación, notificación o ejecución, según el caso. Si se alega el silencio administrativo, las pruebas que lo demuestren, y si la pretensión es de repetición, la prueba del pago total de la obligación.

Cuando el acto no ha sido publicado o se deniega la copia o la certificación sobre su publicación, se expresará así en la demanda bajo juramento que se considerará prestado por la presentación de la misma, con la indicación de la oficina donde se encuentre el original o el periódico, gaceta o boletín en que se hubiere publicado de acuerdo con la ley, a fin de que se solicite por el Juez o Magistrado Ponente antes de la admisión de la demanda. Igualmente, se podrá indicar que el acto demandado se encuentra en el sitio web de la respectiva entidad para todos los fines legales.

2. Los documentos y pruebas anticipadas que se pretenda hacer valer y que se encuentren en poder del demandante, así como los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho.

3. El documento idóneo que acredite el carácter con que el actor se presenta al proceso, cuando tenga la representación de otra persona, o cuando el derecho que reclama proviene de haberlo otro transmitido a cualquier título.

4. La prueba de la existencia y representación en el caso de las personas jurídicas de derecho privado. Cuando se trate de personas de derecho público que intervengan en el proceso, la prueba de su existencia y representación, salvo en relación con la Nación, los departamentos y los municipios y las demás entidades creadas por la Constitución y la ley.

5. Copias de la demanda y de sus anexos para la notificación a las partes y al Ministerio Público” (negrilla y subrayado fuera de texto).

En este sentido, cuando la demanda no cumple con las formalidades que establece la ley, el juez del asunto debe inadmitirla para que la parte actora proceda a corregirla y se pueda continuar con el trámite judicial respectivo, en efecto el artículo 170 del CPACA, prevé.

Inadmisión de la demanda. Se inadmitirá la demanda que carezca de los requisitos señalados en la ley por auto susceptible de reposición, en el que se expondrán sus defectos, para que el demandante los corrija en el plazo de diez (10) días. Si no lo hiciere se rechazará la demanda.

Teniendo en cuenta lo anterior, se observa en el caso concreto que el Ministerio de Relaciones Exteriores a través del abogado Hugo Armando Granja Arce, presentó recurso extraordinario de revisión contra la sentencia de 26 de enero de 2012, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, invocado la causal que indica, “existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación”.

Por auto de 3 de marzo de 2014 el despacho del Consejero Ponente, inadmitió el recurso extraordinario de revisión para que la parte actora en el término de 10 días allegara las copias físicas y magnéticas de la demanda y sus anexos con el fin de realizar el traslado de la misma al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Mediante escrito de 12 de marzo de 2014 el abogado Hugo Armando Granja Arce presentó renuncia al poder conferido por la Doctora Claudia Liliana Perdomo Estrada en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Judicial Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de memorial de 25 de marzo de 2014 el abogado John Alexander Serrano Bohórquez, en cumplimiento de lo dispuesto en el auto de 3 de marzo de 2014 allegó la documentación requerida en la referida providencia.

No obstante, el despacho del Consejero Ponente en auto de 23 de mayo de 2014, al observar que el abogado Serrano Bohórquez no allegó poder que lo facultara para actuar en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores, decidió no tener por corregida la demanda y en consecuencia resolvió rechazar el recurso extraordinario de revisión.

Ahora bien, en virtud de lo dispuesto en el numeral primero del artículo 42 del Código General del Proceso, por el cual se indica que es deber del juez que dirige el proceso, decretar las medidas pertinentes para corregir los vicios en que incurra(2), en aras de preservar el derecho de acceso a la administración de justicia (art. 229 de la CP), es preciso señalar lo siguiente:

El señor Hugo Armando Granja Arce, mediante memorial visible a folio 8 del expediente, junto con la demanda presentó poder para representar al Ministerio de Relaciones Exteriores en el trámite del recurso extraordinario de revisión.

En el auto de 3 de marzo de 2014 el despacho del Consejero Ponente inadmitió el recurso extraordinario de revisión para que se aportaran unos documentos, pero omitió reconocer personería al abogado Hugo Armando Granja Arce que representaba a la entidad que promovía el recurso.

A pesar de lo anterior, el señor Granja Arce, por escrito de 12 de marzo de 2014 allegó memorial renunciando al poder conferido por el Ministerio de Relaciones Exteriores en el presente trámite judicial.

La entidad en aras de dar cumplimiento a lo dispuesto en el auto de 3 de marzo de 2014, a través del abogado John Alexander Serrano Bohórquez, mediante memorial de 25 de marzo de 2014 aportó los documentos solicitados por la autoridad judicial, no obstante, omitió allegar el poder que facultaba al referido profesional del derecho para ejercer la representación del Ministerio, por lo que el despacho del Consejero Ponente a través de auto de 23 de mayo de 2014 tuvo por no corregida la demanda y en consecuencia resolvió rechazarla.

Bajo estas circunstancias, cabe recordar que el juez de lo contencioso administrativo, como director del trámite procesal, tiene el deber de “adoptar las medidas conducentes para impedir la paralización y dilación del proceso”(3), en este sentido, el despacho del Consejero Ponente, de un lado debió pronunciarse sobre el reconocimiento de personería del abogado Hugo Armando Granja Arce dado el poder que le fue otorgado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, y de otro lado, debió pronunciarse sobre la renuncia presentada por éste mediante escrito de 12 de marzo de 2014.

Esto último, como quiera que el artículo 76 del Código General del Proceso, señala que, “(…) la renuncia no pone término al poder sino cinco (5) días después de presentado el memorial de renuncia en el juzgado, acompañado de la comunicación enviada al poderdante en tal sentido (…)”, en esta medida, era una obligación de la autoridad judicial requerir al apoderado para que allegara la comunicación mediante la cual le informaba a su poderdante de la renuncia a efecto de resolver sobre la terminación del poder.

Ahora bien, se observa que en el caso concreto el abogado John Alexander Serrano Bohórquez con el fin de dar cumplimiento al auto de 3 de marzo de 2014 acudió al trámite judicial allegando los documentos requeridos, pero sin aportar el poder que lo facultaba para representar al Ministerio de Relaciones Exteriores, motivo por el cual el despacho del Consejero Ponente, consideró que no se podía entender corregida la demanda y en consecuencia, dispuso su rechazo.

Para la Sala esta actuación no se compadece con lo dispuesto en el artículo 229 de la Constitución Política en concordancia con lo señalado en los artículos 42 y 76 del Código General del Proceso, pues no se puede desconocer que en aras de corregir los vicios existentes en el trámite judicial, el despacho del Consejero Ponente debía requerir previamente al mencionado profesional del derecho para que aportara el poder debidamente diligenciado que lo acreditara como representante judicial de la entidad pública, circunstancia que no se advierte en el presente asunto.

Pese a lo anterior, se observa que el abogado John Alexander Serrano Bohórquez dentro del término de ejecutoria del auto de 23 de mayo de 2014 interpuso recurso de súplica contra dicha decisión y adicionalmente aportó el poder otorgado por la Doctora Claudia Liliana Perdomo Estrada en su condición de Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, para representar sus intereses dentro del presente recurso extraordinario de revisión.

En este orden de ideas, concluye la Sala que el abogado John Alexander Serrano Bohórquez, acreditó su condición de representante judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, a pesar de haber aportado el poder con el presente recurso de súplica, por lo que con el propósito de garantizar el derecho de acceso a la administración de justicia de la entidad pública, se revocará el auto de 23 de mayo de 2014, mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión, en su lugar, se reconocerá personería al referido profesional del derecho y se dispone que el despacho del Consejero Ponente, previa verificación de los presupuestos exigidos por el CPACA decida sobre su admisión.

Por último, se advierte por la Sala que en cumplimiento de lo previsto en el inciso 3º del artículo 107 del CPACA, la Dra Martha Nubia Velásquez Rico como integrante de esta Sala Especial No. 25, no participa en esta decisión como quiera que es la titular del despacho que profirió la providencia que hoy es objeto del recurso de súplica.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado Sala Especial de Decisión No. 25 administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. REVÓCASE el auto del 23 de mayo de 2014, proferido por el despacho del Consejero Ponente, mediante el cual se rechazó el recurso extraordinario de revisión interpuesto por el Ministerio de Relaciones Exteriores contra la sentencia de 26 de enero de 2012, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por las razones expuestas en esta providencia.

2. ORDENÁSE al despacho del ponente que proceda a estudiar los demás requisitos de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión y decida sobre la admisión de la demanda, teniendo en cuenta lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

3. Se reconoce personería al abogado John Alexander Serrano Bohórquez para actuar en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores en los términos y para los efectos del poder conferido que obra a folio 117 del expediente.

4. Por Secretaría y mediante oficio comuníquese al apoderado de la parte demandada.

Notifíquese y cúmplase.

Ejecutoriado este auto, devuélvase el expediente al despacho de origen.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión del día.

Magistrados: Gerardo Arenas MonsalveMaría Elizabeth Gacía GonzálezHugo Fernando Bastidas BárcenasCarlos Enrique Moreno Rubio.

1 Corte Constitucional, Auto No. 025 de 4 de noviembre de 1994, M.P. Jorge Arango Mejía.

2 En este sentido, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Auto de 7 de mayo de 2009, radicado No. 44001-23-31-000-2006-00021-02(17464), Actor: CORPORACIÓN ELÉCTRICA DE LA COSTA ATLÁNTICA – CORELCA, ha señalado “que es deber del juez revocar o modificar las providencias ilegales, aún después de estar en firmes, pues tales providencias no atan al juez para proceder a resolver la contienda conforme lo señala el orden jurídico”.

3 Numeral 1º Artículo 42 del Código General del Proceso