Sentencia 2014-00059 de abril 15 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2014-00059-00

Consejera Ponente:

Dra. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Actor: Rómulo Cornejo Jaimes

Demandado: Representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander

Bogotá, D.C., quince de abril de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10), esta Sala es competente para conocer en única instancia del proceso de la referencia en atención a que la demanda pretende la anulación del formulario E-26 CAM, por medio del cual se declaró la elección del señor José Neftalí Santos Ramírez como Representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander.

2.2. Análisis de los cargos formulados.

Corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial(11), si la elección del demandado como representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander es nula porque está incurso en las inhabilidades consagradas en los numerales 8º y 3º del artículo 179 de la Constitución Política correspondientes a la inelegibilidad simultánea por haber sido elegido diputado y representante a la Cámara en periodos que coincidían en el tiempo; y por intervenir en la gestión de negocios ante entidades públicas.

2.2.1. La inhabilidad contemplada en el numeral 8º del artículo 179 constitucional.

Dispone la norma invocada por la parte actora:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas

(…).

8. Nadie podrá ser elegido para más de una corporación o cargo público, ni para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente”.

La Sala considera pertinente recordar en este momento el pronunciamiento de la Corte Constitucional vertido en la Sentencia C-093 de 1994, con ocasión de la demanda por inconstitucionalidad instaurada contra el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, que reprodujo literalmente un aparte del numeral 8º de la norma superior transcrita, decisión en la cual declaró su exequibilidad con fundamento en los siguientes argumentos, que por su importancia y claridad se transcriben in extenso:

“(…) En este segundo supuesto, del cual parte el numeral acusado, cabe distinguir, para los fines de la inhabilidad, entre quien ha sido elegido y desempeña el cargo o destino público correspondiente y quien, pese haber sido elegido, no ha ejercido el empleo o interrumpió el respectivo período. Si lo primero, se configura la inhabilidad, lo cual no ocurre en el segundo evento, por las razones que más adelante se precisarán.

En efecto, la coincidencia de períodos, señalada en el canon constitucional como factor decisivo en la configuración de la inhabilidad, no puede entenderse sino con referencia a una persona en concreto que actúe simultáneamente en dos corporaciones, en dos cargos o en una corporación y un cargo.

Un período puede concebirse, en términos abstractos, como el lapso que la Constitución o la ley contemplan para el desempeño de cierta función pública. Pero tal concepto no puede ser tenido en cuenta para efectos de inhabilidades sino cuando en realidad un individuo específicamente desarrolla, dentro del tiempo respectivo, las actividades propias de la función. Vale decir al respecto, que los períodos no tienen entidad jurídica propia y autónoma, sino que dependen del acto condición en cuya virtud alguien entra en ejercicio de funciones. Se convierten entonces en límites temporales de éstas.

Una persona puede haber sido elegida y no haberse posesionado en el empleo, es decir, puede no haber ejercido durante el período que le correspondía, o puede haber iniciado su período y haberlo interrumpido mediante su renuncia formalmente aceptada.

En estos eventos, mal puede pensarse que exista inhabilidad, por cuanto no se configura el ejercicio concreto y real del cargo o destino público correspondiente, bien por no haberse posesionado del mismo o en virtud de la separación definitiva ocasionada por la mencionada dimisión.

Ahora bien, en la Constitución Política de 1991 se consagró un régimen de inhabilidades e incompatibilidades con respecto a los congresistas. Mediante el primero se configuran los casos en los cuales una persona que pretende ostentar esta calidad de servidor público de la rama legislativa, no puede ser elegido cuando ocurra alguna de las circunstancias de que trata el artículo 179 de la Constitución Política. En lo concerniente a las incompatibilidades establecidas en el artículo 180 de la misma Carta Fundamental, estas hacen relación a los impedimentos por parte de los miembros del Congreso (senadores y representantes), durante el tiempo en que ostenten dicha calidad. Estas y la inhabilidad por las causales constitucionales en razón del ejercicio del cargo público, gestión de negocios ante entidades o vinculación por parentesco por el mismo partido, movimiento o grupo para elección de cargos o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha, generan la pérdida de la investidura de Congresista (C.P., art. 183, num. 1º).

De conformidad con el numeral 8º, del artículo 179 de la Constitución, le está prohibido a cualquier ciudadano ser elegido simultáneamente para más de una corporación o cargo público, o para una corporación y un cargo, si los respectivos períodos coinciden en el tiempo, así sea parcialmente. De ahí que la norma en referencia utiliza la expresión “nadie podrá”, para cobijar en la mencionada prohibición a todos los ciudadanos.

Lo anterior implica, no solamente la imposibilidad de ejercer simultáneamente dos cargos, para más de una corporación o empleo público, sino también, la prohibición previa de la elección como congresista en las circunstancias anotadas, lo que equivale a entender que quien aspire a esta dignidad, no podrá encontrarse como concejal o diputado, ni tampoco tener la calidad de servidor público, en el momento de la inscripción como candidato al Congreso, salvo la de senador o representante a esa corporación.

En dicho caso, se requiere haberse formalizado la renuncia correspondiente en ese momento, a fin de evitar que el concejal o diputado o servidor público candidato a congresista pudiese estar dentro de la prohibición de que trata el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política.

Ya esta corporación ha admitido que la renuncia aceptada constituye vacancia absoluta y por consiguiente, es aplicable lo dispuesto en el artículo 261 de la Carta Política según el cual “ningún cargo de elección popular tendrá suplente. Las vacancias absolutas serán ocupadas por los candidatos no elegidos en la misma lista, en orden de inscripción”, sucesivo y descendente (Sent. D-236, M.P. Dr. Hernando Herrera Vergara).

Lo anterior indica que si se configuró una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8º, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal, de manera que este solamente rige hasta su culminación para la persona que lo haya reemplazado como candidato no elegido en la misma lista en orden sucesivo y descendente, sin que sea posible pretender que se siga considerando al dimitente como servidor público que en virtud de lo anterior ya no ostenta dicha calidad y por consiguiente no se encuentra inhabilitado en los términos indicados, para ser elegido congresista.

Además, debe agregarse que, si los concejales y diputados cuyo período constitucional se encontraba vigente para la fecha de la inscripción de su candidatura al Congreso de la República, renunciaron expresamente a sus respectivos cargos y su dimisión fue aceptada formalmente, habiéndose configurado de esta manera, la falta absoluta para el resto del período, rige el principio de la buena fe, consagrado en el artículo 83 de la Constitución, la cual se presume en las gestiones que adelantaron ante las autoridades electorales”.

De igual forma merece la pena señalar que en dos oportunidades mediante los actos legislativos 1 de 2003 y 1 de 2009, se intentó reformar la prohibición contenida en el numeral 8º del artículo 179 de la Carta al hilo de incluir expresamente la eliminación de la salvedad sobre la renuncia como forma de dejar inane la inhabilidad. Sin embargo, en ambos casos la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad de tales reformas, si bien bajo argumentaciones de forma, dejó claro que el criterio sobre tal salvedad ya había sido analizado por la jurisprudencia. En la Sentencia C-332 de 2005 al estudiarse el Acto Legislativo 1 de 2003, manifestó:

“(…) es claro que el artículo 10 del Acto Legislativo de 2003 en ningún momento derogó el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política, tan sólo reiteró el texto constitucional por razones de claridad en el trámite legislativo. La norma del acto legislativo no alteró la vigencia del numeral 8º, únicamente adicionó una frase final y un parágrafo.

En conclusión, el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra vigente desde el momento en que fue expedido por la Asamblea Nacional Constituyente hasta el día de hoy, sin solución de continuidad.

Finalmente, como la presente sentencia se limitó analizar los cargos formulados por la demanda presentada contra el artículo 10 del acto legislativo de 2003, en razón a las violaciones por vicios de procedimiento, no implica un pronunciamiento sobre si la renuncia elimina la inhabilidad. La jurisprudencia que ha interpretado los alcances del numeral 8º, se ha encargado de abordar la cuestión” (resaltado fuera de texto).

Y al decidir la demanda contra el Acto Legislativo 1 de 2009 el alto tribunal en la Sentencia C-040 de 2010 razonó así:

“(…) En consecuencia, deberá declararse la inconstitucionalidad de la totalidad del artículo 13. Así, en virtud de la declaratoria de inexequibilidad de aquella disposición y de manera análoga a como lo decidió esta corporación en la Sentencia C-332 de 2005, la Corte advierte que el numeral octavo del artículo 179 de la Constitución Política se encuentra vigente desde la fecha de promulgación de la Carta y hasta el día de hoy, sin solución de continuidad” (resaltado fuera de texto).

Lo anterior significa que el texto del numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política se mantiene incólume desde la fecha de promulgación de la Carta y hasta el día de hoy, sin solución de continuidad(12), pues las referidas decisiones aclararon que la interpretación sobre tal disposición era la abordada por la jurisprudencia. En especial el examen de justeza al ordenamiento superior realizado en la Sentencia C-093 de 1994 es una decisión de control “concreto” de constitucionalidad y que se caracteriza por: i) hacer tránsito a cosa juzgada absoluta; y, ii) tener efecto “erga omnes”, toda vez que la decisión allí contenida tiene efectos generales y vincula a todos los poderes públicos. Tales características, llevan a la conclusión ineludible del imperioso cumplimiento, tanto para los ciudadanos como para el poder judicial, de la decisión allí contenida. Por otra parte al haberse controlado la disposición contenida en la “ley orgánica”(13) (L. 5ª/92), que completaba el dispositivo normativo del numeral 8º del artículo 179 constitucional, debe observarse obligatoriamente la interpretación sistemática y armónica entre la Constitución y la ley(14).

Por ello, la inhabilidad contenida en el texto constitucional se debe entender en armonía con la salvedad establecida por el constituyente derivado en la Ley 5ª de 1992. En consecuencia, no puede la Sala optar por una interpretación que desconozca las prescripciones que trae dicha normativa, en lo que atañe a la inhabilidad por “coincidencia de períodos”.

2.2.1.2. La jurisprudencia de la Sección Quinta.

En este punto, la Sala se permite destacar que la Sección Quinta ha tenido una posición, sólida, uniforme y reiterada, a partir del fallo de constitucionalidad C-093 de 1994 en el sentido que la salvedad contenida en el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 conlleva la inoperancia de la inhabilidad consagrada en el mismo numeral del artículo 179 de la Carta Política, y que tal estudio es cosa juzgada absoluta, razón por la cual tiene efectos erga omnes.

Sobre el particular, pueden encontrarse entre muchas, las sentencias de 24 de noviembre de 1999, expediente 1891, M.P. Darío Quiñonez Pinilla; de 3 de mayo de 2002, expediente 2000-0880-02, M.P. Mario Alario Méndez; de 25 de agosto de 2005, expediente 2003-01418-01, M.P. Darío Quiñonez Pinilla; de 19 de julio de 2007, expediente 2002-3991-00; de 10 de marzo de 2011, expediente 2010-00020-00, M.P. Susana Buitrago Valencia; de 8 de octubre de 2014, expediente 2014-00032-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro; de 30 de octubre de 2014, expediente 2014-00054-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro y de 12 de marzo de 2015, expediente 2014-00050-00, M.P. Susana Buitrago Valencia.

2.2.1.3. La excepción de inconstitucionalidad.

Ahora bien, frente a la solicitud del demandante de aplicar la excepción de inconstitucionalidad del aparte que consagra la salvedad a la prohibición del 179.8 de la Constitución dispuesto en la Ley Orgánica del Congreso de la República en el numeral 8º de la disposición 280, bajo el planteamiento de que las leyes 136 de 1994 y 617 de 2000 superaron los supuestos normativos del artículo constitucional, la Sala estima conveniente reiterar lo dicho en la sentencia de 15 de marzo de 2015 que decidió el proceso 2014-00050-00, afirmando que la Sentencia C-093 de 1994 despachó el cargo sobre el supuesto desconocimiento del espíritu del constituyente, con la salvedad a la inhabilidad, al considerar que cuando se presenta renuncia al primer cargo antes de la inscripción para el segundo se “configura una falta absoluta en presencia de la renuncia formalmente aceptada a un concejal o diputado, antes de la inscripción como candidato al Congreso, y por tanto, no rige para ellos la prohibición consagrada en el artículo 179, numeral 8º, toda vez que su período para esas corporaciones se extinguió en virtud de su dimisión formal…”.

Como se dijo en el reciente fallo de la Sección Quinta, al analizar los fundamentos jurídicos de la Sentencia C-093 de 1994(15):

“1) El período para efectos de la prohibición que prevé el numeral 8º del artículo 179 constitucional es una noción abstracta, de la cual no puede predicarse una entidad jurídica propia y autónoma, sino que, por el contrario, sólo adquiere relevancia cuando en realidad un individuo desarrolla dentro de determinado tiempo la respectiva función. Es decir, tal período está sometido a lo que la Corte denomina acto condición, que en el caso concreto se circunscribe a que la persona entre efectivamente en el ejercicio de sus funciones.

2) Dentro de dicho contexto, cuando no se configura el ejercicio concreto y real del cargo por no tener lugar el acto de posesión o por separación definitiva, no puede pensarse que se configure la inhabilidad en cuestión, toda vez que no está presente el efectivo ejercicio de funciones.

3) Entonces, a fin de que se estructure la causal de coincidencia de períodos quien aspire a ser senador o represente a la Cámara no podrá encontrarse como concejal o diputado ni tener la calidad de servidor público al momento de la inscripción. En el primer evento, a efectos de que no se configure la inhabilidad el candidato debe haber formalizado la respectiva renuncia.

4) Dicha renuncia (debidamente aceptada) genera la vacancia absoluta del cargo y, por ende, ante dicha vacancia absoluta del cargo de concejal o diputado, no es posible que para ellos rija la prohibición que consagra el artículo 179-8 de la Constitución Política, toda vez que se entiende que el respectivo período en esas corporaciones se extinguió.

Por ende, al dimitente no se le puede seguir considerando servidor público, pues ya no ostenta esa calidad, lo cual impide que se encuentre inhabilitado.

De acuerdo con lo anterior, la Corte Constitucional en la citada Sentencia C-093 de 1994 implícitamente asume que la Ley 5ª de 1992 no le introdujo excepción ni condicionamiento alguno al numeral 8º del artículo 179 constitucional, pues parte de la base de que si se presenta la vacante absoluta en virtud de la renuncia debidamente aceptada, es evidente que no hay periodo en curso, razón por la que respecto del segundo cargo por elección o por nombramiento, no podría predicarse coincidencia alguna.

Bajo ese concepto, a juicio de la Corte el contenido del segundo parágrafo del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 es un aspecto inherente y propio de la naturaleza misma de la prohibición constitucional y no así un agregado que soslaya la inhabilidad.

Por lo mismo, no consideró que el legislador se extra limitara en sus funciones en contravía de la reserva constitucional que cobija el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los congresistas, puesto que ante la falta absoluta generadora de vacancia (la renuncia) no puede predicarse período en curso y, por tanto, si éste no existe no rige la prohibición”.

Tal posición fue también recogida en la Sentencia SU-950 de 2014 proferida por la Corte Constitucional, al pronunciarse sobre el alcance de la prohibición de coincidencia de períodos, en la cual afirmó:

“(…).

11. En consecuencia, cuando la renuncia es irrevocable, libre y espontánea, para la Corte no es posible limitar el derecho que tiene un servidor público para separarse definitivamente del empleo, por cuanto el derecho político a ocupar un cargo público supone necesariamente el derecho a renunciar al mismo, en tanto constituye un claro desarrollo de la libertad de la persona para decidir si permanece o no en el ejercicio de un empleo(16).

(…).

La Carta consagró la renuncia debidamente aceptada como una causal de retiro del servicio para los miembros de las corporaciones públicas, con la cual se genera vacancia absoluta o definitiva del cargo y por lo tanto una separación efectiva del mismo, con lo que se genera la posibilidad de que el miembro de la corporación sea remplazado.

La jurisprudencia de esta corporación ha sido consistente al admitir que la renuncia aceptada configura vacancia absoluta del cargo(17), del mismo modo fue considerado por la Sentencia C-532 de 1993: la renuncia expresa y formalmente aceptada de un concejal o diputado, antes de su inscripción como candidato al congreso, configura una falta absoluta en el cargo.

Además la citada sentencia anotó que el acto de renuncia y las gestiones adelantadas ante las autoridades correspondientes están amparados por el principio de la buena fe (C.P., art. 83).

(…).

24. De la reconstrucción anterior pueden obtenerse varios elementos hermenéuticos. Con la renuncia debidamente aceptada se presenta la vacancia del cargo, es decir, quien ha renunciado ya no es titular del mismo, por lo tanto no podrían aplicarse inhabilidades derivadas de ese hecho” (resaltado fuera de texto).

Así las cosas, para la Sala no existe hesitación alguna de que en el presente caso no está llamado a prosperar el argumento del actor según el cual la renuncia a la que hace referencia el numeral 8º del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992 no está acorde con la finalidad que previó el constituyente, pues, como ya se expuso, el ejercicio del cargo es personal y el periodo es institucional, razón por la cual no hay lugar a inaplicar con base en la excepción de inconstitucionalidad, la expresión “salvo en los casos que se haya presentado la renuncia al cargo o dignidad antes de la elección correspondiente”, contenida en el parágrafo segundo del artículo 280 de la Ley 5ª de 1992, pues la propia Corte Constitucional avaló la justeza de ésta a la Carta Política en el control de constitucionalidad que efectuó en la sentencia tantas veces citada.

2.2.1.4. Conclusión.

De acuerdo con los razonamientos anteriores y con las pruebas que obran en el expediente, la Sala concluye que, si bien está demostrado que el demandado José Neftalí Santos Ramírez resultó elegido representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander para el periodo constitucional 2014-2018 según consta en el formulario E-26 CA visible a folio 49 del expediente; que fue electo diputado a la asamblea del departamento de Norte de Santander para el período 2012-2015 como se verifica en la certificación del secretario general de dicha corporación administrativa obrante a folio 268; y, que presentó y le fue aceptada la renuncia a este cargo a partir del 31 de octubre de 2013(18), no se configuro la inhabilidad contemplada en el numeral 8º del artículo 179 de la Constitución Política endilgada como causal de nulidad de su elección.

En consecuencia, se negarán las pretensiones de la demanda fundadas en este primer cargo.

2.2.2. La inhabilidad contemplada en el numeral 3º del artículo 179 constitucional.

Dispone la norma invocada por la parte actora:

“ART. 179.—No podrán ser congresistas

(…).

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.

La parte actora le endilga al señor Santos Ramírez el haber fungido simultáneamente como diputado y como gerente y propietario de la empresa Rentamas Ltda., y que en los seis meses anteriores a su elección como representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander realizó gestiones ante el municipio de Cúcuta en favor del establecimiento de comercio del que es titular, relacionadas con el pago de los impuestos de industria y comercio, la sobretasa bomberil y el ICA (fl. 17).

Pues bien, la Sala en este momento se anticipa a afirmar que la pretensión relacionada con la inhabilidad consagrada en el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política no tiene vocación de prosperidad, entre otras cosas porque dentro del plenario se echa de menos el material probatorio que acredite la incursión del demandado en dicha prohibición. En efecto, en el expediente aparece sólo un documento suscrito el 8 de abril de 2010 de cesión de cuotas de una empresa llamada Rentamas Ltda.(19), donde aparece como representante legal el señor Santos Ramírez, advirtiendo la Sala que el acto que se juzga corresponde al formulario E-26 CA que declaró elegido al demandado como representante a la Cámara para el periodo 2014-2018, por lo que tal documento resulta superfluo para determinar algún tipo de inhabilidad respecto del cargo ejercido a partir del 20 de julio de 2014. Lo propio sucede con el certificado de existencia y representación adosado con la demanda que corresponde al 8 de abril del año 2010, lo que no demuestra la realidad para el año 2014, o cuando menos seis meses antes, a la fecha de la elección del demandado como congresista. Inclusive en el certificado de existencia y representación visible a folio 155 expedido el 4 de junio de 2014, se evidencia que el señor José Neftalí Santos Ramírez fue relevado del cargo de gerente de la empresa el 27 de mayo de 2013 (fl. 157 vto.), época en la cual no había sido elegido representante a la Cámara para el período que se cuestiona en este proceso.

En gracia de discusión, debe reiterase que en cuanto a la casual imputada, la jurisprudencia consolidada de esta corporación tiene decantado el criterio de que los elementos que la configuran son: i) la intervención en la gestión de negocios ante entidades públicas, ii) en interés propio o de terceros, iii) dentro de los seis meses anteriores a la elección y iv) en la misma circunscripción de la elección(20).

Ahora bien la “Gestión” a efectos de configuración de la causal de inhabilidad, supone el despliegue de actividades y diligencias potencialmente efectivas, valiosas, útiles y trascendentes(21) que impliquen un beneficio de lucro o extrapatrimonial pero evidente y notorio, como por ejemplo provechos o ventajas que le representa intervenir en diligencias y trámites ante organismos públicos o en términos electorales, que le propicien una imagen preponderante ante el elector(22).

También ha precisado la jurisprudencia que no todas las diligencia que se adelanten ante entidades públicas pueden ser consideradas a la luz del ordenamiento electoral como “gestión de negocios” porque no necesariamente conllevan el rompimiento de la equidad frente a los demás candidatos o frente a los particulares que aspiren a celebrar un convenio con la administración pública, que es el bien jurídico que se pretende amparar con la prohibición constitucional. El hecho de pagar las obligaciones tributarias no es en sí un trámite que genere ventajas o preferencias desde el punto de vista electoral y que en el caso concreto, a pesar de no aparecer claramente tal situación, no se vislumbra ni siquiera de manera remota que haya existido un desequilibrio en la contienda electoral de marzo de 2014 en favor del ahora demandado.

Por lo expuesto, se negaran las pretensiones de la demanda advirtiendo a los sujetos procesales que contra la misma no procede recurso alguno.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por Rómulo Cornejo Jaimes en contra de la elección como representante a la Cámara por el departamento de Norte de Santander del señor José Neftalí Santos Ramírez.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

Notifíquese y cúmplase.»

(10) “ART. 149.—Competencia del consejo de estado en única instancia: El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación” (resaltado fuera de texto).

(11) Folios 246 a 260.

(12) Así se reiteró en la Sentencia SU-950 de 2014, proceso dentro del cual se cuestionó una decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado que resolvió negar las pretensiones con fundamento en los mismos argumentos sobre la inhabilidad del numeral 8º del artículo 179 de la Carta.

(13) Según el artículo 151 de la Constitución, por medio de las leyes orgánicas “se establecerán los reglamentos del Congreso y de cada una de las cámaras”. En efecto la Ley 5ª de 1992 se dictó para expedir “el reglamento del Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes”.

(14) Recuérdese que las leyes orgánicas conforman el “bloque de constitucionalidad en sentido lato” y en esa medida, sirven como “parámetro de interpretación de la Constitución”. Sobre este punto puede verse el texto “Derecho Constitucional Colombiano de la Carta de 1991 y de sus Reformas” de Manuel Quinche Ramírez Manuel, Editorial Universidad del Rosario. Tercera Edición. 2009, pág. 120.

(15) Sentencia de 15 de mayo de 2015, expediente 2014-00050-00, M.P. Susana Buitrago Valencia.

(16) Ídem.

(17) Sentencia C-093 de 1994, Ms.Ps. José Gregorio Hernández y Hernando Herrera Vergara.

(18) Folios 270 a 275.

(19) Folios 26 y 27.

(20) Sentencia Sección Quinta de 29 de julio de 2004, expediente 3413, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(21) Sentencia Sala Plena de lo Contencioso de 21 de abril de 2009, PI 2007-00581.

(22) Sentencia Sección Quinta de 13 de septiembre de 2007, expediente 3986.