Sentencia 2014-00065 de marzo 12 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad.: 11001-03-28-000-2014-00065-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Actor: Carlos Víctor Lopez Romero

Demandado: representante a la Cámara por el Departamento de Bolívar

Bogotá D.C., doce de marzo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De conformidad con lo establecido en el numeral 3º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(5), esta Sala es competente para conocer en única instancia del proceso de la referencia toda vez que la demanda ataca la legalidad del formulario E-26 del 30 de marzo de 2014 que declaró la elección de la señora Karen Violette Cure Corcione como Representante a la Cámara por el departamento de Bolívar, periodo 2014-2018.

2. Cuestión previa.

Como se indicó en los antecedentes de esta providencia, el demandante en escritos de 10 de febrero de 2015 y 19 del mismo mes y año solicitó respectivamente:

i) “Aclaración y complementación del informe rendido” por la gerente encargada de la E.S.E. Cartagena de Indias por considerarlo inexacto, incompleto y confuso toda vez que no suministró “el nombre de la empresa temporal, la fecha del contrato, la labor u objeto contractual, mediante el cual la demandada, Karen Cure Corcione, fue contratada para realizar funciones en la E.S.E. Cartagena de Indias, como tampoco acompañó la copia del contrato como le fuera solicitado”, y

ii) Se tuviera en cuenta documento que “reposa en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias” con el cual, a su juicio, se prueba que la demandada fungió como coordinadora del área de mantenimiento de la E.S.E. Cartagena de Indias.

Respecto de la solicitud de 10 de febrero de 2015 esta Sala evidencia que el informe rendido por la Gerente de la E.S.E. Cartagena de Indias se corresponde con las pruebas decretadas en la audiencia inicial, en el sentido de indicar de forma clara y precisa si la demandada celebró, o no, contratos directa o indirectamente con esa entidad, desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 9 de marzo de 2014; como también certificó de forma completa y detallada que la accionada no ejerció como coordinadora de mantenimiento al servicio de dicha E.S.E. desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014.

En efecto, dicha prueba fue decretada en la audiencia inicial en los siguientes términos:

“Se oficiará a la E.S.E. Cartagena de Indias para que remita:

— Copia de todos los contratos que la demandada haya celebrado con la E.S.E. Cartagena de Indias; desde el 9 de septiembre de 2013 hasta el 9 de marzo de 2014.

— Certificado que indique si la demandada fue coordinadora de mantenimiento al servicio de dicha E.S.E. desde septiembre de 2013 hasta marzo de 2014, a través de terceras empresas, fundaciones o corporaciones. En caso de ser así, que remita copia de dichos contratos”.

Por su parte, el documento allegado por la E.S.E. Cartagena de Indias indica:

1. Se certifica que la Doctora Karen Cure Corcione no ha celebrado ni suscrito con esta entidad contrato alguno, en ningún tiempo. De igual manera se certifica que la mencionada doctora no fue nombrada, bajo modalidad alguna, o mediante orden de prestación de servicios ni contratada, ni posesionada por esta E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias S.A. E.S.P.

2. Se certifica que la doctora Karen Cure Corcione, no fue coordinadora de mantenimiento al servicio de esa E.S.E., durante el periodo septiembre de 2013 hasta marzo de 2014, por cuanto dicho cargo no existe de conformidad con la estructura de la planta de personal de la E.S.E. Cartagena de Indias, ni ha sido vinculada en dicho cargo, a través de terceras empresas, fundaciones o corporaciones, para lo cual remito copia de los acuerdos de la junta directiva por medio de los cuales se aprueba el Plan de Cargos para cada vigencia, como lo fueron el Acuerdo 112 del 26 de Diciembre de 2012 y 142 del 27 de diciembre de 2013”.

Por lo anterior, no le asiste razón al demandante al indicar que dicho informe es inexacto, incompleto y confuso, pues como se dijo en precedencia, el documento emanado de la autoridad competente para proferirlo, certificó lo que el despacho en su momento solicitó, valga decir, en los términos en que se planteó en la demanda.

Por otra parte, respecto de la prueba aportada el 19 de febrero de 2015 con la que el demandante pretende probar que la señora Cure Corcione fungió como coordinadora del área de mantenimiento de la E.S.E. Cartagena de Indias y que “reposa en la Contraloría Distrital de Cartagena de Indias”, esta Sala prescindirá de su estudio toda vez que, tal como lo manifestó el apoderado de la demandada, fue allegada de forma extemporánea.

Lo anterior, toda vez que no se avino a los términos establecidos en el artículo 212 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala expresamente la oportunidad con que cuentan las partes para solicitar o aportar pruebas, así:

“ART. 212. —Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este código.

En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada.

(…)”

En otras palabras, el demandante allega al plenario una prueba que considera demuestra los supuestos de hecho planteados en la demanda, mas la oportunidad probatoria para aportar dicha prueba no cumple con los requisitos señalados por la normativa transcrita en precedencia, que a pesar de referirse a procesos de primera y segunda instancia, se aplica también a aquellos de única por tener un trámite semejante, sino igual, a los de primera.

Esto es, en la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta; por tal motivo, y como se dijo ab initio, esta Sala se abstendrá de realizar elucubración alguna relacionada con el material probatorio mencionado.

Ahora bien, si en gracia de discusión esta Sala, para garantizar la primacía del derecho sustancial sobre el procedimental, decidiera aceptar la prueba allegada por el demandante de forma extemporánea, evidenciaría que dicho documento resulta impertinente para dilucidar el problema jurídico planteado en la audiencia inicial como pasará a explicarse:

La doctrina ha entendido que la pertinencia de la prueba hace alusión a la relación del medio de convicción y el objeto del proceso y significa que las pruebas “deben versar sobre hechos que conciernan al debate, porque si en nada tienen que ver con el mismo entran en el campo de la impertinencia”(6).

Bajo la misma línea argumental el profesor Hernán Fabio López Blanco, sostiene que la prueba impertinente es aquella que nada aporta a la litis, pues busca probar un hecho inocuo para los fines perseguidos dentro del proceso(7).

En el caso concreto, la “pertinencia” de la prueba aportada está en íntima relación con la fijación del litigio realizada, es decir, para analizar si la prueba es determinante o no para el proceso electoral, se debe examinar si el medio de convicción aportado tiene vocación de demostrar que la demandada se encuentra inhabilitada según el numeral 3º del artículo 179 constitucional por haber celebrado contratos con la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias.

Conforme a lo expuesto, es necesario precisar que el documento pretende ahondar sobre situaciones que se presentaron el 6 de septiembre de 2013, o incluso anteriores, es decir, hechos que acaecieron por fuera del periodo inhabilitante a que se refiere la tercera de las causales de inhabilidad del artículo 179 superior, que en el caso concreto va desde el 9 de septiembre de 2013 al 9 de marzo de 2014.

En otras palabras, lo que pretende acreditar el demandante con la prueba aportada desborda el período inhabilitante que consagra la Constitución para la “celebración de contratos”.

En efecto, el numeral 3º del artículo 179 señala que la inhabilidad se materializa “dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección” lo que significa que solo atañe al proceso electoral que hoy nos ocupa, estudiar las pruebas que evidencien la presunta inhabilidad que se indilga a la señora Cure Corcione y que se encuentren dentro de los seis meses anteriores al 9 de marzo de 2014, fecha en la cual se produjo la elección de la demandada.

Cualquier medio de convicción que intente llevar a la certeza sobre hechos ocurridos más allá del tiempo antes descrito, esto es, los seis meses previos a la elección, desborda el objeto de la litis y se volvería inocuo(8). Por ello, la Sala considera que es errónea la posición del demandante cuando afirma que dicha prueba constata plenamente la inhabilidad de la demandada pues aquella hace referencia a hechos ocurridos antes del periodo inhabilitante.

Así pues, el documento relacionado en precedencia indica:

“En la oficina asignada a la comisión auditora, donde se adelanta el proceso de auditoría gubernamental con enfoque integral modalidad regular, a la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, vigencia 2012, nos reunimos los funcionarios arriba enunciados y los responsables de la ejecución de la gestión del sujeto de control en lo referente a los programas y proyectos suscritos en los Planes Operativos de Acción Programado y ejecutado en coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 ‘Por una E.S.E. Económicamente Rentable, Socialmente Responsable y Ambientalmente Sostenible y de conformidad con lo rendido mediante Herramienta Electrónica SIA 2012’”(9) (resaltado de la Sala).

Bajo este panorama, se puede afirmar que la prueba aportada versa sobre situaciones fácticas que sobrepasan el tiempo del período inhabilitante, pues es evidente que los hechos relacionados con la presunta celebración de contratos adelantada por la demandada en el año 2012, acaecieron con antelación al lapso consagrado por el constituyente para esta clase de inhabilidad.

3. Análisis del cargo formulado.

Corresponde a la Sala determinar, atendiendo a la fijación del litigio realizada en la audiencia inicial, si la demandada vulneró la inhabilidad contemplada en el numeral 3º del artículo 179 superior por haber supuestamente la accionada intervenido en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio, o en el de terceros, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su elección.

Para solucionar este problema jurídico la Sala examinará las generalidades y presupuestos para la configuración de la inhabilidad endilgada, para finalmente proceder a resolver el caso concreto y determinar si la accionada incurrió en la causal que alegó el demandante como vulnerada.

3.1. De la inhabilidad por intervención en la gestión de negocios o celebración de contratos con entidades públicas-artículo 179 numeral 3º superior.

Son derechos fundamentales de acuerdo con la Constitución Política ser elegido (art. 40, num. 1º) y acceder al desempeño de funciones y cargos públicos (art. 40, num. 7º).

No obstante, la propia Constitución y la ley contemplan restricciones al ejercicio de tales derechos, motivadas en otras garantías —también constitucionales— como el interés general, la igualdad y el ejercicio eficiente de la función pública. Es justamente el caso de las inhabilidades para ocupar cargos de elección popular.

Es abundante la jurisprudencia sobre la justificación de las inhabilidades electorales. En tal sentido, ha dicho la Corte Constitucional que los regímenes de inhabilidades persiguen “impedir o limitar el ejercicio de la función pública a los ciudadanos que no ostentan las condiciones y cualidades que han sido estatuidas para asegurar la idoneidad y probidad del que aspira a ingresar o está desempeñando un cargo público”(10).

En términos similares, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta corporación explica que: “el desarrollo indigno del poder, la influencia negativa de la posición, el privilegio indebido con olvido del interés público, de la legalidad, de la buena administración, del patrimonio público y de la probidad en las actuaciones, constituyen, sin duda, razones para establecer restricciones a la libertad y a los derechos de los sujetos en el ámbito del derecho público, tendientes a evitar la vinculación a la función pública o el ejercicio de esta en las diferentes ramas del Poder Público, de personas cuya conducta o situación pueda ser lesiva a esos intereses, principios y valores”(11).

Siguiendo ese derrotero, la Sección Quinta ha señalado que las inhabilidades “buscan preservar los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad de la función administrativa y la garantía del derecho de igualdad de oportunidades”(12).

Es así como cada cargo de elección popular tiene previsto un régimen de inhabilidades, que enlista actuaciones que no pueden observarse durante un plazo determinado anterior a la inscripción o a la elección —según el caso— so pena de impedir la aspiración política.

A su vez, tales prohibiciones constituyen causales de nulidad de los actos de elección popular, en virtud de lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que señala:

“Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:

“5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.

En el caso concreto el actor atribuye a la demandada la inhabilidad prevista en el numeral 3º del artículo 179 de la Constitución Política, en la parte que se subraya a continuación:

“No podrán ser congresistas:

“3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección”.

(..)

“Las inhabilidades previstas en los numerales 2º, 3º, 5º y 6º se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección” (Se destaca).

La jurisprudencia ha justificado la existencia de esta inhabilidad, de una parte, en la necesidad de evitar que el particular que gestiona o celebre el negocio, saque provecho de su aspiración popular para obtener un tratamiento privilegiado ante la entidad pública destinataria de las gestiones y, de otra, que la persona se muestre frente a la comunidad como una hábil negociadora de intereses con la Administración, en detrimento de la igualdad entre los candidatos a una elección popular(13).

Ahora bien, la causal de inhabilidad en comento prevé varias hipótesis que pueden dar lugar a su configuración, así:

i) La intervención en la gestión de negocios ante cualquier entidad pública.

ii) La celebración de contratos con entidades públicas de cualquier nivel.

iii) Haber sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales.

Adicionalmente los presupuestos configurativos de esta causal de inhabilidad, en los términos de la demanda, en tratándose de congresistas, son: a) la celebración de contratos ante entidades públicas, b) En interés propio o de terceros, c) Dentro de los 6 meses anteriores a la elección y d) En la misma circunscripción de la elección. Los supuestos enunciados son concurrentes, de modo que si falta alguno de ellos no se configura la inhabilidad.

La Sala ha entendido por intervención en la celebración de contratos “aquellas gestiones o actuaciones que indiquen una participación personal y activa en los actos conducentes a la celebración del mismo y permitan develar un claro interés sobre el particular(14). De esta manera, la intervención en la celebración de contratos comprende un concepto amplio que no solamente involucra a terceros que participan personal y activamente en las actividades precontractuales, sino también a las partes del contrato, en donde la participación personal se entiende directa(15).

Hechas las anteriores precisiones, la Sala se ocupará de verificar, si en el caso en estudio se encuentran reunidos los presupuestos para que se configure la inhabilidad objeto de estudio, siendo preciso advertir que el cargo formulado por el demandante se sustenta en el hecho de que la demandada intervino en la celebración de un negocio jurídico.

4. Caso concreto.

El cargo formulado en la demanda se fundamenta en que la demandada estaba inhabilitada para ser congresista por cuanto aquella celebró contratos con la E.S.E. Hospital Cartagena de Indias dentro de los 6 meses anteriores a su elección, lo que a juicio del demandante se encuadra en la causal 3ª de inhabilidad que prevé el artículo 179 de la Constitución Política para los congresistas.

La causal de inhabilidad consagra:

“ART. 179. —No podrán ser congresistas:

3. Quienes hayan intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas, o en la celebración de contratos con ellas en interés propio, o en el de terceros, o hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la elección”.

Como consecuencia de lo anterior, el demandante considera que el acto de elección acusado se encuentra incurso en la causal de nulidad contemplada en el numeral 5º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que dispone: “ART. 275. —Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando: (…) 5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad”.

Por otra parte, la accionada afirma que nunca celebró contratos con la E.S.E. Hospital Cartagena de Indias, además, el accionante no probó si quiera de manera sumaria los supuestos de hecho planteados en la demanda, toda vez que solo se limitó a formular apreciaciones subjetivas pero sin acompañar pruebas que acreditaran la inhabilidad endilgada, lo cual resta credibilidad, objetividad e imparcialidad a sus afirmaciones y pretensiones.

En el expediente obran como pruebas principales los siguientes documentos:

• Contrato tomado de una página web(16), aportado por el demandante en el que se aprecian los siguientes datos relevantes:

“Objeto del contrato: Suministro de insumos para el mantenimiento de la infraestructura de los centros de atención y sede administrativa de la E.S.E. HLCI.

(…)

Régimen de contratación: Régimen privado

(…)

Contratista Nombre: Ferrelectrico El Toril Ltda.

(…)

Interventor o Supervisor Nombre: Karen Violet Cure

(…)

Tipo de vinculación: Interno

Cargo: Coordinadora de mantenimiento

Fecha firma o suscripción: 2013-11-25

(…)

Fecha terminación: 2013-12-31”

• Certificación aportada por el coadyuvante en la que consta:

“La suscrita gerente de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias hace constar:

Que la señora Karen Violette Cure Corcione identificada con cédula de ciudadanía 33.308.281 de Magangué (Bolívar), no ha sido nombrada, posesionada, contratada en esta entidad en ningún tiempo.

Esta certificación se expide a solicitud de Karen Violette Cure Corcione.

Para constancia se firma en Cartagena a los 3 días del mes de abril de 2014”(17).

• Oficio 2014-978 suscrito por la Gerente de la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias(18):

“De la manera más atenta doy respuesta a su Oficio 2014-978, mediante el cual solicita certificación y copias de documentos a esta entidad, con destino al proceso electoral que se adelanta contra la Representante Karen Violette Cure Corcione, bajo el radicado 11001-03-28-000-2014-00065-00.

Al respecto le expreso claramente sobre los dos puntos preguntados, en su orden, lo siguiente:

1. Se certifica que la Doctora Karen Cure Corcione no ha celebrado ni suscrito con esta entidad contrato alguno, en ningún tiempo. De igual manera se certifica que la mencionada doctora no fue nombrada, bajo modalidad alguna, o mediante orden de prestación de servicios ni contratada, ni posesionada por esta E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias S.A. E.S.P.

2. Se certifica que la doctora Karen Cure Corcione, no fue coordinadora de mantenimiento al servicio de esa E.S.E., durante el periodo septiembre de 2013 hasta marzo de 2014, por cuanto dicho cargo no existe de conformidad con la estructura de la planta de personal de la E.S.E. Cartagena de Indias, ni ha sido vinculada en dicho cargo, a través de terceras empresas, fundaciones o corporaciones, para lo cual remito copia de los acuerdos de la junta directiva por medio de los cuales se aprueba el Plan de Cargos para cada vigencia, como lo fueron el Acuerdo 112 del 26 de Diciembre de 2012 y 142 del 27 de diciembre de 2013. Durante el periodo mencionado en este punto, la E.S.E. Cartagena de Indias tuvo varios contratos con Empresas Particulares de Servicios Temporales, quienes seleccionan a su personal con absoluta autonomía y de acuerdo a sus procedimientos internos, razón por la cual se le solicitó los servicios de un particular arquitecto y/o ingeniero civil, con dos años de experiencia. Por ello, la Doctora Karen Cure Corcione trabajó para una de esas empresas, bajo su subordinación y a nombre de la misma, sin ninguna autoridad civil, política o administrativa y sus actividades fueron asignadas a través de un contrato laboral que se rige por el Derecho Privado con la empresa de servicios temporales. De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1377 de 2013 esa es la información que se tiene y cualquier información adicional sobre este aspecto debe reposar en los archivos de dicha entidad”.

• Copia del Acuerdo 112 de 2012(19) “Por medio del cual se presenta para su adopción y aprobación el Plan de Cargos y Organismos Civiles de la Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias, para la vigencia del primero (1º) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de 2013” en cuyo artículo 1º se adoptaron los siguientes cargos:

Denominación del cargo
Gerente
Subgerente
Administrativo
Jefe oficina control
Interno
Jefe oficina control
Disciplinario
Profesional universitario
Técnico área salud
Técnico administrativo
Auxiliar área salud-Aux-INFSALUD
Secretaria
Auxiliar servicios generales
Celador
Subgerente científico
Médico general (8 horas)
Médico general (4 horas)
Odontólogo (8 horas)
Odontólogo (4 horas)
Enfermero
Auxiliar área salud-Auxconsodont
Auxiliar área Salud-Auxhigoral
Auxiliar área Salud-Auxenf

• Acuerdo 142 del 27 de diciembre de 2013 “Por medio del cual se aprueba el Plan de Cargos de la E.S.E. Hospital Local de Cartagena de Indias para la vigencia fiscal comprendida entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de 2014” en el que se evidencian los mismos cargos mencionados en el cuadro anterior, excepto el de Técnico Administrativo(20).

Ahora bien, para analizar el cargo planteado por el demandante, en primer lugar, es necesario determinar que la accionada hubiere intervenido en la celebración de contrato o contratos estatales.

Para el efecto, aduce el accionante que la demandada suscribió contratos con la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, para probar su afirmación, aportó con la demanda una impresión de un contrato tomado de una página de internet, cuya dirección web no es clara, en el que a su juicio se evidencia que efectivamente la señora Cure Corcione suscribió contrato con dicha E.S.E. seis meses antes de su elección y que por lo tanto se encontraba inhabilitada para ser congresista.

Para la Sala es claro que el documento aportado por el accionante de ninguna manera prueba que la demandada hubiese suscrito contrato con la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, en primer lugar, porque de la copia de dicho documento no se puede establecer que fuese la accionada quien lo suscribió, en mayor medida si en uno de sus apartes figura como contratista la empresa “Ferrelectrico El Toril Ltda.”.

En segunda medida, toda vez que la autenticidad de dicho documento es incierta, lo que no ofrece al plenario un grado de convicción tal que permita inferir sin lugar a dudas que la accionada se encontraba inhabilitada para ser Congresista 6 meses antes de la elección, pues la dirección electrónica que se observa en su parte superior no es clara y presenta rasgaduras en sus bordes.

En otras palabras, de la mencionada prueba no puede establecerse con certeza si en efecto se configuran los supuestos de hecho planteados por el señor López Romero, esto es que la demandada sin lugar a dudas hubiese suscrito contrato con la E.S.E. Hospital Local Cartagena, pues como se indicó en precedencia, de su contenido no se puede establecer claramente dicha situación, sea porque ni siquiera aparece quién suscribió el documento o sea porque la empresa que aparece como contratista no es la señora Cure Corcione sino “Ferrelectrico El Toril Ltda.”.

Por esa razón, no puede esta Sala otorgarle consecuencias jurídicas a un documento del que evidentemente no se desprenden el mínimo de presupuestos para que se configure la inhabilidad endilgada, máxime cuando fue tomado de una página web cuya dirección electrónica es ilegible, lo que hace dudar aún más a la Sala sobre su procedencia y autenticidad, en los términos del artículo 244 del Código General del Proceso(21).

En este sentido, no sobra advertir, que la ley procesal impone a las partes cargas probatorias de obligatorio cumplimiento, que le permitan al juez esclarecer los aspectos planteados en la litis; lo que dentro del plenario se echa de menos por la parte accionante.

Ahora bien, contrario a lo afirmado por el accionante, de las pruebas por él solicitadas en la demanda y decretadas en la audiencia inicial del proceso de la referencia, se puede establecer con meridiana claridad que la señora Karen Cure no celebró ni suscribió contrato alguno con la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias en ningún tiempo, ni fue nombrada, bajo modalidad alguna, o mediante orden de prestación de servicios, ni contratada, ni posesionada en esa entidad, tal como se evidencia del Oficio 2014-978.

Asimismo, para la Sala es evidente que el mencionado documento deja claro que la accionada nunca ejerció el cargo de Coordinadora de Mantenimiento, por la sencilla razón que en dicha entidad ese cargo no existe, como se comprueba de los acuerdos 112 de 2012 y 142 del 27 de diciembre de 2013 mediante los cuales se adoptó el Plan de Cargos y Organismos Civiles de la Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias para los años 2013 y 2014, respectivamente.

Ahora bien, advierte la Sala que no basta con la sola afirmación del actor en el sentido de indicar que la demandada se encuentra inhabilitada para ser congresista, porque a su juicio celebró contrato con la E.S.E. Hospital Cartagena de Indias, ya que no se trata de un hecho que pueda suponerse o que esté exento de prueba, pues por el contrario corresponde a una situación frente a la cual se tiene la carga de la prueba en los términos del artículo 167 del Código General del Proceso, según el cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”.

Le recuerda la Sala al demandante, que es menester de las partes cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en el ordenamiento jurídico, para el caso concreto, las estatuidas en la Ley 1437 de 2011, tal como lo establece el artículo 103 de esta normativa:

“Quien acuda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento del deber constitucional de colaboración para el buen funcionamiento de la administración de justicia, estará en la obligación de cumplir con las cargas procesales y probatorias previstas en este Código”.

Así las cosas y al no haber demostrado el demandante que la accionada suscribió contrato con la E.S.E. Hospital Local Cartagena de Indias, las súplicas de la demanda serán negadas.

Con fundamento en lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

III. FALLA:

1. NEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral promovida por Carlos Víctor López Romero.

2. ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE»

(5) “ART. 149. —Competencia del consejo de estado en única instancia. El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (…) 3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación” (Subrayas fuera de texto).

(6) López Blanco, Op cit, pág 74.

(7) Ibídem.

(8) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. (E): Alberto Yepes Barreiro. 5 de marzo de 2015. Exp.: 11001-03-28-000-2014-00111-00. Actora: Adelaida Atuesta Colmenares. Demandado: Jaime Buenahora Febres-Representante a la Cámara Circunscripción Internacional. Recurso de Súplica.

(9) La fecha que se infiere del documento es 6 de septiembre de 2013.

(10) Sentencia C-064 de 2003.

(11) Sentencia de 21 de abril de 2009, Rad. 2007-00581(PI).

(12) Sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00244-02.

(13) Consejo de Estado. Sección Quinta. C.P. Alberto Yepes Barreiro. 5 de marzo de 2012. Rad. 2010-00025-00. Actor: Adrián David Cañate Mancera. Demandado: Representante a la Cámara por el departamento de Sucre.

(14) Sentencia del 28 de septiembre de 2001, Exp. 2674.

(15) Sentencia del 19 de octubre de 2001, Exp. 2654.

(16) No es clara la dirección de la página de donde fue tomado dicho contrato, ni se evidencia quien lo suscribió (Fls. 5 a 14 del expediente).

(17) Folio 154 del expediente.

(18) Folio 332 del expediente.

(19) Folios 334 y 335 del expediente.

(20) Folios 336 y 337 del expediente.

(21) ART. 244. —Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento. Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso. También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución. Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo. La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad.

Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos. Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones (resaltado fuera de texto).