Sentencia 2014-00068/11768-28 de abril 13 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 200011102000201400068 01 (11768-28)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón De Gómez

Aprobado según Acta de Sala 30

Bogotá D.C., trece de abril de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 256-3 de la Constitución Política, 112-4 de la Ley 270 de 1996 y 59-1 de la Ley 1123 de 2007, esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las Salas homólogas de los Consejos Seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 2 de 2015, así: “los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la condición de sujeto disciplinable.

Esta colegiatura verificó la condición de abogado del investigado Esteban de Jesús Pérez Hormasa, identificado con la cédula de ciudadanía 77.194.940 y portador de la tarjeta profesional número 155603, según certificación expedida por el Registro Nacional de Abogados (fl. 15 c.o. 1ª instancia),

3. De la nulidad planteada.

El defensa del oficio del disciplinado manifestó que existe una causal de nulidad por violación al debido proceso debido a que el auto de cargos no se fundó en el artículo 28 numerales 8º y 10 de la Ley 1123 de 2007 y si se analiza el mismo en la sentencia existiendo así una contradicción entre el auto de cargos y la sentencia.

Contrario a lo manifestado por el defensor de oficio, una vez revisado el audio correspondiente a la audiencia de pruebas y calificación provisional de fecha 16 de marzo de 2015, en la misma el magistrado sustanciador señaló (record 15:28) “(…) en este caso en concreto el abogado demoró la iniciación de la gestión que se le encomendó al no presentar nunca la demanda laboral, la falta es contraria al deber profesional del abogado regulado en el artículo 28 numeral 10 del estatuto de la abogacía de atender con celosa diligencia el encargo profesional, deber que el togado no atendió a pesar de haber recibido el poder (…)”.

Y la Sala a quo al momento de analizar en la sentencia de primera instancia el estudio de la falta contemplada en el artículo 37 numeral 1 de la Ley 1123 de 2007, en la misma indicó: “Con la conducta omisiva anterior, el doctor Pérez Hormasa trasgredió el deber profesional del abogado regulado en el artículo 8º numeral 10 del estatuto ético de la abogacía, Ley 1123 de 2007, de haber recibido el poder y los documentos para reclamar los derechos laborales de su cliente, entre otros la carta de despido a folios 6 – 7 en original”.

Respecto al deber consagrado en el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007, este fue analizado por el Juez Disciplinario al estudiar la falta contemplada en el artículo 35 numeral 6º así: (Record 18:53) “la falta anterior es contrario al deber de honradez que se le impone a los abogados contemplada en el artículo 28 numeral 8º de la Ley 1123 de 2007 que dispone que el abogado en desarrollo de dicho deber debe expedir recibo cada vez que perciba dinero cualquiera sea su concepto hecho que no ocurrió en el presente caso”.

Razón por la cual, no es de recibo la causal de nulidad deprecada por el defensor de oficio del disciplinado y el mismo será despachado desfavorablemente.

De otra parte, también indicó el apelante que se le violó su derecho a la defensa porque el magistrado sustanciador de instancia en la audiencia de juzgamiento una vez terminó sus alegatos de conclusión le otorgó la palabra al representante del Ministerio Público para que indicara si quería intervenir en el trámite y el procurador intervino refutando algunos de sus elementos defensivos.

Esta colegiatura también despachará de manera desfavorable dicha petición, pues el otorgarle la palabra el Ministerio Público para que interviniera en el caso, en momento alguno puede llegar a ser una causal de nulidad, contrario sensu, corresponde a una garantía adicional de las partes donde se garantiza el debido proceso y derecho a la defensa dentro de la investigación disciplinaria.

Con consecuencia, esta superioridad despachará desfavorablemente la solicitud de nulidad deprecada por el defensor de oficio del disciplinado, al no configurarse causal alguna.

4. Del caso en concreto.

El proceso disciplinario adelantado en contra el doctor Esteban de Jesús Pérez Hormasa se originó por queja presentada por el señor Orlando Rafael Rada Acosta, quien indicó que le había otorgado poder al abogado para que presentara demanda laboral contra la empresa en la cual había durado trabajando seis años y siete meses, lo habían despedido sin justa causa y necesitaba cobrar su indemnización por despido injusto, el abogado le solicitó en varias ocasiones sumas de dinero, le indicó que el proceso estaba en curso, pero no lo realizó gestión alguna, siempre mantuvo a su cliente engañado y tampoco expidió recibos de la gestión encomendada, ocasionándole un gran perjuicio a su cliente.

5. De la apelación.

Ahora bien, el defensor de oficio del disciplinado presentó el 1º de diciembre de 2015 recurso de apelación, habiendo sido notificado de la providencia de primera instancia el 28 de noviembre del mismo año, es decir fue presentada en el término legal, por tanto, procederá esta Colegiatura a referirse a cada uno de los elementos defensivos de la siguiente forma, veamos:

El primer y segundo punto de apelación fueron las solicitudes de nulidad que se desarrollaron en el acápite anterior, los cuales fueron despachados desfavorablemente por la Sala con base en los argumentos señalados en líneas anteriores.

Como tercer punto defensivo insistió nuevamente en que si se debió proceder a la acumulación de los procesos solicitado desde la primera audiencia de pruebas y calificación provisional.

Este argumento, en ningún momento puede llegar a corresponder una causal de exclusión de responsabilidad, además el otro proceso disciplinario fue interpuesto por la señora Rocío Isabel Castillo Cantillo, donde si bien es cierto también se está acusando al abogado por haber incurrido en varias faltas al estatuto deontológico del abogado, no es por el proceso laboral y los hechos analizados en la presente investigación puestos en conocimiento del señor Rada Acosta, tal como lo indicó en su momento el seccional de instancia, razón por la cual, se itera, tal elemento exculpativo no constituye una causal de exclusión disciplinaria.

El cuarto punto señala que no hay prueba que conduzca a la certeza acerca de la entrega del dinero por parte del quejoso a su prohijado.

Al respecto, es importante indicar que el quejoso tanto en su escrito de denuncia (fls. 1 y 2 c.o) como en la ampliación de la queja rendida bajo la gravedad de juramento el señor Orlando Rafael Rada Acosta, aseguró haberle entregado al abogado investigado aproximadamente dos millones de pesos ($ 2.000.000) diferidos en varios pagos así: $ 200.000 para estudiar el caso, $ 500.000 para presentar solicitud de conciliación en la Procuraduría, $ 150.000 para autenticar documentos, $ 230.000 para arreglar unos documentos, $ 400.000 para viáticos para viajar a Bogotá, $ 150.000 para presentar una tutela, $ 180.000 para consignar a un juzgado, afirmación esta que no fue desvirtuada por el disciplinado quien fue citado a todas las Audiencias a la dirección registrada en el Registro Nacional de Abogados, además según los testimonios recibos el investigado desde hace tiempo no ha vuelto a comunicarse con ellos, aunque el quejoso manifestó que el togado era conocedor del proceso pero se estaba “escondiendo”.

Por tanto, el disciplinado al ser renuente en asistir a las audiencias y preferir ser asistido por un defensor de oficio, no controvirtió las acusaciones presentadas por el quejoso y se itera, realizadas bajo la gravedad de juramento a las cual se les dará el valor probatorio correspondiente, razón por la cual se confirmará la responsabilidad del inculpado.

De tal forma esta Sala al haber evacuado todos los elementos exculpativos presentados en el escrito de apelación por parte del defensor de oficio del disciplinado, no encuentra causal de justificación alguna en la conducta del abogado Esteban de Jesús Pérez Hormansa que justifique su actuar, razón por la cual será confirmada en su integridad la decisión adoptada por la Sala a quo.

Por tanto esta superioridad CONFIRMARÁ la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, mediante la cual se sancionó con tres años de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de cinco salarios mínimos legales vigentes al abogado Esteban de Jesús Pérez Hormasa como autor responsable de las faltas previstas en el artículo 34, literal d) y artículo 37 numeral 1º y artículo 35 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de ley,

RESUELVE

1. NO ACCEDER a la solicitud de nulidad deprecada por el defensor de oficio del disciplinado, por las razones expuestas en la parte motiva.

2. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura del Cesar, mediante la cual se sancionó con tres años de suspensión en el ejercicio de la profesión y multa de cinco salarios mínimos legales vigentes al abogado Esteban de Jesús Pérez Hormasa como autor responsable de las faltas previstas en el artículo 34, literal d) y artículo 37 numeral 1º y artículo 35 numeral 6º de la Ley 1123 de 2007, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

3. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la Oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

4. Por secretaría judicial notifíquese la presente providencia conforme a lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1123 de 2007.

Efectuado lo cual deberá regresar el expediente a esta corporación.

Notifíquese y cúmplase».