Sentencia 2014-00076/4773-2015 de agosto 10 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 19-001-23-33-000-2014-00076-01

Nº Interno: 4773-2015

Magistrado Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Doris Lía Guerrero Bravo

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Bogotá D.C., diez de agosto de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Competencia

De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(10), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

Problema jurídico

Conforme a lo anterior, el problema jurídico a resolver en esta instancia se resume en las siguientes preguntas:

1. ¿La señora Doris Lía Guerrero Bravo tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a pesar de que ya le fue reconocida la pensión de invalidez?

En caso de respuesta positiva se deberá determinar lo siguiente:

2. ¿En el reconocimiento de la pensión de vejez, es procedente ordenar el descuento de los factores salariales respecto de los cuales no se hayan hecho aportes?

Primer problema jurídico

¿La señora Doris Lía Guerrero Bravo tiene derecho al reconocimiento y pago de la pensión de vejez, a pesar de que ya le fue reconocida la pensión de invalidez?

La Subsección sostendrá la siguiente tesis: No tiene derecho al reconocimiento de la pensión de vejez toda vez que esta y la pensión de invalidez son incompatibles, como a continuación se argumenta.

Incompatibilidad entre la pensión de vejez y/o jubilación y la pensión de invalidez

Los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, señalan la incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de vejez y/o jubilación. Textualmente, el artículo 31 del Decreto 3135 de 1968 indica:

«[…] Las pensiones de jubilación, invalidez y retiro por vejez son incompatibles entre sí. El empleado o trabajador podrá optar por las más favorable cuando haya concurrencia de ellas […]».

Lo anterior tiene sustento en la prohibición consagrada en el artículo 128 de la Constitución Política, de percibir más de una asignación que provenga del tesoro público, disposición contemplada desde el artículo 88 del Decreto 1848 de 1969, así:

«[…] ART. 88.—Incompatibilidad. Las pensiones de invalidez, jubilación y retiro por vejez, son incompatibles entre sí. En caso de concurrencia del derecho a ellas, el beneficiario optará por la que más le convenga económicamente […]».

Por su parte, la Ley 100 de 1993 al consagrar las características del Sistema General de Pensiones en el artículo 13, literal j) señala: «Ningún afiliado podrá recibir simultáneamente pensiones de invalidez y de vejez».

En las anteriores condiciones, tal como lo ha señalado esta Corporación(11), se presenta incompatibilidad entre las pensiones vejez y/o jubilación e invalidez bien sea de origen común o profesional, porque el ordenamiento jurídico restringe dicha posibilidad y, por tanto no pueden ser disfrutadas conjuntamente con base en lo siguiente:

1. Tienen su origen en una misma relación laboral;

2. Están condicionadas a los aportes que la demandante haga a la seguridad social;

3. Su finalidad es la misma, es decir, mientras la pensión de jubilación y/o vejez tiene como finalidad cubrir la pérdida de la capacidad de trabajo por haber llegado la persona a la vejez, la pensión de invalidez también busca cubrir la pérdida de la capacidad laboral pero ya en razón de la invalidez, es decir, cumplen la misma función protectora.

Con fundamento en lo precedente, en este caso se observa lo siguiente:

— Conforme el registro civil de nacimiento la señora Doris Lía Guerrero Bravo nació el 6 de agosto de 1954 (folio 3 C. 1).

— Según las certificaciones de tiempo de servicios prestados por la demandante que obran a folios 19 a 45 del expediente, acredita como tiempos de servicios 9280 días, que equivalen a 25.77 años(12).

— Obra la certificación expedida el 26 de mayo de 2003 por la representante legal de Colmena Riesgos Profesionales (folio 47 C.1), en los siguientes términos:

«[…] 1. Que el día 24 de febrero de 2000 le fue diagnosticada una enfermedad a la señora Doris Lía Guerrero Bravo, identificada con cédula de ciudadanía 34.527.941 de Popayán (Cauca).

2. Que Colmena riesgos profesionales, para dar cumplimiento al dictamen expedido el día 17 de octubre de 2002 por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez en el que se dictaminó la pérdida de capacidad laboral del 54% a la señora Doris Lía Guerrero Bravo, ordenó la correspondiente prestación económica, Pensión de Invalidez.

3. Que Colmena riesgos profesionales procederá al pago de las mesadas pensionales correspondientes […]».

— El 29 de noviembre de 2010(13) presentó ante la entidad demandada solicitud de reconocimiento de la pensión de vejez, radicada bajo el número 48838/2010, la cual, fue denegada mediante las resoluciones PAP 050727 de 27 de abril de 2011 (folios 5 a 7 cuaderno principal 1) y UGM 056338 de 25 de septiembre de 2012 (folios 9 a 17 cuaderno principal 1), con base en los siguientes argumentos:

«[…] En virtud de lo anterior y por tanto la interesada ya se encuentra pensionada por concepto de invalidez, no es posible que la entidad reconozca la pretendida pensión de vejez, por cuanto el goce de ambas pretensiones por una sola persona es incompatible entre sí, razón por la cual se procederá a confirmar en todas y cada una de sus partes el acto administrativo recurrido y se desestimarán las pretensiones del actor […]».

Ahora bien, una consecuencia lógica de la invalidez absoluta es que al funcionario impedido se le reconozcan las prestaciones económicas y asistenciales a que haya lugar, entre ellas la pensión de invalidez como ocurrió en el presente caso; sin embargo, a la entidad demandada le era imposible proceder al reconocimiento de la pensión de vejez solicitada por la demandante, toda vez que las pensiones pretendidas en el presente asunto provienen de una misma causa, esto es, de los aportes a pensiones efectuados por la demandante al Sistema General de Seguridad Social y tienen la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo.

Sumado a lo anterior, no existe norma que consagre expresamente la compatibilidad entre la pensión de invalidez y la pensión de jubilación y/o vejez, por el contrario, tal como se indicó en acápites anteriores, los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 expresamente la prohíben.

Por tanto, como lo ha señalado esta corporación en reiterada jurisprudencia(14), la demandante tiene la posibilidad de optar por la pensión que más le convenga económicamente, tal como lo señalan los artículos 31 y 88 de los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente, sin que pueda pretender devengarlas simultáneamente.

En las anteriores condiciones, al responderse de forma negativa el primer problema jurídico, por sustracción de materia la Subsección se abstendrá de estudiar el segundo problema jurídico planteado acerca de la procedencia de realizar los descuentos de los factores salariales reconocidos por el a quo y sobre los cuales no se realizaron deducciones legales. Así mismo, procederá a revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar se denegarán las pretensiones de la demanda.

En conclusión: Conforme a la reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado y, con base en los decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969 y la Ley 100 de 1993, existe incompatibilidad entre las pensiones de jubilación y/o vejez e invalidez toda vez que cumplen con la misma finalidad, es decir, cubrir la pérdida de capacidad de trabajo ya sea por edad o invalidez. Por lo tanto, en el presente caso no es procedente el reconocimiento de la pensión de jubilación y/o vejez, toda vez que a la demandante se le reconoció pensión de invalidez.

Decisión de segunda instancia

Por las razones que anteceden la Subsección revocará la sentencia de primera instancia que accedió las súplicas de la demanda y en su lugar se denegarán las mismas.

De la condena en costas.

Esta Subsección en recientes providencias(15) tuvo la oportunidad de sentar posición sobre la condena en costas en vigencia del CPACA, en aquella oportunidad se señaló como conclusión, lo siguiente:

a) El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en costas, al pasar de un criterio “subjetivo” —CCA— a uno “objetivo valorativo” —CPACA—.

b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.

c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o temeridad de las partes.

d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos más vulnerables y generalmente de escasos recursos así como la complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo 1887 de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).

e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así pactado por estas.

f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP(16), previa elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.

g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.

De lo anterior se colige que la imposición de la condena en costas implica una valoración objetiva que excluye como criterio la mala fe o la temeridad de las partes.

El a quo en la sentencia de primera instancia condenó en costas a la demandada, decisión que será revocada, en la medida que en esta instancia prosperan los argumentos de la defensa de la entidad y en ese sentido la parte vencida en el proceso es la demandante a quién se condenará en costas en ambas instancias.

Por tanto, y en ese hilo argumentativo, se impone la condena en costas en ambas instancias a cargo de la señora Doris Lía Guerrero Bravo, toda vez que resulta vencida en el proceso de la referencia y la entidad demandada intervino dentro de la segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Revocar la sentencia proferida el 19 de junio de 2015 por el Tribunal Administrativo del Cauca que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por la señora Doris Lía Guerrero Bravo en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

2. Denegar las pretensiones de la demanda.

3. Condenar en costas en ambas instancias a la parte demandante y a favor de la parte demandada, las cuales se liquidarán por el a quo.

4. Efectuar las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de la fecha».

10 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno: 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández; iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 16 de marzo de 2017, número interno: 1074-2014, Consejero Ponente William Hernández Gómez.

12 Suma que resulta de dividir 9280 entre 360.

13 Según el acto demandado que obra a folio 5 del cuaderno principal 1.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 21 de julio de 2016, Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez, número interno 1793-2015; ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda Subsección A sentencia de 18 de febrero de 2016, número interno: 2415-2013, Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 13 de noviembre de 2014, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 3008-2013; iv) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 25 de marzo de 2010, Consejero Ponente Luis Rafael Vergara Quintero, número interno 3058-2004; v) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia de 30 de septiembre de 2010, Consejero Ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 1067-2009.

15 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección A de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.

16 “ART. 366.—Liquidación. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: (…)”.