Sentencia 2014-0080 de junio 15 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Radicación: 11001-03-28-000-2014-0080-00

Actor: Sandra Elena García Tirado y otros

Demandado: Representantes a la Cámara de Bolívar

Asunto: Acción electoral - única instancia - sentencia

Consejera Ponente:

Dra. Rocío Araujo Oñate

Bogotá D.C., quince de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «III. Consideraciones

1. Competencia.

La sección quinta del Consejo de Estado es competente para fallar en única instancia las demandas acumuladas que fueron presentadas con el propósito de anular el acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, período 2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º(106) del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

2. Actos acusados.

2.1. Del acto de elección.

Se discute la legalidad del acto de elección, Formulario E-26 CAM y si fue dictado y notificado en estrados según se aprecia de dicho documento, o en cambio, si le correspondía al Consejo Nacional Electoral pronunciarse respecto de dicha declaratoria, en razón a que era del resorte de sus competencias resolver sobre las presuntas diferencias surgidas entre los delegados de la comisión escrutadora de ese departamento. En esa medida, corresponderá establecer si en este caso el acto de elección está contenido en dicho formulario y si sus efectos se produjeron a partir de la orden contenida en el Acuerdo 002 de 2014 del CNE, en cuanto con éste se procedió a su notificación.

2.2. Otros actos.

En esta decisión la Sala también se ocupará de analizar la legalidad de i) las resoluciones 019, 028, 029, 030 de 2014 proferidas por la comisión escrutadora departamental, por medio de las cuales rechazó por extemporáneas las reclamaciones presentadas en relación con los posibles errores aritméticos, tachaduras y enmendaduras en las actas, las diferencias del 10% en la votación registrada a una lista en las corporaciones Cámara y Senado y la no totalización de los resultados en los formularios E-14 ii) las resoluciones 022, 023, 024 y 039 de 2014 dictadas por la comisión escrutadora departamental, en las que se no accedió a estudiar algunas solicitudes de saneamiento de nulidad que elevaron las partes en el proceso electoral como agotamiento del requisito de procedibilidad, iii) las resoluciones 040 de 2014 proferida por la comisión escrutadora departamental y 003 de 15 de marzo de 2014 de la comisión escrutadora de la zona 4 de Cartagena y la Nº 11 del 18 de marzo de 2014 expedida por la comisión escrutadora distrital de Cartagena, que se ocuparon de resolver sobre la exclusión de votación por la falta de firma de los jurados de votación en el E-14 y iv) las resoluciones 17 y 18 del 19 de marzo de 2014, que resolvieron la solicitud de exclusiones de votación por violencia en el municipio de Montecristo.

3. Problema jurídico.

Corresponderá a la Sala resolver cada uno de los problemas jurídicos que se fijaron en la audiencia inicial, previo desarrollo de algunos temas que deberán abordarse a efectos de pronunciarnos sobre cada uno de los reclamos que determinarán la validez o no del trámite adoptado por comisión escrutadora departamental y el Consejo Nacional Electoral, respecto de la declaratoria de la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, período 2014-2018, así:

3.1. ¿Incurrió el Consejo Nacional Electoral en violación del artículo 180(107) del Código Electoral al inhibirse de conocer las solicitudes de apelación, reclamaciones y desacuerdos presentadas por la comisión escrutadora departamental y en consecuencia, proceder mediante el Acuerdo 002 de 2014 a ordenar la notificación de la declaratoria de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar? Deberá establecerse si se encontró o no probado el presunto desacuerdo que alegan se presentó entre los delegados del Consejo Nacional Electoral.

3.2. ¿Con el rechazo de plano de las reclamaciones formuladas ante la comisión escrutadora departamental y la falta de concesión del recurso de apelación respecto de las reclamaciones presentadas con la ocurrencia de supuestos errores aritméticos, revisiones de mesa y exclusiones de mesa, según consta en las resoluciones 19 de 2014 con respecto del municipio de Magangué; 28 de 2014, con respecto del municipio de Arjona, 29 de 2014, con respecto del municipio de María La Baja, 30 de 2014, con respecto del municipio de Mompós, 22 de 2014, con respecto del municipio de Morales, 23 de 2014, con respecto del municipio de Cicuco, 24 de 2014, con respecto del municipio de San Martín de Loba y 29 de 2014, con respecto del municipio de Cartagena, se vulneraron los artículos 192 y 193(108) del Código Electoral con las decisiones adoptadas por los delegados del Consejo Nacional Electoral durante los escrutinios generales?

3.3. ¿Ocurrieron errores aritméticos en los formularios E-14 de las mesas ya identificadas de los municipios de Magangué, Arjona, María La Baja y Mompós. Procedía la revisión de las mesas antes referidas en los municipios de Morales, Cicuco, San Martín de Loba y Cartagena y la exclusión de mesas por falta de firma de los jurados en el formulario E-14 de la mesa 04-01-08 del Distrito de Cartagena, que tengan la entidad de viciar el acto de elección de representantes a la Cámara de Bolívar?

3.4. ¿Procede excluir la totalidad de la votación depositada en el municipio de Montecristo por los presuntos hechos de violencia que se alegan ocurrieron respecto de los documentos electorales? ¿se debe excluir del escrutinio departamental los registros electorales que se computaron en las mesas 01 y 02 del puesto 70 de la zona 99 del municipio de Montecristo, por los hechos de violencia que allí se registraron?

3.5. ¿Se encuentran probadas las diferencias entre los formularios E-14 y E-24 de las mesas que se identificaron en el acápite anterior y que relacionan las presuntas diferencias de votación entre los candidatos 101 y 102 del Partido Conservador Colombiano?

3.6. ¿De encontrarse las diferencias anotadas, se encuentran éstas justificadas en la correspondiente acta?

3.7. ¿Se encuentra viciado el acto de elección de representantes a la Cámara de Bolívar por la ocurrencia de falsedades consecuencias de las posibles diferencias injustificadas presentadas entre los formularios E-14 y E-24 ya referidos?

4. Cuestión previa.

La Sala aclara que en esta etapa es imposible reabrir el debate y el reexamen de aspectos que fueron objeto de decisión por el despacho conductor y por la Sala de súplica, al resolver lo concerniente con las excepciones de caducidad, agotamiento del requisito de procedibilidad y falta de legitimación por pasiva. Esta precisión se hace por cuanto, a través de los alegatos de conclusión la parte demandada y los terceros impugnadores insisten en que estos temas sean de nuevo objeto de pronunciamiento por la Sala.

La estructura en que está concebido el adelantamiento de los procesos bajo la Ley 1437 de 2011, conlleva que las etapas precluidas no sean objeto de reapertura por las partes, pues cada una de ellas está sometida a un control de legalidad en los términos del artículo 207 ibídem, lo que conlleva a que planteamientos tales como la decisión de excepciones se adopte en la etapa inicial para efectos de evitar decisiones inhibitorias.

Aceptar una posición como la que plantean las partes sobre reabrir el debate en relación con tales aspectos ejecutoriados implica desconocer los efectos vinculantes que adquieren las providencias dictadas en desarrollo del proceso y restarle valor a la fuerza de obligatoriedad que las cobija, pues habiéndose agotado las etapas procesales de conformidad con la ley, su controversia no puede resurgir(109).

Si bien algunos de los sujetos procesales insisten en la caducidad de la acción, la Sala debe precisar:

1. La decisión correspondiente al examen de este requisito en las demandas de nulidad electoral, ya fue analizado en cada uno de las providencias que ordenaron la admisión de los expedientes aquí acumulados.

También, cuando en la audiencia inicial del 17 de junio de 2015 se resolvió sobre la excepción de caducidad, decisión que fue objeto de súplica, y que luego se confirmó por Auto del 15 de octubre de 2015.

De esta manera, el tema ya fue decidido por las providencias que se ocuparon de pronunciarse sobre la situación atípica de la declaratoria de elección “sin notificación” ocurrida por la presuntas desavenencias entre los delegados del CNE que condujo a afirmar, que éstos no declararon la elección y que luego, por la detección de incompetencia del Consejo Nacional Electoral, llevó a dicha autoridad electoral a: i) “inhibirse” de conocer de aquellos desacuerdos y ii) a notificar a destiempo una declaratoria de elección. Esto último, cuanto ya habían transcurrido dos (2) meses entre una y otra actuación.

Estas fueron las razones que llevaron a los ponentes y a la Sala a privilegiar el derecho de acceso a la administración de justicia de los demandantes ante la confusa actuación que se cumplió por dichas autoridades.

2. Además, de conformidad con lo previsto en el artículo 207 de la Ley 1437 de 2011, las etapas del proceso contencioso electoral están sometidas a un control de legalidad con el propósito de sanear los vicios que puedan acarrear nulidades y evitar así decisiones inhibitorias. Este control impide que se aleguen hechos o circunstancias que ya han sido objeto de pronunciamiento.

3. No obstante las anteriores razones, la Sala no puede pasar por alto que la actuación del Consejo Nacional Electoral fue absolutamente atípica y condujo a confusiones, demoras y desgastes innecesarios en un proceso electoral donde el acto declaratorio de la elección fue notificado pasados dos meses de su expedición y por autoridad diferente a la que lo profirió.

Por todo lo anterior, la Sala exhortará al Consejo Nacional Electoral para que mejore sus procesos y procedimientos en aras de hacerlos más eficaces, efectivos y transparentes, a fin de evitar que a futuro, se vuelva a presentar una actuación irregular como la que aquí aconteció.

Entonces, al margen de la anterior exhortación, la Sala por las razones que explicó, se abstiene de realizar un estudio adicional respecto de los asuntos que en los alegatos de conclusión reclaman las partes, en razón a que estos aspectos, como la caducidad de la acción, ya obtuvieron un pronunciamiento judicial, el cual se encuentra debidamente ejecutoriado.

De otra parte y frente a la insistencia sobre considerar las razones que la parte demandada planteó a título de tacha de falsedad, la Sala recuerda que por Auto del 23 de enero de 2017, la ponente se ocupó de resolver dicho planteamiento en el que se le explicaron la razones por las cuales no procedía la solicitud, decisión fundada en que “la falsedad ideológica no se tramita a través de esta figura procesal, pues como su inconformidad se origina en relación con el contenido del documento y no respecto de la autenticidad del mismo, el mecanismo para su controversia lo constituyen, justamente, las pruebas recaudadas dentro del proceso que permitan desvirtuar dicho contenido”.

Sin más razones sobre estas necesarias cuestiones, procede al análisis de fondo que corresponde.

5. Examen de las censuras.

5.1. De la expedición del acto de elección E-26 CAM. Existencia de desacuerdos. Competencia del Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el primer planteamiento que constituyó la fijación del litigio esta Sala se ocupará de examinar si la declaratoria de la elección era un procedimiento que le correspondía asumir al Consejo Nacional Electoral debido a la presunta existencia de desacuerdos entre los delegados de dicha entidad, los que a juicio de los demandantes, les impedía totalizar los resultados y por ende, determinar qué partidos y cuáles candidatos obtenían una de las curules de esta corporación como finalmente ocurrió o, si era una competencia restringida a los miembros del Consejo Nacional Electoral en virtud de dichos desacuerdos que les obligaba a pronunciarse y disponer lo correspondiente a la declaratoria de elección.

Para resolver sobre el particular, es preciso que la Sala de manera previa realice un pronunciamiento sobre i) el proceso electoral y sus etapas, ii) el principio de preclusión, iii) el procedimiento que se adelantó en el caso bajo examen y que ameritó el envío al Consejo Nacional Electoral y iv) el análisis de la censura.

5.1.1. Proceso electoral.

El Estado de derecho debe garantizar el ejercicio de la democracia, entendida desde la perspectiva participativa, como la posibilidad y el derecho que tienen los ciudadanos para procurarse mediante elección popular periódica la designación de sus representantes. En ellas, obviamente se debe propender por la autenticidad y veracidad de los resultados, con miras a conformar el poder político, el cual se encuentra, en este caso, a cargo de una corporación que cumple funciones legislativas, asignadas por la Constitución Política.

Esta renovación periódica de los representantes del pueblo se cumple cada cuatro años en los términos del artículo 132 de la Constitución Política, lo cual obliga al Estado para que active el proceso electoral que se encuentra a cargo de la organización electoral en cabeza de la Registraduría Nacional del Estado Civil, quien tiene a su disposición la realización de los comicios y en virtud de ellos convoca a los ciudadanos para que manifiesten su voluntad respecto de las diferentes opciones políticas para de ellas determinar las agrupaciones políticas y candidatos que los representarán en las corporaciones públicas.

Esta actividad implica que se adelanten los procedimientos previstos por el ordenamiento jurídico y se garantice una pronta, oportuna y certera obtención de los resultados que investirán de mandato a los elegidos, todo ello cuando se culminen las etapas previstas para la declaración de la elección y la expedición de credenciales.

En esa medida y para garantizar que las elecciones estén provistas de autenticidad, la ley diseñó diferentes etapas que garantizan que la voluntad popular registrada por el electorado goce de fidelidad desde el momento en que se deposita su voto que es escrutado en primer lugar por el presidente de la mesa de votación hasta que los resultados de ésta engrosan el consolidado final que luego de totalizada con los votos de los participantes en dicha jornada, determinarán la declaratoria de elección, que es el último peldaño del proceso electoral y que da lugar a la expedición de credenciales.

En la actualidad se encuentra vigente el Código Electoral, contenido en el Decreto 2241 de 1986 y la Ley 1475 de 2011, que establece las diferentes etapas e instancias que componen el proceso electoral, en cuanto determinan cómo se resuelven y las autoridades competentes que deben ocuparse del escrutinio de los votos en las elecciones populares.

5.1.2. Etapas del escrutinio.

En dicho proceso electoral, se vislumbran las siguientes etapas:

1. Conteo de mesa.

Está a cargo de los jurados de votación(110) en los términos del artículo 142(111). Durante estas actuaciones deben recibir las reclamaciones escritas que presenten los testigos electorales en los términos del artículo 122(112), las cuales deberán decidirse al momento de los escrutinios municipales. Ello es así siempre y cuando no corresponda a la solicitud de recuento de votos, que se debe cumplir de inmediato por los jurados de votación, dejando la correspondiente constancia.

2. escrutinios distritales, municipales y auxiliares.

El artículo 163(113) del Código Electoral determina las actuaciones en esta etapa del procedimiento electoral. Se cumple a través de las comisiones escrutadoras distritales, municipales y zonales, según sea el caso(114). Las competencias que se encuentran asignadas son las siguientes:

i) Los jurados deben realizar el escrutinio de las mesas al cierre de la jornada de votación. Las Comisiones escrutadoras deben comenzar el escrutinio el mismo día de la votación y desde el momento en que se efectúa el cierre de mesas se encuentran habilitadas, en razón a que el escrutinio debe adelantarse con fundamento en las actas de las mesas que se le vayan entregando a los claveros en el lugar que se previó para desarrollar tal diligencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41(115) de la Ley 1475 de 2011.

ii) El escrutinio a su cargo se inicia con la lectura de las actas de jurados en las que se totalizaron los resultados de la votación.

iii) En desarrollo de este escrutinio verifican los escrutadores la hora de entrega de los documentos electorales y el estado de los mismos. Dejarán constancia de si encuentran tachaduras, enmendaduras o borrones, de acuerdo con lo consignado por el clavero en el acta que éste suscribe.

iv) Los escrutadores resuelven las reclamaciones que se presentaron por escrito ante los jurados de votación por las causales previstas en los términos del artículo 122(116) del Código Electoral, en armonía con el artículo 11 de la Ley 6ª de 1990(117), que lo modificó.

v) También les corresponde resolver las reclamaciones que se les eleven en los términos de los artículos 164(118), 166 y 192(119) del Código Electoral, debiendo ordenar las correcciones del caso, con las correspondientes constancias.

vi) Si con ocasión de las reclamaciones presentadas, las mismas no se encontraren fundadas, tal determinación se hará constar en resolución que será notificada con la advertencia de que contra esa decisión procede el recurso de alzada en el efecto suspensivo.

vii) Los escrutadores deben diligenciar el formulario E-24 en que se registra la votación mesa por mesa, luego de verificada.

viii) También deberán hacer constar en un acta el desarrollo de los escrutinios municipales, zonales y auxiliares, que reciben el nombre de parciales (cuando se realizan por zonas) o generales (cuando se cumplen en el municipio o distrito) (alcaldes, concejales, ediles) (arts. 164, 166 y 167), y

ix) Terminados los escrutinios según lo dispuesto en los artículos 173(120) y 174(121) del Código Electoral, los documentos electorales, tales como el acta de escrutinio, los formularios E-24 diligenciados y aquellos que por virtud del ejercicio de su función haya tenido en su poder, se introducirán en el arca triclave correspondiente, para que se surta el escrutinio general.

x) Declarar la elección de las autoridades municipales.

3. escrutinio general.

En esta última fase o etapa de carácter público, los delegados del Consejo Nacional Electoral cumplen con la revisión y verificación de los resultados electorales consolidados en los formularios y los documentos que le son enviados para cumplir con el propósito de los comicios, esto es, la declaratoria de la elección.

Según el artículo 177(122) del Código Electoral y 43 de la Ley 1475 de 2011, a estos delegados les corresponde entre otras funciones las de: i) resolver las apelaciones interpuestas en los escrutinios municipales y las reclamaciones que se formulen, bajo la consideración que sus decisiones son objeto del recurso de apelación ante el Consejo Nacional Electoral, ii) tienen a su cargo el escrutinio y la totalización de los votos para las Cámaras de representantes, para lo cual deben totalizar en el formulario E-24 los resultados obtenidos por los municipios que integran el departamento iii) pueden solicitar en los términos del artículo 179(123) del Código Electoral los documentos que estimen necesarios para el cumplimiento de su misión, y iv) resolver las reclamaciones que se les presenten durante esta fase, en los términos del artículo 192 del ibídem.

Según el artículo 180(124) del Código Electoral los delegados del CNE practican los escrutinios del departamento y declaran la elección de las autoridades del mismo orden. En caso de que se presentan apelaciones en contra de sus decisiones o desacuerdos entre los integrantes de la comisión escrutadora, quien finaliza los escrutinios y declara las elecciones es el Consejo Nacional Electoral a quien le corresponde pronunciarse al respecto.

4. escrutinio nacional.

Lo realiza el Consejo Nacional Electoral de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 187(125) del Código Electoral y 265.8(126) de la Constitución Política. Se realiza en elecciones presidenciales o de los senadores de la República y Cámara Internacional en razón a la circunscripción en la que se cumplen.

En esta instancia también actúa el Consejo Nacional Electoral como segunda instancia, cuandoquiera que las decisiones son impugnadas por desacuerdos de sus delegados, correspondiéndole declarar las elecciones del orden departamental en estos casos y por supuesto, hacer la declaración de elección de los funcionarios del orden nacional, como sería el caso de la fórmula presidencial y de los senadores de la República.

5.1.3. Principio de preclusión en el proceso electoral.

De acuerdo con las etapas a que se hicieron mención en el acápite anterior, se origina el principio de preclusividad debido a la determinación y previsión de un procedimiento electoral a partir de fases definidas que permiten controlar y revisar los resultados correspondientes, para llevar a cabo las revisiones y correcciones que procedan en la etapa correspondiente en forma oportuna.

Aspecto relevante constituye el principio de preclusividad en el procedimiento electoral, que tiene como finalidad la consolidación de las actuaciones cumplidas por las autoridades que concurren en el avance de dicho proceso, para darle alcance a la necesidad de garantizar y preservar la voluntad popular a través del desarrollo de las etapas del escrutinio que permitirán la afirmación de los resultados, para luego y con base en ellos, hacer las declaraciones sobre la correspondiente elección.

El pronunciamiento que se transcribirá a continuación servirá de soporte para analizar la situación fáctica acaecida en el procedimiento electoral objeto de cuestionamiento, con miras a determinar, si les asiste razón a los demandantes frente a las vulneraciones planteadas en este primer cargo formulado en contra del actuar de los miembros del Consejo Nacional Electoral, quienes se inhibieron de considerar las presuntas diferencias presentadas en el escrutinio general cumplido por los delegados de esa corporación.

En relación con este principio se precisó:

3.1. El principio de la preclusión.

Conceptualmente entendido también como principio de la eventualidad, cuya finalidad es dar firmeza a los actos de que se trate pero ante todo impartir al proceso un orden riguroso, al punto que parte de la doctrina apoda a cada una de esas etapas estrictas “compartimientos estancos”, toda vez que imponen a las partes y al juez el ejercicio de una actividad para que ella tenga valor, es decir, clausura y cierra la posibilidad de actuar cuando no se ejerce dentro del período determinado.

La Sala considera pertinente observar el entendimiento que sobre la preclusión ha tenido la Corte Suprema de Justicia si bien con respecto a los procesos judiciales, aplicable en su trasfondo y generalidades al asunto materia de este proceso. En efecto, la preclusión administrativa —o judicial— es la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, y resulta por regla general en los siguientes eventos: a) por no haberse acatado el orden u oportunidad preestablecido por la ley para la ejecución de una conducta procesal; b) por realizarse una actividad incompatible con el ejercicio de otra; c) por haberse ejercido en etapa anterior esa facultad. La primera tiene ocurrencia cuando la conducta se ejerce por fuera de los términos de ley. Así, el no apelar o reclamar dentro del término legal, conduce a la extinción de esa facultad, queda así clausurada la etapa procesal respectiva. El segundo evento corresponde a lo que se denomina el principio de eventualidad. O sea, en el caso de proposiciones excluyentes, in eventum, de que una de ellas se deniegue, debe darse entonces entrada a la subsiguiente: al recurso de reposición se le acumula el subsidiario de apelación; al primero se le acumula en algunos casos el de queja. El tercer caso, de preclusión alude a la consumación de una actuación que la ley limita en su ejercicio a una sola vez(127).

En el desarrollo del proceso administrativo electoral son varias las autoridades que en él intervienen dependiendo del cargo o corporación de que se trate, pero ante todo con una total preponderancia de si se está frente a una elección local, seccional o nacional. Por otra parte, la mayoría de las autoridades escrutadoras ejercen un doble papel, el primero, responde a la facultad que tienen para contar los votos, verificar y consolidar los resultados que a su vez conlleva la función de declarar la elección y otorgar la credencial a los elegidos; el segundo papel, está dado por la competencia de ejercer como segunda instancia frente a quien jerárquicamente en materia electoral es su “a quo”.

El Código Electoral, que aunque de por sí presenta en forma disgregada la asignación de las competencias en materia de escrutinios, no impide que se determine a quién, ab initio, corresponde la función de escrutar y a quién le corresponde el poder jerárquico y funcional sobre esa primera autoridad escrutadora para efectos de decidir sobre los cuestionamientos contra las decisiones por ella adoptadas.

Una lectura detenida del Código Electoral da cuenta de que en la base se ubican los jurados de votación, luego la comisión escrutadora auxiliar, cuya existencia depende de si el territorio electoral a escrutar, entiéndase distrito o municipio, ha requerido la división en zonas, a fin de facilitar las inscripciones, votaciones y escrutinios (art. 79 C.E.) y esa es la razón por la cual no siempre se escucha hablar de ellas. Enseguida y como superior jerárquico de esas escrutadoras auxiliares aparecen las comisiones escrutadoras distritales o municipales y sobre éstas la jerarquía se predica de las comisiones departamentales —conformadas por los delegados del Consejo Nacional Electoral— cuya instancia superior recae en la máxima autoridad electoral, esto es, el Consejo Nacional Electoral.

Dentro de ese doble papel de autoridad escrutadora y de autoridad jerárquicamente funcional es claro que algunos hechos constitutivos de alegación, bien sea por vía de la reclamación o de la apelación, deben estar claramente delimitados a fin de no mezclar las competencias que se derivan del ejercicio de ese doble papel, toda vez que en algunos eventos la ley le ha otorgado a la autoridad escrutadora electoral, sin importar su nivel, el imperium suficiente y exclusivo para resolver y predicar de su decisión la firmeza y la ejecutividad necesarias, sin que la autoridad que es superior para otros temas pueda tener injerencia en ella.

Por lo anterior, la consagración de normas como el último inciso del artículo 164 del Código Electoral cuando se refiere a que verificado el recuento de votos por la comisión escrutadora “no procederá otro alguno sobre la misma mesa de votación”; o la orden legal impartida por el artículo 166 a las comisiones escrutadoras distritales o municipales de conocer y decidir las apelaciones contra las decisiones de sus homólogas auxiliares o los desacuerdos y a su vez efectuar el escrutinio general de votos emitidos en el distrito o municipio y resolver las reclamaciones que le propongan frente a sus propios escrutinios dan cuenta de su competencia restringida frente a la comisión auxiliar que permite predicar la aplicación de la preclusión en las etapas administrativas electorales, siempre que la competencia asignada sea de aquellas privativas de la respectiva comisión.

Con base en lo anterior la Sala afirma sin hesitación alguna que la preclusión o cierre de las actuaciones administrativas electorales de cada una de las autoridades escrutadoras debe ser vista según cada caso, a fin de no teorizar en forma tal que lejos de proteger el sistema electoral en pro de la democracia y del respeto a una de las manifestaciones más directas del derecho político como es el derecho a elegir y ser elegido, se convierta en un obstáculo infranqueable.”(128)

5.1.4. Proceso electoral adelantado en el departamento de Bolívar en las elecciones de los representantes a la Cámara por esta circunscripción.

En orden a tomar una decisión sobre los aspectos que son objeto de cuestionamiento en este cargo, la Sala recuerda que corresponde establecer si el Consejo Nacional Electoral violó el artículo 180 del Código Electoral, al no pronunciarse sobre las reclamaciones y resolver los aludidos desacuerdos presentados entre sus delegados en el departamento de Bolívar.

Para asumir este análisis la Sala debe corroborar el procedimiento electoral que se cumplió ante la comisión escrutadora departamental y que se adelantó ante el Consejo Nacional Electoral, por tal motivo, examinará en concreto las fases del escrutinio cumplido en tales instancias, según aquello que se encuentra probado en el expediente, así:

1. Del escrutinio realizado por la comisión escrutadora departamental.

• El escrutinio general a cargo de los delegados del Consejo Nacional Electoral fue adelantado en la ciudad de Cartagena desde el 11 de marzo de 2014, según dan cuenta las actas que se acompañaron al proceso con el fin de demostrar las actuaciones allí ocurridas.

• En su desarrollo se extendió el acta de escrutinio departamental, que fue acompañada a este proceso en 2 versiones. Una(129) en la cual se dejó constancia de todo lo sucedido a lo largo de dicha etapa y que fuera diligenciada manualmente por el secretario y la otra(130), la que se generó en virtud del software dispuesto para tal fin, que utiliza un formato predefinido. En esta última acta se dejó la siguiente aclaración: “EN TODO CASO PREVALECE ANTE CUALQUIER INQUIETUD, EL ACTA GENERAL DE ESCRUTINIO REALIZADA POR LA COMISIÓN ESCRUTADORA DEPARTAMENTAL, LA CUAL SE DEBE ANEXAR ESTA ACTA GENERADA POR EL SOFTWARE, EL ACTA GENERAL REALIZADA POR LA COMISIÓN SE EFECTUA DEBIDO A OBSERVACIONES QUE A VECES NO QUEDAN INCLUIDAS EN EL ACTA DEL SOFTWARE”(131).

• En lo que corresponde a las actuaciones surtidas en el escrutinio cumplido por los delegados del Consejo Nacional Electoral, la Sala considera relevante destacar las siguientes: i) la revisión de los documentos electorales y la conformidad que se encontró en varios municipios(132), ii) la definición de las peticiones y de las reclamaciones que se surtieron en torno a las actuaciones que se denunciaron en el municipio de Montecristo, y como consecuencia de ello, la expedición de las resoluciones 016, 017 y 018 de marzo 19 de 2014(133), iii) la definición de apelaciones concernientes con el municipio de San Jacinto(134), iv) el trámite y definición de recusaciones presentadas en contra de los delegados del Consejo Nacional Electoral(135), v) la constancia de solicitudes presentadas por los candidatos participantes en la contienda electoral(136), vi) la expedición de las resoluciones 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39 y 40(137), vii) la constancia de que pese al envío de los escritos al Consejo Nacional Electoral en virtud de lo dispuesto en el artículo 180 del Código Electoral, la comisión escrutadora departamental “procede a totalizar los votos del departamento de Bolívar y se imprimen los E-24 y E-26 departamental.”(138), y viii) la enumeración(139) de los asuntos que los delegados consideraron se enmarcaban en ese presunto desacuerdo en materia de las solicitudes y reclamos que les fueron presentados.

• Con este relato culminó el escrutinio de los delegados departamentales, en los siguientes términos:

“Siendo las 9:00 pm del día 30 de marzo de 2014, la comisión escrutadora municipal (sic) declara formalmente terminado el escrutinio departamental de Bolívar, y finiquitado en esta instancia cualquier tipo de actuación. Copia del acta que arroja el sistema(140) será anexada a la presente para los fines pertinentes. Para constancia se firma por los que en ella intervinieron. Para constancia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada. (Hay firmas).”(141)

2. Del trámite surtido por el Consejo Nacional Electoral.

La actuación del Consejo Nacional Electoral se circunscribió a la expedición del Acuerdo Nº 002 de 2014(142) “Por medio de la cual se abstiene de conocer del desacuerdo planteado por los delegados del Consejo Nacional Electoral para los escrutinios de las votaciones para la circunscripción de la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, período 2014-2018 y de las solicitudes presentadas ante dicha comisión”.

En dicho acto se expuso groso modo un recuento de los hechos y las actuaciones administrativas en las que se da cuenta del procedimiento electoral acontecido frente a los escrutinios del departamento de Bolívar, de lo cual se destacó la presentación de nueve (9) acciones de tutela, todas con decisión de improcedencia, sustentadas en la existencia del acto de declaratoria de elección por expedición de la comisión escrutadora del departamento de Bolívar, quienes lo suscribieron al expedir el formulario E-26 CAM.

• Si bien se estableció que la comisión escrutadora departamental envió diferentes documentos al Consejo Nacional Electoral que se identificaron como las intervenciones respecto de las cuales no existió acuerdo entre dichos miembros de la comisión, también encontró probado el Consejo Nacional Electoral para relevarse de resolver el desacuerdo entre los delegados y en virtud de las atribuciones conferidas en el artículo 180 del Código Electoral, de la existencia de un acto declaratorio de la elección, porque de haber subsistido el desacuerdo no hubieran podido declarar la elección. Explicó en dicho acuerdo lo siguiente:

“[…] Posteriormente y de la parte final de la referencia (sic) acta “siendo las 9:00 pm. del día 30 de marzo de 2014, la comisión escrutadora municipal declara formalmente terminado el escrutinio departamental de Bolívar, y finiquitado en esta instancia cualquier tipo de actuación.

No obstante, la ambigüedad de lo consignado en la parte final del acta general de escrutinios, se halla dentro de la documentación copia del Formulario E-26CA, denominado resultado escrutinio Cámara de Representantes. Elección cámara de elecciones 09 de marzo de 2014 y donde a la letra se consigna que se trata de la declaratoria de la elección, teniendo en cuenta los resultados y una vez realizados los respectivos sorteos para dirimir los empates (si aplica) se declaran electos como representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar por el período de 2014-2018 a los siguientes candidatos:

SILVIO JOSÉ CARRASQUILLAPARTIDO LIBERAL COLOMBIANO
PEDRO TOMÁS PEREIRAPartido Conservador COLOMBIANO
HERNANDO JOSÉ PADAUI ÁLVAREZ PARTIDO CAMBIO RADICAL
KAREN VIOLETTE CURE CORCIONEPARTIDO CAMBIO RADICAL
ALONSO JOSÉ DEL RIO CABARCASPARTIDO DE LA U
MARTHA CECILIA CURI OSORIOPARTIDO DE LA U

El documento se encuentra suscrito por Javier Castañeda Amaya, Yamile (sic) Corrales Albán y Luis Fernando Torres Gallo, quienes al examinar el acta general de escrutinios corresponde s (sic) los integrantes de la comisión escrutadora de los delegados del Consejo Nacional Electoral y de quien actuó como secretario de la misma”.

Esta actuación la consideró el Consejo Nacional Electoral como generadora de derechos para los elegidos y dijo constituía un acto que goza de presunción de legalidad.

Luego de referirse el Consejo Nacional Electoral a la normativa en que fundó su decisión explicó que: i) para la declaratoria de elección converge un procedimiento administrativo que se encuentra dispuesto por unas etapas especiales y previas que garantizan la formulación de reclamaciones antes de que el Consejo Nacional Electoral pueda actuar, ii) la declaración de la elección es un acto de ejecución del resultado del proceso electoral y del escrutinio que se realiza en la propia instancia y que culmina con la entrega de credenciales, iii) que en el caso de la elección de representantes a la Cámara ésta se declara en la sede departamental por los delegados del Consejo Nacional Electoral, iv) que esta competencia se desplaza en favor al Consejo Nacional Electoral cuando ha de resolver sobre las apelaciones formuladas y cuando se presentan desacuerdos entre los miembros de la comisión escrutadora y v) que el acta general contiene la narración de los hechos y las actuaciones que se producen en los escrutinios, pero no contiene decisiones porque no constituye un acto administrativo.

En lo concerniente al caso concreto, refirió que junto con la documentación que le fue enviada para su estudio, encontró el formulario E-26 CA debidamente suscrito por quienes tenían competencia para la declaratoria de la elección, lo que implicó necesariamente el fenecimiento del “proceso administrativo electoral”.

Así, distinguió que ante tal situación concerniente con la finalización del escrutinio y la expedición del formulario E-26 CA, que se soportó en la consolidación no solo de los resultados de la votación sino de la determinación del umbral y la aplicación de la cifra repartidora era evidente la existencia del acto de elección, aunque indicó que el mismo carecía de constancia de notificación, motivo por el cual procedió a ordenarla y hacer entrega de las correspondientes credenciales.

Con ello pudo concluir el Consejo Nacional Electoral que la existencia de tal decisión representó la pérdida de competencia para conocer y pronunciarse sobre las solicitudes de revisión de dicho escrutinio y conforme con lo dispuesto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, le corresponde a esta jurisdicción el examen de legalidad respecto de dicho acto de carácter definitivo.

5.1.5. Análisis de la censura.

Advertidas y analizadas las pruebas pertinentes y conforme las circunstancias acaecidas en este procedimiento electoral procede la Sala a pronunciarse respecto de los cargos formulados en las demandas acumuladas y que tienen relación con la presunta violación del artículo 180 del Código Electoral por parte del Consejo Nacional Electoral.

En torno a lo que constituyó el fundamento de este cargo se alegaron también hechos en los que la parte actora soportó la ocurrencia del vicio planteado, de manera que a continuación la Sala analizará si tales alegaciones resultaron probadas y por ende, si hay lugar a que se anulen el formulario E-26 CA y el Acuerdo 002 de 2014 de acuerdo con los reproches expuestos sobre el particular y en consideración a los siguientes temas:

5.1.5.1. La existencia de varias actas de escrutinio con información no coincidente.

Como se apreció en el acápite sobre el procedimiento adelantado por la comisión escrutadora departamental de Bolívar, la coexistencia de dos actas de escrutinio como lo señala la parte actora(143) tiene justificación en la manera en cómo éstas se elaboran, una directamente por el secretario encargado de la respectiva comisión de dejar los registros y el desarrollo de las actuaciones a su cargo y la otra, mediante la alimentación de un software previsto con dicho propósito.

De esta circunstancia no deviene en que lo allí consignado deba tenerse como un actuar irregular, basado en la comparación de no coincidencia plena que se predica entre éstas, pues prevalece el acta diligenciada de manera mecánica en razón a que aquella que se alimenta a través del software(144) no registra todas las observaciones porque se rige por unos comandos informáticos que justifican que su forma de presentación e incluso la hora de generación pueda no coincidir exactamente.

Por lo mismo es que reza en el acta generada por el software que en caso de inquietudes prevalece(145) la de la comisión escrutadora. Luego, cualquier inconveniente ha de resolverse privilegiando el contenido de esta última.

Frente al registro de la hora en que culminó el escrutinio el acta que se realizó por la comisión escrutadora departamental señaló que ocurrió a las 9:00(146) pm., mientras que la diligenciada mediante el software indicó que ocurrió a las 20:30:21(147), ambas coinciden en día mes y año, esto es el 30/03/2014. La diferencia en minutos del momento de cierre de los escrutinios y finalización de las diligencias a cargo de dicha comisión se justifica porque una de las actas está regida por la exactitud de sistema informático y ello de ningún modo representa que la elaborada manualmente que señala que ocurrió a las 9:00 pm. se encuentre falseada, porque en definitiva es éste contenido el que debe privilegiarse en caso de inquietud.

Esta determinación desvirtúa la condición de anomalía que la parte actora predica del acta general.

5.1.5.2. Análisis de la etapa electoral ante la comisión escrutadora departamental.

En acápite anterior se determinaron con exactitud las etapas que se cumplen en la fase post-electoral, y que culmina con la declaratoria de la elección como manifestación de la expresión de los ciudadanos en las urnas.

Se vio que en el escrutinio general que cumplen los delegados del Consejo Nacional Electoral es posible que se presenten desacuerdos entre éstos, lo que habilita al Consejo Nacional Electoral para que en ejercicio de sus atribuciones como máxima autoridad electoral administrativa, las defina.

Lo anterior no obsta para insistir en que si el proceso electoral está provisto de etapas que determinan la preclusión y el consolidado de los resultados, es imperativo que en el cumplimiento de las funciones que le son atribuidas a los miembros de las diferentes comisiones escrutadoras procedan a ejecutar los actos que les corresponde y de esta manera permitir que se pueda declarar la elección, pues de otra manera consentir esta ambigüedad en las actuaciones de su resorte, representa que no se logre el principal objeto de los comicios, esto es, la declaratoria de la elección con verdad electoral.

Este razonamiento porque en el desarrollo específico de este punto en la audiencia de escrutinios se aprecia las contradicciones con las que actuaron y que impidieron con la certeza que amerita la asunción de tales divergencias, que se adoptara una sola vía, bien declarando la elección o absteniéndose de hacerlo y enviar las actuaciones al Consejo Nacional Electoral para que resolviera las diferencias y profiriera el acto de elección.

En el proceso lo que se evidencia es que la posibilidad de remitir el expediente al Consejo Nacional Electoral para resolver los asuntos en lo que los delegados no pudieron lograr un acuerdo quedó abolida una vez estos escrutadores expidieron el formulario E-26 de ello da cuenta lo acaecido en el acta de escrutinio, en la que se lee:

“Acto seguido y teniendo en cuenta que se encuentran más de 30 reclamaciones por resolver hasta este momento se ordena SUSPENDER el escrutinio departamental para ser continuado el día sábado 29 de marzo a la hora de las 4:00 pm. Acto seguido, siendo la hora y fecha señalada, se da continuación a la audiencia de escrutinio departamental y teniendo en cuenta que la comisión se encuentra aun resolviendo numerosas reclamaciones, se suspende la misma para ser continuada el día Domingo 30 de marzo a la hora de las 6:00 pm.; déjense las respectivas constancias. Acto seguido se procede a dar continuación a la audiencia de escrutinios departamental, procediendo a dar lectura a las siguientes resoluciones 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35(sic), 37, 38, 39 y 40, mediante las cuales se resuelven las reclamaciones presentadas. Las cuales se notifican en estrados. De igual manera se pronuncia la comisión respecto del memorial de fecha 18 de marzo de 2014 mediante el cual se solicita por parte del Abogado MARCELO TAPIA, SOLICITUD respecto del municipio de Zambrano, por lo que esta comisión se atiene a lo dispuesto en la resolución 003de marzo 12 de 2014 y 017 de 2014 (sic) Y no se pronuncia en resolución. Acto seguido se leen los oficios dirigidos y suscritos por esta Comisión. ACTO SEGUIDO Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA COMISIÓN ESCRUTADORA NO ENCUENTRA ACUERDO SOBRE ALGUNAS RECLAMACIONES PRESENTADAS, SE PROCEDERÁ A ENUMERARLAS Y SE DA INMEDIATA APLICACIÓN AL ART. 180 DEL CÓDIGO ELECTORAL, que reza “ART. 180.—Si se presentare apelación contra las decisiones de los delegados del consejo o hubiere desacuerdo entre ellos, éstos se abstendrán de hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales; en tales casos está función corresponderá al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con los resultados que arroje la revisión que practique la corporación. Las apelaciones que se presenten contra las decisiones de los delegados del consejo o los desacuerdos que ocurran entre ellos, no los exime de la obligación de hacer el cómputo total de votos, el que anotarán en las actas de escrutinio”. Acto seguido se deja constancia de que la proyectada Resolución con el Nº 36 no existe puesto que el proyecto fue uno de los desacuerdos jurídicos de los dos miembros de la corporación departamental. Acto seguido se deja constancia que la Resolución Nº 26 por error involuntario es la misma Resolución Nº 25 por lo que no procede a darle trámite ni lectura al proyecto de resolución, Acto seguido se deja constancia de los escritos que se enviaran a Bogotá para ante el Consejo Nacional Electoral. SIN EMBARGO se procede a totalizar los votos del departamento de Bolívar y se imprimen los E-24 y E-26 departamental. Acto seguido se procede a enunciar los escritos en los cuales no existe acuerdo jurídico. Se pronuncia la Dra. YAMILY CORRALES ALBÁN sobre los desacuerdos presentados, informando que no acepto (sic) rechazar de plano algunos hechos que deben ser debatidos en derecho, es por ello que reitero (sic) que esto deberá debatirse en otros escenarios. No he estado de acuerdo en muchas solicitudes presentados(148) (subrayas fuera del texto).

Del audio aportado se tiene que textualmente la delegada Yamily Corrales Albán, en la diligencia de escrutinios y con ocasión de lo registrado en el acta que se acabó de transcribir, dijo:

“(…) he presentado mi desacuerdo … frente a mi compañero y es por los siguientes hechos: de una manera genérica, he procedido conforme a los hechos y derechos señalados en el Código Electoral, la C.N. y las demás normas, he sido respetuosa de cada uno de los aquí comparecientes, […] no me he permitido ni un solo momento no pensar en mi país, ni en la democracia, en los candidatos, incluyendo en mi propia vida y en mi integridad personal, por ello he solicitado a mi compañero miembro de la comisión escrutadora del Consejo Nacional Electoral, que sean revisadas determinadas situaciones de hecho y de derecho planteadas a lo largo de todo el escrutinio departamental, es por ello que NO ACEPTE RECHAZAR DE PLANO ANTE HECHOS, muchas de las situaciones y sobre todo ante una realidad jurídica tan inminente de hechos y de derechos, reitero, que deben ser debatidos en un escenario que les garantice a cada uno de ustedes sus propios, (sic) acceso a la democracia, (…) es por eso entonces, que hechos, yo no he estado de acuerdo en las reclamaciones, solicitudes de saneamiento electoral planteadas por muchos de ustedes (…) créanme que presentó mi diferencia frente a la posición de mi compañero (…) por eso señores no hemos encontrado acuerdo (…)”(149) (subrayas fuera del texto).

De esta manera, para la Sala pese a ese registro de inconformidades lo cierto es que se expidió el formulario E-26 CA, y de ello quedó registro en el acta aunque no se hiciera mención expresa de su contenido y lo allí dispuesto.

Esta situación de haber producido el acto de elección desplazó la competencia del Consejo Nacional Electoral de pronunciarse en etapa electoral subsiguiente sobre las presuntas desavenencias, en tanto lo registrado en el formulario E-26 CA(150), es la declaratoria de elección, de imposible modificación o alteración, dada la existencia de un pronunciamiento de finalización del escrutinio y de determinación de los partidos que superaron el umbral y sus candidatos elegidos, que imponían que su examen se trasladara a la vía judicial en los términos del artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

De este análisis objetivo sobre lo acaecido en el proceso no se le puede restar veracidad al acto declaratorio de la elección pues en realidad contiene la información de la votación depurada durante el proceso de escrutinio, reflejo de la voluntad ciudadana que se manifestó en las urnas en ejercicio de su poder democrático, la que fue firmada por los escrutadores.

5.1.5.3. Análisis sobre la violación del artículo 180(151) del Código Electoral. 

En este proceso electoral aunque se dejó constancia de las divergencias que discurrieron entre los delegados (específicamente la manifestadas por la delegada Yamily Albán) y que movidos bajo esa convicción, enviaron los documentos electorales y los escritos correspondientes para que el Consejo Nacional Electoral las resolviera, la Sala encuentra probado que pese a tales diferencias los escrutadores consolidaron los resultados y determinaron con fundamento en la finalización de los escrutinios, los partidos y los candidatos llamados a obtener las curules de dicha representación por el departamento de Bolívar, es decir, declararon la elección.

Para la Sala y aunque se registraron tales manifestaciones de disparidad sobre ciertos puntos que fueron sometidos a su examen, lo cierto es que la actuación de los delegados del CNE contempló dos determinaciones incompatibles, y de ella se debe privilegiar aquella que produjo efectos para los elegidos y los electores en tanto al “totalizar los votos del departamento de Bolívar y se imprimen los E-24 y E-26 departamental”, declararon la elección.

El hecho de asignar mediante el sistema electoral las curules a proveer conllevó la existencia del acto declaratorio de la elección y, la imposibilidad por este motivo a que el Consejo Nacional Electoral se pronunciara sobre los presuntos desacuerdos de sus delegados en el departamento de Bolívar.

La expedición de ese acto declaratorio de la elección activó la competencia del juez electoral para realizar su control.

Al respecto cabe recordar que sobre este concepto ha expresado la Sala lo siguiente:

“Lo primero a señalar es que esta sección, en anteriores oportunidades(152), ha explicado la diferencia entre los conceptos de validez, eficacia y existencia, como figuras autónomas, que no deben confundirse. En efecto, se ha entendido que la existencia, se refiere a la creación del acto, es decir, al momento en el cual se origina o este nace a la vida jurídica; en tanto, la eficacia está relacionada con el deber que tiene la administración de dar a conocer el acto, para que aquel pueda aplicarse, ser exigible y acatado. Por su parte, la validez atañe a la “convergencia del sujeto, objeto, causa, fin y forma en la configuración del acto administrativo”, y permite establecer si un determinado acto existe.”(153)

De esta manera, es evidente la existencia del acto de elección toda vez que la autoridad competente para ello, es decir la comisión escrutadora departamental expidió el E-26 CAM. De otro lado el CNE reconoció su existencia y en consecuencia, soslayó en este caso su competencia para resolver las diferencias surgidas entre sus delegados por cuanto tales divergencias no tuvieron trascendencia jurídica con la declaratoria de la elección y por ello procedió el CNE a investir de eficacia el acto a través de su notificación.

La Sala concluye que el Consejo Nacional Electoral no desconoció el artículo 180 del Código Electoral, toda vez que la habilitación que le confiere esta norma para pronunciarse sobre las discrepancias de sus delegados está restringida al hecho de que esa autoridad no haya actuado en ejercicio de sus competencias.

Es decir, que no haya declarado la elección respecto de los escrutinios cumplidos y habiéndose logrado esta manifestación como se aprecia en el formulario E-26(154) objeto de demanda, resulta palmario que pese a estas manifestaciones sobre las diferencias entre los escrutadores según se consignó en el acta correspondiente, tal declaratoria relevó al Consejo Nacional Electoral de su resolución en tanto esta entidad solo actúa en la medida en que el acto declaratorio de elección no se hubiere producido, y es en ese momento conoce las apelaciones o los desacuerdos existentes.

5.1.5.4. Memorial presentado el 7 de abril de 2014 por la delegada de la comisión escrutadora.

En este punto corresponde analizar el planteamiento alegado por la parte actora en relación con el escrito que la delegada le dirigió al Consejo Nacional Electoral sobre lo que denominó “ACLARACIÓN ACTA GENERAL DE ESCRUTINIOS” y del que derivan presuntas falsedades por la firma de la delegada impuesta en el E-26 CAM y en el acta general de escrutinios.

A continuación se analiza el escrito de fecha 7 de abril de 2014(155), efectos de poner en contexto lo allí expresado, y para establecer si las alegaciones que hacen las partes en relación con este documento son acertadas y si con el mismo se acredita una irregularidad predicable de estos documentos electorales. El documento es del siguiente contenido:

1
 

Como se ve, las partes demandantes se sirven de la manifestación que hizo la delegada frente a la hora en la que firmó el acta de escrutinios, puesto que manifestó que ello ocurrió alrededor de las 11:00 pm. del 30 de marzo de 2014 y no a las 9:00 de la noche como se registró en el acta manual. No obstante, este señalamiento no representa irregularidad alguna, pues el acta lo que consigna es que “siendo las 9.00 pm del día 30 de marzo de 2014, la comisión escrutadora municipal (sic) declara formalmente terminado el escrutinio departamental de Bolívar y finiquitado en esta instancia cualquier tipo de actuación […] para constancia se firma por los que en ella intervinieron una vez leída y aprobada”.

Es decir, la diferencia de horas entre la terminación de la diligencia y la firma del documento no genera un reproche que afecte de legalidad el documento suscrito por la delegada, en tanto ella lo suscribió sin ninguna salvedad y no se probó una situación ajena a la voluntad que implique que ella lo desconoce o reprocha la autenticidad de su firma.

Si la pretensión de la parte actora era la de cuestionar la veracidad de los documentos electorales suscritos por la señora delegada del Consejo Nacional Electoral, resultaba necesario que tacharan de falsedad o se desconociera por quien lo suscribió, en los términos de los artículos 269 y ss. del Código General del Proceso, para que ella a través de su manifestación y/o ratificación univoca, les restara el valor de que están investidos.

Ello por cuanto los documentos electorales que se producen durante el proceso electoral están investidos de la presunción de autenticidad, siendo necesario que ello se desvirtúe en los términos del artículo 244(156) del Código General del Proceso, en este caso por el motivo que se propone, por el desconocimiento de quien los suscribió. Este trámite que debió solicitarse en el curso de este proceso electoral a efectos de que tuviera incidencia sobre su autenticidad.

Así, el valor probatorio que la parte actora pretendía restarle con este documento —el del 7 de abril de 2014—, es irrelevante si lo que pretendió desvirtuar fue el que el acta de elección contenida en el formulario E-26 CA y el acta general de escrutinios no fueron firmados por la delegada de la comisión escrutadora departamental, básicamente porque el acto de elección no puede quedar en entre dicho por un escrito posterior emitido por quien concurrió a su declaratoria, habida consideración que es mediante el debate judicial que se prueba su ajuste o no a la ley.

La Sala concluye que la manifestación que hizo la ex delegada en el mencionado escrito de carácter privado no tiene el alcance para desvirtuar la existencia del acto declaratorio de elección, pues no presenta un reproche directo en relación con la suscripción del mismo, que además hubiese sido ratificado por los procedimientos procesales previstos por el Código General del Proceso para tal efecto.

En esa medida esta alegación en nada afecta la existencia del acto del acto de elección contenido en el E-26 CAM.

5.1.5.5. Conclusión.

De acuerdo con el examen adelantado en este acápite está probado que el Consejo Nacional Electoral no vulneró el artículo 180 del Código Electoral, toda vez que la comisión escrutadora departamental pese a los desacuerdos que invocó para remitir las diligencias a dicha entidad, declaró la elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, lo que relevó al CNE de activar su competencia.

5.2. De la nulidad de las resoluciones 019, 028, 029 y 030 todas de 2014, expedidas por la comisión escrutadora departamental.

En este acápite se ocupará la Sala de dilucidar sobre la legalidad de estas resoluciones dictadas durante los escrutinios cumplidos por los delegados del Consejo Nacional Electoral, que se ocuparon de pronunciarse sobre las reclamaciones que diferentes personas ejercitaron en contra de presuntas diferencias por errores aritméticos, tachaduras y enmendaduras en las actas. Se establecerá por esta Sala si la motivación en la que se fundaron respecto a la oportunidad y al contenido de la misma, imponían la decisión de rechazo de plano en ellas adoptada y que ahora se cuestiona por este medio de control de nulidad electoral.

Para abordar este examen y estudio es importante tener en cuenta las precisiones jurídicas sobre reclamaciones en el procedimiento electoral administrativo al que se hizo alusión en el acápite 5.1.2 de esta providencia para establecer cuáles son los límites legales de las autoridades electorales y las oportunidades en las que deben presentar las reclamaciones frente a los resultados electorales registrados.

De esta manera se estudiarán estos eventos de reclamación que pueden acaecer en el proceso electoral y sus límites de oportunidad.

5.2.1. Causales de reclamación, interposición y oportunidad. Clases de reclamación. Error aritmético y enmendaduras.

La democracia participativa es el fundamento del sistema de gobierno que nos rige y se encuentra condicionada por el Estado de derecho. Ello impone que los procesos electorales deben adelantarse con total transparencia, en cuanto son el reflejo de la voluntad ciudadana que confiere el mandato para el ejercicio político de aquellos representantes en su labor legislativa.

En la concreción de dicha voluntad los procedimientos que se realicen deben salvaguardar los resultados de las elecciones y estas deben ser “reflejo exacto de la voluntad del elector expresada en las urnas”, en los términos del mandato contenido en el artículo 1º del Código Electoral.

Este postulado impone a las autoridades y a los actores que participan en dicho procedimiento electoral que las actividades que cumplen se realicen dentro de los parámetros de exactitud matemática que se predica de un conteo de votos. Por lo mismo, finalizada la jornada de elecciones la determinación de los resultados obtenidos por las listas y los candidatos que las integran, deben realizarse bajo estrictas y minuciosas garantías en las que prevalezca la voluntad del elector.

De esta manera, y como fase inicial de la consolidación de resultados en el conteo de votos que está a cargo de los jurados de mesa se debe garantizar la exactitud de los registros y debe ser el resultado del número de ciudadanos que acudieron al ejercicio de su derecho político a elegir.

Esta fase supone que se registren los resultados de manera veraz en las actas dispuestas para tal fin, las que constituirán el reconocimiento de lo encontrado en la mesa de votación, consolidación que tendrá impacto en el resto de proceso electoral.

No obstante, el principio de veracidad, el legislador reconoció que pueden existir fallas humanas que pueden negativamente incidir en la consolidación de los resultados y por lo mismo, se previeron mecanismos para solicitar revisiones durante los escrutinios, entre las que se pueden plantear: i) el recuento de la votación con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, 163 y 166 del Código Electoral, y ii) la invocación de las causales de reclamación previstas en el artículo 192 ibídem, cuya características son la taxatividad y la exclusión de la votación cuando se encuentren acreditadas, a excepción de la causal número 11 concerniente a la existencia de error aritmético, que no contempla esta medida de exclusión de la votación.

El error aritmético como causal de reclamación está previsto en el numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral, y su formulación se realiza en desarrollo de los escrutinios a cargo de las autoridades electorales, en razón a que procede “Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella”.

Su configuración está determinada por: i) la imprecisión al momento de efectuar la operación matemática de suma, que no refleja el resultado único posible de la operación que se realizan en los formularios electorales, ii) la relevancia que supone advertirla y su posibilidad de ser ajustada, pues el resultado en la ciencia matemática siempre será el mismo, lo cual no demanda confrontaciones adicionales o situaciones de divergencia en el resultado y iii) su verificación se hace en el acta que contiene el error y no de la confrontación con otras.

Sobre el particular esta Sala ha insistido en las siguientes conclusiones respecto de la reclamación de error aritmético en los siguientes términos:

“El error aritmético, regulado en el artículo 122(157) y en el numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral,(158) ha sido definido por la jurisprudencia de esta sección como el yerro en el cual pueden incurrir las personas encargadas del escrutinio cuando realizan una de las operaciones básicas matemáticas, que se materializa cuando la sumatoria de un total de votos no concuerda con la sumatoria de los datos parciales contenidos en un mismo formulario o en una misma acta. Es decir que esta irregularidad no se puede originar de la comparación de dos formularios electorales distintos, como por ejemplo de la comparación del contenido del E-11 con el contenido del E-14.”(159)

Y también se han hecho las siguientes precisiones respecto del tema:

El error aritmético, catalogado por el legislador extraordinario como causal de reclamación durante los escrutinios, puede cualificarse a partir de la definición que del mismo trae el numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral. Dicha norma enseña que hay lugar a formular reclamación “Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella” (se imponen negrillas). Así, el error aritmético puede identificarse por dos circunstancias bien precisas; en primer lugar, porque su ocurrencia se da al interior de una misma acta; y, en segundo lugar, porque está referida a las imprecisiones que se puedan presentar al momento de sumar los votos contenidos en la misma acta.

Es decir, que el error aritmético puede tener lugar en los diferentes formularios si al totalizarlos el resultado no coincide con la suma de sus datos parciales. Por ejemplo, cuando en los formularios E-14 y E-24, el total de votos de la mesa no concuerda con la sumatoria de los votos obtenidos por las diferentes opciones políticas, o cuando en el total de votos por la sola lista terminan involucrándose también los votos obtenidos por los candidatos, lo cual ha sido de común ocurrencia desde que se implementó el sistema de la cifra repartidora con el Acto Legislativo 01 de 2003”(160).

Junto con esta precisión también conviene señalar que aquellas situaciones que se identifican como alteraciones o enmendaduras constituyen un aspecto que por su connotación y presencia en un acta, supone que su advertencia se realice a título de reclamación ante la autoridad escrutadora que adelanta la revisión del conteo de votos realizado por los jurados de mesa.

Al respecto debe señalarse de acuerdo con lo dicho por esta sección(161) que la alegación sobre la existencia de tachaduras, enmendaduras o borrones en las actas de escrutinio es otra clase de reclamación que difiere del error aritmético y su origen se deriva de las alteraciones materiales al contenido de los documentos electorales, pero que por lo mismo, no constituyen causales de nulidad de la elección sino vicios dentro de la actuación administrativa electoral que permite a las comisiones escrutadoras realizar el recuento oficioso de los votos en los términos del artículo 163(162) del Código Electoral.

5.2.2. La reclamación de diferencias del 10% de la votación de una misma lista para las corporaciones Cámara y Senado.

Sobre el particular debe resaltarse que el artículo 164 de Código Electoral contempla como una de las posibilidades para solicitar el recuento de votos, el verificar la excesiva diferencia en la votación de una mesa. Tal diferencia la fijó el legislador en un porcentaje superior al 10%, cuando quiera que se determine que una misma lista para dos corporaciones diferentes, presenta valores que superan dicha proporción.

Este mecanismo de recuento se justifica con el fin de que la autoridad electoral valide el resultado electoral y dé prevalencia a la voluntad popular. Ello por cuanto examina la exactitud de los sufragios asignados a una determinada opción política, con miras a preservar el derecho fundamental del elector a escoger y depositar su voto por el partido o movimiento político al que le asigna su confianza con efectos representativos.

En esas condiciones, las organizaciones políticas como actores de la conformación, el ejercicio y el control político están legitimados para solicitar el recuento de votos cuando los porcentajes de la votación a su favor entre una misma mesa, presente diferencias que superen el 10% de los sufragios que le han sido registrados. Ello bajo el entendido que los resultados suelen mostrar una tendencia de apoyo partidista que involucra una cierta similitud en las resultas electorales de las corporaciones públicas que se someten a elección, que es lo que habilita la revisión para verificar los registros y preservar en todo caso, la verdad electoral.

5.2.3. La reclamación por no totalización de resultados.

Cuando los jurados de votación no concretan los resultados electorales de una mesa en los términos del mandato que le señaló el legislador en el artículo 142 del Código Electoral: “los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato”, surge para los intervinientes en el proceso electoral la posibilidad de que presenten y plateen esta situación, a título de reclamación.

Esta reclamación puede incluso consistir, para superar esta situación de incertidumbre en los valores definitivos, en el recuento de los votos, a efectos de eliminar las dudas sobre la totalización de los resultados por haber sido omitida y, de esta manera, dejar las observaciones que correspondan.

5.2.4. Caso concreto.

Superada esta parte conceptual, corresponde a la Sala establecer si las resoluciones que a continuación se revisan están falsamente motivadas y transgreden los artículos 192 y 193 del Código Electoral.

Para determinar la ocurrencia de tal vicio, la Sala identificará con base en las solicitudes presentadas los siguientes aspectos necesarios que permitirán analizar si lo alegado constituye: i) una reclamación electoral, ii) la instancia o etapa en que se presentó el error o la causal de reclamación, iii) la autoridad ante quien se ejercitó la reclamación. Determinados dichos aspectos se analizará la legalidad de las resoluciones cuestionadas.

Metodológicamente se realizará el examen respecto de cada una de las resoluciones cuestionadas bajo esta misma alegación.

Para avanzar en el estudio que corresponde, se analizarán los documentos que dieron lugar a las resoluciones acusadas a efectos de establecer si lo alegado constituye un reclamo con base en las causales de reclamaciones previstas de manera taxativa por el Código Electoral(163) y luego de identificadas, proceder a realizar el estudio específico en el que se determine sobre la observancia de los presupuestos que hacen viable una reclamación (materia y oportunidad) y así determinar si las resoluciones expedidas están ajustadas o no a la legalidad.

5.2.4.1. La que se derivó la Resolución 19 del 29 de marzo de 2014: municipio de Magangué

En el escrito que dio lugar a la expedición de esta resolución se hizo el siguiente planteamiento:

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de si lo analizado constituye una causal de reclamación
010104Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido de la U.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
010117Diferencia de más del 10% en la votación del grupo Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande en las corporaciones Senado y Cámara.Es una causal de reclamación concurrente con el conteo de votos. Artículo 164(164) del Código Electoral.
020229Tachadura y enmendadura en la casilla del Partido Cambio Radical.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
020302Tachadura y enmendadura en la casilla del Partido Conservador Colombiano.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
990503Tachadura y enmendadura en la casilla del Partido Liberal Colombiano.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
990901Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
992504Diferencia de más del 10% en la votación del grupo Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande en las corporaciones Senado y Cámara.Es una causal de reclamación concurrente con el conteo de votos, en los términos del artículo 164 del Código Electoral.
993902Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
994502Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido Polo Democrático, del Partido Cambio Radical y del Partido Liberal Colombiano.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
995001Error aritmético en la sumatoria del total de votos de la mesa. Diferencia de más del 10% en la votación del grupo Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande en las corporaciones Senado y Cámara.La primera se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
Frente a las diferencias porcentuales es una causal de reclamación concurrente con el conteo de votos, en los términos del artículo 164 del Código Electoral.
995101Tachaduras y enmendaduras en las casillas del Partido de la U y del Partido Liberal.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
995303Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
996101Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido Cambio Radical y del Partido de la U y enmendadura.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
996601Tachadura y enmendadura en la casilla del Partido Conservador Colombiano.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
997302Error aritmético en la sumatoria del total de votos de la mesa. Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido de la U y del Partido Liberal.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
997303Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
997703Error aritmético en la sumatoria del total de votos de la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.

5.2.4.2. La que se derivó la Resolución 028 del 29 de marzo de 2014: municipio de Arjona.

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de si lo analizado constituye una causal de reclamación
010206Error aritmético en la sumatoria de votos depositados en la mesa, en los depositados a favor del Partido Opción Ciudadana y en los depositados a favor del Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
010213Error aritmético en la sumatoria de votos depositados a favor del Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
010221Error aritmético en la sumatoria de votos depositados en la mesa. Error aritmético en la sumatoria de votos depositados a favor del Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
010228Error aritmético en la sumatoria de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
020220Error aritmético en la sumatoria de votos depositados a favor del Partido Polo Democrático, del Partido Liberal Colombiano y del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
020304Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa y del total de votos depositados a favor del Partido Liberal Colombiano.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
020308Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
020316Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
900101Error aritmético en la sumatoria de votos depositados a favor del Partido Conservador Colombiano, del Partido de la U y de toda la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
900104Tachadura en la casilla del Partido Opción Ciudadana. Error aritmético en la sumatoria de votos depositados a favor del Partido Polo Democrático y del Partido Cambio Radical.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral. Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
900108Error aritmético en la sumatoria de votos del Partido de la U y del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
990903Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados a favor del Partido Conservador Colombiano, del Partido de la U.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
990906Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
990907Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.

5.2.4.3. La que se derivó la Resolución 029 del 29 de marzo de 2014: municipio de María La Baja.

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de la causal
000015Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
000034Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa. Error aritmético en la sumatoria de los votos depositados a favor del Partido Conservador Colombiano.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
000054Tachadura y enmendadura en la casilla del Partido Cambio Radical. Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Reclamación en los términos de los artículos 163 y 192.11 del Código Electoral.
990101Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados a favor del Partido Liberal Colombiano.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
992102Tachadura y enmendadura de la casilla del Partido Conservador Colombiano. Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
992104Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados a favor del Partido de la U.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
992503Tachadura y enmendadura en la casilla del Partido Conservador Colombiano.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.

5.2.4.4. La que se derivó la Resolución 030 de 29 de marzo de 2014: municipio de Mompós

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de la causal
0000008Tachadura y enmendadura en los Partidos Opción Ciudadana, Polo Democrático Alternativo y Conservador Colombiano.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
0000011Error aritmético en los votos depositados por el Partido Cambio Radical donde la suma son 33 votos y se registraron 32.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
0000032Error aritmético en los votos depositados por el Partido Opción Ciudadana donde la suma eran 4 y marcaron 2; para el Partido Polo Democrático la suma total arrojaba 8 votos y se registraron 4; para el Partido Conservador Colombiano la suma era de 22 votos y se registraron 13, el Partido Cambio Radical se le debieron sumar 51 votos y solo se registraron 27; para el partido MIRA la suma era de 2 votos y se registró 1; al Partido Liberal la suma era de 32 votos y se registraron 21; para el Partido de la U era de 118 y se registraron 59 votos y para el Partido Centro Democrático la suma correcta era de 4 votos y se sumaron 3.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
0000047Error aritmético en los votos depositados por el Partido Opción Ciudadana donde la suma eran 4 y marcaron 2; para el Partido Conservador Colombiano existen dos enmendaduras, una por el voto total del partido no se aprecia si el resultado es 8 o 3, y la otra, respecto del candidato 103, pues existe duda en si el resultado es 7 o 1 voto; al Partido Liberal la suma era de 23 votos y se registraron 43.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
0000052No hay totalización de votos.Es una reclamación electoral en los términos del artículo 164, por cuanto se puede solicitar el reconteo de la mesa por incumplimiento del mandato previsto en el artículo 142(165) Código Electoral
9901002Tachadura y enmendadura de la casilla del Partido de la U, no se aprecia si la suma corresponde a 87 o a 82 votos. Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
9905001No hay totalización de votos. y existe error aritmético en el Partido de la U, pues se registraron 72 votos cuando en realidad correspondían a 73.Es una reclamación electoral en los términos del artículo 164, por cuanto se puede soicitar el reconteo de la mesa por incumplimiento del mandato previsto en el artículo 142 Código Electoral.
La segunda razón se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9905003Error aritmético en la sumatoria de los votos depositados al Partido Liberal le correspondían 64 votos y le asignaron 32; al Partido de la U se le registraron 46 votos y recibió 90 votos.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9906001Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9906002Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9921001Error aritmético en la sumatoria del total de los votos depositados al Partido Cambio Radical.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9925005Error aritmético en la sumatoria de votos depositados al Partido Conservador Colombiano y enmendaduras a la votación registrada al Partido Liberal y al Partido de la U.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9937005Enmendadura en la votación del candidato 101 del Partido Cambio Radical y en el total de votos del Partido Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral.
9940002Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9941003Error aritmético en la sumatoria del total de votos depositados en la mesa.Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.
9969001Enmendadura en los votos depositados por el movimiento MIRA. Error aritmético en la sumatoria de votos depositados a favor del Partido Liberal Colombiano. Enmendadura y tachadura en la casilla del candidato 106 del Partido de la U.Reclamación en los términos del artículo 163 del Código Electoral. Se enmarcó en la causal de reclamación de error aritmético del numeral 11 del artículo 192 del Código Electoral.

5.2.5. Análisis de la oportunidad de las reclamaciones electorales.

Los reclamos que surgieron de las resoluciones analizadas fueron puestos a consideración de los delegados del Consejo Nacional Electoral y conforme se estableció en los cuadros que anteceden, los casos planteados constituyen sin duda, reclamaciones electorales a la luz de los artículos 142, 163, 164 y 192 del Código Electoral.

Ahora bien, conforme se aprecia la inconformidad, ésta surge al momento de realizarse el escrutinio de mesa, consolidado en el formulario E-14. Además es el identificado por el peticionario para señalar que la ocurrencia de esas circunstancias de reclamación en los municipios de Magangué, Arjona, María La Baja y Mompós, acaecieron en dicho formulario.

Con fundamento en ello podemos continuar en el estudio que le permitirá a la Sala determinar si procedieron en derecho los delegados del CNE al rechazar de plano estas reclamaciones electorales.

A partir de esta determinación se aborda el estudio de legalidad que corresponde adelantar. En el siguiente cuadro informativo, se analizará, soportado en que ya se concluyó que lo planteados eran reclamaciones electorales ante qué autoridad procedió la petición y si corresponde a aquella frente a la que tiene fijado el legislador con tal propósito.

Resolución NºConstituye una reclamación electoralInstancia en qué se alega ocurrió la causal de reclamaciónAutoridad ante la que se ejercitó la reclamación o petición Donde debió haberse presentado según el Código Electoral
019 “Por la cual se resuelve una reclamación” MaganguéSí, el peticionario(166) solicitó que se hiciera un “recuento de votos” debido a que había “errores aritméticos” y tachaduras y enmendaduras.
Artículos 163 y 192 numeral 11 del Código Electoral.
También formuló la necesidad de que se hiciera el correspondiente recuento por cuanto alegó que existía una diferencia de votos de más del 10% respecto de Partido Cambio Radical, respecto de lo registrado para el Senado de la República y la Cámara de Representantes.
De acuerdo con el relato de su escrito(167) las alteraciones, errores y diferencias porcentuales entre los votos registrados para el Senado y la Cámara del grupo Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande ocurrieron en los formularios diligenciados por los jurados de mesa (E-14) del municipio de Magangué. El memorial que contiene las reclamaciones electorales se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental según se aprecia de un radicado a mano con una rúbrica del 20 de marzo de 2014 a las 3:35 pm.Mesa de votación. Artículo 122 del Código Electoral. Se resuelven durante el escrutinio artículo 122 y 164 del Código Electoral.
028 “Por la cual se resuelve una reclamación” Arjona.Sí, el peticionario(168) solicitó que se hiciera un “recuento de votos” debido a que se presentaron “errores aritméticos” y tachaduras y enmendaduras.
Artículos 163 y 192 numeral 11 del Código Electoral.
De acuerdo con el relato de su escrito(169) las alteraciones y errores que dice se presentaron ocurrieron en los formularios diligenciados por los jurados de mesa (E-14) del municipio de Arjona(170). El memorial que contiene las reclamaciones se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental según se aprecia de un radicado a mano con una rúbrica del 25 de marzo de 2014 a las 4:45 pm.Mesa de votación. Artículo 122 del Código Electoral. Se resuelven durante el escrutinio artículo 122 y 164 del Código Electoral.
029 “Por la cual se resuelve una reclamación” María La Baja. Sí, el peticionario(171) solicitó que se hiciera un “recuento de votos” debido a que se presentaron, supuestamente, “errores aritméticos”, tachaduras y enmendaduras.
Estas circunstancias constituyen de acuerdo con el análisis que antecedió, reclamaciones electorales en los términos de los artículos 163, y 192 numeral 11 del Código Electoral.
De acuerdo con el relato de su escrito(172) las alteraciones y errores que dice se presentaron ocurrieron en los formularios diligenciados por los jurados de mesa (E-14) del municipio de María La Baja(173). El memorial que contiene las reclamaciones se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental según se aprecia de un radicado a mano con una rúbrica del 25 de marzo de 2014 a las 6:55 pm.Mesa de votación. Artículo 122 del Código Electoral. Se resuelven durante el escrutinio artículo 122 y 164 del Código Electoral.
030 “Por la cual se resuelve una reclamación” Mompós.Sí, el peticionario(174) solicitó que se hiciera un “recuento de votos” debido a que habían “errores aritméticos” y tachaduras y enmendaduras.
También, señaló que en dos mesas los jurados de votación no totalizaron los resultados en los formularios E-14.
Estas circunstancias constituyen de acuerdo con el análisis que antecedió, reclamaciones electorales en los términos de los artículos 142, 163, 164 y 192 numeral 11 del Código Electoral.
De acuerdo con el relato de su escrito(175) las alteraciones y errores que dice se presentaron, así como, la ausencia de totalización de los resultados de (2) mesas de votación, ocurrieron en los formularios diligenciados por los jurados de mesa (E-14) del municipio de Mompós(176). El memorial que contiene las reclamaciones se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental según se aprecia de un radicado a mano con una rúbrica del 25 de marzo de 2014 a las 6:55 pm.Mesa de votación. Artículo 122 del Código Electoral. Se resuelven durante el escrutinio artículo 122 y 164 del Código Electoral.

Del recuento y verificación que antecede, se evidencia por la Sala, que:

i) Los reclamos presentados en las peticiones que dieron lugar a las resoluciones 019, 028, 029 y 030, todas del 29 de marzo de 2014, se enmarcan plenamente en las causales de reclamación de que tratan los artículos 142, 163, 164 y 192 del Código Electoral, atendiendo el análisis efectuado en los cuadros que anteceden en las páginas 98 a 103 de esta providencia.

ii) Las situaciones que se reclaman a través de los escritos atrás analizados se predican de haber ocurrido en el formulario E-14, es decir, que la situación invocada ocurrió en una única acta y no en confrontación con otro formulario, esto para el caso de los errores aritméticos.

iii) De acuerdo con estas condiciones es evidente que tales solicitudes no podían ser tramitadas ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, toda vez que el documento electoral donde acaeció la circunstancia objeto de reclamación, obligaba a las partes interesadas a solicitar a los jurados de votación su ajuste, antes de dar inicio al escrutinio municipal. Ello teniendo en cuenta los artículos 122 y 163 del Código Electoral.

iv) De esta manera el rechazo de plano procedía como lo señalaron los delegados en las precitadas resoluciones que se cuestionan, toda vez que ya había operado el fenecimiento de la oportunidad que con tal propósito autoriza el proceso electoral para corregir dichos errores o excluir la votación, según corresponda.

v) Debe aclararse que pese a que dichos actos administrativos se basaron en otros argumentos adicionales a la extemporaneidad del requerimiento, relativos al hecho de que los delegados consideraron que las reclamaciones fueron “genéricas, abstractas y de la misma no contienen circunstancias de tiempo, modo y lugar, tratándose de un documento del cual no se puede extractar alguna causal específica” a juicio de esta Sala, la determinación de que las reclamaciones fueron inoportunas, resultaba suficiente y concluyente para rechazarlos por haber sido presentados en esa instancia electoral.

vi) La anterior conclusión, porque en nada se alteraría la determinación(177) de rechazar de plano la solicitud si hubiese sido más precisa en cuanto a algunos de los casos invocados, o incluso, que se hubieran aportados las pruebas que los delegados dijeron echar de menos, pues el hecho de no haberse planteado ante la autoridad llamada a realizar los ajustes reclamados en la etapa en que se formalizó el formulario y que contiene el presunto inconveniente conforme se determinó en el cuadro de análisis visible a los folios 105 a 107 de esta providencia, es suficiente para declarar que están ajustadas a derecho.

vii) Estos argumentos circunstanciales no afectan ni alteran el motivo principal que orientó la decisión de rechazo de plano de las reclamaciones y en esa medida no se configura el vicio de falsa motivación porque éste se prueba cuando un acto administrativo ha sido expedido en flagrante incongruencia con las razones, motivos y pensamientos en que se debió fundar(178). En esa medida, no se desvirtuó la presunción de legalidad que les ampara.

Así las cosas, de acuerdo con los datos registrados en los cuadros que anteceden esta Sala advierte que en razón a que el propósito de las reclamaciones es superar oportunamente, es decir en cada etapa donde suceden las incongruencias, resulta lógico que el reclamo de tales situaciones queden superadas por el principio de preclusión que rige este procedimiento de carácter electoral y que por lo mismo, imponen la necesidad de que éstas situaciones adquieran firmeza.

Esta conclusión, demuestra que le asistió razón a los delegados del CNE al adoptar las resoluciones 019, 028, 029 y 030 del 29 de marzo de 2014, por cuanto los reparos referidos y existentes en los formularios E-14 de los municipios de Magangué, Arjona, María La Baja y Mompós se expresaron por fuera de la oportunidad que los interesados tenían para plantearlo y a tal conclusión se llega por cuanto dicha Comisión no intervino en el diligenciamiento de los formularios E-14 ni tenía a su cargo el escrutinio municipal.

Al respecto esta Sala ha sido enfática en la siguiente precisión con respecto de este tema, así:

“De acuerdo con el análisis realizado en el acápite dedicado al principio de preclusión o eventualidad, la Sala dejó en claro que el proceso de los escrutinios está sometido al mismo, lo que significa que cuando el artículo 193 del Código Electoral, establece que las causales de reclamación se pueden formular, por primera vez, tanto ante las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, como ante los delegados del CNE, ello debe tamizarse con el mencionado principio, de modo que, Vr. Gr., la causal de reclamación por error aritmético se puede invocar en todos los escrutinios (locales, seccionales o nacional), siempre y cuando la equivocación en la suma de los votos tenga lugar en un acta que diligencie la respectiva entidad escrutadora, sin que resulte procedente que ante la comisión escrutadora General se pueda plantear dicha causal si la incorrección se presentó a nivel de los formularios E-14.”(179) (el subrayado es nuestro).

Lo anterior conduce a precisar que no basta que los intervinientes en el procedimiento electoral puedan elevar la reclamación por primera vez ante cualquiera de las autoridades electorales que participan en las diferentes fases del escrutinio, ya que el entendimiento que se debe dar a esta potestad legitima de las partes interesadas en el proceso electoral, es que su habilitación de actuación no se predica para ser ejercida en cualquier momento, sino que se debe realizar ante la autoridad que tiene las atribuciones y competencias para ordenar los ajustes que legalmente correspondan frente a la demostración de que ha ocurrido una causal de reclamación que imponga las correcciones del caso o el recuento de votos. Ello por ejemplo ante la presencia de los aspectos en que se fundaron los reclamos: i) tachaduras o enmendaduras, ii) errores aritméticos, iii) diferencias porcentuales de votación superior al 10% de los votos registrados a una misma lista, por corporación diferentes, tal es el caso de Senado y Cámara y iv) la falta de totalización de los resultados.

5.2.6. La garantía de la doble instancia.

Finalmente corresponde establecer si se afecta este principio en razón a que el rechazo de plano implicó además que se negara la posibilidad de cuestionamiento ante el superior.

Frente a ello la Sala considera que aunque la negativa a conceder el recurso de apelación vulneraría el principio de la doble instancia, este se garantiza cuando el reclamo se realiza en forma oportuna ante la autoridad competente. En todo caso, esta situación no representa una irregularidad sustancial, pues la decisión sobre el particular hubiera tenido una idéntica conclusión de haberse aplicado el artículo 182(180) del Código Electoral.

En similares términos ya ha razonado esta corporación:

“[…] la incorrección cometida por los delegados del CNE al negar la concesión de un recurso de apelación que sí era procedente, no tenía la calidad de irregularidad sustancial, no por el hecho de que esa denegación no afecte el derecho fundamental al debido proceso, sino porque de haberse surtido la alzada la decisión a adoptar por parte del CNE no había podido ser otra distinta a confirmar lo resuelto por la comisión escrutadora departamental del Vichada, quien sí atinó cuando rechazó la petición de recuento por haber sido formulada de manera extemporánea”(181).

5.2.7. Conclusiones.

Entonces, comoquiera que reclamaciones que presentó el apoderado del candidato Luis Guillermo Otoya Gerts, de acuerdo con el contenido de las mismas, se realizaron de manera extemporánea, la decisión adoptada en las resoluciones 019, 028, 029 y 030 de 2014, se encuentran ajustadas a derecho, lo que impone negar la pretensión de nulidad elevada en su contra.

5.3. De la nulidad de resoluciones 022, 023, 024 y 039 de 2014. Estudio de legalidad.

En este acápite la Sala abordará el estudio de legalidad de estas resoluciones expedidas por los delegados del Consejo Nacional Electoral en las que se resolvió sobre las solicitudes de saneamiento de nulidad elevadas por los actores del proceso electoral. Se analizará si la decisión en ellas adoptada se encuentra ajustada a la legalidad o si incurre en el defecto invocado de violación del artículo 29 Superior porque el hecho de no aceptar las reclamaciones presentadas en la audiencia de escrutinios impidió que se contabilizaran correctamente los votos que obtuvo la candidata Sandra García Tirado.

Se ocupará la Sala de indicar en qué momento y atendiendo a que límite temporal se encuentran sometidas las peticiones que se hacen con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad cuando lo que se alega es un defecto producto de la falsedad de los documentos electorales y para ello debe determinarse cuál fue el planteamiento invocado en dichos escritos y si la decisión adoptada estuvo ajustada a derecho.

5.3.1. Las diferencias E-14 y E-14 como causal constitutiva de falsedad de los registros electorales. Invocación en sede electoral como requisito de procedibilidad para demandar.

Es preciso aclarar en este acápite que la falsedad electoral constituye una causal de nulidad de los actos electorales en los términos del numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 que prevé que los actos de elección son nulos cuando: “Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales”.

La consagración de esta causal implica que existe una transcendente irregularidad en los registros electorales que han servido en la formación de los resultados electorales y que por ese motivo, ante la evidencia de que contrarían la verdad de los comicios, deben ser objeto de anulación por alterar la voluntad ciudadana.

En jurisprudencia de esta sección, se han hecho las siguientes precisiones respecto del tema:

“(…) la falsedad, que puede ser material o ideológica y que por supuesto no se reduce a las imprecisiones al sumar los votos, tiene lugar en los formularios electorales cuando dentro de una misma acta se introducen alteraciones materiales a los votos realmente obtenidos por una determinada opción política, o cuando las inconsistencias se advierten entre distintos formularios, como es el caso de las variaciones injustificadas entre lo reportado en el formulario E-14 y lo finalmente informado por el formulario E-24(182).

La formulación de este defecto constitutivo de falsedad de los registros electorales y cuestionable a través de la causal 3º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011 impone como requisito de procedibilidad según el parágrafo del artículo 237 Constitucional que para que proceda su examen en sede judicial es necesario que tales irregularidades se hubieran sometido a examen previo de la autoridad electoral.

Esta fue la posición mayoritaria que la Sala aplicó para el momento en que verificó sobre la admisión de la demanda, el pronunciamiento de las excepciones propuestas y el recurso de súplica en su contra, así como para la fijación del litigio, que propugnaron por la necesidad de que tales situaciones se alegaran de manera previa a efectos de que puedan ser objeto de control y examen por la autoridad electoral. De allí que su oportunidad es un aspecto esencial, pues su conocimiento por la comisión escrutadora antes de la declaratoria de la elección le permitirá no solo a las autoridades electorales examinar la solicitud sino habilitar a los ciudadanos una demanda por este motivo. La Sala Electoral al respecto ha dicho:

“Por último, y como bien lo ha expresado esta Sala(183) en torno a la oportunidad con que deben presentarse las peticiones de acuerdo con lo previsto en el parágrafo del artículo 237 de la Constitución, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009, las mismas deben radicarse ante la autoridad competente para producir el acto de elección, lo cual encarna cierta eventualidad o preclusión, pues no admite la Sala la posibilidad de que sea el interesado quien determine la autoridad que debe atender sus peticiones, máxime porque el procedimiento administrativo electoral es escalonado y preclusivo. Sobre el particular dijo la Sala(184):

“Y, en torno a la oportunidad de que disponen los interesados para formular peticiones con miras a agotar el requisito de procedibilidad, se tiene que el parágrafo del artículo 237 Constitucional, adicionado por el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009, precisó que ello debe acaecer “antes de la declaratoria de elección, [y ante] la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

La Sala, en articulación con la estructura diseñada por el Código Electoral o Decreto 2241 de 15 de julio de 1986, advierte que la denuncia de irregularidades no es un acto de la absoluta discrecionalidad del interesado, de modo que pueda escoger libremente el momento en que lo hace y la autoridad ante quien hace la denuncia de irregularidades en las votaciones y los escrutinios. Al efecto debe tomarse en cuenta que el Código Electoral determinó que los escrutinios, según la autoridad política a elegir y sin tomar en cuenta el que realizan los jurados de votación, se debe adelantar por las comisiones escrutadoras auxiliares o zonales, municipales, distritales, los delegados del Consejo Nacional Electoral, y por supuesto cuando se trata de autoridades del orden nacional, por ésta entidad de la Organización Electoral.

Por lo mismo, y para no impedir el avance normal del escrutinio ni retrotraerlo a instancias ya superadas, la oportunidad y la autoridad competente para atender las peticiones encaminadas a agotar el requisito de procedibilidad, debe tomar en cuenta “la autoridad administrativa correspondiente”, que corresponde a la autoridad que tiene la competencia para hacer la declaratoria de elección.

Así, por ejemplo, si se trata de irregularidades concernientes a la elección de un alcalde municipal, la denuncia debe formularse ante la comisión escrutadora municipal y a más tardar, hasta antes de que la misma provea sobre la elección. No sería admisible, por tanto, que dichas inconsistencias se dieran a conocer directamente a los integrantes de la comisión escrutadora departamental o incluso al Consejo Nacional Electoral, puesto que se trata de autoridades incompetentes para conocer de primera mano las irregularidades sucedidas durante los escrutinios municipales, y porque solamente están autorizadas para conocer de las apelaciones que se formulen contra las decisiones de su respectivo inferior funcional”(185). (Las negrillas no son del original).

Esta decisión determina que en tratándose de solicitudes con las que se plantea una irregularidad por falsedad a efectos de ejercitar el medio de control de nulidad electoral con fundamento en el numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437(186), es necesario que se agote el requisito de procedibilidad para habilitar su examen en sede judicial(187). De manera que la oportunidad para su ejercicio corresponde a que sea antes de que se declare la elección por la comisión escrutadora departamental, a quien como en este caso, le corresponde adoptar tal determinación.

5.3.2. Análisis de los escritos en que se soportaron las resoluciones acusadas.

La Sala debe ocuparse de establecer qué contenido tienen los escritos que dieron lugar a las resoluciones acusadas, puesto que es necesario establecer la oportunidad con la que concurrió el interviniente en el proceso electoral a presentar dichos escritos. Así, procederá a su análisis en los siguientes acápites en orden a determinar qué fue lo realmente planteado.

5.3.2.1. La Resolución 022 de 29 de marzo de 2014.

Esta decisión fue proferida por la comisión escrutadora departamental, por medio de la cual se resolvió la solicitud de saneamiento de nulidad que presentó el apoderado de la candidata Sandra García Tirado respecto de la mesa 3, puesto 03, zona 99 del municipio de Morales, así:

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de si lo analizado constituye una causal de reclamación electoral
9913003En el escrito solicita que sean verificadas “las actas confeccionadas por los jurados de mesa o documento E-14 del municipio de Morales Bolívar”
Refirió también lo siguiente: “Si se observa, en la mesa 3 del puesto 13 de la zona 99, a mi poderdante en el E-14 6 votos, mientas (sic) que en el E-24 le apare (sic) 1 voto. En la misma mesa al dr. Pedrito Tomas Pereira Caballero, candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador casilla 101, le aparecen 4 votos y en E24 9 votos.
(…) En ese orden de ideas, mal haría esa comisión escrutadora de Bolívar, en negarse a verificar las actas electorales de las mesas de votación, o documentos E-14, teniendo en cuenta la evidente incongruencia”.
De acuerdo con el examen del documento(188) se tiene que el peticionario se funda en lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución 4121 de 2011.
Aunque solicitó la revisión del formulario E-14, lo relevante es que lo alegado no se circunscribe a una reclamación electoral de error aritmético por cuanto determina que existe un vicio predicable de la confrontación de dos documentos electorales, uno de ellos del cual se predica su falsedad.

5.3.2.2. La Resolución 023 de 29 de marzo de 2014.

Esta Resolución también la profirió por la comisión escrutadora departamental, la que se pronunció sobre la solicitud de saneamiento de nulidad que presentó el apoderado de la candidata Sandra García Tirado en las siguientes mesas del municipio de Cicuco:

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de si lo analizado constituye una causal de reclamación electoral
0000009En el escrito solicita que sean verificadas “las actas confeccionadas por los jurados de mesa o documento E-14 del municipio de Cicuco Bolívar”
Argumentó también lo siguiente: “Si se observa, en la mesa 9 de la zona 00 de CICUCO, a mi apadrinada según el E-14, le aparecen 11 votos, mientras que en el E-24, solo le aparecen 2 votos. De igual manera, en la mesa 4, puesto 65 zona 99 del corregimiento de San Francisco de Loba del municipio de CICUCO, A mi representada, le aparecen en el E-14 5 votos, mientras que en el E-24 le aparecen 0 votos.
(…) En ese orden de ideas, mal haría esa comisión escrutadora de Bolívar, en negarse a verificar las actas electorales de las mesas de votación, o documentos E-14, teniendo en cuenta la evidente incongruencia”
De acuerdo con el examen del documento(189) se tiene que el peticionario se funda en su petición en lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución 4121 de 2011.
Aunque solicitó la revisión del formulario E-14, lo relevante es que lo alegado no se circunscribe a una reclamación electoral de error aritmético por cuanto determina que existe un vicio predicable de la confrontación de dos documentos electorales, uno de ellos del cual se predica su falsedad.
9965004

5.3.2.3. Resolución 024 de 29 de marzo de 2014.

Esta resolución se expidió por la comisión escrutadora departamental, la que se pronunció sobre la solicitud de saneamiento de nulidad que presentó el apoderado de la candidata Sandra García Tirado, en las siguientes mesas del municipio de San Martín de Loba:

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de si lo analizado constituye una causal de reclamación electoral
0000010En el escrito solicita que sean verificadas “las actas confeccionadas por los jurados de mesa o documento E-14 del municipio de San Martín de Loba Bolívar”.
Indicó también lo siguiente: “Si se observa, en la mesa 10 de la zona 00 de SAN MARTÍN DE LOBA, a mi apadrinada según el E-14, le aparecen 19 votos, mientras que en el E-24, solo le aparecen 7 votos. Lo mismo ocurre con la mesa 01 del puesto 29 de la zona 99 - corregimiento de Playitas, donde según el E-14 a mi representada le aparecen 20 votos mientras que en el E-24, le aparece solo 1”.
(…) En ese orden de ideas, mal haría esa comisión escrutadora de Bolívar, en negarse a verificar las actas electorales de las mesas de votación, o documentos E-14, teniendo en cuenta la evidente incongruencia”.
De acuerdo con el examen del documento(190) se tiene que el peticionario se funda en su petición en lo dispuesto por el artículo 2º de la Resolución 4121 de 2011.
Aunque solicitó la revisión del formulario E-14, lo relevante es que lo alegado no se circunscribe a la reclamación electoral de error aritmético por cuanto determina que existe un vicio predicable de la confrontación de dos documentos electorales, uno de ellos del cual se predica su falsedad.

9929001

5.3.2.4. Resolución 039 de 29 de marzo de 2014.

Esta resolución se expidió por la comisión escrutadora departamental, la que se pronunció sobre la solicitud de saneamiento de nulidad que presentó el apoderado de la candidata Sandra García Tirado en la siguiente mesa de Cartagena:

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de si lo analizado constituye una causal de reclamación electoral
1101040Solicita que sean verificadas las mesas detalladas por cuanto existe una clara diferencia entre los documentos E-14 y lo arrojado por los E-24 Zonales.
“CARTAGENA ZONA 11
MESA_40_DEL_PUESTO_1_DE LA ZONA_11_, EN EL E14 me aparecen_3_votos, mientras que en el E_24 me aparecen _0_votos(191).
De acuerdo con el examen de la Resolución cuestionada(192) se tiene que lo planteado fue un claro asunto de falsedad.

5.3.3. Análisis sobre las decisiones adoptadas por la comisión escrutadora departamental en las resoluciones acusadas.

De acuerdo con el anterior marco teórico, la precisión sobre el agotamiento de este reclamo como requisito de procedibilidad y la información decantada en los cuadros que anteceden, la Sala examinará si en estos casos procedía como lo estimó la comisión escrutadora departamental, el rechazo de plano de las solicitudes de saneamiento de nulidad.

En principio tenemos identificado que en las resoluciones 022, 023, 024 y 039 de 2014, las peticiones allí formuladas no se circunscribieron a una reclamación por error aritmético, por cuanto de lo alegado surge con identidad y claridad que se trató de la exposición de una presunta falsedad predicable de la comparación entre dos formularios electorales.

Es decir, que bajo este propósito el requerimiento ante la comisión escrutadora departamental no era otro que dar cuenta de un vicio de mutación de la verdad electoral. Esta solicitud resulta de relevancia para el proceso electoral por cuando dada la connotación de lo que se alega, su proposición es oportuna hasta antes de que se declare la elección, pues el defecto atacable se debe demandar mediante la causal 3º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011. Según la exigencia constitucional(193) desarrollada legalmente por el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011, imponía para el momento de la demanda, de su admisión y de la fijación del litigio que se resuelve mediante esta sentencia, de la necesidad de agotar de manera previa dicha petición como requisito de procedibilidad de la acción para entablar el juicio de legalidad ante la jurisdicción contencioso administrativo.

Con fundamento en lo anterior se debe examinar si los actos administrativos cuestionados y el razonamiento expuesto para rechazar de plano las solicitudes de saneamiento de nulidad de las mesas de los municipios bajo examen se ajustan a estos criterios, i) legitimación, ii) oportunidad, iii) objeto y iv) consecuencia jurídica.

A continuación se realiza el examen que corresponde:

Resolución NºCausal y fundamento de la solicitud Instancia en qué se alega se presentó la solicitud Autoridad ante la que se ejercitó la petición
022 “Por medio de la cual se resuelve la solicitud de saneamiento de nulidad”(194)El peticionario(195) solicitó explícitamente que se hiciera una revisión de las actas de los jurados de votación o formulario E-14”.
A pesar de ello expuso lo que constituye una falsedad por diferencias entre los formularios E-14 y E-24.
De acuerdo con el relato de su escrito(196) las alteraciones que pide corregir no recaen únicamente sobre el formulario E-14 sino respecto de las diferencias que se advierten de cara a lo registrado en el formulario E-24 de la mesa en reclamo. El memorial que contiene la exposición de su solicitud que denominó de saneamiento se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental según se aprecia del radicado a mano con una rúbrica del 21 de marzo de 2014 a las 3:20 pm.
023(197)“Por medio de la cual se resuelve la solicitud de saneamiento de nulidad”El peticionario(198) solicitó explícitamente que se hiciera una revisión de las actas de los jurados de votación o formulario E-14”.
A pesar de ello expuso lo que constituye una falsedad por diferencias entre los formularios E-14 y E-24.
De acuerdo con el relato de su escrito(199) las alteraciones que pide corregir no recaen únicamente sobre el formulario E-14 sino respecto de las diferencias que se advierten de cara a lo registrado en el formulario E-24 de la mesa en reclamo.El memorial que contiene la exposición de su solicitud que denominó de saneamiento se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental según se aprecia del radicado a mano con una rúbrica del 21 de marzo de 2014 a las 3:18 pm.
024 “Por medio de la cual se resuelve la solicitud de saneamiento de nulidad”(200)El peticionario(201) solicitó explícitamente que se hiciera una revisión de las actas de los jurados de votación o formulario E-14”.
A pesar de ello expuso lo que constituye una falsedad por diferencias entre los formularios E-14 y E-24.
De acuerdo con el relato de su escrito(202) las alteraciones que pide corregir no recaen únicamente sobre el formulario E-14 sino respecto de las diferencias que se advierten de cara a lo registrado en el formulario E-24 de la mesa en reclamo.El memorial que contiene la exposición de su solicitud que denominó de saneamiento se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental según se aprecia del radicado a mano con una rúbrica del 21 de marzo de 2014 a las 3:21 pm.
039 “Por medio de la cual se resuelve la solicitud de exclusión de mesas”(203)El peticionario(204) solicitó explícitamente que se hiciera una revisión por la presunta falsedad derivada de las diferencias entre los formularios E-14 y E-24.De acuerdo con el relato las alteraciones que pide corregir no recaen únicamente sobre el formulario E-14 sino respecto de las diferencias que se advierten de cara a lo registrado en el formulario E-24 de la mesa en reclamo.La resolución se expidió el 19 de marzo de 2009, esto es, antes de que se declarara la elección cuestionada.

De acuerdo con el examen que antecede, se tiene que las solicitudes de falsedad por diferencias entre formularios E-14 y E-24 se presentaron ante la comisión escrutadora departamental con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad para ejercitar el contencioso electoral y fueron presentadas oportunamente, esto es, antes de la declaratoria de la elección.

5.3.3.1. Objeto de la solicitud: agotamiento del requisito de procedibilidad.

Como se anticipó en el análisis anterior, en las peticiones que dieron lugar a las resoluciones sometidas a examen en este acápite se formularon planteamientos constitutivos de falsedad electoral por diferencias entre los formularios E-14 y E-24. Esta connotación orienta la conclusión de que su ejercicio debe considerarse oportuno si se realizó antes de la declaratoria de la elección.

Así, revisada la fecha de presentación de las mencionadas solicitudes de acuerdo con el examen que quedó registrado en el cuadro que antecede, la Sala advierte que todas se hicieron antes de la declaratoria de la elección y fueron radicadas ante la comisión escrutadora departamental, autoridad investida de tal función.

Según el formulario E-26 CA(205) la declaratoria de la elección ocurrió el 30 de marzo de 2014, mientras que las reclamaciones se presentaron el 21 de marzo de 2014, lo que indica que fueron oportunas.

En contraste, la comisión escrutadora departamental de Bolívar al expedir las resoluciones cuestionadas rechazó de plano las solicitudes de nulidad por considerarlas reclamaciones electorales y también resolvió no acceder a lo allí planteado. Al respecto, indicó:

Resolución NºMotivación Decisión
022 de 2014.
Municipio de Morales
1. No se encuadra o pedido en alguna de las causales de nulidad, que permita a esta comisión un estudio serio y juicioso.
2. No se aporta ningún soporte probatorio que determine si hubo o no recuento.
3. La solicitud es vaga y genérica.
NO ACCEDER y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA por no reunir los requisitos formales y sustanciales y no enmarcarse su petición dentro de las cuales establecidas en el artículo 275 del CCA (sic)”(206)
023 de 2014.
Municipio de Cicuco
1. No se encuadra o pedido en alguna de las causales de nulidad, que permita a esta comisión un estudio serio y juicioso.
2. No se aporta ningún soporte probatorio que determine si hubo o no recuento.
3. La solicitud es vaga y genérica.
NO ACCEDER y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA por no reunir los requisitos formales y sustanciales”(207)

024 de 2014.
Municipio de San Martín de Loba
1. Solo se aportó copia del formulario E-14 delegados y copia del E-24.
2. La solicitud debió pedirse en su momento como reclamación.
3. Prevalece la presunción de legalidad y el principio de preclusividad.
NO ACCEDER y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA por no reunir los requisitos formales y sustanciales”(208).
039 de 2014.
Municipio de Cartagena. Mesa 40, puesto 01, zona 11
1. La exclusión de votos producto de las diferencias E-14 y E-24 se debe hacer en los términos del artículo 192 del Código Electoral.
2. La causal se da de manera abstracta.
3. El E-26 leído por la comisión municipal no fue atacado en oportunidad.
4. Es una solicitud extemporánea.
5. Que la solicitud debió pedirse en su momento como reclamación.
6. Que la Resolución 4121 de 2011, establece procedimientos para tramitar solicitudes de nulidades con las causales estrictamente previstas en el artículo 192 del Código Electoral.
7. Que según la decisión del Consejo de Estado en el radicado 2500023240002001009001 “la observación de un documento, no contiene por sí solo, un motivo para justificar el cambio de datos electorales y por tanto, no puede entenderse como causal de reclamación” (resaltas y subrayas fuera del texto original).
NO ACCEDER y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA, en su calidad de apoderado de la señora Sandra García Tirado candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, identificado (sic) con el número 102. Contra el escrutinio practicado en el Distrito de Cartagena, por las razones anotadas en la presente resolución”.(209)

De esta manera, se advierte que fueron varias las razones que invocó la comisión escrutadora departamental al expedir las resoluciones cuestionas. Unas en relación con el rechazo de plano por considerarlas reclamaciones electorales y otras, aquellas que indicó para adoptar la decisión de no acceder a ellas. Esta conclusión resulta de relevancia para analizar a continuación el cargo de violación que la parte actora elevó en contra de las resoluciones 022, 023, 024 y 039 de 2014.

5.3.3.2. Afectación del artículo 29 Superior por la motivación de las resoluciones acusadas.

La Sala arriba a la conclusión de que la comisión escrutadora departamental asimiló los planteamientos de saneamiento de nulidad con reclamaciones electorales, determinación que no tiene ni asidero ni equivalencia en el proceso electoral por cuanto sus objetivos son diferentes y se rigen por disposiciones independientes.

Por este motivo, procedía que la autoridad electoral examinara su contenido bajo el entendimiento que el reclamo se hizo con el propósito de agotar el requisito de procedibilidad, es decir, que no podía someterlas al principio de preclusividad de las etapas bajo el rasero de que lo alegado era una reclamación electoral en los términos de los artículos 122 y 192 del Código Electoral.

Bajo esta consideración, le asiste razón al planteamiento de la parte actora en cuanto al señalamiento de la competencia que le estaba atribuida la comisión escrutadora departamental para pronunciarse sobre las irregularidades planteadas. No obstante, es necesario reiterar que la expedición de estas decisiones habilitaron a los interesados a controvertirla, por alguna de las demás causales de nulidad de los actos administrativos. Así lo reiteró esta jurisdicción, en el siguiente pronunciamiento:

“[…] Cuando la autoridad electoral se pronuncia por razón de una solicitud de parte sobre irregularidades que configuran causal de nulidad, ocurridas en la etapa electoral propiamente dicha o en el escrutinio, y se pretende impugnar la elección por tales circunstancias, SE IMPONE DEMANDAR, JUNTO CON EL ACTO ELECTORAL, AQUEL O AQUELLOS QUE RESOLVIERON SOBRE EL PARTICULAR EN LA VÍA ADMINISTRATIVA, SE REITERA, FORMULANDO ACUSACIÓN FORMAL CONTRA TALES ACTOS.

Frente al tema, la sección(210) precisó: 

“Por ende, si al agotarse el requisito de procedibilidad la autoridad electoral profiere actos administrativos decidiendo las irregularidades denunciadas, en el proceso deberá impugnarse tanto el acto de elección, como los actos que despacharon las irregularidades puestas en conocimiento de la autoridad electoral, con la precisión que lo demandado en el proceso haga parte de lo que fue puesto en conocimiento y decidido por las autoridades electorales, ya que de existir casos no contemplados en las peticiones, sobre los mismos no podrá pronunciarse el juez de lo electoral por falta de agotamiento del citado requisito.

Sólo cuando se propone el estudio de irregularidades y la autoridad electoral se abstiene de pronunciarse sobre el particular, es posible la demanda directa por razón de las citadas irregularidades.

En cuanto el requisito de procedibilidad incorpora un autocontrol de la legalidad del proceso administrativo electoral y el acto de elección no es pasible de recurso alguno, cualquier solicitud de estudio de irregularidades que puedan degenerar en vicios especiales de nulidad del acto de elección popular, debe presentarse antes de que se declare la elección(211).

En este caso, como quedó registrado en el cuadro precedente, en las decisiones adoptadas por la comisión escrutadora departamental prevaleció la dicotomía, pues de una parte dijo que no accedía a la solicitud y adujo razones en las que fundó su respaldo (falta de pruebas, alegación genérica e imprecisa, etc.) y al tiempo, estimó que la petición había sido extemporánea porque debió presentarse como reclamación electoral ante la mesa de votación.

De este hallazgo, encuentra la Sala que era necesario que la parte actora controvirtiera la totalidad de las razones que los actos esgrimieron y formulara vicio de nulidad concreto sobre tal argumentación, a efectos de desvirtuar su presunción de legalidad mediante este contencioso electoral. Sin embargo, ello no ocurrió de esta manera, pues la parte actora se limitó únicamente al tema de competencia y a la imposibilidad de rechazarlas de plano, bajo el entendido que ello afectó su derecho fundamental al debido proceso, cuando lo cierto es que ello no fue así, porque la comisión adujo otras razones de negativa que no se no controvirtieron y que restringieron el pronunciamiento del juez electoral.

5.3.3.3. Conclusión.

De esta manera, comoquiera que la parte actora no elevó ningún otro cargo en relación con las demás razones expuestas en las resoluciones acusadas, la Sala negará la nulidad de estas resoluciones 022, 023, 024 y 039 de 2014 expedidas por la comisión escrutadora departamental por las razones expuestas, al no haberse desvirtuado su legalidad en esta instancia judicial.

5.4. De la nulidad de las resoluciones 040 de 2014 de la comisión escrutadora departamental y 003 de 15 de marzo de 2014 dictada por la comisión escrutadora de la zona 4 de Cartagena y la Nº 11 del 18 de marzo de 2014, expedida por la comisión escrutadora distrital de Cartagena.

En este acápite se ocupará la Sala de resolver sobre la legalidad de las resoluciones bajo examen para lo cual identificará su contenido y las razones que se esgrimieron para solicitar su nulidad, así:

5.4.1. Contendido de las resoluciones acusadas.

5.4.1.1. Resolución 003 de 15 de marzo de 2014.

Fue dictada por la comisión escrutadora de la zona 4 de Cartagena en virtud de la solicitud que presentaron la procuradora judicial penal 31 de Bolívar y el testigo electoral del movimiento Centro Democrático, pidiendo se invalidara la mesa 8, puesto 1, zona 4 de esa ciudad en razón a que el formulario E-14 no se encontraba firmado(212).

Para resolver la reclamación puesta a su consideración la comisión escrutadora de la zona 4 de Cartagena se pronunció de la siguiente manera: i) que esta situación ya se había advertido a los testigos, quienes convinieron que se procediera al recuento ii) se hizo el recuento sin objeción alguna, y iii) que confrontados con otros documentos electorales, esto es el E-11 y los E-14 de otras corporaciones se apreció que la ausencia de firmas se debió a un olvido de buena fe.

Con fundamento en estas razones concluyó: i) que no había lugar a declarar la invalidez de la mesa solicitada, ii) se ordenó la compulsa de copias para que se ordenara la investigación correspondiente y iii) se accedió a conceder el recurso de apelación.

5.4.1.2. Resolución 11 de 18 de marzo de 2014.

Con ocasión del recurso de apelación concedido contra la resolución Nº 003 del 15 de marzo de 2014 se expidió la Resolución 11 de 2014(213) por la cual la comisión escrutadora distrital confirmó la decisión de no declarar la invalidez de la mesa cuestionada.

Los fundamentos que esgrimió la citada comisión escrutadora distrital para despachar el recurso de apelación se concretan en las siguientes razones:

i) la reclamación que sustentó la solicitud concierne a aquella relativa a no estar firmada el acta electoral (E-14) por menos de 2 jurados de votación, ii) dijo que la reclamación se presentó de manera extemporánea por cuando no se hizo en la mesa de votación, iii) que la ley exige para la ocurrencia de la causal de reclamación consagrada en el numeral 3º(214) del artículo 192 del Código Electoral que ninguno de los ejemplares aparezca firmado, iv) que en este caso se firmaron los concernientes a la votación registrada al Senado, Parlamento Andino y consulta del Partido Verde, v) que la omisión respecto de este formulario recae en lo que constituye una omisión involuntaria de los jurados, vi) que la comisión escrutadora zonal procedió al recuento de la mesa, y vii) el “acta” se debe considerar como un cuerpo integro. Con fundamento en lo expuesto, dispuso: “CONFIRMAR LO RESUELTO POR LA COMISIÓN ESCRUTADORA ZONAL Nº 4”.

5.4.1.3. Resolución 040 de 2014.

Esta decisión se dictó en virtud de la solicitud(215) denominada “exclusión oficiosa de mesa”, elevada por el apoderado de la candidata Sandra García Tirado mediante escrito radicado el 28 de marzo de 2014 a las 11:22 a.m. ante la comisión escrutadora departamental, en el que pide que se excluya del cómputo general de votos la mesa 8 zona 4 puesto 1, basado en que la “comisión escrutadora centra (sic) de Cartagena” no accedió a la exclusión de la mesa bajo la causal contemplada en el artículo 192 numeral 3º del Código Electoral, en razón a que el E-14 Cámara no fue firmado por los jurados.

En virtud de tal solicitud se profirió la Resolución 040 de 2014 expedida por la comisión escrutadora departamental en la que se decidió “No acceder y rechazar de plano la solicitud presentada”. La razón esgrimida obedeció a que esta reclamación se ejercitó de manera extemporánea.

5.4.2. Aspecto que constituye el motivo de censura.

De acuerdo con los argumentos que se explicaron en la demanda(216) se alude a que las actas de los jurados contienen una anomalía que desconoce el artículo 163 del Código Electoral, pues la mesa en mención no está firmada.

Esta acusación corresponde a la solicitud de exclusión de la mesa de votación por la ausencia de firmas de los jurados de votación en el formulario E-14 que contiene la votación registrada a la corporación Cámara de Representantes, circunscripción Bolívar en la mesa 8, puesto 1, zona 4 de Cartagena. Con tal propósito la parte actora controvierte estas resoluciones, las cuales como se advirtió devienen de dos actuaciones electorales diferenciables, así:

1. Se ejercitó a título de reclamación ante la comisión escrutadora zonal de Cartagena con fundamento en la causal 3º del artículo 192 del Código Electoral, quien tomó la decisión de negarla y apelada, el superior la confirmó.

2. Se planteó ante la comisión escrutadora departamental reclamo denominado oficioso y que se fundó también en la causal 3º del artículo 192 del Código Electoral, y fue rechazada de plano por extemporánea.

Esta aclaración resulta necesaria para el análisis que adelantará la Sala en la medida en que estas dos actuaciones, que son diferentes por el momento en que se ejercitaron las reclamaciones, amerita un análisis diferencial pese a centrarse en una misma mesa de votación frente a la cual se adujo la misma causal de reclamación.

5.4.3. Marco normativo sobre la norma que se considera infringida.

Para pronunciarnos respecto del asunto bajo examen es preciso traer a colación lo dispuesto por el numeral 3º del artículo 192 del Código Electoral, que prevé como causal de reclamación y exclusión de la votación la relativa a: “cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmadas por menos de tres (3) de éstos”(217), cuya consecuencia legal se encuentra prevista en esta misma disposición en los siguientes términos: “Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos”.

Como causal de reclamación que es, supone que para que el control judicial sea posible a través de la nulidad electoral los siguientes presupuestos: i) que la reclamación se ejercite en oportunidad, esto es, que se presente ante la comisión escrutadora correspondiente, ii) que se presente el recurso de apelación que procede, iii) que se demanden junto con el acto de elección y dentro del término de caducidad que prevé la ley y, iv) que se formule cargo de violación específico, por cuanto no son aceptables las alegaciones generales.

Bajo estas precisiones corresponde analizar la legalidad de las resoluciones cuestionadas a efectos de establecer si se encuentran ajustadas a derecho.

5.4.4. Análisis de legalidad de las resoluciones cuestionadas.

5.4.4.1. La Resolución 040 de 2014 expedida por la comisión escrutadora departamental.

Con el fin de abordar el análisis de este acto de administrativo, conviene que la Sala examine los aspectos sobre los que recayó la solicitud presentada el 28 de marzo de 2014:

ZonaPuestoMesaReclamaciónRevisión de la causal
0101040En el escrito según se deduce del contenido de la Resolución cuestionada se solicitó que oficiosamente se excluyera del cómputo general de votos, LA MESA 8 ZONA 4 PUESTO 1 con fundamento en el hecho de que la “comisión escrutadora centra (sic) de Cartagena”, no accedió a la solicitud de exclusión de la mesa en comento, en lo relativo a los documentos electorales de la CORPORACIÓN CÁMARA, estando las actas o E-14 de dicha corporación sin firmar por los jurados, siendo esta situación una reclamación de acuerdo con el artículo 192 numeral 3º del Código Electoral.
(…) Debe tenerse en cuenta, que la decisión de la comisión central de Cartagena, de no excluir la mesa en cuestión, fue apelada, no accediendo a tal recurso, por considerar que era extemporáneo, con fundamento en que el mismo se presentó cuatro (4) días después de haberse producido la mentada resolución, lo cual no puede ser de recibo, teniendo en cuenta que el término para proceder con la apelación en sede administrativa es de 10 días, en los términos del CPACA.
Conforme está visto el reclamo que se plantea constituye una causal de reclamación de la que se infiere que la alegación de falta de firmas en las actas de escrutinio de los jurados de votación.
Según lo mencionado en este resolución el reclamo se presentó ante el escrutinio municipal y fue decidido desfavorablemente de lo cual se predica procedía la apelación ante la autoridad correspondiente.

De la revisión de esta documental, la Sala concluye según se apreciará de la información que detalla el siguiente cuadro que lo alegado por el peticionario debía interponerse como causal de reclamación electoral, lo que le obligaba a presentar la solicitud de exclusión de la mesa por falta de firma de los jurados de votación ante la comisión escrutadora zonal, en este caso, quien adelantó el escrutinio de la mesa cuestionada.

Resolución NºConstituye una reclamación electoralInstancia en la que se alega se presentó la causal de reclamaciónAutoridad ante la que se ejercitó la reclamación o petición
040 “Por medio de la cual se resuelve una solicitud de exclusión oficiosa de mesas”De acuerdo con el escrito del peticionario(218) pretende que la comisión escrutadora departamental acceda a la “SOLICITUD DE EXCLUSIÓN OFICIOSA DE VOTACIÓN DE LA MESA 8 ZONA 4 PUESTO 1”, indicando que frente a esta mesa ya se había realizado tal reclamo el cual se había decidido de manera desfavorable(219).Según lo menciona el correspondiente escrito la reclamación electoral por idéntico motivo ya había sido objeto de análisis por la comisión escrutadora de Cartagena quien no accedió a la misma.
Se insiste ante los delegados del Consejo Nacional Electoral para que estos oficiosamente la excluyan.
El documento se presentó ante los delegados de la comisión escrutadora departamental el 28 de marzo de 2014 a las 11:22 según el soporte de recibo diligenciado a mano(220).

En efecto, el acto cuestionado concluyó frente a la solicitud de reclamación “oficiosa” radicada ante la comisión escrutadora departamental el 28 de marzo de 2014, que tal denuncia debió ser puesta en conocimiento en los escrutinios zonales del Distrito de Cartagena.

Es decir que aludió a que el reclamo desconoció el principio de preclusividad al que están sometidas las reclamaciones que se fundan en el artículo 192 del Código Electoral. Tal conclusión por cuanto la causal de reclamación debió alegarse ante la correspondiente comisión escrutadora, en este caso, la zonal a quien le correspondía realizar el escrutinio, ello de conformidad con las reglas que rigen el proceso electoral.

Sobre la oportunidad de estas reclamaciones esta sección ha precisado:

En materia de reclamaciones, el artículo 192 del Decreto 2241 de 1986, establece que los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos son los facultados para poner en conocimiento de las correspondientes autoridades electorales los errores en que éstas pudieron incurrir, entre otros, al momento de realizar el conteo y la consolidación de la votación. En un primer acercamiento, tendríamos que el sujeto activo de las reclamaciones es calificado, limitándose únicamente a los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales, estos últimos definidos en el artículo 45 de la Ley 1475 de 2011, con lo cual quedaría excluido el Ministerio Público. Sin embargo, como ya se advirtió, esta normativa debe ser interpretada a la luz de la Constitución Política de 1991, la cual otorgó un rol especial a la Procuraduría General de la Nación, a quien le corresponde intervenir en los procesos adelantados por la autoridades administrativas en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales, lo que se concreta en su función de intervención que se traduce en la presentación de reclamaciones motivado en defensa del interés general y la verdad electoral y no en un interés partidista o particular en favor de un candidato o campaña política. Estas reclamaciones las puede instrumentar a través de solicitudes que pueden ser denominadas derechos de petición, constancias, solicitudes de revisión, etc., con la única condición, para que sean procedentes, que cualquiera que sea su denominación se subsuma en las causales de reclamación y se presente dentro de la oportunidad correspondiente. Ahora bien, se debe recordar que al igual que los demás intervinientes, el Ministerio Público a través de sus agentes, debe respetar las etapas preclusivas del proceso de escrutinio, por ende, no puede so pretexto de garantizar el orden jurídico y las garantías fundamentales presentar reclamaciones por fuera de los términos legalmente establecidos en las normas electorales(221).

De acuerdo con lo hasta aquí advertido se concluye por esta Sala que no hay lugar a acceder a la nulidad de la Resolución 040 del 29 de marzo de 2014, en tanto la razón que adujo la comisión escrutadora departamental no constituye la violación del artículo invocado como transgredido, en la medida en que para que el reclamo aunque invocado a título de exclusión de mesa oficiosa, debió interponerse oportunamente para proceder a su análisis, conforme y como acertadamente lo concluyó la comisión escrutadora departamental.

De esta manera la pretensión de nulidad de la Resolución 040 de 2014, se negará.

5.4.4.2. Las resoluciones 3º y 11 del 15 y 18 de marzo de 2014 proferidas por la comisión escrutadora de la zona 4 de Cartagena y la comisión escrutadora distrital de Cartagena.

Como está visto de la alegación planteada por la parte actora la presunta ilegalidad del acta o formulario E-14 Cámara se deriva de la infracción directa del artículo 163 del Código Electoral en cuanto no se invalidó la mesa 8, puesto 1, zona 4 por ausencia de las firmas de los jurados de votación.

Del análisis y de la lectura de las resoluciones acusadas, esto es, las Nº 3 y 11 del 15 y 18 de marzo de 2014, respectivamente, se advierte por la Sala que constituyó un motivo de los esgrimidos por las autoridades electorales, tanto de la comisión escrutadora zonal como de la distrital que si bien se evidenció la falta de las firmas de los jurados de votación en dicha mesa, ello se superó con el reconteo de votos uno a uno de la correspondiente mesa. Mecanismo frente a la cual en su momento, las partes interesadas, no realizaron ninguna objeción, lo que impidió que la misma resultara invalidada.

Al respecto, la Resolución 003 de 15 de marzo de 2015, explicó:

“[…] ESTA COMISIÓN CONSIDERA, QUE EFECTIVAMENTE, EL FORMULARIO E-14 PARA LA CORPORACIÓN DE CÁMARA PERTENECIENTE A LA MESA NÚMERO 8 PUESTO NÚMERO 1 DE LA ZONA 4, SE ENCUENTRA SIN NINGUNA FIRMA, AL IGUAL QUE EL FORMATO E-14 DIRIGIDA A LOS DELEGADOS. AL RESPECTO, SE DEBE ADVERTIR QUE LA SUSCRITA COMISIÓN ESCRUTADORA ADVIRITÓ DE ESTA SITUACIÓN A LOS TESTIGOS REPRESENTANTES Y APODERADOS DE LOS RESPECTIVOS PARTIDOS ACREDITADOS A ESTA ZONA Y LOS MISMOS CONSINTIERON EN QUE SE PROCEDIERA AL RECUENTO VOTO A VOTO DE DICHA MESA, LO CUAL ES PROCEDENTE POR SER ESTE UNO DE LOS CASOS QUE SE ENMARCAN DENTRO DE LAS CAUSALES PARA QUE PROCEA EL RECONTEO DE VOTOS, ASI LAS COSAS EN PRESENCIA DE TODOS LOS TESTIGOS ELECTORALES SE PROCEDIÓ A REALIZAR EL RECUENTO DE LA TOTALIDAD DE LOS SUFRAGIOS PARA LA CORPORACIÓN DE CÁMARA Y FUERON SOCIALIZADOS LOS RESULTADOS, SIN QUE SE INTERPUSIERA NINGUN TIPO DE OBJECIÓN POR PARTE DE LOS PRESENTES, POR LO QUE ESTA COMISIÓN INCLUYÓ LA VOTACIÓN DE LA REFERIDA CORPORACIÓN EN EL ACTA DE ESCRUTINIO, NO SI ANTES CONSTATAR LOS DEMAS DOCUMENTOS ELECTORALES COMO LO ES LA FORMA E-11, LA CUAL SI SE ENCONTRABAN SUSCRITAS POR LA TOTALIDAD DE LOS JURADOS DE LA MESA. DE HECHO, EL RESTO DE LOS FORMULARIOS E-14 DE LAS DEMAS CORPORACIONES SE ENCUENTRAN DEBIDAMENTE SIGNADOS POR LOS JURADOS DE VOTACIÓN, POR LO QUE ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE BUENA FE, ESTA COMISIÓN PRESUME QUE SE TRATO DE UN OLVIDO QUE A NUESTRO JUICIO, NO AFECTA LA TRANSPARENCIA DEL PROCESO ELECTORAL, TODA VEZ QUE SE PROCEDIÓ AL RECONTEO VOTO A VOTO, NO SIN ANTES VERIFICAR EL NÚMERO DE SUFRAGANTES DE LA MESA EN EL FORMATO EL11. ASÍ LA COSAS, COMO NO SE EVIDENCIA QUE SE IRROGUE PERJUICIO ALGUNO A NINGUN PARTIDO E INCLUSO AL PROCESO ELECTORAL MISMO, ESTA COMISIÓN ESCRUTADORA CONCLUYE QUE NO HAY LUGAR EN ESTA OPORTUNIDAD, DE DECLARAR LA INVALIDEZ SOLICITADA […]”(222)

En este punto resulta oportuno señalar que si bien el escrutinio se realiza con fundamento en el formulario E-14 de claveros, también resultaría válido el E-14 de delegados(223). Sin embargo, en el caso bajo examen, según se aprecia de la transcripción efectuada, ambos se encontraban sin firma y fue lo que motivó a la comisión para realizar el recuento de votos, sin que el mismo resultara cuestionado por los intervinientes.

La norma que autoriza tal proceder es:

“ART. 163.—Modificado por el art. 11, Ley 62 de 1988. Al iniciarse el escrutinio el registrador dará lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave y los pondrá de manifiesto a la comisión escrutadora.

En seguida procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación, y dejará en el acta general las correspondientes constancias sobre el estado de dichos sobres, lo mismo que respecto de las tachaduras, enmendaduras o borrones que advierta en las actas de escrutinio, cotejando de manera oficiosa las que tuviere a su disposición para verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista de candidatos y de manera especial observará si las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de votación(224). Además dejará constancia expresa sobre si fueron introducidas dichas actas en el arca triclave dentro del término legal o extemporáneamente, conforme al artículo 144 de este Código.

Si se comprobaren LAS ANTERIORES IRREGULARIDADES se procederá al RECUENTO DE VOTOS. Si no se advirtieren, el cómputo se hará con base en las actas de los jurados de votación cuyos resultados serán leídos en voz alta por el Registrador del Estado Civil. Las actas se exhibirán públicamente y a los interesados que los soliciten al tiempo de anotar los votos emitidos a favor de cada lista o candidato”.

Para la Sala esta convalidación que realizó la comisión escrutadora zonal sin que existiera oposición sobre tal mecanismo previsto por la Ley para verificar el verdadero resultado electoral, esto es, el recuento de votos, permitió la ratificación de los resultados registrados en dicho formulario que carecía de la firma de jurados de la mesa.

Nótese que esta actividad surge de la conducta oficiosa que tiene a su cargo la comisión escrutadora al dar inicio al escrutinio, luego era necesario que los intervinientes en este proceso electoral para cuando se cumplió dicho recuento de votos, se hubieran opuesto a esta medida de saneamiento y, alegaran bajo este entendido, la causal correspondiente de reclamación.

En este caso, no se demostró por la parte actora que se hubiese cuestionado el reconteo de votos, luego mal podría la Sala, restarle validez a una votación por el motivo alegado cuando está adquirió eficacia con este mecanismo legal que permite otorgarle certeza a la votación registrada en los formularios electorales que contienen los resultados electorales y por lo mismo, justifican este proceder oficioso con fundamento en el artículo 163 del Código Electoral.

5.4.5. Conclusión.

La Sala no accederá a la nulidad de las resoluciones 003 de 15 de marzo de 2014 dictada por la comisión escrutadora de la zona 4 de Cartagena y la Nº 11 del 18 de marzo de 2014, de la comisión escrutadora distrital de Cartagena, por cuanto precedió un reconteo de votos que no fue impugnado oportunamente y que convalidó la votación registrada en el formulario E-14 de la mesa 8 puesto 1 de la zona 4 de Cartagena. Y conforme se anunció, también se negará la pretensión de nulidad de la Resolución 040 de 2014, por las razones atrás expuestas.

5.5. Nulidad de las resoluciones 17 y 18 de marzo de 2014. Municipio de Montecristo. Exclusión de la votación por violencia.

En este acápite se ocupará la Sala de realizar el examen de legalidad que planteó la parte demandante en contra de estas dos resoluciones, mediante las cuales la comisión escrutadora departamental, se pronunció sobre los escritos que presentaron los apoderados de los candidatos Sandra García Tirado y Luis Guillermo Otoya Gerdts, en relación con las denuncias puestas en conocimiento de la autoridad electoral debido a la presunta incursión de grupos armados en el municipio de Montecristo que afectaron a juicio de éstos, la verdad electoral.

5.5.1. Contenido de las resoluciones 17 y 18 de marzo de 2014.

Al respecto pasa la Sala a identificar el contenido de las resoluciones bajo examen, así:

ResoluciónMotivaciónDecisión
Nº 017 de marzo 19 de 2014 “Por la cual se resuelve una reclamación”(225).

En esta decisión la comisión escrutadora del departamento de Bolívar se ocupa de resolver la solicitud presentada por el apoderado de la candidata Sandra Garcia Tirado con el propósito de “agotamiento de la vía gubernativa”.
Explicó que lo razonado no atiende a las condiciones mínimas que prevé el artículo 192 del Código Electoral para las reclamaciones electorales, al considerar que la causal se da de manera genérica y abstracta.
Señaló que no existe ninguna observación en el acta general de escrutinios con relación a situaciones que hubiesen podido alterar el orden público la situación de normalidad en los comicios.
No accede y rechaza de plano la solicitud presentada.
Nº 018 de marzo 19 de 2014 “Por la cual se resuelve una reclamación”(226).

Mediante esta Resolución la comisión escrutadora del departamento de Bolívar se ocupa de resolver la solicitud presentada por el apoderado del candidato Luis Guillermo Otoya Gerdts con el propósito de que se “determine la configuración de causales de nulidad electoral establecidas en el artículo 275 del C.C.A. (sic) por denuncias que hiciera la prensa local sobre la violencia acaecida en los pliegos electorales.
Dijo la comisión frente a dicho reclamo que “la nulidad genérica no se encuentra medianamente fundamentada o razonada, máxime que no se vislumbra cuáles son las mesas sobre las cuales recae la irregularidad y los soporte respectivos o la información sumaria que permita determinar siquiera una indagación jurídica para determinar las mesas concretas, solo solicita el recuento de votos por las denuncias de los medios.”
No accede y rechaza de plano la solicitud presentada, por no reunir los requisitos formales y sustanciales y no enmarcarse su petición dentro de las causales establecidas en el artículo 275 del C.C.A. (sic) ni dentro de las causales de reclamación.

En relación con el examen de legalidad de estas resoluciones la Sala debe señalar que la parte actora no las cuestionó mediante una causal específica de las que trata el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011(227), pues de la lectura de los escritos introductorios se tiene que no hay señalamiento que permita adelantar un análisis de legalidad que recaiga en alguno de estos vicios. Este razonamiento porque las explicaciones de la parte actora sobre los presuntos hechos de violencia acaecidos en el municipio de Montecristo los sustenta para probar que tales alegaciones configuran a su juicio la prosperidad de las causales de anulación electoral que contempla el artículo 275 de en los numerales 1º y 2º de la Ley 1437 de 2011.

De esta manera se negará la nulidad de estas resoluciones 17 y 18 de 2014 y se procederá a realizar el análisis de los hechos que la parte actora invoca como violencia acaecida en esa localidad, por las situaciones que los actores estiman constituyen la configuración de las causales específicas de los actos electorales y que fueron invocadas con tal propósito.

5.5.2. La presunta situación de violencia en Montecristo.

En este acápite la Sala se ocupará de uno de los aspectos de la fijación del litigio frente a la solicitud de exclusión de la votación depositada en el municipio de Montecristo, debido a lo ocurrido en dicho municipio. La parte demandante como se anunció, planteó que con ocasión de tales hechos se prueba la ocurrencia de las causales de nulidad electoral en los términos del artículo 275 numerales 1º(228) y 2º(229) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

5.5.2.1. Planteamiento del cargo.

Al respecto conviene precisar que las razones en las que se funda la parte demandante(230) para recurrir al estudio de estas causales se predica de la ocurrencia de diversas situaciones, que dicen, afectaron el régimen democrático, violentando el ejercicio a elegir y ser elegido, por las siguientes situaciones:

1. En el corregimiento de Villa Uribe del municipio de Montecristo, Bolívar hubo violencia contra los sufragantes y los escrutadores municipales por cuanto en desarrollo de los escrutinios se presentó “un sujeto armado vestido de civil” quien irrumpió de manera “violenta y sustrajo el material electoral E-10 y E-11 de las únicas mesas 1(231) y 2, que funcionaron en ese corregimiento”, tal como aparece en el acta firmada por los correspondientes jurados de votación.

2. En el momento que acaeció este hecho no se contaba con ninguna vigilancia por parte de personal policial o militar.

3. Aducen que tal irregularidad ocurrió frente a los documentos electorales E-10 y E-11, de donde alegan pudo existir una coacción evidente para favorecer a un candidato de manera fraudulenta permitiendo que se le registraran votos en su favor, máxime si se tiene como referente el aumento de votación en dicha mesa, en comparación con la votación de la mesa 2 de ese mismo corregimiento, que solo recibió 31 votos en contraste con la mesa 1 que registró una votación de 226 votos, para favorecer al candidato elegido Pedrito Tomás Pereira.

5.5.2.2. Contexto normativo y jurisprudencial sobre las causales invocadas.

Para resolver sobre este punto es necesario señalar que la causal de violencia ha tenido una constante evolución en la legislación y en la jurisprudencia de esta sección, debido a que en varios casos su interpretación ameritó un examen desde los fenómenos sociales y políticos que surgen en el país durante la época electoral. Además, porque a partir de la Ley 1437 de 2011 se incorporaron causales autónomas referidas a la violencia como se puede observar en los numerales 1º y 2º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Recientemente esta corporación, precisó:

“En numerosas oportunidades esta corporación se ha ocupado en dirimir conflictos que se han centrado en la violencia en los escrutinios, en esta medida se hace necesario efectuar un recuento de estos casos con el fin de dilucidar el tema. Se tiene entonces que desde el año 1992 hasta la fecha el desarrollo jurisprudencial muestra como evolucionaron los hechos que se podía catalogar como violencia, por ejemplo no se declaraba la nulidad por hechos violentos contra electores, por no estar prestablecido como causal de nulidad en la ley, en otras ocasiones no se declaraba la nulidad porque no se demostraron hechos físicos de violencia, estos conceptos a través de los años fueron transformándose, es así que se comenzó aceptar como causal de nulidad la violencia física o psicológica. En el año 2002 hubo un giro importante en cuanto a la violencia, puesto que se incluyó como causal de nulidad la violencia contra los electores en concordancia con el artículo 40 del Estatuto Superior, que fue la garantía a todos los ciudadanos de elegir y ser elegidos. Dentro de esta evolución, la Sala en sentencia del año 2005 , dio una aplicación más amplia a la violencia, en la que estableció que “la violencia, cualquiera que fuera su forma, para provocar la nulidad de la elección, además de su incidencia en el resultado electoral, se debe ejercer “… con la finalidad de alterar o manipular el resultado electoral; pues si de violencia sobre los escrutadores se trata, ella (…) debe dirigirse a doblegar la voluntad de la comisión de escrutadores, mutando el auténtico resultado electoral. Es decir para configurar este cargo se requiere que se acrediten los siguientes presupuestos para que se declare la nulidad de una elección: “(…), la ocurrencia del hecho violento (aspecto objetivo) con la afectación de la voluntad de quien es violentado (aspecto subjetivo) y/o la vulneración de la existencia física de los elementos electorales (aspecto físico o material), en concurrencia con la modificación del resultado electoral (aspecto consecuencial) son los presupuestos que deben acreditarse cuando se pretenda anular el acto de elección con base en hechos de violencia. Para el caso en concreto se observa que el hecho que violentó los escrutinios en el municipio de Ponedera, fue la mezcla de las tarjetas electorales y demás documentos electores, hecho que por sí solo no se considera como constitutivo de nulidad electoral”(232).

En estas causales denominadas de violencia, la Ley 1437 de 2011 tuvo en cuenta la interpretación jurisprudencial que surgió del análisis de la existente en vigencia del Código Contencioso Administrativo y delimitó dos clases de violencia que puede presentarse en el proceso electoral. Una la que se ejerce contra las personas, que en el proceso popular comprende tanto al elector como a las autoridades electorales y la otra, la que se ejerce contra las cosas, esto es, aquella que recae en los documentos, elementos y el material electoral. En esta última clase también se encuentra el sabotaje contra los sistemas de información, transmisión o consolidación de los resultados(233).

5.5.2.2.1. Violencia contra las personas.

La norma que la contiene señala:

“ART. 275.—Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales.”

Respecto de esta causal es necesario que quien la invoque acredite su ocurrencia mediante prueba que permita identificar los elementos que la integran y que recaen sobre los siguientes aspectos:

1. La situación, el hecho o la conducta violenta (física o psicológica)

2. La afectación de la voluntad respecto de la persona (elector o autoridad electoral) en la que recae el hecho o la conducta de violencia.

3. La prueba de que esa situación afectó y trascendió en la elección, con la incidencia de que altera el resultado.

En relación con esta causal la jurisprudencia(234) le ha otorgado entendimiento y sentido a la norma, delimitando una serie de conductas que pueden constituirla, abandonando así el concepto de que la misma se restringe al aspecto físico y a la apreciación externa del hecho violento. Identificó que dicha violencia también es de orden interno o psicológico y puede configurarse a través de figuras como: i) el constreñimiento ii) la coacción o cualquier tipo de conducta que anule la libertad de escogencia y iii) el otorgamiento de dádivas.

5.5.2.2.2. Violencia contra las cosas.

“ART. 275.—Causales de anulación electoral.

(…)

2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.

En lo que corresponde a la violencia sobre las cosas, la causal contempla diversas situaciones que la configuran. En el siguiente pronunciamiento se presenta un análisis relativo a esos escenarios que se reflejan esta nueva redacción normativa, que buscó una configuración atemporal de la conducta, dejando de lado las condiciones que preveía la norma que se reemplazó.

Al respecto señaló esta Sala lo siguiente:

“(…) la nueva norma se refiere a “los documentos electorales”. Igualmente, si por una parte se mencionaba la “apocrificidad o falsedad”; con el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo se englobaron tales supuestos en la categoría de “documentos contrarios a la verdad” o alterados, según se explicará más adelante. Y finalmente, la “alteración de actas después de firmadas” se sustituye por un supuesto atemporal —así lo sugiere la exegesis de la norma— y con un ingrediente volitivo —en este caso, el propósito— en el que queda subsumida dicha conducta, como lo es la “Alteración de documentos electorales con el propósito de modificar los resultados electorales”.

Por otro lado, salta a la vista que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo incluyó como bienes objeto de protección y cuya afectación podría viciar la legalidad del acto electoral, “los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”, lo cual constituye una verdadera novedad, que se explica en los notorios cambios suscitados entre el tipo de proceso electoral que se buscaba resguardar hacer dos décadas, y el que existe hoy en día gracias al avance de la ciencia y la tecnología, entre otros ámbitos del pensamiento, que permiten incorporar otras formas e ingredientes a la dinámica eleccionaria”(235).

5.5.2.3. De las pruebas arrimadas al proceso.

En atención al marco teórico de las causales invocadas, la Sala procederá a su análisis, previa determinación de aquello que se encuentra demostrado en el expediente respecto de los hechos acaecidos en dos mesas de votación, las números 1 y 2 del puesto 70 de la zona 99 del municipio de Montecristo y la solicitud de exclusión de la votación total de esa Localidad con ocasión de la ausencia de la fuerza pública durante los comicios.

Para poner en contexto el reclamo de los accionantes es necesario señalar que uno de los planteamientos surgió con ocasión de las anotaciones que se registraron en las páginas 11/11 del formulario E-11 “Acta de instalación y registro general de votantes” de las mesas 1 y 2, las cuales operaron en ese corregimiento denominado Villa Uribe del municipio de Montecristo. De tales documentos se advierte:

MesaPuestoZonaAnotación en el formulario E-11
0017099(236)“A la hora del conteo de votos se presentó una (…)na de civil armada y prosedió en (sic) llevarse el (…) y el resto del E-11, motivo por el cual estos aparecen completos (sic) en el sobre”. El documento parcial se firma por tres (3) jurados.
0027099(237)“En el conteo de votos, se presentó una persona vestida civil (sic) armada y procedio (sic) de manera violenta a retirar (…) E-10 y parte completa del E-11, motivo por el cual el completo de estos documentos no aparecen”. El documento parcial se firma por seis (6) jurados.

En la diligencia de escrutinios realizada por la comisión municipal, no se dejó ninguna mención en el acta respecto del faltante de estos documentos. En ambas mesa se registró: “pliegos introducidos en términos, el sobre se encuentra en buen estado.”(238)

Ahora bien, en lo que corresponde a las pruebas que acompañaron las partes con el propósito de acreditar y desvirtuar las causales de violencia alegadas, esta Sala encuentra las siguientes:

• La demandante Sandra Elena García Tirado acompañó(239) junto con su escrito de demanda un informe de investigación realizado por la “unidad de investigación criminal de la defensa - grupo de investigaciones especial”(240); que se incorporó al expediente como prueba documental. Bajo este entendimiento lo allí consignado es un documento privado sobre los resultados de una averiguación respecto de los hechos acaecidos en dicha localidad. Respecto de esta prueba la Sala no puede darle el alcance de prueba pericial y testimonial, por las declaraciones que se integraron al informe, en razón a que no se surtió el proceso de contradicción ni ratificación que la ley procesal tiene prevista para incorporarlos como tales.

• Escrito del 10 de marzo de 2014(241), signado por el registrador ad hoc en el que se lee lo siguiente: “Mediante el presente les informo que el día de las elecciones 09 de marzo, no hizo presencia la fuerza pública en ninguno de los corregimientos del municipio de Montecristo Bolívar, aun con esta situación no se nos informó por parte de ninguno de los delegados de puestos alteración de orden público, el día 10 en el transcurso del escrutinio, al abrir las bolsas correspondientes al corregimiento de Villa Uribe nos percatamos de que no se encontraban los E-10 y de los E-11 solo se encontró la última hoja con unas observaciones anotadas por los jurados de votación de ese puesto, donde manifiestan que un hombre civil se llevó los documentos. […]”

• Por su parte en un escrito denominado “Informe sobre el proceso electoral del 9 de marzo de 2014”(242) el alcalde (e) del municipio de Montecristo comunicó al secretario del interior de la Gobernación de Bolívar, en relación con los hechos acaecidos en el corregimiento de Villa Uribe lo siguiente: “[…] la policía se encargaba de la parte urbana, es decir, la cabecera municipal y el ejército de la parte rural (veredas y corregimientos) en los dos primeros comités de seguimiento electoral ambas entidades garantizaron la salva guarda y custodia de todos los puestos de votación, según su jurisdicción, pero en el tercer comité, el comandante de la base militar de Montecristo expresó “El ejército no garantiza toda la seguridad por la creación de una fuerza de tarea conjunta de última hora que retraso todo”, por lo que el registrador expresó “se deja constancia de que no hay garantías de seguridad por parte del a Fuerza Pública para el proceso electoral en los siguientes puestos de votación: TABURETERA, VILLA URIBE, REGENCIA, CAMPO ALEGRE Y SAN AGUSTIN” […]”.

• En cuanto a lo registrado por los medios de comunicación se tiene que diferentes noticias dieron cuenta de la situación acaecida en el municipio de Montecristo, tal es el caso de aquellas notas periodísticas que se publicaron en medios web, entre los cuales se destaca: Caracol Radio (fl. 460) La FM (fls. 462-463), Periódico La Voz (fl. 465), noticias Uno La Red Independiente (fls. 467-468), El Espectador (fl. 469), Noticias de Prensa Latina (fl. 470), www.maganguehoy.com (fl. 471), RCN la radio (fl. 472), www.eluniversal.com.co (fl. 475), Notimundo2 (fl. 476) y Radiomacondo (fl. 477)(243), entre otros.

5.5.2.4. Análisis de los cargos.

5.5.2.4.1. Violencia contra las personas.

De acuerdo con las pruebas que fueron arrimadas al expediente, la Sala encuentra que existió un hecho perturbador de la jornada electoral en las mesas 1 y 2 del corregimiento de Villa Uribe del municipio de Montecristo.

Sin embargo, ocurre que en este caso, se invocó que tal hecho constituyó la adecuación de las conductas en las causales 1º y 2º del artículo 275 de la Ley 1437, sin indicar de manera precisa de qué manera se describe en éstas y respecto de quién recayó dicha conducta.

La anterior conclusión, por cuanto la alegación de la parte actora aludió de manera general a que tal situación afectó el derecho fundamental a elegir, sin precisar si esta situación recayó en contra de los electores. En todo caso, lo que evidencia la Sala es que por este motivo, ellos —los electores— no fueron objeto de coacción (física o psicológica) al momento de sufragar, de hecho conforme está registrado, el impase ocurrió luego del cierre de las votaciones.

Ahora bien, aunque la conducta lesiva se hizo en presencia de los jurados de votación, tampoco existe prueba de la que se infiera que la violencia fue cometida en su contra como autoridades electorales de dichas mesas, toda vez que de los medios de prueba que existen en el expediente, lo que se acreditó fue que la situación recayó en los documentos electorales. Afirmaron en la observación dejada en lo que quedó del E-11, que la persona que se presentó ante ellos procedió a llevarse los formularios E-10 y parte del E-11. Una de las observaciones señaló precisamente que “procedió de manera violenta a retirar los E-10 y parte completa del E-11”.

De esta circunstancia se infiere que tales autoridades no fueron agredidos, atacados o mermados de manera física o psicológicamente, o coaccionados u obligados a realizar actos en su contra con ocasión del certamen y que por este motivo se modificara la voluntad del electorado.

Esta conclusión desvirtúa la alegación de la demandante candidata, quien afirmó sin respaldo probatorio, que la presencia de ese hombre armado implicó un incremento en la votación registrada en favor de uno de los candidatos del partido político por el cual ella también participaba.

Este razonamiento no implica que la Sala descarte la situación de riesgo a la que se vieron expuestos los jurados de votación por este hecho, en el que se presentó una persona portando un arma de fuego, lo que representa una situación de intimidación y abuso frente a la labor de dichos jurados.

Por las anteriores razones, la Sala no encuentra probada la causal prevista en el numeral 1º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

5.5.2.4.2. Violencia contra las cosas.

Determinado como está que la sustracción de material electoral recayó en documentos que hacen parte de dicho proceso, lo correspondiente es que la Sala identifique si éstos tienen la condición de afectar la pureza de la votación, pues dicho acontecimiento no tuvo la potencialidad de afectar los registros electorales fundamentales que desvirtúen la verdad electoral, toda vez que el formulario E-14 o acta de escrutinio de jurados de votación(244), que es la que contiene el cómputo de votos y es fundamento de los demás escrutinios no padeció de ningún hecho contrario que altere su contenido.

No obstante el hecho de la mencionada sustracción no impidió la consolidación de los resultados electorales, pues lo que se puede determinar sin duda, es que los escrutinios se adelantaron sin que hasta el momento de la totalización de la votación se hubiere visto afectada, pues existen de los E-14 íntegros y éstos se diligenciaron según la comisión escrutadora con el pleno de los requisitos para adelantar el escrutinio municipal, como se dejó en el acta de escrutinio municipal.

A juicio de la Sala la extracción de los documentos electorales E-10 y E-11 (parcial) no conllevan a la nulidad de la elección conforme lo establece el numeral 2º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, en tanto los formularios que consolidaron la votación no sufrieron ningún deterioro.

En los procesos electorales es fundamental que se privilegie el principio de efectividad del voto, por ello la razonabilidad en el análisis de las conductas que pueden constituir el ejercicio de un acto contrario y calificado como violencia, requieren necesariamente que lleve implícito consigo la afectación o transmutación de los resultados, bien por medio de métodos o acciones infligidas a las personas que intervienen en el procedimiento electoral o por situaciones predicables de la autenticidad de los documentos electorales que afecten la votación, pues no toda situación que sea irregular, tiene la potencialidad de invalidar los comicios sino aquellas que sean de tal capacidad, que violenten la voluntad y transparencia de la votación.

Precisamente, para la Sala el saqueo o hurto de los formularios E-10 y E-11 (parcial) no tuvo la capacidad de afectación en los resultados, pues los registros consolidados para los candidatos y partidos ya hacían parte de un acta (E-14) la que fue remitida a la comisión escrutadora municipal, quien además procedió a realizar con fundamento en ella el escrutinio correspondiente.

La demandante en el expediente 2014-0080 supone que esta situación conllevó un beneficio en el registro de votos a favor del candidato elegido Pedrito Tomas Pereira, pero esta alegación no pasó de ese ámbito, pues nada probó en torno a que en realidad ello hubiera acaecido.

Además, cuando la demandante en el expediente 2014-0080 realiza la comparación de resultados entre la mesa Nº 1 (que es la que ella demandó) y la mesa Nº 2(245) de votación del corregimiento de Villa Uribe del municipio de Montecristo, lo hace bajo el presupuesto que su demanda la limitó a la mesa Nº 1 de esta misma zona y puesto, cuando lo cierto y como quedó probado, respecto de la mesa Nº 2 también ocurrió tal situación de hurto de los E-10 y E-11, lo que en un entendido lógico representaría que tal accionar derivaría en idénticos beneficios de aumento de la votación, lo que en este caso no se demostró, dejando sin sustento tal afirmación.

Es del caso advertir que si bien en la demanda se plasmó como argumento soporte para probar la presunta violencia, la imposibilidad de constatar las personas que participaron en la mesa con los votos registrados, la Sala debe orientar a título de pedagogía jurídica que si lo que se pretendía la parte era probar es que la votación registrada en el E-14 fue objeto de alteración en contraste con el documento hurtado E-11(246), su formulación se traslada a la de falsedad de los registros electorales, y comoquiera que por este motivo no se invocó el planteamiento de su censura, a la Sala le está vedado su análisis.

Por las anteriores razones, la Sala tampoco encuentra probada la causal prevista en el numeral 2º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011.

5.5.2.4.3. La exclusión total de la votación en el municipio por ausencia de la fuerza pública.

Se ocupa ahora la Sala de establecer si la afirmación de la parte actora relativa a la ausencia de la fuerza pública en el municipio de Montecristo conlleva la nulidad de la votación.

Debe resaltarse que el alcalde (E) de esa localidad reconoció que según reporte del comandante de la base militar, los inconvenientes de presencia y seguridad para esa zona, surgieron a última hora y se limitaron a dicho corregimiento de Villa Uribe, por una acción especial que debía cubrirse, lo que en todo caso no implicó, como lo quiere hacer ver la parte demandante la ausencia total de la fuerza pública para el mantenimiento del orden en esa localidad.

Al respecto es del caso recordar que la ausencia de fuerza pública no constituye una causal de nulidad de los actos de elección.

Sobre el particular esta sección precisó:

“[…] En este sentido, se debe tener en cuenta que la falta de acompañamiento permanente de la Policía Nacional en el proceso electoral no es una causal de nulidad consagrada en la ley, adicionalmente, en el caso concreto no está probado que la ausencia de fuerza pública en algunos sectores rurales hubiera alterado los resultados de los comicios(247).

Finalmente, en cuanto a las notas periodísticas que la parte demandante aportó a este proceso con el fin de ser valoradas y probar las supuestas condiciones de violencia en el municipio de Montecristo, la Sala reitera la posición jurisprudencial que acogió la Sala plena(248), bajo el entendido que “los reportajes, fotografías, entrevistas, crónicas, noticias que aparecen en los diversos medios de comunicación tienen valor probatorio si en conjunto con otros medios de prueba, permiten determinar o corroborar hechos alegados en el respectivo proceso” por cuanto, “por sí solos, entonces, solo sirven para determinar que un hecho se registró sin que puedan tenerse como prueba de lo que en ellos se dice reproducir(249)”.

De esta manera, las noticias publicadas y que registraron esa situación de hurto del material electoral en el corregimiento de Villa Uribe del municipio de Montecristo, demuestran que el hecho se registró puesto que pudo ser corroborado con las manifestaciones de los jurados de votación, pero de ninguna manera constituyen certeza sobre el hecho de que tal condición per se falseó la verdad electoral, pues, se insiste, no todas las circunstancias que pueden parecer anómalas generan la nulidad de los registros electorales, toda vez que es necesario que se pruebe que tal irregularidad afectó la transparencia de la votación y la validez de la elección, lo que como ya se concluyó, no ocurrió.

5.5.2.4.4. Conclusión.

Recapitulando, no hay lugar a declarar la nulidad de las resoluciones 17 y 18 de 2014 y tampoco se dará por probadas las causales de violencia previstas en los numerales 1º y 2º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011, atendiendo a las razones atrás expuestas.

5.6. Falsedad por diferencias entre los formularios E-14 y E-24, relacionadas con los candidatos 101 y 102 del Partido Conservador Colombiano.

Por último, se ocupará esta Sala de resolver el problema jurídico señalado en la fijación del litigio relativo a las diferencias que plantearon los demandantes de los expedientes 2014-0080 y 2014-0084 en relación con los formularios E-14 y E-24 de los municipios que a continuación se relacionan.

Debe precisarse que los casos que se invocaron como constitutivos de falsedad por diferencias E-14 y E-24 se restringen a los candidatos del Partido Conservador Colombiano, identificados con los números 101 y 102, señores Pedrito Tomás Pereira Caballero y Sandra Elena García Tirado, respectivamente. El primero de ellos resultó elegido Representante a la Cámara de Representantes con relación a la señora García Tirado, obtuvo 120 votos más que ella.

Bajo esta precisión en orden a dar lugar al estudio documental y a la confrontación de los hechos que se aducen en la demanda y que quedaron previstos en la fijación del litigio se tiene que, corresponde en primer lugar realizar algunas precisiones de orden conceptual y metodológico sobre el análisis que emprenderá la Sala a continuación con el propósito de determinar: i) si existieron las presuntas diferencias, ii) si están justificadas y iii) si de acuerdo con lo probado se encuentra afectado el acto de elección.

5.6.1. La causal de falsedad de documentos electorales. Modalidades.

La falsedad electoral es uno de los eventos que el legislador previó como causa a invocar para solicitar la nulidad de los actos de elección. El artículo 275 numeral 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el que establece que una elección resulta inválida cuando “Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales”.

Para efectos de determinar cuándo se configura la falsedad de un documento electoral con incidencia en los resultados la corporación ha tomado como referente conceptual determinar qué se entiende por tal. La Real Academia Española define la falsedad como: “i) falta de verdad o autenticidad, ii) falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas, y iii) delito consistente en la alteración o simulación de la verdad, con efectos relevantes, hechas en documentos públicos o privados, en monedas, en timbres o en marcas”(250).

Así las cosas, se tiene que un documento o registro electoral es falso si aquello que hace constar no concuerda con la realidad, y es precisamente su disconformidad o la alteración de la información la que da cuenta que estamos ante tal vicio en tanto no hay identidad en los resultados, que debieran coincidir, salvo que dichas modificaciones se encuentren justificadas en una situación debidamente registrada en el acta que permitiera su cambio.

Es precisamente bajo esta causal que el legislador dispuso que se controvirtieran a través de este mecanismo de control judicial la legalidad de las elecciones y por ello la controversia que se suscite respecto de esta situación, necesariamente debe cuestionarse a través de este juicio de naturaleza especial, mediante el cual se controvierte la autenticidad de los documentos y su contenido. Por lo mismo, solo es posible tal discusión, siempre que de manera previa se haya requerido a la autoridad electoral para que revise estás situaciones antes de someterlas al examen del juez electoral.

Al respecto de la falsedad esta corporación ha precisado lo siguiente:

“Es decir, que un documento o registro electoral adolece de falsedad si lo que se expresa en él no concuerda con la realidad, disonancia que puede darse por falsedad material, como cuando el registro documental sufre una mutación o adulteración física en lo escrito, o por falsedad ideológica, que suele ocurrir, Vr. Gr., cuando un registro ulterior refleja una información completamente distinta del registro anterior, sin que ello tenga una explicación o justificación válida. Por tanto, la falsedad o apocrificidad como causal de nulidad es necesariamente objetiva. Quiere decir lo anterior, que su presencia en los documentos o registros electorales puede constatarse directamente por el operador jurídico, quien después de establecer la verdad de unos resultados los puede confrontar con los registros cuestionados para así concluir si esa realidad ha sido objeto de manipulaciones o distorsiones”(251).

Bajo esta compresión es evidente que son varias las circunstancias o modalidades en las que puede presentarse dicho vicio denominado genéricamente de falsedad, y que podemos señalar entre otras las siguientes modalidades: i) diferencia surgidas por un mayor número de sufragios en los formularios E-14 con respecto a los electores registrado en el formulario E-11, conocida como más votos que votantes; ii) las diferencias injustificadas entre el acta de escrutinio de jurados de votación (formularios E-14) y el cuadro contentivo de la votación mesa a mesa (formulario E-24 zonal o municipal), diferencias E-14 y E-24, y iii) las diferencias entre el cuadro contentivo de la votación mesa a mesa (formulario E-24 zonal o municipal) y el formulario E-26, entre otras, como ya se indicó.

En este caso conviene señalar que las diferencias propuestas son aquellas que se dicen ocurrieron entre los formularios E-14 y E-24, las cuales en razón al esquema procesal surgido con ocasión de la Ley 1437 de 2011, para el momento de admitir la demanda ya surtieron el análisis sobre el agotamiento del requisito procedibilidad, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo del artículo 237 de la C.P. y el numeral 6º del artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, sumado a que el planteamiento del cargo también superó el examen de precisión y determinación que debe estar presente en su formulación, situaciones que tornan en innecesario que la Sala se refiera de nuevo a este examen.

Con tal precisión procede la Sala a establecer de acuerdo con el análisis probatorio de los documentos cuestionado y mediante confrontación de sus registros,: i) si la diferencia se encuentra presente y ii) si está probada establecer si existe justificación en tal modificación.

Corroborado tal aspecto se establecerá si aquellas diferencias que se acrediten como injustificadas entre los formularios E-14 y E-24 tiene la suficiente incidencia para modificar el resultado de la elección.

5.6.2. Estudio de los casos alegados como constitutivos de diferencias E-14 y E-24.

Planteado como está el método de análisis, conviene que la Sala realice la precisión a las partes respecto de señalar que el estudio sobre las diferencias se hará de confrontar los datos registrados en los formularios cuestionados con aquello registrado en el acta de escrutinio municipal o zonal, según corresponda, a efectos de evidenciar si el registro de votación en exceso o en defecto, según el caso, obedeció a una causa fundada y registrada en el desarrollo de los escrutinios o si el mismo ocurrió sin soporte alguno que permita evidenciar la razón o explicación de su modificación.

Esta precisión, por cuanto es necesario indicar que para acreditar esa justificación no se admite prueba diferente a aquella que da cuenta del desarrollo de la actividad del escrutinio y que por lo mismo, merece reiterar que los ajusten en los resultados electorales deban realizarse como resultado de la actividad encomendada a los escrutadores de recuento de votos y por las reclamaciones o peticiones que se realicen frente a los resultados electorales. Todo ello supone que tales ajustes se realizan y quedan registradas en cumplimiento de ese principio de publicidad que debe primar en estas audiencias de carácter público para los intervinientes en este procedimiento electoral y son éstos, los llamados a hacerlas constar en el acta de escrutinios de manera clara y explícita, cuando son procedente los ajustes junto con las observaciones del caso.

En los siguientes cuadros de examen de los cargos, la Sala clasificará, según los hallazgos probados en el expediente, los casos que encuentra bajo los siguientes conceptos: i) formularios que presentan identidad en el resultado, ii) formularios que presentan diferencias justificadas, iii) mesas frente a las cuales la Sala niega la irregularidad planteada por falta de pruebas y iv) mesas frente a las que prospera el cargo por diferencias injustificadas.

Esta clasificación y el resultado de su examen, obedece a la posibilidad que tuvo la Sala de contar con el material probatorio necesario para el examen, en el que reflejará si se concedió certeza a su contenido porque: i) la confrontación fue posible y ii) el documento que contiene la información que le interesa a esta corporación para resolver o emitir un pronunciamiento sobre cada caso en particular, otorga la convicción necesaria para acreditar o desvirtuar el cargo.

Tal referencia en cuanto a su certeza, porque la Sala debió ocuparse, en aquellos documentos que se aportaron parcialmente, de revisar los datos de verificación y seguridad que se han incluido por la organización electoral (códigos QR y los códigos de dígitos del acta) para determinar que la información presentada es la que corresponde a la mesa examinada.

Debe la Sala resaltar que esta forma de análisis se adopta en razón a que las actas de escrutinios que se encuentran en el expediente y que fueron aportadas por la parte demandante, no se allegaron de manera íntegra y completa. Era necesario que los documentos permitieran para su examen tales condiciones que las identificaran sin duda alguna con la mesa cuestionada, pues de lo contrario el cargo debe negarse por insuficiencia probatoria.

La labor del juez electoral en tratándose del examen de las causales objetivas, se sustenta en mayor parte y casi de manera exclusiva, en la prueba documental que contiene los formularios electorales, por este motivo, para desvirtuar el documento o los formularios electorales cuestionados, por regla general, se impone la confrontación de la información puesta en duda y el análisis con los registros consignados en las actas, que le permita al juez analizar de manera plena la información contenida en los documentos electorales respectos del asunto sometido a debate.

Esta labor supone, en principio, contar con el material probatorio necesario para efectuar la confrontación que impone el análisis de la modalidad del defecto que se invoca, pues la ausencia de uno de los registros impide adelantar o culminar la actividad valorativa sobre la situación puesta en controversia.

En este caso, como quedará registrado en el análisis que a continuación se presenta, se aprecia una marcada ausencia de las actas de escrutinio. Es en éstas donde operativamente quedan registradas las modificaciones o afectaciones a los resultados electorales y, por lo mismo, constituyen el documento necesario para determinar o enervar la prosperidad del cargo.

Lo anterior porque no queda evidenciada la falsedad con la simple confrontación de los dos formularios E-14 y E-24, en tanto esto dejaría sin examen el complejo proceso a cargo de los escrutadores, quienes se encargan de validar la información a partir de los registros que surgen a partir del escrutinio de cada una de las mesas de votación que integran la respectiva circunscripción electoral.

Tal conclusión responde a la posición de la parte accionante respecto de que las presuntas irregularidades saltan a la vista por su evidencia o confrontación numérica, pues en este caso, es necesario contar con la certeza plena de que las diferencias están presentes y más allá, que las mismas no encuentran justificación en el escrutinio que se ha cumplido.

No se debe olvidar en todo caso, que la carga probatoria que tienen los demandantes en estas acciones contenciosas de carácter electoral les obliga no solo a la formulación de irregularidades en debida forma y al agotamiento previo de estas peticiones ante la autoridad electoral(252) con la identificación plena de las mesas en las que se presentan y las pruebas que las demuestran, sino a ese actuar diligente en el acompañamiento de las pruebas que tengan en su poder o la solicitud precisa de los documentos necesarios para probarlas, pues de por medio se encuentran los principios de preclusividad y de eficacia del voto que protegen la voluntad popular de la mayoría y, por ende, el sistema democrático y, en últimas, el Estado Social de Derecho, que es lo que legitima a sus instituciones y gobernantes.

Con esta explicación sobre la metodología acogida tal como se anunció, el examen y análisis de los casos sometidos a estudio se agrupará de acuerdo con las conclusiones arrojadas respecto de cada uno de los casos que se sometieron a controversia previa identificación del municipio, la zona, el puesto, la mesa, el partido y candidato respecto del que se formuló la irregularidad, la inclusión de los datos contenidos en el E-14 y el E-24 y si existe observación o no en el acta de escrutinios o la glosa correspondiente que deba realizarse sobre el particular.

5.6.2.1. Análisis de las diferencias E-14 y E-24.

5.6.2.1.1. Formularios que presentan identidad en el resultado.

#MunicipioZPMPart.Cand.E-14E-24Dif.
1Cartagena01502000041002102220
2Cartagena01702000026002102660
3Cartagena01902000007002102330
4Cartagena0190300002300210215150
5Cartagena01903000026002101550
6Mahates0000000002200210216160
7Regidor00000000002002102440
8Regidor09975000001002102110
9San Fernando09902000001002101110
10Santa Catalina00000000006002101440
11Santa Catalina00000000019002101440
12Santa Catalina0000000001900210220200

De estos 12 casos estudiados la Sala aprecia que no existe ninguna diferencia entre los resultados de la votación registrada en los formularios E-14 y E-24. Ello desvirtúa la irregularidad planteada, pues en ambos formularios la información coincide.

5.6.2.1.2. Formularios que presentan diferencia justificada.

#MunicipioZPMPart.Cand.E-14E-24Dif.Acta
1Cartagena0090100002800210111121Hubo recuento toda vez que el E14 daba un valor superior al número de sufragantes
2Mahates0000000001000210122231No coincide el resultado del formulario E11 con el total de votos físicos, Incineran dos votos al azar, se nivela con 198 votos
3Mahates000000000100021021312-1No coincide el resultado del formulario E11 con el total de votos físicos, Incineran dos votos al azar, se nivela con 198 votos
4Mahates000000000120021021817-1La comisión determino hacer recuento de votos
5Mahates099010000020021022019-1Recuento por error aritmético

En el análisis al que arribó la Sala se evidencia que si bien existe una diferencia entre los formularios E-14 y E-24, la misma se encuentra justificada, pues en el acta de escrutinios se dejó consignado el motivo que la explica y, en esos términos, no hay lugar a dar por probada la irregularidad planteada.

5.6.2.1.3. Mesas frente a las cuales la falsedad se niega por falta de prueba.

#MunicipioZPMPart.Cand.E-14E-24Dif. Acta Notas
1Achí0000000001100210232-1Falta 
2Achí09901000001002101792Falta 
3Achí09911000001002101671Falta 
4Achí09930000001002101484Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
5Achí09932000001002101671Falta 
6Arjona001010000030021029Falta  Falta RNEC allegó E-26 no E-24
7Arjona002020000130021012Falta  FaltaSon 12 por la suma del E14 pero registran 2, con la casilla del medio en blanco / RNEC allegó E-26 no E-24
8Arjona0990500000300210263Falta  Falta RNEC allegó E-26 no E-24
9Arjona099090000070021022Falta  Falta RNEC allegó E-26 no E-24
10Arroyo Hondo099210000010021010Falta  Falta 
11Cartagena0010200000400210121614Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
12Cartagena0010200001200210118Falta  Falta 
13Cartagena002010000010021016Falta  Falta 
14Cartagena002010000270021017Falta  Falta 
15Cartagena002010000270021020Falta  Falta 
16Cartagena002010000590021022Falta  Falta 
17Cartagena003010000090021028Falta  Falta 
18Cartagena003010000130021023Falta  Falta 
19Cartagena0030100001900210210Falta  Falta 
20Cartagena003020000300021023Falta  Falta 
21Cartagena004010000080021018Falta  FaltaE-14 no registra firma de jurados
22Cartagena004010000080021022Falta  FaltaE-14 no registra firma de jurados
23Cartagena004010000100021014Falta  Falta 
24Cartagena0040100001400210110Falta  Falta 
25Cartagena004010000320021014Falta  Falta 
26Cartagena004010000320021023Falta  Falta 
27Cartagena004010000390021023Falta  Falta 
28Cartagena004020000400021017Falta  Falta 
29Cartagena0050200002400210214Falta  Falta 
30Cartagena0050200003700210210Falta  Falta 
31Cartagena006010000320021018Falta  Falta 
32Cartagena007010000010021018Falta  Falta 
33Cartagena007010000130021021514-1Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
34Cartagena007010000230021021615 FaltaE24 en folio 266. Anexo 1 del 80.
35Cartagena0070100002800210119212Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
36Cartagena0070100002900210117181Indica que hubo recuento por error aritmético Aunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR, E24 y Acta en folios 266 y 269 del anexo 1 del proceso 80.
37Cartagena0070100002900210212120 Indica que hubo recuento por error aritmético Aunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR, E24 y Acta en folios 266 y 269 del anexo 1 del proceso 80.
38Cartagena0070200000200210211Falta Falta 
39Cartagena0070200001200210133Falta Falta 
40Cartagena0070200002900210211Falta Falta 
41Cartagena0070200003700210210Falta Falta 
42Cartagena009010000020021027Falta Falta 
43Cartagena00901000027002101682Sin novedad2 dígitos tachados en los candidatos, total partido 0.
44Cartagena0090200001600210113Falta Falta 
45Cartagena0090200002200210110Falta Falta 
46Cartagena009020000490021019Falta Falta 
47Cartagena010010000040021027Falta Falta 
48Cartagena010010000120021027Falta Falta 
49Cartagena0100100001900210117Falta Falta 
50Cartagena010010000210021018Falta Falta 
51Cartagena010010000270021017Falta Falta 
52Cartagena010010000610021016Falta Falta 
53Cartagena0100200001100210212Falta Falta 
54Cartagena011010000160021023Falta Falta 
55Cartagena011010000400021023Falta Falta 
56Cartagena0110200000700210211Falta Falta 
57Cartagena0110200000800210110Falta Falta 
58Cartagena011020000100021013Falta Falta 
59Cartagena011030000080021019Falta Falta 
60Cartagena01203000002002101462Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior y tampoco el código QR.
61Cartagena013020000040021022221-1FaltaEn el E-14 son 22 no 3 para el Candidato 102
62Cartagena0140100002400210110111Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior y tampoco el código QR.
63Cartagena01402000012002101671Falta 
64Cartagena0140200003500210271-6Falta 
65Cartagena0150100002800210112120FaltaLos números se encuentran tachados
66Cartagena0160100000800210254 Falta 
67Cartagena01601000019002101462Falta 
68Cartagena016010000190021021312-1Falta 
69Cartagena0160200000700210298-1Falta 
70Cartagena01602000013002101561Falta 
71Cartagena01801000020002101891Falta 
72Cartagena0180100002300210276-1Falta 
73Cartagena01802000016002101341Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
74Cartagena01802000021002101572Falta 
75Cartagena0180300000500210114162Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
76Cartagena0180300000500210270-7Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
77Cartagena01803000039002101462Falta 
78Cartagena018030000420021019101Falta 
79Cartagena0180300004200210260-6Falta 
80Cartagena0190200000500210119201Falta 
81Cartagena02001000017002101891Falta 
82Cartagena0900100001100210112142Falta 
83Cartagena098010000010021023Falta Falta 
84Cicuco00000000009002102112-9Falta 
85Cicuco0996500000400210250-5Falta 
86El Carmen de Bolívar002010000110021011Falta Falta 
87El Carmen de Bolívar0990100000100210121917El acta anexada no corresponde al puesto de votación demandado, folio 71  
88Magangué0010300002000210250-5Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
89Magangué09917000001002101341Sin novedadAunque trae la primera hoja no tiene codificación en la parte inferior, No es legible el código QR.
90Mahates000000000190021019112Falta 
91Mahates00000000019002102129-3Falta 
92Mahates000000000210021012726-1FaltaRepisado parece 27 pero de la sumatoria da 24
93Mahates000000000210021021817-1Falta 
94María la Baja0000000000300210214151Falta 
95María la Baja00000000005002101022Falta 
96María la Baja000000000050021021716-1Falta 
97María la Baja00000000014002101116-5Falta 
98María la Baja00000000016002101121Falta 
99María la Baja09901000001002101231Falta 
100María la Baja0991400000200210298-1Falta 
101María la Baja099150000020021021211-1Falta 
102María la Baja09925000007002101451Falta 
103Morales0991300000300210261-5Falta 
104Norosí0991300000100210169701Falta 
105Río Viejo0000000000600210115194Falta 
106Río Viejo0000000000600210220-2Falta 
107Río Viejo0000000000700210232-1Falta 
108Río Viejo00000000009002101891Falta 
109San Cristóbal0000000000700210254-1Falta 
110San Jacinto000000000060021022524-1Falta 
111San Jacinto000000000190021022625-1Falta 
112San Jacinto09917000001002101121FaltaAl totalizar los votos del partido en el E14 la sumatoria no da 84 como fue registrado, sino 86.
113San Jacinto099170000010021026765-2FaltaAl totalizar los votos del partido en el E14 la sumatoria no da 84 como fue registrado, sino 86.
114San Martín de Loba00000000010002102197-12Pedazo de acta sin formato (solo copia de la mesa)No es posible establecer que sea del municipio señalado, no tiene codificación la hoja.
115Soplaviento00000000003002101572FaltaRNEC allegó E-14 de transmisión

En este acápite la Sala realizó la confrontación de 115 de las irregularidades planteadas por la parte actora; sin embargo, por falta de prueba no fue posible acreditar la ocurrencia de la falsedad formulada. Las razones que explican esta falta de prueba, son: i) no se contaba con el formulario E-24 para advertir la diferencia, ii) a pesar de contar con los formularios E-14 y E-24 no se acompañó el acta de la comisión escrutadora que permitiera el examen sobre si la diferencia se encontraba justificada o no y iii) cuando a pesar de contarse con los formularios E-14 y E-24 y advertir que el acta de escrutinios omitía observación sobre tales diferencias, el documento aportado - acta de escrutinio - por encontrase incompleto y no contener datos de verificación, tales como que el código QR no podía ser leído o que la primera hoja del acta no se apreciaba la codificación que le había sido asignada, la Sala no pudo asignarle certeza a esa información relativa a que correspondía a la mesa, zona, puesto y municipio analizado.

5.6.2.1.4. Mesas frente a las que prospera el cargo por diferencias injustificadas.

5.6.2.1.4.1. Para el candidato 101 Pedrito Tomas Pereira Caballero.

#MunicipioZPMPart.Cand.E-14E-24Dif.Acta
1Cartagena00201000037002101231Sin observación
2Cartagena0090100001100210110111Sin observación
3Cartagena00901000012002101671Sin observación
4Cartagena00901000020002101121Sin observación
5Cartagena02002000036002101891Sin observación
6Mahates0990900000300210113152Sin observación
7San Jacinto00000000030002101671Sin observación
8San Jacinto00000000049002101671Sin observación
Total sumados sin justificación9 

De acuerdo con el análisis efectuado frente a los resultados registrados al candidato 101 del Partido Conservador Colombiano en las 8 mesas identificadas, la Sala comprobó de la confrontación de los formularios E-14 y E-24, junto con el acta de escrutinio que permitió su verificación de coincidencia, que la diferencia encontrada no tiene justificación y, por lo mismo, prueban la irregularidad alegada.

En este caso, los votos que le fueron registrados de más a dicho candidato ascienden a nueve (9).

5.6.2.1.4.2. Para la candidata 102 Sandra Elena García Tirado.

#MunicipioZPMPart.Cand.E-14E-24Dif.Acta
1Cartagena0020100003700210232-1Sin observación
2Cartagena00602000046002102129-3Sin observación
3Cartagena009010000110021021716-1Sin observación
4Cartagena009010000120021021615-1Sin observación
5Cartagena0160100000500210296-3Sin observación
6El Carmen de Bolívar09921000001002102119-2Sin observación
7Magangué0020100001000210265-1Sin observación
8Mahates099090000050021022019-1Sin observación
9Mahates0991000000200210230-3Sin observación
10María la Baja099210000020021021810-8Sin observación
11San Jacinto000000000300021022221-1Sin observación
12San Martín de Loba09929000001002102201-19Sin observación
13Santa Catalina000000000060021022220-2Sin observación
14Santa Catalina00000000007002102179-8Sin observación
15Santa Catalina000000000080021021918-1Sin observación
16Simití00000000016002102119-2Sin observación
17Zambrano00000000023002102181-17Sin observación
Total restados sin justificación-74 

Por su parte, en el cuadro que antecede, la Sala también concluye frente a los resultados registrados a la candidata 102 del Partido Conservador Colombiano en las 17 mesas analizadas, que se encontraron diferencias de votos no justificadas entre los formularios E-14 y E-24, revisados junto con el acta de escrutinio que permitió su verificación de coincidencia. Tal situación, demuestra la irregularidad por falsedad alegada que indica que se le descontaron setenta y cuatro (74) votos sin explicación alguna.

5.7. Determinación sobre si existe afectación de los resultados electorales cuestionados por las irregularidades probadas.

En este punto corresponde establecer si de acuerdo con los cargos de diferencias que resultaron probados para los candidatos del Partido Conservador Colombiano, identificados con los números 101 y 102 existe motivo para afectar los resultados electorales, bajo la consideración que en la votación que se registró a estos candidatos para la declaratoria de elección que se acusa, los separan 120 votos.

Para lograr la determinación final de los votos se tendrá en cuenta el total de aquellos que le fueron registrados en el E-26 a cada uno y luego se harán las operaciones de resta o suma que correspondan para lograr el total definitivo, así:

Señor Pedrito Tomás Pereira Caballero

VOTOS REGISTRADOS EN EL E-2628418
Votos que se le restan por diferencias E-14/E-24- 9
TOTAL DE VOTOS28409

Señora Sandra Elena García Tirado

VOTOS REGISTRADOS EN EL E-2628298
Votos que se le restan por diferencias E-14/E-24+ 74
TOTAL DE VOTOS28372

Del resultado obtenido, la Sala concluye que en el proceso de depuración de los escrutinios mediante los ajustes en la votación que fueron probados no hay lugar a modificar el resultado de la elección acusada.

Bajo esta consideración, no hay lugar a declarar la anulación parcial del formulario E-26CA, por las razones aquí expresadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. NEGAR la nulidad contra el acto de elección de los representantes a la Cámara por el departamento de Bolívar, contenido en el formulario E-26CA período 2014-2018, por las razones expuestas en esta providencia.

2. NEGAR la nulidad del Acuerdo 002 de 2014, expedido por el Consejo Nacional Electoral y las resoluciones 019, 022, 023, 024, 028, 029, 030, 039 y 040 de 2014 proferidas por la comisión escrutadora departamental y 003 de 15 de marzo de 2014 de la comisión escrutadora de la zona 4 de Cartagena y la Nº 11 del 18 de marzo de 2014, expedida por la comisión escrutadora distrital de Cartagena, por lo expresado en la parte considerativa de esta decisión.

3. EXHORTAR al Consejo Nacional Electoral para que en adelante, mejore sus procesos y procedimientos en aras de hacerlos más eficaces, efectivos y transparentes, a fin de evitar, que a futuro, se vuelva a presentar una situación de irregularidad como la advertida en este proceso electoral.

4. Ejecutoriada esta decisión archívese el expediente, previas las constancias del caso.

Notifíquese y cúmplase».

(106) “ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia.
El Consejo de Estado, en Sala plena de lo contencioso administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el vicepresidente de la República, de los senadores, de los representantes a la Cámara, de los representantes al Parlamento Andino, del alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación.

(107) “ART. 180.—Si se presentare apelación contra las decisiones de los delegados del consejo o hubiere desacuerdo entre ellos, éstos se abstendrán de hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales; en tales casos está función corresponderá al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con los resultados que arroje la revisión que practique la corporación.
Las apelaciones que se presenten contra las decisiones de los delegados del consejo o los desacuerdos que ocurran entre ellos, no los exime de la obligación de hacer el cómputo total de votos, el que anotarán en las actas de escrutinio.

(108) “ART. 193.—Modificado por el artículo 16, Ley 62 de 1988. Las reclamaciones de que trata el artículo anterior podrán presentarse por primera vez durante los escrutinios que practican las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, o durante los escrutinios generales que realizan los delegados del Consejo Nacional Electoral; las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares carecen de competencia para resolverlas y las agregarán a los pliegos electorales para que sean decididas por los delegados del Consejo Nacional Electoral; contra las resoluciones de éstos habrá apelación en el efecto suspensivo ante el Consejo Nacional Electoral.
Durante el trámite y sustentación de la apelación ante el Consejo Nacional Electoral no podrán alegarse causales o motivos distintos a los del recurso mismo.

(109) Al respecto se ha dicho que: “La imposibilidad de modificar lo decidido a través de autos interlocutorios se explica también por el carácter vinculante de las providencias judiciales, el cual se proyecta entre las partes pero también respecto del juez que las profiere. Cabe reseñar que el carácter vinculante no sólo se predica de las sentencias y de las providencias que ponen fin a una controversia, sino también de las decisiones judiciales, en general, una vez cobran ejecutoria. El alcance de este carácter, sin embargo, no es el de excluir la posibilidad de que las providencias puedan ser controvertidas y modificadas a través del ejercicio de los medios de impugnación que se han previsto en el ordenamiento jurídico, entre los cuales se encuentran los recursos y las nulidades que pueden ser declaradas de oficio o a petición de parte. En síntesis, el juez sólo puede apartarse de lo decidido en un auto interlocutorio si es la ley la que establece un mecanismo para ello o si la conclusión del proceso que ha de consignarse en la sentencia no armoniza con la decisión previa”. Corte Constitucional Sentencia T-1274-05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

(110) El artículo 134 del Código Electoral prevé que inmediatamente después de cerrada la votación, uno de los miembros del jurado leerá en alta voz el número total de sufragantes, el que se hará constar en el acta de escrutinio y en el registro general de votantes.

(111) “ART. 142.—<Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil.

(112) “ART. 122.—Los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos que podían votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción, aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellas se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado.
Los testigos electorales no podrán en ninguna forma interferir las votaciones ni los escrutinios de los jurados de votación.

(113) “ART. 163.—<Artículo modificado por el artículo 11 de la Ley 62 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Al iniciarse el escrutinio, el registrador dará la lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave.
En seguida procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación y dejará en el acta general las correspondientes constancias acerca de los sobres que tengan anomalías lo mismo de las tachaduras, enmendaduras o borrones que advierta en las actas de escrutinio, cotejando de manera oficiosa las que tuviere a disposición para verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista o candidato y de manera especial observará si las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de votación. También dejará constancia expresa de las actas que fueron recibidas extemporáneamente, conforme al artículo 144 de este Código.
En el caso de las tachaduras, enmendaduras o borrones se procederá al recuento de votos; y si esas irregularidades no se advierten el cómputo se hará con base en las actas de los jurados de votación, las cuales se exhibirán a los interesados que lo soliciten al tiempo de anotar los resultados de la votación de la respectiva acta.

(114) “ART. 158.—Cuando se traté de ciudades divididas en zonas, los tribunales superiores de distrito designarán, en la misma forma prevista en el artículo anterior, las comisiones auxiliares encargadas de hacer el cómputo de los votos depositados en las arcas triclaves de las zonas y de las agrupaciones del censo electoral. Los delegados del Registrador Nacional y los registradores distritales designarán los registradores que actúen como secretarios de tales comisiones.

(115) “ART. 41.—Del escrutinio el día de la votación. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva Registraduría previamente señale.
Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio.
Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de dichas actas será entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar cámaras fotográficas o de video.

(116) Los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el de ciudadanos que podrán votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinio se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas electorales y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en el error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los dos (2) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellas se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado. Los testigos electorales no podrán, en ninguna forma, interferir las votaciones ni los escrutinios de los jurados de votación.

(117) Ley 6ª de 1990 (enero 5) “Por la cual se reforma el Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral) y se dictan otras disposiciones”.

(118) “ART. 164.—Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, de sus representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.
Estas comisiones no podrán negar la solicitud de recuento cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político. Tampoco podrá negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, o haya duda a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación.
Verificado el recuento de votos por una comisión escrutadora, no procederá otro alguno sobre la misma mesa de votación.

(119) “ART. 192.—El Consejo Nacional Electoral o sus delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:
1. Cuando funcionen mesas de votación en lugares o sitios no autorizados conforme la ley.
2. Cuando la elección se verifique en días distintos de los señalados por la ley, o de los señalados por la autoridad con facultas legal para este fin.
3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos.
4. Cuando se hayan destruido o perdido los votos emitidos en las urnas y no existiere acta de escrutinio en la que conste el resultado de las votaciones.
5. Cuando el número de sufragantes de una mesa exceda al número de ciudadanos que podían votar en ella.
6. Cuando el número de votantes en una cabecera municipal, un corregimiento, una inspección de policía o un sector rural exceda al total de cédulas aptas para votar en dicha cabecera, corregimiento, inspección de policía o sector rural, según los respectivos censos electorales.
7. <Numeral modificado por el artículo 15 de la Ley 62 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando los pliegos electorales se hayan recibido extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia. Fuerza mayor o caso fortuito, certificados por un funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.
8. Cuando el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar la respectiva corporación escrutadora, salvo justificación certificada por el funcionario electoral competente.
9. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestando el juramento correspondiente dentro de los términos señalados por la Ley para la inscripción o para la modificación, según el caso.
10. Cuando en un jurado de votación se computen votos a favor de los candidatos a que se refiere el artículo 151 de este Código.
11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella.
12. Cuando con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción aparezca de manera clara e inequívoca que en las actas de escrutinios se incurrió en error al anotar los nombres o apellidos de uno o más candidatos.
Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos.
Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones deberán ordenar en el mismo acto que las actas o registros afectados se excluyan del cómputo de votos y de los escrutinios respectivos.
Si las corporaciones escrutadoras encontraren fundadas las reclamaciones con base en las causales 11 y 12 de este artículo, en el mismo acto decretarán también su corrección correspondiente.
La exclusión de un principal no afecta a los suplentes si la causa fuere la carencia de alguna calidad constitucional o legal del candidato o su inhabilidad para ser elegido. Igualmente, la exclusión de los suplentes o de algunos de estos, no afecta al principal ni a los demás suplentes, según el caso. Cuando se excluya al principal que encabezó una lista, por las causas señaladas en el inciso anterior, se llamará a ocupar el cargo al primer suplente de la lista.
Si las corporaciones escrutadoras no encontraren fundadas las reclamaciones, lo declararán así por resolución motivada. Esta resolución se notificará inmediatamente en estrados y contra ella el peticionario o interesado podrá apelar por escrito antes de que termine la diligencia de escrutinios y allí mismo deberá concederse el recurso en el efecto suspensivo.

(120) “ART. 173.—Firmadas las actas, el registrador auxiliar conducirá personalmente y bajo su responsabilidad hasta el despacho de la registraduría los documentos que la comisión auxiliar haya tenido a su disposición para el escrutinio, lo mismo que los producidos por ella, y los entregará bajo recibo a los registradores respectivos para que sean introducidos por los claveros distritales o municipales en el arca triclave.

(121) “ART. 174.—Terminados los escrutinios distritales y municipales, los registradores, acompañados de miembros uniformados de la fuerza pública, conducirán y entregarán, bajo recibo y con indicación de hora y fecha, a los delegados del Registrador Nacional en sus oficinas de la respectiva capital de circunscripción, las actas de esos escrutinios y demás documentos electorales, para que inmediatamente sean introducidos por los claveros en la respectiva arca triclave, de todo lo cual quedará constancia en un acta.
Los testigos electorales tendrán el derecho de acompañar al registrador y a la fuerza pública en el acto del transporte y ninguna autoridad podrá impedir la vigilancia ejercida por tales testigos, y la violación de ese derecho implicará causal de mala conducta.

(122) Los escrutinios generales que deben realizar los delegados del Consejo Nacional Electoral se iniciarán a las nueve (9) de la mañana del domingo siguiente a las elecciones, en la capital del respectivo departamento.
Los delegados del Consejo deberán iniciar y adelantar el escrutinio general, aunque no se haya recibido la totalidad de los pliegos electorales de los municipios que integran la circunscripción electoral.

(123) “ART. 179.—Los delegados del Consejo Nacional Electoral podrán solicitar, cuando lo estimen necesario, las actas de escrutinios que conserven los funcionarios o corporaciones, los cuales deberán enviarlas inmediatamente, dejando para sí copias autenticadas. También podrán solicitar cualquier otro documento que consideren indispensable.

(124) “ART. 180.—Si se presentare apelación contra las decisiones de los delegados del consejo o hubiere desacuerdo entre ellos, éstos se abstendrán de hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales; en tales casos está función corresponderá al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con los resultados que arroje la revisión que practique la corporación.
Las apelaciones que se presenten contra las decisiones de los delegados del consejo o los desacuerdos que ocurran entre ellos, no los exime de la obligación de hacer el cómputo total de votos, el que anotarán en las actas de escrutinio.

(125) “ART. 187.—Corresponde al Consejo Nacional Electoral:
a) Hacer el escrutinio general de los votos emitidos para Presidente de la República en el territorio nacional y en las embajadas y consulados colombianos en el exterior, con base en las actas y registros válidos de los escrutinios practicados por sus delegados y las actas válidas de los jurados de votación en el exterior;
b) Conocer de las apelaciones que interpongan los testigos de los partidos, los candidatos o sus representantes en el acto de los escrutinios generales contra las decisiones de sus delegados;
c) Desatar los desacuerdos que se presenten entre sus delegados. En tales casos, hará la declaratoria de elección y expedirá las correspondientes credenciales.

(126) “ART. 265.—<Artículo modificado por el artículo 12 del Acto Legislativo 1 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Consejo Nacional Electoral regulará, inspeccionará, vigilará y controlará toda la actividad electoral de los partidos y movimientos políticos, de los grupos significativos de ciudadanos, de sus representantes legales, directivos y candidatos, garantizando el cumplimiento de los principios y deberes que a ellos corresponden, y gozará de autonomía presupuestal y administrativa. Tendrá las siguientes atribuciones especiales:
(…)
8. Efectuar el escrutinio general de toda votación nacional, hacer la declaratoria de elección y expedir las credenciales a que haya lugar. (…)”

(127) La cita corresponde a MORALES MOLINA, Hernando. Curso de Derecho Procesal Civil. Parte General. 9 ed. Editorial ABC. Bogotá. 1985, pp. 191 y 192.

(128) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia de 23 de septiembre de 2010. Exp. 070012331000200900034-01. Demandante: Albeiro Vanegas Osorio y otro. Demandado: Gobernador de Arauca, M.P. Mauricio Torres Cuervo. También se puede consultar la Sentencia de 2 de octubre de 2009. Exp. 110010328000200600122-00(4063-4055). Demandante: Clara Eugenia López Obregón y otros. Demandados: representantes a la Cámara por Bogotá D.C, M.P. Filemón Jiménez Ochoa.

(129) Folios 100 a 118 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(130) Folios 91 a 99 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(131) Folio 92 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(132) De la lectura del acta se aprecia que varios municipios fueron escrutados sin novedad y en esa medida por no constituir el objeto de debate la Sala considera que no es necesario ninguna referencia adicional al respecto. Tal consideración se aprecia en el acta y en específico se registró una anotación al folio 112 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(133) Respecto de este municipio en el Acta se consignó lo siguiente: “Se procede a examinar los pliegos del municipio de Montecristo. El acta general de escrutinios se encuentra sin ninguna novedad o reclamación. Acto seguido se procede a dar lectura a los pliegos electorales encontrándolos conforme con el escrutinio municipal E-26, CONFORME, Senado, Cámara y Parlamento Andino; se presenta RECLAMACIÓN Y DERECHO DE PETICIÓN, relacionado con este municipio. Se deja constancia de la presencia de los miembros del comité de garantías electorales, el doctor OSWALDO ENRIQUE ORTIZ, solicita se le permita ver el acta general de escrutinios de este municipio, para lo cual esta comisión, accede manifestando que dejara (sic) constancia por escrito. Se procede a dar respuesta a las reclamaciones mediante las RESOLUCIONES 016, 017 y 018 de MARZO 19 DE 2014, Se declara escrutado el MUNICIPIO DE MONTECRISTO. Se deja constancia del escrito presentado antes los delegados de Bolívar, por el señor MARTÍN EMILIO BERRIO, quien actuó en la comisión escrutadora del municipio de Montecristo y da cuenta que el escrutinio en este municipio se realizó con las debidas garantías, a pesar de las que no lo interrumpieron”. (fl. 111 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084).

(134) Al respecto se consignó. “Se solicita a los señores claveros, la custodia de los pliegos del municipio de SAN JACINTO. El acta general de escrutinios se encuentra con la siguiente novedad, se encuentra (sic) legalmente concedidos DOS RECURSOS DE APELACIÓN contra mesas del municipio de SAN JACINTO, teniendo en cuenta lo anterior, esta comisión procede a solicitar a los recurrentes si así los consideran, adicionen sus escritos de apelación y entrar a definir de conformidad. Se da lectura al E-26 CÁMARA, SENADO Y PARLAMENTO ANDINO, en la cual no se presenta observación o reclamación en esta instancia”. (fls. 112 y 113 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084).

(135) En el acta se registró al respecto: “Acto seguido y teniendo en cuenta que se presenta RECUSACIÓN por parte del candidato LUIS GUILLERMO OTOYA GERDTS, contra uno de los miembros de la comisión escrutadora, exactamente contra la dra. YAMILY CORRALES ALBÁN, esta comisión se pronuncia en el sentido, primero, la dra. YAMILY CORRALES ALBÁN, no se declara impedida para actuar, y segundo la comisión escrutadora departamental, ordena continuar el escrutinio. Acto seguido la comisión escrutadora departamental, replantea la posición jurídica y RESUELVE: SUSPENDER la presente audiencia de escrutinios departamentales, y enviar de inmediato la solicitud de recusación promovida, para ante el Consejo Nacional Electoral; se reanudará la audiencia el día lunes 25 de marzo a las 3:00 pm. Siendo las 3:30 pm. Del día 25 de marzo de 2014, se da inicio al escrutinio departamental, acto seguido la dra. YAMILY CORRALES, da lectura de la Resolución 1293 de 25 de marzo de 2014, suscrita por el presidente y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, se niega la recusación presentada contra la dra. YAMILY CORRALES ALBÁN (…) Se deja constancia que el doctor LUIS GUILLERMO OTOYA GERDTS, ni el apoderado se encuentran en la audiencia, por lo anterior no se le puede entregar copia de la Resolución (…)” (fls. 113 y 114 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084).

(136) Obra en el acta el siguiente contenido: “(…) Acto seguido el doctor ALCIDEZ ARRIETA MESA, apoderado del candidato a la Cámara de Representantes por el movimiento Centro Democrático Mano Firme, LUIS GUILLERMO OTOYA GERDTS, solicita reclamación sobre el escrutinio del municipio de Arjona, por irregularidades en la clasificación de los votos y total de votos. Igualmente el doctor ALCIDES ARRIETA MEZA, en su escrito solicita saneamiento de Nulidades, que le hagan recuento de los votos de los municipios, zonas, puestos que se permiten adjuntar con la solicitud. Solicitud de la doctora SANDRA ELENA GARCÍA TIRADO, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, en el sentido de que se excluya la mesa del corregimiento de Villa Uribe del municipio de Montecristo, (EXTEMPORÁNEA), igualmente la doctora SANDRA ELENA GARCÍA TIRADO, solicita la verificación de las actas de votación de los municipios de Magangué, Mahates y San Jacinto del Cauca, Morales, Regidor, Rio Viejo, Santa Catalina y Simití, esta solicitud es (EXTEMPORÁNEA), el doctor PEDRITO TOMÁS PEREIRA , Candidato a la Cámara de REPRESENTANTES POR EL Partido Conservador, presenta una adición a la sustentación del recurso de apelación presentado por su apoderado Doctor RAMIRO ANTONIO MARTÍNEZ ROMERO, por presentarse alteraciones en la mesa 32 del municipio de San Jacinto y por ello solicita la exclusión de la mesa, igualmente el doctor PEDRITO TOMÁS PEREIRA CABALLERO, Candidato a la Cámara de Representantes, por el Partido Conservador Colombiano, quien presenta sustentación del recurso de apelación presentado por el (sic) Ramiro Antonio Martínez, el pasado 14 de marzo de 2014, en el municipio de San Jacinto, Se resuelven estas reclamaciones mediante resoluciones que se anexan a la presente (…)”(fls. 114 y 115 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084).

(137) En el acta se dejó constancia que se expidieron estas resoluciones que resuelven las reclamaciones presentadas, las cuales se notifican en estrados. (fl. 116 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084).

(138) Esta constancia se aprecia al folio 116 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(139) Se advierten a los folios 496 y 497 del c. pruebas Exp. 2014-0080.

(140) Ello prueba la existencia de 2 versiones de acta.

(141) Folio 118 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(142) Visible a los folios 509 a 539 del c. de pruebas Expediente 2014-0080.

(143) Esta circunstancia de divergencia la plantea con especificidad la demandante del expediente 2014-0080, cuando pone de manifiesto las diferencias de contenidos y horas de culminación de las diligencias.

(144) Según la Real Academia de la Lengua el software es el “Conjunto de programas, instrucciones y reglas informáticas para ejecutar ciertas tareas en una computadora”. Se puede consultar en http://dle.rae.es/?id=YErlG2H.

(145) “En todo caso prevalece ante cualquier inquietud, el acta general de escrutinio realizada por la comisión escrutadora departamental, la cual se debe anexar esta acta generada por el software, el acta general realizada por la comisión se efectúa debido a observaciones que a veces no quedan incluidas en el acta del software”. Folio 92 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(146) Folio 118 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(147) Folio 99 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(148) Folio 116 -117 del cuaderno 1A de anexos. Exp. 2014-0084.

(149) Esta transcripción corresponde a la intervención de la delegada Yamily Corrales Albán en la audiencia de escrutinios departamentales, que dan cuenta de las diferencias en torno a lo decidido como integrante de esa comisión escrutadora. Su intervención se puede verificar al minuto 1:11:22 a 1:14:40 de la grabación acompañada por las partes demandantes.

(150) Visible a los folios 227 a 246 del c. de pruebas del Exp. 2014-0080.

(151) “ART. 180.—Si se presentare apelación contra las decisiones de los delegados del consejo o hubiere desacuerdo entre ellos, éstos se abstendrán de hacer la declaratoria de elección y de expedir las credenciales; en tales casos está función corresponderá al Consejo Nacional Electoral, de acuerdo con los resultados que arroje la revisión que practique la corporación.
Las apelaciones que se presenten contra las decisiones de los delegados del consejo o los desacuerdos que ocurran entre ellos, no los exime de la obligación de hacer el cómputo total de votos, el que anotarán en las actas de escrutinio.

(152) Consejo de Estado, sección quinta, Sentencia del 30 de octubre de 2015. Rad. 25000-23-41-000-2015-0543-00, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Demandado: Ministro plenipotenciario de Argentina.

(153) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo, sección quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2016. Rad. 66001-23-33-000-2016-00117-01. Actor: César Augusto Arroyave Gil. Demandado: Henry Rincón Álzate - Contralor del municipio de Dosquebradas (Risaralda) para el periodo 2016-2019, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(154) Visible a los folios 227 a 246 del c. de pruebas del Exp. 2014-0080.

(155) Folios 541-542 del cuaderno anexo Exp. 2014-0080.

(156) “ART. 244.—Documento auténtico. Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, firmado, o cuando exista certeza respecto de la persona a quien se atribuya el documento.
Los documentos públicos y los privados emanados de las partes o de terceros, en original o en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de la voz o de la imagen, se presumen auténticos, mientras no hayan sido tachados de falso o desconocidos, según el caso.
También se presumirán auténticos los memoriales presentados para que formen parte del expediente, incluidas las demandas, sus contestaciones, los que impliquen disposición del derecho en litigio y los poderes en caso de sustitución.
Así mismo se presumen auténticos todos los documentos que reúnan los requisitos para ser título ejecutivo.
La parte que aporte al proceso un documento, en original o en copia, reconoce con ello su autenticidad y no podrá impugnarlo, excepto cuando al presentarlo alegue su falsedad. Los documentos en forma de mensaje de datos se presumen auténticos.
Lo dispuesto en este artículo se aplica en todos los procesos y en todas las jurisdicciones.”

(157) “ART. 122.—Los testigos electorales supervigilarán las elecciones y podrán formular reclamaciones escritas cuando el número de sufragantes de una mesa exceda el número de ciudadanos que podían votar en ella; cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al computar los votos; cuando, con base en las papeletas de votación y en las diligencias de inscripción, aparezca de manera clara e inequívoca que en el acta de escrutinio se incurrió en error al anotar el nombre o apellidos de uno o más candidatos; y cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos. Tales reclamaciones se adjuntarán a los documentos electorales y sobre ellas se resolverá en los escrutinios. Las reclamaciones que tuvieren por objeto solicitar el recuento de papeletas, serán atendidas en forma inmediata por los jurados de votación, quienes dejarán constancia en el acta del recuento practicado (…)”.

(158) “ART. 192.—El Consejo Nacional Electoral o sus delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales: (…) 11. Cuando aparezca de manifiesto que en las actas de escrutinios se incurrió en error aritmético al sumar los votos consignados en ella”.

(159) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 4 de febrero de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2014-00110-00. Actor: Carlos Nery López Carbono. Demandado: representantes a la Cámara por el departamento del Magdalena, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(160) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00 y otros. Demandante: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: senadores de la República (2010-2014), M.P. Alberto Yepes Barreiro. Al respecto también se pueden consultar las siguientes providencias proferidas por la sección quinta: 1. Fallo del 29 de junio de 2001. Exp. 11001-03-28-000-2001-0009-01(2477); 2. Fallo de 9 de julio de 2009. Exp. 680012315000200700690-01. Actor: Jorge Arenas Pérez. Demandado: Diputado de Santander, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(161) Ibídem 121.

(162) “ART. 163.—Modificado por el artículo 11, Ley 62 de 1988. Al iniciarse el escrutinio el registrador dará lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave y los pondrá de manifiesto a la comisión escrutadora.
En seguida procederá a abrir, uno a uno, los sobres que contienen los pliegos de las mesas de votación, y dejará en el acta general las correspondientes constancias sobre el estado de dichos sobres, lo mismo que respecto de las tachaduras, enmendaduras o borrones que advierta en las actas de escrutinio, cotejando de manera oficiosa las que tuviere a su disposición para verificar la exactitud o diferencias de las cifras de los votos que haya obtenido cada lista de candidatos y de manera especial observará si las actas están firmadas por menos de tres (3) de los jurados de votación. Además dejará constancia expresa sobre si fueron introducidas dichas actas en el arca triclave dentro del término legal o extemporáneamente, conforme al artículo 144 de este Código.
Si se comprobaren las anteriores irregularidades se procederá al recuento de votos. Si no se advirtieren, el cómputo se hará con base en las actas de los jurados de votación cuyos resultados serán leídos en voz alta por el Registrador del Estado Civil. Las actas se exhibirán públicamente y a los interesados que los soliciten al tiempo de anotar los votos emitidos a favor de cada lista o candidato.”

(163) Este estudio se realizará en los cuadros 5.2.4.1 a 5.2.4.4, en los que la Sala Analizará si los casos planteados constituyen o se enmarcan en una causal de reclamación.

(164) Respecto de esta reclamación que genera el recuento de votos la norma en cita prevé: “Las comisiones escrutadoras, a petición de los candidatos, se sus representantes o de los testigos electorales debidamente acreditados, podrán verificar el recuento de los votos emitidos en una determinada mesa. La solicitud de recuento de votos deberá presentarse en forma razonada y de la decisión de la comisión se dejará constancia en el acta.
Estas comisiones no podrán negar la solicitud de recuento cuando en las actas de los jurados de votación aparezca una diferencia del diez por ciento (10%) o más entre los votos por las listas de candidatos para las distintas corporaciones públicas que pertenezcan al mismo partido, agrupación o sector político. Tampoco podrá negar la solicitud cuando en las actas de los jurados aparezcan tachaduras o enmendaduras en los nombres de los candidatos o en los resultados de la votación, o haya duda a juicio de la comisión, sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados de votación.
Verificado el recuento de votos por una comisión escrutadora, no procederá otro alguno sobre la misma mesa de votación”.

(165) “ART. 142.—<Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. […]”.

(166) La reclamación la elevó el apoderado del grupo significativo de ciudadano Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande.

(167) Visible a los folios 121 a 128 del expediente 2014-0076.

(168) La reclamación la elevó el apoderado del grupo significativo de ciudadano Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande.

(169) Visible a los folios 132-140 del expediente 2014-0076.

(170) En este escrito formuló un acápite denominado inaplicabilidad del principio de preclusividad de las instancias.

(171) La reclamación la elevó el apoderado del grupo significativo de ciudadano Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande.

(172) Visible a los folios 149 - 154 del expediente 2014-0076.

(173) En este escrito formuló un acápite denominado inaplicabilidad del principio de preclusividad de las instancias.

(174) La reclamación la elevó el apoderado del grupo significativo de ciudadano Centro Democrático Mano Firme Corazón Grande.

(175) Visible a los folios 82-86 del expediente 2014-0076.

(176) En este escrito formuló un acápite denominado inaplicabilidad del principio de preclusividad de las instancias.

(177) De manera general se puede advertir en las mencionadas resoluciones argumentos en los siguientes términos: “no se aporta prueba documental alguna, como tampoco se evidenció que el ahora el quejoso haya efectuado reclamación alguna ante la comisión escrutadora municipal, esta comisión atendiendo, que ante todo, mal podrían aceptarse reclamaciones genéricas, carentes de las precisiones con relación a las causales legales”.

(178) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Rad. 11001-03-28-000-2015-00016-00, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez. Actor: municipio de Girardot.

(179) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 13 noviembre de 2014. Rad. 11001-03-28-000-2014-00046-00. Actor: Jorge Julián Silva Meche. Demandado: representantes a la Cámara por el departamento de Vichada, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(180) “[…] En los escrutinios generales solo procederá el recuento de los votos emitidos en una mesa, cuando la comisión escrutadora distrital o municipal respectiva se hubiere negado a hacerlo, su decisión hubiere sido apelada oportunamente y los delegados del Consejo Nacional Electoral hallaren fundada la apelación”.

(181) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 13 noviembre de 2014. Rad. 11001-03-28-000-2014-00046-00. Actor: Jorge Julián Silva Meche. Demandado: representantes a la Cámara por el departamento de Vichada, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(182) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia de 10 de mayo de 2013. Expedientes acumulados: 110010328000201000061-00 y otros. Demandante: Astrid Sánchez Montes de Oca y otros. Demandados: senadores de la República (2010-2014), M.P. Alberto Yepes Barreiro. Al respecto también se pueden consultar las siguientes providencias proferidas por la sección quinta: 1. Fallo del 29 de junio de 2001. Exp. 11001-03-28-000-2001-0009-01(2477); 2. Fallo de 9 de julio de 2009. Exp. 680012315000200700690-01. Actor: Jorge Arenas Pérez. Demandado: Diputado de Santander, M.P. María Nohemí Hernández Pinzón.

(183) Esta sección, en torno al principio de eventualidad o de preclusión para agotar el requisito de procedibilidad en las elecciones para autoridades del orden territorial, se percató de su desarrollo en la Resolución 4121 de 2001, expedida por el CNE, y al efecto señaló:
“La Sala considera que la disposición constitucional es precisa cuando señala que las irregularidades en el proceso de votación y de escrutinios deben someterse a examen de la autoridad administrativa “correspondiente”, y la Resolución 4121 de 2011 del CNE es clara en cuanto a que para agotar el requisito de procedibilidad en los eventos de elecciones del orden municipal o distrital, las solicitudes deben presentarse “solamente” ante las comisiones escrutadoras auxiliares, municipales o distritales.” (Auto de 24 de marzo de 2012. Exp. 440012331000201100209-01. Actor: Carlos Andrés Vanegas Pushaina. Demandados: Concejales del municipio de Uribia, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(184) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia de 25 de julio de 2013. Exp. 730012331000201200047-01. Actor: Enrique Barragán Liévano. Demandado: diputados del Tolima, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(185) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia de 12 de septiembre de 2013. Exp. 110010328000201000064-00. Demandante: Orsinia Patricia Polanco Jusayú. Demandados: representantes a la Cámara por la circunscripción indígena, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

(186) En reciente pronunciamiento la sección señaló: “Se impuso como obligación para ejercer el medio de control de nulidad electoral, en tratándose de elecciones por voto popular, que en los casos en que éste se funde en irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, de manera previa a la declaratoria de la elección y ante las autoridades administrativas electorales, se haya puesto de presente las irregularidades que puedan constituir nulidad de la misma. Tal requisito quedó supeditado conforme a la causal de nulidad electoral y fijó la regla relativa a la legitimación en la causa por activa para su agotamiento, estableciendo que cualquier persona puede promoverlo. Significa lo anterior que todo ciudadano ante la presencia de irregularidades que puedan conllevar la nulidad del acto de elección por voto popular, se encuentra legitimado para acudir ante la autoridad electoral correspondiente, con el propósito que las examine y, si hubiere lugar a ello, las corrija con el fin último de lograr mantener la voluntad popular. No se requiere que la correspondiente autoridad electoral las decida, con el sólo hecho de haberlas sometido a su examen de manera oportuna, se acredita el cumplimiento de agotamiento del requisito de procedibilidad. De cara a lo anterior, el agotamiento del requisito de procedibilidad se constituye en un presupuesto procesal del medio de control de nulidad electoral, en los eventos consagrados en el numeral 3º del artículo 275 de la Ley 1437 de 2011; razón por la cual corresponde al juez al momento de admitir la demanda verificar su cumplimiento.” Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia de 21 de septiembre de 2016. Rad. 44001-23-33-000-2015-00172-01. Actor: Amilkar Hernando Gómez Toro, C.P. Rocío Araujo Oñate.

(187) La Sala refiere que mediante comunicado de prensa Nº 24 de 3 de mayo de 2017, el cual se puede consultar en el link http://www.corteconstitucional.gov.co/comunicados, la Corte Constitucional informó que mediante sentencia que identificó como la C-283 de 2017, declaró inexequible el numeral 6º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 que contiene el requisito de procedibilidad en la acción electoral; sin embargo, a la fecha dicha decisión no ha sido objeto de notificación.

(188) Visible a los folios 570 a 572 del expediente 2014-0084.

(189) Visible a los folios 567 a 569 del expediente 2014-0084.

(190) Visible a los folios 564 a 566 del expediente 2014-0084.

(191) Información tomada de la resolución.

(192) Visible a los folios 578-582 del expediente 2014-0084.

(193) “ART. 237 […] PAR. Para ejercer el Contencioso Electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

(194) Folio 403-404 del expediente 2014-0084. Se resolvió. “No acceder y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA por no reunir los requisitos formales y sustanciales y no enmarcarse su petición dentro de las cuales establecidas en el artículo 275 del Código Contencioso Administrativo (sic)”.

(195) La reclamación la elevó el apoderado de la señora Sandra García Tirado, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Se resolvió. “No acceder y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA por no reunir los requisitos formales y sustanciales”.

(196) Visible a los folios 570 a 572 del expediente 2014-0084.

(197) Folios 405-406 del expediente 2014-0084.

(198) La reclamación la elevó el apoderado de la señora Sandra García Tirado, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.

(199) Visible a los folios 567 a 569 del expediente 2014-0084.

(200) Folios 407-408 del expediente 2014-0084. Se resolvió. “No acceder y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA por no reunir los requisitos formales y sustanciales”.

(201) La reclamación la elevó el apoderado de la señora Sandra García Tirado, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador.

(202) Visible a los folios 567 a 569 del expediente 2014-0084.

(203) Folios 424 a 425 del expediente 2014-0084. Se resolvió. “No acceder y RECHAZAR DE PLANO el saneamiento de nulidades propuestas por el apoderado MARCELO TAPIA ARIZA, en su calidad de apoderado de la señora Sandra García Tirado candidata a la Cámara de Representantes por el departamento de Bolívar, identificado (sic) con el número 102. Contra el escrutinio practicado en el Distrito de Cartagena, por las razones anotadas en la presente resolución”.

(204) La reclamación la elevó el apoderado de la señora Sandra García Tirado, candidata a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador, según da cuenta la resolución; sin embargo no se encontró el escrito de la misma.

(205) Folio 40 del expediente 2014-0084.

(206) Folios 403-404 del expediente 2014-0084.

(207) Folios 405-406 del expediente 2014-0084.

(208) Folios 407-408 del expediente 2014-0084.

(209) Folios 424-425 del expediente 2014-0084.

(210) Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sentencia de 25 de agosto de 2011, Exp. 11001-03-28-000-2010-00045-00; 11001-03-28-000-2010-00046-00, demandantes: Sandra Liliana Ortiz Nova y otro, demandados: representantes a la Cámara por el departamento de Boyacá, C.P. Susana Buitrago Valencia.

(211) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 4 de febrero de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2014-00110-00. Actor: Carlos Nery López Carbono. Demandado: representantes a la Cámara por el departamento del Magdalena.

(212) Obra al folio 556 a 557 del cuaderno anexo 1º de la corrección de la demanda. Exp. 2014-0080.

(213) Se aprecia al folio 563 a 565 del cuaderno anexo 1º de la corrección de la demanda. Exp. 2014-0080.

(214) “ART. 192.—El Consejo Nacional Electoral o sus delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:
(…)
3. Cuando los cuatro (4) ejemplares de las actas de escrutinio de los jurados de votación estén firmados por menos de tres (3) de éstos.

(215) Visible al folio 558 a 560 del cuaderno anexo 1º de la corrección de la demanda. Exp. 2014-0080.

(216) Folio 453 del c. 1 del expediente 2014-0080.

(217) Esta debe entender modificada con el parágrafo del artículo 5 de la Ley 163 de 1994 que dice: “Las actas de escrutinio de los jurados serán válidas cuando estén firmadas al menos, por dos de ellos”.

(218) Visible a los folios 558 a 560 del expediente 2014-0080. Cuaderno de anexos Nº 1.

(219) El escrito lo presentó el apoderado de la candidata Sandra García Tirado y se aprecia también a los folios 383 a 385 del c. 1 ppal. del expediente 2014-0080.

(220) Folio 383 c.1 ppal. Exp. 2014-0080.

(221) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 3 de noviembre de 2016. Rad. 50001-23-33-000-2015-00666-02. Actor: Gentil Briceño Sánchez. Demandado: Acto de elección de diputados por el departamento de Vaupés, C.P. Rocío Araujo Oñate.

(222) Folio 556 cuaderno anexo de pruebas. Exp. 2014-0080.

(223) Estos dos formularios guardan identidad jurídica. Así lo ha explicado la sección: “El formulario E-14 o acta de escrutinio de jurados de votación, se rige por lo dispuesto en el artículo 142 del Código Electoral, modificado por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1990, que dispone: “Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil”. Dicho formulario se emplea para hacer constar los escrutinios que corresponde adelantar a los jurados de votación inmediatamente finaliza la jornada electoral, para lo cual es preciso dejar expresa mención de la votación obtenida por las distintas opciones políticas, esto es por las listas y candidatos, según se trate de lista inscrita con o sin voto preferente, así como de la votación depositada a favor del voto en blanco, e incluso los votos que resulten nulos y las tarjetas no marcadas, pues todo ello permite conocer con detalle lo ocurrido en la mesa y desde luego practicar un control pormenorizado a la votación. De ese documento, por decisión del legislador, deben expedirse dos ejemplares “IGUALES”, del cual uno se destinará al arca triclave y otro a los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil.” Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 10 de mayo de 2013. Rad. 11001-03-28-000-2010-00061-00. Actor: Astrid Sánchez Montes De Oca y otros. Demandado: Senadores de la República 2010 A 2014, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(224) Para una lectura armónica de esta disposición debe tenerse en cuenta que el PARÁGRAFO 2º del artículo 5º de la Ley 163 de 1994, dispuso que “Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos:”

(225) Folios 395 a 396 del cuaderno 1A del expediente 2014-0084.

(226) Folios 397 a 398 del cuaderno 1A del expediente 2014-0084.

(227) “ART. 137.—Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.
Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió. (…)”

(228) “ART. 275.—Causales de anulación electoral. Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este Código y, además, cuando:
1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales. (…)”

(229) 2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones”.

(230) Específicamente el cargo se planteó en los expedientes 2014-0080 y 2014-0084. La demandante en el expediente 2014-0080 fungió como candidata a las elecciones que se acusan y no resultó elegida.

(231) En el expediente 2014-0080 únicamente se refirió a esta situación respecto de la mesa 1.

(232) Al respecto se puede consultar la Sentencia del Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta, dictada el 24 de noviembre de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2016-00010-00. Actor: Álvaro de Jesús Molina Pabón. Demandado: Eduardo Ignacio Verano de la Rosa - Gobernador del Atlántico, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

(233) Así lo puntualizó en reciente pronunciamiento esta sección: “Conviene acotar que en la Ley 1437 de 2011 se clasificó la violencia, atendiendo a su objeto. Así, la dirigida contra las personas se englobó en el numeral 1º del artículo 275; mientras que aquella que apunta a las cosas, en el numeral 2º. Cualquiera que sea el caso, es dicho fenómeno, entonces, una causa exógena que altera la corrección formal que se debe predicar de un acontecimiento tan significativo como lo es la elección”. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2016. Expedientes 05001-23-33-000-2015-02546-01 (ppal.). Demandantes: Óscar Andrés Pérez Patiño y otros, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

(234) Al respecto se puede consultar la precitada Sentencia del 24 de noviembre de 2016.

(235) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 29 de septiembre de 2016. Exp. 05001-23-33-000-2015-02546-01 (ppal.). Demandantes: Óscar Andrés Pérez Patiño y otros, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.

(236) La copia aportada al expediente y visible al folio 458 del cuaderno 1A expediente 2014-0084 y 445 del cuaderno anexo de pruebas del expediente 2014-0080 aparece cortada, motivo por el cual no se aprecia el texto completo de dicha anotación.

(237) La copia aportada al expediente y visible al folio 459 del cuaderno 1A expediente 2014-0084 aparece cortada, motivo por el cual no se aprecia el texto completo de dicha anotación.

(238) Folio 456 cuaderno anexo de pruebas. Exp. 2014-0080.

(239) También se aportó por el demandante en el expediente 2014-0084.

(240) Visible a los folios 416 a 444 del cuaderno anexo de pruebas. Exp. 2014-0080.

(241) Al folio 412 del expediente del cuaderno anexo de pruebas expediente 2014-0080.

(242) Ver folios 413 a 415 del cuaderno anexo de pruebas expediente 2014-0080.

(243) Todo verificable en el cuaderno anexo de pruebas expediente 2014-0080.

(244) Según lo dispuesto en el artículo 142 del Código Electoral, modificado por el artículo 12 de la Ley 6ª de 1990: “Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato”.

(245) Las mesas 1 y 2 del corregimiento de Villa Uribe del municipio de Montecristo fueron demandas por el actor del expediente 2014-0084.

(246) Para tener en cuenta sobre esta falsedad es del caso traer a colación el siguiente pronunciamiento: “Hasta ahí nos encontramos dentro del ámbito de la reclamación, al punto que la solución administrativa electoral, aunque parezca extraño, es introducir de nuevo los votos, realizar el recuento y al azar destruir el equivalente al exceso que violó la paridad entre el E-11 y el E-14. Pero cuando ese vicio, que en un primer estadio se advierte poco trascendente, se transforma en la típica irregularidad objetiva de nulidad electoral que se judicializa ante el juez de lo contencioso administrativo cuando se traslada al siguiente formulario, pues el hecho de extenderse a la escrutadora siguiente, quien plasma su actuar en el formulario siguiente vulnerando el resultado que ya viene viciado, entra en el ámbito de la falsedad electoral, que de ser comprobada e incidente en el resultado puede dar lugar a la nulidad de elección por falsedad de los documentos electorales”. Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta, C.P. Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del 4 de febrero de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2014-00110-00. Actor: Carlos Nery López Carbono. Demandado: representantes a la Cámara por el departamento del Magdalena.

(247) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sección quinta. Sentencia del 2 de mayo de 2016. Rad. 11001-03-28-000-2014-00107-00. Actor: Eduard Eccehomo Torres Mosquera y otro. Demandado: representantes a la Cámara por el departamento de Chocó, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.

(248) Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sala Plena. Providencia de julio catorce (14) de dos mil quince (2015). Exp. pérdida de investidura (SU)110010315000201400105-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

(249) Consejo de Estado. Sección tercera. Sentencia de junio 6 de 2007. Exp. AP-00029, C.P. María Elena Giraldo Gómez providencia citada en Consejo de Estado. Sala de lo contencioso administrativo. Sala Plena. Providencia de julio catorce (14) de dos mil quince (2015). Exp. (SU)110010315000201400105-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro.

(250) Consultado en www.rae.es

(251) Sentencia 11001-03-28-000-2014-00062-00 de Consejo de Estado. Sección quinta, de 15 de octubre de 2015, C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(252) Mediante comunicado de prensa Nº 24 de 3 de mayo de 2017 la Corte Constitucional informó que por sentencia que identificó como la C-283 de 2017 declaró inexequible el numeral 6º del artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 que contiene el requisito de procedibilidad en la acción electoral. Sin embargo, a la fecha dicha decisión no ha sido objeto de notificación.