Sentencia 2014-0008 de julio 19 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Expediente: 230012333000201400081 01 (0453-2017)

Demandante: José María Burgos Luna

Demandado: Nación, Ministerio de Justicia y del Derecho, Superintendencia de Notariado y Registro

Asunto: Principio de imparcialidad en materia disciplinaria/ Causal de impedimento prevista en el numeral 4 del artículo 84 de la Ley 734 de 2002/Imputación de la falta disciplinaria/ Tipicidad como elemento de la responsabilidad disciplinaria.

Decisión: Confirma sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba que negó las pretensiones de la demanda

Fallo de segunda instancia

Bogotá, D.C., diecinueve de julio de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

2.1. Planteamiento del problema jurídico

Revisada de manera integral y detallada la sentencia impugnada, el recurso de apelación y los argumentos planteados en los alegatos de conclusión por la parte demandada, encuentra la Sala que para resolver el medio de impugnación objeto del presente asunto deberá atender el siguiente planteamiento:

i). Problema jurídico. Determinar si la Superintendencia de Notariado y Registro incurrió en desconocimiento del derecho al debido proceso del accionante, en el trámite del procedimiento administrativo disciplinario promovido en su contra por: a) desconocimiento del principio de imparcialidad, por vulneración del régimen de impedimentos y recusaciones previsto en la Ley 734 de 2002; b) realización indebida imputación jurídica en el acto de formulación de cargos; c) haber declarado disciplinariamente responsable al accionante de la comisión de las faltas disciplinarias imputadas sin acreditar la tipicidad como elemento de la responsabilidad disciplinaria.

2.2. Resolución del problema jurídico planteado

Para desatar el planteamiento expuesto, la Sala deberá: i) estudiar la naturaleza del derecho al debido proceso en las actuaciones administrativas; ii) luego analizar cada una de las irregularidades expuestas por el demandante, para finalmente; iii) establecer si la entidad accionada incurrió en expedición irregular de los actos administrativos demandados por violación del derecho al debido proceso.

2.2.1. El debido proceso administrativo

La Constitución Política de 1991, en su artículo 29 consagró el derecho fundamental al debido proceso, en aplicación al principio de legalidad,(38) el cual constituye uno de los fundamentos esenciales del Estado Social de Derecho,toda vez que impone un límite al ejercicio del poder público, en especial, a la aplicación del ius puniendi, teniendo en cuenta que las funciones del Estado deben ser desarrolladas, con la estricta observancia de los lineamientos o parámetros establecidos previamente por el legislador.

El debido proceso, además de ser un límite al ejercicio del poder público, representa un mecanismo de protección a los derechos de los ciudadanos, pues el Estado no puede limitar su ejercicio o cercenarlos de manera arbitraria o deliberada. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el debido proceso como un conjunto de lineamientos, parámetros o exigencias consagradas por una Ley, de aplicación obligatoria en cualquier actuación del Estado, bien sea judicial o administrativa.(39)

Entonces, en el ámbito de las actuaciones administrativas, el derecho fundamental objeto de estudio en el presente acápite ha sido denominado por la jurisprudencia y la doctrina, como debido proceso administrativo, que hace referencia a la aplicación de los procedimientos legalmente establecidos por parte de las entidades del Estado, en el curso de cualquier actuación administrativa, con el propósito de garantizar los derechos de las personas que puedan resultar afectadas por las decisiones de la administración. La jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, en reiteradas oportunidades ha sostenido que el debido proceso administrativo está constituido por las siguientes prerrogativas:

“(i) ser oído durante toda la actuación, (ii) a la notificación oportuna y de conformidad con la ley, (iii) a que la actuación se surta sin dilaciones injustificadas, (iv) a que se permita la participación en la actuación desde su inicio hasta su culminación, (v) a que la actuación se adelante por autoridad competente y con el pleno respeto de las formas propias previstas en el ordenamiento jurídico, (vi) a gozar de la presunción de inocencia, (vii) al ejercicio del derecho de defensa y contradicción, (viii) a solicitar, aportar y controvertir pruebas, y (ix) a impugnar las decisiones y a promover la nulidad de aquellas obtenidas con violación del debido proceso”.(40)

En virtud de lo expuesto, el debido proceso administrativo impone a las entidades del Estado adelantar cualquier actuación o procedimiento administrativo, cuyo propósito sea crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas, con la estricta observancia de los lineamientos previamente consagrados por el legislador, esto con el objeto de garantizar a los ciudadanos que puedan verse afectados por el ejercicio de la función pública, la protección de sus derechos de contradicción y defensa.

Cabe destacar en este punto, que no toda irregularidad dentro del procedimiento administrativo o inobservancia de los requisitos formales por parte de la administración pública, constituye por sí sola, un motivo para declarar la nulidad de los actos administrativos producto de una actuación administrativa. Estos solo podrán ser anulados, cuando los vicios dentro del procedimiento impliquen el desconocimiento de las garantías fundamentales de contradicción y defensa de quien pueda resultar afectado con su expedición, es decir, que la nulidad de un acto administrativo por desconocimiento del debido proceso administrativo puede ser decretada únicamente cuando dentro del proceso para su elaboración se presenten irregularidades sustanciales o esenciales, que vulneren garantías constitucionales.

Las irregularidades o vicios, que puedan presentarse en el desarrollo del proceso de expedición de un acto administrativo, que no impliquen el desconocimiento de las garantías constitucionales del afectado, no tienen la relevancia para generar la nulidad del mismo, pues esto no desconoce la finalidad del debido proceso administrativo, es decir, la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entonces tales vicios de procedimiento son considerados como irregularidades intrascendentes o irrelevantes.

Conforme lo expuesto, procede la Sala a estudiar cada uno de los planteamientos formulados en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, para determinar si la autoridad disciplinaria incurrió en las irregularidades invocadas, y si de haber ocurrido, estas desconocieron garantías constitucionales del demandante, por tanto constituyen vicios sustanciales con la virtud de generar la nulidad las decisiones disciplinarias demandadas.

2.2.2. Desconocimiento del principio de imparcialidad, por vulneración del régimen de impedimentos y recusaciones previsto en la Ley 734 de 2002

Estudiado el recurso de apelación objeto del presente asunto encuentra la Sala que el demandante expone los siguientes argumentos contra la sentencia impugnada: i) que el Tribunal administrativo de Córdoba incurrió en un error argumentativo al afirmar que le correspondía a él como parte interesada recusar al entonces Superintendente de Notariado y Registro Dr. Jorge Enrique Vélez García, por considerarlo incurso en causal de impedimento para proferir decisión de segunda instancia dentro del proceso disciplinario adelantado en su contra, toda vez que en su sentir, la Ley impone a la autoridad disciplinaria, la carga de declarar su impedimento para conocer determinada actuación en virtud del principio de imparcialidad y ii) que el fallador disciplinario de segunda instancia actuó de mala fe al no apartarse del conocimiento de la actuación disciplinaria, dado que se encontraba incurso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 4º del artículo 84 de la Ley 734 de 2002.

En consecuencia de lo expuesto, para resolver este cargo considera necesario la Sala determinar: i) a quien corresponde invocar causal de impedimento o recusación y; ii) si el entonces Superintendente de Notariado y Registro se encontraba incurso en la causal de impedimento prevista en el artículo 84 numeral 4º de la Ley 734 de 2002.

2.2.2.1. El principio de imparcialidad en materia disciplinaria.

El principio de imparcialidad es una de las instituciones dentro del Estado social de derecho que busca garantizar esencialmente los derechos constitucionales de igualdad y debido proceso a los administrados, previstos por la Constitución Política, en concordancia con los tratados de derecho internacional ratificados por Colombia.(41) Por tanto, dicho principio debe ser observado por todos los servidores del Estado, especialmente aquellos que ejercen la administración de justicia y la función pública, pues sus decisiones y actuaciones deben estar encaminadas a la protección del interés general, dejando de lado intereses personales o de particulares.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado,(42) que el principio de imparcialidad implica que el funcionario que ejerce funciones jurisdiccionales o administrativas no tenga interés directo o indirecto, se encuentre involucrado en los asuntos de su conocimiento, tenga una posición tomada o preferencia por alguna de las partes involucradas en la decisión a proveer, pues ello va en desmedro de la autoridad como órgano imparcial y de los derechos de las personas.

En ese orden, la jurisprudencia constitucional en reiteradas ocasiones(43) ha resaltado la trascendencia del ejercicio imparcial de la administración de justicia y de la función pública por parte del Estado, en atención a que los actos proferidos por los funcionarios públicos que gozan de tales atribuciones, entran a definir situaciones jurídicas de los ciudadanos, en razón a ello, dichas funciones deben ser asumidas de forma objetiva, libre de toda inclinación respecto del sentido en que deba ser adoptada una decisión, con la finalidad de propiciar un trato igualitario a todas las personas que se encuentren en determinada situación fáctica y jurídica.

Resulta claro entonces, que el principio en cuestión es uno de los pilares fundamentales que rige el ejercicio de las actuaciones administrativas desarrolladas por las entidades del Estado, que impone a estas el deber de asegurar y garantizar los derechos de las personas sin discriminación alguna, otorgándoles la igualdad en su trato. El principio de imparcialidad se encuentra previsto en el artículo 3º numeral 3º de la Ley 1437 de 2011 –Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo- cuyo tenor literal dispone:

“ART. 3º—Principios. (...).

3. En virtud del principio de imparcialidad, las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y, en general , cualquier clase de motivación subjetiva”.

Mediante sentencia del 26 de octubre de 2017, la Sección Segunda, Subsección A de esta corporación,(44) se refirió a la importancia de la aplicación del principio de imparcialidad en el curso del trámite del proceso administrativo disciplinario regulado por la Ley 734 de 2002, en los siguientes términos:

“La Ley 734 de 2002 le da especial relevancia al principio de la imparcialidad cuando se refiere a la función pública (art. 22), a los deberes de los servidores públicos (art. 34 numerales. 2.º, 6.º y 38), a los principios del procedimiento disciplinario (art. 94(45)) y a la búsqueda de la prueba dentro del mismo (art. 129). Su acepción en materia disciplinaria se puede resumir en el concepto expresado por la Corte Constitucional al señalar:

«[e]l principio de imparcialidad, como parte del debido proceso disciplinario, debe ser entendido como la garantía con la cual se asegura que el funcionario que adelante la investigación, o que conozca de los recursos interpuestos contra las actuaciones adelantadas, obre efectivamente como tercero neutral, tanto ante el sujeto disciplinado como ante la causa misma y el objeto o situación fáctica que se analiza. Un tercero que además deba desarrollar sus competencias, sin prejuicios ni posturas previas que afecten su ánimo y la sana crítica para actuar y en su momento decidir.»

Debe tenerse en cuenta que si bien el hecho de que en materia disciplinaria la administración ostenta la doble condición de juez y parte, pues quien adelanta la investigación también define si existe responsabilidad del implicado, lo cierto es que en la labor de instrucción y recaudo de la prueba está especialmente condicionada por la búsqueda de la verdad real, por lo cual debe imprimir el mismo rigor para verificar tanto los aspectos desfavorables como los favorables, en relación con la conducta que le corresponde analizar (L. 734/2002, art. 129)”.

Teniendo en cuenta lo expuesto, y con el objeto de garantizar la efectividad y aplicación del principio de imparcialidad en materia disciplinaria, el legislador dispuso una lista de eventos o situaciones, en los que la autoridad competente para tramitar una actuación disciplinaria, debe apartarse del conocimiento de la misma, en términos generales, por tener interés directo o indirecto en el resultado del proceso, haber manifestado su posición sobre el asunto a decidir, o por circunstancias de afecto, filiación o repudio respecto de alguna de las partes intervinientes en la actuación, en aras de obtener una decisión objetiva e imparcial, tomada en derecho y con observancia de las garantías constitucionales y legales del disciplinado. Dichas situaciones se encuentran previstas en el artículo 84 de la Ley 734 de 2002 y pueden ser puestas de presente por el mismo funcionario que ejerce función disciplinaria, mediante la declaración espontanea de su impedimento, o por parte de los sujetos procesales a través de una recusación.

Resalta la Sala que tanto los impedimentos como las recusaciones son herramientas jurídicas encaminadas a garantizar el derecho al debido proceso, con la protección y eficacia de principios esenciales de la actuación disciplinaria, en especial la imparcialidad e independencia del funcionario competente para decidir el asunto, dichas herramientas se encuentran consagradas en los artículos 85 y 86 de la Ley 734 de 2002 respectivamente, cuyo texto indica:

“ART. 85.—Declaración de impedimento. El servidor público en quien concurra cualquiera de las anteriores causales debe declararse inmediatamente impedido, una vez la advierta, mediante escrito en el que exprese las razones, señale la causal y si fuere posible aporte las pruebas pertinentes.

ART. 86.—Recusaciones. Cualquiera de los sujetos procesales podrá recusar al servidor público que conozca de la actuación disciplinaria, con base en las causales a que se refiere el artículo 84 de esta ley. Al escrito de recusación acompañará la prueba en que se funde”.

De la lectura sistemática de las normas transcritas, se colige que la diferencia entre el impedimento y la recusación, es que, el primero tiene lugar cuando el funcionario titular de la actuación disciplinaria de manera oficiosa o espontanea decide apartarse del conocimiento de determinado proceso disciplinario por considerarse incurso en alguna de las causales previstas en el artículo 84 ibídem, mientras que la segunda debe ser invocada por alguno de los sujetos procesales, cuando el fallador disciplinario se encuentra incurso en una causal de impedimento y omite o se niega a declararlo.

Es decir, que aunque lo ideal es que el funcionario se declare impedido para tramitar y decidir determinada actuación disciplinaria y en consecuencia se aparte de su conocimiento, en caso de que este guarde silencio al respecto, los sujetos procesales se encuentran legitimados para de exigir mediante recusación que sea separado del conocimiento del proceso disciplinario, en virtud del principio de imparcialidad. Por ello la doctrina nacional, ha considerado las referidas causales como un “fenómeno de doble enfoque”(46) pues estas permiten que el servidor público que sienta afectada su imparcialidad para decidir cierto asunto, se aparte del conocimiento de este, y que la persona interesada solicite al funcionario, que se retire el proceso de su competencia por considerarlo incurso en causal de impedimento, en caso de que este no se haya pronunciado en tal sentido.

En ese orden, Considera la Sala que en el caso concreto, le asiste razón al Tribunal Administrativo de Córdoba al afirmar que si el demandante José María Burgos Luna tenía la convicción que el entonces Superintendente de Notariado y Registro se encontraba incurso en una de las causales de impedimento, le correspondía a este recusar al referido funcionario para que se apartara del conocimiento del proceso disciplinario promovido en su contra, pues, como se dejó claro en apartes antecedentes el ordenamiento jurídico contempla dicha posibilidad; además, resulta evidente y palmario que si el funcionario no se consideraba impedido para tal efecto, no contemplaba el deber de declarar su impedimento, por lo que dicha carga fue trasladada al interesado.

2.2.2.2. De la causal de impedimento prevista en el artículo 84 numeral 4º de la Ley 734 de 2002

Señala el demandante, que el entonces Superintendente de Notariado y Registro se encontraba impedido para proferir fallo disciplinario de segunda instancia en su contra por encontrarse incurso en la causal prevista en el numeral 4º del artículo 84 de la Ley 734 de 2002 por haber interpuesto denuncia ante la Fiscalía General de la Nación sobre los hechos objeto de reproche disciplinario al demandante, lo cual constituye una opinión o concepto sobre el particular. La norma invocada dispone:

ART. 84.—Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:

4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación.

Ahora bien, el alcance de la causal de impedimento transcrita fue estudiado por esta Subsección en sentencia del 27 de noviembre de 2014,(47) en la cual se acogió la posición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto la misma causal de impedimento prevista en materia penal, sentada mediante auto del 18 de octubre de 2002, proferido dentro del proceso 24346, cuyo texto dispuso:

“(…) El numeral 4º del artículo 103 de la Ley 600 de 2000 erige en motivo de impedimento que el funcionario judicial “haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. La Sala de manera reiterada y pacífica es aquella que hace el funcionario judicial por fuera del proceso, sin que quepa en ella la expresada en el ejercicio de sus funciones o en cumplimiento de su deber, con excepción del evento en que sea él mismo quien “haya dictado la providencia cuya revisión se trata”. De antaño se ha precisado también que no es cualquier opinión por ligera y superficial la que da lugar a la separación del juez del conocimiento de un asunto, sino preponderantemente la que por su naturaleza y entidad llega a comprometer la imparcialidad y su ponderación por constituir un acto de prejuzgamiento sobre el hecho que le corresponde decidir. En tanto que las opiniones surgidas del ejercicio funcional y de los deberes emanados de la actividad funcional no se erigen en motivo de impedimento tampoco lo serán aquellas que guardan relación con asuntos sometidos con posterioridad a su conocimiento bajo los supuestos de que ellos ofrecerían una visión anticipada de los mismos y afectarían su independencia de análisis, cuando no están referidas a sus aspectos sustanciales. La afinidad – se ha dicho- de la opinión emitida por el juez con el tema o la materia sometida a su consideración no compromete la imparcialidad ni amerita su separación del proceso (…).”(Negrillas fuera te texto para resaltar)

Teniendo en cuenta lo expuesto, resalta la Sala, que la causal de impedimento prevista en el numeral 4º del artículo 84 de la Ley 734 se configura cuando fallador disciplinario por fuera de la actuación administrativa expresa una opinión o punto de vista que tenga la virtud de poner en entredicho su imparcialidad al momento de proferir fallo disciplinario, por ejemplo, referirse a la comisión de la conducta investigada o a atribuir una falta disciplinaria a sujeto involucrado en la actuación administrativa, es decir, que no toda opinión configura la causal de impedimento referida.

Además es fundamental destacar en este punto, que las opiniones, conceptos o concejos expuestos por el funcionario con potestad disciplinaria, en virtud de un deber legal derivado del ejercicio del cargo público que desempeña, no constituye ninguna causal de impedimento, incluso la estudiada en este aparte, pues tal manifestación no es producto de la voluntad de servidor público, sino que proviene de un mandato de una norma constitucional o legal, motivo por el cual la imparcialidad de este no resulta afectada por dicha circunstancia.

Ahora bien, encuentra la Sala, que en la denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación el 17 de diciembre de 2012, el Señor Jorge Enrique Vélez García, en ejercicio del cargo de Superintendente de Notariado y Registro manifestó:

“Por medio del presente escrito me permito formular ante su despacho denuncia en contra de las personas que resultaren responsables por la presunta comisión del delito de peculado por apropiación, consagrado en el artículo 397 de la Ley 599 de 200

Los hechos objeto de la presente denuncia, fueron evidenciados en la visita de control realizada por los funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro (…) en la Oficina de Instrumentos Públicos de Lorica (Córdoba) (…)”.

Del texto transcrito, se evidencia que el referido funcionario puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la presunta comisión del delito de peculado por apropiación en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica para efectos de que dicha entidad diera inicio a las investigaciones correspondientes.

De la lectura de dicho texto, no observa la Sala la existencia de manifestación alguna que pueda constituir un consejo o concepto por parte de la entidad demandada y mucho menos con la virtud de afectar imparcialidad del funcionario al momento de proferir fallo disciplinario, pues no afirma la comisión de la conducta delictiva ni señala al demandante José María Burgos Luna como autor del delito denunciado, en consecuencia, en el presente asunto no se encuentran los supuestos fácticos ni jurídicos para la configuración de la causal de impedimento invocada por el actor, tal y como lo expone en Tribunal Administrativo de Córdoba en la Sentencia impugnada.

Aunado a lo anterior, se evidencia que la denuncia radicada por el entonces Superintendente de Notariado y Registro el 17 de diciembre de 2012 ante la Fiscalía General de la Nación, fue interpuesta en ejercicio del deber legal de denunciar, previsto en el artículo 67 de la Ley 906 de 2004 —Código de Procedimiento Penal— cuyo tenor literal dispone:

ART. 67.—Deber de denunciar. Toda persona debe denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

El servidor público que conozca de la comisión de un delito que deba investigarse de oficio, iniciará sin tardanza la investigación si tuviere competencia para ello; en caso contrario, pondrá inmediatamente el hecho en conocimiento ante la autoridad competente” (negrilla fuera de texto para resaltar).

En virtud de lo anterior, si hipotéticamente se aceptara que el entonces Superintendente de Notariado y Registro, en el texto de la denuncia interpuesta por los hechos disciplinariamente reprochados al señor Burgos Luna, hubiese expuesto alguna opinión o consejo, en el cual señale al demandante como autor de estos, dicha manifestación no constituiría causal de impedimento, pues la referida denuncia fue presentada en cumplimiento de un deber legal por parte del referido funcionario

En atención a todo lo expuesto, evidencia la Sala que el entonces Superintendente de Notariado y Registro, no vulneró el principio de imparcialidad del demandado por desconocimiento del régimen de impedimentos y recusaciones previstas en la Ley 734 de 2002, al proferir decisión disciplinaria de segunda instancia, conforme lo afirma el actor, en tal virtud dicho cargo se declara impróspero.

2.2.3. Indebida imputación de las faltas disciplinarias

Arguye el actor, que mediante el auto de formulación de cargos, la autoridad disciplinaria realizó una indebida imputación jurídica de las faltas disciplinarias endilgadas, pues no realizó una desagregación normativa de las mismas, motivo por el cual no pudo ejercer de manera adecuada su derecho de contradicción y defensa, lo cual constituye una clara vulneración de su derecho al debido proceso.

En virtud de lo expuesto, señala la Sala, que la formulación de cargos constituye una de las actuaciones con especial relevancia en el trámite del proceso disciplinario, pues en dicho acto se realiza la imputación inicial de la comisión de una falta disciplinaria al investigado. Dicho acto se encuentra regulado en el capítulo tercero de la Ley 734 de 2002, cuyo artículo 163 consagra los elementos que se deben incluir en la formulación de cargos, así:

“ART. 163.—Contenido de la decisión de cargos. La decisión mediante la cual se formulen cargos al investigado deberá contener:

1. La descripción y determinación de la conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó.

2. Las normas presuntamente violadas y el concepto de la violación, concretando la modalidad específica de la conducta.

3. La identificación del autor o autores de la falta.

4. La denominación del cargo o la función desempeñada en la época de comisión de la conducta.

5. El análisis de las pruebas que fundamentan cada uno de los cargos formulados.

6. La exposición fundada de los criterios tenidos en cuenta para determinar la gravedad o levedad de la falta, de conformidad con lo señalado en el artículo 43 de este código.

7. La forma de culpabilidad.

8. El análisis de los argumentos expuestos por los sujetos procesales”.

Entonces, con la decisión de formulación de cargos, se impone un límite claro a la actuación sancionatoria por parte de la autoridad disciplinaria, pues esta deberá concentrarse únicamente en la conducta cuyas circunstancias de tiempo, modo y lugar que se describen en dicho acto administrativo, que constituye una falta disciplinaria, consagrada como tal por el legislador y que de conformidad con las pruebas recaudadas hasta dicha etapa del procedimiento administrativo es atribuible al investigado.

Así mismo, con la notificación del acto de formulación de cargos,(48) se le pone de presente al investigado la conducta presuntamente realizada objeto de reproche disciplinario, el análisis de las pruebas, la culpabilidad y demás elementos esenciales del proceso disciplinario promovido en su contra, con lo que se busca garantizar el derecho de contradicción y defensa del mismo, pues con la actuación objeto de estudio se da acceso a la investigación, la oportunidad de solicitar copias de la misma(49) y la posibilidad de presentar descargos o argumentos de oposición;(50) mediante los cuales puede controvertir los elementos de juicio obrantes en el proceso y presentar pruebas en su beneficio, justificar la licitud de la conducta disciplinariamente reprochada, solicitar la nulidad de la actuación, inclusive, guardar silencio sobre el particular y presentar alegatos de conclusión.(51)

Revisado el acto de formulación de cargos en contra del demandante,(52) se observa que a éste le fue endilgada la comisión de dos faltas disciplinarias, que para mayor claridad del asunto, procede la Sala a transcribir el aparte pertinente:

Quinto: Formular pliego de cargos al señor Jose Maria Burgos Luna, (…) conforme a las motivaciones expresadas en el presente proveído así:

Cargo primero: Por presunta infracción del artículo 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, al realizar objetivamente unas descripciones típicas consagradas en la Ley como delitos sancionables a título de dolo, cometidos con ocasión o consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo, en este caso la incursión en la conducta descrita en el artículo 397 de la norma penal que determina como Peculado por Apropiación; El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones(…)

Cargo segundo: por presunta infracción del 48 numeral tercero de la misma norma disciplinaria, que sanciona como tal la conducta de “Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado en razón de sus funciones, en cuantía superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales. Incrementar injustificadamente el patrimonio directa o indirectamente, a favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

Consecuencialmente se transgreden por incumplimiento de los deberes que consagra el artículo 34 en su numeral 1º, de la Ley disciplinaria, que le exige: cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la constitución, (…), las leyes, los decretos(..); el numeral 2 del mismo artículo que igualmente exige el cumplir con diligencia , eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado (…) o que implique abuso indebido del cargo o función (…), en concurso con las prohibiciones del artículo 35 numeral 1 de la Ley 734 de 2002, que no le permiten: incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, (…), las leyes, los decretos (…). Conductas a las que se llega por el quebrantamiento de las normas contenidas en los artículos 22 al 30 del Decreto 1250 de 1970, lo mismo que lo preceptuado en los artículos 2º y 12 del Decreto 650 de 1996, reglamentario de la Ley 223 de 195” (negrillas en texto original).

En cuanto a la formulación del cargo primero antes transcrito, en el cual se imputa al demandante la comisión de la falta disciplinaria prevista en el artículo 48 numeral 1º de la Ley 734 de 2002, por estar incurso en el delito de peculado por apropiación, encuentra la Sala, que resulta claro que la referida conducta delictiva se deriva de la perdida de dineros en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica provenientes del impuesto de registro de documentos, tal y como lo expuso con suficiencia la autoridad disciplinaria en los apares del pliego de cargos denominados como “hechos”(53) y “de la materialidad de la conducta”.(54)

En lo referido al cargo segundo del pliego de cargos, se observa que tal y como lo expone el demandante, la autoridad disciplinaria no realizó una desagregación normativa de la conducta allí imputada, prevista en el numeral 3º del artículo 48 la Ley 734 de 2002, ni de la referida al incumplimiento de los deberes y obligaciones señalados en los numerales 1 y 2 del artículo 34 y 1 del artículo 35 respectivamente de la norma ibídem.

No obstante lo expuesto, en el desarrollo del acto de formulación de cargos, la autoridad demandada expuso con claridad los hechos objeto de reproche disciplinario, que configuran las faltas disciplinarias imputadas, haciendo referencia a las circunstancias de tiempo, modo, y lugar en que estas fueron realizadas, el análisis de las pruebas, la culpabilidad y demás elementos esenciales que debe contener el pliego de cargos de conformidad con el artículo 163 ya citado, por tanto, el demandante contaba con todos los elementos de juicio necesarios para ejercer de forma precisa su derecho de contradicción y defensa.

Si bien es cierto, que lo ideal sería que la autoridad disciplinaria realizara la formulación de cargos de la forma más clara posible, la ausencia de desagregación de la norma que consagra la falta disciplinaria endilgada no constituye una irregularidad sustancial, con la capacidad de generar la nulidad de las decisiones disciplinarias, pues al tener conocimiento de la misma, el disciplinado puede controvertir cada aspecto contemplado en dicha disposición normativa, es decir, que la ausencia de desagregación de la falta disciplinaria endilgada no representa un obstáculo para que el encartado materialice su derecho de contradicción y defensa, siempre que se le pongan de presente los hechos objeto de reproche disciplinario.

En consecuencia, siguiendo el orden de lo expuesto, la Sala no evidencia desconocimiento del derecho al debido proceso del Señor Burgos Luna por indebida imputación jurídica en el pliego de cargos, tal y como lo expuso el Tribunal Administrativo de Córdoba en la Sentencia de primera instancia, motivo por el cual el argumento propuesto en el recurso de apelación aquí estudiado será despachado de forma desfavorable.

2.2.4. Ausencia de tipicidad como elemento para imputar responsabilidad disciplinaria

Explica el accionante, que en virtud de las funciones del cargo que desempeñaba al momento de la ocurrencia de los hechos objeto de reproche disciplinario, no tenía atribuciones para el recaudo y cobro de dineros dentro de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Lorica, motivo por el cual, no pudo haber realizado las faltas disciplinarias por las cuales le fue impuesta sanción disciplinaria, entonces al no encontrarse acreditada la tipicidad no podía declararse su responsabilidad disciplinaria.

En virtud del planteamiento expuesto, considera pertinente esta Subsección hacer alusión a la sentencia del 16 de abril de 2016,(55) en la cual se reiteró que en materia disciplinaria, la responsabilidad implica el análisis de tres (3) diversos elementos, a saber la tipicidad(56), la antijuridicidad(57) y la culpabilidad(58), los cuales por el diseño y estructura del derecho disciplinario adquieren connotaciones especiales diferentes a las decantadas por otras manifestaciones del Ius Puniendi del Estado.

En cuanto a la tipicidad, la Ley establece una clasificación de la faltas(59) en gravísimas, graves y leves. Así, para determinar si la falta es grave o leve señala unos criterios de gravedad o levedad,(60) mientras que para determinar si la falta es gravísima por las connotaciones que ellas implican hace remisión a un listado que las consagra taxativamente.(61)

En consecuencia para determinar si una falta es gravísima debe revisarse la conducta del investigado para establecer si encaja dentro de alguna de las taxativamente señaladas en la norma disciplinaria.

Por su parte, la antijuridicidad es descrita por la norma disciplinaria como la ilicitud sustancial que se traduce en una afectación del deber funcional sin justificación alguna,(62) es decir, este elemento a diferencia del derecho penal(63) al cual hace referencia la demandante en su acusación no responde a la gravedad del daño producido, motivo por el cual, el sujeto disciplinable solo se excusaría cuando su conducta no sea antijurídica, a saber, en la medida en que la ilicitud no sea sustancial o tenga una justificación válida para haberla cometido, para lo cual, deben revisarse las causales de exclusión de responsabilidad.(64)

En este sentido y atendiendo a la jurisprudencia de esta Sala,(65) se tiene además que, de conformidad con el artículo 5º del Código Disciplinario Único la falta será antijurídica cuando afecte el deber funcional sin justificación alguna. Este mandato legal consagra, en criterio del Consejo de Estado, la específica noción de antijuridicidad que caracteriza al derecho disciplinario y le diferencia del derecho penal, a saber, que la antijuridicidad en el derecho disciplinario no se basa en un daño a un bien jurídico protegido, sino en el incumplimiento de los deberes funcionales del servidor público.

Ahora bien, siendo la conducta típica por incurrir en alguna de las descripciones legales determinadas como falta disciplinaria y antijurídica por ser sustancialmente ilícita, dado que está proscrita la responsabilidad objetiva,(66) debe establecerse su culpabilidad, la cual solo puede darse a título de dolo y culpa.(67)

2.2.2.1. El caso concreto

Del material probatorio obrante en el expediente, se evidencia que en virtud de la prueba de inspección decretada mediante auto de apertura de indagación preliminar del 15 de noviembre de 2012,(68) y practicada mediante diligencia del 19 de diciembre de 2012,(69) los funcionarios designados para tal efecto por la Oficina de control Disciplinario de la Superintendencia de Notariado y Registro, determinaron la falta de pago del impuesto de registro de algunos documentos registrados, en el informe producto de la referida diligencia se observa:

“ En el desarrollo de la visita especial se practicaron las siguientes pruebas:

Se procedió a realizar una revisión de los documentos radicados en la ORIP Lorica – Córdoba del periodo comprendido entre octubre de 2010 y septiembre de 2012, que generaron impuestos de registros, confrontándolos con las respectivas declaraciones del impuesto que reposa en la dirección de rentas de la gobernación de Córdoba y que fueron facilitados por esta por solicitud de la Oficina de Control Disciplinario Interno. Dicho cotejo arrojó como resultado el faltante por no liquidación y pago del impuesto de registro de un numero de escrituras que se relacionarán adjunto al presente informe (…)”.

Según el mismo informe, el valor faltante por concepto del no pago del impuesto de registro ascendió a las suma de $456.175.257. Este fue ratificado mediante declaración juramentada rendida por los funcionarios que realizaron la diligencia de inspección ante la Oficina de Control Disciplinario el 1 de marzo de 2013.(70)

De los elementos de juicio antes referido, se tienen como probados el hechos obejto de reproche disciplinario al señor José María Burgos Luna, consistente en la perdida de $456.175.257 procedentes del impuesto de registro, que debía ser pagado ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Lorica

Ahora bien, el 23 de mayo de 2013, el entonces Registrador de Instrumentos Públicos de Lorica, señor David Guillermo Vega Bennedetti,(71) también vinculado al proceso disciplinario objeto del presente asunto, acudió ante la autoridad disciplinaria, acompañado con su apoderado judicial, con el objeto de rendir versión libre respecto de los hechos investigados, en dicha declaración manifestó lo siguiente:

“(…) primero que todo yo concurro a esta diligencia a decir la verdad, de los hechos que sucedieron con relación al impuesto departamental, la cual la gobernación de Córdoba procedió a que nosotros los registradores le cobraron dicho impuesto los tres últimos meses de 2010, 2011 y 2012 cuando llegó la investigación, quiero decir que a mi persona como registrador, como los funcionarios Betty Ramírez Ávila, Yamina Ceballos Peralta, José María Burgos Luna y Adolfina Doria Ortega, todos ellos funcionarios de la Oficina de Registro de Lorica como auxiliares administrativos, participamos como autores de la apropiación de unos dineros que nos habían encomendado su respectivo recaudo como era el impuesto departamental (…) Preguntado: como ya se le indicó, no se está obligado a declarar de acuerdo con el artículo 33 de la constitución, en la presente se están haciendo imputaciones a terceros, se ratifica en su dicho, bajo la gravedad del juramento; Contesto: totalmente, me ratifico bajo la gravedad de juramento (…) (Negrillas fuera de texto para resaltar)

Destaca la Sala, que si bien la declaración citada fue expuesta en una diligencia de versión libre, esta tiene valor te testimonio respecto de los terceros allí mencionados pues esta fue ratificada en calidad de juramento. En consecuencia, el referido testimonio acredita la participación en calidad de coautor del demandante José María Burgos Luna en la comisión de los hechos objeto de reproche disciplinario relacionado con la apropiación de la suma de $456.175.257 procedentes del impuesto de registro.

Así las cosas, resulta evidente, que la conducta del accionante se ajusta a las faltas disciplinarias gravísimas previstas en los numeral 1º y 3º del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, cuya comisión produjo la sanción disciplinaria impuesta mediante los fallos disciplinarios demandados, motivo por el cual se encuentra plenamente acreditado el elemento de tipicidad requerido para declarar responsabilidad disciplinaria del accionante, sin que sea requerido que dentro de sus funciones se encuentra la de recaudo y manejo de dineros. Así mismo, evidencia esta corporación que en el presente asunto se encuentran acreditados los elementos de la culpabilidad e ilicitud sustancial de la conducta endilgada al accionante el señor José María, pues este actúo de forma voluntaria y deliberada, con pleno conocimiento que su actuar y el de los demás funcionarios disciplinados desconocía entre otras disposiciones, el procedimiento de registro de documentos previsto en la Ley 1250 de 1970.

De conformidad con lo expuesto, en la parte resolutiva de esta providencia la Sala dispondrá confirmar la sentencia del 9 de agosto de 2016, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda, pues el demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de los actos demandados.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

Primero: RECONOCER personería jurídica a la Catalina María Uribe Villegas, identificada con C.C. 43.752.120 y T.P. 191.872 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderada judicial de la parte demandada de conformidad con las facultades otorgadas en el poder conferido.

Segundo: CONFIRMAR la sentencia del 9 de agosto de 2016 proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, que negó las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Cópiese, notifíquese y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión».

1 Del 22 de septiembre de 2017, visible a folio 544 del cuaderno principal expediente.

2 Ley 1437 de 2011, artículo 247. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso de apelación contra las sentencias proferidas en primera instancia se tramitará de acuerdo con el siguiente procedimiento: (…).

3 Sala Cuarta de decisión.

4 Previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.

5 Visible a folios 33 a 242 del cuaderno principal expediente.

6 Visible a folio 243 a 282 del cuaderno principal expediente.

7 Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

8 Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

9 Código Único Disciplinario.

10 Artículo 397Peculado por apropiaciónModificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

11 Código Penal Colombiano

12 Creado por la Ley 223 de 1995, reglamentada por el Decreto 650 de 1996. Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio..

13 Esto en atención a que el denominado impuesto de registro está destinado a los Departamentos, de conformidad con la Ley 223 de 1995, reglamentada por el Decreto 650 de 1996.

14 Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

15 10Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

16 Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos, derogado por la Ley 1579 de 2012.

17 Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
1. Realizar objetivamente una descripción típica consagrada en la ley como delito sancionable a título de dolo, cuando se cometa en razón, con ocasión o como consecuencia de la función o cargo, o abusando del mismo.

18 Artículo 48. Faltas gravísimas. Son faltas gravísimas las siguientes:
3. Dar lugar a que por culpa gravísima se extravíen, pierdan o dañen bienes del Estado o a cargo del mismo, o de empresas o instituciones en que este tenga parte o bienes de particulares cuya administración o custodia se le haya confiado por razón de sus funciones, en cuantía igual o superior a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales.
Incrementar injustificadamente el patrimonio, directa o indirectamente, en favor propio o de un tercero, permitir o tolerar que otro lo haga.

19 Código Único Disciplinario.

20 Artículo 397Peculado por apropiaciónModificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón o con ocasión de sus funciones, incurrirá en prisión de seis (6) a quince (15) años, multa equivalente al valor de lo apropiado sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término.

21 Código Penal Colombiano

22 Creado por la Ley 223 de 1995, reglamentada por el Decreto 650 de 1996. Está constituido por la inscripción de actos, contratos o negocios jurídicos documentales en los cuales sean parte o beneficiarios los particulares y que, de conformidad con las disposiciones legales, deban registrarse en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos o en las Cámaras de Comercio..

23 Artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público:
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.
Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código.
2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que implique abuso indebido del cargo o función.

24 10Artículo 35. Prohibiciones. A todo servidor público le está prohibido:
1. Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo.

25 Por el cual se expide el estatuto del registro de instrumentos públicos, derogado por la Ley 1579 de 2012.

26 “Artículo 84. Causales de impedimento y recusación. Son causales de impedimento y recusación, para los servidores públicos que ejerzan la acción disciplinaria, las siguientes:
4. Haber sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales o contraparte de cualquiera de ellos, o haber dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de la actuación.

27 Así como a los otros funcionarios de la Oficina de Registros de Instrumentos Públicos de Lorica.
.

28 Visible a folios 331 a 334 del cuaderno principal del expediente.

29 Sala Cuarta de Decisión.

30 Auto del 30 de septiembre de 2014, visible a folio 326 del cuaderno principal del expediente.

31 Visible a folios 492 a 502 del cuaderno principal del expediente.

32 Sala Cuarta de Decisión.

33 Visible a folios 492 a 502 del cuaderno principal del expediente.

34 Del 22 de septiembre de 2017, visible a folio 544 del expediente.

35 visible a folios 536 a 543 del expediente.

36 Visible a folio 534 del cuaderno principal del expediente.

37 Del 22 de septiembre de 2017, visible a folio 544 del cuaderno principal del expediente.

38 -“El principio constitucional de la legalidad tiene una doble condición de un lado es el principio rector del ejercicio del poder y del otro, es el principio rector del derecho sancionador. Como principio rector del ejercicio del poder se entiende que no existe facultad, función o acto que puedan desarrollar los servidores públicos que no esté prescrito, definido o establecido en forma expresa, clara y precisa en la ley. Este principio exige que todos los funcionarios del Estado actúen siempre sujetándose al ordenamiento jurídico que establece la Constitución y lo desarrollan las demás reglas jurídicas”. Corte Constitucional, sentencia C-710 de 2001, M.P. Dr. Jaime Córdoba Triviño.

39 Corte Constitucional, sentencia C-034 de 2014, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa.

40 Corte Constitucional, sentencia C-980 de 2010, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

41 Corte Constitucional, Sentencia C-762 de 2009. “Así observa que en “el artículo 10° de la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada en diciembre 10 de 1948, se consagró que toda persona tiene derecho ‘a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal’. En el mismo sentido el art. 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, establece: “Artículo 14-1. Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la substanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil .”Disposición también contenida en la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre (…) donde se pactó que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a ser oída en forma imparcial y pública (art. XXVI)”. Posteriormente, con la fuerza vinculante del tratado multilateral, se establece, dice la sentencia, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 1969, “el compromiso de los Estados partes de ‘adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos’, si en el mismo no estuvieren ya garantizados, los derechos y libertades allí reconocidos (art. 2°), dentro de los cuales se encuentra el derecho de toda persona a ser oída ‘por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella’ (art. 8° num. 1°)”.

42 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Paramana Iribarne vs. Chile (2005). Fundamentos jurídicos 146 y 147.

43 297 de 1997
Al respecto se pueden consultar las sentencias T-297 de 1997, T-1034 de 2006, C-545 de 2008, C-762 de 2009 y C-450 de 2015

44 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.M.P Dr. William Hernández Gómez. Sentencia del 26 de octubre de 2017. Radicación: 11001032500020100029000(2388-2010). Accionante: Juan Carlos Abadía Campo. Demandando: Procuraduría General de la Nación.

45 Artículo 94. Principios que rigen la actuación procesal. La actuación disciplinaria se desarrollará conforme a los principios rectores consagrados en la presente ley y en el artículo 3° del Código Contencioso Administrativo. Así mismo, se observarán los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y contradicción.

46 Derecho Procesal Administrativo. Carlos Betancur Jaramillo. Ley 1437 de 2011. Octava Edición 2013. Página 422.

47 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia del 27 de noviembre de 2014. Radicación: 11001032500020100019600 (1486-2010). Demandante: Heriberto Triana Alvis. Demandado: Procuraduría General de la Nación.

48 La cual debe efectuarse personalmente de conformidad con el artículo 165 inciso 1.º de la Ley 734 de 2002.

49 Prevista en el artículo 92 numerales 1.º y 7º de la Ley 734 de 2002.

50 Prevista en el artículo 92 numeral 5º de la Ley 734 de 2002.

51 Prevista en el artículo 92 numeral 8º de la Ley 734 de 2002.

52 Visible a folios 1172 a 1229, cuadernos 4 y 5 del expediente disciplinario

53 Visible a folio 1172 del cuaderno Nº 4 del expediente.

54 Visible a folio 1174 a 1203 del expediente, cuadernos Nº 4 y 5.

55 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Consejera Ponente Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez. Sentencia del 16 de abril de 2015. Radicación: 11001032500020120035200 (1353-2012). Demandante: Ruby Esther Díaz Rendón. Demandado: Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales.

56 Artículo 4°; 23; 43 # 9; 184 # 1 C.D.U.

57 Artículo 5° C.D.U.

58 Artículo 13; 43 # 1; 44 parágrafo C.D.U.

59 Artículo 42 C.D.U.

60 Artículo 43 C.D.U

61 Artículo 48 C.D.U.

62 Artículo 5° C.D.U.

63 Ley 599 de 2000, artículo 11. Antijuridicidad. Para que una conducta típica sea punible se requiere que lesione o ponga efectivamente en peligro, sin justa causa, el bien jurídicamente tutelado por la ley penal.

64 Artículo 28°, numerales 1° a 6° del C.D.U. La causal número 7 responde a la culpabilidad.

65 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Sentencia de 2 de mayo de 2013. Radicación número: 11001-03-25-000-2010-00149-00(1085-2010). Actor: Edgar Ariosto Alvarado González. Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. Única Instancia – Autoridades Nacionales.

66 Artículo 13 C.D.U.

67 Artículo 44, parágrafo C.D.U.

68 Visible a folios 7 a 29 del cuaderno N.º 1 del expediente disciplinario.

69 Visible a folios 491 a 654 del cuaderno N.º 1 del expediente disciplinario.

70 Visible a folios 124 a 129 del cuaderno N.º 4 del expediente disciplinario.

71 Visible a folios 1642 a 1646 del cuaderno N.º 6 del expediente disciplinario.