SENTENCIA 2014-00089/1124-2015 DE NOVIEMBRE 3 DE 2016

 

Sentencia 2014-00089 de noviembre 3 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Exp.:760012333000-201400089-01 (1124-2015)

Consejera Ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Medio de control: nulidad y restablecimiento del derecho

Demandante: Celina Pascuas Quintero

Demandado: Universidad del Valle

Trámite: Ley 1437 de 2011

Asunto: apelación del auto que prosperó la excepción de cosa juzgada y terminó el proceso

Bogotá, D.C., tres de noviembre de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones

La Sala procede al estudio del recurso de apelación que el apoderado de la parte demandante presentó contra la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la audiencia inicial prevista en el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, y llevada a cabo el 20 de noviembre de 2014, por medio de la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada y como consecuencia la terminación del proceso.

Las excepciones en la Ley 1437 de 2011

Sobre las excepciones y la oportunidad que tiene la parte demandada para proponerlas, se debe acudir al artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, que dice:

“ART. 175.—Contestación de la demanda. Durante el término de traslado, el demandado tendrá la facultad de contestar la demanda mediante escrito que contendrá: (...).

3. Las excepciones (...)” (se resaltó).

La excepción hace parte de la potestad que tiene el demandado de presentar oposición al derecho que el demandante reclama, y en el caso del procedimiento contencioso administrativo, es en la contestación de la demanda donde se proponen las excepciones con las cuales se pretende o se busca anular el derecho del actor.

Trámite de excepción

El mismo artículo 175, en el parágrafo 2º, dispone:

“PAR. 2º—Cuando se formulen excepciones se correrá traslado de las mismas por secretaría, sin necesidad de auto que lo ordene, por el término de tres (3) días”.

Decisión de las excepciones

El artículo 180, numeral 6º, de la Ley 1437 de 2011, consagró las excepciones que se pueden formular en el proceso contencioso administrativo, lo mismo que la forma y oportunidad en que se resuelven. La norma dispone lo siguiente:

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia que se sujetará a las siguientes reglas: (...).

6. Decisión de las excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosas juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva.

Si excepcionalmente se requiere la práctica de pruebas, se suspenderá la audiencia, hasta por el término de diez (10) días, con el fin de recaudarlas. Al reanudar la audiencia se decidirá sobre tales excepciones.

Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello hubiere lugar. Igualmente lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso (...)” (se resaltó).

Procedibilidad del recurso de apelación

De conformidad con los artículos 125, 180, numeral 6º, y 243 de la Ley 1437 de 2011, es procedente el recurso de apelación. Dicen estas normas:

“ART. 125.—De la expedición de providencias. Será competencia del juez o magistrado ponente dictar los autos interlocutorios y de trámite; sin embargo, en el caso de los jueces colegiados, las decisiones a que se refieren los numerales 1º, 2º, 3º y 4º del artículo 243 de este código serán de sala, excepto en los procesos de única instancia. Corresponderá a los jueces, las salas, secciones y subsecciones dictar las sentencias. Los autos que resuelvan los recursos de súplica serán dictados por las salas, secciones y subsecciones de decisión con exclusión del magistrado que hubiere proferido el auto objeto de la súplica”.

[...].

“ART. 180.—Audiencia inicial. Vencido el término de traslado de la demanda o de la de reconvención según el caso, el juez o magistrado ponente, convocará a una audiencia inicial que se sujetará a las siguientes reglas: (...).

6. Decisión de las excepciones previas. El juez o magistrado ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa y prescripción extintiva (...).

Si alguna de ellas prospera, el juez o magistrado ponente dará por terminado el proceso, cuando a ello haya lugar. Igualmente, lo dará por terminado cuando en la misma audiencia advierta el incumplimiento de requisitos de procedibilidad.

El auto que decida sobre las excepciones será susceptible del recurso de apelación o del de súplica, según el caso (...)” (se resaltó).

[...].

“ART. 243.—Apelación. Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales y de los jueces. También serán apelables los siguientes autos proferidos en la misma instancia por los jueces administrativos: (...).

3. El que ponga fin al proceso (...)” (se resaltó).

El problema jurídico

Conforme al recurso de apelación, el problema jurídico que se debe resolver por la Sala consiste en determinar si se presentan los supuestos fácticos consagrados en el artículo 303 del Código General del Proceso para que prospere la excepción de cosa juzgada, como lo declaró el a quo.

Antes de resolver el problema jurídico planteado, se considera necesario para los efectos de la decisión que se adopte poner en contexto, la situación que se observa en el proceso. En efecto:

La Sala encuentra al revisar el expediente que la Universidad del Valle inició demanda contra la Resolución 1022 de 30 de julio de 1999, mediante la cual el rector de la institución reconoció la pensión de jubilación a la demandante en cuantía del 100%, en atención a la convención colectiva que se suscribió con los trabajadores oficiales siendo que la actora es empleada pública, por lo que el monto no es en ese porcentaje sino en el 75%. Contra esa resolución, la entidad presentó demanda en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho - lesividad.

Mediante Sentencia 177 de 11 de octubre de 2005, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca anuló parcialmente la Resolución 1022 de 30 de julio de 1999 que reconoció la pensión a la demandante, esto es, en el porcentaje superior al 75% del salario promedio de lo percibido en el último año de servicio, según lo dispuesto por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985.

Ahora, en cumplimiento de la sentencia, el rector de la institución profiere la Resolución 62 de 16 de enero de 2014, acto demandado en este proceso, y en los numerales 3º y 4º de las consideraciones dijo lo siguiente:

“[...] 3. Que dentro de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca resolvió mediante Auto Interlocutorio 1138 del 27 de octubre de 2003, admitir la demanda y decretar la suspensión provisional de la Resolución 1022 del 30 de julio de 1999, decisión que siendo apelada por la señora Celina Pascuas Quintero fue revocada por el honorable Consejo de Estado mediante auto del 3 de febrero de 2005 ordenando, en su lugar, la suspensión provisional parcial de la Resolución de rectoría 1022 del 30 de julio de 1999.

4. Que en cumplimiento de lo resuelto por el honorable Consejo de Estado, mediante auto del 3 de febrero de 2005, la Universidad del Valle suspendió en forma provisional y parcial la mesada pensional de la señora Celina Pascuas Quintero desde el 1º de agosto de 2005; [...]”.

Partiendo de lo anterior, la Sala encuentra que el rector de la Universidad del Valle del Cauca, modificó el reconocimiento de la pensión a la demandante que se le había hecho a través de la Resolución 1022 de 30 de julio de 1999, en cumplimiento del auto de 27 de octubre de 2003 proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y que fuera revocado por el Consejo de Estado solo en el punto relacionado con el monto de la pensión reconocida, es decir, deja en firma hasta el 75% y revoca el porcentaje superior.

Pues bien, puesto en [el] contexto anterior, la Sala deberá precisar si el acto frente al cual se emite la decisión de cosa juzgada es un acto administrativo que adopta una decisión unilateral con el fin de disponer sobre el derecho, esto es, creando, modificando o extinguiendo una situación jurídica del demandante, o se trató de un acto de ejecución por medio del cual se dio cumplimiento a una sentencia. Así mismo, en ánimo de que el derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia por parte del demandante sea plena, también se resolverá el planteamiento que él ha hecho en la vía de apelación, es decir, si hay o no cosa juzgada.

Para lo anterior se hace necesario dentro de la teoría del acto administrativo precisar lo ya dicho por la doctrina y la jurisprudencia frente a él, es decir, frente al acto de ejecución. De esta manera Luis Enrique Berrocal Guerrero, en su obra “Manual del acto administrativo”, señala(4) lo siguiente:

“[...] Según quedó visto en el capítulo VII de esta primera parte de la obra, un acto administrativo puede ejecutarse de manera física (caso en el cual estaríamos frente a un acto de ejecución material, o ante una operación administrativa tomada en el sentido amplio acogido por la jurisprudencia); pero también puede ejecutarse en todo o en parte, a través de una actuación igualmente formal como el acto ejecutado, es decir, de otra declaración de una autoridad en ejercicio de la función administrativa.

El acto de ejecución, sea cual fuere la forma en que se manifieste, no crea, modifica o extingue una situación jurídica alguna, ya que tal efecto jurídico lo produce el acto administrativo objeto de la ejecución [...]” (se resaltó).

También ha dicho la doctrina(5) que los actos de ejecución “son aquellos destinados a cumplir con la decisión adoptada dentro de un acto administrativo definitivo. Estos actos como se puede apreciar, no tienen vida autónoma propia y son únicamente instrumentos de eficacia de un acto principal; desde luego que tampoco son actos administrativos demandables”.

Ahora, desde el punto de vista de la jurisprudencia, se ha dicho que el acto administrativo es la manifestación unilateral de la voluntad de la administración que crea, extingue o modifica un derecho o una situación jurídica. En este sentido, el Consejo de Estado(6) al decidir la demanda de nulidad contra algunos apartes del Concepto JDS-023434 de 20 de agosto de 1999, emitido por el secretario general del Banco de la República, en relación con el acto administrativo dijo lo siguiente:

“(...) 6.2.1. Esta corporación ha señalado de manera reiterada y uniforme que los actos administrativos son manifestaciones de voluntad proferidos unilateralmente por la administración que tienen la virtualidad de crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de distinto orden y que ordinariamente están revestidos por formas tradicionales —como decretos, resoluciones, ordenanzas, acuerdos, etc.—. En ocasiones la administración omite la formulación tradicional enunciada y se expresa a través de oficios, memorandos, circulares, conceptos, etc., formas que de manera corriente no se utilizan para proferir actos administrativos. La circunstancia anotada suscita dudas acerca de si los oficios, memorandos, circulares o conceptos anotados contienen o no actos administrativos. La jurisprudencia de esta corporación ha precisado que cuando dichos documentos expresan una manifestación unilateral de voluntad de la administración con la aptitud de producir efectos jurídicos se está en presencia de un acto administrativo y que, en caso contrario, se debe reconocer la inexistencia del acto y, en consecuencia, la ausencia de un objeto sobre cual pueda recaer pronunciamiento judicial alguno de legalidad. En el caso específico de los conceptos es posible que expresen una manifestación de voluntad de la naturaleza descrita, caso en el cual constituyen actos administrativos cuya legalidad puede ser controlada por vía judicial; o que se limiten a expresar opiniones destinadas a ilustrar el juicio de los particulares o de los servidores públicos acerca de un tema cualquiera, caso en el cual no son controlables judicialmente. Para demostrar que los conceptos contienen actos administrativos, el demandante señaló que el Consejo de Estado ha decidido de fondo demandas de nulidad referidas a conceptos de la DIAN (...)”.

El acto administrativo tiene unos elementos que de manera sucinta se citan a continuación: la autoridad que tiene competencia para emitirlo; la motivación, es decir, las razones fácticas y jurídicas que sirven de fundamento para su expedición; el contenido del acto que hace referencia al resultado final obtenido; el fin del acto administrativo, esto es, el objetivo perseguido y la forma que tiene que ver con las solemnidades dispuestas por la ley. También existen actos administrativos fictos o presuntos que tienen su origen en las peticiones de los administrados y el silencio de la administración; los mismos pueden ser negativos o positivos. Así mismo, estos actos son pasibles de los medios de control contemplados en la ley.

Igualmente, existen actos de ejecución que son aquellos que no contienen una manifestación de la voluntad de la administración, pues, no crean, modifican ni extinguen una situación jurídica sino que por el contrario, con ellos se atiende una decisión como por ejemplo lo ordenado por una sentencia que la administración debe cumplir, los cuales, por no crear, modificar o extinguir derechos, no son objeto del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Sobre los actos de ejecución, el Consejo de Estado(7) ha dicho lo siguiente:

“(...) La resolución trascrita (2894, sep. 14/2009) que ordenó el reintegro del actor fue expedida para dar cumplimiento a una sentencia de tutela dictada por la Corte Constitucional, es decir, que en principio es un acto de ejecución, tal como lo calificó el tribunal, pues jurídicamente todo acto que se limite a ordenar el cumplimiento de una sentencia tiene tal connotación. No obstante lo anterior, esta corporación ha aceptado una excepción consistente en que si bien los actos administrativos de ejecución no son demandables, si la administración al proferirlo se aparta del verdadero alcance de la decisión o de las súplicas del actor, que para el caso sería aparte del reintegro, el pago de las sumas que por concepto de salarios y prestaciones dejó de percibir desde el retiro hasta su reintegro, agregándole o suprimiéndole algo, resulta incuestionable que el acto no es de simple ejecución como quiera que nace a la vida jurídica un nuevo acto administrativo que sería a todas luces controvertible ante la jurisdicción. Lo anterior conlleva a concluir que con la expedición del acto administrativo demandado se genera un hecho nuevo no decidido en la sentencia a la que se est[á] dando cumplimiento, es decir, existe una situación jurídica nueva no discutida ni definida en el fallo. Entonces, como lo que motivó la nueva demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, fue el no pronunciamiento sobre la referida pretensión que en últimas es el objeto del acto acusado, se observa que ello comprende un hecho nuevo que amerita control jurisdiccional (...)”.

En este orden de ideas procede la Sala a analizar el contenido del acto administrativo demandado, esto es, la Resolución 62 del 16 de enero de 2014 expedida por el señor rector de la Universidad del Valle, con la finalidad de establecer si se trata de un acto administrativo que contenga la manifestación unilateral de la voluntad de la administración o por el contrario se trata de un verdadero acto de ejecución.

Para el caso en estudio, se considera pertinente citar y transcribir el contenido del artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, en donde se consagra el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así:

“ART. 138.—Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se restablezca el derecho; también podrá solicitar que se repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel”.

Obsérvese cómo la norma hace precisión frente a que se trate de un derecho subjetivo que esté amparado por una norma jurídica, caso en el cual, es procedente la iniciación del medio de control contra el acto administrativo que lesiona ese derecho.

Se había señalado en precedencia que era necesario precisar si los actos frente a los cuales se emite la decisión de cosa juzgada son actos administrativos que adoptan una decisión unilateral con el fin de disponer sobre el derecho. Para el efecto se hará el paralelo entre lo que ordenó la Sentencia 177 de 11 de octubre de 2005 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el contenido de la parte resolutiva de la Resolución 62 de 16 de enero de 2014.

En la Sentencia 177 de 11 de octubre de 2009, se juzgó la Resolución 1022 de 30 de julio de 1999, de acuerdo con la demanda que presentó la Universidad del Valle del Cauca en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho - lesividad y que culminó con la nulidad parcial de la misma en cuanto se liquidó la pensión de la ahora demandante en cuantía del 100% cuando lo legal es el 75% del salario promedio del último año.

Sentencia 177 de 11 de octubre de 2005(8)Resolución 62 de 16 enero de 2014(9)
1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada (Celina Pascuas Quintero).

2. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 1022 del 30 de julio de 1999, expedida por el rector y el secretario general de la Universidad del Valle, por medio de la cual se reconoció y autorizó el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación en favor de Celina Pascuas Quintero, toda vez que se liquidó la pensión mensual de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio salarial del último año de servicios, cuando lo legal es el equivalente al 75% del salario promedio de este último año.

En consecuencia, la Universidad del Valle deberá reliquidar la pensión de jubilación de la Señora Celina Pascuas Quintero teniendo en cuentas las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.
En la parte resolutiva de esta resolución se dijo:

“ART. 1º—Ajustar y reliquidar a partir del 19 de julio de 1999, la pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de la señora Celina Pascuas Quintero identificada con la cédula de ciudadanía 38.954.210 expedido en Cali, de acuerdo con la nulidad parcial ordenada en la Sentencia 177 del 11 de octubre de 2005 del Tribunal Contencioso-Administrativo del Valle del Cauca y de conformidad con las consideraciones precedentes [...]”.

En las consideraciones del acto mencionado, en su numeral 6º, se puede leer: “Que en la parte motiva de la Sentencia 177 del 11 de octubre de 2005 del Tribunal Contencioso-Administrativo del Valle del Cauca, en su página 18 en relación con los factores salariales para el ingreso base de liquidación expresa: [...] Los factores incorporados al salario base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones los determinará el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, así: (...). En ese orden de ideas la parte actora liquidará la pensión a la demandada solo con los factores incorporados en la ley [...]”.

De lo anterior se establece que el acto demandado en el presente proceso es la Resolución 62 de 16 de enero de 2014(10) que, como se observa, se trata de un verdadero acto de ejecución, pues, con él se procedió a dar cumplimiento a la sentencia que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca profirió al decidir la demanda que instauró la Universidad del Valle contra la Resolución 1022 de 30 de julio de 1999, mediante la cual se había reconocido la pensión de jubilación a la señora Celina Pascuas Quintero, con fundamento en el Acuerdo 4 del consejo superior de dicha universidad, que contemplaba la posibilidad de reconocer una pensión de jubilación en cuantía del 100% del ingreso base de liquidación. Y se dice que se trata de un acto de ejecución toda vez que no crea modifica o extingue una situación jurídica, ya que solo se ocupó de cumplir la sentencia emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que anuló un acto considerado contrario a derecho y ordenó reliquidar la pensión del demandante con fundamento en las leyes 33 y 62 de 1985.

La decisión del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca no fue objeto del recurso de apelación; sin embargo, cuando la misma corporación decretó la suspensión provisional(11) de la Resolución 1022 de 30 de julio de 1999, el auto que así lo ordenó fue impugnado y el Consejo(12) de Estado mediante providencia de 3 de febrero de 2005, la revocó en cuanto al pago de la pensión de la demandante en el porcentaje superior al 75%, es decir, la suspendió en lo que excedía a dicho porcentaje.

Conforme a lo anterior, no cabe duda respecto a que se trata de un acto de ejecución, el cual no es pasible del medio de control interpuesto toda vez que con él no se crea, modifica o extingue una situación jurídica sino que el mismo se expide en cumplimiento de una sentencia.

Efectuadas las precisiones anteriores, y como se dijo, en el ánimo de que el derecho a la tutela judicial efectiva y de acceso a la justicia por parte de la demandante sea plena, se procede a resolver, si hay o no cosa juzgada en el presente asunto.

La cosa juzgada

Conforme al artículo 303 del Código de General del Proceso, aplicable en esta jurisdicción por mandato expreso del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, la cosa juzgada, se define así:

“ART. 303.—Cosa juzgada. La sentencia ejecutoriada en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes [...]” (se resalta).

De la norma se extraen tres supuestos para que se presente la figura jurídica de la cosa juzgada:

1. Que el proceso nuevo verse sobre el mismo objeto.

2. Este mismo proceso debe estar fundado en la misma causa que el anterior.

3. Existir identidad jurídica de partes.

La cosa juzgada, lo dice la doctrina(13), “puede definirse, en general, como la inmutabilidad o irrevocabilidad que adquieren los efectos de la sentencia definitiva cuando contra ella no procede ningún recurso (ordinario o extraordinario) susceptible de modificarla, o ha sido consentida por las partes. Este atributo de la sentencia no constituye un efecto de ella, como lo sostiene gran parte de los autores, sino que se trata, en rigor, de una cualidad que la ley añade para reforzar su estabilidad y que tiene la misma validez con respecto a todos los efectos que pueda producir”.

En el Código Contencioso Administrativo, la cosa juzgada, se encontraba regulada por el artículo 175, así:

“ART. 175.—Cosa juzgada. La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”.

La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada.

La sentencia dictada en procesos relativos a contratos y de reparación directa y cumplimiento, producirá cosa juzgada frente a otro proceso que tenga el mismo objeto y la misma causa y siempre que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes; la proferida en procesos de restablecimiento del derecho aprovechará a quien hubiere intervenido en el proceso y obtenido esta declaración a su favor (...)”.

La jurisprudencia del Consejo de Estado(14), sobre la cosa juzgada ha dicho:

“(...) El fenómeno de la cosa juzgada se encuentra regulado en el artículo 175 del CCA, el cual prevé:

“ART. 175.—La sentencia que declare la nulidad de un acto administrativo tendrá fuerza de cosa juzgada “erga omnes”. La que niegue la nulidad pedida producirá cosa juzgada “erga omnes” pero solo en relación con la “causa petendi” juzgada”. Lo anterior demuestra que en efecto opera el fenómeno de la cosa juzgada, porque, como bien lo señaló el procurador primero delegado ante esta corporación, existe identidad de uno de los cargos y conceptos de violación de la demanda resuelta mediante la sentencia del Consejo de Estado de 3 de junio de 2004, con los de la presente demanda. En este caso los cargos presentados hacen referencia a la falta de competencia del Gobierno para regular sanciones relacionadas con el incumplimiento de las normas sobre normalización, certificación y metrología, por considerar que el establecimiento de sanciones es materia de competencia exclusiva del legislador, en atención al principio de legalidad. El segundo cargo reconduce al primero, porque la argumentación en que se apoya el demandante para explicar que se violaron las disposiciones del Decreto-Ley 2153 de 1992, es la falta de competencia del Gobierno Nacional para regular las sanciones en uso de su facultad reglamentaria, que fue el mismo argumento que adujo para considerar que se violó el artículo 3º de la Ley 155 de 1959 (...)” (se resaltó).

Conforme a lo anterior, la Sala analizará si en el presente caso, se dan las circunstancias o supuestos fácticos del artículo 303 del CGP, para lo cual se procede al estudio de cada uno de los ellos, pues, todos deben ser concurrentes, es decir, que si llegase a faltar alguno, no tendría lugar la cosa juzgada. Dicho de otra manera, deben estar presentes: el mismo objeto, la misma causa y la identidad jurídica de partes.

1. Que el proceso nuevo verse sobre el mismo objeto.

En el presente caso, la demandante pretende que en la sentencia se acceda a lo siguiente:

“1. Se declare la nulidad total de la Resolución 62 de fecha 16 de enero de 2014 emanada de la rectoría de la Universidad del Valle, por las razones expuestas en los hechos de la demanda.

2. Como consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto acusado y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Universidad del Valle, a expedir un nuevo acto administrativo que reliquide la pensión mensual vitalicia de jubilación de la señora Celina Pascuas Quintero, teniendo en cuenta para ello:

— El artículo 17, literal b) de la Ley 6ª de 1945;

— La Resolución 119 del 22 de abril de 1976, expedida por la Universidad del Valle;

— El artículo 146 de la Ley 100 de 1993;

— El artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 y la sentencia unificadora de factores salariales de fecha 4 de agosto de 2010 del Consejo de Estado (...)”(15).

Ahora, en el proceso que se adelantó por la Universidad del Valle en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho-lesividad, las pretensiones fueron las siguientes:

“1. Que es nula la Resolución 1022 del 30 de julio de 1999 expedida por la rectoría de la Universidad del Valle, que reconoció la pensión de jubilación a favor del demandado en contra de la Constitución y de la ley; otorgó sumas extralegales y sin el lleno de los requisitos, entre otros, los siguientes:

a) Reconoció la pensión sobre el 100% del promedio salarial y no el 75% previsto en la ley.

b) Incluyó como factores salariales pensionales: una doceava parte de la prima de navidad y una doceava parte de la prima de vacaciones, no autorizadas en la ley y, además, porque no se efectuaron aportes o cotizaciones a la seguridad social por estos conceptos.

c) Otorgó pensión de jubilación sin tener la edad de 55 años exigida por la ley.

2. Por ser la sentencia declarativa de un derecho y de un beneficiario que no se reputa de mala fe en la expedición del acto pensional, se decrete que el fallo surte efectos a partir de la presentación de la demanda.

3. Que a la sentencia se dé cumplimiento inmediato y en los términos del artículo 178 del CCA, según la inexequibilidad parcial declarada por la Corte Constitucional”(16)

Estas pretensiones se decidieron mediante la Sentencia 177 de 11 de octubre de 2005 proferida por el Tribunal del Valle del Cauca, así:

“1. DECLARAR no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.

2. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 1022 del 30 de julio de 1999, expedida por el rector y el secretario general de la Universidad del Valle, por medio de la cual se reconoció y autorizó el pago de una pensión vitalicia de jubilación en favor de Celina Pascuas Quintero, toda vez que se liquidó la pensión mensual vitalicia de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio salarial del último año de servicios, cuando lo legal es el equivalente al 75% del salario promedio de este último año.

En consecuencia, la Universidad del Valle deberá reliquidar la pensión de jubilación de la señora Celina Pascuas Quintero teniendo en cuenta las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.

3. NIÉGANSE las demás pretensiones de la demanda”(17)

Del análisis que la Sala hace a las pretensiones que se formularon tanto en el proceso que inició la Universidad del Valle en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho-lesividad, con la finalidad de obtener la nulidad de su propio acto, como del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó la aquí demandante contra la entidad por la expedición de la Resolución 62 de 16 de enero de 2014, la que fue expedida con fundamento en la sentencia que anuló la Resolución 1022 de 30 de julio de 1999 por la que se había reconocido la pensión en el 100% del ingreso base de liquidación, se llega a la conclusión que los dos procesos versaron sobre el mismo objeto, esto es, la liquidación de la pensión de la demandante. El primer proceso se inició al considerar que el monto de la pensión no correspondía al 100% sino al 75%, en los términos del artículo 1º de la Ley 33 de 1985, la actual demanda se presenta porque la actora estima que por el hecho de haber adquirido el status pensional en el año 1992, esto es, antes de la vigencia del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, con la promulgación de esta normativa aquellas situaciones sobre liquidación de pensiones en que se tuvieron en cuenta disposiciones locales quedaron saneadas, en tal virtud, en sentir de la actora, su pensión debe ser reconocida en el 100% con fundamento el Acuerdo 4 expedido por el Consejo Superior de la Universidad del Valle que así lo permitía.

De acuerdo con lo anterior, no cabe duda que los dos procesos mencionados trataron y decidieron el mismo objeto, esto es, el monto de la liquidación de la pensión de la demandante, por tanto, con el presente trámite, se pretende reabrir el debate sobre la forma de liquidación de la pensión, vale decir, si el monto de la prestación corresponde al 100% del ingreso base de liquidación, como lo establece la universidad en su reglamento interno, o en el 75% como lo dispone el artículo 1º de la Ley 33 de 1984.

En este orden de ideas, la Sala considera que el supuesto señalado en el artículo 303 del Código General del Proceso se cumple en este caso.

2. Que el proceso esté fundado en la misma causa del anterior.

Establecido que en el presente caso hay identidad de objeto, la Sala procede a continuación a analizar si también ocurre el supuesto de identidad de causa, es decir, la demanda y la decisión que hizo tránsito a cosa juzgada deben tener como sustento los mismos fundamentos o hechos. Por tanto, si la demanda presenta nuevos elementos, solamente se realizará el análisis respecto de estos, caso en el cual se pueden retomar los fundamentos que constituyen cosa juzgada para proceder a fallar sobre la nueva causa.

A efectos de analizar el supuesto de que ocurra en este proceso la misma causa del anterior, se considera pertinente traer el paralelo que en el acápite anterior, se hizo respecto a lo decidido en la sentencia y lo cumplido por la entidad:

Sentencia 177 de 11 de octubre de 2005(18)Resolución 62 de 16 enero de 2014(19)
1. Declarar no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada (Celina Pascuas Quintero).

2. DECLARAR la nulidad parcial de la Resolución 1022 del 30 de julio de 1999, expedida por el rector y el secretario general de la Universidad del Valle, por medio de la cual se reconoció y autorizó el pago de una pensión mensual vitalicia de jubilación en favor de Celina Pascuas Quintero, toda vez que se liquidó la pensión mensual de jubilación en cuantía equivalente al 100% del promedio salarial del último año de servicios, cuando lo legal es el equivalente al 75% del salario promedio de este último año.

En consecuencia, la Universidad del Valle deberá reliquidar la Pensión de Jubilación de la Señora CELINA PASCUAS QUINTERO teniendo en cuentas las pautas dadas en la parte motiva de esta sentencia.
En la parte resolutiva de esta resolución se dijo:

“ART.1º—Ajustar y reliquidar a partir del 19 de julio de 1999, la pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de la señora Celina Pascuas Quintero identificada con la cédula de ciudadanía 38.954.210 expedida en Cali, de acuerdo con la nulidad parcial ordenada en la Sentencia 177 del 11 de octubre de 2005 del Tribunal Contencioso-Administrativo del Valle del Cauca y de conformidad con las consideraciones precedentes [...]”.

En las consideraciones del acto mencionado, en su numeral 6º, se puede leer: “Que en la parte motiva de la Sentencia 177 del 11 de octubre de 2005 del Tribunal Contencioso-Administrativo del Valle del Cauca, en su página 18 en relación con los factores salariales para el ingreso base de liquidación expresa: [...] Los factores incorporados al salario base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones los determinará el artículo 1º del Decreto 1158 de 1994, así: (...). En ese orden de ideas la parte actora liquidará la pensión a la demandada solo con los factores incorporados en la ley [...]

De lo anterior, se observa que el debate jurídico se centró en establecer si la pensión de jubilación reconocida a la demandante, se debía hacer conforme al Acuerdo 4 de 1995 de la Universidad del Valle o si por el contrario debía ser liquidada conforme a la Ley 33 de 1985 y a la Ley 62 del mismo año, concluyendo la sentencia del a quo que se debe reconocer y liquidar de acuerdo con las leyes citadas.

En el presente caso, como se dijo, el acto administrativo impugnado es de ejecución de la Sentencia 177 de 11 de octubre de 2005, esto es, la Resolución 62 de 16 de enero de 2014, en la cual no se encuentran situaciones nuevas que ameriten la iniciación de un nuevo proceso ordinario, con la finalidad de que se efectúe pronunciamiento en relación con el reconocimiento de la pensión de jubilación.

De acuerdo con el análisis efectuado a la demanda y al acto acusado, la Sala concluye que se trata de la misma causa, es decir, las razones por las cuales se presentó el nuevo proceso se concretan en que la actora no está de acuerdo con el monto de su pensión toda vez que considera que debe ser el 100%, en aplicación del Acuerdo 4 de 1995 expedido por la Universidad del Valle, y no el 75% del ingreso base de liquidación, según las previsiones del artículo 1º de la Ley 33 de 1985. En virtud de lo anterior, se establece que se cumple el requisito de identidad de causa previsto en el artículo 303 del Código General del Proceso.

3. Existir identidad jurídica de partes.

Sobre este supuesto exigido por el artículo 303 de Código General del Proceso, la Sala observa que en el proceso 2003-3915, la parte actora es la Universidad del Valle y la demandada es la señora Celina Pascuas Quintero, en tanto que en el radicado 2014-00089, la demandante es la señora Celina Pascuas Quintero y la demandada la Universidad Valle.

De lo anterior, se puede concluir que se trata de las mismas partes y las mismas pretensiones de reliquidación de la pensión de jubilación, de conformidad con las leyes 33 y 62 de 1985, por tanto, existe identidad jurídica de partes.

Conforme al análisis realizado en precedencia, la Sala establece que en el presente caso concurren los supuestos de hecho consagrados en el artículo 303 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 306 de la Ley 1437 de 2011, para que se configure la excepción de cosa juzgada porque el derecho reclamado por la demandante ya fue objeto de pronunciamiento. En consecuencia, se confirmará la decisión de primera instancia.

Por lo anteriormente expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección B,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la audiencia inicial llevada a cabo el 20 de noviembre de 2014 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por la señora Celina Pascuas Quintero contra la Universidad del Valle del Cauca, mediante la cual se declaró probada la excepción de cosa juzgada y se terminó el proceso, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Por la secretaría de la sección segunda de la corporación devuélvase el proceso al Tribunal del Valle del Cauca, y déjense las constancias de rigor.

Aprobado en la sesión de la fecha.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

4 Página 331.

5 Gómez Aranguren, Gustavo. Derecho administrativo. ABC Editores Librería. 2004.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, C.P.: Maria Claudia Rojas Lasso, Bogotá, D.C., 31 de marzo de 2011, Rad.: 11001-03-27-000-2003-00071-01 actor: César Camilo Cermeño Cristancho, demandado: Banco de la Republica, Ref.: accion de nulidad.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subseccion “A”, C.P.: Alfonso Vargas Rincón, Bogotá D.C., 7 de abril de 2011, Rad.: 25000-23-25-000-2010-00152-01(1495-2010), actor: Severo Acosta Tarazona, demandado: La Nación - Ministerio del Interior y de Justicia.

8 Folio 31.

9 Folio 3.

10 Folio 114.

11 Folio 180.

12 Folio 184.

13 Código de Procedimiento Civil, comentarios al artículo 332, p. 206. Editorial Leyer, agosto de 2006.

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Seccion Primera, C.P.: María Elizabeth García González, Bogotá, D.C., 24 de mayo de 2012, Rad.: 11001-03-24-000-2007-00091-00, actor: Juan Álvaro Montoya Villada, demandado: Ministerio de Desarrollo Económico, hoy Comercio Industria y Turismo.

15 Folio 115.

16 Folio 31.

17 Folio 49.

18 Folio 31.

19 Folio 3.