Sentencia 2014-00093 de febrero 5 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Expediente: 110010328000201400093-00

Consejero Ponente:

Dr. Alberto Yepes Barreiro

Demandante: Jorge Ignacio Salcedo Galán y otra

Demandados: Representante Cámara Circunscripción Indígena - Germán Bernardo Carlosama López

Electoral: Fallo única instancia

Bogotá, D.C., cinco de febrero de dos mil quince.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia.

La competencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado para conocer de esta demanda de nulidad electoral en única instancia, está fijada por lo dispuesto en el artículo 149 numeral 3º del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en armonía con lo establecido en el artículo 13 del Acuerdo 58 de septiembre 15 de 1999 —reglamento Consejo de Estado—, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003, expedidos por la Sala Plena del Consejo de Estado, ya que se juzga la validez de la elección del señor Germán Bernardo Carlosama López como representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, período constitucional 2014-2018.

2. De la prueba del acto de elección acusado.

La designación del señor Germán Bernardo Carlosama López como representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, período constitucional 2014-2018, se probó con copia auténtica del formulario E-26 CA generado el 3 de julio de 2014, expedido por el Consejo Nacional Electoral(1).

3. Asunto de fondo.

Los señores Jorge Ignacio Salcedo Galán y Jeritza Merchán Díaz demandan la validez de la elección del señor Germán Bernardo Carlosama López como representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, período 2014-2018, inscrito por el movimiento AICO, consignada en el formulario E-26-CA de 3 de julio de 2014, con fundamento en la supuesta violación de los artículos 1º y 258 parágrafo 1º de la Constitución.

A partir de la información contenida en el acto acusado (E-26 CA), según la cual la opción del voto en blanco obtuvo un total de 35.756 votos, superior a la alcanzada por cualquiera de los diferentes candidatos y desde luego por el demandado (28.361 votos), afirman los demandantes que se transgredió lo previsto en el artículo 258 parágrafo 1º de la Constitución, por interpretación errónea, debido a que al haber sido el voto en blanco la opción más votada, lo que procedía era repetir, por una sola vez, la elección, lo que a su vez se traduce en que el señor Carlosama López, no obstante los votos que conquistó, no podía ser proclamado como representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena.

La interpretación esbozada por la parte actora se cimenta en la reforma que introdujo el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009 al parágrafo 1º del artículo 258 superior, cuyo texto original ya había sido modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003, que para ellos produjo como resultado el abandono de la mayoría absoluta como parámetro propiciador de la repetición de la elección, para sustituirlo por el de una mayoría simple, de suerte que si la opción del voto en blanco logra una votación superior, no a la del total de votos de todas los candidatos o listas presentadas a la contienda electoral, sino a la del candidato o lista con más votos, lo que procede es realizar de nuevo la elección con la precisión de que en el caso de las corporaciones públicas únicamente podrán volver a participar quienes hayan superado el umbral.

Tal como lo advirtieron el representante a la Cámara demandado al contestar la demanda, el agente del Ministerio Público y esta Sección al expedir el auto de 18 de septiembre de 2014, mediante el cual se admitió la demanda y se denegó la suspensión provisional de los efectos jurídicos del acto en cuestión, y quien elabora esta ponencia al momento de fijar el litigio en la audiencia inicial, el problema jurídico inmerso en este debate procesal gira alrededor de determinar el tipo de mayoría —absoluta o relativa— que exige el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, para que la votación depositada a favor del voto en blanco dé lugar a que se repita, por una sola vez, la respectiva elección.

El texto del parágrafo 1º del artículo 258 Constitucional, modificado por el artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003, decía:

“PAR. 1º—Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral” (resaltado de la Sala)

Y, el texto del parágrafo 1º del artículo 258 Constitucional, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, dice:

“PAR. 1º—Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vueltas en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral” (el original no trae resaltado).

La reforma anterior, que evidentemente suprimió el adjetivo “absoluta” a la expresión “mayoría” que venía desde la enmienda constitucional de 2003, generó un intenso debate en torno al tipo de mayoría que se requería para invalidar la elección y provocar su repetición por una sola vez. Algunos defendían la idea de que el constituyente había adoptado la mayoría relativa como punto de referencia para dar plena preponderancia al voto en blanco, de modo que si esta opción obtenía una votación superior a la de cualquier candidato o lista debía repetirse la elección; en cambio, otros propugnaban por la tesis de que a pesar de la reforma se mantenía como parámetro la mayoría absoluta para que el voto en blanco tuviera el señalado efecto jurídico.

Guiados por la primera de las tesis mencionadas, que daba plenos efectos jurídicos al voto en blanco como mayoría relativa, el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República impulsó el Proyecto de Ley Estatutaria 190/10 Senado - 092/10 Cámara “Por la cual se adoptan las reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”. Este proyecto, que finalmente se convirtió en la Ley 1475 de 14 de julio de 2011, se propuso desarrollar, entre otras cosas, el parágrafo 1º del artículo 258 Constitucional, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, bajo la formulación de esta potencial norma:

ART. 30.—Períodos de inscripción. El periodo de inscripción de candidatos y listas a cargos y corporaciones de elección popular durará un (1) mes y se iniciará cuatro (4) meses antes de la fecha de la correspondiente votación. En los casos en que los candidatos a la Presidencia de la República sean seleccionados mediante consulta que coincida con las elecciones de Congreso, la inscripción de la correspondiente fórmula podrá realizarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la declaratoria de resultados de la consulta.

En los casos de nueva elección o de elección complementaria para el resto del período de cargos y corporaciones de elección popular, el período de inscripción durará quince (15) días calendario contados a partir del día siguiente de la convocatoria a nuevas elecciones.

Deberán repetirse por una sola vez las votaciones que se realicen para elegir alcaldes, gobernadores, Presidente de la República en primera vuelta o miembros de una corporación pública cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación.

La inscripción de candidatos para la nueva elección se realizará dentro de los diez (10) días calendario contados a partir del día siguiente a la declaratoria de resultados por la correspondiente autoridad escrutadora.

PAR.—En los casos de nueva elección o de elección complementaria, la respectiva votación se hará cuarenta (40) días calendario después de la fecha de cierre de la inscripción de candidatos. Si la fecha de esta votación no correspondiere a día domingo, la misma se realizará el domingo inmediatamente siguiente” (la Sala resalta).

El proyecto de norma resaltado establecía que la repetición, por una sola vez, de las votaciones para elegir cargos unipersonales o corporaciones públicas de elección popular procedía “cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación”. Esto reflejaba que los efectos jurídicos atribuidos por el constituyente derivado al voto en blanco operaban bajo una mayoría relativa, con lo que bastaba que esa opción política superara en votación a cualquiera de los candidatos o listas inscritas para que se invalidara la respectiva elección y tuviera que repetirse por una sola vez.

En ejercicio de la facultad prevista en el artículo 153(2) de la Constitución Política, la Corte Constitucional procedió a la revisión previa y automática del citado proyecto de ley estatutaria. El inciso 3º del artículo 30 fue declarado inexequible(3) con la Sentencia C-490 de 2011, bajo las siguientes consideraciones:

“En principio, tampoco ofrecería reparo de constitucionalidad la norma estatutaria (inc. 3º) que aparentemente replica el mandato constitucional (art. 258, par. 1º) según el cual debe repetirse, por una sola vez, las votaciones que se realicen para elegir alcaldes, gobernadores, presidente de la república en primera vuelta o miembros de las corporaciones públicas cuando el voto en blanco adquiera amplias proporciones. Esta norma reconoce en el voto en blanco la manifestación de una opción política que cuenta con protección constitucional, toda vez que materializa una forma de oposición política con capacidad de invalidar un certamen y exigir su repetición.

Sin embargo, tal como lo advierte uno de los intervinientes, la norma estatutaria contempla una regulación distinta sobre la mayoría requerida para que el voto en blanco tenga poder invalidante, a la establecida en el Acto Legislativo 1º de 2009. En efecto, el parágrafo primero del artículo 258 de la Constitución modificado por el mencionado acto reformatorio, ordena que deberá, repetirse por una sola vez, la votación para elegir miembros de corporaciones públicas, gobernadores, alcaldes o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, “cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría”. En tanto que el inciso tercero de la norma examinada dispone que la repetición de la elección para los mismos cargos deberá llevarse a cabo “cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación”. Es claro que se trata de estándares muy distintos para la cuantificación de la mayoría que debe obtener el voto en blanco con poder invalidante. Mientras que la norma constitucional impone una mayoría absoluta, el proyecto de ley estatutaria reduce el presupuesto a una minoría simple, en clara vulneración de la norma constitucional.

Hechas estas constataciones la Corte declarará la exequibilidad del artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria objeto de revisión, con excepción del inciso tercero que se declarará inexequible. Esta declaratoria no genera vacío normativo alguno, toda vez que el precepto excluido del orden jurídico replicaba, con el matiz hallado contrario a la Constitución, un aparte del mandato contenido en el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución, sobre la mayoría requeridas para conferir poder invalidante al voto en blanco”(4).

No obstante que la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del inciso 3º del artículo 30 del proyecto de ley estatutaria porque el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, “impone una mayoría absoluta”, y no la mayoría aquí alegada por los demandantes, unos ciudadanos demandaron ante la Sección Quinta del Consejo de Estado la legalidad de la elección de los representantes por Colombia al Parlamento Andino, período 2010-2014, para lo cual adujeron que gracias a que la opción del voto en blanco obtuvo una votación superior a la lista que más votos alcanzó, lo propio era anular el acto acusado y repetir la elección.

Las pretensiones de esa demanda fueron desestimadas con fallo que actualmente se halla en firme y cuya jurisprudencia los ahora demandantes piden su rectificación, motivo por el cual y para conocer a profundidad las razones de la decisión, se transcribe in extenso, así:

6. Efecto del voto en blanco en el ordenamiento jurídico vigente. Mayoría necesaria para que éste logre la nulidad de las elecciones y, en consecuencia, su repetición.

Le corresponde ahora a la Sección resolver la controversia señalada por los demandantes, relativa a: i) el tipo de mayoría que exige el Acto Legislativo 1 de 2009 para que el voto en blanco tenga el poder de invalidar unas elecciones, y ii) si hay una diferencia entre la mayoría consagrada en el Acto Legislativo 1 de 2003 y la reforma constitucional de 2009.

Antes de absolver los anteriores interrogantes, la Sala considera pertinente señalar que la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011, al estudiar el proyecto de ley estatutaria que se convertiría en la Ley 1475 de 2011, juzgó contraria a la Constitución la disposición estatutaria que preceptuaba que debía repetirse, por una sola vez, las votaciones para elegir alcaldes, gobernadores, Presidente de la República en primera vuelta o miembros de las corporaciones públicas, cuando el voto en blanco obtuviese más votos que el candidato o lista que hubiere sacado la mayor votación. Esta disposición tenía como supuesto fáctico el mismo parámetro que los demandantes pretenden hacer valer en el caso bajo análisis. El tribunal constitucional constató que esta disposición contemplaba una regulación distinta en relación con la mayoría requerida para que el voto en blanco pudiera invalidar una elección, a aquella que señala el Acto Legislativo 1 de 2009, reformatorio del artículo 258 de la Constitución, y según la cual, la elección se debe repetir en el evento de que el voto en blanco constituya la mayoría “del total de votos válidos”. De esta manera, advirtió la Corte que “[e]s claro que se trata de estándares muy distintos para la cuantificación de la mayoría que debe obtener el voto en blanco con poder invalidante. Mientras que la norma constitucional impone una mayoría absoluta, el proyecto de ley estatutaria reduce el presupuesto a una mayoría simple, en clara vulneración de la norma constitucional”.

Si bien el fallo referido no hace un examen exhaustivo del tema, sí resulta ilustrativo que en él se hubiese señalado que el parámetro para establecer la mayoría de votos en blanco que obligue a repetir por una sola vez las votaciones, no puede ser aquel según el cual dicho voto obtenga más votos que el candidato o lista con la mayor votación, sino el del total de votos válidos, en donde el voto en blanco debe ser la mayoría frente a éstos.

Ahora bien, en la exposición de motivos del Acto Legislativo 1 de 2009, se consignaron los siguientes argumentos para eliminar del texto constitucional la expresión “absoluta” que calificaba la mayoría necesaria que debe obtener el voto en blanco para invalidar una elección:

Voto en blanco. Dentro de los avances del sistema democrático en Colombia, el voto en blanco ha tenido distintos momentos en su consolidación como una forma clara y representativa del disentimiento popular hacia las costumbres políticas, los candidatos propuestos, y las formas de gobierno. En esa medida, hemos visto cómo en la actualidad se admite constitucional y legalmente su contabilización para todos los fines jurídicos de una elección. No obstante, requiere de una mayoría superior a la que se exigiría a cualquier candidato, pues para efectos de repetir una elección, este debe alcanzar una mayoría de la mitad más uno del total del censo electoral, cauterizando el inconformismo ciudadano frente a los despropósitos que estos adviertan del ejercicio del poder público, o del engaño percibido con causa en programas de gobierno incumplidos.

“En coherencia con otros apartes de esta reforma, el gobierno propone que al voto en blanco se exija una mayoría “simple” para tener plenos efectos. Esta propuesta, sería un paso importante en la consolidación de la expresión de la voluntad popular, toda vez que se convertiría en una sanción ciudadana, clara y directa, contra las formas de corrupción, uso indebido del principio de representación, e inconformismo generalizado frente a las opciones que le presenten”(5) (resaltado fuera de texto).

De lo transcrito, se infiere que la reforma constitucional pretendía que la sanción ciudadana que conlleva el voto en blanco, se hiciera efectiva con una mayoría denominada “simple” y no con una mayoría “absoluta”, como la descrita en el Acto Legislativo 1 de 2003. Nótese, no obstante, que la criticada mayoría absoluta era entendida como la mitad más uno del total del censo electoral, cuando en realidad el texto literal del artículo 11 del Acto Legislativo 1 de 2003, establecía sin lugar a equívocos que el parámetro respecto del cual debía configurarse tal mayoría, era el de “los votos válidos”.

Esta Sala considera importante subrayar que, en su entender, el vocablo mayoría, ya se trate de simple o absoluta, hace referencia a una votación mínima —la mitad más uno— que se debe obtener para lograr el efecto jurídico correspondiente. La diferencia entre una y otra radica en el parámetro que se establezca para su determinación.

Un ejemplo de este aserto son los distintos preceptos constitucionales que se refieren a una y otra mayoría en referencia a las votaciones que se deben surtir en los órganos colegiados, específicamente, los de elección popular. Así, la alusión a una mayoría absoluta tiene como parámetro la totalidad de los miembros de la respectiva corporación. Por su parte, la mayoría simple u ordinaria tiene otro parámetro, la mitad más uno de los asistentes a la respectiva sesión(6).

Otro tipo de mayoría es la denominada cualificada, que requiere un porcentaje de votos diverso a la simple y la absoluta para la adopción de una decisión, como puede ser, dos tercios, o tres quintos de los votos. Ejemplo de ésta es la mayoría que se exige en el artículo 150, numeral 17, de la Carta, que otorga al Congreso la facultad de conceder amnistías o indultos generales por delitos políticos, para lo cual se requiere la aprobación “por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara”. En este caso, nuevamente, el parámetro lo constituye el número de miembros de una y otra corporación y no los asistentes a la sesión correspondiente.

Fuera de las anteriores mayorías, existe otra que se llama relativa y que, según el Diccionario de la Real Academia Española, es aquella “formada por el mayor número de votos, no con relación al total de éstos, sino al número que obtiene cada una de las personas o cuestiones que se votan a la vez”. Ejemplos de esta mayoría es la que se exige para la elección de alcaldes, gobernadores y Presidente de la República en segunda vuelta. Otro ejemplo lo constituye la mayoría que contenía el proyecto de ley estatutaria analizada por la Corte Constitucional en Sentencia C-490 de 2011 y declarada inexequible por contravenir el parámetro estipulado por la Carta de 1991, con la reforma del Acto Legislativo 1 de 2009. En efecto, en dicho proyecto se consagraba que “cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación”.

El señalamiento de reglas claras en la adopción de cualquier decisión es fundamental para el desarrollo adecuado de la institucionalidad(7).

“La democracia no es sencillamente, como lo define su traducción etimológica, el gobierno del pueblo sino es el gobierno del pueblo que se ejerce por ciertos canales preestablecidos”.

Lo expuesto, aplicado al caso en estudio, se traduce precisamente en el hecho de que los demandantes fundan su acusación en que en la supresión del calificativo “absoluta” de la mayoría a la que hace referencia el artículo 258 constitucional en virtud del Acto Legislativo 1 de 2009, implica que ahora, por mandato constitucional, la mayoría de votos en blanco que se exige para que éstos invaliden una elección, es la que aquí hemos denominado relativa y cuya introducción en nuestro ordenamiento fue rechazada por la Corte Constitucional, por resultar contraria al mandato superior.

En ese sentido, para los demandantes, el parámetro al que se ha hecho referencia en esta providencia, en el caso del voto en blanco, lo constituye la lista o candidato que obtuvo el mayor número de votos. Por su parte, para la entidad demandada y los representantes electos, el parámetro está en el total de los votos válidos emitidos en la respectiva elección.

Es indiscutible que una u otra interpretación tiene efectos diferentes y transcendentales en una elección. Mientras para los defensores de la tesis del voto en blanco versus el candidato o lista de mayor votación, el parámetro de decisión es la comparación entre las mayores votaciones, para los segundos, ese parámetro lo debe constituir la votación del voto en blanco frente a la que obtuvieron las diversas opciones puestas a disposición del ciudadano. Optar por uno u otro parámetro genera efectos diversos:

En el primer caso, basta que el voto en blanco obtenga en la elección por lo menos un voto más que el candidato con mayor votación para que el proceso electoral deba repetirse, —mayoría relativa— con la consecuencia inmediata del castigo para todos los candidatos, cuando de elecciones unilaterales se trate, en la medida que no se pueden volver a presentar en la nueva elección. Tratándose de listas, se sanciona a aquellas que no hayan alcanzado el umbral.

Bajo la égida de la segunda interpretación, es necesario que el voto en blanco supere por lo menos en un voto la votación obtenida por todos los candidatos o listas en contienda —mayoría de los votos válidos—, para que se invalide la elección y proceda su repetición, con los efectos ya descritos en relación con los candidatos y listas. Es decir, el voto en blanco en esta hipótesis, no es un candidato más, es una manifestación del descontento del elector frente a todas las opciones puestas a su consideración y, en consecuencia, sólo puede tener efectos invalidantes cuando logra superar, así sea por un voto, la votación total de todos y cada uno los candidatos y no la de uno solo de ellos —el de la mayor votación—.

La primera interpretación sobre la mayoría que requiere el voto en blanco para lograr la anulación de las elecciones no es de recibo, en opinión de la Sala, por las razones que pasan a explicarse:

i) Es cierto que el constituyente derivado manifestó su interés de modificar el artículo 258 en cuanto a los requisitos para que el voto en blanco pudiera anular una elección, sin embargo, ese querer no quedó reflejado en la redacción del texto de la reforma, pues en realidad lo único que hizo fue eliminar el adjetivo “absoluto” sin introducir cambio alguno al parámetro a partir del cual esa nueva mayoría debería ser tomada, cuando lo que ha debido ser objeto de modificación era precisamente este elemento. En consecuencia, antes y después de la reforma de 2009, existe un mismo parámetro para determinar la mayoría que se requiere para la anulación de unas elecciones por el ejercicio del voto en blanco, y éste no es otro que: el total de los votos válidos depositados en los respetivos comicios. Se trata así, de una mayoría simple que se mide respecto de la totalidad de los votos válidos. No de otra manera puede entenderse la disposición constitucional —artículo 258, parágrafo 1º—, pues de haberse querido consagrar una mayoría relativa del voto en blanco respecto de los candidatos y listas postulantes, el constituyente derivado expresamente así lo habría dispuesto, como en su momento lo hizo el legislador en el proyecto de ley estatutaria a la que hemos hecho mención y declarado inconstitucional justamente por ser contrario al artículo 258 superior.

Algunos podrían alegar que la anterior interpretación resulta formalista y apegada a la literalidad, desconociendo por demás el llamado “efecto útil” de la norma reformada. Para quienes así pudieran razonar, es importante señalar que la redacción de la regla contenida en el artículo 258 de la Constitución es clara y no es posible hacer interpretaciones que ni se deducen de su texto ni son acordes con él. No es lo mismo, ni tiene el mismo efecto señalar que el precepto constitucional ordena que el voto en blanco es mayoría cuando obtenga una votación mayor a la del candidato o lista mayoritaria que afirmar que esa mayoría lo es en relación o frente a la totalidad de los votos válidos emitidos, como expresamente lo exige el precepto reformado. En consecuencia, no se puede hablar de un efecto útil, pues ello implicaría no una interpretación sino una reforma al texto constitucional que, en términos democráticos, es inaceptable, por cuanto el poder de reforma no radica en la jurisdicción.

ii) No resulta proporcional en un régimen democrático y pluralista como el que nos rige, aceptar, mientras el constituyente primario o derivado no resuelva lo contrario, que en un sistema electoral como el colombiano en donde, pese a las últimas reformas, existe un amplio número de partidos y movimientos políticos que le permiten al elector un amplio espectro de opciones —14 en el caso objeto de estudio— para una mayor participación de los grupos minoritarios, imponer la repetición de una elección porque el voto en blanco superó a uno de los candidatos y no al conjunto de éstos. Esta interpretación resulta excluyendo a una mayoría que optó por apoyar a una de las diversas propuestas y que, por ende, asintió con su elección en una escogencia determinada, frente a otra cuya voluntad era manifestar su inconformidad con ese plexo de opciones y que resulta victoriosa, no porque efectivamente sea la fuerza mayoritaria sino porque su parámetro de comparación fue el candidato con la mayor votación y no todos los que fueron objeto de escrutinio.

El voto en blanco así entendido, le terminaría restando eficacia a la participación de una mayoría clara que, con su voto en favor de un candidato determinado, está validando los resultados de la contienda y no su anulación. Insiste la Sala, en que si la finalidad del voto en blanco es materializar el desacuerdo contra las distintas opciones que se le presentan al elector, no resulta proporcional al sistema democrático que nos rige ni a la eficacia del voto como un derecho y un deber, si el voto en blanco se considera como un candidato más y no como una opción que requiere de una determinada mayoría frente a la votación general —votos válidos— para tener los efectos anuladores que hoy le reconoce el ordenamiento constitucional, tal como se demostrará en el análisis del caso sometido a examen de esta Sala, en donde se presentaron 14 listas, las cuales recibieron un 79.2% de los votos válidos frente al 20.8% del voto en blanco.

La interpretación de la norma constitucional que prohíja esta Sala busca hacer efectivo el principio de tutela efectiva de los derechos de las minorías que, como lo señala Paolo Biscaretti di Ruffia, “suelen organizarse concretamente en una multiplicidad de partidos políticos […] dando origen así a variados sistemas de pluripartidismo”(8). En este caso, la Sala busca privilegiar las votaciones que recibieron todos los partidos, grupos y movimientos que se presentaron a la contienda —14 en total— algunos de ellos, grupos minoritarios como el Movimiento Nacional Afrocolombiano —Afro—; la Alianza Social Afrocolombiana —ASA— y el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, entre otros, que quedarían por fuera de la elección a repetirse por no alcanzar el umbral, pese a que hubo la intención de un electorado, minoritario sí, de apoyar su propuesta.

En otros términos, de aceptarse la interpretación que se plantea en la demanda, se estaría privilegiando a una minoría, en este caso, aquella que no estaba conforme con las listas propuestas, frente a unas mayorías que optaron por una determinada opción.

(…).

7.1. Violación del orden jurídico superior en el que debía fundarse el acto demandado.

Este vicio se configura cuando la decisión contenida en el acto administrativo desconoce normas superiores. Según la parte demandante, la resolución atacada contraviene lo dispuesto por el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución Política, al fundarse en que es necesaria una mayoría de la mitad más uno de votos blancos, en relación con los votos válidos, para que se deban repetir las votaciones al Parlamento Andino para el período 2010-2014. A juicio de los actores, ésta era la situación prevista en el texto del Acto Legislativo 1 de 2003, que exigía una mayoría absoluta, pero que no se encontraba vigente al momento de la expedición del acto demandado, pues dicha reforma constitucional fue sustituida por el Acto Legislativo 1 de 2009, que estipula una mayoría simple.

Tal acusación es infundada, habida cuenta de que, como quedó establecido, la reforma contenida en el Acto Legislativo de 2009, no ordenó nada distinto a lo estipulado en aquella de 2003, en la medida en que, a pesar de que la primera añadía el adjetivo de “absoluta” a la mayoría exigida para que el voto en blanco tuviera poder invalidante, establecía idéntico parámetro de cuantificación al ahora vigente, contenido en el Acto Legislativo 1 de 2009, cual es: el total de los votos válidos depositados en los comicios. Así pues, según lo dicho a lo largo de las consideraciones del presente fallo, en realidad, en ambos casos se trata de una mayoría simple consistente en la mitad más uno de la totalidad de los votos válidos.

Yerran los demandantes al interpretar que la supresión de la expresión “absoluta” de la reforma constitucional de 2009, implicó la admisión en nuestro ordenamiento constitucional de una mayoría relativa para que el voto en blanco pueda invalidar unas elecciones. Como fue antes explicado, es ésta la mayoría que se configura por el mayor número de votos, no en relación con el total de votos válidos, sino frente a las listas o candidatos, lo cual no puede deducirse, de ninguna manera, del texto de la disposición constitucional vigente, tanto así, que la Corte Constitucional declaró inexequible el contenido del proyecto de ley estatutaria que contemplaba este supuesto para que del mismo se derivara la consecuencia de invalidación de la elección y repetición de las votaciones, precisamente por resultar contrario al parámetro establecido en el parágrafo 1º del artículo 258 superior”(9).

Los demandantes piden que se rectifique la anterior posición jurisprudencial de la Sección Quinta. Insisten en que el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009 no se refiere a una mayoría absoluta sino a una mayoría relativa, ya que para entender que se trata de la primera se requiere de su consagración expresa. Acuden a los antecedentes legislativos del mencionado proyecto de ley estatutaria para demostrar que el propósito del legislador fue el de implementar la mayoría relativa para hacer repetir la elección en los casos en que el voto en blanco supere en votos a cualquiera de los candidatos o listas, según el caso. Y, consideran que se afecta el principio de participación democrática dado que a las minorías se les niega la posibilidad de hacer repetir las votaciones y de esa forma renovar la clase política, al tiempo que se facilita que la representación política quede en manos de personas con baja votación.

La rectificación jurisprudencial no es viable por múltiples razones.

En primer lugar, recuerda la Sala que la posición asumida por la Sección Quinta del Consejo de Estado en el fallo de 9 de marzo de 2012 (exp. 201000029 y otro) se fundó, entre otras cosas, en lo dispuesto por la Corte Constitucional en la Sentencia C-490 de 2011 en cuanto declaró inexequible el inciso 3º del artículo 30 del Proyecto de Ley Estatutaria 190/2010 Senado - 092/2010 Cámara “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.

El inciso 3º del artículo 30 en mención, que puede calificarse como una interpretación por el legislador(10) pues buscaba desarrollar el parágrafo 1º del artículo 258 Constitucional, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, pretendía establecer que las votaciones para cargos unipersonales o de corporaciones públicas de elección popular se debían repetir “cuando el voto en blanco obtenga más votos que el candidato o lista que haya sacado la mayor votación”, con lo que innegablemente quedaría demostrado que la interpretación acertada del texto constitucional era la propuesta por los señores Salcedo Galán y Merchán Díaz en esta demanda.  

Sin embargo, la inexequibilidad del inciso 3º del artículo 30 del aludido proyecto de ley estatutaria, así decretada por la Corte Constitucional con la Sentencia C-490 de 2011, demostró que esa no era la auténtica interpretación del texto constitucional, dado que “la norma constitucional impone una mayoría absoluta” (la Sala impone resaltados).

Los efectos de la Sentencia C-490 de 2011 son variados. Uno de ellos es el contemplado en el artículo 243 de la Constitución, que establece que “Los fallos que la Corte [Constitucional] dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”., con la prohibición para todas las autoridades públicas de “reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo,…”, siempre y cuando se mantengan en la norma superior los preceptos jurídicos que sirvieron de parámetro para surtir el control de constitucionalidad.

Otros efectos de las sentencias expedidas por esa alta corte en ejercicio del control constitucional, están consagrados en el artículo 48 de la Ley 270 de 7 de marzo de 1995 —Estatutaria de la Administración de Justicia—, que predica que dichos fallos “sólo serán de obligatorio cumplimiento y con efecto erga omnes en su parte resolutiva…” y que “La interpretación que por vía de autoridad hace, tiene carácter obligatorio general”.

La Sala, conforme a lo anterior, advierte que la Sentencia C-490 de 2011 produjo efectos de cosa juzgada constitucional respecto de la inconstitucionalidad del inciso 3º del artículo 30 del proyecto de ley estatutaria que actualmente es la Ley 1475 de 2011, que albergaba un contenido normativo igual al que los demandantes quieren hacer valer como interpretación plausible de la enmienda que el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009 hizo al parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución.

Por ello, la intangibilidad e inmutabilidad que caracterizan a la cosa juzgada llevan a sostener que no es viable acoger la interpretación avalada por los demandantes, en el sentido de que las votaciones deben repetirse cuando la opción del voto en blanco logre un respaldo mayoritario frente a cualquiera de los candidatos o listas inscritas para el certamen electoral, porque ello supondría la indebida reproducción de un texto que el tribunal constitucional impidió que ingresara al mundo jurídico por contravenir el ordenamiento superior.

Solamente podría evitarse la fuerza vinculante de la cosa juzgada constitucional en la medida que el entorno constitucional hubiera experimentado una modificación sustancial. Es decir, que la inexequibilidad decretada por el tribunal constitucional con la Sentencia C-490 de 2011 sobre el inciso 3º del artículo 30 del citado proyecto de ley estatutaria, únicamente dejaría de ser un escollo para asumir de nuevo el estudio de la mayoría requerida para que el voto en blanco pudiera propiciar la repetición de las elecciones por una sola vez, si el referente constitucional utilizado para practicar dicho control se hubiera modificado de fondo o ya no existiera, sin embargo, el contenido normativo del parágrafo 1º del artículo 258 superior sigue siendo el mismo que se adoptó con el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, lo cual impide absolutamente retomar dicho estudio dado los efectos erga omnes que tienen las sentencias de inexequibilidad de esa Alta Corte que hacen tránsito a cosa juzgada constitucional.

Además, no solamente el decisum de la Sentencia C-490 de 2011 impide adoptar como posición válida la interpretación sugerida por los señores Jorge Ignacio Salcedo Galán y Jeritza Merchán Díaz. También la ratio decidendi de ese fallo rechaza la posibilidad de que el texto actual del parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución imponga la mayoría simple o relativa como factor desencadenante de la repetición de las elecciones, puesto que con total claridad la Corte Constitucional motivó su decisión en el hecho de que “la norma constitucional impone una mayoría absoluta” (la Sala resalta).

Así, el tribunal constitucional efectuó una interpretación por vía de autoridad sobre la norma constitucional tantas veces mencionada, que “tiene carácter obligatorio general” (L. 270/96, art. 48). Por lo mismo, la Sección Quinta del Consejo de Estado no puede apartarse de la interpretación realizada en la Sentencia C-490 de 2011 respecto de la mayoría que se necesita para que se repita la votación por una sola vez, que además de compartirse resulta ser inescindible de la decisión de inexequibilidad, ya que una posición contraria indefectiblemente conduciría al absurdo de aceptar lo decidido en torno a la expulsión de la norma del ordenamiento jurídico, pero contradictoriamente desacatar la razón de ser de esa decisión, esto es, que se requiere una mayoría absoluta y no una mayoría relativa para que se imponga el voto en blanco sobre las demás alternativas políticas.

En este orden de ideas, la Sentencia C-490 de 2011 constituye cosa juzgada constitucional frente a la norma contenida en el inciso 3º del artículo 30 del proyecto de ley estatutaria que hoy es la Ley 1475 de 2011, la cual no se puede reproducir bajo el artilugio de establecer por medio de interpretación el tipo de mayoría que se requiere para que el voto en blanco dé lugar a que se repita la votación, hermenéutica que por cierto quedó igualmente fijada en la ratio decidendi de dicho fallo, que claramente señaló que se necesitaba una mayoría absoluta para que la opción del voto en blanco tuviera ese efecto jurídico.

En segundo lugar, y a pesar de que lo anterior bastaría para no abordar los demás aspectos de la acusación, señalan los demandantes que la Sección Quinta del Consejo de Estado en la sentencia de 9 de marzo de 2012 (exp. 201000029 y otro), pasó por alto examinar los antecedentes del trámite legislativo impartido al proyecto de ley estatutaria que actualmente es la Ley 1475 de 2011, en los que se expuso que el propósito central de la reforma del parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución era el de reemplazar el criterio de la mayoría absoluta por el de la mayoría relativa para que la opción del voto en blanco tuviera el efecto jurídico de hacer repetir las votaciones por una sola vez, para lo cual bastó con eliminar el adjetivo “absoluta” del contenido de dicha norma.

No corresponde a la verdad la afirmación de los demandantes, en donde se sostiene que la Sección Quinta dejó de analizar los antecedentes legislativos del Proyecto de Ley Estatutaria 190/10 Senado - 092/10 Cámara “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”; por el contrario, en la parte motiva del fallo de 9 de marzo de 2012 hizo expresa mención al móvil que indujo la presentación del proyecto de ley, para lo cual examinó la exposición de motivos que aparece en la Gaceta del Congreso 558 de 28 de agosto de 2008, donde se precisaba la propuesta del Gobierno Nacional de “que al voto en blanco se exija una mayoría ‘simple’ para tener plenos efectos”. Empero, también destacó la Sección que el resultado de los debates parlamentarios no concordó con la intención que inspiró la redacción del proyecto en esa parte, porque si bien se pretendía implantar una mayoría relativa en últimas se mantuvo la mayoría absoluta. Exactamente el fallo dijo al efecto:

“Es cierto que el constituyente derivado manifestó su interés de modificar el artículo 258 en cuanto a los requisitos para que el voto en blanco pudiera anular una elección, sin embargo, ese querer no quedó reflejado en la redacción del texto de la reforma, pues en realidad lo único que hizo fue eliminar el adjetivo “absoluto” sin introducir cambio alguno al parámetro a partir del cual esa nueva mayoría debería ser tomada, cuando lo que ha debido ser objeto de modificación era precisamente este elemento. En consecuencia, antes y después de la reforma de 2009, existe un mismo parámetro para determinar la mayoría que se requiere para la anulación de unas elecciones por el ejercicio del voto en blanco, y éste no es otro que: el total de los votos válidos depositados en los respetivos comicios…”.

Bajo estas circunstancias es dable aplicar lo previsto en el artículo 27 del Código Civil que establece que “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Si el texto actual del parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, es lo suficientemente claro en cuanto a que se requiere una mayoría absoluta para que el voto en blanco provoque la realización de nuevas elecciones, que es la única interpretación válida que se le puede dar al hecho de confrontar los votos en blanco con el “total de votos válidos” y no con “el candidato o lista que haya sacado la mayor votación” —como lo proponía el inciso 3º del artículo 30 del citado proyecto de ley estatutaria—, no resulta razonable ni admisible que la Sala deba sumergirse en los móviles que inspiraron la enmienda constitucional en esa parte, ya que lo que prima en estos casos es el “tenor literal” de la norma sobre su “espíritu”.

Adicionalmente, la sola supresión del adjetivo “absoluta” de que fue objeto el parágrafo 1º del artículo 258 de la Constitución a raíz de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2009, no significa, per se, que la mayoría absoluta hubiera sido reemplazada por una mayoría relativa como factor determinante para que la votación depositada a favor del voto en blanco pueda provocar la repetición de las votaciones.

Equivocadamente sostienen los demandantes que la única forma en que se pudiera admitir que se aplica una mayoría absoluta en el caso en estudio es por su expresa consagración. La Sala no está de acuerdo con esa postura, dado que en el ordenamiento constitucional se hallan algunos ejemplos sobre la aplicación de tal forma de mayoría sin hacer mención directa a su nominación. Así sucede, vr. gr., con: i) la moción de censura de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, que se aprueba con “el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que la haya propuesto” (art. 135.9); ii) la sanción presidencial de proyectos que después de objetados “fuere[n] aprobado[s] por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara” (art. 167); iii) el referendo derogatorio de leyes cuya aprobación debe contar con “la mitad más uno de los votantes que concurran al acto de consulta, siempre y cuando participe en éste una cuarta parte de los ciudadanos que componen el censo electoral” (art. 170); iv) la elección del Presidente de la República en la primera vuelta, para lo cual se requiere de “la mitad más uno de los votos que, de manera secreta y directa, depositen los ciudadanos en la fecha y con las formalidades que determine la ley” (art. 190); v) la moción de censura de los secretarios de despacho del alcalde, cuya aprobación debe contar con “la mitad más uno de los miembros que componen el Concejo Distrital o municipal” (art. 313); vi) la ley que convoca a referendo para reformar la Constitución, la cual debe ser aprobada por “la mayoría de los miembros de ambas cámaras,…” y la aprobación de la reforma constitucional por medio de referendo, que debe tener “el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes,…” (art. 378) (resaltados son de la Sala).

Está visto, entonces, que en el ordenamiento jurídico interno se emplean distintas formas de redacción para identificar el criterio de mayoría absoluta. En unos casos se acude a la expresión “mitad más uno”, en otros a “la mayoría” y también a “más de la mitad”. Es más, la definición que aparece en el artículo 117 numeral 2º de la Ley 5ª de 17 de junio de 1992 “Por la cual se expide el reglamento del Congreso; el Senado y la Cámara de Representantes”, define el citado criterio como la decisión asumida “por la mayoría de los votos de los integrantes”.

La consistencia de la tesis que se viene exponiendo se refuerza aún más si se tiene en cuenta que la sola expresión “la mayoría”, que de hecho se emplea en solitario en el parágrafo 1º del artículo 258 constitucional (Mod. A.L. 1/2009) y que se concibe como “La mayor parte de un número o de una serie de cosas que se expresa”(11), adquiere un significado mucho más claro en el referido precepto constitucional cuando se le complementa con el parámetro “total de votos válidos”, lo cual no deja ninguna duda en torno a que en las circunstancias actuales la votación solamente debe repetirse cuando el voto en blanco obtenga un voto más que la sumatoria de votos depositados a favor de los candidatos y listas inscritas, según el caso.

Y, en tercer lugar, la Sala no vacila en sostener que la Constitución Política de 1991 se caracteriza, entre otras cosas, por su naturaleza incluyente, por el reconocimiento expreso que hace de la diversidad étnica, cultural, social, etc., y por la imperiosa necesidad de que se logre una igualdad “real y efectiva” (C.P., art. 13), en lo que se ha dado un paso bien importante ya que se ha admitido la existencia de “grupos discriminados o marginados” (Ib.).

Igualmente es claro que a partir de la expedición del Acto Legislativo 1 de 2003 el voto en blanco fue dotado de unos efectos jurídicos sin antecedentes en la historia nacional, ya que además de entrañar la protesta social contra la clase política tradicional, permite que bajo precisas circunstancias la votación deba repetirse.

Empero, apelar al argumento de que para dar cabida a los grupos minoritarios que optan por votar en blanco, como en efecto lo hacen los demandantes, se debe inferir que el parágrafo 1º del artículo 258 Constitucional (Mod. A.L. 01/2009), impone una mayoría relativa y no una mayoría absoluta para propiciar la repetición de las elecciones, resulta ser insuficiente. La configuración constitucional está a cargo del constituyente primario y del constituyente derivado, y en este caso fue el último quien determinó expresa e indudablemente que solamente si el voto en blanco logra la mayoría frente al total de votos válidos deben repetirse, por una sola vez, las votaciones.

Por ende, no es cierto que la Sección Quinta en la sentencia de 9 de marzo de 2012 (exp. 201000029 y otro), haya pasado por alto proteger los derechos de las minorías. Por el contrario, lo que en efecto hizo fue reconocer los derechos de las personas que optaron por el voto en blanco, pero en la proporción constitucionalmente establecida, que determina que solamente si esa alternativa conquista un voto más respecto del “total de votos válidos” la elección se invalida y debe practicarse de nuevo, por una sola vez.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha señalado que los jueces únicamente pueden apartarse del precedente horizontal si se satisfacen los requisitos de transparencia y suficiencia. El primero atiende la necesidad de identificar cabalmente la posición jurisprudencial vigente que se pide revisar; y, el segundo corresponde a la carga relativa a ofrecer “razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del caso nuevo que justifiquen el cambio jurisprudencial, lo que significa que no se trata simplemente de ofrecer argumentos en otro sentido, sino que resulta necesario demostrar que el precedente anterior no resulta válido, correcto o suficiente para resolver el caso nuevo(12) (requisito de suficiencia)”(13).

Pues bien, todo lo dicho en precedencia lleva a colegir sin dubitaciones que la revisión jurisprudencial no es viable. Claramente no se cumple el requisito de suficiencia, merced a que el fallo de 9 de marzo de 2012 se basó en razones que están conformes al ordenamiento constitucional, son correctas o válidas, y por lo mismo no hay lugar a que la Sección Quinta cambie su posición, que se apoya, entre otras cosas, en una razón muy poderosa como es la cosa juzgada constitucional que surgió con la expedición de la Sentencia C-490 de 2011, que además de haber impedido el ingreso al mundo jurídico de la norma propugnada por los accionantes, fijó con carácter obligatorio general el auténtico sentido del parágrafo 1º del artículo 258 superior (Mod. A.L. 01/2009), según el cual las elecciones únicamente pueden repetirse por una sola vez cuando el total de votos en blanco sea mayoría absoluta frente al total de votos válidos o en las propias palabras del constituyente derivado “cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría”.

En este orden de ideas, deben denegarse las pretensiones de la demanda ya que la opción del voto en blanco no fue mayoría absoluta respecto del total de votos depositados por los demás candidatos. En efecto, según el acto acusado la votación total por los candidatos inscritos a la Cámara de Representantes por la circunscripción especial indígena fue de 77.550 sufragios, lo que indica que la votación que debía conquistar el voto en blanco para propiciar la repetición de la elección era de 38.776 votos, pero solamente obtuvo 35.756 votos. Es decir, se trata de una votación insuficiente para lograr el efecto deseado por los demandantes.

Es decir, que no es cierto que el Consejo Nacional Electoral vulneró lo dispuesto en los artículos 1º y 258 parágrafo 1º, modificado por el artículo 9º del Acto Legislativo 1 de 2009, pues aplicó en su verdadera dimensión la última norma tras haber constatado que los votos depositados a favor del voto en blanco no constituían mayoría absoluta frente al total de votos válidos conquistados en las urnas por los demás candidatos, potísima razón que torna inane la petición de revisión jurisprudencial elevada por los demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DENEGAR las pretensiones de la demanda de nulidad electoral 110010328000201400093-00, promovida por los señores Jorge Ignacio Salcedo Galán y Jeritza Merchán Díaz contra la elección del señor Germán Bernardo Carlosama López como representante a la Cámara por la circunscripción especial indígena, período constitucional 2014-2018.

2. En firme esta providencia archívese el expediente, dejando las anotaciones correspondientes.

Notifíquese.»

(1) Folios 15 a 19.

(2) Esta norma establece: “ART. 153.—La aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias exigirá la mayoría absoluta de los miembros del Congreso y deberá efectuarse dentro de una sola legislatura.

Dicho trámite comprenderá la revisión previa, por parte de la Corte Constitucional, de la exequibilidad del proyecto. Cualquier ciudadano podrá intervenir para defenderla o impugnarla”.

(3) La parte resolutiva del fallo dispuso al efecto: “Duodécimo. Declarar EXEQUIBLE el artículo 30 del Proyecto de Ley Estatuaria objeto de revisión, con excepción de su inciso tercero que se declara INEXEQUIBLE”.

(4) C-490 de 23 de junio de 2011, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

(5) Gaceta del Congreso 558 de 28 de agosto de 2008, pág. 8.

(6) Sobre el particular se pueden revisar las normas constitucionales que fijan las reglas de las mayorías para la adopción de las decisiones en el Congreso de la República. Así, por ejemplo, el artículo 135 numeral 9º de la Constitución Política, relativo a la facultad de cada cámara del Congreso de la República de proponer moción de censura respecto de los ministros, superintendentes y directores de departamentos administrativos, preceptúa que “su aprobación requerirá el voto afirmativo de la mitad más uno de los integrantes de la Cámara que lo haya propuesto”, haciendo clara alusión a la mayoría absoluta dentro del Senado o la Cámara de Representantes, según sea quien haya propuesto la moción de censura.

De igual manera, el artículo 150 superior, que consagra las funciones del Congreso, establece, por ejemplo, en su numeral 10, que faculta a dicho órgano a revestir al Presidente de la República de facultades extraordinarias para expedir normas con fuerza de ley; y dispone, como regla de mayoría para su aprobación, “la mayoría absoluta de los miembros de una y otra Cámara”.

También en los artículos 151 y 153 del Texto Superior, se exige mayoría absoluta. En el primero de éstos, en el que se hace referencia a la facultad del órgano legislativo nacional para expedir leyes orgánicas, se establece que para su aprobación, se requerirá “la mayoría absoluta de los votos de los miembros de una y otra Cámara”. En el caso del artículo 153, se requiere, asimismo, para la aprobación, modificación o derogación de las leyes estatutarias, “la mayoría absoluta de los miembros del Congreso”.

Por contraposición, la mayoría simple, si bien se alcanza igualmente con un mínimo de la mitad más uno, cuenta con otro estándar respecto del cual se configura. La mayoría simple, pues, no requiere que el cómputo se haga sobre todos los miembros de la corporación, sino sólo en relación con los presentes, es decir, quienes, efectivamente, participen en la decisión sobre el asunto bajo consideración. Ejemplo de este tipo de mayoría, que también ha sido denominada mayoría ordinaria, se encuentra en el artículo 146 de la Constitución, en el que se establece como regla general para la toma de decisiones en el Congreso una mayoría simple u ordinaria, en tanto se requiere “la mayoría de los votos de los asistentes, salvo que la Constitución exija expresamente una mayoría especial”. Asimismo, para la elección del Presidente de la República, se exige una mayoría simple, pues se requiere “la mitad más uno de los votos” que sean depositados en las urnas.

(7) Cfr. Corte Constitucional sentencias, C-194 y T-569 de 2011; T-760 de 2008; T-726 de 2005; T-488 de 2010 y T-699 de 1996, entre otras.

(8) Paolo Biscaretti Di Ruffia “La introducción al derecho constitucional comparado. Las formas de Estado y las formas de gobierno”, Fondo de Cultura Económica. Reimpresión Colombiana 1997, págs. 122 y 123.

(9) Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 9 de marzo de 2012, expediente: 110010328000201000029-00. Demandante: Hermann Gustavo Garrido Prada y otros. Demandado: Representantes por Colombia al Parlamento Andino (2010-2014), C.P. Alberto Yepes Barreiro.

(10) Esta forma de interpretación está regulada por el artículo 25 del Código Civil que dice: “La interpretación que se hace con autoridad para fijar el sentido de una ley oscura, de una manera general, solo corresponde al legislador”. El texto resaltado se declaró inexequible por la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-820 de 2006.

(11) Diccionario de la Real Academia Española.

(12) Ver entre otras, las sentencias T-014 de 2009, T-777 de 2008, T-571 de 2007, T-049 de 2007, T-440 de 2006, T-330 de 2005, T-698 de 2004, T-688 de 2003 y T-468 de 2003.

(13) Corte Constitucional. Sentencia T-446 de 11 de julio de 2013, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.