Sentencia 2014-00107 de mayo 2 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejero Ponente:

Carlos Enrique Moreno Rubio

Bogotá, D.C., mayo dos (2) de dos mil dieciséis (2016).

Expediente acumulado: 11001-03-28-000-2014-00107-00 (11001-03-28-000-2014-00106-00)

Actor: Eduard Eccehomo Torres Mosquera y Melania Valois Lozano

Demandado: Representantes a la Cámara por el Departamento de Chocó

Acción electoral. Sentencia

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.2. Competencia.

Esta Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º(20) del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo previsto en el artículo 13-4 del acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999(21).

2.2. El acto acusado.

Lo constituye el Acuerdo Nº 0020 del 16 de julio de 2014 por medio del cual se declaró la elección de los señores Nilton Córdoba Manyoma y José Bernardo Flórez Asprilla como representantes a la Cámara por el departamento de Chocó, para el período constitucional 2014-2018.

También se demandaron junto con el acto de elección las resoluciones números DCH-7, 8 y 12 del 20 de marzo de 2014.

2.3. Examen de los cargos.

Procede la Sala al estudio de los cargos formulados en la demanda con base en lo establecido en la fijación del litigio.

2.3.1. Municipio de Bojayá:

2.3.1.1. Fijación del litigio:

Si el Acuerdo 020 de 2014 y la resolución DCH7 del 20 de marzo de 2014 se encuentran viciados de nulidad por violación del artículo 41 de la Ley 1475 de 2011 en cuanto no se accedió a declarar que los escrutinios realizados en dicho municipio se hicieron sin observar tal disposición.

También deberá determinarse si los escrutinios que allí se adelantaron vulneraron los artículos 142, 144, 145, 146 y 152 del Código Electoral por las siguientes irregularidades, que se concretan en establecer:

i) Si los jurados de votación en dicha localidad no hicieron constar los resultados del cómputo de los votos ni totalizaron los votos obtenidos por cada lista y candidato respecto de las mesas 2, 4 y 5 del puesto 1 de la zona 99;

ii) Si los documentos electorales se condujeron sin la vigilancia de la fuerza pública;

iii) Si existió arca triclave, para lo cual se determinará si el acondicionamiento que dijo haberse cumplido respecto de la oficina del registrador para que hiciera las veces de “arca triclave”, atendió a la ritualidad de acceso a este recinto, pues se alega que sólo hubo una llave de acceso y que dicha situación incidió en presuntos vicios tales como la inexistencia votos nulos o tarjetas no marcadas o sobrantes, pues se aduce que éstas no fueron destruidas, y,

iv) Si el registrador municipal trasladó los documentos electorales a un armerillo de la Policía Nacional y fue el único que manejó la llave de tal recinto.

2.3.1.2. Examen de los cargos:

2.3.1.2.1 De la presunta violación de los artículos 41 de la Ley 1475 de 2011 y 144 del Código Electoral.

En primer lugar es preciso aclarar que la etapa del proceso electoral denominada “post-electoral”, se inicia con el cierre de la votación a las cuatro de la tarde (4:00 p.m.), pues ello da comienzo a los escrutinios y concluye con la declaratoria de la elección.

El procedimiento que se sigue con el fin de consolidar los resultados a través de las diferentes comisiones escrutadoras tiene carácter reglado, definido en las normas que señalan las actividades a realizar con miras a desarrollar esta etapa de finalización del proceso.

Dentro de las actividades que se ejecutan de manera inmediata se encuentra el escrutinio de la mesa, el cual está a cargo de los jurados de votación, quienes luego de dar apertura a las urnas proceden a la clasificación de votos y separación de las tarjetas electorales, así: i) por candidato y corporación, ii) los votos nulos, iii) las tarjetas no marcadas y iv) los votos en blanco.

Todo lo anterior a efectos de registrar los resultados en el formulario E-14 que después se introduce en los correspondientes sobres para ser enviados a las comisiones escrutadoras.

Superada esta primera fase le corresponde a las comisiones escrutadoras distritales, municipales o auxiliares, según sea del caso, dar inicio a los escrutinios atendiendo a las actas que envíe cada una de las mesas y de acuerdo al orden en que se vayan recibiendo por los claveros, a quienes se les confía la misión de recibir e introducir en el arca triclave los documentos electorales y velar por su conservación.

De acuerdo con la Ley 1475 de 2011, este proceso se cumple a partir del momento del cierre de las votaciones, en los siguientes términos:

ART. 41.—Del escrutinio el día de la votación. Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio que les corresponde el mismo día de la votación, a partir del momento del cierre del proceso de votación, con base en las actas de escrutinio de mesa y a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros respectivos, en el local que la respectiva registraduría previamente señale. 

Dicho escrutinio se desarrollará hasta las doce (12) la noche. Cuando no sea posible terminar el escrutinio antes de la hora señalada, la audiencia de escrutinio continuará a las nueve (9) de la mañana del día siguiente hasta las nueve (9) de la noche y así sucesivamente hasta terminar el correspondiente escrutinio. 

Al concluir el escrutinio de mesa y luego de leídos en voz alta los resultados, las personas autorizadas por la Registraduría Nacional del Estado Civil escanearán las correspondientes actas de escrutinio de mesa a efectos de ser publicadas inmediatamente en la página web de la entidad. Una copia de dichas actas será entregada a los testigos electorales, quienes igualmente podrán utilizar cámaras fotográficas o de video”. 

En similares términos el Código Electoral refiere:

“ART. 142. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 6 de 1990. El nuevo texto es el siguiente:> Los resultados del cómputo de votos que realicen los jurados de votación se harán constar en el acta, expresando los votos obtenidos por cada lista o candidato. Del acta se extenderán dos (2) ejemplares iguales que se firmarán por los miembros del jurado de votación; todos estos ejemplares serán válidos y se destinarán así: uno para el arca triclave y otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil. 

ART. 143.—Terminado el escrutinio, se leerá su resultado en voz alta. En seguida se introducirán en un sobre las papeletas y demás documentos que hayan servido para la votación, separando en paquete especial las que hubieren sido anuladas, pero que deberán también introducirse en dicho sobre el cual estará dirigido al Registrador del Estado Civil o su delegado, y donde se escribirá una nota certificada de su contenido, que firmarán el Presidente y Vicepresidente del jurado.

ART. 144. <Artículo modificado por el artículo 8º de la Ley 62 de 1988. El nuevo texto es el siguiente:> Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche (11 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el Presidente del Jurado, bajo recibo con indicación del día y la hora de entrega, así: En las cabeceras municipales, a los registradores del Estado Civil o a los delegados de estos, y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a los respectivos delegados del Registrador del Estado Civil. 

Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la fuerza pública uniformada. Y entregados a los claveros respectivos dentro del término que se les haya señalado. 

Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre la violencia, fuerza mayor o caso fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada, no serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciara a la autoridad competente para que imponga la sanción a que haya lugar”. (Se resalta).

De la normativa anterior se tiene que las comisiones escrutadoras municipales, deben iniciar de manera pronta los escrutinios a medida que van llegando los documentos soportes de cada mesa.

Tales disposiciones imponen la obligación de cumplir de inmediato las funciones de escrutinio, pero no asignan una consecuencia legal de nulidad por la tardanza que resulte en dicho procedimiento de escrutinio(22).

Debe aclararse que sin embargo, sí fija un efecto de exclusión, pero solo para aquellos pliegos que se entreguen por los jurados de mesa pasadas las 11:00 p.m. del día de la votación, caso en el cual además se debe dar traslado al funcionario competente para que imponga las sanciones del caso.

Dentro del proceso de escrutinio, el deber ser que plantea la norma es que el mismo día en que se cierran las votaciones, las comisiones departamentales, municipales y auxiliares finalicen los escrutinios y, con tal propósito, señala las 12 de la noche como hora límite para desarrollar dicha actividad.

En caso de que no se logre culminar con este procedimiento, la audiencia de escrutinios se reanudará al día siguiente a las 9:00 a.m. y hasta 9:00 p.m., así sucesivamente hasta que finalice.

Como quedó expuesto, son los claveros distritales, municipales y de zona, quienes introducen los documentos electorales en el arca triclave, y de ello deben dejar constancia con sus firmas sobre el día y de la hora en que los recibieron y el estado de los mismos.

La introducción de tales documentos en el arca triclave tiene por fin proteger los registros electorales contenidos en los sobres o paquetes con los votos y formularios diligenciados en las mesas de votación, los que sirven de sustento para efectuar los escrutinios. Tales documentos se deben poner a disposición de las respectivas comisiones escrutadoras, hasta la terminación del correspondiente escrutinio.

Ahora bien, la Corte Constitucional al pronunciarse sobre la exequibilidad del artículo 41 de la Ley 1475 de 2011, aludió a que los tiempos a que se refiere la norma tienen como propósito blindar los documentos electorales de posibles riesgos de fraude.

Al respecto dijo:

“[...] 133.1 Conforme a la legislación electoral vigente [213], los escrutinios a los que se refiere el artículo 41 del proyecto se llevan a cabo luego de dos procesos previos de contabilización de votos, y preceden al escrutinio general realizado por los delegados del Consejo Nacional Electoral. Así, el primer escrutinio es realizado en las mesas de votación por los jurados de votación. Posteriormente, los claveros deben adelantar el conteo posterior de los totales de votación obtenidos por mesa. Luego, a las comisiones escrutadoras se les asigna la tarea de escrutar los votos a partir de las actas elevadas en los dos conteos anteriores, y establecer los resultados obtenidos por distrito, municipio o zona. A este escrutinio es al que se refiere el artículo. Finalmente, los votos agregados por distrito o zona son sometidos al escrutinio general de los delegados del Consejo Nacional Electoral, cuyo conteo determina la votación nacional. 

133.2 En este escenario, observa la Corte que el precepto examinado establece un plazo corto entre la finalización de las votaciones y la primera publicación de los resultados parciales de las mismas. Instaura exigencias en cuanto a la publicidad de dichos resultados parciales de las votaciones, pues ordena la divulgación de la totalidad de dichas actas de escrutinio, y crea la facultad de que los testigos electorales tengan copias de las mismas. Adicionalmente, admite la utilización de diversos instrumentos tecnológicos tanto para la transmisión de los datos contenidos en las actas de escrutinio, al ordenar a las personas autorizadas por la Registraduría Nacional escanear los resultados y exigir su publicación inmediata en la página web; como para el almacenamiento de datos, al permitir que los testigos electorales tomen fotografías y videos de las mismas. 

Estos tres aspectos identificados se orientan a reducir las oportunidades de manipulación y alteración de los escrutinios entre la contabilización inicial de los votos y la proclamación de los resultados finales de la votación. En efecto, se espera que entre menos tiempo transcurra entre la finalización de las elecciones y la primera proclamación oficial de los escrutinios, disminuya el riesgo de fraude o alteración del sentido de los votos emitidos a favor de un candidato o de una propuesta en particular. Ello, aunado al monitoreo de un mayor número de personas, tal como lo indica el artículo 45 del proyecto al referirse a los testigos electorales, y la publicidad del contenido de los escrutinios de comisión a través de varios medios constituye, en principio, un diseño institucional que procura blindar el proceso electoral frente a irregularidades. 

134. Así las cosas, los preceptos contenidos en este artículo se ajustan al ordenamiento constitucional, en tanto que contribuyen a la vigencia del procedimiento democrático, a través de la creación de garantías de que el proceso electoral no será alterado ni manipulado durante la etapa del escrutinio distrital, municipal o zonal. En este sentido, las normas atienden a lo previsto en el artículo 258 de la Constitución Política, que exige al Estado velar por el respeto del voto. Igualmente, responden al fin constitucionalmente relevante de revestir de mayor legitimidad las decisiones resultantes en tanto reflejo de los intereses del pueblo (art. 3º, C.P.). Por ende, la Corte declarará que se encuentran ajustados al ordenamiento constitucional”. (Se resalta).

Así las cosas, encuentra la Sala del material probatorio obrante en el expediente que:

Mediante Resolución Nº 00 del 9 de marzo de 2014, los miembros de la Comisión Escrutadora del municipio de Bojayá, trasladaron el sitio de escrutinio de la I.E. César Conto a las dependencias de la registraduría municipal. El fundamento de esta decisión radicó en la “ausencia del fluido eléctrico en la Institución Educativa César Conto”.(23) Tal decisión se adoptó el 9 de marzo de 2014 a las 7:00 p.m.

Por Resolución Nº 01 del 9 de marzo de 2014, los claveros del municipio de Bojayá adaptaron la oficina del registrador de esa localidad como arca triclave. Los motivos esgrimidos para adoptar esta decisión corresponden a la expedición de la Resolución Nº 00 de 2014 y a que se excedió la capacidad del arca triclave(24), para la guarda de los documentos. Tal decisión se tomó el 9 de marzo de 2014, a las 7:45 p.m.

También se dispuso por Resolución Nº 02 del 11 de marzo de 2014(25) emitida por los claveros del municipio de Bojayá, la adaptación de la habitación contigua al “armerillo de la Policía de Bojayá” como arca triclave, para depositar las “bolsas contentivas de los tarjetones electorales”. Como motivo de esta decisión se aludió a que la “planta eléctrica que suministraba la energía a la Registraduría Municipal de Bojayá sufrió un daño eléctrico; y por razones de seguridad se determinó cambiar el sitio de escrutinio”. Lo anterior se dispuso el 11 de marzo de 2014 a las 5:00 p.m.

Además obran en el expediente algunos formularios E-17(26) “recibo de documentos electorales, entregados por los jurados de votación-elecciones de Congreso de la República” frente a las mesas 001, 002, 003, 004, 005, 006 de la zona 00, puesto 00. También de la zona 99, puesto 01, mesas 001, 005, 002 del municipio de Bojayá.

A partir del acta de escrutinio general de dicha localidad(27) y las resoluciones a las que se aludió, la Sala estima que el desarrollo del cómputo de votos mesa a mesa estuvo marcado por una limitante anormal que impidió que las diligencias se iniciaran de inmediato.

Ante la falta de fluido eléctrico en el sitio de los escrutinios, es decir, la Institución Educativa César Conto que según las pruebas operaba para la fecha de las elecciones con una planta eléctrica, la organización electoral de Bojayá —entendida como la comisión escrutadora municipal y los claveros— decidió trasladarse del lugar inicialmente fijado a las dependencias de la Registraduría y acondicionar el arca triclave.

El gerente de la empresa de servicios públicos domiciliarios de Bojayá certificó que el “día 09 de marzo de 2014 no hubo ninguna interrupción del fluido eléctrico”(28), pero también informó lo siguiente(29):

1. El municipio de Bojayá en su cabecera municipal Bellavista no se presentó interrupción del servicio de energía eléctrica el día 9 de marzo de 2014.

2. Pese a lo anterior la Institución Educativa César Conto para la fecha 9 de marzo de 2014, no contó con el servicio de energía eléctrica en atención a que dicho servicio había sido suspendido por mora en el pago desde el día 01 de enero de 2014, dicho fluido le fue reconectado a la Institución Educativa César Conto en el mes de julio del año 2014. 

3. Sobre la planta eléctrica diferente a las que gerencio y que proporciona el servicio de energía eléctrica a la Registraduría Municipal de Bojayá, no tengo conocimiento de su funcionamiento” (Se resalta).

Así las cosas, está probado que la ausencia de servicio de energía del sitio donde se desarrollarían los escrutinios es una circunstancia que se encuentra acreditada en el expediente, pues aunque se certificó(30) que esa localidad no padeció de interrupción en la entrega del fluido eléctrico el día de las elecciones, también se acreditó que tal institución reportaba mora en el pago(31), lo que impedía que para esa fecha tuviera servicio por lo que operaba con una planta eléctrica que ese día falló.

Para la parte demandante esta circunstancia no puede ser catalogada como una fuerza mayor o un caso fortuito porque, a su juicio, tal situación era un hecho previsible para el funcionario responsable de la organización de los comicios.

En criterio de la Sala, esta alegación no resulta de recibo porque aunque el señalamiento del lugar donde se adelantarán los escrutinios supone una decisión relativa a la organización del certamen electoral, lo referente al incumplimiento de las obligaciones económicas a cargo de la institución educativa elegida para el efecto, es un aspecto que desborda las funciones del registrador municipal, especialmente si se tiene en cuenta que el servicio se recibía en ese sitio por un mecanismo alternativo que le proveía energía.

Entonces, la falta de previsibilidad a la que alude la parte actora no puede ser considerada como un indicio de un posible fraude, pues según se informó, la organización electoral de manera habitual y reiterada ha designado dicha institución con tales fines, como lo indicó el registrador de Bojayá para la época de los hechos, quien también manifestó que cuando se le ordenó trasladarse a esa localidad, ya estaba fijado el lugar para llevar a cabo los escrutinios(32).

La decisión de trasladar la realización de los escrutinios fue adoptada mediante Resolución Nº 00 de 2014 a las 7:00 p.m. del día de las votaciones, lo que indica que la contingencia acaeció de repente, y fue lo que obligó al traslado de lugar de escrutinio, para superarla.

A pesar de que los actores consideraron que esta medida constituye prueba de la tardanza en la iniciación de los escrutinios, para la Sala, lo que evidencia la expedición de la precitada Resolución 00 de 2014 es que la comisión escrutadora junto con los claveros buscaron una solución para comenzar el conteo y escrutinio de los votos.

A tal conclusión puede arribarse por cuanto durante las horas en que estuvo suspendida la iniciación del escrutinio, se desarrollaron otras diligencias necesarias para ese fin, tales como el traslado del arca triclave a la Registraduría del Estado Civil (Res. 01/2014), la recepción de los documentos electorales provenientes de las mesas de votación según se aprecia de los formularios E-17 que dan cuenta de esa situación, cuya hora de recibo es posterior al traslado del escrutinio (7:00 p.m.) y el acondicionamiento del arca triclave (7:45 p.m.).

Estas circunstancias que antecedieron al escrutinio formalmente cumplido en el municipio de Bojayá reflejan que su desarrollo se hizo bajo observancia de los artículos 41 de la Ley 1475 de 2011 y 144 del Código Electoral, lo que descarta la violación de esta norma.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que la norma bajo análisis no establece que el hecho de incumplir los plazos fijados para adelantar el escrutinio, genere una consecuencia de la envergadura que reclaman los actores, esto es, la exclusión total de la votación.

Esta regla no fue prevista por el legislador y ante la ausencia de normativa en tal sentido, está vedada la analogía a efectos de aplicar una sanción con consecuencias anulatorias frente a los registros electorales.

Especialmente cuando se probó que la comisión escrutadora desarrolló una actividad dirigida al cometido que le asigna la ley, la que se logró con el traslado cumplido por orden de la Resolución 00 de 2014, expedida a las 7 de la noche del día de las votaciones.

En tales condiciones, concluye la Sala que pese a que se presentó una serie de circunstancias que impidieron el inicio oportuno de los escrutinios, lo cierto es que el procedimiento adelantado por la autoridad electoral cumplió su finalidad y respetó los parámetros generales establecidos en la ley para su desarrollo, por lo que no puede derivar en una causal de nulidad que afecte o invalide la declaratoria de elección.

Además encuentra la Sala que en el Acuerdo 020, declaratorio de la elección acusada se dispuso por parte del Consejo Nacional Electoral dar cuenta de las situaciones acaecidas en Bojayá a efectos de que adelantaran las investigaciones penales y disciplinarias concernientes con los hechos denunciados en el escrutinio de esa localidad y, dispuso:

“[...] Si bien la corporación le dará prevalencia al principio de eficacia del voto no existe duda que la conducta empleada por el Registrador del municipio de Bojayá reprochable, dado que era la persona idóneas para vigilar y controlar toda la actividad electoral sin extralimitarse de sus funciones. Por lo anterior, se considera necesario poner en conocimiento de las autoridades competentes la situación fáctica esbozada, con el fin de que se realicen las respectivas investigaciones”.  

Bajo estas consideraciones, se concluye que no existió violación de las normas contenidas en los artículos 41 de la Ley 1475 de 2011 y 144 del Código Electoral, pues se insiste, no existe causal que imponga la exclusión de los registros electorales por la no iniciación de los escrutinios de manera inmediata, conforme a lo expuesto.

2.3.1.2.2. De la presunta violación de los artículos 145, 146 y 152 del Código Electoral:

En orden a resolver este cargo se tiene que las normas que se estiman incumplidas prevén:

“ART. 145.—Los documentos electorales se introducirán y guardarán en un (1) arca de tres (3) cerraduras o candados denominados arca triclave. 

ART. 146.—Las arcas triclaves irán marcadas exteriormente con el nombre del municipio al cual corresponden. 

Cuando el volumen de los documentos electorales lo haga indispensable, podrán utilizarse locales u oficinas que se acondicionarán como arcas triclaves. 

(...) 

ART. 152.—A medida que se vayan recibiendo los pliegos provenientes de las mesas de votación, los claveros distritales, municipales y de zona los recibirán e introducirán inmediatamente en el arca triclave respectiva y anotarán en un registro, con sus firmas, el día y la hora de la introducción de cada uno de ellos y su estado. 

Una vez introducidos en el arca la totalidad de los documentos electorales, procederán a cerrarla y sellarla, y firmaran un acta general de la diligencia en la que conste la fecha y hora de su comienzo y terminación y estado del arca, lo mismo que los certificados que se les soliciten sobre los resultados. 

Los claveros volverán a reunirse a la hora y fecha en que deben comenzar los escrutinios distritales, municipales y zonales y pondrán a disposición de las respectivas comisiones escrutadoras uno por uno los sobres o paquetes que contienen los pliegos de las mesas de votación, hasta la terminación del correspondiente escrutinio”.

Con base en tales normas se tiene que el reclamo de los actores está relacionado con el presunto rompimiento de la cadena de custodia de los documentos electorales, por cuanto señalaron que luego del traslado del arca triclave, el único que tuvo acceso a los documentos fue el registrador municipal, quien tuvo la “única llave” del recinto donde éstos se guardaron, por lo que dicha circunstancia incidió en la votación y generó la existencia de posibles vicios.

Según el argumento que sustenta el cargo, la ruptura de la cadena de custodia obedeció a la medida de traslado del material electoral a la oficina del registrador, la cual fue acondicionada como arca triclave para el depósito de los documentos lo cual permitió que ese funcionario fuera el único que tuviera acceso a los mismos, hecho este que pudo facilitar un supuesto fraude para favorecer a quien resultó elegido como representante a la Cámara y quien habría obtenido una votación anormal incrementada en un 200% de la participación acostumbrada para Bojayá.

Frente a tales señalamientos, la Sala encuentra que las inconsistencias que los demandantes invocaron quedaron en meras alegaciones no probadas, toda vez que no se demostró que la función de clavero haya estado únicamente radicada en el registrador municipal.

Esta circunstancia se desvirtúa con la mencionada Resolución Nº 01 de 2014, adoptada por los tres (3) claveros designados, quienes la expidieron con un propósito único: “adaptar la oficina del registrador como arca triclave para depositar en ella las bolsas de los diferentes corregimientos del municipio”, luego de que la comisión ordenara el traslado de los escrutinios.

El acondicionamiento como “arca triclave” de la oficina del registrador municipal no demuestra que su titular fuera el único habilitado para ingresar a ese recinto, por tanto no puede decirse que se haya producido la exclusión de los demás claveros en sus funciones, además no obra prueba alguna de ello en el expediente, es más, ni siquiera se hace referencia alguna a este punto.

La medida de adoptar una oficina como arca triclave, está prevista por la ley, obliga a que se asuman las condiciones de seguridad que representa que dicho espacio cuente con tres (3) cerraduras o candados y, que las llaves se entreguen a cada uno de los claveros para su apertura.

El cumplimiento de dichos requisitos se acredita en el acta de escrutinio en los siguientes términos:

“Cuando se dio el traslado de los escrutinios a la registraduría municipal las bolsas contentivas de los sufragios no pudieron ser depositadas en el arca triclave puesto que excedían la capacidad del arca; por lo tanto se dictó la Resolución Nº 01 del 9 de marzo de 2014, en donde se ADAPTÓ la oficina del registrador como ARCA TRICLAVE para salvaguardar la cadena de custodia electoral, todo con los requerimientos que exige la ley, como son el formulario E-21(33)”. (Se resalta).

El desarrollo de dicho acondicionamiento conforme lo registró el documento en cita, es para la Sala prueba de que los claveros asumieron con apego a la ley, la guarda de los documentos electorales, en la medida en que en ningún caso se demostró que no estuvieran estas tres (3) cerraduras o candados.

Evitar las demoras en un proceso de escrutinio es garantía para reducir los impactos negativos y de fraude que podrían afectar la transparencia de los resultados. Sin embargo, las dos situaciones que se presentaron en este proceso electoral: i) el traslado de los escrutinios y ii) la adaptación de una dependencia como arca triclave, no son necesariamente prueba de que se haya incurrido en una irregularidad, toda vez que era necesario probar que la falta de fluido eléctrico aconteció como distractor para realizar prácticas contrarias, que emularan falsamente los resultados electorales.

Las situaciones descritas podrían llegar a tener efectos anulatorios en caso de probarse que la razón alegada no correspondía a la verdad, pero como no fue desvirtuada y el traslado del arca triclave está respaldado por actos administrativos expedidos por las personas que se encontraban a cargo del procedimiento, que gozan de presunción de legalidad, no puede concluirse que haya existido una irregularidad con entidad suficiente para afectar la validez del proceso.

En este punto, es del caso recordar que es a los demandantes a quienes les corresponde la carga de la prueba, sin embargo, en este caso no acreditaron que con el traslado y la adaptación del arca triclave se haya fraguado un cambio en los resultados electorales.

En lo que respecta a los escrutinios tardíos y el traslado del arca triclave esta Sección señaló:

“(...) Adujo el actor que se vulneró el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011 en cuanto esta disposición ordena que las comisiones escrutadoras comiencen el escrutinio el mismo día de la votación. En efecto, dicha norma modificó el artículo 160 del Código Electoral que preveía que “Las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares comenzarán el escrutinio a las nueve (9) de la mañana del martes siguiente a las elecciones en el local que la respectiva Registraduría previamente señale (...)”. Ahora, las comisiones escrutadoras, a partir del momento del cierre del proceso de votación, deben comenzar el escrutinio el mismo día del certamen electoral. Este procedimiento se debe realizar con las actas de escrutinio de mesa a medida que se vayan recibiendo por parte de los claveros. Igualmente, previó el legislador estatutario que el escrutinio se desarrollará hasta las doce la noche y en el evento que no sea posible terminarlo antes de la hora señalada, se continuará a las nueve de la mañana del día siguiente hasta las nueve de la noche y así sucesivamente hasta concluirlo. Ahora, en el caso en estudio, por Resolución 006 de 31 de octubre de 2011 el Registrador Municipal del Estado Civil dispuso trasladar el escrutinio del municipio de Fundación al Colegio Liceo del Caribe de la ciudad de Santa Marta por la situación de orden público que se presentó. De dichos hechos de alteración del orden público dio cuenta el Comandante del Departamento del Magdalena de la Policía Nacional, que en oficio 2261/COMAN –DEMAG-29.3 de 2 de noviembre de 2011, dirigido a las Comisiones Escrutadoras de las Zonas 1 y 2 del municipio de Fundación. Por su parte, el acta general de escrutinio de la zona 2 del municipio de Fundación, consta que el escrutinio comenzó el 1º de noviembre de 2011. En similares términos, el 5 de noviembre de 2011, la Comisión Escrutadora Municipal de Fundación, que en razón de la alteración del orden público se reunió en Santa Marta, advirtió de la imposibilidad de iniciar de manera oportuna los escrutinios. La referida perturbación al orden público igualmente se presentó en el municipio de Zona Bananera, en el que también se dispuso el traslado de los escrutinios para Santa Marta. En efecto, el Registrador Municipal del Estado Civil de Zona Bananera por Resolución 0008 de 31 de octubre de 2011 dispuso trasladar el escrutinio del municipio de Zona Bananera a la Delegación de la Registraduría Nacional del Estado Civil del Departamento del Magdalena en la ciudad de Santa Marta. Con fundamento en los citados documentos, encuentra la Sala que en los municipios de Fundación y Zona Bananera, en razón de las alteraciones del orden público, se presentaron factores exógenos a la Organización Electoral, anormales, excepcionales y sorpresivos que configuraron caso fortuito e imposibilitaron el desarrollo normal de los escrutinios. Igualmente está acreditado que, con ocasión de las circunstancias apremiantes, y a efectos de salvaguardar los documentos electorales, los registradores municipales, por conducto de actos administrativos cuya legalidad no fue discutida en este proceso, dispusieron el traslado de los documentos a Santa Marta para realizar en oportunidad posterior el escrutinio. Así pues, la modificación de las circunstancias de tiempo y lugar para la realización de los escrutinios está debidamente justificada en razón a la causa extraña que se originó con la alteración del orden público en los municipios de Fundación y Zona Bananera. Por lo anterior, es consecuente que las etapas concomitantes y posteriores al escrutinio de mesa realizados por los jurados de votación se desarrollaran por fuera de los términos previstos para ello, sin que esto conduzca a viciar el resultado electoral, v. gr. según el artículo 192-7 del Código Electoral es causal de reclamación la entrega extemporánea de los pliegos electorales “a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos”. Con fundamento en las razones expuestas, se comparte la decisión del a quo, y por consiguiente, el cargo no prospera”.(34)

Visto así el asunto, aunque es incuestionable que hubo un traslado del arca triclave y por ende, de todo el material electoral, no puede afirmarse que dicha situación se traduzca en una irregularidad que afecte la validez del escrutinio y de la elección, toda vez que estos elementos no fueron probados por la parte actora en el expediente.

En todo caso, la formulación de la falsedad de los registros electorales en un proceso electoral supone necesariamente que el planteamiento del vicio objetivo sea establecido de manera clara, es decir, se indique cuál o cuáles de las mesas padecen tal afectación y ello obliga a que se formule la clase de falsedad que se imputa, pues solo de esta manera se garantiza la posibilidad de defensa respecto de los demandados y el pronunciamiento del juez en relación con los hallazgos del examen que resulte del material probatorio que se acredite con miras a probar la irregularidad.

En el presente asunto, los demandantes no señalaron las posibles incongruencias generadas por el rompimiento de la cadena de custodia en los formularios electorales, en tales condiciones no es posible adelantar un estudio oficioso sobre la totalidad de los registros electorales para identificar las presuntas alteraciones que genéricamente se presentaron bajo el calificativo de fraude.

En efecto, se abstuvieron de controvertir puntualmente los escrutinios cumplidos en esa localidad, con el fin de comprobar el presunto fraude que dicen se presentó, pues debieron precisar las diferencias que consideran como injustificadas en cada una de las mesas de votación, en razón a que era necesario establecer con exactitud, el reclamo pretendido.

Esta situación impide que se analicen los resultados mesa a mesa de esta población, pues ante la inexistencia de señalamiento preciso de la irregularidad no es posible establecerla, como ya se dijo, de manera oficiosa por la Sala.

De esta manera, no resultaba suficiente la alegación fáctica de rompimiento de la cadena de custodia, sino que era necesario que el cargo se sustentara de conformidad con los parámetros establecidos por la jurisprudencia para tal fin, así:

“[...] En la jurisprudencia elaborada por esta Sección se ha desarrollado la falsedad como causal de nulidad en estos términos: 

“Esta causal de nulidad, sustentada en la presencia de registros electorales falsos o apócrifos, o de elementos falsos o apócrifos que hubieran servido para su formación, deriva en la alteración de la verdad electoral, como cuando se supone la votación de personas que no han intervenido en las urnas, se hacen constar resultados que son ajenos a los verdaderamente escrutados (por exceso o por defecto), se finge la calidad de jurado de votación para sufragar sin estar autorizado, o se aduce una autorización inexistente para votar, o también cuando se altera materialmente el contenido de las actas o se incorporan en los cómputos de votos actas inválidas, y en general, cuando la declaración que contiene el documento no corresponde a la realidad”.(35) (La Sala impone negrillas).

Por tanto, la falsedad o apocrificidad como causal de nulidad es necesariamente objetiva. Quiere decir lo anterior, que su presencia en los documentos o registros electorales puede constatarse directamente por el operador jurídico, quien después de establecer la verdad de unos resultados los puede confrontar con los registros cuestionados para así concluir si esa realidad ha sido objeto de manipulaciones o distorsiones. 

[...] 

Es decir, que en los eventos en que se cuestione la legalidad de una elección por falsedad derivada del incumplimiento del citado deber, la parte demandante no solamente debe estructurar el cargo en torno al desacato de la norma jurídica sino que también debe suministrar información puntual que conduzca a determinar la materialización de la falsedad en los registros o documentos electorales. Esto, porque la falsedad no puede inferirse o deducirse del simple incumplimiento del deber funcional de dar lectura al registro de los documentos introducidos en el arca triclave, a cargo del Registrador que funge como secretario de la comisión escrutadora”.(36) 

En este caso, la Sala no puede inferir respecto de cada mesa qué clase de falsedad se pudo presentar de acuerdo con las generales acusaciones alegadas, pues no es posible un examen oficioso en tal sentido, lo que descarta la posibilidad de adelantar dicho estudio por cuanto no existe una clara determinación sobre el particular, como tampoco se acompañaron ni solicitaron los documentos electorales respecto de la totalidad de las mesas de ese municipio, lo que evidencia que el reclamo a estudiar se restringió al objeto del litigio.

Al no existir cargos objetivos que recaigan en específico sobre alguna de las mesas, salvo aquel que constituyó el objeto de la fijación del litigio (falta de totalización del formulario E-14 por los jurados de votación) no encuentra la Sala posibilidad de efectuar un examen diferente a dicho cargo.

Ahora bien, en las demandas se aludió a un supuesto incremento súbito en la votación registrada en favor de uno de los candidatos que resultó elegido, bajo el argumento de que su votación se acrecentó en las mesas que faltaban por reportarse a partir del Boletín Nº 31 de la registraduría(37), lo cual desconoce la baja participación del electorado en los pasados comicios y el mínimo respaldo de éste al Partido de la U en esa circunscripción.

Sobre este particular considera la Sala que dicha situación no puede tenerse como prueba de fraude, per se, por cuanto el resultado de las votaciones puede variar, precisamente porque no se ha logrado el escrutinio total y los resultados dependen de los datos que se trasladen a los formularios, previamente a la contabilización de los votos.

La información reportada en los boletines de la Registraduría sobre la votación registrada por un candidato, aunque resulte excesiva, no constituye prueba de una falsedad ni tiene la incidencia requerida para determinar que hubo una alteración en los registros electorales.

El examen sobre la legalidad de tales registros se hace al comparar los diferentes formularios que se diligencian en el proceso electoral sin que pueda surgir de los datos consignados en los boletines, pues si bien son informativos no recogen las incidencias del desarrollo del proceso de escrutinio, pues se insiste, dependen finalmente de los resultados verificables en dichos formularios.

Al respecto y sobre el valor legal de los mismos se ha dicho:

“Los boletines electorales no tienen la calidad de documentos electorales; su carácter es meramente informativo. De esta manera es posible que la información suministrada en estos boletines no coincida con los resultados finales arrojados en los escrutinios caso en el cual, de conformidad con la ley debe tenerse en cuenta los resultados que obran en las actas de escrutinio y no los de los boletines informativos. (...) Los resultados parciales y definitivos de la jornada electoral deben ser comunicados a la opinión pública en procura de demostrar la transparencia del proceso electoral; pero de manera alguna los boletines se asimilan o pueden remplazar a las actas de escrutinio, que son los documentos idóneos en los que se soporta la declaración de la elección. (...) En otras palabras, es probable que la información suministrada por conducto de los boletines pueda cambiar en razón a la propia dinámica de la jornada electoral, por lo que es carga del demandante fundar el cargo no en la mera disparidad de cifras entre el boletín informativo de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el escrutinio final (como ocurrió en este caso), sino en irregularidades determinadas y concretas que acrediten la apocrificidad o falsedad de los registros electorales con la correspondiente cita y explicación de las normas que resulten violadas”.(38) 

Finalmente, en lo que respecta a la participación de la comunidad en una contienda electoral, ésta no puede evaluarse sino hasta tanto se obtengan los resultados, ya que el objeto de las elecciones es someter diferentes opciones de partidos y candidatos a quienes intervienen en el certamen, razón por la que dicha participación puede tener variaciones de una contienda a otra sin que ello constituya prueba de alguna irregularidad.

Por lo expuesto no encuentra la Sala que el cargo propuesto deba prosperar.

2.3.1.2.3. La votación no totalizada en las mesas 2, 4 y 5 del puesto 1, zona 99 de Bojayá (art. 142 del Código Electoral):

Se alegó que en dichas mesas no se totalizaron los resultados por los jurados de votación y que esta conducta facilitó que se usara el material electoral con fines delictivos.

Al respecto ha de decirse que estudiado el material probatorio se encuentran aportados los formularios E-11 y E-14 de las precitadas mesas, con la observación que se hizo en el acta general de escrutinios municipal de Bojayá, así:

Zona/puesto/Mesa/E-11E-14Ajuste producido en la mesa según el acta de escrutinios
99/01/02Fls. 359 - 369Diligenciado parcialmente (fls. 400 - 406 Exp. 2014-0106)

Pliegos introducidos en término.
El estado del sobre es bueno.
El acta E-14 está firmada por tres jurados
El acta E-14 no tiene tachaduras, enmendaduras o borrones.
RECONTEO DE VOTOS y se presentó solicitud de la doctora Melania Valois lozano. Se ha escrutado la mesa para la corporación Cámara.
99/01/04Fls. 370 - 380Sin diligenciarPliegos introducidos en término.
El estado del sobre es bueno.
El acta E-14 está firmada por dos jurados
El acta E-14 no tiene tachaduras, enmendaduras o borrones.
RECONTEO DE VOTOS POR ERROR ARITMETICO Y EN EL E-14 NO SE RELACIONÓ EL NÚMERO DE VOTOS PARA CADA PARTIDO Y SE PRESENTÓ SOLICITO (SIC) EXCLUSIÓN DE LA MESA POR SOLICITUD DEL APODERADO DE LA DOCTORA MELANIA VALOIS LOZANO”. Se ha escrutado la mesa para la corporación Cámara.
99/01/05Fls. 381- 392Sin diligenciar Pliegos introducidos en término.
El estado del sobre es bueno.
El acta E-14 está firmada por 6 jurados
El acta E-14 no tiene tachaduras, enmendaduras o borrones.
RECONTEO DE VOTOS POR ERROR ARITMÉTICO “Y EN EL E-14 NO ESTABA RELACIONADO EL NÚMERO DE VOTOS PARA CADA PARTIDO”. Se ha escrutado la mesa para la corporación Cámara.

Lo anterior evidencia que no le asiste razón a los demandantes toda vez que la deficiencia relativa a la falta totalización de los resultados, se corrigió al realizarse el escrutinio y el reconteo de los votos.

Por ende, los resultados se consolidaron conforme al formulario E-24 general, según las observaciones del acta.

Aquella labor de revisión y reconteo era la oportunidad en que los intervinientes podían cuestionar los resultados registrados en el E-14 y plantear los cargos de falsedad, si consideraban que el escrutinio desconoció la votación real de cara a la inclusión de los registros del formulario E-11 de cada mesa y otras posibles inconsistencias que pudieran afectar la transparencia del certamen.

Además, tampoco encuentra la Sala que esté probada una irregularidad relacionada con la falsedad en los documentos electorales a que se hizo mención, pues si bien estiman que en razón a la supuesta posibilidad que tuvo el registrador para manipular los documentos electorales (apertura del sobre para retirar los E-14 de transmisión), implicó que se elevara la votación registrada en favor de uno de los demandados, lo cierto es que ninguna precisión se realizó sobre el particular.

No se alegó una falsedad atinente a la existencia de más votos que votantes o diferencia entre formularios, tampoco de suplantación, entre otros, lo que implica que esta censura se fundó en meras especulaciones. Esa omisión, releva a la Sala establecer y corroborar los resultados registrados en dichos formularios, en tanto no existe un planteamiento sobre el cuál realizar la comparación entre la información correcta y la inexacta, que luego merezca el ajuste, y determinación de si se presentó o no irregularidad.

Pese a lo anterior, la Sala resalta que en este caso frente a las mesas endilgadas y a la documental allegada, se puede apreciar que existe coincidencia frente al número de votantes que acudieron a las urnas (E-11) y el número de votos totales registrados a dichas mesas, luego del reconteo que cumplió la comisión escrutadora municipal de Bojayá, según se corrobora en el siguiente cuadro:

Zona/puesto/Mesa/Total de votantes E-11Resultado E- 14Total de votos registrados en el E-24 municipalDiferencia
99/01/02183183183No existe
99/01/04198No fue diligenciado198No existe
99/01/05133(39) (no se totalizó)No fue diligenciado133No existe

La anterior conclusión lo que evidencia es que existió correspondencia en esta información, según el examen y verificación adelantada por las autoridades electorales en el proceso de escrutinio y conforme a lo registrado en el acta de escrutinios.

Así las cosas, se descarta la acusación que hicieron los demandantes en los hechos de la demanda, pues no probaron que existieran votos adicionales respecto de quienes aparece acreditado participaron de manera efectiva en dicha contienda, o que éstos no fueron depositados por quienes figuran en el registro como electores.

El planteamiento en una demanda electoral en tratándose de cargos objetivos se debe realizar de manera apropiada, esto es, de acuerdo con los requisitos fijados a efectos de formularlos en debida forma y de acompañar los documentos requeridos para su examen y acreditación.

Entonces, no resulta procedente la exclusión de la votación como lo sugiere la parte actora porque la falencia inicialmente detectada en el registro de los resultados en el formulario E-14 quedó superada al realizar el reconteo de los votos por parte de la comisión escrutadora y porque no se alegó ningún cargo de falsedad sobre el particular.

2.3.1.2.4. Conducción de los documentos electorales sin apoyo de la fuerza pública:

En lo que respecta al argumento relacionado con la falta acompañamiento de la Fuerza Pública en el traslado de los documentos electorales, se tiene, que el mismo no se probó.

De las certificaciones de la Policía Nacional que fueron decretadas como prueba se extrae que aunque su presencia estaba limitada al casco urbano, no puede concluirse que el traslado del material desde las zonas rurales haya estado desprovisto de seguridad, ya que en algunas franjas el acompañamiento estuvo a cargo de personal del Ejército y de la Armada Nacional.

Esta situación fue respaldada por el declarante Jarol Javier Palacios (apoderado del partido Conservador) quien pese a dar cuenta de que el traslado de los documentos electorales cuando se cumplía la adaptación del arca triclave se hizo en una moto con vagón, precisó que fue la Policía Nacional la que realizó la custodia de los documentos electorales cuando se trasladaron de la Registraduría del municipio al comando de la institución, con ocasión del segundo traslado de los escrutinios, que se cumplió según la Resolución Nº 02 de 2014.

Este acompañamiento también lo ratificó el señor Jeremías Moreno quien para ese momento fungía como personero municipal de Bojayá, y relató en su declaración que hubo presencia de la fuerza pública y acompañamiento de agentes de la Policía Nacional en la zona urbana y, en los corregimientos, dijo encontrarse la Fuerza Armada.

En similares términos lo corroboró el registrador de Bojayá para la época de las elecciones del 9 de marzo de 2014.

Al respecto, se tiene de las demás pruebas aportadas al expediente que:

— Oficio número S-2013-0275/DISUN-ESBELL 3.8.6.4.2.3.16-29.25(40) por medio del cual el señor comandante de la estación de Policía de Bellavista - Bojayá registró las actividades adelantadas en esa localidad el día de las elecciones, en respuesta a una petición radicada por el Partido de la U.

En este escrito se relacionan los siguientes hechos: i) la hora en que los uniformados salieron a servicio (5:20); ii) el acompañamiento a las 21:30 horas del traslado de los votos de la institución educativa César Conto hasta la registraduría municipal y se le relacionan los nombres de quienes lo hicieron; iii) incendio de la caseta de la planta eléctrica que proporcionaba la energía a la Registraduría Municipal de Bojayá, motivo por el cual se dispuso por parte de la comisión escrutadora el traslado de los votos hacia las instalaciones de policía por seguridad. Se relacionan los uniformados que brindaron acompañamiento; y iv) acompañamiento que realizó la Policía Nacional dentro del casco urbano presencia del personal del Ejército Nacional y la Armada Nacional en algunos de los corregimientos.

En este caso, el acompañamiento existió en el casco urbano, tanto que incluso sus dependencias —las de la policía— sirvieron de arca triclave (Res. 02/2014) y según los testimonios y certificaciones allegadas al proceso, hubo presencia de la fuerza pública durante el proceso, por lo que el hecho de que presuntamente dicho acompañamiento no haya sido permanente en el área rural no le resta eficacia a los resultados por este motivo.

Bajo esta consideración, no es cierto que la presencia de fuerza pública hubiera estado restringida y limitada exclusivamente al casco urbano, además, en el hipotético caso de que así hubiera ocurrido, ello no sería razón suficiente para concluir que la votación registrada en esa localidad sea inválida.

En este sentido, se debe tener en cuenta que la falta de acompañamiento permanente de la Policía Nacional en el proceso electoral no es una causal de nulidad consagrada en la ley, adicionalmente, en el caso concreto no está probado que la ausencia de fuerza pública en algunos sectores rurales hubiera alterado los resultados de los comicios.

2.3.1.2.4.1. Cuestión adicional: tacha de testimonio:

Debe ocuparse en esta oportunidad la Sala de advertir que la parte actora (Exp. 2014-0106) en el escrito de alegaciones cuestionó la veracidad de la declaración del personero municipal para la época de los hechos, en tanto la calificó de “parcializada” porque asegura que el declarante fue elegido con posterioridad alcalde municipal de esa localidad.

Al respecto, la Sala encuentra que no se le puede dar a esta alegación el trámite de una tacha de testigos, pues la oposición por falta de imparcialidad no se formuló en oportunidad conforme a lo previsto en el artículo 211 del Código General del Proceso. En efecto, el planteamiento que realizó el apoderado de uno de los demandantes se elevó en el escrito de alegatos y aunque la norma señala que debe ser de analizada al momento del fallar, lo cierto es que el representante del demandante del expediente Nº 2014-0106 no concurrió a la diligencia de declaración y por lo mismo, no la invocó ni antes ni durante el testimonio(41), conforme a las reglas de recepción, que impone el artículo 221.1 ibídem.

Esta situación impide el análisis de dicho cuestionamiento, que además está basado en un hecho que aconteció con posterioridad a la elección aquí acusada, lo que desconoce que el objeto del testimonio era declarar sobre los fundamentos de la acción, en lo que le constara frente al desarrollo del proceso electoral en la localidad de Bojayá, respecto de las elecciones del Congreso de la República para el período 2014-2018, lo cual no se relaciona de ninguna manera con la posterior elección del testigo.

2.3.1.2.5. De la existencia de un arca triclave:

Este punto ya fue analizado en acápite 2.3.1.2.2, donde quedó claro que la ley permite el acondicionamiento de oficinas o recintos que puedan hacer las veces de arca triclave, como sucedió en este caso.

En estas condiciones, no se demostró que las medidas y el acondicionamiento de las oficinas del registrador municipal y de la oficina contigua al armerillo de la policía hayan sido desconocidas a efectos de alterar los registros electorales.

Así como tampoco se acreditó la existencia de una sola llave del arca triclave, que hubiera sido manejada exclusivamente por el registrador municipal y que haya permitido la manipulación de los documentos electorales.

Frente al punto, reitera la Sala que lo que interesa al proceso electoral es que se pruebe que se ha falseado la verdad, pues no todas las circunstancias que pueden parecer anómalas generan per se una nulidad de los registros electorales, toda vez que es necesario que se pruebe que tal irregularidad afectó la transparencia de la votación y la validez de la elección.

Sobre un asunto de similares características, esta Sección, precisó:

“(...) Similares consideraciones deben realizarse respecto del arca triclave sin candados o sin sellos en razón a que si bien de conformidad con las previsiones del artículo 152 del Código Electoral debe estar cerrada y sellada, el hecho de no estarlo de ningún modo configura la causal de falsedad o apocrificidad que justifique excluir del cómputo general de la votación los resultados de las mesas en discusión. 

En reciente pronunciamiento, la Sala insistió que la alteración de los sellos por sí sola no es causal de nulidad electoral, para el efecto indicó: 

“Además, como insistentemente lo ha dicho la Sala en esta providencia, el régimen de las nulidades en materia electoral, como igual ocurre en otras especialidades del derecho, se rige por el principio de la taxatividad, por cuya virtud no es posible anular un acto sino en la medida que se configuren supuestos de hecho previamente identificados por el legislador como causales de nulidad. 

La supuesta alteración de sellos de seguridad no está prevista en el ordenamiento jurídico como una causal especial de nulidad y mucho menos como una causal general de nulidad, es decir, no existe ninguna disposición jurídica que le otorgue dicho alcance. Por tanto, este señalamiento tampoco es de recibo. 

Cosa distinta sería si junto a la alteración de los sellos de seguridad se probara que los documentos electorales depositados en los sobres respectivos, fueron objeto de falsedad o apocrificidad, toda vez que ello revelaría que el móvil de esa conducta fue precisamente acceder a los pliegos electorales para distorsionar la verdadera voluntad popular depositada en las urnas, lo cual sí es sancionado por la ley con nulidad, ya que está tipificado como causal en el numeral 2º del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 17 de la Ley 62 de 1988 (...)”.(42) 

No habiéndose probado que los registros electorales hayan sido objeto de alteraciones tendientes a comprometer la veracidad de la voluntad del pueblo, ha de negarse la pretensión correspondiente a este reclamo.

2.3.1.2.6. Del traslado de los documentos electorales por parte del registrador municipal:

En relación con esta alegación la parte demandante insistió en la situación irregular que se produjo por este motivo, la que se le endilga al registrador al trasladar el arca triclave con ocasión de los escrutinios practicados en el municipio de Bojayá.

Según está probado en el expediente, el traslado del arca triclave aconteció en dos (2) oportunidades y tales medidas se adoptaron mediante resoluciones 01 y 02 de 2014.

Todas estas circunstancias se dejaron consignadas en el acta general de escrutinios, así:

“OBSERVACIÓN GENERAL

El día 9 de marzo de 2014 se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso de la república, las cuales tuvieron muchas complicaciones. La primera se dio cuando se trasladaron los escrutinios de la I. E. César Conto a las sede de la registraduría municipal debido a la falta de fluido eléctrico (sic) en dicha institución. 

Cuando se dio traslado de los escrutinios a la registraduría municipal las bolsas contentivas de los sufragios no pudieron ser depositados en el arca triclave puesto que estas excedían la capacidad del Arca; por lo tanto se dictó la Resolución Nº 01 del 9 de marzo de 2014 en donde se ADAPTO la oficina del registrador como ARCA TRICLAVE para salvaguardar la cadena de custodia electoral, todo con los requerimientos que exige la ley como son el formulario E-21. 

El lunes 10 de marzo al momento de iniciarse los escrutinios en la comisión de claveros, que los sobres de claveros fueron abiertos por cuanto los jurados de mesa de todos los corregimientos introdujeron dentro de este sobre de claveros los formularios E-14 de transmisión. 

Asimismo el 11 de marzo de hogaño en las horas de la mañana después de contada y escrutada la mesa Nº 03 del corregimiento de la Loma-Bojayá, el correspondiente a la (sic) dicha mesa fue hurtado de las instalaciones de la registraduría municipal; de tal situación se coloco (sic) la respectiva denuncia penal. Ese día se presentaron en la Registraduría el apoderado especial del Partido de la U y de Mira. 

El martes 11 de marzo al medio día se presentó una interrupción abrupta por cuenta de un abogado del partido conservador, de un nuevo abogado del partido conservador, de un nuevo abogado del partido de la U, de unos periodistas, de un medio NO ACREDITADO y del director de la RED DE VEEDURÍAS señor PABLO BUSTOS quien venia (sic) acompañado de los comunicadores sociales. Es menester aclarar que con la llegada de estas personas se presentó una interrupción de 3 horas en la labor del escrutinio por cuanto las cámaras (sic) de televisión y el periodista comenzaron a increpar a la comisión escrutadora y al registrador; además haciendo afirmaciones de supuestas irregularidades en el escrutinio; por lo que debio (sic) decretarse un receso para solucionar esos eventos. Simultaneamente (sic) con esto, a las 5:00 p.m. del mismo día, presuntamente se presentó un acto de saboteo a la planta que le da energía y la registraduría se quede sin electricidad para continuar con su labor de escrutinio. 

Debido a los hechos narrados se dictó la Resolución Nº 02 del 11 de marzo en donde se trasladó el lugar de escrutinio de la registraduría municipal a la estación de policía, a causa de la falta de energía electrica (sic) y por presuntos actos de sabotaje. En la misma resolución se establece como arca triclave la habitación contigua al armerillo de la estación de policía del municipio, con todos los requerimientos que establece la ley”. (Se resalta).

Conforme a lo probado, se tiene que si bien las situaciones que se produjeron no pueden calificarse de regulares, pues comprometieron la prontitud que debe primar en el proceso de escrutinio, lo cierto es que las dos circunstancias que obligaron a dichos traslados: falta del fluido eléctrico y presunto sabotaje, se encuentran justificadas en hechos exógenos no atribuibles a la organización electoral.

Además, ha de reiterarse que las decisiones de adecuación y traslado del arca triclave no fueron adoptadas de manera unilateral por el registrador municipal sino por la comisión de claveros, cuyos integrantes tenían a su cargo la guarda de los documentos electorales.

En todo caso, aunque en el expediente aparece acreditado que el registrador llevó a cabo dichos traslados, también debe tenerse en cuenta que no está demostrado que tales actuaciones hayan tenido incidencia en la votación o en los resultados de la elección a la Cámara de Representantes.

2.3.1.3. Otras precisiones:

Durante el debate probatorio y la oportunidad para presentar alegaciones la parte demandante estimó que el presunto fraude electoral por parte del registrador municipal se probó en razón a dos circunstancias: i) el acta general de escrutinios tiene en su encabezado que los mismos se adelantaron en la I.E. César Conto el 10 de marzo de 2014, hecho que es falso pues para tal momento el escrutinio se cumplía en las dependencias de la Registraduría y ii) la manifestación que se dejó consignada en el acta, frente a que el registrador retiró del sobre los E-14 de transmisión.

Frente a la primera de las alegaciones y de acuerdo con lo acreditado en el expediente se puede apreciar que aunque en el encabezado del acta se registró que: “[...] en el Municipio de BOJAYÁ (BELLA VISTA) (CHOCÓ) siendo las 12:38:30 del día 2014-03-10 se reunieron en las instalaciones de INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÉSAR CONTO, sitio previamente señalado para el escrutinio municipal mediante Resolución Nº 006 de 2014-03-10 [...]”, esa alusión no resulta falsa, por cuanto es cierto que el lugar inicial que se fijó con el propósito de adelantar los escrutinios fue tal establecimiento educativo.

Además, es la propia acta la que relaciona lo acontecido en el trámite post electoral, y para ello indicó que se produjo un traslado, en los siguientes términos: “El día 9 de marzo de 2014 se llevaron a cabo las elecciones para el Congreso de la República, las cuales tuvieron muchas complicaciones. La primera de esta se dio cuando se trasladaron los escrutinios de la I.E. César Conto a la sede de la registraduría municipal debido a la falta de fluido eléctrico en dicha institución”.

La inconsistencia relativa al cambio de sede quedó superada con la observación hecha en la misma acta sobre las circunstancias que ameritaron el traslado del material para la realización del escrutinio, según aparece probado en el expediente.

Frente a la manifestación hecha por el registrador sobre el retiro de los formularios E-14 de transmisión, la Sala estima que la misma no es prueba de que tal actuación hubiera derivado en fraude, pues la razón que justificó tal extracción, está explicada por el propósito publicitario para el cual está destinado dicho formato.

Es oportuno recordar que el formato E-14 de cada mesa es un formulario que está compuesto por tres cuerpos, el i) que será depositado en la bolsa con destino a los claveros y que será el documento base para el escrutinio, el ii) con destino a los delegados del registrador que será escaneado y el iii) que se usa en el mismo puesto de votación por las personas encargadas de enviar los datos a los centros de procesamiento.

Esta fue la explicación que al respecto dio el registrador sobre el retiro que realizó:

“[...] bueno, los paquetes de las comunidades, de las comunidades, no las 7 mesas de cabeceras, de las comunidades, los E-14 de transmisión los muchachos los incluyeron en el sobre que se llama sobre de claveros, pero ese sobre que trae otros sobres adentro, osea, (sic) yo como secretario de la comisión y registrador, yo abrí los sobres de claveros para sacar los E-14 DE TRANSMISION, pero dentro de ese mismo sobre de claveros están los sobres que contiene la votación, osea (sic) el sobre de votos, el sobre que trae los E-10, el sobre que trae el E-11, que son documentos que hacen parte del proceso electoral, pero únicamente se abrieron los sobres para sacar los E-14, que es una tirilla así (señala con las manos), osea (sic) en ningún momento se abrió, se abrieron los otros paquetes, digamos el sobre de votos, no había necesidad de abrirlos, porque los muchachos como eso es a través del río Atrato, río Bojayá, Río Pogue y, nuestra zona es lluviosa, todo el mundo lo sabe, entonces, ellos de manera preventiva en un sobre cerrado que es de polietileno, sobre de mucha resistencia ellos metieron ese formulario para traerlo protegido, entonces a mi como registrador y secretario de la comisión me tocaba abrir el sobre principal, y sacar dicho sobre para hacer la transmisión y digitalización, eso sí lo hice yo. Al respecto la magistrada comisionada lo indagó mediante la siguiente pregunta: ¿De esta actuación tuvo conocimiento los otros claveros?, a lo que respondió: “claro, claro, porque todos estábamos, claro que sí”.

Lo informado por el registrador no fue desvirtuado, pues no se demostró que los formularios y registros electorales sometidos a la custodia de los claveros hubiesen sido afectados. Aunque esta situación puede calificarse de anormal frente al procedimiento que se ha fijado, la extracción de tales documentos no conllevó necesariamente un fraude.

Por este hecho, tampoco puede predicarse el rompimiento de la cadena de custodia por cuanto los documentos electorales que deben tenerse bajo cuidado son aquellos destinados a introducirse en el arca triclave, hecho que se produce cuando son entregados a los claveros por parte del presidente de la mesa de votación, sin que dentro de ellos puedan incluirse los E-14 de transmisión.

Entiende la Sala que la observación que dejó el registrador en el acta de escrutinio tenía por fin informar que se realizó dicho procedimiento para retirar el E-14 de transmisión, ello en presencia del resto de los claveros y con el propósito de que dichos formularios cumplieran su misión, sin que afectara, la documental electoral que debía conservarse en el arca triclave.

Recientemente la Sala al hacer mención a los formularios que se diligencia en el proceso electoral y su propósito dijo:

“El proceso de escrutinio está compuesto por una cantidad importante de pasos que se van agotando en forma escalonada y cuya práctica se documenta en formatos cuyo diseño, elaboración, custodia y distribución le compete a la RNEC. Uno de los documentos a diligenciar en los escrutinios está a cargo de los jurados de mesa y corresponde al acta de escrutinio de jurados de votación o formulario E-14, que se emplea para consignar los resultados del escrutinio de mesa, esto es los votos depositados por las diferentes opciones políticas, incluso las tarjetas no marcadas, los votos nulos y los votos en blanco. Del mismo se expiden dos ejemplares, que si bien deben reflejar igual contenido no siempre es así porque se diligencian por separado, uno con destino a los claveros para que lo introduzcan en el arca triclave y el otro para los delegados del Registrador Nacional del Estado Civil, que en la actualidad también se denomina formulario E-14 de transmisión y que se escanea y publica en la página web de la entidad. De igual modo, cuando el escrutinio pasa a manos de los integrantes de las comisiones escrutadoras auxiliares, zonales, municipales o distritales, según el caso, esos funcionarios deben diligenciar, entre otros documentos, el acta parcial de escrutinio o formulario E-24 mesa a mesa y por supuesto el acta general de escrutinio. (...)”.(43) 

Conforme a lo expuesto, la naturaleza de tales documentos E-14 de transmisión, que no tienen carácter reservado, pues su misión es informativa, no tiene la incidencia que pretende darle la parte actora, por lo cual su extracción no constituye una irregularidad con efectos invalidantes.

2.3.2. Municipio de Alto Baudó.

Corresponde a la Sala frente a este municipio manifestarse en relación con el siguiente reclamo:

2.3.2.1. Fijación del litigio:

Examinar si el Acuerdo 020 de 2014 y la Resolución Nº 08 de 2014 se encuentran viciados de falsa motivación, para el efecto habrá de establecerse si la razón que se adujo al resolver la apelación respecto de la exclusión de 16 mesas en dicho municipio por la presunta presencia de jurados usurpadores, es cierta.

Lo anterior, bajo la consideración de que no hubo modificación al planteamiento inicial elevado ante las autoridades correspondientes y a que la solicitud fue oportunamente presentada, esto es, antes del escrutinio general.

De encontrarse probada esta censura deberá ocuparse la Sala de establecer si según los planteamientos de la actora en las mesas 1, 3 y 6 del puesto 00 de la zona 00; 1 de los puestos 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 17, 22, 26, 31, 32 y 70 de la zona 99 ocurrió el fenómeno del “jurado usurpador”, previa determinación de si las actas firmadas en dichas mesas se consideran inválidas por ese motivo y si la información que al respecto reportó la accionante logra acreditar la irregularidad planteada.

2.3.2.2. Examen de los cargos:

2.3.2.2.1. Asunto previo:

La Sala advierte que en el expediente número 2014-0106 la demanda fue rechazada en la parte resolutiva frente al cargo que fue identificado como cuarto, dirigido contra lo decidido en el Acuerdo Nº 020 del Consejo Nacional Electoral en relación con la solitud de nulidad por la presencia de jurados usurpadores en el municipio de Alto Baudó.

No obstante, en el auto admisorio se estableció que también fue argumento para admitir el planteamiento de la demanda contra la Resolución Nº 08 de 20 de marzo de 2014, lo referido al examen de lo resuelto por el Consejo Nacional Electoral respecto del rechazo de las “16 mesas del municipio de Alto Baudó por extemporaneidad”(44).

Esta alegación constituyó precisamente el motivo que esgrimió la demandante en el recurso de apelación contra la Resolución Nº 08 de 2014 y, del que se ocupó el Consejo Nacional Electoral al resolverlo en la parte pertinente del Acuerdo 020 de 2014.

De esta manera, pese al rechazo del mencionado cargo cuarto, se constató que al haberse referido como argumento de análisis del cargo tercero, tal situación ameritaba su examen.

En estos términos se determinó el ámbito de pronunciamiento de la Sala frente a este municipio, decisión adoptada en la audiencia contra la que las partes no se opusieron, lo que implicó que quedara en firme.

2.3.2.2.2. Jurados Usurpadores. Concepto:

Aclarado lo anterior, la Sala comienza por referir que el trámite para la designación de jurados de votación está previsto en el artículo 5º de la Ley 163 de 1994 y en el Código Electoral(45) al asignarle las funciones que están a cargo de los registradores distritales y municipales.

De tales disposiciones la jurisprudencia identificó tres clases de jurados: i) de derecho, ii) de hecho o facto y iii) usurpadores o suplantadores.

Sus características surgen de lo previsto en el citado artículo 5º de la ley 163 de 1994, que señala:

“JURADOS DE VOTACIÓN. Para la integración de los jurados de votación se procederá así: 

1. Con noventa (90) días calendario de antelación a la fecha de la elección, los registradores del distrito capital, municipales y auxiliares solicitarán a las entidades públicas, privadas, directorios políticos y establecimientos educativos, las listas de las personas que pueden prestar el servicio de jurados de votación. 

Las listas elaboradas por establecimientos educativos contendrán nombres de ciudadanos con grado de educación secundaria no inferior a décimo (10o.) nivel. 

2. Los registradores municipales y distritales, MEDIANTE RESOLUCIÓN, DESIGNARÁN TRES (3) JURADOS PRINCIPALES Y TRES (3) SUPLENTES PARA CADA MESA, ciudadanos no mayores de sesenta (60) años pertenecientes a diferentes partidos o movimientos políticos. 

Los principales podrán convenir con los suplentes el cumplimiento de la función alternándose entre sí. 

No se podrá designar como jurados a los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, del Registrador Nacional, ni de los Registradores del Estado Civil, distritales, municipales o auxiliares, ni de los delegados del Registrador. El incumplimiento a esta disposición constituirá causal de mala conducta. 

PAR. 1º—Los nominadores o Jefes de personal que omitan relacionar los empleados o trabajadores aptos para ser nombrados como jurados de votación, serán sancionados con la destitución del cargo que desempeñan si son servidores públicos y, si no lo fueren, con multas equivalentes hasta de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Las personas que sin justa causa no concurran a desempeñar las funciones de jurado de votación o las abandonen, serán sancionadas con la destitución del cargo que desempeñen, si son servidores públicos. Si no lo son, a la multa prevista en el inciso anterior. 

PAR. 2º—Las actas de escrutinio de los jurados de votación serán válidas cuando estén firmadas, al menos, por dos (2) de ellos. 

A los jurados que no firmen las actas respectivas, se les impondrá una multa equivalente a diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, a favor del Fondo Rotatorio de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que se hará efectiva mediante resolución dictada por los registradores distritales o municipales”. 

Esta clasificación permitió que la jurisprudencia los distinga, así:

1. Jurado de derecho o de iure: son aquellos nombrados por las autoridades electorales correspondientes, y que se encuentran debidamente posesionados de conformidad con la ley;

2. Jurado de hecho o de facto: actúan como jurados en virtud de autorización o designación de la autoridad competente pero cuyo ejercicio no está precedido del cumplimiento de todas las formalidades legales como el nombramiento por escrito y la posesión y;

3. Jurados suplantadores o usurpadores: se predica esta condición respecto de aquellos que actúan sin habilitación alguna de las autoridades electorales competentes. Son particulares que se arrogan una dignidad y ejercen función pública contrariando el ordenamiento legal(46).

Identificadas las clases de jurados de votación que pueden intervenir en el proceso electoral es preciso que se analice qué consecuencia se genera cuando quienes actúan en condición de jurados no estaban habilitados con tal fin o, cuando estando habilitados es insuficiente su presencia para otorgarle legalidad a los actos de escrutinio que tienen a su cargo.

El parágrafo 2º del artículo pretranscrito señala que las actas de escrutinio de los jurados de votación, es decir, los formularios E-14, serán válidos en la medida en que sean suscritos o firmados por dos (2) jurados de votación.

La validez se predica de los formularios firmados por aquellos definidos como de derecho, es decir, respecto de los cuales existe una designación para el ejercicio de su cargo y su correspondiente posesión, o en los que concurra un jurado de hecho, pues aunque a éstos no les antecede un acto de nombramiento, son habilitados por la coyuntura que se genera el día de los comicios debido a la inasistencia de quienes han sido nombrados bajo el procedimiento previsto por la ley.

No ocurre lo mismo cuando quien funge como jurado de votación es una persona ajena a la estructura electoral y su actuación se ha desarrollado sin la presencia de jurados de votación de derecho o de facto, en el número fijado por la ley.

2.3.2.2.3. Formulación del cargo:

El ciudadano que cuestione la legalidad del acto de elección bajo la censura de jurados usurpadores debe plantear la irregularidad de manera precisa y determinable, bajo la estructura del vicio que formula y con el señalamiento de las pruebas en que se soporta.

Lo anterior, para significar la importancia de que las irregularidades o vicios que se eleven respecto a este tema, se identifiquen en forma clara respecto a la mesa, puesto y zona en que se presentan y además, se determine con exactitud frente a cuál o cuáles de los jurados se predica la irregularidad.

La presunta irregularidad fue puesta en conocimiento de la autoridad electoral y respecto de la misma se pronunciaron los funcionarios competentes, primero los delegados del Consejo Nacional Electoral que la rechazaron por extemporánea y luego el Consejo Nacional Electoral que estimó que en la apelación la petición fue diferente a la inicialmente formulada.

Esta actuación implicó de parte de esta Sección la admisión de la demanda en contra de los actos administrativos que resolvieron la petición y con ello la formulación de causales generales de nulidad contra dichos actos, las que se enmarcaron en que lo decidido en esas instancias estaba afectado de falsa motivación.

Es preciso que en el planteamiento del cargo se relacione: i) el nombre de los jurados que actuaron ilegalmente; ii) las mesas en la que actuaron; iii) los actos que nombraron o designaron los jurados de votación en tales mesas y iv) los formularios que firmaron.

Tales requerimientos quedaron fijados en jurisprudencia de esta Sección, que puntualizó:

“La intervención en las mesas de votación de jurados sin nombramiento puede dar lugar a la anulación de los registros de los votos depositados en las respectivas mesas en los eventos en que efectivamente se establezca que dichos jurados actuaron como usurpadores, para lo cual no resulta suficiente afirmar que actuaron sin el nombramiento inicial, puesto que además se requiere la demostración de otros hechos que constituyen los elementos de la usurpación de funciones públicas, como lo es que el particular las haya ejercido sin ninguna “autorización legal”; es decir, que la persona ejerció las funciones de manera arbitraria, sin título o habilitación alguna.  

Así pues, para el análisis del cargo no es suficiente la mera confrontación entre el acto de designación y el formulario E-14, como lo pretende el demandante, porque ello no permite concluir que se está en presencia de jurados usurpadores o suplantadores, pues normalmente el día del certamen electoral puede ocurrir que por razón de la inasistencia de jurados de votación previamente designados o de su retiro antes de concluir la jornada electoral, el respectivo registrador, su delegado o el visitador de mesa, se ven obligados con urgencia y celeridad a designar personas disponibles como jurados y a ubicarlas, previas instrucciones, en la mesa de votación.  

Según los numerales 4º y 6º del artículo 48 del Código Electoral los registradores municipales tienen la facultad de reemplazar a los jurados que no concurran a cumplir sus funciones, abandonen el cargo o lo ejerzan sin imparcialidad, y la de nombrar visitadores de mesa con competencia para reemplazar a los jurados de votación por las mismas causales.  

En caso de presentarse alguna de las situaciones descritas en precedencia, se diligencia el formulario E-2 donde consta el nombramiento de reemplazo, sin que sea necesaria la expedición de acto administrativo adicional por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil que modifique la designación de jurados realizada inicialmente.

Para el análisis del cargo y su eventual prosperidad, corresponde al demandante la carga de probar que los jurados cuestionados ejercieron sus funciones sin que existiera autorización, es decir, que no fueron nombrados con anterioridad a las elecciones, ni el día de la elección por los funcionarios competentes.  

En el caso en estudio el actor no determinó en debida forma el cargo, pues se limitó a suministrar los listados de las personas que sí fueron designadas jurados de votación, pero no indicó los nombres de quienes actuaron ilegalmente, así como las mesas en que lo hicieron; tampoco pidió que se practicara prueba alguna tendiente a demostrar que quienes suscribieron las actas de votación como jurados efectivamente no fueron designados el día del certamen electoral por el Registrador Municipal o por los visitadores de mesa. 

Además, la determinación del cargo de jurados suplantadores no opera por sustracción de materia. No comparte la Sala la tesis implícita del actor, que en lo fundamental pretende que sea el juez electoral quien a partir de los nombres de los jurados legítimos se dé a la tarea de indagar por los nombres de las demás personas que prestaron ese servicio, a fin de establecer su identidad, si lo hicieron previa designación legal o no, y en qué mesa de votación tuvo lugar su intervención. La determinación es una de las cargas que el onus probando incumbit actori atribuye al demandante, y como tal, es a él a quien le concierne suministrar la información precisa sobre el particular. 

La indeterminación en que el demandante sumió la acusación impide a la Sala adentrarse en su estudio. Por tanto, el mismo se tiene como impróspero”.(47) (Se resalta).

2.3.2.2.4. Del material probatorio:

Para determinar si en los actos cuestionados se incurrió en el vicio de falsa motivación o si se está en presencia de la irregularidad, se debe acudir a los documentos en los que consta esta reclamación y su correspondiente decisión, junto con el material probatorio relevante para su estudio:

Resolución número 003 del 14 de febrero de 2014(48) “por la cual se nombran los jurados de votación en el municipio de Alto Baudó (Pie de Pató) Chocó, para las elecciones del domingo, 09 de marzo de 2014”, expedida por el registrador del Estado Civil.

Resolución número 004 del 6 de marzo de 2014 “por la cual se modifica la Resolución Nº 003 del 14 de febrero de 2014, que nombró los jurados de votación en el municipio de Alto Baudó (Pie de Pato) Chocó, para las elecciones del domingo, 09 de marzo de 2014”, expedida por el Registrador del Estado Civil.

Esta decisión tuvo como consideración para su expedición que “luego de citar a los jurados de votación a la capacitación, la cual se realizó el 26.27.28 de febrero de 2014, en la cabecera municipal, se pudo verificar que algunas mesas no cuentan con el número mínimo de jurados para garantizar el normal cumplimiento del certamen electoral”. Bajo este razonamiento se modificó la Resolución Nº 003 del 14 de febrero de 2014, en el sentido de trasladar algunos jurados de una mesa a otra y así garantizar la normal realización del proceso electoral.

Anexo presentado por la demandante a fin de justificar el cargo objeto de censura y que de acuerdo con las mesas que se aceptaron en la fijación del litigio, radica en lo siguiente:

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Cabecera Municipal Pie de Pató
000001
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Mosquera Mosquera YorleidaFirma ilegible
Palacio Mosquera YacilenyYulier Mena
Rengifo cuesta Mónica BelizaLeidy Tatiana
Hinestroza Cabrera MaribelEspacio en blanco
Valderama Mosquera JaimeEspacio en blanco
Mosquera Palacio LeiserEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Cabecera Municipal Pie de Pató
000003
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Mosquera Camacho Rosa AideJosé Hugo (Rivas Hinestroza)
Mosquera Mosquera Yorlinson Henny Yudi
Andrades Cordobas Sandra LilianaMarleny Cabra
Muriel Valderama Martín Espacio en blanco
Rivas Hinestroza José HugoEspacio en blanco
Palacio Moreno Esquivel Espacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Cabecera Municipal Pie de Pató
000006
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Rivas Cabrera CristianEspacio en blanco
Asprilla Rivas Manuel ArnulfoEspacio en blanco
Rentería Sánchez JennerMarley C.
Cabrera Mosquera MarleyEspacio en blanco
Becerra Valencia JaverEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Santa Catalina de Catrú
990301
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
RojasUndagama AmncioLuz Marina P
Mecha Forastero FranklinRosa Mary Díaz
Díaz Mosquera Rosa Mary Luz Nereida C.
Cabrera Palacio Luz NereidaEspacio en blanco
Mosquera Moreno Luis Enrique Espacio en blanco
 Espacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Amparraida
990501
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Bonilla Palacios José GenaroMarmolejo Forastero Manuela
Palacio Hinestroza Marlin TatianaMosquera Delfina
Mesa Marmolejo Juan CarlosArisa Lenis
Bonilla Palacios Iván Yaseni Murillo
Palacio Mosquera GennerIván Bonilla

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Chigorodó
990601
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Hinestroza Palacio RinglerIsauro Palacio P
Smith Mosquera Oba SembeneYeison Mosquera Palacio
Mena Mena AmparoJames Palacio Hisnestroza
Protocarrero Mosquera RodrigoEspacio en blanco
Mosquera Renteria EricoEspacio en blanco
Rivas Hinestroza Jorge IsaacEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Chacajo
990701
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Palacio Palacio EmilianoFirma ilegible
Arroyo Moreno YinesaErico Mosquera
Arias Waldo Luz DaryCarlos M
Abadia Palacio Juan EduvigesMaricela S
Palacio Palacio IsauroFirma Ilegible

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Divisa
990901
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Rengifo Arias Tomas EmirLauriano P.
Mena Orejuela CarolinaItalina R.
Valencia Palomeque BetsabelinaBetiz Mabel R.
Rengifo Córdoba María CenaidaRichard Patricio Romaña
Palacios Murillo Luis FelipeEspacio en blanco
Mosquera Zuñiga Carlos JafethEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Docacima
991001
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Agualimpia Guzmán Jorge Espacio en blanco
Cordoba García Yenise YolaydaNoribeth C
Mosquera Mena Manuel EuclidesWilton MM
Martínez Fernández Vilma EstherAladino P.
Arias Palacios AsnoraliaLuis Antonio C
Caizamo Rojas José ÄngelBreiner C.

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
El Cedro
991301
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Palacios Martínez ArmenioSilvia Yaneth Valencia M.
Rodríguez Granja Carlos EliécerFirma ilegible
Mecha Caizamo HildebrandoMaria Palomeque
Ramírez Rivas Luisa Edelmira Espacio en blanco
Rivas Granados Luis EbinEspacio en blanco
Córdoba Hinestroza Lina MaríaEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Miacora
991701
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Lana Conde José AmarguitoLeonor Díaz
Marmolejo Córdoba Rubén Rosa Ayde
Isabare Mecha John FredyYasilenis Palacios
Conde Caibera MarinoRubén M
Sabugara Minguisima SebastianEspacio en blanco
Papelito Caisamo JoselinoEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
La Felicia
992201
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes en formularios
Rivas Hinestroza Gilberto GuillermoGilberto Rivas
Córdoba Cheverra Ingri JhoanaVíctor Manuel Mena Palomeque
Díaz Palacio Sisney del Carmen Graciela Córdoba Mosquera
Mosquera Hinestroza José EleazarEloísa Palacio
Abadia Palacios Olga Lucia Espacio en blanco
Mena Palomeque Víctor Manuel Espacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Pavarando
992601
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Machuca Tapi José GuadalupeLuz Dary Arias
Abadia palacios MaricelaLeidy P.
Córdoba Palacios JefersonSeleny Abadía
Mosquera Valderama Itier Giobanny M.
Orejuela Palacios ElcyEspacio en blanco
Abadía Palacios SelennyEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Uyaba
993101
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Palacios Cabrera EmberLeicer Mosquera
Palacios Palacios Carmen HelenaEdith Palacios
Mosquera Palacios NelsaJosé Julián Córdoba(49)
Tapias Mosquera Anny LigeyaEspacio en blanco
Manyoma Isarama ArleyEspacio en blanco
Becerra Valencia DarwinEspacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Punto Caimito
993201
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Martínez Bonilla Luisa Kenny Palacios
Rubio Córdoba WilberLuisa Martínez
Marmolejo Palacios Yeferson Viasnel Córdoba
Mosquera Palacios VickyEspacio en blanco
Isabare Rojas Luis FidelinoEspacio en blanco
Caizamo Forastero Bertilio Espacio en blanco

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Playita (Rio Catrú)
997001
Jurados designados por resoluciónJurados firmantes en formularios
Mosquera Palacios DairaDaira Mosquera Palacios
Caizamo Hachito Jhon JamiltonFeliciana Palacios
Caizamo Isarabe Luis ServandoJesús Antonio Renteria
Becerra Valencia AleninsonHier Mosquera Valderrama
Isabare Caisamo DilmerAlfredo H.C.
Isabare Isabare Francisco JavierJanny Moreno

 Frente a los jurados que aparecen sombreados la parte demandante señala que “no está designado por resolución”.

A folios 547 a 682 del expediente 2014 - 0106 obran los formularios E-11 de las mesas: 00-00-01; 00-00-03; 00-00-06; 99-03-01; 99-05-01; 99-06-01; 99-07-01; 99-09-01; 99-10-01; 99-13-01; 99-17-01; 99-31-01; 99-32-01; 99-70-01.

Copia de la resolución DCH Nº 8 del 20 de marzo de 2014, “Por medio de la cual se rechazan unas reclamaciones por extemporáneas”, emanada de los Delegados del Consejo Nacional Electoral(50).

En lo que corresponde a este reclamo se establece en el acto administrativo que los señores Erika Asprilla Martínez, Julio Eliécer González Cuesta; Jorge Tadeo Lozano Rueda y Elvis Fernando Bejarano Rovira presentaron el 17 de marzo de 2014 distintas reclamaciones por hechos ocurridos en las elecciones de los municipios de “Quibdó, lloró; (sic) Medio San Juan, Río Iró; Unión Panamericana, Río Sucio, Medio Baudó, Medio San Juan y Atrato”.

Se afirma en dicha resolución que la oportunidad dada por la Comisión Escrutadora Departamental para la presentación de las reclamaciones se agotó en la misma fecha en que se efectuó el escrutinio de cada municipio.

Con base en este argumento, las rechazó, según da cuenta el acta general de escrutinio del departamento de Chocó visible al folio 160 del referido expediente.

Contra esta decisión se acompañó al proceso copia de los recursos de apelación presentados contra dicho acto, cuyos escritos se aportaron en cumplimiento del decreto de pruebas ordenada en la audiencia inicial. En el escrito se tiene como planteamiento frente al municipio de Alto Baudó, el siguiente:

“En las mesas de votación instaladas en el municipio de Alto Baudó, se presentó el fenómeno de la usurpación de jurados y/o jurados de facto, puesto que aquellos que actuaron en las mesas que a continuación describo no fueron designados legalmente, incurriendo por tanto en la causal 3 del Artículo 192 del C.E. Así: [...](51) 

Por su parte el Consejo Nacional Electoral en el acuerdo número 020 de 2014, señaló al respecto:

“Reclamación R-90, presentada por Jorge Tadeo Lozano relacionada con los municipios de Riosucio, Alto y Bajo Baudó, acerca de una posible suplantación de jurados. Solicita excluir del cómputo algunas mesas de los municipios mencionados. 

Por lo tanto, previo al respectivo examen de las apelaciones presentadas contra la Resolución Nº 8 de los Delegados del Consejo Nacional Electoral en el Departamento del Chocó, esta Corporación deberá verificar si la interpretación de dicha delegación corresponde al sentido de la norma o si por el contrario, de acuerdo con una lectura sistemática de las referidas reglas al escrutinio departamental, se debe llegar a la conclusión diferente. 

[...] que la etapa del escrutinio general ante los delegados del consejo Nacional Electoral no termina sino cuando se ha consolidado la información global teniendo en cuenta los municipios respectivos. 

Por lo tanto, cuando el artículo 192 del Código Electoral señala que las reclamaciones podrán presentarse en los escrutinios respectivos, se atenderá que es la etapa regulada y desarrollada por el Código, y en este caso el escrutinio general solo culminará tal como lo establece el artículo 184, es decir cuando se haya hecho el cómputo total de votos válidos municipio por municipio, momento en el cual ya no se podrán presentar, por lo menos presentar válidamente, reclamaciones. 

En conclusión, para esta corporación la postura de la comisión escrutadora departamental no encuentra sustento legal claro, y que la normatividad electoral contiene disposiciones que permiten afirmar una posición diferente de acuerdo con el anterior razonamiento. 

Además, previo al examen de las respectivas apelaciones se deberá también establecer el contenido y alcance de las reclamaciones que dieron lugar a la resolución impugnada y así determinar la competencia de esta corporación para decidir de fondo. 

[...] con relación a la reclamación R-90, presentada por Jorge Tadeo Lozano, la Corporación advierte que el recurso debe circunscribirse a la materia de debate establecida en la reclamación inicial pues es lo que determina el alcance de la decisión de instancia, de lo contrario se estaría dando vía libre a la posibilidad de presentar reclamaciones por primera vez en la presentación y sustentación del recurso de apelación. Por lo tanto se procederá a verificar si lo alegado en la reclamación mencionada guarda congruencia con lo solicitado en la apelación y en sus sustentación, en caso de que esta última se haya dado. De esta manera se puede ver que en la parte de peticiones de la reclamación R-90 se solicita: 

“1. Excluir del cómputo de votos la [...] totalidad de las mesas instaladas en el municipio de Alto Baudó, por los hechos traídos en la presente reclamación” 

[...] Sin embargo, con relación al municipio de Alto Baudó, se presentó una petición genérica respecto de la totalidad de las mesas del municipio con miras a lograr una exclusión de votos, situación que en la apelación y en la sustentación fue modificada en el sentido de solo relacionar 16 mesas, lo cual implica que la alegación sobre este municipio no puede ser abordada por la corporación, pues el recurso de alzada cambio las razones de su petición entre la reclamación y la apelación”. (Se resalta).

2.3.2.2.5. De la decisión:

Revisadas las pruebas enlistadas en el acápite anterior se puede establecer que en el presente asunto no se evidencia la violación endilgada a la Resolución Nº 8 de 2014 de la comisión escrutadora municipal, que recae en lo decidido sobre el particular en el Acuerdo Nº 020 de 2014, por los siguientes motivos:

En primer lugar es preciso señalar que según García de Enterría(52), motivar un acto “[...] es reconducir la decisión que en el mismo se contiene, a una regla de derecho que autoriza tal decisión o de cuya aplicación surge. Por ello, motivar un acto obliga a fijar, en primer término, los hechos de cuya consideración se parte y a incluir tales hechos en el supuesto de una norma jurídica, y, en segundo lugar, a razonar cómo tal norma jurídica impone la resolución que se adopta en la parte dispositiva del acto”.

De esta manera es un elemento intrínseco de los actos administrativos y no un simple requisito de forma.

Así las cosas, la falsa motivación de los actos administrativos, se presenta cuando está probado que una es la realidad fáctica y jurídica que induce a la producción del acto y, otros los motivos que se invocan o son aludidos por la administración.

La jurisprudencia(53) ha dicho que para que ésta tenga cabida como causa de nulidad de los actos es necesario que se demuestre:

i) que los hechos que la administración tuvo en cuenta como motivos determinantes para la decisión no estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; y

ii) que la administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.

De acuerdo con lo anterior, es claro que el reproche de la demandante frente a la decisión que tuvo la comisión escrutadora para no acceder a analizar la solicitud de presencia de jurados usurpadores en todas las mesas del municipio de Alto Baudó, radicó en la extemporaneidad de la misma, en razón a que su oposición debió darse ante la Comisión Escrutadora Municipal; mientras que para el Consejo Nacional Electoral, la solicitud fue oportuna. No obstante, la razón por la cual no asumió su estudio, radicó en el hecho de que en la apelación se habían modificado los fundamentos que sustentaron la inicial petición.

La Comisión Escrutadora Departamental del Chocó, al expedir la Resolución Nº 08 de 2014, se equivocó al estimar que debía darle trámite a la solicitud, pues como lo estableció el Consejo Nacional Electoral, cuando se presentó no había declaratoria de elección por la autoridad competente, lo que le autorizaba para pronunciarse sobre el particular.

En dichos términos la Sala pasa a examinar la existencia de la irregularidad alegada, previa determinación de que la apelación no abarcó la totalidad de las mesas de esa municipalidad, toda vez que por escrito radicado con el número R-090 la apelante las restringió a 16 mesas, las mismas que se alegaron en sede judicial.

Con las anteriores precisiones es necesario determinar si el cargo conforme fue planteado identifica de manera plena quién obró o fungió como jurado usurpador en cada una de las mesas cuestionadas.

La demanda contiene un planteamiento preciso de las personas a las que se les señala como jurados usurpadores, determinación que no se realizó en el escrito de apelación de la resolución número 8 de 2014, ya que la reclamante se limitó a enunciar las mesas presuntamente afectadas sin indicar el nombre del jurado que actuó en tales condiciones.

Para el estudio del cargo se debe contar con las resoluciones que nombraron a los jurados de votación, por la Registraduría Nacional del Estado Civil o los visitadores de mesa el día de las elecciones, los formularios E-11 y E-14 de las mesas cuestionadas a efectos de establecer quiénes actuaron en la instalación de la mesa y los que firmaron el formulario de escrutinio de mesa (E-14).

Como se anunció en el acápite correspondiente la demandante aportó fotocopia de los formularios E-11 de casi todas las mesas presuntamente afectadas; sin embargo, no acompañó ni solicitó los formularios E-14 con los cuales podría evidenciar la irregularidad conocida como juradores usurpadores, toda vez que son los documentos que requieren para su validez la firma de por lo menos dos jurados de votación nombrados o designados legalmente.

Esta omisión probatoria impide al juez estudiar la irregularidad planteada por la parte actora, por cuanto no existe prueba con la cual se pueda establecer, que fueron jurados usurpadores, los que firmaron los formularios E-14.

Además, encuentra la Sala que el actor no tuvo en cuenta la existencia de la Resolución Nº 004 que modificó la lista de jurados inicialmente designados a través de la Resolución Nº 003 de 2014, por lo que basó su planteamiento en un listado que fue modificado.

El siguiente es el resultado de la confrontación entre la censura del actor, la Resolución 004 de 2014 y los formularios E-11 que se acompañaron al proceso, no obstante, como se dejó dicho, no es posible establecer si los jurados no relacionados en la Resolución 004 de 2014 fueron designados por el delegado del registrador el día de las elecciones y tampoco, quienes suscribieron los formularios E-14:

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Cabecera Municipal Pie de Pató
000001
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes en formulario E-11
No se identifica si hubo designaciónFirma CC 4.846.285
Nº 04 de 2014Yulier Mena
Nº 04 de 2014Leidy Tatiana

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Cabecera Municipal Pie de Pató
000003
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes en formulario E-11
Nº 04 de 2014José Hugo Rivas Hinestroza
No se identifica si hubo designaciónHenny Yudi Asprilla Còrdoba
Nº 04 de 2014Marleny Cabrera Palacio

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Cabecera Municipal pie de Pató
000006
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes en formulario E-11
Nº 04 de 2014Cristian Rivas Cabrera
Nº 04 de 2014Marley Cabrera Mosquera

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Santa Catalina de Catrú
990301
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
No se identifica si hubo designaciónLuz Marina Palacios Mosquera
Nº 04 de 2014Rosa Mary Díaz Mosquera
Nº 04 de 2014Luz Nereida Cabrera Palacios

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Amparraida
990501
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
Nº 04 de 2014Marmolejo Forastero Manuela
Nº 04 de 2014Mosquera Domínguez Delfina
Nº 04 de 2014 Yasenia Murillo Sanchez
Nº 04 de 2014Iván Bonilla Palacios
No se identifica si hubo designaciónPalacios Quinta Luz Nereida
No se identifica si hubo designaciónPalacios Palacios Ariza

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Chigorodó
990601
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
No se identifica si hubo designaciónIsauro Palacios Palacios
Nº 04 de 2014Yeison Mosquera Palacio
Nº 04 de 2014James Palacios Hisnestroza

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Chacajo
990701
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
Nº 04 de 2014Emiliano Palacios Palacios
Nº 04 de 2014Erico Mosquera Renteria
Nº 04 de 2014Carlos M. Mosquera Palacios
No se identifica si hubo designaciónMaricela Abadia Palacios
No se identifica si hubo designaciónAlexander Abadia Palacios

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Divisa
990901
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
Nº 04 de 2014Lauriano Palacios Mosquera
No se identifica si hubo designaciónCaterine Moreno Abadía
No se identifica si hubo designaciónBetiz Mabel Rentería R.
No se identifica si hubo designaciónRichard Palacios Romaña
No se identifica si hubo designaciónItalina Rentería Hinestroza

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Docacima
991001
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
No se identifica si hubo designaciónDiana Zuñiga Mosquera
No se identifica si hubo designaciónMaribeth Córdoba Rivas
No se identifica si hubo designaciónWilton Mosquera Mosquera
Nº 04 de 2014Aladino Palacios Rivas
No se identifica si hubo designaciónLuis Antonio Cuesta Andrades
No se identifica si hubo designaciónBreiner Córdoba Valencia

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
El Cedro
991301
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
No se identifica si hubo designaciónSilvia Yaneth Valencia M.
No se identifica si hubo designaciónArleison Ramos Palacios
No se identifica si hubo designaciónMaria Ludovina Palomeque

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Miacora
991701
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
Nº 04 de 2014Leonor Díaz Mosquera
No se identifica si hubo designaciónRosa Aydé Mosquera
No se identifica si hubo designaciónYasilenis Palacios Mosquera
No se identifica si hubo designaciónRubén Marmolejo

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
La Felicia
992201
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
No aportaron copia E-11No aportaron copia E-11

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Pavarandó
992601
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
No aportaron copia E-11No aportaron copia E-11

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Uyaba
993101
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
Nº 04 de 2014Leicer Mosquera Palacios
No se identifica si hubo designaciónEdith Palacios Mena
Nº 04 de 2014José Julián Córdoba

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Punto Caimito
993201
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
Nº 04 de 2014Kenny Palacios
Nº 04 de 2014Luisa Martínez Bonilla
Nº 04 de 2014Viasney Córdoba Rentería

ZonaPuestoMesaNombre del puesto:
Playita (Río Catrú)
997001
Jurados designados por ResoluciónJurados firmantes formulario E-11
Nº 04 de 2014Daira Mosquera Palacios
Nº 04 de 2014Feliciana Palacios Palacios
Nº 04 de 2014Jesús Antonio Rentería
No se identifica si hubo designaciónHier Mosquera Valderrama
No se identifica si hubo designación Alfredo H. Caizamo
Nº 04 de 2014Yonny Moreno Rentería

Del análisis efectuado se tiene que es evidente que en la mayoría de los casos los jurados de votación que firmaron el registro de votantes (formulario E-11) en las mesas en que se aportó tal documental fueron nombrados por la Resolución Nº 004 del 6 de marzo de 2014, circunstancia que desconoció la demandante porque la relación aportada como sustento de su reclamo la hizo tomando como referencia la Resolución Nº 003 de 2014, que fue objeto de modificación.

El desconocimiento de la existencia de la Resolución Nº 004 de 2014, la ausencia total de los formularios E-14 de las mesas cuestionadas y la falta de prueba de las designaciones hechas por los delegados del registrador el día de las votaciones, tornan imposible la verificación de lo planteado por la actora como fundamento del cargo, por lo que éste no prospera(54).

2.3.3. Municipio de Riosucio.

La competencia de la Sala radica en asumir el estudio de irregularidad por presencia de jurados usurpadores en esa localidad.

2.3.3.1. Fijación del litigio:

Establecer si el Acuerdo Nº 020 de 2014 y la Resolución Nº 08 de 2014 se encuentran viciados de falsa motivación, para el efecto deberá determinarse si la razón que se adujo al resolver la apelación respecto de la exclusión de 2 mesas en dicho municipio por la presencia al parecer de “jurados usurpadores”, es cierta.

De encontrarse probada esta censura deberá ocuparse la Sala de establecer si, según los planteamientos de la demandante, en las mesas 1 y 2 del puesto 00 de la zona 00 ocurrió el fenómeno del “jurado usurpador”, previa determinación de si las actas firmadas en dichas mesas se consideran inválidas por este motivo y si la información que al respecto reportó la accionante logra acreditar la irregularidad que plantea.

2.3.3.2. Del material probatorio:

El material probatorio allegado con el fin de demostrar la irregularidad fue el siguiente:

Formulario E-11 de la mesa de votación correspondiente de la zona 99, puesto 19, mesa 001, en el que se registran como jurados de mesa los señores: Nasly Becerra Pineda, Leidy Córdoba, Berta Orjuela García, Alba luz Córdoba M, Cruz Emélida Mena y Duván Lloreda Lemos (fls. 702 - 712 del expediente)

Formulario E-11 de la mesa de votación correspondiente de la zona 99, puesto 19, mesa 002, en el que se registran como jurados de mesa los señores: Olimpa Rodríguez Rentería, Etanislada Mena, Enit Hernández Gómez, Martha Cecilia Quinto, Leides Palacios y Pastor Lloreda Prado (fls. 713 a 721)

Acuerdo 020 de 2014 expedido por el Consejo Nacional Electoral, frente a esta censura se tiene que fueron razones para resolver la apelación en contra esta presunta irregularidad, las siguientes: 

“Riosucio  

Zona 99, puesto 19 corregimiento Playa Roja: los jurados de la mesa 1 aparecen firmando el E-14 de la mesa 2. Asimismo en la mesa 1 solo aparece la firma de ALBA LUZ CÓRDOBA MARTÍNEZ, quien fue designada como jurado para la mesa 2 de acuerdo con la resolución de nombramiento. 

ZonaPuestoMesaSupuesta irregularidadObservación
99191-2“los jurados de la mesa 1 aparecen firmando el E-14 de la mesa 2. En la mesa 1 solo aparece la firma de Alba Luz Córdoba nombrada para la mesaSi bien el E- 14 delegados de la mesa 1 tiene solo la firma de Alba L Córdoba nombrada para la mesa 2 según la Resolución Nº 3 de febrero 18 de 2014, el E-14 Claveros de la mesa tiene 3 firmas de jurados.
Los seis jurados que aparecen en el E-11 de la mesa 1 están nombrados según la Resolución 03 de febrero 18 e (sic) 2014, pero firman el E-14 delegados y claveros de la mesa 2

Sobre este punto la corporación considera que efectivamente los jurados que actuaron en la mesa 1 fueron nombrados para la mesa 2. Sin embargo, según se ha podido establecer en el documento E-11 y en la Resolución Nº 003 del 18 de febrero de 2014, fungieron como jurados de derecho en las actas de instalación y de cierre. Lo mismo es predicable de los jurados que fueron designados en la mesa 2 y que firman los formularios de la mesa 1, los cuales aparecen también en las respectivas actas de instalación y cierre nombrados por la resolución en cita; por consiguiente no existe irregularidad sustancial (jurado usurpador) que pueda invalidar la votación de las mesas citadas”. 

2.3.3.3. De la decisión:

De acuerdo con los conceptos generales a los que ya se aludió en esta providencia, en el acápite relativo al municipio de Alto Baudó, la Sala concluye que no se está ante la presencia de este vicio.

De una parte, porque la demandante omitió señalar de manera precisa y completa cuáles de las personas que fungieron como jurados de votación tenían condición de usurpador y, de otra, porque no acompañó ni solicitó las pruebas necesarias que permitieran al juez de la acción electoral corroborar que aquellos que participaron como jurados de votación en las mesas a las que se alude como irregulares, tuvieran tal connotación.

En efecto, tal como ha quedado visto, es necesario que se pruebe la condición de usurpador dentro del ejercicio de la actividad electoral, entendida ésta como la actuación de quien carece de habilitación para intervenir en este proceso, bien porque no fue designado ni posesionado como tal o, en el evento de los jurados de hecho, porque no se les autorizó con tal propósito en la jornada de los comicios electorales.

Valga resaltar, conforme al análisis que efectuó el Consejo Nacional Electoral que las personas que fungieron como jurados de votación en las mesas cuestionadas sí tenían la condición de jurados de votación porque se les había designado mediante resolución, lo que ocurrió al parecer y según lo que señala la mencionada entidad, es que los jurados de una y otra mesa actuaron de manera cruzada.

Esta situación no se puede constatar por la autoridad judicial en la medida en que no se acompañó la resolución de nombramiento de los jurados de votación en dicho municipio ni los formularios E-14 correspondientes.

Podría considerarse que la manifestación del Consejo Nacional Electoral bastaría para establecer que la actuación en la mesa en que se desempeñaron unos y otros jurados de votación estuvo desprovista de autorización, por cuanto su competencia está restringida a un puesto de votación en específico.

Sin embargo, para la Sala está claro que la condición de usurpador se predica de quien no está habilitado para actuar, y en este caso, tal autorización como lo reconoce la demandante sí existió.

Se concluye que no habiendo señalamiento preciso de quién o quiénes actuaron en condición de jurados usurpadores y, estando corroborado según los formularios E-11 que en cada una de las mesas fungieron como jurados de votación seis (6) personas, no encuentra la Sala posible adelantar un examen pleno sobre la irregularidad, pues no existe manera de constatar si frente a todos acaeció el cruce que invocó.

En todo caso, se resalta que para dar por probada la invalidez de las actas de los jurados de votación es preciso que se pruebe que no se encuentran firmadas por lo menos por dos de aquellos que fueron designados legalmente.

Visto así el asunto, para esta Sección lo decidido en el Acuerdo 020 de 2014, no está afectado de falsa motivación, en la medida en que en estricto sentido, como se reconoce por el Consejo Nacional Electoral, a la actuación de dichos jurados les antecedió el correspondiente nombramiento y esto descarta que la actuación sea inválida.

Por los motivos expresados, no se encuentra probado el cargo y en consecuencia, se niega la prosperidad de esta acusación.

2.3.4. Municipio de Medio Baudó.

Corresponde a la Sala pronunciarse frente al siguiente aspecto:

2.3.4.1. Fijación del litigio:

Establecer si la diferencia de 40 votos que predica la candidata 103 del Partido de la U y que dijo fue admitida en la parte motiva de la resolución número 12 de 2014, constituye una irregularidad al no haber sido sumada a la votación que obtuvo en la zona 99, puesto 7, mesa 1 de este municipio por no disponerlo así la parte resolutiva de dicho acto.

Además, si ello vicia el acuerdo número 020 de 2014 proferido por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto a las razones que se esgrimieron para no dar por probada esta diferencia.

2.3.4.2. Examen del cargo:

De acuerdo con el material probatorio, encuentra la Sala que:

La resolución número 12 de 2014 expedida por los delegados del Consejo Nacional Electoral, visible a los folios 104 a 110 del expediente 2014 - 0106, refirió que asumía el estudio de las irregularidades manifestadas por el registrador del municipio de Bojayá(55) (sic) y adelantó el estudio de los formularios E-14 y E-24. En específico frente a la zona 99, puesto 7 mesa 1, señaló:

“En el E-14: el candidato 103 del partido de la U obtuvo 40 votos. 

En el E-24: se le anotaron 0 votos” 

Pese a esta diferencia hallada, no ordenó la corrección aritmética en la parte resolutiva.

Contra esta resolución el apoderado de la señora Valois presentó recurso de apelación(56). El sustento de su recurso se fijó en los siguientes términos:

MEDIO BAUDÓ 

La comisión escrutadora municipal de Medio Baudó, alteró los resultados al pasarlos del E-14 al E-24 en contra de la candidata por el partido de la U - 103 Melania Valois Lozano y a favor del candidato por el mismo partido 101 José Bernardo Flórez hecho que fue denunciado por el propio registrador municipal, como aparece certificado. 

Por fortuna, la Comisión Escrutadora Departamental de Chocó, de oficio, corrigió el error por medio de la resolución Nº 12 del 20 de marzo de 2014; y, además, encontró que, en la Zona 99, puesto 15, mesa 1, la candidata 103 por el partido de la U, Melania Valois Lozano aparecía con cero votos, cuando en realidad obtuvo 40. No obstante, esos 40 votos fueron omitidos en la parte resolutiva del acto administrativo, razón por la cual deben ser reconocidos y sumados por el H. Consejo Nacional Electoral al total de la votación obtenida en el respectivo municipio a favor de la candidata Melania Valois Lozano” 

Del análisis de dicho escrito es evidente que no existe claridad ni determinación sobre que el hecho de que el recurso recayera sobre lo ocurrido en la mesa 1, puesto 7 de la zona 99.

De hecho, de manera confusa, se refirió a la zona 99, puesto 15, mesa 1, donde de la lectura de la mencionada resolución número 12 de 2014, no se dispuso ninguna corrección a favor de la candidata 103 el Partido de la U y, eso exactamente fue lo que registró el Acuerdo 020 de 2014, al resolver la apelación.

Dijo lo siguiente el Consejo Nacional Electoral:

“[...] Ahora bien en la Resolución apelada se consagra lo siguiente: 

zona 99, puesto 15, mesa 1: 

En el E-14 el candidato 102 del Partido Liberal Colombiano obtuvo 85 votos y el candidato del partido de la u, obtuvo 00 votos. 

En el E- 24 se le quitaron 40 votos al candidato 102 del partido Liberal Colombiano y se le anotaron al candidato 101 de la u, que no había obtenido votos y quedó con 40”. 

[...] 

Por lo que se concluye que lo afirmado por el apelante en su sustentación no se encuentra corroborado en la realidad electoral consagrada en los respectivos documentos electorales, así las cosas esta corporación procederá a confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 12 de marzo 20 de 2014 [...]”. 

Lo anterior demuestra que el apoderado de la candidata 103 del Partido de la U al formular su recurso incurrió en un error al identificar la mesa en que había ocurrido la diferencia que la afectaba y que le restó 40 votos obtenidos en la mesa 1, puesto 7 de la zona 99 de Medio Baudó, que si bien fue reconocida, no se contempló como corrección en la parte resolutiva.

Esa imprecisión conlleva a que esta Sala concluya que no hay lugar a anular los actos acusados, puesto que el planteamiento esgrimido en esta demanda no coincide con el esbozado en el recurso de apelación ante el Consejo Nacional Electoral.

De esta manera no hay lugar a acceder a la corrección solicitada.

Aunque el demandado aceptó que dicho ajuste no se realizó, lo cierto es que esta diferencia entre formularios E-14 y E-24 no tendría la virtualidad de modificar los resultados electorales y la declaratoria de elección no se vería afectada. Lo anterior, atendiendo a que la suma de dicha votación no alteraría los resultados por cuanto la diferencia entre uno de los elegidos y la candidata demandante, excede con creces, esos cuarenta votos.

Tal conclusión se aprecia de lo registrado en el Acuerdo 020 de 2014, al momento de asignar las curules frente a los dos (2) partidos que por el sistema de cuociente obtuvieron los mayores residuos: i) Partido Liberal Colombiano y ii) partido Social de Unidad Nacional.

Los resultados obtenidos por los candidatos fueron los siguientes:

Candidatos Partido Liberal colombianoCódigoTotal de votos
Nilton Córdoba Manyoma10220.289
María de Jesús Mosquera Rentería1016.007
Jesús Alberto Mosquera Perea1031.127

Candidatos Partido Social de Unidad Nacional – Partido de la UCódigoTotal de votos
José Bernardo Flórez Asprilla10113.055
Melania Valois Lozano10311.767
Rafael Fernando Montoya Montoya1021.864

En este caso es del caso señalar a título de precisión que de haberse corregidos los votos a la candidata 103 del partido de la U registraría 11.767 más (+) 40 votos del ajuste, para un total de 11.807 votos que no alterarían de ninguna manera los resultados.

En estos casos donde es perfectamente identificable a quien le beneficia la corrección y, además como ello no afectaría a ningún candidato, por cuanto lo que ocurrió fue una exclusión de votos, no hay lugar a aplicar el sistema de distribución porcentual, que se utiliza cuando es indeterminable el beneficio y por tanto, la pérdida se realiza de manera porcentual a los candidatos que obtuvieron votos en esa mesa. Al fijarse este sistema se precisó:

“Para concretar y efectivizar la exclusión de los votos irregulares, esta Sección en anterior oportunidad modificó la tesis jurisprudencial que venía aplicando para determinar la incidencia de los votos falsos en el resultado electoral, debido a los cambios que se introdujeron al régimen electoral mediante el Acto Legislativo 01 de 2003. (...) El sistema para calcular la incidencia de los votos irregulares está compuesto por el método denominado de “afectación ponderada” o “distribución porcentual” que constituye un avance significativo porque propende por dar eficacia a la voluntad libre y espontánea de los ciudadanos mayoritariamente expresada en las urnas, en cuanto únicamente se descuentan los votos falsos comprobados en cada mesa, mediante su distribución de acuerdo con la votación obtenida en la misma por partidos y candidatos, incluidos los votos en blanco. Es decir, dependiendo de la votación alcanzada por éstos, en esa proporción se distribuirán los votos irregulares hallados en una determinada mesa. Los elementos estructurales para la distribución son: i) El porcentaje que representan los votos irregulares en el total de la votación válida de la mesa por la circunscripción ordinaria nacional y ii) el número de votos alcanzados en la mesa afectada por los partidos y candidatos, incluidos los votos en blanco”. 

[...] 

A contrario sensu, este sistema no se utiliza para censuras en las cuales es posible establecer los partidos y/o candidatos que pueden resultar beneficiados por votos fraudulentos, tal es el caso de los que se propongan por diferencias entre formularios E-14 y E-24. - Con esta metodología se sanciona el fraude, en cuanto se excluyen los votos falsos en su justa medida”. (57)

Por todo lo anterior, hay lugar a negar las pretensiones de la demanda, por cuanto no logró desvirtuarse la presunción de legalidad que ampara el acto de elección acusado y las resoluciones objeto de examen.

De acuerdo con lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Niéganse las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Consejeros: Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Presidenta—Rocío Araújo Oñate—Carlos Enrique Moreno Rubio—Alberto Yepes Barreiro».

20 ART. 149.Competencia del consejo de estado en ÚNICA INSTANCIA.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus Secciones, Subsecciones o Salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la Sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos: (...).
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la Junta Directiva o Consejo Directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las Comisiones de Regulación.

21 Por medio del cual se adopta el Reglamento Interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).

22 Debe señalarse que esta Sección consideró que esa circunstancia de exclusión de la votación de un municipio solo representa respecto de las actas de los jurados, no así de la introducción tardía de los pliegos electorales al arca triclave o, como en este caso, relacionadas con el inicio de los escrutinios en los términos que ha fijado el artículo 41 de la Ley 1475 de 2011.

Tal posición se refleja en la siguiente providencia:

“[...] Esta corporación no desconoce la importancia que frente al proceso electoral tiene que los documentos electorales sean introducidos oportunamente en las arcas triclaves, dado que ello contribuye a asegurar la legitimidad de las justas democráticas, al tiempo que el principio de transparencia del certamen; sin embargo, y sin que sea necesario acudir a valoraciones probatorias, la posición jurisprudencial que la Sección tiene en torno a los efectos de esa irregularidad es clara en que ello no es constitutivo de causal de nulidad, posición que se asumió con la reforma introducida en materia electoral por la Ley 62 de 1988. Reflexionando sobre el particular: la irregularidad que da lugar a la nulidad de los registros electorales es la entrega extemporánea de los documentos electorales por parte del presidente del jurado, quien según lo normado en el artículo 144 del Código Electoral, modificado por la Ley 62 de 1988 artículo 8, está en la obligación de entregar “...en todo caso antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación...”, precepto que al ser desatendido da lugar a no tener en cuenta esos pliegos electorales. La única sanción legal prevista para la introducción a destiempo de los documentos electorales en el arca triclave, es la disciplinaria de que trata el artículo 150 ibídem, que establece: “El incumplimiento de los deberes de clavero, es causal de mala conducta, que se sancionará con la pérdida del empleo”. En este orden de ideas, termina siendo incontrovertible que el cargo por introducción extemporánea de los documentos electorales en el arca triclave, no tiene vocación de prosperidad, porque ello no da lugar a la anulación de los registros electorales.” Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 3 de febrero de 2006. Rad. 13001-23-31-000-2004-90011-01(3877). Actor: Ramiro Alfonso Barrios Llach y Otros. Demandado: Diputados a la Asamblea Departamental De Bolívar.

23 Ver folio 660 del expediente 2014-0107.

24 Ver folio 961 del expediente 2014-0106, c. 1B y 661 del expediente 2014-0107.

25 Ver folio 847 del expediente 2014-0107.

26 Folios 661-663 del expediente 2014-0107.

27 Al folio 962 del expediente Nº 2014-0106 obra el acta que da cuenta que la misma se inició a las 12:38:30 del 2014-03-10.

28 Se anexó estudio de telemetría.

29 Fl. 710 del expediente 2014-0107. Se acompaña informe de telemetría visible al folio 949 en un disco compacto.

30 Mediante informe rendido por el gerente de la compañía de servicios públicos domiciliarios de Bojayá, visible al folio 710 del expediente.

31 Esto lo señaló la misma certificación de gerente de la compañía de servicios públicos domiciliarios de Bojayá, visible al folio 710 del expediente.

32 Tal aseveración por cuanto el testigo informó que su cargo de registrador lo desempeña en Vigía del Fuerte (Antioquia) y que su presencia en Bojayá, obedeció a un traslado temporal que debió cumplir.

33 Sellado del arca triclave.

34 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro Bogotá. Sentencia del 12 de septiembre de 2013. Rad.: 47001-23-31-000-2012-00057-01 Actor: Jaime Arturo Saumeth Mejia y Otros Demandados: Diputados a la Asamblea Departamental del Magdalena.

35 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia de 2 de octubre de 2009. Exp. 110010328000200600122-00 (4063-4055). Demandante: Clara Eugenia López Obregón y otros. Demandados: Representantes a la Cámara por Bogotá D.C. M.P. Filemón Jiménez Ochoa.

36 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta - Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro. Sentencia del veintidós (22) de octubre de dos mil quince (2015). Rad.: 11001-03-28-000-2014-00062-00. Actor: Henry Hernández Beltrán y Otros. Demandado: Representantes a la Cámara por Bogotá D.C.

37 Se aprecia a los folios 879 a 883 del expediente 2014-0107.

38 Consejo de Estado - Sección Quinta. Consejero ponente: Mauricio Torres Cuervo. Sentencia del 3 de marzo de 2011. Rad.: 11001-03-28-000-2010-00009-01. Actor: Carlos Iván Ramiro Meléndez Moreno. Demandado: Representantes a la Cámara por el departamento de Vaupés.

39 Este resultado surge de la suma de cada uno de los folios que componen el formulario E-11.

40 Fls. 987 y 987 vto. del expediente 2014-0106 c. 1B.

41 Al respecto la doctrina ha señalado frente a la oportunidad de la tacha, lo siguiente: “Con la supresión de algunas expresiones, los arts. 210 y 211 del CGP prevén que solamente la tacha por inhabilidad absoluta podrá formularse con anterioridad a la diligencia, la cual de encontrarse probada impedirá la recepción de la declaración; en cambio, la tacha por motivos que afecten la imparcialidad podrá ser formulada antes o durante el testimonio y será apreciada al momento de fallar. Derecho probatorio. Introducción a los medios de prueba en particular. Principios y técnicas de oralidad. Nattan Nisimblat. Ediciones doctrina y Ley Ltda., Bogotá D.C., Colombia, pág. 287.

42 Sentencia de 10 de mayo de 2013, Rad. 110010328000201000061-00, 2010-00065, 2010-00068, 2010-00072, 2010-00073, 2010-00075, 2010-0077, 2010-00079, 2010-00080, 2010-00081, 2010-00082, 2010-00083, 2010-00084, 2010-00085, 2010-00088, 2010-00089, 2010-00090, 2010-00091, 2010-00092 (acumulados).

43 Ídem 36.

44 En el auto admisorio se aprecia dicho contenido en los folios 785, 786 y 786 vuelto del expediente.

45 “ART. 41.Los registradores distritales tendrán las siguientes funciones:

[...]

12. Nombrar los jurados de votación. 

13. Reemplazar los jurados de votación que se excusen o estén impedidos para ejercer el cargo. 

14. Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el presente Código. 

15. Nombrar para el día de las elecciones Visitadores de mesas, con facultad para reemplazar a los jurados que no concurran a desempeñar sus funciones o que abandonen el cargo. Estos visitadores tomarán posesión ante el secretario de la Registraduría Distrital. 

[...]  

ART. 48.Los registradores municipales tendrán las siguientes funciones: 

[...] 

3. Nombrar los jurados de votación; 

4. Reemplazar a los jurados de votación que no concurran a desempeñar sus funciones, abandonen el cargo o lo ejerzan sin la imparcialidad o corrección debidas así como a los que estén impedidos para ejercer el cargo; 

5. Sancionar con multas a los jurados de votación en los casos señalados en el presente código; 

6. Nombrar para el día de las elecciones, en las ciudades donde funcionen más de veinte (20) mesas de votación, visitadores de mesas, con facultad de reemplazar a los jurados que no concurran a desempeñar sus funciones o abandonen el cargo. Estos visitadores tomarán posesión ante el Registrador Municipal y reclamarán el concurso de la fuerza pública para tales efectos; [...]”. 

46 Ver entre otras, sentencia de 30 de abril de 2009, Rad. 47001233100020070050601.

47 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, C.P.: Alberto Yepes Barreiro. Fallo del 12 de septiembre de 2013. Rad.: 47001-23-31-000-2012-00057-01. Actor: Jaime Arturo Saumeth Mejía y otros. Demandados: Diputados a la Asamblea Departamental del Magdalena.

48 Se encuentra visible a los folios 530 a 537 del expediente 2014-0106.

49 En este jurado dice se presume debe ser Abadía Palacio Selenny. Frente a este jurado no concreta irregularidad aunque la justificación que hace no es acorde con el nombre registrado (fl. 545, Exp. 2014-0106).

50 Fl. 214 del proceso número 2014-0106 c. 1A.

51 Relaciona los casos que presenta en la demanda.

52 Curso de derecho administrativo. T. I, 5ª Ed. Civitas S.A., Madrid, 1989, pág. 549.

53 Entre otras se puede consultar: Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta. C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Bogotá, D.C., Quince (15) de marzo de dos mil doce (2012) Rad.: 25000-23-27-000-2004-92271-02(16660) Actor: Accenture Ltda Actor: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

54 Ídem 43.

55 Según Acuerdo Nº 020 de 2014 ha de entenderse que es de Medio Baudó.

56 Fls. 1086-1091 del expediente 2014-0107.

57 Consejo de Estado - Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Quinta. Sentencia del 6 de julio de 2009. Rad.: 11001-03-28-000-2006-00115-00(4056-4084). Actor: Ernesto Urbano Varón y Otros. Demandado: Senadores de la República.