Sentencia 2014-00112 de febrero 9 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Consejera Ponente:

Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 11001-03-28-000-2014-00112-00

Actor: Zoilo César Nieto Díaz

Demandados: Jaime Buenahora Febres y Ana Paola Agudelo García, representantes a la Cámara por la Circunscripción Internacional, período 2014-2018.

Electoral. Única instancia

EXTRACTOS: «II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Cuestiones previas.

1.1. Competencia.

La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para fallar en única instancia la demanda dirigida a anular el acto de elección de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional, período 2014-2018, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, así como en el artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 de 2003 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado”.

1.2. De los actos acusados y los cargos de la demanda.

1.2.1. Del acto de elección.

Se discute la legalidad del acto de elección de los doctores ANA PAOLA AGUDELO GARCÍA y JAIME BUENAHORA FEBRES como representantes a la cámara por la circunscripción internacional, contenido en el formulario electoral E-26CA de 16 julio de 2014.

1.2.2. De los demás actos.

En el proceso de la referencia, se solicitó la inaplicación por inconstitucionalidad de las resoluciones 215 de 2007, 1221 y 1240 de 2014, y el Decreto 11 de 2014.

Se demandó igualmente la legalidad de las actas de escrutinio proferidas por cada una de las cuatro comisiones escrutadoras creadas por el Consejo Nacional Electoral, y las resoluciones 1947, 2067, 2182, 2226, 2316 y 2996 de 2014, proferidas por el mismo organismo.

1.3. Problema jurídico.

De la fijación del litigio, tal y como se desprende tanto de la demanda como de las contestaciones presentadas, la Sala encuentra que en el presente caso, el asunto a decidirse es:

— Determinar si es nulo el acto de elección de los doctores ANA PAOLA AGUDELO GARCÍA y JAIME BUENAHORA FEBRES como representantes a la cámara por la circunscripción internacional, período 2014-2018, contenido en el formulario E-26 CA de 16 de julio de 2014, proferido por el Consejo Nacional Electoral.

— Determinar si son nulas las actas de escrutinio proferidas por cada una de las cuatro comisiones escrutadoras creadas por el Consejo Nacional Electoral.

— Determinar si son nulas las resoluciones 1947, 2067, 2182, 2226, 2316 y 2996 de 2014, proferidas por el Consejo Nacional Electoral.

— Si se deben inaplicar por ser inconstitucionales, el Decreto 11 de 2014 y las resoluciones 1221 y 1240 de 2014, y 215 de 2007, ésta última además, por ilegal.

Para un mejor orden en el análisis de las cuestiones en litigio, en aras de resolver los problemas jurídicos, la Sala comenzará por analizar las pretensiones de inaplicación por inconstitucionalidad i) del Decreto 11 de 2014, ii) las resoluciones Nos. 1221 y 1240 de 2014, y 215 de 2007, y iii) la posible nulidad de las actas de escrutinio proferidas por las comisiones escrutadoras creadas por el CNE, y luego pasará a estudiar la legalidad de los demás actos acusados en la demanda de nulidad electoral, que fueron definidos en la fijación del litigio, así: i) la Resolución 2182 de 2014, por la extemporaneidad en la entrega de documentos electorales, formulario E-17; ii) la Resolución 2996 de 2014 por el cargo de suplantación de electores y; iii) las resoluciones Nos. 1947, 2067, 2226 y 2316 de 2014, por trashumancia electoral internacional.

2. De la excepción de inconstitucionalidad.

Con la demanda el actor solicitó(61):

“Que se inapliquen por inconstitucionales:

i) Decreto 11 de 8 de enero de 2014, expedido por el Presidente de la República “Por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes”.

ii) Las siguientes resoluciones expedidas por el CNE:

• 215 de 22 de marzo de 2007, «Por la cual se establece el procedimiento breve y sumario a seguir para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas».

• 1221 de 11 de marzo de 2014, «Por la cual se constituyen comisiones para el escrutinio de votaciones en el exterior y se señalan pautas a tener en cuenta en el reparto de asuntos relacionados con el escrutinio de las elecciones a Congreso de la República, período 2014-2018».

• 1240 de 14 de marzo de 2014, “Por la cual se modifica el artículo 2º de la Resolución 1221 de 2014”.

Como supuesto fáctico que soportó dicha petición, indicó el actor que el Presidente de la República expidió el Decreto 11 de 8 de enero de 2014 “Por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes”. No obstante, afirmó el accionante, fue dictado sin que fuera sometido a control previo de constitucionalidad.

Los fundamentos jurídicos de la pretensión del actor se refirieron a que, en primera medida, la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad al Decreto 11 de 8 de enero de 2014 y a las resoluciones Nos. 215 de 2007 y 1221 y 1240 de 2014, es posible en la medida en que sus contenidos son materia reservada de ley estatutaria.

Agregó que el acto declarativo de elección fue producto de la aplicación de las resoluciones 1221 y 1240 de 2014 dictadas por el Consejo Nacional Electoral, con las cuales esta autoridad, insiste, facultó indebidamente a 4 comisiones para que realizaran el escrutinio de la elección de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional, así como la resolución de las reclamaciones sobre el recuento de votos.

Y en cuanto a la Resolución 215 de 2007, indicó que fue el sustento de las resoluciones 1947, 2067, 2226 y 2316 de 2014, que resolvieron los casos de trashumancia internacional, y dicho acto “...deviene en ilegal desde el 02 de julio de 2012 comoquiera que con la entrada en vigencia del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, determinó que los únicos procedimientos vigentes desde el 02 de julio de 2013 serán aquellos regulados vía legal (sic), o con delegación de la misma”.

En ese sentido, adujo que las normas de contenido electoral deben ser sujetas a la regulación propia de ley estatutaria, o contenidas en decretos reglamentarios proferidos por el ejecutivo, y sometidos a control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, de conformidad con la jurisprudencia reiterada de este Alto Tribunal.

Por su parte, la defensa alegó que es imposible hacer uso de la excepción de inconstitucionalidad deprecada respecto del Decreto 11 de 2014 y las resoluciones 215 de 2007, 1221 y 1240 de 2014.

Como sustento de su afirmación, indicó que la excepción de inconstitucionalidad, según la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, únicamente es procedente cuando: “se advierta una manifiesta y ostensible incompatibilidad entre una norma jurídica y la Constitución”, lo cual no ocurre en el caso concreto ya que si bien alegó que Decreto 11 de 2014 contiene vicios en su formación, omitió señalar sobre qué actos administrativos y etapas del proceso electoral incidiría la aplicación de inconstitucionalidad solicitada. Por esto, puntualizó la defensa, el actor incurrió en error de técnica en la formulación del cargo.

Agregó que el actor incumplió con el deber de exponer de qué manera la norma acusada contradice la Constitución. No obstante, explicó que aunque lo hubiese hecho, en definitiva la prosperidad del cargo no tiene la entidad suficiente para modificar el resultado electoral, ya que este cuerpo normativo reitera las reglas establecidas en el Código Electoral y la Ley 1475 de 2011.

Afirmó que de conformidad con el artículo 176 de la Constitución Política, el Congreso de la República tenía la obligación de reglamentar la Circunscripción Internacional hasta el 16 de diciembre de 2013. En caso de no hacerlo, la disposición constitucional facultaba al Gobierno Nacional para ello, de ahí que expidiera el Decreto 11 de 2014.

En cuanto a la excepción de inconstitucionalidad e ilegalidad de la Resolución 215 de 2007, la defensa alegó que no se explicó la posible incidencia de su inaplicación, es decir, de nuevo el actor omitió identificar la forma en que el resultado electoral cambiaría, se modificaría o se alteraría el resultado electoral.

En cuanto al Ministerio Público, el agente de tal entidad en su intervención indicó frente a la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 11 de 2014, que encontraba acertado el argumento del demandante según el cual el contenido de dicha norma debió ser regulado mediante ley estatuaria en sentido material, pues allí se reglamenta la elección de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional. No obstante, afirmó que no era cierto que el citado decreto debía ser objeto de control previo de constitucionalidad, por cuanto, nada dijo la Corte Constitucional al respecto en la Sentencia C-665 de 2006.

Agregó que en tratándose de decretos expedidos con fundamento en una norma habilitante de carácter constitucional, no es posible aplicar la misma regla dada a las leyes estatutarias, pues el presente caso, es un asunto excepcional, que no puede ser sometido a la regla general del control previo de constitucionalidad, por lo que consideró que la solicitud del actor respecto a la inaplicación del Decreto 11 de 2014 no es procedente.

En relación con la excepción de inconstitucionalidad de las resoluciones 1221 y 1240 de 2014, el Procurador manifestó que con ellas el CNE dispuso aspectos meramente procedimentales al interior de la mentada autoridad electoral, lo que, a su juicio, nada tiene que ver con el ejercicio del derecho fundamental de elegir y ser elegido como para que su contenido debiera ser regulado mediante ley estatutaria.

Frente a la excepción de inconstitucionalidad de la Resolución 215 de 2007, señaló que en esta se reglamentó el procedimiento que debía seguirse para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas, lo cual, en su sentir, no desborda el marco de las funciones que le otorga la Constitución al CNE, pues se trata de una potestad especial otorgada a esta autoridad electoral, con el fin de apoyar el desarrollo de los procesos electorales.

Vistos los extremos del debate y sintetizados los argumentos de los sujetos procesales, pasa entonces la Sala a pronunciarse sobre el problema jurídico propuesto como fijación del litigio para este punto, el cual se sintetizó en: “Establecer si se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad al Decreto 11 de 2014 y a las resoluciones 215 de 2007, 1221 y 1240 de 2014, por ser contrarias al Ordenamiento Superior, por cuanto fijan reglas para la práctica del proceso de escrutinio, que a juicio del demandante son materia reservada de ley estatutaria.”

2.1. De la inaplicación por inconstitucionalidad del Decreto 11 de 2014.

En aras de desvirtuar la presunción de legalidad de los actos administrativos accionados, y especialmente de aquel que declaró la elección de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional para el período 2014-2018, el actor invocó la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 11 de 2014, “por el cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes”, por cuanto, en su sentir, este cuerpo normativo es contrario a los artículos 152 y 153 de la Constitución Política.

El accionante adujo que teniendo en cuenta la naturaleza estatutaria del Decreto 11 de 2014, el mismo debió haber sido sometido “antes de su entrada en vigencia”, a control previo de constitucionalidad por parte de la Corte y que, como ello no ocurrió, éste es inconstitucional y, por lo tanto, inaplicable en el presente proceso.

Así las cosas, con el objetivo de determinar si la declaratoria de la excepción de inconstitucionalidad es procedente o no en el presente asunto, la Sala se referirá, en primer lugar (i) a algunos aspectos generales que rodean el mecanismo de control de constitucionalidad por vía de excepción, (ii) para luego estudiar la naturaleza del texto normativo enjuiciado y así, (iii) resolver el cuestionamiento formulado por el demandante.

2.1.1. Aspectos generales de la excepción de inconstitucionalidad.

La entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991 trajo consigo un cambio de paradigma en el constitucionalismo colombiaNº El fortalecimiento de las instituciones públicas, con el fin de hacer frente a la difícil situación de orden público de la época, revitalizó como principio rector del sistema jurídico el carácter normativo del texto constitucional y su supremacía sobre las demás normas del ordenamiento, prescribiendo en su artículo 4º que: “En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las normas constitucionales”.

Bajo esas condiciones, quedó estatuido como uno de los principios fundamentales de nuestro ordenamiento, que los valores constitucionales cuentan con eficacia normativa Superior a la de cualquier otra norma y que, por tanto, es obligatorio que cualquier operador jurídico emplee las disposiciones Superiores directamente, bien sea cuando no exista regla legal aplicable al caso o cuando se detecte una incompatibilidad entre esta y el texto constitucional.

Con el objetivo de salvaguardar la preeminencia de la Carta Política, el constituyente de 1991 implantó un sistema de control mixto de constitucionalidad, caracterizado por la concentración judicial del control abstracto por vía de acción y también por involucrar a todas las autoridades, públicas y privadas, en la defensa del carácter normativo de la Constitución a través de la excepción de inconstitucionalidad(62).

Por un lado, por vía de acción judicial (art. 241 Superior) se confió que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado (art. 237 Superior) decidan las demandas que presenten los ciudadanos por la infracción en que incurran las normas de inferior jerarquía, y por otro, a partir del artículo 4º mencionado, se consagró la facultad de que las diferentes autoridades inapliquen mediante el mecanismo de la excepción y solamente para el caso concreto, con estrictos efectos inter partes, cualquier disposición cuando se evidencie la existencia de una incompatibilidad clara o palmaria con la Carta Política(63).

De esta manera, mientras la Constitución estableció que son únicamente la Corte Constitucional y el Consejo de Estado los competentes para conocer de las demandas por inconstitucionalidad formuladas en contra de las leyes, e incluso en contra de ciertos decretos, facultó igualmente a cualquier servidor público a inaplicar, frente a casos concretos, una disposición normativa que contraviniera algún precepto constitucional, de conformidad con la habilitación consagrada en el mencionado artículo 4º de la Constitución(64).

Ahora bien, más allá de materializar el carácter normativo del texto constitucional, el control de constitucionalidad por vía de excepción cristaliza el sistema de pesos y contrapesos, consagrado en el artículo 113 Superior, que propugna por la colaboración armónica de los diferentes órganos del Estado. Esto por cuanto el mecanismo, cuando se aplica, constituye el escenario a través del cual se limita la actuación de la autoridad que haya proferido la norma debido a la incompatibilidad. La restricción, en la medida en que conlleva a una salvedad sobre la competencia de una autoridad (muchas veces establecida en la propia Constitución), implica la responsabilidad de identificar plenamente la oposición, pues de otra forma la excepción se convertiría en una etiqueta para desconocer todo el régimen institucional establecido en la propia Carta.

Así, la puesta en marcha de la excepción de inconstitucionalidad conlleva la responsabilidad de identificar a plenitud la incompatibilidad de la norma inferior con la Carta Política, ya que solo de esa manera se legitimaría el límite al ejercicio del poder normativo en cabeza del legislador y el ejecutivo. Para este efecto, se hace necesario determinar cuáles son los parámetros básicos que rigen la identificación de la oposición normativa teniendo en cuenta la naturaleza de las normas constitucionales.

No deja de resultar paradigmático para esta Sala de Decisión que, a pesar de su trascendencia, la excepción de inconstitucionalidad no cuente con un desarrollo legislativo o reglamentario en el ordenamiento jurídico colombiano, lo cual ha generado que sea la jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, la encargada de llenar este vacío normativo.

Es precisamente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional la que ha determinado la naturaleza binaria de la excepción, puesto que, de una parte, desde una perspectiva procesal, la misma se presenta como una facultad o una posibilidad que puede ser ejecutada únicamente en el contexto de un proceso, sin que pueda ser entendida como una acción o un recurso. De otra, desde una perspectiva sustancial, lejos de ser una simple facultad, se constituye en un deber del servidor público inaplicar la disposición normativa que contraviene la Constitución.

Al respecto, la Corte Constitucional manifestó en Sentencia SU-132 de 2013(65) que:

“La jurisprudencia constitucional ha definido que “la excepción de inconstitucionalidad es una facultad o posibilidad (o si se quiere, una herramienta) de los operadores jurídicos, en tanto no tiene que ser alegada o interpuesta como una acción; pero se configura igualmente como un deber en tanto las autoridades no pueden dejar de hacer uso de ella en los eventos en que detecten una clara contradicción entre la disposición aplicable a una caso concreto y las normas constitucionales” (Negrilla fuera de texto).

Asimismo, ha sido la jurisprudencia la que ha establecido unas exigencias sustanciales de procedencia de la excepción de inconstitucionalidad, todas ligadas a la operatividad y el alcance del control abstracto. La primera, restringe la aplicación de la figura cuando quiera que la norma supuestamente transgresora haya sido declarada exequible. En otras palabras, la decisión de la Corte Constitucional impide que otras autoridades se pronuncien sobre la incompatibilidad, ya que de hacerlo se desconocería la cosa juzgada establecida en el artículo 243 Superior(66). El segundo requisito tiene un contenido finalista en la medida en que condiciona la aplicación de la excepción a la comprobación de los efectos que conllevaría la aplicación de la norma. En este sentido, sostuvo el Tribunal Constitucional en Sentencia T-043 de 2016(67) lo siguiente:

“Por tanto, es posible concluir que la procedencia de la excepción de inconstitucionalidad está condicionada a que se cumplan dos criterios: primero, que la norma no haya sido estudiada en sede de control abstracto de constitucionalidad y, segundo, que se constate que la aplicación de dicha norma en el caso concreto provocaría efectos constitucionales tales como la eventual vulneración de derechos fundamentales.” (Negrilla fuera de texto)

Conforme a esas precisiones se puede deducir que la excepción de inconstitucionalidad no puede ser aplicada con fundamento en cuestionamientos abstractos sobre la formación de las normas inferiores, como aquellos basados en vicios de procedimiento.

Como consecuencia, la figura solamente procede en aquellas situaciones en las cuales una norma, aplicada al caso concreto, vulnera la Carta Política, lo que no sucede cuando el reproche de constitucionalidad se fundamenta en un vicio de forma, ya que en esta hipótesis la norma sería inconstitucional independientemente de su aplicación al caso concreto, lo que conllevaría a que un pronunciamiento en ese sentido tenga efectos erga omnes, y no inter partes.

Los vicios de forma solamente pueden ser debatidos mediante el ejercicio de la correspondiente acción –la acción pública de inconstitucionalidad en el caso de normas con fuerza material de ley o el medio de control de nulidad por inconstitucionalidad en el caso de actos administrativos y electorales–, de conformidad con las ritualidades procesales correspondientes y teniendo en cuenta los términos de caducidad respectivos.

Precisado ello y teniendo en cuenta que la excepción de inconstitucionalidad requiere comprobar claramente la existencia de la incompatibilidad así como la inexistencia de una decisión de control abstracto sobre la norma inferior, la Sala pasa a analizar la naturaleza jurídica del Decreto 11 de 2014, “por medio del cual se reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes”.

2.1.2. De la naturaleza jurídica del Decreto 11 de 2014.

La Sala advierte que la norma sobre la que se pide la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad está fundada directamente en una norma habilitante y transitoria establecida en la propia Constitución Política. En efecto, la expedición del decreto en comento, tuvo como origen el Acto Legislativo Nº 01 de 2013, “por el cual se modifica el artículo 176 de la Constitución Política, para fortalecer la representación en el Congreso de la República de los colombianos residentes en el exterior.”

De esta manera, el artículo 176 constitucional se vio adicionado por el citado acto de reforma en un parágrafo transitorio que en su literalidad señaló:

“El Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los (30) días a esa fecha. En dicha reglamentación se incluirán, entre otros temas, la inscripción de candidatos y la inscripción de ciudadanos habilitados para votar en el exterior, los mecanismos para promover la participación y realización del escrutinio de votos a través de los consulados y embajadas, y la financiación estatal para visitas al exterior por parte de los representantes elegidos”.

De lo anterior se desprende que el constituyente derivado estableció una cláusula de habilitación especial de rango constitucional en favor del Gobierno Nacional, según la cual, ante la inacción parlamentaria en su tarea de reglamentar la circunscripción internacional para la elección de los miembros de la Cámara de Representantes, sería el ejecutivo quien debía hacerlo dentro de los 30 días siguientes, contados a partir de la fecha de expiración del término otorgado al órgano legislativo.

En otras palabras, la omisión del legislador implicó la activación de una competencia constitucional temporal (de solo 30 días) en cabeza del alto Ejecutivo, sobre temas adscritos a funciones electorales de carácter específico, para expedir un decreto especial. Precisamente debido a la peculiaridad de esta norma, no se previó en la Carta Política ningún trámite especial que tuviera que cumplirse antes, durante o después de la reglamentación.

Como quiera que el Congreso de la República no profirió los textos normativos que debían reglamentar la elección para dicha circunscripción, el Ejecutivo, en virtud de la habilitación constitucional prevista en el parágrafo transitorio referido, expidió el 8 de enero de 2014, el Decreto Nº 11.

Ahora bien, advierte la Sala que la particularidad de este decreto no radica únicamente en el hecho de ser el producto de una autorización constitucional, pues, en principio, las facultades excepcionales para expedir normas con fuerza de ley son otorgadas al presidente de la república por el órgano legislativo(68).

Igualmente, su singularidad se desprende de que el mismo regula un tema de carácter estatutario (art. 152 lit. “c)”(69)) y se aparta de la regla general, según la cual, las materias objeto de ley estatutaria, previstas en el artículo 152 Superior, “No pueden ser objeto de regulación mediante decreto ley, es decir, sobre ese asunto existe competencia exclusiva e indelegable del Congreso y mediante ley de facultades no podrá transferirse la competencia legislativa al gobierno”.(70)

En este sentido, la normativa acusada regula por orden del parágrafo transitorio del artículo 176 de la propia Constitución Política y como una excepción temporal al literal “c)” del artículo 152, entre otros, los requisitos para ser elector en la circunscripción internacional, la inscripción y conformación del censo electoral en el exterior, las facultades de los consulados y embajadas para la habilitación de puestos de inscripción y de votación, así como los procesos de escrutinios y los estímulos al votante en el extranjero; materias, sin duda alguna, sujetas a reserva legal estatutaria(71).

De esta manera, es evidente que el Decreto 11 de 2014 regula asuntos de carácter estatutario, pues reglamenta la circunscripción internacional para la Cámara de Representantes, lo cual es “un asunto referido a las funciones electorales”(72), de conformidad con el literal c del artículo 152 de la Constitución Política de 1991. Sin embargo, se debe tener presente en todo momento que esa regulación se efectuó como consecuencia del parágrafo transitorio del artículo 176, el cual incluyó una excepción al trámite de las leyes estatutarias en la medida en que otorgó la competencia al Gobierno Nacional para que expidiera las normas en el término perentorio de 30 días.

Ahora bien, en relación con un decreto que fue expedido en algunas condiciones parecidas(73), la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-523 de 2005 manifestó lo siguiente:

“Si bien, la particularidad de los decretos-leyes expedidos por el Gobierno Nacional en virtud de una especial habilitación constitucional transitoria constituye una excepción al régimen establecido en la Constitución para las leyes estatutarias, ello sin embargo no implica la facultad para omitir el deber de someterlas al control previo de constitucionalidad, pues se trata de un requisito inherente a su propia condición. De no ser así, se desnaturalizarían tales normas en cuanto a que carecerían de un elemento central de su carácter de estatutarias”.

A partir de esa sentencia se podría inferir que el Decreto 11 de 2014 debió haber sido sometido a control previo de constitucionalidad, pues reglamentó una materia sujeta a reserva legal estatutaria. Sin embargo, la Sala observa que en el presente asunto no hay lugar a decretar la excepción de inconstitucionalidad del texto normativo en comento, por las razones que pasan a detallar.

2.1.3. Del caso concreto.

El actor argumenta que se debe aplicar la excepción de inconstitucionalidad del Decreto 11 de 2014, puesto que se omitió el control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, al ser una norma que regula temas estatutarios.

El carácter estatutario del Decreto 11 resulta indiscutible y por ello, se reitera, podría afirmarse que debió seguir el mismo trámite que una ley estatutaria, lo que incluía, cumplir un control previo de constitucionalidad. Sin embargo, en este caso se originó un trámite especial, a partir de la misma Constitución Política, que modificó radicalmente la forma de regular la materia, fijando expresamente el procedimiento que se debe adoptar para reglamentar la circunscripción internacional.

Ante todo es necesario señalar que en este caso la excepción es improcedente debido a que el actor la sustenta a partir de vicios de procedimiento que solo pueden ser cuestionados por vía de acción.

Adicionalmente, en gracia de discusión, es evidente que no existe una oposición entre las normas citadas. Para el efecto se deben reiterar los términos sustantivos y temporales que el constituyente fijó cuando le dio la competencia para regular la materia al gobierNº Recuérdese que el parágrafo transitorio del artículo 176 Superior, estableció que: “El Congreso de la República reglamentará la circunscripción internacional a más tardar el 16 de diciembre de 2013; de lo contrario, lo hará el Gobierno Nacional dentro de los (30) días a esa fecha...”.

Bajo esas condiciones la Sección estima que en el presente caso no hay lugar a aplicar la excepción de inconstitucionalidad ya que la competencia del Gobierno para reglamentar la circunscripción internacional en un procedimiento especial y un lapso terminante y corto, fue originada en la propia Constitución (art. 176), la cual modificó los términos bajo los cuales se tramitan, por regla general las demás leyes estatutarias.

De la literalidad de esa norma es evidente que el constituyente bien pudo haber previsto que el decreto correspondiente cumpliera con la revisión previa por parte de la Corte Constitucional (art. 153) para lo cual habría ordenado la expedición del “proyecto” de decreto. En su lugar, el parágrafo transitorio del artículo 176 ordenó que el asunto fuera reglamentado en el término de 30 días lo que lógicamente excluye el procedimiento de control abstracto que cuenta con un término constitucional de 90 días de conformidad con el artículo 242-4 Superior.

De conformidad con lo anterior, se debe reconocer, prima facie, que en el artículo 176 de la Carta se introdujo un procedimiento atípico que modificó los artículos 152 y 153 de la misma, pues la norma le otorgó facultades al gobierno para regular un asunto que es materia de ley estatutaria en sentido material mediante un decreto, sin que nada se dispusiera respecto del control constitucional previo. Obviamente esto no excluyó la posibilidad de que cualquier ciudadano interpusiera la acción de inconstitucionalidad por vicios de forma de manera oportuna, esto es, un año después de la publicación del acto. Con su ejercicio, cualquier ciudadano pudo haber atacado tanto el Acto Legislativo 1 de 2013 como el decreto mencionado. En otras palabras, en lugar del control previo se hizo viable que el decreto pueda ser demandado a través de la categoría general del control constitucional establecida en el artículo 241-1 de la Carta.

Es importante resaltar que la Constitución tan solo le concedió un plazo de 30 días al Gobierno Nacional para reglamentar la materia, tiempo que resulta insuficiente, si además de la expedición de la regulación, se debía cumplir también con el control previo de constitucionalidad. De la misma norma se puede ver que se presenta como un tema de urgencia, ya que la facultad del gobierno para regular la circunscripción internacional, únicamente opera en caso de que el Congreso no la expida en la oportunidad señalada.

Lo anterior conlleva a que no se evidencie la incompatibilidad entre la Carta Política y el Decreto 11 de 2014 y que tampoco se haya desvirtuado la “presunción de constitucionalidad” de la que gozan todas las normas, incluyendo dicho decreto. La Corte Constitucional lo ha manifestado en distintas oportunidades, al asegurar que es el actor de la acción de inconstitucionalidad el que tiene la carga de probar que la norma demandada va en contra de una norma Superior(74).

Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que no se puede inaplicar el Decreto 11 de 2014, pues como se evidenció, esta norma fue expedida de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 176 Superior, es decir que la misma Carta Política fue la que autorizó su expedición. Del mismo modo, el actor no logró probar la inconstitucionalidad de la norma que se pretende excepcionar, es decir, no desvirtuó la presunción de constitucionalidad, pues como ya se dijo, así el argumento sea por vicios de trámite en su expedición, el actor tiene la carga de demostrar la existencia de la incompatibilidad.

Se hace necesario advertir que cuando se propone una excepción de inconstitucionalidad fundada en vicios de forma como en este caso, el operador judicial tiene varias exigencias especiales para poder determinar la existencia de la incompatibilidad. Esto por cuanto como se puede identificar de la lectura del artículo 241 de la Carta, especialmente su parágrafo, el análisis de los vicios de forma es un asunto que, por regla general, debe ser estudiado a partir de la presentación de la acción pública de inconstitucionalidad para que sea decidido por parte de la Corte Constitucional. Puntualmente, es obligatorio tener en cuenta que de conformidad con el artículo 242-3 Superior, esa acción contra el Decreto 11 de 2014 o el Acto Legislativo 1 de 2013 ya caducó, por lo que la posible inconstitucionalidad se encuentra saneada(75).

La sección considera, a manera de conclusión, que a pesar de lo decidido en la Sentencia C-523 de 2005(76), en este caso no es posible inferir el cumplimiento de los requisitos de la excepción de inconstitucionalidad por las siguientes razones:

(i) La naturaleza de la excepción de inconstitucionalidad implica que haya una incompatibilidad palmaria entre la Constitución y la norma inferior, la cual en este caso no se presenta debido a que (a) es claro que el Acto Legislativo 01 de 2013 consagró un procedimiento especial para promulgar esta norma estatutaria con un término estricto (30 días) que impedía que se efectuara la revisión previa de la Corte en los términos generales previstos en el artículo 153 Superior; (b) la excepción de inconstitucionalidad está soportada en razones de orden formal (trámite de la ley estatutaria) que debieron haber sido formuladas ante el Tribunal Constitucional en la acción contra el acto legislativo o el propio decreto. Sin embargo esa acción ya caducó de acuerdo al artículo 242-3 de la Constitución; y, (c) la caducidad de la acción no puede ser reemplazada por la excepción ya que ello llevaría a desconocer las potestades de la Corte y el término fijado por la Carta Política para realizar un estudio por vicios de procedimiento en la formación de la norma, esto es, por la falta de sometimiento del acto a control previo de constitucionalidad, el cual como se dijo antes es de un (1) año contado desde la publicación.

(ii) Hay un componente de orden temporal diferente entre el Acto Legislativo 1 de 2003, “Por el cual se adopta una Reforma Política Constitucional y se dictan otras disposiciones” (sobre el que se soporta la sentencia citada) y el Acto Legislativo 1 de 2013: el primero refirió que el decreto se debía dictar antes del cierre de las inscripciones y el segundo dispuso que la reglamentación tendría que ser expedida en el término perentorio de 30 días.

(iii) Dicha sentencia tuvo efectos hacia al futuro lo que implica que la Corte aceptó implícitamente que a pesar de la ausencia del control previo, los efectos del decreto son válidos hasta el momento en que se dictó la sentencia.

Por lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que no se puede inaplicar el Decreto 11 de 2014, pues como se demostró, la solicitud solo está sustentada en vicios de procedimiento y la norma fue expedida de conformidad con el parágrafo transitorio del artículo 176 Superior, es decir que la misma Carta Política fue la que autorizó su expedición sin que fuera objeto de control previo de constitucionalidad.

Estas razones permiten a la Sala concluir que la pretensión del actor encaminada en tal sentido habrá de negarse en la parte resolutiva de esta sentencia.

2.2. De la solicitud de inaplicación por inconstitucionalidad de las resoluciones 215 de 2007, 1221 y 1240 de 2014.

El actor propone la aplicación de la excepción de inconstitucionalidad frente a las resoluciones Nos. 215 de 2007, 1221 y 1240 de 2014 del Consejo Nacional Electoral, porque considera que fijan unos procedimientos y pautas para la práctica de escrutinios, que a su juicio son materia reservada de ley estatutaria.

En cuanto a la solicitud de inaplicar por inconstitucionales las resoluciones anteriormente referenciadas, la Sala abordará el estudio de la siguiente manera: (i) el derecho electoral como materia reservada de ley estatutaria; (ii) la excepción de inconstitucionalidad de las resoluciones Nos. 1221 y 1240 de 2014; y (iii) si la Resolución Nº 215 de 2007 del Consejo Nacional Electoral es inaplicable por inconstitucional e ilegal.

2.2.1. Derecho electoral como materia reservada de ley estatutaria.

El artículo 152 de la Constitución Política, establece que deberán tramitarse a través de las leyes estatutarias: “(a) los derechos y deberes fundamentales, y los procedimientos y recursos para su protección; (b) la administración de justicia; (c) la organización y régimen de los partidos y movimientos políticos, el estatuto de la oposición y las funciones electorales; (d) las instituciones y mecanismos de participación ciudadana; (e) los estados de excepción; (f) la igualdad electoral entre candidatos a la Presidencia de la República; (g) Las materias expresamente señaladas en los artículos 116 y 221 de la Constitución, de conformidad con el presente acto legislativo”.

Frente a lo anterior, encuentra la Sala que la Corte Constitucional en Sentencia C-515-04(77) señaló que al tener las normas de contenido electoral una incidencia y efectos en los resultados electorales, es fundamental que su reglamentación sea igualitaria y transparente, razón por la cual, su promulgación debe ser sometida a procedimientos especiales, como al que están sometidas las leyes estatutarias. Sin embargo, pueden excluirse de ello, las normas electorales que sean eminentemente accesorias o instrumentales.

Lo anterior, encuentra sustento en las decisiones de la Corte Constitucional en las que se ha reiterado que las autoridades electorales cuentan con competencias residuales de reglamentación en relación con los aspectos técnicos u operativos adscritos a sus funciones(78).

En efecto, la Constitución Política faculta a autoridades distintas al Congreso de la República, entre las que se encuentra el Consejo Nacional Electoral (art. 265, C.P.), para expedir actos de contenido normativo concernientes al debido proceso, los sujetos procesales, los tipos de acción, las clases de procesos y los trámites a seguir respecto de sus funciones(79).

Lo expuesto aplicado al caso concreto, permite inferir que no es cierta la afirmación del actor, según la cual todas las normas que regulan el derecho electoral y en particular, las que reglamentan la práctica del escrutinio de las votaciones deben ser tramitadas como una ley estatutaria, puesto que, de conformidad con el artículo 265 de la Carta pueden ser reglados por las autoridades electorales si tratan temas técnicos y operativos, esto es, aquellas que “...pretenden el buen cumplimiento de funciones de la entidad demandada, desarrollando de esta forma lo establecido por la normatividad vigente y haciendo operativas y funcionales las disposiciones legales...”.

Frente al anterior punto, se advierte que el accionante, salvo su afirmación generalizada ya vista, no se ocupó de establecer si el Consejo Nacional Electoral al emitir las resoluciones Nos. 215 de 2007 y 1221 y 1240 de 2014, se excedió en los contenidos que por competencia podía regular.

Del mismo modo, el actor aduce que existió una omisión de control constitucional frente a las resoluciones cuestionadas, no obstante, se aclara que la misma Corte ha precisado que se encuentran excluidos del control abstracto de su competencia, los decretos o actos expedidos por el Consejo Nacional Electoral, entre otras razones, porque la competencia para el estudio de su legalidad le corresponderá a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a través de esta Sección Quinta en razón a su contenido electoral, en los términos de los artículos 237 de la Constitución Política, 135 y 137 de la Ley 1437 de 2011.

Precisamente, en ejercicio de la facultad establecida al Consejo de Estado, esta Sección ha proferida sentencias, por ejemplo la del 20 de noviembre de 2013, en las que se analizaron cargos de nulidad, que han sido puntualmente propuestos por la parte actor de cada proceso. En el fallo mencionado antes, a manera de muestra, se demandó la reglamentación expedida por el Registrador Nacional del Estado Civil en materia del procedimiento de presentación y revisión de firmas para inscripción de candidatos de agrupaciones significativas de ciudadanos. En esa oportunidad, la Sala examinó acusaciones relacionadas con la falta de competencia (por exceder la facultad reglamentaria), falsa motivación y restricción de derechos políticos frente de los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 7º y 8º de la Resolución 757 del 4 de febrero de 2011. La determinación en tal caso fue que “...al no lograrse desvirtuar la presunción de legalidad que ampara los textos acusados, los mismos deben permanecer incólumes...”.

Entonces, como se ve, una cosa es el examen y/o control constitucional y legal del contenido de las normas cuya inaplicación se solicita con la demanda que ahora conoce la Sala y otra muy diferente su inaplicación vía excepción. En sí, la primera labor cuando está a cargo de esta corporación, esto es, el análisis del articulado que compone cada normativa, sea parcial o total, depende de que exista una acción dirigida en tal sentido, de nulidad o de nulidad por inconstitucionalidad. Si es de nulidad, con la formulación de cargos de nulidad concretos que tengan por objeto desvirtuar la presunción de legalidad del acto. Y si es de nulidad por inconstitucionalidad, sin restricción o sujeción a la demanda, pues, al tenor del parágrafo del artículo 135 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, “...el Consejo de Estado no estará limitado para proferir su decisión a los cargos formulados en la demanda. En consecuencia, podrá fundar la declaración de nulidad por inconstitucionalidad en la violación de cualquier norma constitucional. Igualmente podrá pronunciarse en la sentencia sobre las normas que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras demandadas que declare nulas por inconstitucionales”.

No obstante, ocurre en el presente caso que el actor aduce que existió una omisión de control constitucional frente a las resoluciones cuestionadas, cuando lo cierto es que no existe en contra de ellas demanda de nulidad o de nulidad por inconstitucionalidad, lo cual además intenta superar, amparado en una excepción de inconstitucionalidad sin reparos concretos, para que se realice por este mecanismo un control abstracto de tales normas.

2.2.2. Caso concreto frente a las resoluciones 1221 y 1240 de 2014.

El actor indicó que se deben inaplicar por inconstitucionales las referidas resoluciones del Consejo Nacional Electoral, mediante las cuales, la Sala Plena de esa entidad se subdividió en 4 comisiones y les dio facultades para dar “...lectura las actas diligenciadas por los jurados de votación (E-14) y consolidarán los resultados electorales de cada país...”, además, para decidir “Las solicitudes de recuento de votos...” de los depositados para la elección del Congreso de la República y Parlamento Andino, período 2014-2018.

Lo primero a señalar es que fue en virtud de las atribuciones dadas por los numerales 3º y 8º del artículo 265 de la Constitución Política, la Ley 1475 de 2011, el artículo 13 de la Resolución 65 de 1996 y el Decreto 11 de 2014, que el Consejo Nacional Electoral expidió los mencionados actos administrativos, tal como se señala en las consideraciones mismas.

En segundo lugar, vale señalar el contenido de las normas, que es el siguiente:

a) Resolución 1221 de 2014 “Por la cual se constituyen comisiones para el escrutinio de votaciones en el exterior y se señalan pautas a tener en cuenta en el reparto de asuntos relacionados con el escrutinio de las elecciones a Congreso de la República, período 2014-2018”.

Acto que en su parte resolutiva dispuso:

“ART. PRIMERO.—Para la realización del escrutinio de la votación en el exterior para Congreso de la República, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral constituirá (4) comisiones conformadas por dos magistrados cada una; las cuales dará lectura a las actas diligenciadas por los jurados de votación (E-14) y consolidarán los resultados electorales de cada país, para su posterior inclusión en el acta definitiva.

ART. SEGUNDO.—Todas las decisiones relacionadas con reclamaciones, recursos, solicitud de recuento de votos, revisión y agotamiento de requisito de procedibilidad, serán conocidas y decididas por la Sala Plena de la corporación.

ART. TERCERO.—Para efectos del escrutinio internacional, se realizará previo al inicio del mismo, el reparto de los diferentes departamentos, entre los magistrados de la corporación, cada uno de los cuales tendrá a su cargo, la sustanciación y presentación para aprobación de la Sala Plena, las decisiones relacionadas con desacuerdos entre delegados, reclamaciones, apelaciones, agotamiento de requisito de procedibilidad y, revisión.

ART. CUARTO.—Comuníquese el presente acto administrativo, por intermedio de la Subsecretaría del Consejo Nacional Electoral, al señor Registrador Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público”.

b) El anterior acto, en su artículo segundo, fue modificado por la Resolución 1240 de 2014, así:

“ART. SEGUNDO.—Todas las decisiones relacionadas con reclamaciones, recursos, revisión y agotamiento de requisito de procedibilidad serán conocidas y decididas por la Sala Plena de la corporación. Las solicitudes de recuento de votos serán decididas por cada una de las comisiones escrutadoras”.

Pues bien, de conformidad con las anteriores normas, se establece que el Consejo Nacional Electoral creó unas comisiones sin desconocer sus funciones constitucionales y legales. De esta forma, mantuvo para el pleno de la corporación la facultad de escrutinio y asignó a las comisiones, únicamente, dar “...lectura a las actas diligenciadas por los jurados de votación (E-14) y consolidar los resultados electorales de cada país...”, además, decidir “Las solicitudes de recuento de votos...”.

Así las cosas, no encuentra la Sala que las resoluciones acusadas deban ser inaplicadas por inconstitucionales, toda vez que (i) no se evidencia alguna incompatibilidad puntual con una disposición de la Carta Política; y, (ii) se trata de normas de carácter operativo e interno de esta institución electoral que pretendían asegurar el desarrollo del proceso electoral , pues contiene la reglamentación necesaria para el cumplimiento de las responsabilidades que la Constitución le ha dado, en especial, las relativas al conocimiento y decisión de los recursos que se interpongan frente a las decisiones de sus delegados sobre los escrutinios y su validación o frente a sus propias decisiones en el escrutinio general de la votación nacional.

Además, la creación de dichas comisiones no afectó las condiciones de igualdad y transparencia en las referidas votaciones; tampoco vulneró el derecho al sufragio, ni mucho menos se desconoció la obligación de efectuar el escrutinio por parte de la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral. Por el contrario, tal determinación fue legítima para garantizar principios como el de la celeridad, eficacia, economía, entre otros, de la contienda electoral. En todo caso, se suscribió una sola acta general de escrutinio, tal como se demostró en el proceso de nulidad electoral.

En consecuencia, el actor no presentó para ninguno de los casos un reparo sustantivo puntual -solo propuso aspectos procedimentales que deben ser estudiados a través de la acción de inconstitucionalidad- y la Sala no advierte que las normas referidas incurran en una incompatibilidad con la Carta Política, razón por la cual no declarará próspera la solicitud de aplicar la excepción de inconstitucionalidad como se verá en la parte resolutiva de esta providencia.

2.2.3. Del caso concreto de la Resolución 215 de 2007.

En lo que respecta a la Resolución 215 de 2007 del Consejo Nacional Electoral, el demandante afirma que es contraria a la Constitución al regular procedimientos electorales propios de ley estatutaria, e ilegal teniendo en cuenta que el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo estableció que la única regulación procedimental vigente desde el 2 de julio de 2012, es aquella regulada en una ley o con delegación de la misma.

Dicha resolución fue emitida por el Consejo Nacional Electoral con el propósito de regular el procedimiento breve y sumario que se debe agotar para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas en aquellos casos en que se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio. El acto fue expedido en ejercicio de la facultad dada por el artículo 265 de la Constitución Política y el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, que regula la residencia electoral, tal como se evidencia en su contenido:

“Que los numerales 1º y 5º del artículo 265 de la Carta Política, confirieron competencia al Consejo Nacional Electoral para “ejercer la suprema inspección y vigilancia de la organización electoral”, y para “velar por el desarrollo de los procesos electorales en condiciones de plenas garantías”.

Que el artículo 316 de la Constitución Política, preceptúa que “En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en el respectivo municipio”.

Que el artículo 4º de la Ley 163 de 1994, “Por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”, estableció:

“Para efectos de lo dispuesto en el artículo 316 de la Constitución Política, la residencia será aquella en donde se encuentre registrado el votante en el censo electoral. Se entiende que, con la inscripción, el votante declara, bajo la gravedad de juramento, residir en el respectivo municipio. Sin perjuicio de las sanciones penales, cuando mediante procedimiento breve y sumario se compruebe que el inscrito no reside en el respectivo municipio, el Consejo Nacional Electoral, declarará sin efecto la inscripción”.

Que el propósito del constituyente al exigir en la Constitución Política, la condición de residente para participar en la elección de autoridades locales o asuntos concernientes a dichas localidades, es impedir el traslado de electores de una circunscripción a otra, para evitar que personas ajenas al respectivo municipio, influyan en las decisiones que en éste deban adoptarse a nivel político, administrativo, financiero o social”.

Como se puede observar, la resolución cuestionada ha sido expedida con fundamento en las competencias previstas en la Carta Política y bajo los parámetros de una ley estatutaria, como lo es la Ley 163 de 1994 “por la cual se expiden algunas disposiciones en materia electoral”.

Por lo tanto, la anterior normativa es, en realidad, un instrumento por medio del cual se desarrolla y detalla el procedimiento a seguir para dejar sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el censo electoral.

Lo señalado anteriormente sirve de fundamento a la Sala para concluir que no hay lugar a inaplicar por inconstitucional la Resolución 215 de 2007, debido a que solamente se presenta un soporte meramente formal que debe ser estudiado por vía de acción y no se evidencia alguna incompatibilidad con algún precepto, principio o garantía constitucional, pues es precisamente en virtud del artículo 265 de la Constitución Política y del principio de competencia residual, que el Consejo Nacional Electoral está autorizado para expedir su propio reglamento y regular temas concernientes con el escrutinio de toda votación nacional.

Finalmente, corresponde a la Sala estudiar si la resolución cuestionada infringe lo señalado en la Ley 1437 de 2011, mediante la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en particular, el artículo 34 que establece lo siguiente: “Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta parte primera del código”.

Con base en el anterior artículo el demandante indicó que el acto demandado es ilegal desde el 2 de julio de 2012, ya que, al entrar en vigencia el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se determinó que los únicos procedimientos vigentes serán aquellos regulados por vía legal, o con delegación de la misma. De igual forma, aseguró que el Consejo Nacional Electoral no tenía competencia para regular el procedimiento breve y sumario, mediante el cual se deja sin efecto la inscripción irregular de cédulas de ciudadanía en el censo electoral en un acto administrativo, sino que esto se debió realizar mediante una ley.

Al respecto se observa que el razonamiento del demandante no ofrece los elementos necesarios para desvirtuar la legalidad de la resolución demandada, toda vez que el artículo antes transcrito no establece que el Consejo Nacional Electoral no pueda expedir normas que reglamenten sus funciones, pues lo que hace es reafirmar el principio hermenéutico según el cual la norma especial prima sobre norma general. En todo caso, debe indicarse que la Ley 1437 de 2011 rige solamente hacia el futuro y, por tanto, los actos que hayan sido expedidos en el pasado, con base en otras leyes, se mantienen incólumes.

Sumado a lo anterior, la Sala reitera que es en virtud de los numerales 1º y 5º del artículo 265 de la Constitución Política, que esta entidad expidió esta resolución, con el propósito de cumplir con las funciones de inspeccionar y vigilar la organización electoral, y de velar por un desarrollo de los procesos electorales con plenas garantías.

En efecto, frente a la excepción planteada por el accionante se resalta que la Resolución 215 de 2007 fue expedida con fundamento en la Ley 163 de 1994, en atención a la competencia que la misma Carta Magna le ha otorgado a este órgano electoral, esto es, la facultad de expedir actos normativos de contenido procedimental, en virtud del principio de competencia residual.

Así las cosas, en el caso concreto no se evidencia que haya desconocimiento de la ley, toda vez que es a partir de esta que el Consejo Nacional Electoral tiene la facultad de proferir la resolución censurada. Así las cosas, esta Sección considera que la conclusión del apartado anterior, es aplicable a este cargo en la medida en que el contenido de la Resolución 215 de 2007 atiende los parámetros constitucionales de regulación en cabeza del CNE.

En efecto, es el artículo 34 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que establece una excepción a la aplicabilidad de una norma general, cuando se esté en presencia de una especial, situación legal, que se evidencia en el sub lite mediante la Ley 163 de 1994 y la Resolución 215 de 2007.

Por las razones anteriores, la Sala concluye que la Resolución 215 de 2007 no resulta abiertamente contraria a la Constitución, por lo que se negarán las excepciones de institucionalidad e ilegalidad prestadas por el accionante.

2.3. De la nulidad de las actas de escrutinio proferidas por cada una de las cuatro comisiones escrutadoras creadas por el Consejo Nacional Electoral.

Como ya antes se expuso, el demandante, además de la nulidad acto de elección de los doctores ANA PAOLA AGUDELO GARCÍA y JAIME BUENAHORA FEBRES como representantes a la cámara por la circunscripción internacional, solicitó “[q]ue se declare la nulidad de las actas de escrutinio proferidas por las cuatro comisiones escrutadoras creadas por el Consejo Nacional Electoral, respecto de la Cámara de Representantes de la circunscripción internacional”. Por tanto, dicha petición hace parte del problema jurídico fijado en la audiencia inicial y corresponde a la Sala resolverlo.

Como sustento fáctico, expresó que el Consejo Nacional Electoral, mediante Resolución 1221 de 11 de marzo de 2014(80), conformó cuatro comisiones al interior de la entidad, integradas cada una por dos magistrados. La labor de tales comisiones, afirmó, consistía en consolidar los resultados electorales correspondientes de cada país, de acuerdo con las actas diligenciadas por los jurados (formularios E-14).

Agregó que el Consejo Nacional Electoral con Resolución 1240 de 2014, delegó a las 4 comisiones escrutadoras mencionadas la competencia para conocer y decidir de las reclamaciones electorales, entre ellas, las que tienen por consecuencia el recuento de votos.

Conforme con lo anterior, el actor alegó que el escrutinio de los votos para elegir representantes a la cámara por la circunscripción internacional debió efectuarse por parte de todos los miembros del Consejo Nacional Electoral y no por comisiones, pues así lo dispone el artículo 265 de la Constitución Política.

Como soporte jurídico de su pretensión, el actor alegó que tales actas resultan ser ilegales porque atentan contra los artículos: 176(81) y 265(82) de la Constitución Política; 184(83) y 187(84) del Código Electoral; y, 275(85) del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, pues: i) se presenta una falta de competencia del Consejo Nacional Electoral para crear e integrar dichas comisiones; ii) contienen datos contrarios a la verdad o han sido alteradas con el propósito de modificar los resultados; y, iii) en la circunscripción internacional sufragaron electores no residentes en la respectiva circunscripción.

Como fundamento de su pretensión, expuso que el acto de declaratoria de elección de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional, está soportado en dichas actas de escrutinio proferidas por las cuatro comisiones escrutadoras creadas por la Resolución 1221 de 2014 del Consejo Nacional Electoral.

Al respecto, sostuvo que con la expedición de reglamentaciones electorales relacionadas con los escrutinios —resoluciones 1221 y 1240 de 2014— el Consejo Nacional Electoral se extralimitó en sus funciones, al regular aspectos sustanciales del proceso electoral, que debían ser desarrollados por el legislador estatutario, esto por considerar que, además de la creación de estas cuatro comisiones, se les encargó de leer y consolidar los resultados de cada mesa de votación y se las facultó para adelantar el escrutinio de la elección de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional y para resolver las reclamaciones sobre el recuento de votos se presentaran.

Por lo anterior, concluyó que mediante las resoluciones 1221 y 1240 de 2014, el CNE estableció competencias y procedimientos en favor de las cuatro comisiones, actuación para lo cual carece de competencia dicha Corporación Electoral, puesto que, insistió, es tema propio de la ley estatutaria.

Por otra parte, advirtió que en dichas actas quedó plasmado el resultado de los escrutinios para la elección de la circunscripción en cuestión, las que considera carentes de validez e inexistentes, pues: i) no están firmadas por los respectivos miembros de las comisiones y; ii) contienen datos falsos o apócrifos.

Finalmente, con apoyo en el artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, afirmó que las actas de escrutinio proferidas por las respectivas comisiones, deberán ser anuladas porque: i) contienen datos contrarios a la verdad o han sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales; y, ii) sufragaron electores no residentes en la respectiva circunscripción.

En los alegatos, el actor manifestó que quienes fungieron como sus testigos electorales ante el Consejo Nacional Electoral, hicieron presencia en los escrutinios efectuados por cada una de las comisiones durante todas las sesiones y que, en algunas ocasiones, las mismas comisiones les suministraron información de los avances de las actas parciales.

Agregó que con las mencionadas actas, que allegó en archivo en texto Word, se demuestra que cada comisión escrutadora internacional siguió un parámetro específico para efectuar las anotaciones referentes al escrutinio de cada mesa de votación, así como para levantar el acta parcial por cada país escrutado.

Manifestó que, contrario a lo manifestado por el Consejo Nacional Electoral, el acta general de escrutinio expedida por la misma entidad, no subsume toda la información registrada por las cuatro comisiones en cada una de las actas por ellas expedidas, pues omite el registro del escrutinio mesa a mesa, decisiones de recuento y modificación de resultados de las votaciones internacionales.

Por su parte, la defensa indicó que las actas cuya nulidad solicita el actor no existen, como lo informó la Registraduría Nacional del Estado Civil al responder el requerimiento que se le hiciera con el fin de allegarlas al proceso. Explicaron que dicha respuesta implica que las mencionadas comisiones no generaron actas de escrutinio ya que los documentos que elaboraron fueron avances parciales que luego fueron integrados al acta general de escrutinio. Sobre el particular señaló que el actor formuló tacha de falsedad la cual fue desestimada por la consejera ponente.

Describió las actuaciones surtidas por el Consejo Nacional Electoral en la etapa de escrutinios internacionales, indicando que, si bien es cierto efectuó una división de trabajo en aras de dar cumplimiento a sus deberes constitucionales y legales, también lo es que no creó corporaciones escrutadoras autónomas, como erradamente lo afirmó el demandante.

Como sustento de lo anterior, transcribió apartes de la comunicación suministrada por el CNE, oficio CNE-P-ERB-0704 de 13 de octubre de 2015(86), en la que afirmó que no existen actas individuales generadas por las cuatro comisiones conformadas para el escrutinio de la votación depositada en el exterior para las elecciones de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional período 2014-2018.

La parte demandada también indicó que la supuesta falta de competencia del CNE para dividir su trabajo no es un asunto de reserva del legal estatutaria, pues en realidad se trata de un reglamento que “...tiene efectos internos y [es] dictado con el propósito de aligerar y hacer más eficiente la prestación del servicio a su cargo”.

Según esto, entiende la defensa, el Consejo Nacional Electoral conformó las comisiones para i) “...dar lectura a las actas diligenciadas por los jurados de votación...” y; ii) “...consolidar los resultados electorales de cada país, para su inclusión en el acta definitiva”, pero la competencia para resolver las reclamaciones, recursos, solicitudes de recuento de votos, revisión y agotamiento de requisito de procedibilidad, se encontraba en cabeza de la Sala Plena de la corporación.

Conocidos los extremos del litigio, en la fijación del litigió se estableció entonces como cargo a resolver sobre el punto, que correspondía a la Sección Quinta determinar si son nulas las “actas de escrutinio proferidas por cada una de las cuatro comisiones escrutadoras, creadas por el Consejo Nacional Electoral, dentro del proceso de escrutinio para las elecciones de Cámara de Representantes de la circunscripción internacional, período 2014-2018”.

Así las cosas, en criterio de la parte actora, el acto declaratorio de la elección padece de expedición irregular ante la presunta falta de competencia de las cuatro comisiones escrutadoras “creadas” por el CNE, para realizar el escrutinio de los representantes a la cámara por la circunscripción internacional, pues el mismo debió efectuarse por la totalidad de los miembros del Consejo Nacional Electoral y no por comisiones, de conformidad con el artículo 265 de la Constitución Política. Dicho planteamiento permite a la Sala abordar el problema jurídico formulado, en la medida que se alega un presunto vicio que puede llegar a afectar el acto de elección acusado, pues hace parte de las causales generales de nulidad que pueden ser analizadas en el curso del medio de control de nulidad electoral, siempre que el interesado la formule, lo que ya se demostró en el presente caso.

La solución a dicho problema jurídico, sea preciso indicar desde ya, resulta ser desfavorable a los intereses del actor. Para iniciar, y como elemento que dará mayor claridad sobre el asunto debatido, la Sala considera pertinente referir el contenido de los actos administrativos proferidos, en primer término, por el Consejo Nacional Electoral para la constitución de las comisiones a las que se alude en la demanda:

2.1.3.2.1. Resolución 1221 de 2014 “Por la cual se constituyen comisiones para el escrutinio de votaciones en el exterior y se señalan pautas a tener en cuenta en el reparto de asuntos relacionados con el escrutinio de las elecciones a Congreso de la República, período 2014-2018”.

Acto que en su parte resolutiva dispuso:

ART. PRIMERO.—Para la realización del escrutinio de la votación en el exterior para Congreso de la República, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral constituirá (4) comisiones conformadas por dos magistrados cada una; las cuales dará lectura las actas diligenciadas por los jurados de votación (E-14) y consolidarán los resultados electorales de cada país, para su posterior inclusión en el acta definitiva.

ART. SEGUNDO.—Todas las decisiones relacionadas con reclamaciones, recursos, solicitud de recuento de votos, revisión y agotamiento de requisito de procedibilidad, serán conocidas y decididas por la Sala Plena de la corporación.

ART. TERCERO.—Para efectos del escrutinio internacional, se realizará previo al inicio del mismo, el reparto de los diferentes departamentos, entre los magistrados de la corporación, cada uno de los cuales tendrá a su cargo, la sustanciación y presentación para aprobación de la Sala Plena, las decisiones relacionadas con desacuerdos entre delegados, reclamaciones, apelaciones, agotamiento de requisito de procedibilidad y, revisión

ART. CUARTO.—Comuníquese el presente acto administrativo, por intermedio de la Subsecretaría del Consejo Nacional Electoral, al señor Registrador Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público”.

El anterior acto, en su artículo segundo, fue modificado por la Resolución 1240 de 2014, así:

ART. SEGUNDO.—Todas las decisiones relacionadas con reclamaciones, recursos, revisión y agotamiento de requisito de procedibilidad serán conocidas y decididas por la Sala Plena de la corporación. Las solicitudes de recuento de votos serán decididas por cada una de las comisiones escrutadoras”.

La anterior transcripción resulta relevante para resolver el presente cargo de anulación de las actas de escrutinio, supuestamente, dictadas por las comisiones creadas por el Consejo Nacional Electoral.

Al respecto, sea lo primero indicar que, como se desprende de la lectura de los anteriores actos administrativos, las comisiones no estaban facultadas para la realización de escrutinio alguno, lo que explica el por qué las denominadas actas de escrutinio que refiere el actor no hagan parte del acervo probatorio que reposa en el expediente y que el Consejo Nacional Electoral, a lo largo del debate probatorio, haya insistido en que dichas actas nunca fueron dictadas.

En efecto, del contenido de las anteriores resoluciones la Sala concluye que la creación de las mentadas comisiones no implicaba el desconocimiento de las funciones constitucionales y legales otorgadas al pleno del Consejo Nacional Electoral. Por el contrario, ellas solamente fueron facultadas para dar “...lectura a las actas diligenciadas por los jurados de votación (E-14) y consolidarán los resultados electorales de cada país...”, además, para decidir “Las solicitudes de recuento de votos...”.

Nótese que las comisiones creadas, en ningún momento, tenían la potestad de realizar los escrutinios, ya que esta facultad, de manera expresa, quedó en cabeza del pleno del Consejo Nacional Electoral, como consta en el artículo 3º de la Resolución 1221 de 2014.

Destaca la Sala que en el plenario obra copia de la Resolución Nº 2182 de 2014(87), en la cual este mismo aspecto fue objeto de análisis y decisión del Consejo Nacional Electoral. Este acto resulta relevante pues confirma que, en efecto, la creación de las comisiones obedeció a “...una correcta distribución de la importante carga de trabajo (...) Es por ello que la idea de la Resolución 1221 de 2014 fue distribuir entre los magistrados del CNE el desarrollo logístico y operativo del escrutinio, sin otorgarles a éstos, individualmente considerados, facultad alguna para tomar decisiones estructurales del escrutinio, las que se mantuvieron en cabeza de la Sala Plena de la corporación”.(88) (Negrillas de la Sala).

Sumado a lo anterior, en la misma resolución en comento, se expone que “...la facultad de consolidar el resultado es puramente operativa y en realidad hoy es realizada automáticamente por los sistemas de computadores, pero ello en manera alguna quiere decir que esas comisiones están haciendo la validación final de los resultados. Recuérdese que el escrutinio no es solo un escenario de cómputo sino también de validación de la votación”(89).

Por si lo anterior no fuera suficiente, la Sala precisa que en la audiencia inicial celebrada el 25 de mayo de 2015, al momento del decreto de pruebas, el despacho ponente a solicitud del demandante, ordenó oficiar al Consejo Nacional Electoral, entre otras, para que allegara al expediente “copia auténtica de todas las actas de escrutinio efectuadas por las cuatro comisiones del CNE en las elecciones de Congreso de la República, por la circunscripción internacional, período 2014-2018”(90).

La respuesta del anterior requerimiento se conoció mediante Oficio de 31 de julio de 2015 CNE-SS-9480(91), suscrito por el Subsecretario del Consejo Nacional Electoral. En tal documento, el mencionado servidor afirmó que “...verificados los documentos que reposan en la subsecretaria me permito informar que no se encontró actas individuales de las comisiones conformadas para el escrutinio de la votación depositada en el exterior y que las actuaciones de cada una de ellas fueron consolidadas e incluidas en el acta definitiva del escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral, en los comicios del pasado 9 de marzo de 2014, toda vez que todas las decisiones relacionadas con reclamaciones, recursos, solicitud de recuento de votos, revisión y agotamiento de requisito de procedibilidad, fueron conocidas y decididas por la Sala Plena de la corporación”.

Así las cosas, fuerza concluir que el cargo del demandante que pide anular las “actas de escrutinio proferidas por cada una de las cuatro comisiones escrutadoras, creadas por el Consejo Nacional Electoral...”, será denegado pues, como se anticipó y quedó probado en el proceso, dichas actas no fueron proferidas, por lo que resulta apenas obvio que no obran en el proceso. Dicho de otra forma, la parte actora requiere la nulidad de unos actos que no fueron dictados, por lo que cualquier estudio al respecto resulta inocuo.

Sin perjuicio de lo anterior, conviene destacar que la parte actora durante el término concedido para que se pronunciara de las pruebas allegadas al expediente propuso tacha de falsedad(92) respecto de la respuesta del Consejo Nacional Electoral —Oficio de 31 de julio de 2015 CNE-SS-9480(93)—, por considerar que dicha comunicación no resulta verídica pues se afirma que las comisiones creadas por el Consejo Nacional Electoral no expidieron actas de escrutinios cuando lo cierto es que sí lo hicieron.

Para soportar su dicho, aportó “...DVD con la grabación de los archivos de las cuatro subcomisiones internacionales, archivos en formatos Word y PDF, de las actas de escrutinio parciales, de votos depositados en el exterior y demás documentos referidos en el escrito de tacha, los cuales correspondían a todos los grabados por las subcomisiones escrutadoras internacionales del CNE a los testigos electorales de su representado”.

Esta tacha de falsedad fue decidida en la audiencia que data del 7 de octubre de 2015(94), cuando, se concluyó:

“(...)

La consejera conductora del proceso se refirió a la tacha de falsedad presentada y señaló en primer lugar, que de acuerdo a lo manifestado por el apoderado judicial del actor, la censura versa sobre una presunta falsedad de tipo ideológico, pues el presunto opositor aduce que lo dicho por el subsecretario del Consejo Nacional Electoral en el escrito de 31 de julio de 2015, visible a folio 3960 del expediente ´no es del todo cierto´, y explica las razones por las cuales presenta tal afirmación.

(...)

...la falsedad a que se refiere el artículo transcrito [artículo 269 del Código General del Proceso] es de tipo material y no ideológico que es la que aduce el apoderado judicial del actor, siendo ésta, por definición un atentado al deber de veracidad(95), en la que se incurre cuando el servidor público, o el particular, en ejercicio de la facultad certificadora de la verdad, hacen afirmaciones contrarias a ella, o la callan total o parcialmente, en un documento que puede servir de prueba.

(...)

Así las cosas, teniendo en cuenta que la tacha que se presenta es del tipo ideológico, no hay lugar a realizar el estudio ni a realizar el decreto y práctica de las pruebas solicitadas, para resolver la tacha conforme a lo establecido en el artículo 270 del Código General del Proceso, por las razones expuestas.

Por otro lado, advirtió la consejera, que tampoco encuentra que en dicho documento exista una falsedad ideológica como se contempla en el artículo 286 del Código Penal Colombiano (L. 599/2000), y que por ello hubiere lugar a compulsar copias o a iniciar un proceso penal en contra del funcionario, lo que se concluye, a partir de las razones por las que la parte actora aduce que hay falsedad, y que son las dos que el despacho sintetiza como sigue:

Que el Consejo Nacional Electoral, había señalado que hubo actas de las subcomisiones escrutadoras para los escrutinios de las elecciones de representantes a la cámara por la circunscripción internacional, período 2014-2018 y ahora dice que no hay actas de Subcomisiones.

Que en el escrito que se tacha de falso, el Consejo Nacional Electoral afirma que las actuaciones de las subcomisiones, se encuentran incluidas en el Acta general de escrutinio y que ello no es así.

Frente al primer motivo, advirtió la consejera, que revisado el escrito que se aduce como falso, la afirmación que hace quien lo suscribe es literalmente la siguiente:

‘(...) me permito informar que no se encontró actas individuales de las comisiones conformadas para el escrutinio de las votaciones depositadas en el exterior´.

Lo que, a pesar de no ser una respuesta precisa y que satisfaga lo solicitado por el despacho, no se contradice, en criterio del despacho, con la afirmación anterior sobre la existencia de las referidas actas, pues el subsecretario del CNE no se está pronunciando ahora sobre la existencia o no de las mismas, sino que, indica que no las encontró, situación que para ser tenida como falsa, tendría que desvirtuarse acreditando que el subsecretario del CNE, contrario a su dicho, “sí encontró” las actas de las subcomisiones y no se advierte que el apoderado judicial del actor lo hubiere manifestado en tal sentido ni que lo hubiere probado con su escrito de tacha.

Lo mismo ocurre con el segundo motivo de la tacha, pues la manifestación del subsecretario del Consejo Nacional Electoral, literalmente consistió en decir que:

´(...), y que las actuaciones de cada una de ellas [actas de las subcomisiones], fueron consolidadas e incluidas en el acta definitiva del escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral (...)´.

De lo que se advierte de igual manera, que el no estar discriminada en el acta general de escrutinio la descripción mesa a mesa de lo ocurrido en el proceso de cámara internacional, tal como se aduce que se presentó en las actas de las subcomisiones, tampoco es una contradicción ni una falsedad del Subsecretario del CNE, pues la afirmación de éste en el escrito que se tacha lo es sobre una “consolidación e inclusión” en el acta general; así las cosas, entiende el despacho que al hablarse de una consolidación de la información, no puede concluirse claramente que el subsecretario del Consejo Nacional Electoral se esté refiriendo expresamente a que en el acta general de escrutinio se hubiera incluido la descripción textual mesa a mesa detallada de lo sucedido en el proceso de escrutinio de cámara internacional, por lo que señaló, como lo había anunciado, que no existía, para los efectos de este trámite, una falsedad ideológica ni material en el escrito que se tachó de falso.

No obstante lo anterior, advirtió la consejera que al momento de fallar, se valorarán en conjunto las pruebas allegadas, según sea el caso, y será esa la ocasión para verificar las manifestaciones del CNE en relación con la existencia o no de las actas de las subcomisiones escrutadoras”.

No sobra precisar, que mediante el incidente de la tacha de falsedad solo es dable atender aspectos relacionados con la falsedad material, la que se configura cuando se “...crea totalmente el documento falso, imita uno ya existente, o altera el contenido de uno auténtico...”, diferente a la ideológica que se presenta “....cuando en un escrito genuino se incluyen manifestaciones contrarias a la verdad, esto es, el documento verdadero en su forma y origen (auténtico), contiene afirmaciones falaces”.

Esto en razón, de que al juez de lo contencioso administrativo le corresponde determinar si el mismo puede o no considerarse como prueba dentro del respectivo juicio, pero la decisión respecto de la ocurrencia de un posible delito y su responsable le corresponde al juez penal, conclusión a la que se arriba luego del analizar el contenido del artículo 271 del Código General del Proceso, que prevé como efecto de la declaración de falsedad, en sede de tacha, que se “... dará aviso al fiscal competente, a quien enviará las copias necesarias para la correspondiente investigación”.

En estos mismos términos la Sección Cuarta de esta corporación, en sentencia de 1º de agosto de 2016, concluyó que “...la tacha permite examinar la integridad material de un documento con miras a determinar su aptitud probatoria en el proceso correspondiente. De ser falso, no podrá valorarse...”.

Retomando el caso, objeto de análisis, de conformidad con la actuación antes transcrita, destaca la Sala que, en su oportunidad, el actor cuestionó mediante la tacha, la respuesta del Consejo Nacional Electoral según la cual “...no se encontró actas individuales de las comisiones conformadas para el escrutinio de la votación depositada en el exterior...”. Como prueba para sustentar la tacha de falsedad, ya que la etapa de solicitud de pruebas había fenecido, allegó documentos que considera son las actas de escrutinios emitidas por las comisiones. Empero, como ya se expuso, dicho trámite fue rechazado pues se invocó una falsedad —ideológica— que no es posible tramitar por esa vía.

Visto lo anterior, conviene aclarar que los documentos aportados por la parte actora con la tacha, tenían como propósito probar el reparo allí efectuado. Pero el rechazo del estudio de fondo sobre la supuesta falsedad, es una decisión que conlleva a que tales documentos no fueran decretados y, por ende, tampoco valorados ni analizados.

Siendo lo anterior así, y solo para brindar absoluta precisión, la Sala deja claridad frente a que el “...DVD con la grabación de los archivos de las cuatro subcomisiones internacionales, archivos en formatos Word y PDF, de las actas de escrutinio parciales, de votos depositados en el exterior...”, no hace parte del debate probatorio del proceso, pues, se insiste, solo se aportaron con la finalidad de que obrara como prueba en el curso del incidente de tacha, pero nunca se allegaron dentro del debate probatorio del proceso ordinario.

Valga resaltar además que, evidenciada la situación descrita frente a los documentos que presentó el actor en el incidente de la tacha de falsedad, y en aras de las garantías procesales de las partes, la Consejera Ponente en la misma audiencia de pruebas del 7 de octubre de 2015, antes referenciada, ordenó:

“...que, por secretaría de la sección, previo a imponer las sanciones que contempla el artículo 44 del Código General del Proceso, SE REQUIERA al presidente del Consejo Nacional Electoral, para que en el plazo de 24 horas, contadas a partir del recibo de la comunicación, informe las razones por las cuales ha incumplido con la obligación de presentar al proceso las actas de las 4 subcomisiones, o de explicar, sin evasivas, las razones de su imposibilidad; así mismo, para que, en caso de que se trate de una pérdida de las mismas, allegue al proceso la copia de las denuncias presentadas y de los documentos que reflejen los trámites que se hubieren realizado sobre tal hecho...”.

Como respuesta del anterior requerimiento, el Presidente del Consejo Nacional Electoral, mediante Oficio Nº CNE-P-ERB-0704 de 13 de octubre de 2015(96), informó:

“...me permito reiterar la información remitida en las oportunidades anteriores, las cuales no han sido evasivas, sino por el contrario se ha puesto en conocimiento de ese honorable tribunal que verificados los documentos que reposan en la subsecretaría de esta corporación se pudo establecer que no se encontró actas individuales de las comisiones conformadas para el escrutinio de la votación depositada en el exterior, toda vez que ello obedeció a división de trabajo por parte de la Sala, pero las actuaciones de cada una de ellas eran consideradas e incluidas a diario en el acta definitiva del escrutinio realizado por el Consejo Nacional Electoral, en los comicios del pasado 9 de marzo de 2014, pues como ya se ha manifestado todas las decisiones relacionadas con reclamaciones, recursos, solicitud de recuento de votos, revisión y agotamiento de requisito de procedibilidad, fueron conocidas y decididas por la Sala Plena de la corporación.

Así las cosas y por los argumentos antes citados, le informo de manera respetuosa que no existen actas individuales por las cuatro comisiones, como sí el acta general que recoge las actuaciones en cada una de ellas, la cual fue remitida a su despacho mediante comunicación CNE-SS-6599 del 18 de junio de 2015”. (Negrillas de la Sala).

En conclusión, luego de analizar las pruebas allegadas al proceso, entre ellas la resolución de creación de las comisiones por parte del Consejo Nacional Electoral y las respuestas de esta corporación Electoral a los requerimientos realizados por la Consejera Ponente, en razón del decreto de pruebas, se tiene que no existe prueba que demuestre que dichas comisiones profirieron las actas de escrutinio que la parte actora requiere que sean anuladas, lo que impone, como se indicó en precedencia, que el cargo sea denegado.

3. De la nulidad electoral y las causales generales de nulidad de los actos administrativos.

La acción de nulidad electoral en términos de la Constitución Política artículo 237, o el medio de control de nulidad electoral como lo denomina el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ha sido edificada para reestablecer el orden jurídico y fungir como medida correctiva para preservar el principio de legalidad (en este sentido amplio que abarca la confrontación con la Constitución Política y con la normativa legal pertinente). Con ella se busca determinar si los actos que declaran una elección, hacen un nombramiento o una designación, se encuentran viciados de nulidad.

Es así que dicho medio procede contra actos electorales propiamente dichos, porque contienen la declaratoria de la voluntad de un determinado electorado (electoral propio), o porque contienen la decisión de la administración de designar a un servidor o dignatario (electoral impropio). Dichas disposiciones no siempre han procedido por los mismos motivos o causales: bien porque el legislador expresamente lo limitaba o señalaba, o bien porque la jurisprudencia consideraba tales límites.

Así, desde el punto de vista de la legislación, valga recordar cómo desde la primera normativa electoral que nació casi al tiempo con nuestra República, se consagró la posibilidad de anular las elecciones y se señalaron causales específicas. Tal previsión ha sido presentada y desarrollada en nuestro ordenamiento positivo de la siguiente manera:

A partir de la Ley 7 del 31 de enero de 1888, “Código de Elecciones”, en su capítulo IX, “DE LA NULIDAD”, modificado posteriormente por la Ley 119 de 1892, estableció ciertas causales de nulidad en materia electoral. Igualmente, estipuló el derecho que tienen los particulares de reclamar contra el cómputo y acumulaciones indebidas de los trámites constituidos en el capítulo X, que trató acerca de los jueces de escrutinio(97).

Al respecto, la norma indicaba en varios de sus artículos lo siguiente:

ART. 108.—Son nulas y de ningún valor ni efecto las elecciones que deban verificarse ante los jurados de votación:

1. Cuando hayan tenido lugar en otros días o períodos distintos de los señalados en esta ley;

2. Cuando no se hayan verificado las elecciones y escrutinios respectivos en presencia, por lo menos, de la mayoría absoluta de los miembros del jurado;

3. Cuando durante las horas de elección se haya ejercido violencia con armas por los particulares, o por las autoridades con armas o sin ellas;

4. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores, y destruido o mezclado con otras las papeletas de la votación, o estas se hayan perdido o destruido por causa de violencia;

5. Cuando la votación no hubiere durado todas las horas señaladas por la ley, o hubiere durado más;

6. Cuando aparezca que han votado en el jurado más individuos que los que le corresponden;

7. Cuando no se haya llevado el registro de firmas o nombre de los sufragantes, o se pruebe que ha sido falsificado o alterado;

8. Cuando el escrutinio de los votos se hubiere interrumpido para continuarlo luego.

ART. 109.—Son nulos los registros formados por los jurados y las juntas electorales, en los casos siguientes:

1. Cuando se pruebe que han sufrido alteración sustancial en lo escrito, después de firmados por los miembros de la corporación;

2. Cuando aparezcan enmendaturas, raspaduras o borraduras en los nombres o apellidos de los candidatos o en el número de los sufragios que cada uno haya obtenido;

3. Cuando aparezcan sin la firma de todos los miembros del jurado o junta que presenciaron el escrutinio, salvo el caso de que conste la circunstancia de haberse denegado alguno o algunos a firmar, y la causa de su denegación;

4. Cuando multiplicado el número de sufragantes por los individuos por quienes podría votarse, dé un resultado mayor del que aparece en el registro, computando los votos que se hayan declarado nulos o en blanco;

5. Cuando resulte que el registro es falsificado o apócrifo;

6. Cuando se hayan declarado en blanco o nulos votos que deban reputarse legítimos, o al contrario; pero la anulación no será forzosa sino cuando por este motivo hayan resultado electas personas distintas de las que debieran serlo.

Artículo nuevo (24 de la Ley 119 de 1892). Son aplicables a las actas de las asambleas electorales las causales de nulidad determinadas en los incisos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 109. Dichas actas son también nulas en los casos siguientes:

1. Cuando las asambleas se hayan reunido en días o períodos distintos de los señalados por la ley.

2. Cuando el acta de la votación no haya sido firmada por la mayoría absoluta de los electores presentes; y

3. Cuando las sesiones de la asamblea no hayan sido públicas o al menos que por razón de violencia, peligre la seguridad de los electores, y cualquier número de estos haya pedido que la asamblea se constituya en sesión secreta.

ART. 110.—Las nulidades marcadas con los números 1º, 2º, 3º, 4º y 5º del artículo 109, comprenden también a los registros formados por los jurados de votación.

Artículo nuevo (25 de la Ley 119 de 1892). Las irregularidades cometidas al computar y acumular los votos, ya por las corporaciones escrutadoras, ya por las asambleas en la elección de senadores, contra lo prevenido en el artículo 79 de la ley, no producen nulidad en las elecciones; pero los particulares tienen el derecho de reclamar contra el cómputo y acumulación indebidos, por los trámites establecidos en el capítulo X.

La solicitud se sustanciará y decidirá como si se trata de una demanda de anulación, y las corporaciones escrutadoras y la asamblea departamental, en su caso, modificarán la declaración hecha de acuerdo con la decisión de la autoridad judicial.

ART. 111.—Son nulos los votos dados a favor de candidatos que, conforme a la Constitución o a la ley, tengan algún impedimento para ser elegidos.

La nulidad será declarada por la corporación que hace el escrutinio y declara la elección.

ART. 112.Corresponde a la corporación que hace el escrutinio declarar las nulidades de que trata este capítulo, y su decisión tendrá el carácter de definitiva mientras no sea revocada por los Jueces de escrutinios, conforme a esta ley”. (Subrayas fuera del texto original).

Nótese cómo con la Ley 7 del 31 de enero de 1888, “Código de Elecciones”, se establecía en el artículo 112 que era la misma autoridad electoral, aquella que realizaba el escrutinio, la que tenía la facultad de verificar que la elección se ajustara a la ley. Esto, en principio, derivado de la posibilidad de declarar la nulidad por las irregularidades definidas, entre ellas, que la votación se celebrara fuera de las fechas y horas establecidas, por violencia de particulares o autoridades públicas, falta del quórum de los jurados de votación, o en los eventos en que la cantidad de sufragantes fuera Superior a la cantidad de votos permitidos por mesa y/o cuando se advertía la falsedad en el registro de sus firmas.

También dichas autoridades electorales, esto es, las corporaciones escrutadoras (juntas o jurados de votación) y la asamblea departamental, con la modificación propuesta con la Ley 119 de 1892, podían variar la declaración de elección, aunque no declarar su nulidad, por cuenta de irregularidades en los cómputos de votos, previa decisión de una autoridad judicial: los jueces de escrutinios.

De otra parte, la normativa en comentó preveía, de manera independiente, la posibilidad de anular los registros formados por los jurados y las juntas electorales, así como la de las actas emitidas por las asambleas electorales(98).

Con la promulgación de la Ley 85 del 31 de diciembre de 1916, nueva ley “Sobre elecciones”, se modificaron las causales de nulidad. En tal medida, en el capítulo XI “DE LA NULIDAD”, se eliminaron las causales establecidas en los numerales 5º, 6º, 7º y 8º del artículo 108 de Ley 7 de 1888, ya vistos. Pero fue adicionada una, relativa al número de sufragantes, en los eventos en que tal cifra exceda del número de ciudadanos incluidos en el respectivo censo electoral. Igualmente, tal ley reiteró que los particulares tenían el derecho de reclamar contra el cómputo de votos.

Al respecto, decía la norma:

De la nulidad.

ART. 179.—Son nulas las elecciones que se verifiquen ante los Jurados de votación y las que se hagan por las asambleas departamentales y los consejos electorales que eligen senadores:

1º. Cuando hayan tenido lugar en días o períodos distintos de los señalados por la ley o de los señalados por la respectiva autoridad con facultad legal.

2º. Cuando no se hayan verificado las elecciones o escrutinios respectivos en presencia, por lo menos, de la mayoría absoluta de los miembros de la corporación.

3º. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores, y destruido con otras las papeletas de votación, o éstas se hayan destruido o perdido por causa de la violencia; y

4º. Cuando el número de sufragantes exceda del número de ciudadanos incluidos en el respectivo censo electoral.

ART. 180.—Son nulos los registros formados por los jurados de votación, jurados y consejos electorales, consejos escrutadores, juntas electorales y asambleas departamentales, en los casos siguientes:

1º. Cuando se compruebe que han sufrido alteración sustancial en lo escrito, después de firmados por los miembros de la corporación; y

2º. Cuando resulte que el registro es falso o apócrifo.

ART. 181.—Es nula elección de tres o más individuos, hecha por una corporación pública, cuando los votos emitidos en ella se hayan computado con violación del sistema adoptado, por el artículo 111 de esta ley, o de cualquiera otro que se adopte, de acuerdo con el artículo 45 del Acto Legislativo número 3 de 1910.

ART. 182.—Cuando la elección se refiere a comisiones de la misma corporación para su orden interno, es la misma corporación quien puede declarar la nulidad.

ART. 183.—Son nulos los votos dados a favor de candidatos conforme a la Constitución o a la ley tengan algún impedimento para ser elegidos. También es nula la elección declarada a favor de tales individuos.

ART. 184.—Las irregularidades cometidas al computar y acumular los votos por las corporaciones escrutadoras, contra lo prevenido en el artículo 125, no producen nulidad en las elecciones; pero los particulares tiene derecho de reclamar contra el cómputo y acumulación indebidos, por los trámites establecidos en este capítulo, en la sección segunda.

El mismo principio se aplica cuando por las corporaciones electorales se hayan declarado indebida y definitivamente nulos alguno o algunos registros, los hayan computado votos a favor de individuo o individuos que constitucional o legalmente tengan algún impedimento para ser elegidos, o se haya incurrido en yerros aritméticos, o se haya cambiado o alterado el nombre o apellido de uno o de varios candidatos, siempre que en cualquiera de los casos enumerados el resultado de la elección sea distinto del que se hubiere obtenido sin tales irregularidades.

La solicitud se sustanciará y decidirá como si se tratara de una demanda de nulidad, y las corporaciones escrutadoras modificarán la declaración hecha, de acuerdo con la decisión de la autoridad competente.

ART. 185.—Si alguien, fundado en alguna o algunas de las irregularidades de que trata el artículo anterior, demandare la nulidad en lugar de reclamar contra las irregularidades de que trata el mismo artículo, no por eso dejará el tribunal de lo contencioso administrativo de ordenar las modificaciones correspondientes, si hubiere lugar a ellas.

ART. 186.—Corresponde a la corporación que hace el escrutinio declarar las nulidades de que trata este capítulo, y su decisión tendrá el carácter de definitiva, mientras no sea revocada por quien corresponda, conforme a esta ley.

PAR. 1º—La declaración de nulidad de una elección o de un registro, o de algunos votos, hechas por los jurados de votación, o por una corporación que no deba declarar la elección, queda sujeta de hecho a la revisión de la corporación inmediatamente Superior y a la quien corresponda hacer la declaratoria de la elección.

PAR. 2º—La declaración de nulidad del escrutinio o de la elección de senadores o representantes, hecha por las corporaciones electorales, es revisable conforme a las causales establecidas en esta ley, por el tribunal de lo contencioso administrativo, con apelación al Consejo de Estado pleno, a petición del agente del Ministerio Público o de los particulares”.

Entre 1920, con la leyes 96 del 25 de noviembre y 89 de 16 de diciembre de 1948, se dictaron, entre otras, las leyes 31 de 12 de noviembre de 1929; 60 de 1930; 7 de 1932; 47 de 12 de marzo de 1936; 120 de 15 de septiembre de 1936; 187 de 30 de noviembre de 1936 y 41 de 18 de diciembre de 1942. Con ellas se realizaron varias modificaciones al proceso de elección, referentes, por ejemplo, a las funciones oficiales del ramo electoral, la inscripción de listas de candidatos, la creación de inspectores de cedulación, fiscalización electoral y delegados presidenciales cuya labor era asegurar “la pureza del sufragio” y la consagración de la independencia del organismo electoral de los partidos políticos.

Ya en 1979, con la Ley 28 del 16 de mayo, “Por la cual se adopta el Código Electoral”, en materia de las causales de nulidad electoral, se estableció lo siguiente:

ART. 173.—El artículo 196 de la Ley 167 de 1941 quedará así:

Las actas de escrutinio de toda corporación electoral serán anuladas por las siguientes causas:

1º. Cuando aparezca que han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expide;

2º. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación.

3º. Cuando se hayan computado actas de escrutinio que no fueron entregadas a los claveros municipales dentro del término señalado por la Registraduría Nacional del Estado Civil y se comprueben graves irregularidades que indiquen la alteración de los auténticos resultados electorales.

4º. Cuando injustificadamente el acta se extienda y firme en sitio distinto del lugar o local en donde deba funcionar la respectiva corporación electoral.

5º. Cuando en el acta aparece que el número total de votos excede al de ciudadanos hábiles para sufragar en el municipio.

6º. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema electoral adoptado en la Constitución y leyes de la República.

7º. Cuando las listas de candidatos no se hayan inscrito o modificado en la oportunidad legal o cuando los candidatos no hubieren expresado su aceptación y prestado el juramento de afiliación política, dentro del término señalado por la ley para la inscripción.

8º. Cuando se computen votos a favor de ciudadanos o candidatos que no reúnan las calidades constitucionales o legales para ser electos.

9º. Cuando se computen votos a favor de candidatos que hubieren sido escrutadores como delegados de la Corte, de las comisiones auxiliares o como magistrados de la Corte Electoral. En este caso la nulidad se refiere al acta de escrutinio en que hubiera actuado como escrutador el ciudadano que aparezca como candidato.

10. Cuando hubiere error aritmético al totalizar los resultados electorales o equivocaciones al anotar en dichas actas los nombres y apellidos de los candidatos, caso en el cual se harán las respectivas correcciones.

PAR.—Cuando se decrete la nulidad de la elección, con fundamento en la causal 8a., en la misma sentencia se impondrá a quien incurrió en ella la sanción de interdicción para el ejercicio de cualquier cargo público por un término igual al del período de la corporación para la cual había sido elegido, contado a partir de la fecha de ejecutoria de la respectiva providencia”.

En el año de 1988, bajo la Ley 62 se modificó el artículo 223 del Código Contencioso Administrativo: Decreto 01 de 1984. Con ello, se establecieron como causales de nulidad en materia de lo electoral, las siguientes:

“Las actas de escrutinios de los jurados de votación y de toda corporación electoral son nulas en los siguientes casos:

1. Cuando se haya ejercido violencia contra los escrutadores o destruido o mezclado con otras las papeletas de votación, o éstas se hayan destruido por causa de violencia.

2. Cuando aparezca que el registro es falso o apócrifo, o falsos o apócrifos los elementos que hayan servido para su formación.

3. Cuando aparezca que las actas han sufrido alteraciones sustanciales en lo escrito, después de firmadas por los miembros de la corporación que las expiden.

4. Cuando los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema electoral adoptado en la Constitución Política y leyes de la República.

5. Cuando se computen votos a favor de candidatos que no reúnan las calidades constitucionales o legales para ser electos.

6. Cuando ocurra cualquiera de los eventos previstos en las causales de reclamación de que trata el artículo 42 de esta ley”.

Actualmente, con la Ley 1437 de 2011, se positivizó la postura jurisprudencial acogida por la Sección Quinta de esta corporación, que estableció que los actos electorales también podían ser atacados por las causales previstas para demandar la nulidad de los actos administrativos comunes. De acuerdo con el artículo 275, se dispuso:

“(...) Los actos de elección o de nombramiento son nulos en los eventos previstos en el artículo 137 de este código y, además, cuando:

1. Se haya ejercido cualquier tipo de violencia sobre los nominadores, los electores o las autoridades electorales.

2. Se hayan destruido los documentos, elementos o el material electoral, así como cuando se haya ejercido cualquier tipo de violencia o sabotaje contra estos o contra los sistemas de votación, información, transmisión o consolidación de los resultados de las elecciones.

3. Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales.

4. Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer.

5. Se elijan candidatos o se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen incursas en causales de inhabilidad.

6. Los jurados de votación o los miembros de las comisiones escrutadoras sean cónyuges, compañeros permanentes o parientes de los candidatos hasta en tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o único civil.

7. Tratándose de la elección por voto popular por circunscripciones distintas a la nacional, los electores no sean residentes en la respectiva circunscripción.

8. Tratándose de la elección por voto popular, el candidato incurra en doble militancia política al momento de la elección”. (Negrilla fuera de texto)

Es claro entonces, que actualmente la anulación de los actos de elección y nombramiento puede sustentarse además de en las causales especiales de nulidad electoral, en las causales generales previstas en el artículo 137, que determina:

“(...)

Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió (...)”.

La apertura de dicha posibilidad, que no se encontraba inicialmente soportada en norma alguna, obedece, como se afirmó antes, al desarrollo de la posición jurisprudencial establecida por la Sección Quinta del Consejo de Estado, como máximo órgano encargado del control de legalidad de los actos de elección. Con el objeto de contextualizar, se tiene que tal criterio se enmarcó por los siguientes sucesos:

Desde sus inicios, los jueces electorales proclamaron la total autonomía de la acción electoral, lo que permitió que por muchos años se mantuviera la postura que señaló que el ataque a un acto electoral solamente podía darse por alguna de las causales expresamente previstas para ello en el derecho positivo, estas eran, las que se señalaron en párrafos precedentes, que se encontraban taxativamente previstas.

Pero es necesario rememorar que en la legislación anterior, esto es, el Código Contencioso Administrativo(99), sus artículos 84 y 223, precisaban las causales de nulidad simple y nulidad electoral, sin estar relacionadas como mecanismos para un fin común. Al respecto jurisprudencialmente se sostenía que:

“No sobra agregar que el precitado artículo 180 del Código Electoral no consagra causal de nulidad electoral, y que las generales del artículo 84 del Código Contencioso Administrativo no son aplicables en tratándose de “las actas de escrutinio de los jurados de votación y de toda corporación electoral...”, por cuanto la ley consagró al respecto causales específicas, las del artículo 223 del Código Contencioso Administrativo (...)(100)” (Negrita fuera de texto).

Debido a la naturaleza especial en la que se enmarca dicho procedimiento, se le distinguía autónomamente de los procesos contenciosos originados en la acción de simple nulidad, o también denominado procedimiento ordinario, ya que se creía que su desarrollo procesal, a diferencia de los actos particulares, interesaban a toda la comunidad en el marco del ejercicio del sufragio popular.

Igualmente, se manifestaba que no todas las irregularidades constituían nulidad electoral, ya que era necesario que los vicios fueran manifiestamente notorios y se lograra contrariar la voluntad popular, al respecto se afirmaba:

“De conformidad con jurisprudencia de esta corporación, no todas las irregularidades que ocurran durante el proceso electoral generan nulidad. Solo los vicios graves y ostensibles que tiendan a alterar o a desconocer la voluntad popular pueden constituir causales de nulidad en los casos taxativamente señalados en la ley (...)//es bien sabido que las causales de nulidad de un acto administrativo electoral están taxativamente señaladas por el legislador y no permiten interpretaciones extensivas y analógicas(101) (Negrita fuera de texto).

Sin embargo, fue a través de la jurisprudencia, que esta Sección consideró que las causales de nulidad ordinarias podían ser invocadas como motivo de nulidad de los actos que declaraban elecciones, como la falta de competencia, el vicio de forma, o la desviación de poder, pues siendo los actos electorales especiales, no dejan por tal condición de estar sujetos a los principios establecidos para la preservación del principio de legalidad.

A manera de ejemplo, sería contrario al ordenamiento jurídico que se declarara una elección por un organismo incompetente y que el juez no pudiera sancionar con nulidad esa decisión, solo porque con relación a este tipo de actos al abanico de causales especiales de anulación no incluyera el vicio de autoridad incompetente, el cual sí se encuentra consagrado entre las causales generales de nulidad de los actos administrativos.

Entonces, fue desde el año de 1998(102), cuando la Sala modificó su postura y estableció que se podía realizar el estudio de legalidad de los actos de elección y nombramiento, partiendo de las causales de anulación electoral, pero también de acuerdo a las causales genéricas de nulidad de las actuaciones de la administración, ampliando de esta manera el ámbito de los motivos de nulidad.

De esta forma la Sala del Consejo de Estado, sostuvo que:

“la acción de nulidad de carácter electoral sólo podía ejercerse cuando se invocara una de las causales especiales de nulidad de los actos administrativos de contenido electoral expresamente señaladas en los artículos 223, 227 y 228 del Código Contencioso Administrativo. Sin embargo, esa tesis fue modificada por esta Sección y según jurisprudencia reiterada desde el año de 1998, viene sosteniendo que además de las causales especificas señaladas en los artículos citados, al ejercer la acción de nulidad de carácter electoral también se pueden invocar las causales generales de nulidad del acto administrativo contempladas en el artículo 84 de esa misma normativa. En otras palabras, de acuerdo con la jurisprudencia actual de la Sección Quinta del Consejo de Estado, se desvirtúa la presunción de legalidad de un acto administrativo de contenido electoral cuando se encuentra probada la existencia de una causal de nulidad de los actos administrativos, ya sea especial o general (...)”.(103)

Como se indicó en el recuento normativo, al entrar en vigencia de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se plasmó en el artículo 275 tal cambio, que encontró su cimiento en dos fundamentos: i) aunque los actos de elección y nombramiento presentan ciertas particularidades, por ser actuaciones que revisten una protección general al principio democrático, no dejan de pertenecer al género, como pronunciamiento de una autoridad administrativa, esto es, no dejan de ser actos de la administración; y, ii) las causales generales de anulación pueden sustentar las solicitudes de nulidad formuladas en materia electoral y tienen como propósito dejar sin efectos una decisión administrativa.

De esta manera, actualmente es dable demandar la nulidad de un acto de elección o nombramiento con fundamento en cualquiera de las causales ya sean generales o electorales. Así, atendiendo la posición jurisprudencial enunciada, se encuentra que la naturaleza de los actos de elección y nombramiento, aunque dista de la de los actos ordinarios, no se apartan radicalmente en su esencia, lo que permite que las causales generales también sustenten las peticiones de nulidad formuladas en contra de los actos de elección.

Así, ocurre frente a tal catálogo de causales que cualquier persona puede acudir para demandar la nulidad de los actos de elección o designación, aunque frente a las causales 3 y 4 del artículo 275, ya visto, se exige que los motivos en los que se fundamenta la impugnación judicial hayan sido previamente planteados ante la autoridad administrativa electoral.

Esta exigencia surge con rango constitucional a través del Acto Legislativo Nº 1 de 2009 “por el cual se modifican y adicionan unos artículos de la Constitución Política de Colombia”, que introdujo un último numeral al artículo 237 de la Carta, en el sentido de que para ejercer el contencioso electoral, cuando se trate de elecciones por voto popular, con fundamento en irregularidades ocurridas en la votación o en los escrutinios, atribuciones del Consejo de Estado, se debe agotar el requisito de procedibilidad. El tenor literal de la norma es el siguiente:

“Son atribuciones del Consejo de Estado: (...) 7. Conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley. PARÁGRAFO. Para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

El requisito de procedibilidad, además de tener un rango constitucional para la admisión de la demanda, tiene gran importancia debido a que limita para el proceso administrativo electoral, el asunto objeto del debate, primero en sede administrativa y luego en sede judicial, estableciéndose su precisión. Las falencias en la presentación ante las autoridades electorales y las irregularidades que interesan a quienes asisten al proceso electoral, pueden ocasionar que las pretensiones no se tomen en consideración cuando se acuda al operador jurídico para que resuelva el asunto puesto a su conocimiento. Sobre este requisito, la Sección Quinta ha señalado lo siguiente:

“Se trata de un requisito que si bien debe acreditarse procesalmente, por parte del actor, para el curso normal de la demanda, su agotamiento en sede administrativa bien puede producirse a instancia de cualquier ciudadano, dado que el constituyente no delimitó una legitimación por activa para ello, lo que debe entenderse como que tales irregularidades pueden denunciarse ante las autoridades electorales por cualquier persona. En cuanto a la oportunidad, es claro que se satisface el requisito si las irregularidades son puestas en conocimiento de las autoridades electorales antes de que se expida el acto declaratorio de elección, aspecto razonable porque aún existe la posibilidad de que las anomalías probadas puedan ser corregidas y de esa forma el escrutinio sea resultado exacto de la voluntad popular expresada en las urnas. Respecto a su objeto dirá la Sala que el requisito de procedibilidad únicamente puede ocuparse de irregularidades constitutivas de causales o motivos de nulidad existentes en el proceso de votación y en el escrutinio, es decir, de todos aquellos fenómenos suscitados durante el curso de la jornada electoral o al realizarse los escrutinios, concernientes entre otras, a falsedades en los registros electorales. Y, finalmente, para el agotamiento del mencionado requisito basta con que las irregularidades constitutivas de nulidad hayan sido puestas en conocimiento de las autoridades electorales, a cuya cabeza está el CNE (...)”.(104)

Ahora bien, frente al tema, la Sala en los inicios del requisito constitucionalmente consagrado, precisó lo siguiente:

“Por ende, si al agotarse el requisito de procedibilidad la autoridad electoral profiere actos administrativos decidiendo las irregularidades denunciadas, en el proceso deberá impugnarse tanto el acto de elección, como los actos que despacharon las irregularidades puestas en conocimiento de la autoridad electoral, con la precisión que lo demandado en el proceso haga parte de lo que fue puesto en conocimiento y decidido por las autoridades electorales, ya que de existir casos no contemplados en las peticiones, sobre los mismos no podrá pronunciarse el juez de lo electoral por falta de agotamiento del citado requisito. Sólo cuando se propone el estudio de irregularidades y la autoridad electoral se abstiene de pronunciarse sobre el particular, es posible la demanda directa por razón de las citadas irregularidades. En cuanto el requisito de procedibilidad incorpora un autocontrol de la legalidad del proceso administrativo electoral y el acto de elección no es pasible de recurso alguno, cualquier solicitud de estudio de irregularidades que puedan degenerar en vicios especiales de nulidad del acto de elección popular, debe presentarse antes de que se declare la elección”.(105)

Por lo anterior, se puede establecer que, tratándose de vicios que se presenten en la votación o escrutinios, en elecciones de carácter popular, antes de acudir al contencioso electoral debe agotarse el requisito de procedibilidad bajo las siguientes reglas generales(106):

1. El requisito de procedibilidad única y exclusivamente se exige para las causales 3 (Los documentos electorales contengan datos contrarios a la verdad o hayan sido alterados con el propósito de modificar los resultados electorales) y 4 (Los votos emitidos en la respectiva elección se computen con violación del sistema constitucional o legalmente establecido para la distribución de curules o cargos por proveer)(107) del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(108).

2. El agotamiento del requisito ante la autoridad administrativa electoral puede haberse adelantado por cualquier persona, sin que necesariamente esta sea la misma que demanda.

3. El requisito se debe ejercer ante la autoridad electoral en la oportunidad correspondiente.

Visto lo anterior, lo primero que se advierte en este proceso es que para efectos de considerar las causales generales de anulación propuestas frente a las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral (Nos. 2182, 2996, 1947, 2067, 2226 y 2316 de 2014) , así como para la específica del artículo 275.7 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (trashumancia electoral), NO es necesario demostrar el agotamiento del requisito de procedibilidad en mención, porque ello se erigiría en una barrera de acceso al servicio de justicia que se encuentra por fuera del ordenamiento jurídico.

En consecuencia, frente a cada una de las solicitudes de nulidad de las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral que resolvieron sobre peticiones de irregularidades relacionadas con (i) extemporaneidad en la entrega de documentos electorales —formulario E-17— (Res. 2182 de 2014), (ii) suplantación (Res. 2996 de 2014) y (iii) trashumancia internacional (Res. 1947, 2067, 2226, y 2316 de 2014) la Sala abordará en primera medida las causales genéricas de anulación planteadas y luego las específicas de nulidad contenidas en los numerales 3º y 7º del artículo 275 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para las irregularidades planteadas de suplantación y trashumancia respectivamente(109)).

4. Las solicitudes de nulidad de las resoluciones 1947, 2067, 2182, 2226, 2316 y 2996 de 2014, proferidas por el Consejo Nacional Electoral.

4.1. La solicitud de nulidad de la Resolución 2182 de 2014, por la extemporaneidad en la entrega de documentos electorales. Formulario E-17.

El demandante solicitó la nulidad de la Resolución 2182 de 2014 “Por medio de la cual se resuelven las solicitudes para Cámara de Representantes por la circunscripción internacional, elevadas por el señor Zoilo César Nieto Díaz y/o sus apoderados, y los señores Óscar Augusto Católico y Pablo Bustos Sánchez”, por causales genéricas de anulación electoral.

Antes de analizar el caso concreto, teniendo en cuenta que la mentada resolución abordó las solicitudes de exclusión de mesas porque según los peticionarios habían sido allegadas extemporáneamente, esto es, después de las 11 p.m. del día de las votaciones como lo prevé la norma, se abordará (i) el procedimiento para la entrega de documentos electorales de conformidad con el Código Electoral (ii) el procedimiento de entrega de documentos electorales para la Circunscripción Internacional de conformidad con el Decreto Nº 11 de 2014, (iii) la irregularidad planteada, (iv) la extemporaneidad en la entrega del formulario E-17 como causal de reclamación y/o causal de nulidad electoral y (v) los eximentes de exclusión por entrega extemporánea de documentos electorales.

4.1.1. Procedimiento de la entrega de documentos electorales de conformidad con el Código Electoral.

En aras de analizar el cargo planteado en la demanda —extemporaneidad en la entrega de los documentos electorales formulario E-17— la Sala considera necesario precisar i) las etapas del proceso electoral, ii) los formularios electorales en el proceso electoral y, iii) el formulario E-17 según el Decreto 2241 de 1986.

El proceso electoral se define como el conjunto de actuaciones que adelantan las autoridades electorales para producir un acto de elección popular(110).

En tratándose de las etapas del proceso electoral, esta Sección ha identificado(111) tres estadios o etapas a saber: la preelectoral, la electoral y la poselectoral, así:

“Ahora, en el proceso de elecciones populares hay tres etapas bien definidas: una es la de la inscripción y aceptación de candidatos a la elección de que se trate —artículos 88 a 98 del Código Electoral—; otra es la de las votaciones o elecciones propiamente dichas (artículos 99 a 133 del mismo Código); y la tercera es la de los escrutinios (arts. 134 a 193)”.

Conforme a los dispuesto en los títulos IV y V del Código Electoral de la primera etapa del proceso electoral hacen parte: la conformación del censo electoral, la inscripción de cedulas, la conformación del listado de sufragantes, la inscripción de candidaturas, la selección de jurados de votación, entre otros.

La segunda etapa involucra la votación propiamente dicha, el día programado para las elecciones, cuando los ciudadanos se acercan a las mesas de votación a depositar el sufragio (título VI del mismo código).

Por último, la tercera comprende el escrutinio de votos, la proposición y resolución de reclamaciones y solicitudes de recuento, la revisión de irregularidades ocurridas en la votación y el escrutinio(112), la declaratoria de elección y la consecuente expedición de credenciales; que se encuentra reglada en los títulos VII y VIII del Código Electoral y en el Acto Legislativo 1 de 2009(113).

Teniendo en cuenta el cargo presentado por la parte demandante, la posible irregularidad se ubica en la etapa poselectoral o de escrutinio de los votos, razón por la cual se profundizará en su estudio.

Esta etapa inicia una vez se cierra la jornada electoral y comprende el escrutinio de los votos depositados en la elección, es decir, su calificación (validez) y cuantificación (cantidad). En ella intervienen los jurados de mesa, las comisiones escrutadoras zonales, municipales y distritales, los delegados del Consejo Nacional Electoral. Esta etapa se divide en diferentes partes, desde el escrutinio de la mesa hasta llegar al consolidado del escrutinio nacional, tal como lo ha expuesto la jurisprudencia de esta sección(114).

La primera parte corresponde al “escrutinio de mesa”, el cual es realizado por los jurados de votación, en éste se deja constancia del conteo de los votos depositados en cada una de las mesas. Estos votos se clasifican en: válidos (en blanco y marcados correctamente) y no válidos (nulos y cualquiera otro que no revele elección alguna).

La segunda se refiere al escrutinio zonal o auxiliar, que está a cargo de las comisiones zonales o auxiliares, y en este se realiza el mismo procedimiento descrito en el primer párrafo.

La tercera, hace alusión al escrutinio municipal o distrital, que adelantan las comisiones municipales en los municipios zonificados o las comisiones distritales, los pormenores de lo actuado en ese escrutinio se consignan en el acta general de escrutinio municipal o distrital.

La cuarta hace mención al escrutinio departamental o general, que adelantan los delegados del Consejo Nacional Electoral o comisión escrutadora departamental, y constituye la base del escrutinio nacional(115). En esta etapa se realiza el conteo de los votos depositados en cada departamento o en el Distrito Capital, los cuales se consignan en el acta general de escrutinio departamental.

Finalmente, la última está compuesta por los escrutinios nacionales, que adelanta el Consejo Nacional Electoral, en el cual se recopilan las votaciones de todos los departamentos y el Distrito Capital.

De igual manera, esta Sala Electoral ha distinguido tres momentos específicos para la entrega de documentos electorales a la terminación del escrutinio de mesa, la sección se refirió de la siguiente manera:

“Así que, (a) a la entrega de documentos electorales del presidente del jurado al registrador o su delegado, le sucede (b) la entrega de éste a los claveros o a otros funcionarios electorales y luego (c) la introducción o retiro de los documentos en el arca triclave por parte de los últimos, queda constancia con la correspondiente fecha y hora”.(116)

La distinción anteriormente expuesta es importante para determinar en qué momento puede haber algún tipo de demora en la entrega de los pliegos electorales a las diferentes autoridades competentes.

Así mismo, en este punto es importante precisar que en el proceso electoral, para el funcionamiento de las distintas etapas, la organización electoral tiene la obligación de elaborar los modelos de formularios(117), que son los documentos en los cuales se registran diferentes datos durante las etapas del proceso electoral, y en los que no puede haber ningún tipo de modificación, pues dicho registro se considera revestido de la presunción de legalidad(118).

Cada uno de los formularios se distingue con un número al final y cuenta con diferentes significados y funciones, en la actualidad existen 28 modelos de formularios a saber(119):

• E-1: Citación a jurados de votación.

• E-2: Resolución nombrando reemplazo de los jurados de votación.

• E-3: Lista de ciudadanos inscritos.

• E-4: Contraseña de inscripción.

• E-5: Resolución que señala los sitios de los escrutinios.

• E-6: Acta de solicitud y aceptación de inscripción de candidatos. 

• E-7: Acta de modificación e inscripción de candidatos.

• E-8: Confirmación de listas de candidatos.

• E-9: Adhesivos urna cerrada y sellada.

• E-10: Lista de sufragantes.

• E-11: Acta de instalación y registro de votantes.

• E-12: Autorización de voto a ciudadanos que no hacen parte de la mesa.

• E-14: Acta de escrutinio del jurado de votación

• E-15: Credencial para los testigos electorales de la mesa

• E-16: Credencial para los testigos electorales de la comisión escrutadora

• E-17: Recibo de documentos electorales para jurados de votación

• E-18: Constancia sobre prestación de servicios como jurados de votación.

• E-19: Recibo de documentos electorales.

• E-20: Acta de introducción de documentos electorales en el arca triclave.

• E-21: Sello del arca triclave.

• E-22: Resolución por lo que se reconstruye la comisión escrutadora.

• E-23: Constancia de la comisión escrutadora.

• E-24: Cuadro de resultados de la comisión escrutadora.

• E-25: Formulario para la reclamación.

• E-26: Acta parcial de escrutinio.

• E-27: Credencial que expide la comisión escrutadora.

• E-28: Credencial que expiden los delegados del CNE

De conformidad con lo anterior, se tiene que el primer momento de entrega de los documentos electorales, después de realizada la votación, se registra en el formulario E-17, recibo de documentos electorales para jurados de votación, el segundo en el formulario E-19 recibo de documentos electorales y el último, en el formulario E-20 acta de introducción de documentos electorales en el arca triclave. (120)

Frente a este procedimiento electoral esta Sala(121) de decisión ha señalado que en caso de duda o confusión con la información plasmada en los demás formularios –E-19 y E-20-, respecto de lo consignado en el E-17, prima la información contenida en este último, en especial en lo que tiene que ver con la fecha y la hora de entrega de los documentos electorales.

El formulario E-17, en el cual se consigna el recibo de documentos electorales entregados por los jurados de votación, es el instrumento por medio del cual el delegado de la Registraduría recibe de los jurados de mesa los documentos electorales, una vez realizado el escrutinio de mesa.

Con el fin de ilustrar la forma en la que se debe diligenciar el formulario en comento, la Sala presenta una imagen del formulario utilizado para las elecciones de 2014-2015.

S2014-00112 fig 1
 

De la anterior ilustración(122) se puede apreciar que en el formulario se encuentra la ubicación de la mesa, la fecha y hora, un cuadro de observaciones y la firma del delegado de la Registraduría, a su vez, se evidencia como del mismo se desprende una constancia que contiene los mismos datos, la cual deberá ser entregada al jurado de votación.

El procedimiento de entrega de documentos electorales por los jurados de votación, conforme al Código Electoral, consiste en que el presidente de cada una de las mesas de votación diligencia el formulario E-17 y luego hace entrega de los documentos al delegado de la Registraduría, quien a su vez deja constancia de la fecha y hora de recibo y de ser el caso también del estado de los sobres electorales de la correspondiente mesa de votación. Posteriormente los pliegos electorales son entregados al clavero quien los deposita en el arca triclave con el fin de guardar su contenido y expide una constancia de su ingreso(123).

Este procedimiento se encuentra regulado en el artículo 144 del Decreto 2241 de 1986 —Código Electoral—, modificado por el artículo 8º de la Ley 62 de 1988, así:

ART. 144.—Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche (11:00 p.m.) del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el presidente del jurado, bajo recibo y con indicación del día y la hora de entrega, así: en las cabeceras municipales, a los registradores del Estado Civil o a los delegados de éstos, y en los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, a los respectivos delegados del Registrador del Estado Civil.

Los documentos electorales de los corregimientos, inspecciones de policía y sectores rurales, serán conducidos por el delegado que los haya recibido con vigilancia de la fuerza pública uniformada, y entregados a los claveros respectivos dentro del término que se les haya señalado.

Salvo que ante la comisión escrutadora se demuestre violencia, fuerza mayor o caso fortuito, los pliegos que fueren entregados después de la hora mencionada, no serán tenidos en cuenta en el escrutinio y el hecho se denunciará a la autoridad competente para que imponga la sanción a que haya lugar”. (Negrilla fuera de texto)

De la norma que antecede se decanta la exigencia para los jurados de votación de entregar los pliegos electorales, inmediatamente después de la terminación del proceso de escrutinio y antes de las once de la noche. De la entrega se deja constancia en el formulario E-17 en el cual se debe registrar la fecha y la hora en la que se reciben los documentos por el delegado con el fin de comprobar que allegaron a tiempo, es decir antes de las once de la noche.

Sobre el particular, esta Sección ha señalado que el Formulario E-17 contiene las constancias sobre el “recibo de documentos electorales entregados por los jurados de votación”, (...) que permite obtener información sobre el momento en que dicha entrega tuvo lugar, pues, se insiste, sólo cuando el presidente del jurado de votación no entrega oportunamente los documentos electorales al registrador o al delegado de éste, es procedente la exclusión de dichos documentos en el escrutinio(124).

Una vez explicada la regulación contenida en el Decreto 2241 de 1986 —Código Electoral—, la Sala procede a realizar un estudio sobre el mismo procedimiento en la circunscripción internacional, ya que en virtud del parágrafo transitorio del artículo 176 de la Constitución Política, le correspondía al Congreso a más tardar hasta el 16 de diciembre de 2013, y en su defecto al Gobierno Nacional dentro delos 30 días siguientes (que fue lo que acaeció ) reglamentar temas como la inscripción de candidatos y ciudadanos, los mecanismos para promover la participación y realización del escrutinio de votos a través de los Consulados y Embajadas, financiación estatal, entre otros temas, de la circunscripción internacional.

4.1.2. Procedimiento de la entrega de documentos electorales para la circunscripción internacional de conformidad con el Decreto Nº 11 de 2014.

Las elecciones para la circunscripción internacional —período 2014 a 2018— se regularon por medio del Decreto Nº 11 de 2014, expedido por el Presidente de la República, el 8 de enero de 2014, a través de las facultades extraordinarias(125) otorgadas por el Congreso de la República.

Esta norma regula la inscripción y conformación del censo electoral en el exterior, los jurados de votación, la duración de la jornada electoral, el proceso de votación, el escrutinio, entre otros. Así mismo, contiene una remisión expresa a la normatividad nacional sobre las situaciones que no se encuentren reglamentadas allí.

ART. 37.—Situaciones no reguladas. Todas situaciones no reguladas en el presente decreto se regirán en la forma prevista en el Código Electoral vigente o aquellas normas que lo modifiquen, reglamenten, aclaren o sustituyan. (Negrilla fuera de texto)

De conformidad con la norma citada se puede concluir que, si bien es cierto las elecciones en la circunscripción internacional cuentan con una regulación propia y específica, en términos generales la normativa interna es aplicable para las votaciones y escrutinios internacionales en las situaciones no reguladas.

Así mismo, la legislación sobre el procedimiento de votaciones del Código Electoral es coherente con la regulación especial de la circunscripción internacional, no obstante, es importante precisar que la regulación especial establece algunas diferencias con el proceso de elección que se realiza en el territorio nacional.

En primer lugar, la regulación especial establece que la duración de las votaciones que se realizan en territorio extranjero, se llevan a cabo de lunes a domingo de la semana anterior a las elecciones que se desarrollan en el territorio nacional(126). En segundo lugar, también se evidencia la ausencia del arca triclave y por consiguiente de los claveros, pues en la circunscripción internacional no se introducen los pliegos electorales en el arca ya que se pretende su envío al territorio nacional.

Así mismo, en el capítulo de escrutinio se regula lo pertinente a las disposiciones que deben ser acogidas en el proceso de escrutinio así:

“ART. 28.—Proceso de escrutinio. Los procedimientos serán conforme a las disposiciones legales y de acuerdo con los instructivos que para el efecto expida la organización electoral en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores”. (Negrilla fuera de texto).

De la norma trascrita se decanta que los instructivos expedidos por la organización internacional debían ser cumplidos por los jurados de mesa y demás delegados del Ministerio de Relaciones Exteriores. En ellos se consagra el deber de los jurados de votación de entregar diariamente, una vez terminado el día de votación a las 4:00 p.m., los formularios E-10, es decir, el formulario que contiene las cedulas de ciudadanía habilitadas para votar en cada mesa de votación (lista de sufragantes que se entrega al jurado para resaltar el número de cédula de los ciudadanos que se acercan a votar), debidamente inventariados al funcionario diplomático o consular.

Del mismo modo, regula lo pertinente al cierre de la jornada electoral y la entrega de los documentos electorales, así:

“ART. 27.—Cierre de la jornada electoral. Una vez cerrada la votación, hechos los escrutinios de cada mesa y firmadas las actas, los jurados harán entrega de éstas y demás documentos que sirvieron para las votaciones al embajador, jefe de oficina consular o su delegado que deberá ser parte de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, o cónsul ad honorem correspondiente que inmediatamente los enviará, en sobre debidamente cerrado y sellado, al Consejo Nacional Electoral, para que sean tenidos en cuenta en el escrutinio general. (Negrilla fuera de texto)

ART. 31.Entrega del material electoral. Inmediatamente después de terminado el escrutinio en las mesas de votación, pero en todo caso antes de las once de la noche 11 p.m., del respectivo país, del día de las elecciones, las actas y documentos que sirvieron para la votación serán entregados por el jurado al embajador, jefe de oficina consular o su delegado o cónsul ad honorem, bajo recibo y con indicación del día y la hora de la entrega”. (Negrilla fuera de texto)

De la disposición citada se puede evidenciar que los jurados tenían la obligación de entregar los pliegos electorales, inmediatamente se cerraran las votaciones, es decir, una vez hechos los escrutinios, al embajador o jefe de oficina consular o su delegado o cónsul ad honorem, para estos procedieran a remitirlos al Consejo Nacional Electoral y fueran tenidos en cuenta en el escrutinio general.

Por otro lado, la Sala resalta que la hora límite para entregar los documentos referidos, según el artículo 31, era a las once de la noche del respectivo país del día de las elecciones, por lo que es válido afirmar que solo los entregados por el jurado al embajador o jefe de oficina consular o su delegado o cónsul ad honorem, con posterioridad a esa hora, serán tenidos como extemporáneos.

4.1.3. De la entrega extemporánea del formulario E-17 como irregularidad.

Así las cosas, en aras de analizar el cargo planteado en la demanda —extemporaneidad en la entrega de los documentos electorales, formulario E-17— la Sala considera necesario precisar, en primer lugar, la etimología de la palabra extemporaneidad. De allí que la palabra extemporáneo viene del latín extemporaneus (ex —fuera— temporis —momento oportuno—) que significa “lo que se produce fuera del momento oportuno”.

De allí, se puede concluir que la extemporaneidad en la entrega de los formularios E-17 hace referencia a que los mismos fueron entregados al delegado de la Registraduría con posterioridad a la hora exigida por la ley, es decir, más tarde de las once de la noche.

Empero, es importante precisar que no todas las situaciones que sean posteriores a las once de la noche son modalidades configurativas de la causal de extemporaneidad en la entrega de los pliegos electorales. Esta Sala de Decisión ha excluido tres diferentes situaciones que no configuran el fenómeno de la extemporaneidad: i) formulario E-17 sin registro de la hora de recibo de documentos, ii) formulario E-17 entregado a las 11:00 p.m., iii) formulario E-17 extraviado.

En el análisis realizado para el primer evento, se precisó que la no inclusión de la hora en el formulario E-17, no lo hace per se extemporáneo, pues tal omisión de incluir el dato en el documento no implica necesariamente que los mismos hubieren sido entregados fuera de tiempo(127); para que esta situación se considere extemporánea, es necesario que la misma vaya acompañada de más elementos probatorios, para que conjuntamente pueda ser valorada por el juez de conformidad con las reglas de la experiencia y la sana critica.

En cuanto al segundo caso, se analizó la interpretación exegética del inciso primero del artículo 144 del Código Electoral(128), en el estudio se planteó la posibilidad de configurar la entrega extemporánea de los formularios E-17, con el hecho de que los mismos no fueran entregados a las 10:59 pm, sino a las once de la noche en punto, sin permitir el transcurso de un solo segundo más; sin embargo, esta Sala de Decisión consideró que la incorporación de este postulado era desmedido, en razón a que no se podía desconocer el principio de la eficacia del voto, consagrado en el artículo 1º numeral 3º del Código Electoral, y respetando de los derechos de los sufragantes, conforme al cual se estableció que “es preciso tomar partido por la interpretación que dé validez a la votación, en lugar de desecharla por tan pequeña diferencia cronológica”(129).

En sentencia del 10 de mayo de 2013, con ponencia del consejero Alberto Yepes Barreiro, esta sección se manifestó sobre dicho asunto así:

“La discusión, entonces, es si la entrega oportuna únicamente es la que se efectúa a las 10:59 p.m., del día de las elecciones, que es la traducción literal de la norma, o si también deben considerarse para los escrutinios las mesas de votación cuyos documentos electorales se entreguen a las 11:00 p.m., un minuto después de la visión exegética de la respectiva disposición. La Sala encuentra verdaderamente desmedida la decisión asumida por el CNE sobre el particular. Ante la disyuntiva que planteaba el hecho de si las mesas entregadas un minuto después de la lectura exegética de la norma en comento, debían ser tomadas en cuenta o no para los escrutinios, la autoridad electoral debió aplicar el principio de la eficacia del voto consagrado en el artículo 1º numeral 3º del Código Electoral, según el cual es preciso tomar partido por la interpretación que dé validez a la votación, en lugar de desecharla por tan pequeña diferencia cronológica. Además, bajo dicha posición se habrían privilegiado valores importantes del Ordenamiento Superior, tales como el principio democrático y el derecho inherente a los ciudadanos a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, ya que resulta trascendental facilitar a los asociados su participación en la toma de decisiones políticas, en especial a través del voto libre de toda mácula”.(130)

En relación con el tercer caso, la Sala se ocupó de determinar si la pérdida o inexistencia del formulario E-17 era configurativa de la causal presentada en el artículo 144 del Código Electoral y concluyó que tal fenómeno no puede juzgarse con base en esta norma electoral, pues encontró que dicha circunstancia no tiene asignado el efecto de anular la elección, pues no implica por sí misma, la entrega tardía de documentos electorales(131).

Los demás casos que se presenten con posterioridad a la hora exigida en la ley, serán configurativos de la causal de reclamación de extemporaneidad en la entrega de documentos electorales, y acarrearan las consecuencias señaladas en el Código Electoral.

4.1.4. De la extemporaneidad en la entrega del formulario E-17 como causal de reclamación y/o nulidad electoral.

Como ya ha sido explicado en esta providencia, la entrega extemporánea del formulario E-17 es una causal de causal de reclamación, que a su vez es un mecanismo mediante el cual se pueden impugnar, ante las autoridades electorales competentes, los resultados arrojados en los escrutinios junto con las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon los mismos y en general todo el proceso de votación(132).

Éstas deben presentarse por escrito y el objeto de su pretensión debe ser preciso y debidamente motivado; la oportunidad para interponerse es durante el acto mismo del escrutinio en razón a que, si son formuladas con posterioridad resultarían reclamaciones extemporáneas.

De conformidad con los artículos 122, 166, 192 y 193 del Código Electoral, las reclamaciones se pueden presentar ante: los jurados de votación; las comisiones escrutadoras distritales, municipales y auxiliares; los delegados del Consejo Nacional Electoral y, en instancia de apelación ante el Consejo Nacional Electoral; asimismo, se encuentran legitimados para interponerlas, los candidatos inscritos con o sin representación de apoderado y los testigos electorales debidamente acreditados.

De igual forma, nuestra legislación se ha encargado de tipificar las causales de reclamación como taxativas, pues enmarca situaciones determinadas a la que se deben encuadrar los hechos alegados. Dichas circunstancias se encuentran consagradas en el artículo 192 del Decreto 2241 de 1986 —Código Electoral—:

ART. 192.—El Consejo Nacional Electoral o sus delegados tienen plena y completa competencia para apreciar cuestiones de hecho o de derecho y ante reclamaciones escritas que les presenten durante los escrutinios respectivos los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y apreciando como pruebas para resolver únicamente los documentos electorales, podrán por medio de resolución motivada decidir las reclamaciones que se les formulen con base en las siguientes causales:

(...)

7ª. Cuando los pliegos se hayan introducido al arca triclave extemporáneamente, a menos que el retardo obedezca a circunstancias de violencia, fuerza mayor o caso fortuito, certificados por funcionario público competente, o a hechos imputables a los funcionarios encargados de recibir los pliegos.

(...)” (Negrilla fuera del texto).

Teniendo en cuenta la norma anteriormente citada, es claro que la entrega extemporánea del formulario E-17 constituye una causal de reclamación, no obstante esta Sala de Decisión ha mantenido su posición al afirmar que no es un fundamento suficiente para concluir que sea una causal de nulidad electoral per se, pues precisamente las causales de reclamación no deben ser equiparadas a las causales de nulidad electoral que puedan ser alegadas por vía jurisdiccional como quiera que unas y otras son distintas(133).

Las primeras, fueron estatuidas como una herramienta para que el Consejo Nacional Electoral o sus delegados pudieran apreciar cuestiones de hecho o de derecho en la etapa administrativa electoral presentadas por los candidatos inscritos, sus apoderados o los testigos electorales legalmente constituidos y, en consecuencia emitan una decisión por medio de un acto motivado(134); las segundas, están circunscritas a la vía jurisdiccional y permiten efectuar un control de legalidad de un acto de elección o nombramiento.

En decisiones anteriores(135), esta Sala Electoral ha establecido que otra de las diferencias entre las causales de reclamación y de nulidad se funda en que las primeras son subsanables y que por lo tanto se pueden resolver en sede administrativa, teniendo en cuenta que su finalidad, introducida con la reforma del artículo 17 de la Ley 62 de 1988, es que “las irregularidades formales del proceso de escrutinio puedan ser eficazmente discutidas y corregidas en vía administrativa”, por lo que no es necesario llevar dichas irregularidades a instancias judiciales.

Es así como la entrega extemporánea de los documentos electorales fue prevista como causal de reclamación y, por lo tanto debe proponerse como tal en la vía administrativa como lo ordena el artículo 192, numeral 7º, del Código Electoral.

El artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2009 adicionó un parágrafo, al numeral 7º del artículo 237 de nuestra Constitución Política, disposición que establece las competencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, entre otras, la de conocer de la acción de nulidad electoral:

“PAR.—Para ejercer el contencioso electoral ante la jurisdicción administrativa contra el acto de elección de carácter popular cuando la demanda se fundamente en causales de nulidad por irregularidades en el proceso de votación y en el escrutinio, es requisito de procedibilidad someterlas, antes de la declaratoria de elección, a examen de la autoridad administrativa correspondiente, que encabeza el Consejo Nacional Electoral”.

A partir de la expedición de la citada enmienda constitucional, se dispone que previo a acudir ante el juez de lo contencioso administrativo, en demanda de nulidad contra un acto de elección popular, por irregularidades constitutivas de vicios de nulidad ocurridas en la etapa electoral o en la etapa pos-electoral, los respectivos defectos deben ser puestos en conocimiento de la autoridad electoral.

Tal es el caso estudiado por esta Sala Electoral de los diputados del Departamento de la Guajira(136), en virtud del cual, tras constatar que no se había alegado ni probado que durante los escrutinios se hubieran presentado reclamaciones fundadas en la entrega extemporánea de pliegos electorales se subrayó que: “las causales de reclamación ‘no constituyen motivos de nulidad, por lo que no pueden alegarse por vía jurisdiccional, salvo que se discuta la legalidad o constitucionalidad del acto administrativo que negó las reclamaciones, se reproche su contenido o se discuta la omisión de la decisión administrativa, en cuyos casos podrá solicitarse la nulidad de las decisiones y, en consecuencia, de los registros correspondientes. Así, la jurisdicción de lo contencioso administrativo sólo puede ejercer control de legalidad sobre hechos que constituyen el sustento fáctico de las causales de reclamación a condición de que las mismas hayan sido decididas durante el trámite administrativo electoral y la acusación respectiva dentro del proceso judicial se dirija contra dichas decisiones’”(137) (resaltado fuera de texto). Posición que ha sido reiterada(138) por esta sección.

Incluso en decisiones recientes(139) la Sala ha sostenido este criterio y reitera que las causales de reclamación no tienen el mismo carácter y efectos que las causales de nulidad, pues las circunstancias alegadas en las mismas no pueden alegarse como fundamento para invalidar o anular un acto de elección popular.

No obstante, huelga advertir que las situaciones constitutivas de reclamaciones deben ser puestas en conocimiento de las autoridades electorales, siendo los actos que las resuelven pasibles de control jurisdiccional. De allí que deba causarse una decisión en este sentido para que pueda accederse a la control jurisdiccional del acto.

Esto significa que los actos electorales solamente podrán anularse cuando se configure alguna de las causales de nulidad previstas en los artículos 137 y 275 de la Ley 1437 de 2011, de modo que las demás irregularidades que puedan llegar a presentarse durante todo el proceso de las elecciones, que no tengan dicha característica serán de interés para las autoridades electorales al momento de la votación y escrutinio y no para la justicia electoral que se rige bajo el principio de la especialidad o de la taxatividad en materia de nulidades sustanciales.

Una vez realizada la anterior distinción es menester señalar qué ocurre con la indebida contabilización de pliegos electorales generada por la no exclusión de los mismos en sede administrativa electoral, ante la entrega extemporánea que resulta del registro del formulario E-17, consecuencia prevista en el artículo 144 del Código Electoral.

Al respecto, en sentencia de 24 de abril de 2013, se determinó que si “los pliegos electorales extemporáneos son tenidos en cuenta en el escrutinio posterior al de mesa, (...) se incorporarán datos falsos o apócrifos, pues los votos registrados en dichos pliegos existen física pero no jurídicamente”.(140) Por lo anterior, tal como se mencionó con anterioridad, determinar la extemporaneidad dependerá no solo de un criterio cronológico sino de un análisis probatorio, y de la interpretación de validez de la votación.

Sin embargo, esta sección ha determinado algunos casos en los que las comisiones escrutadoras no podrán excluir las votaciones de algunas mesas que se encuentren afectadas por las modalidades de eximentes de exclusión.

4.1.5. De los eximentes de exclusión por entrega extemporánea de documentos electorales.

Se consideran factores eximentes en la entrega extemporánea de los pliegos electorales las situaciones que acrediten i) violencia, ii) fuerza mayor o caso fortuito o iii) hechos imputables al funcionario encargado de recibir los documentos electorales(141). En esos casos las comisiones escrutadoras dejaran de excluir las votaciones de las mesas que hayan sufrido alguna de estas alteraciones.

En tratándose de la primera modalidad, esta Sala Electoral ha manifestado que “la violencia a la que alude esa disposición corresponde a los actos de coacción por medio de la fuerza física o psicológica que colocan en situación de inferioridad a una persona. Como violencia física se califica toda conducta que directa o indirectamente esté dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico sobre las personas, mientras que la violencia sicológica corresponde a aquellos actos que puedan ocasionar un daño emocional, que disminuyan la autoestima, que perturben el libre desarrollo de la personalidad, que puedan producir descrédito, deshonra o menosprecio del valor personal o de la dignidad”(142).

Respecto de la fuerza mayor o el caso fortuito, la ley la ha definido como el imprevisto o que no es posible resistir(143), de allí se tiene que la situación a la que se ve enfrentado el jurado de votación o el competente para realizar la entrega de los pliegos electorales debe estar inmerso en un evento tal, que sea imposible de anticipar, o que no sea posible de evitar por ningún medio que se encuentre a su alcance.

Frente a la última causal eximente, el hecho imputable al funcionario encargado de recibir los documentos electorales, se dice que “en el marco de la relación causal, debe acreditarse que la demora en la entrega de los pliegos electorales por los presidentes del jurado a los registradores o sus delegados, debe tener por causa la conducta exclusiva del funcionario encargado de recibir ese material”(144).

Así las cosas, esta Sala de Decisión procederá a estudiar el caso concreto relacionado con el cargo de la entrega extemporánea de documentos electorales, teniendo en cuenta las disposiciones generales explicadas.

4.1.6. Del caso concreto.

El actor aseguró que la Resolución 2182 de 2014, “Por medio de la cual se resuelven las solicitudes para Cámara de Representantes por la circunscripción internacional, elevadas por el señor Zoilo César Nieto Díaz y/o sus apoderados, y los señores Óscar Augusto Católico y Pablo Bustos Sánchez”, se expidió con infracción de las normas en que debería fundarse, de forma irregular, con desconocimiento del derecho a la defensa, mediante falsa motivación y con desviación de las atribuciones propias de quien los profirió.

Fundamentó su argumento, en que el Consejo Nacional Electoral, violó el debido proceso y las normas sustanciales, pues se evidenció la ausencia de los formularios E-17 de algunas de las mesas escrutadas en la circunscripción internacional para el período de 2014-2018.

De igual manera, en la sustentación de su demanda mencionó la inaplicación de los principios de la función pública, como lo son la moralidad e imparcialidad, debido a que, ante la entrega tardía de los documentos electorales por parte del presidente del jurado al funcionario competente, se debería excluir, ipso iure, el resultado de la mesa del escrutinio o cómputo final, bajo la concepción de la posible manipulación de los votos de la mesa.

También manifestó la inaplicación del precedente, pues, a su juicio, las irregularidades del proceso de votación incumplen las decisiones de la Sección Quinta de esta corporación, en relación con la entrega extemporánea de documentos electorales, ya que en esta, se exige la presentación de los formularios E-17 por cada mesa de votación, y ante su ausencia se genera como consecuencia la exclusión de dichas mesas del escrutinio general del proceso electoral.

Así mismo, hizo alusión a la vulneración del derecho a la igualdad porque en situaciones similares el Consejo Nacional Electoral ha tomado decisiones contrarias, debido a que en el mismo escenario dicha autoridad ha coincidido con las pretensiones que en este momento se presentan en la demanda.

Del mismo modo, señaló que se materializa una entrega extemporánea de los formularios E-17 debido que solo después de tres meses de la terminación el proceso electoral, los mismos fueron enviados a la autoridad competente.

Igualmente, expresó que después de la remisión de los formularios E-17, se constata la ausencia de los mismos por cada día y por cada mesa de votación, los cuales, a su juicio, debían haber sido diligenciados diariamente, no obstante el Consejo Nacional Electoral solo examinó uno por mesa, por lo que, según él, las mesas que no tuviesen siete formularios debían ser excluidas del conteo de la votación.

Las anteriores causales fueron igualmente invocadas frente al requisito de procedibilidad, pues se sustentaron a partir de supuestos de hecho, que se encuadran en dos situaciones a saber(145): i) la ausencia de los formularios E-17 y, ii) en la entrega extemporánea de los documentos electorales.

Para resolver los supuestos de hecho la Sala precisa que el actor demandó inicialmente 1.554 mesas que funcionaron en las votaciones para representantes a la cámara por la circunscripción internacional, las cuales se llevaron a cabo durante los días 3 al 9 de marzo de 2014, de las cuales, este despacho excluyó en la audiencia inicial celebrada el 24 de abril de 2015, 382 mesas que ya habían sido excluidas de los escrutinios por parte del Consejo Nacional Electoral, (378 con fundamento en la entrega extemporánea de los documentos electorales en la Resolución Nº 2182 de 2014, dos mesas adicionales que no operaron y dos mediante la Resolución Nº 2996 de 2014). Así, aclara la Sala que el análisis discurrirá respecto de 1.172 mesas determinadas objeto del litigio frente a este cargo en la audiencia inicial y que a continuación se relacionan:

 PaísMesaPeticiones del actorActos administrativos
1Dinamarca005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
2Ecuador004-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
3Ecuador005-01-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
4Ecuador005-01-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
5Ecuador005-01-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
6Ecuador005-01-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
7Ecuador005-01-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
8Ecuador005-01-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
9Ecuador005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
10Ecuador005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
11Ecuador005-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
12Ecuador005-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
13Ecuador005-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
14Ecuador005-02-000010Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
15Ecuador005-02-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
16Ecuador005-02-000012Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
17Ecuador005-02-000015Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
18Ecuador005-02-000016Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
19Ecuador005-02-000017Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
20Ecuador015-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
21Ecuador015-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
22Ecuador015-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
23Ecuador015-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
24Ecuador015-02-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
25Ecuador015-02-000010Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
26Ecuador015-02-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
27Ecuador020-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
28Ecuador020-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
29Ecuador020-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
30Ecuador020-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
31Ecuador020-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
32Ecuador020-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
33Ecuador040-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
34Ecuador040-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
35Ecuador040-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
36Ecuador040-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
37Ecuador040-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
38Egipto005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
39El Salvador005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
40Emiratos Árabes005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
41España003-02-000001Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
42España003-02-000002Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
43España003-02-000003Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
44España003-02-000004Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
45España003-02-000006Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
46España003-02-000007Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
47España003-02-000008Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
48España003-02-000009Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
49España003-02-000010Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
50España003-02-000011Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
51España003-02-000012Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
52España003-02-000013Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
53España003-02-000014Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
54España003-02-000015Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
55España003-02-000016Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
56España003-02-000017Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
57España003-02-000018Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
58España003-02-000019Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
59España003-02-000020Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
60España003-02-000021Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
61España003-02-000022Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
62España003-02-000023Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
63España003-02-000024Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
64España003-02-000025Peticiones de 21-abr-14 y 02-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
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581Estados Unidos057-06-000017Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
582Estados Unidos057-07-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
583Estados Unidos057-07-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
584Estados Unidos057-08-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
585Estados Unidos057-08-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
586Estados Unidos057-08-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
587Estados Unidos057-08-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
588Estados Unidos057-08-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
589Estados Unidos057-09-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
590Estados Unidos057-09-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
591Estados Unidos057-09-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
592Estados Unidos057-09-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
593Estados Unidos057-09-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
594Estados Unidos057-09-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
595Estados Unidos057-12-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
596Estados Unidos057-12-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
597Estados Unidos059-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
598Estados Unidos059-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
599Estados Unidos059-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
600Estados Unidos059-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
601Estados Unidos059-02-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
602Estados Unidos059-02-000010Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
603Estados Unidos059-02-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
604Estados Unidos059-02-000012Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
605Estados Unidos059-02-000013Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
606Estados Unidos059-02-000016Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
607Estados Unidos059-04-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
608Estados Unidos059-05-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
609Estados Unidos059-05-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
610Estados Unidos059-05-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
611Estados Unidos059-05-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
612Estados Unidos059-05-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
613Estados Unidos059-05-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
614Estados Unidos059-05-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
615Estados Unidos059-05-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
616Estados Unidos059-05-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
617Estados Unidos060-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
618Estados Unidos060-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
619Estados Unidos060-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
620Estados Unidos060-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
621Estados Unidos060-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
622Estados Unidos060-05-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que el censo fue trasladado
623Estados Unidos060-06-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
624Filipinas005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
625Finlandia005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
626Francia005-01-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
627Francia005-01-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
628Francia005-01-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
629Francia005-01-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
630Francia005-01-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
631Francia005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
632Francia005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
633Francia005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
634Francia005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
635Francia005-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
636Francia005-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
637Francia005-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
638Francia005-02-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
639Francia005-02-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
640Francia005-02-000010Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
641Francia005-02-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
642Francia005-02-000012Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
643Francia005-04-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
644Francia005-05-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
645Francia005-06-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
646Guatemala005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
647Guatemala005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
648Guatemala006-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
649Holanda005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
650Holanda005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
651Holanda005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
652Honduras005-01-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
653India005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
654Indonesia005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
655Indonesia011-03-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
656Inglaterra005-02-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
657Inglaterra005-02-000013Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
658Inglaterra005-02-000014Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
659Inglaterra005-02-000015Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
660Inglaterra005-02-000016Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
661Inglaterra005-02-000017Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
662Inglaterra005-02-000021Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
663Inglaterra005-02-000025Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
664Israel005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
665Israel005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
666Israel005-03-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
667Italia005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
668Italia005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
669Italia005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
670Italia005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
671Italia005-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
672Italia005-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
673Italia005-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
674Italia005-02-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
675Italia005-02-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
676Italia010-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
677Italia010-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
678Italia010-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
679Italia010-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
680Jamaica005-03-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
681Kenia005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
682Líbano005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
683Líbano005-01-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
684Malasia005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
685Marruecos005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
686México005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
687México005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
688México005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
689México005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
690México005-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
691México005-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
692México005-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
693México005-02-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
694México005-02-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
695México005-02-000010Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
696México020-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
697Nicaragua005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
698Noruega005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
699Panamá005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
700Panamá005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
701Panamá005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
702Panamá005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
703Panamá005-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
704Panamá005-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
705Panamá005-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
706Panamá005-02-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
707Panamá005-02-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
708Panamá005-02-000010Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
709Panamá005-02-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
710Panamá005-02-000012Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
711Panamá005-02-000013Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
712Panamá005-02-000014Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
713Panamá005-02-000015Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
714Panamá005-02-000016Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
715Panamá005-02-000017Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
716Panamá005-02-000018Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
717Panamá005-02-000019Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
718Panamá005-02-000020Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
719Panamá005-02-000021Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
720Panamá005-02-000022Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
721Panamá005-02-000023Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
722Panamá005-02-000024Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
723Panamá005-02-000025Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
724Panamá005-03-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
725Panamá007-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
726Panamá007-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
727Panamá007-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
728Panamá010-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
729Panamá020-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
730Paraguay005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
731Perú005-01-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
732Perú005-01-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
733Perú005-01-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
734Perú015-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
735Polonia005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
736Portugal005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que el censo fue trasladado
737Puerto Rico005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
738Puerto Rico005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
739Puerto Rico005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
740Puerto Rico005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
741Puerto Rico005-04-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
742República Dominicana005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
743República Dominicana005-01-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
744República Dominicana005-01-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
745República Dominicana005-01-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
746República Dominicana005-01-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
747Rusia005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
748Sudáfrica005-01-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
749Suecia005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
750Suecia005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
751Suiza005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
752Suiza005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
753Suiza005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
754Suiza005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
755Suiza005-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
756Suiza010-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
757Suiza010-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
758Suiza020-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
759Tailandia002-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
760Trinidad y Tobago005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
761Turquía002-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
762Turquía005-03-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
763Uruguay005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
764Uruguay005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
765Venezuela005-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
766Venezuela005-02-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
767Venezuela005-02-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
768Venezuela005-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
769Venezuela005-02-000005Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
770Venezuela005-02-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
771Venezuela005-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
772Venezuela005-02-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
773Venezuela005-02-000010Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
774Venezuela005-02-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
775Venezuela005-02-000012Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
776Venezuela005-02-000013Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
777Venezuela005-02-000014Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
778Venezuela005-02-000016Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
779Venezuela005-02-000018Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
780Venezuela005-02-000019Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
781Venezuela005-02-000020Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
782Venezuela005-02-000021Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
783Venezuela005-02-000022Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
784Venezuela005-02-000023Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
785Venezuela005-02-000024Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
786Venezuela005-02-000025Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
787Venezuela005-02-000026Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
788Venezuela005-02-000027Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
789Venezuela005-02-000028Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
790Venezuela005-02-000029Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
791Venezuela005-02-000030Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
792Venezuela005-02-000031Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
793Venezuela005-02-000032Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
794Venezuela005-02-000033Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
795Venezuela005-02-000034Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
796Venezuela005-02-000035Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
797Venezuela005-02-000036Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
798Venezuela005-02-000037Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
799Venezuela005-02-000038Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
800Venezuela005-02-000039Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
801Venezuela005-02-000040Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
802Venezuela005-02-000041Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
803Venezuela005-02-000042Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
804Venezuela005-02-000044Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
805Venezuela005-02-000046Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
806Venezuela005-02-000048Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
807Venezuela005-02-000049Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
808Venezuela005-02-000050Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
809Venezuela005-02-000051Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
810Venezuela005-02-000052Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
811Venezuela005-02-000054Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
812Venezuela005-02-000055Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
813Venezuela005-02-000056Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
814Venezuela005-02-000057Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
815Venezuela005-02-000058Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
816Venezuela005-02-000059Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
817Venezuela005-02-000060Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
818Venezuela005-02-000061Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
819Venezuela005-02-000062Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
820Venezuela005-02-000063Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
821Venezuela005-02-000064Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
822Venezuela005-02-000065Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
823Venezuela005-02-000066Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
824Venezuela005-02-000067Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
825Venezuela005-02-000068Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
826Venezuela005-02-000070Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
827Venezuela005-02-000071Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
828Venezuela005-02-000072Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
829Venezuela005-02-000073Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
830Venezuela005-02-000074Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
831Venezuela005-02-000075Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
832Venezuela005-02-000076Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
833Venezuela005-02-000077Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
834Venezuela005-02-000078Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
835Venezuela005-02-000079Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
836Venezuela005-02-000080Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
837Venezuela005-02-000081Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
838Venezuela005-02-000082Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
839Venezuela005-02-000083Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
840Venezuela005-02-000084Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
841Venezuela005-02-000085Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
842Venezuela005-02-000086Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
843Venezuela005-02-000087Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
844Venezuela005-02-000088Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
845Venezuela005-02-000089Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
846Venezuela005-02-000090Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
847Venezuela005-02-000091Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
848Venezuela005-02-000092Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
849Venezuela005-02-000093Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
850Venezuela005-02-000094Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
851Venezuela005-02-000095Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
852Venezuela005-02-000096Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
853Venezuela005-02-000098Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
854Venezuela005-02-000099Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
855Venezuela005-02-000100Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
856Venezuela005-02-000101Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
857Venezuela005-02-000102Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
858Venezuela005-02-000104Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 indica que la mesa fue fusionada
859Venezuela005-02-000105Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
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979Venezuela030-03-000006Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
980Venezuela030-03-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
981Venezuela030-03-000008Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
982Venezuela030-03-000009Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
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1134Venezuela065-02-000019Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1135Venezuela065-02-000020Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1136Venezuela065-02-000021Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1137Venezuela065-02-000022Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1138Venezuela065-02-000023Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1139Venezuela065-02-000024Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1140Venezuela065-02-000025Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1141Venezuela065-02-000027Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1142Venezuela065-02-000029Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1143Venezuela065-02-000030Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1144Venezuela065-02-000031Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1145Venezuela065-02-000033Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1146Venezuela065-02-000034Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1147Venezuela065-02-000035Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1148Venezuela065-03-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1149Venezuela065-03-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1150Venezuela065-04-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1151Venezuela065-04-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1152Venezuela065-05-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1153Venezuela065-05-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1154Venezuela065-05-000003Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1155Venezuela065-06-000002Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1156Venezuela065-07-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1157Venezuela075-02-000001Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1158Venezuela075-02-000004Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1159Venezuela075-02-000007Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1160Venezuela075-02-000011Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1161Venezuela075-02-000015Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1162Venezuela075-02-000016Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1163Venezuela075-02-000017Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1164Venezuela075-02-000018Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1165Venezuela075-02-000019Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1166Venezuela075-02-000020Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1167Venezuela075-02-000021Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1168Venezuela075-02-000022Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1169Venezuela075-02-000024Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1170Venezuela075-02-000028Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1171Venezuela075-02-000031Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó
1172Venezuela075-02-000035Petición de 2-may-14Res. N° 2182 de 18-jun-14 encontró la mesa normal y no la excluyó

Ahora bien, conforme al cuadro anteriormente expuesto sobre las mesas demandadas, la Sala realizará el estudio frente a las dos situaciones fácticas enunciadas.

4.1.6.1. Ausencia de formulario E-17.

El demandante alegó la ausencia de los formularios E-17 por la carencia del formulario por cada día de votación por cada mesa.

En relación con la ausencia de los formularios E-17 por cada día de votación, la normatividad especial, es decir el Decreto Nº 11 de 2014, no consagra norma expresa que establezca la obligación de diligenciar un formulario de entrega del formulario —E-17— para cada uno de los días de votación; la única obligación diaria que se le impartió a los jurados electorales, según indicación del artículo 28(146) de la norma en comento, fue la entrega de los formularios E-10 los cuales contienen la lista de los sufragantes habilitados para votar tal como se explicó con anterioridad.

Así mismo, de la remisión expresa que hace la mentada norma a la regulación de votaciones en el territorio nacional, se puede evidenciar que en la misma, es decir el Código Electoral y las demás disposiciones legales, no consagran la obligación pretendida por el actor, por el contrario en el artículo 144 del Decreto 2241 de 1986, se expone únicamente la obligación de entregar los documentos electorales al funcionario de la Registraduría antes de las once de la noche y una vez terminado la totalidad del escrutinio.

Incluso, del estudio del título VII y en especial del capítulo I de la norma referida, no se encuentra ninguna disposición que exija a los jurados de votación diligenciar más de un formulario para la entrega de los pliegos electorales en el territorio nacional o internacional.

De igual manera, el numeral 12 del artículo 26 del Código Electoral, dispone que el Registrador Nacional del Estado Civil tiene como función la regulación de la entrega de los pliegos electorales, sin embrago del estudio normativo se evidencia la falta de reglamentación sobre dicho asunto en la circunscripción internacional.

Al no existir ninguna norma que imponga a los jurados de votación la carga de diligenciar un formulario de entrega de pliegos electorales —formulario E-17—, por cada día y por cada mesa de votación en la circunscripción internacional, y de conformidad con el artículo 6º Superior, se puede deducir que los jurados no tenían la obligación que alude el actor.

Por lo anterior, y partiendo del análisis realizado por esta Sala de Decisión, se puede concluir que el formulario E-17 se debía diligenciar solamente el último día de las votaciones en la circunscripción internacional, es decir el día 9 de marzo de 2014.

En cuanto a la modalidad de extemporaneidad por ausencia absoluta del formulario E-17 —el actor asegura que algunas mesas no cuentan con este formulario, razón por la cual deben ser excluidas del escrutinio—.

En primer lugar de las mesas demandadas, luego de realizadas la verificación y valoración del material probatorio allegado la Sala encontró:

4.1.6.1.1. 2 mesas que no funcionaron de acuerdo con la información registrada en el acta de recepción de formularios E-17.

 PaísZonaPuestoMesaUBICACIÓN PRUEBAEXTEMPORANEIDAD DE PLIEGOS SEGÚN E-17Excluida en el RESUELVE de Res 2182?OBSERVACIÓN 2182
1Estados Unidos06005000001No funcionó, Según fl. 25 cdno. pbas. 18.No funcionó, Según fl. 25 cdno. pbas. 18.NOSe solicitó trasladar el censo electoral (un votante) de Tacoma-San Francisco al Consulado de San Francisco. Fl. 25 cdno. pbas. Nº 18
2Portugal00502000001Censo trasladado a Lisboa. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.Censo trasladado a Lisboa. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.NOSe solicitó trasladar el censo electoral de Oporto-Portugal a Lisboa. Fl. 25 cdno. pbas. Nº 18

Frente a este punto, de conformidad con el oficio allegado por el Consejo Nacional Electoral estas mesas no funcionaron, por lo tanto no existe la irregularidad alegada de extemporaneidad.

4.1.6.1.2. 87 mesas fusionadas.

La Sala precisa que de lo informado por la dirección de censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, contenida, dentro del acta de relación de recepción de formularios E-17 del exterior del Consejo Nacional Electoral (a fls. 1 a 25 de cdno. 18 de pbas.), la cual fue allegada dentro de la etapa probatoria correspondiente, conocida por las partes, se tiene que algunas mesas fueron fusionadas. En dicha acta se consignó que:

“... mediante oficio 410-0427 de 27 de mayo de 2014, la dirección de censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó lo siguiente con relación a la fusión de mesas en los puestos de Caracas – Consulado, Caracas – Turumo, Caracas – Catía y Caracas – Baruta:

“Se realizó la fusión de las mesas impares con las pares de tal forma que a manera de ejemplo el E-10 y el E-11 de la mesa 2 pasaron a la mesa 1 y solo se diligenció el E-14 de la mesa 1 y así sucesivamente para todas las mesas de cada puesto. De tal forma para el puesto 02 Caracas – Consulado funcionaron las mesas 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta la mesa 169 para un total de 85 mesas, para el puesto 03 Caracas – Turumo funcionó la mesa 1, para el puesto 04 Caracas – Catía funcionó la mesa 1, para el puesto 05 Caracas – Baruta funcionaron las mesas 1 y 3 (...)””.(147) (Negrilla fuera de texto)

De lo anterior, encuentra la Sala que para el registro de la entrega de los documentos electorales, respecto de las mesas fusionadas, se determinó que se manejaría un solo formulario E-17, aun cuando en cada uno de ellos se haya registrado únicamente la mesa impar, pues la información contenida en cada uno de los formularios aplica para cada par de mesas fusionadas.

Así las cosas, se evidencia que el Consejo Nacional Electoral dejó consignado en el acta de relación de recepción de formularios E-17 Exterior(148), que mediante Oficio Nº 410-0427 del 27 de mayo de 2014, la dirección del censo electoral de la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó respecto de la fusión realizada a 87 mesas de los puestos de Caracas – Consulado, Caracas - Turumo, Caracas – Catía y Caracas Baruta.

En ese sentido, encuentra la Sala que de las 88 mesas ya mencionadas, 73 corresponden a:

4.1.6.1.3. Mesas fusionadas con la mesa impar anterior que no fueron excluidas por el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución 2182 de 2014 por haber sido allegadas en “tiempo”.

 PaísZPMUBICACIÓN PRUEBAMesa fusionada conHORA E-17 de la fusionadaUbicación E-17 mesa con la que se fusionóExcluida en el Resuelve de R 2182?
1Venezuela00502002Fusionada con impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0017:00Cdno. pbas. Nº 18, folio 272NO
2Venezuela00502004Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0038:20Cdno. pbas. Nº 18, fl. 272NO
3Venezuela00502006Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0057:15Cdno. pbas. Nº 18, fl. 272NO
4Venezuela00502008Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0077:32Cdno. pbas. Nº 18, fl. 272NO
5Venezuela00502012Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0118:25Cdno. pbas. Nº 18, fl. 273NO
6Venezuela00502014Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0139:00Cdno. pbas. Nº 18, fl. 273NO
7Venezuela00502020Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0194:00 p. m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 274NO
8Venezuela00502022Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-00217:44Cdno. pbas. Nº 18, fl. 274NO
9Venezuela00502024Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0237:10Cdno. pbas. Nº 18, fl. 274NO
10Venezuela00502026Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0258:20Cdno. pbas. Nº 18, fl. 274NO
11Venezuela00502028Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-02719Cdno. pbas. Nº 18, fl. 275NO
12Venezuela00502030Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0297:27Cdno. pbas. Nº 18, fl. 275NO
13Venezuela00502032Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0317:36Cdno. pbas. Nº 18, fl. 275NO
14Venezuela00502034Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0338:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 275NO
15Venezuela00502036Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0357:00Cdno. pbas. Nº 18, fl. 276NO
16Venezuela00502038Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0377:00Cdno. pbas. Nº 18, fl. 276NO
17Venezuela00502040Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0397:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 276NO
18Venezuela00502042Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-04114Cdno. pbas. Nº 18, fl. 276NO
19Venezuela00502050Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0496:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 277NO
20Venezuela00502052Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-05119:17Cdno. pbas. Nº 18, fl. 278NO
21Venezuela00502056Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0557:00 p.m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 278NO
22Venezuela00502058Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0578:20 p.m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 278NO
23Venezuela00502060Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0595:35Cdno. pbas. Nº 18, fl. 278NO
24Venezuela00502062Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0615:20Cdno. pbas. Nº 18, fl. 279NO
25Venezuela00502064Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0637:20Cdno. pbas. Nº 18, fl. 279NO
26Venezuela00502066Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0656:23 p.m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 279NO
27Venezuela00502068Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0674Cdno. pbas. Nº 18, fl. 279NO
28Venezuela00502072Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0715:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 280NO
29Venezuela00502076Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0755Cdno. pbas. Nº 18, fl. 280NO
30Venezuela00502078Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0774:50Cdno. pbas. Nº 18, fl. 281NO
31Venezuela00502080Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0795:18Cdno. pbas. Nº 18, fl. 281NO
32Venezuela00502082Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0815:21Cdno. pbas. Nº 18, fl. 281NO
33Venezuela00502084Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0835Cdno. pbas. Nº 18, fl. 281NO
34Venezuela00502086Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0856Cdno. pbas. Nº 18, fl. 282NO
35Venezuela00502088Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-08718 p.m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 282NO
36Venezuela00502090Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0896:25Cdno. pbas. Nº 18, fl. 282NO
37Venezuela00502092Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0915:50 p.m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 282NO
38Venezuela00502094Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0936Cdno. pbas. Nº 18, fl. 283NO
39Venezuela00502096Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-0955 p.m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 283NO
40Venezuela00502100Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-09917Cdno. pbas. Nº 18, fl. 283NO
41Venezuela00502102Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1016:15Cdno. pbas. Nº 18, fl. 284NO
42Venezuela00502106Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1056:00Cdno. pbas. Nº 18, fl. 284NO
43Venezuela00502108Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-10718 hCdno. pbas. Nº 18, fl. 284NO
44Venezuela00502110Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1096:05Cdno. pbas. Nº 18, fl. 284NO
45Venezuela00502112Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1116:00Cdno. pbas. Nº 18, fl. 285NO
46Venezuela00502114Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1138:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 285NO
47Venezuela00502116Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1156:00Cdno. pbas. Nº 18, fl. 285NO
48Venezuela00502118Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1176:00 p.m.Cdno. pbas. Nº 18, fl. 285NO
49Venezuela00502120Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-11918Cdno. pbas. Nº 18, fl. 286NO
50Venezuela00502122Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1216Cdno. pbas. Nº 18, fl. 286NO
51Venezuela00502126Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1256Cdno. pbas. Nº 18, fl. 286NO
52Venezuela00502128Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-12714Cdno. pbas. Nº 18, fl. 286NO
53Venezuela00502130Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1295:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 287NO
54Venezuela00502132Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1315:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 287NO
55Venezuela00502134Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1335:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 287NO
56Venezuela00502136Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1354:50Cdno. pbas. Nº 18, fl. 287NO
57Venezuela00502138Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1375:45Cdno. pbas. Nº 18, fl. 288NO
58Venezuela00502140Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1395:21Cdno. pbas. Nº 18, fl. 288NO
59Venezuela00502144Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1434:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 288NO
60Venezuela00502146Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1455:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 288NO
61Venezuela00502148Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1475:20Cdno. pbas. Nº 18, fl. 289NO
62Venezuela00502152Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1515:15Cdno. pbas. Nº 18, fl. 289NO
63Venezuela00502154Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1535:15Cdno. pbas. Nº 18, fl. 289NO
64Venezuela00502156Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1555:14Cdno. pbas. Nº 18, fl. 289NO
65Venezuela00502158Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1575:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 290NO
66Venezuela00502162Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1615:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 290NO
67Venezuela00502164Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1635:10Cdno. pbas. Nº 18, fl. 290NO
68Venezuela00502166Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1656:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 290NO
69Venezuela00502168Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1675:30Cdno. pbas. Nº 18, fl. 291NO
70Venezuela00502170Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-02-1695:20Cdno. pbas. Nº 18, fl.NO
71Venezuela00503002Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-03-0016:30Cdno. pbas. Nº 18, fl.NO
72Venezuela00504002Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-04-0016:30Cdno. pbas. Nº 18, fl.NO
73Venezuela00505002Fusionada con la impar anterior, para funcionamiento. 2 E-10 y 2 E-11 pero solo un E-14 y un E-17. Según fl. 25 cdno. pbas. 18.005-05-0016:30Cdno. pbas. Nº 18, fl.NO

Respecto de la ausencia del formulario E-17 de las mesas anteriormente relacionadas, la Sala precisa que esta irregularidad no se configura con fundamento a lo establecido en el Oficio 410-0427 de 27 de mayo de 2014, en el que se informó que la Registraduría había fusionado las 88 mesas de la siguiente manera:

“Se realizó la fusión de las mesas impares con las pares, de tal forma que a manera de ejemplo, el E-10 y el E-11 de la mesa 2 pasaron a la mesa 1, y solo se diligenció el E-14 de la mesa 1 y así sucesivamente para todas las mesas de cada puesto.

De tal forma para el puesto 2 Caracas – Consulado, funcionaron las mesas 1,3,5,7 y así sucesivamente hasta la mesa 169 para un total de 85 mesas, para el puesto 03 Caracas – Turumo funcionó la mesa 1, para el puesto 04 Caracas – Catia funcionó la mesa 1, para el puesto 05 Caracas – Baruta funcionaron las mesas 1 y 3 (...)”.

Para la Sala la presente situación alegada por el actor, no tiene asidero fáctico ni jurídico por las siguientes razones:

a) Las 73 mesas que se estudian, corresponden a las fusionadas con la mesa impar anterior, en virtud del oficio 410-0427 de 27 mayo de 2014.

b) Por cada mesa impar, se encuentra en el expediente un (1) formulario E-17, que también contiene la información de la siguiente mesa par fusionada.

c) Una vez revisados los formularios E-17, la Sala pudo verificar que la entrega de los pliegos electorales se realizó de manera oportuna (antes de las 11 p. m.).

Así, concluye la Sala que lo alegado por el actor frente a la ausencia de formulario E-17 de las 73 mesas relacionadas, no se configura, en el sentido de que las pruebas allegadas al proceso contienen la información suficiente para determinar que existen los formularios, los cuales fueron allegados en tiempo, de conformidad con del artículo 31 del Decreto 11 de 2014.

• 14 mesas fusionadas que fueron excluidas por el Consejo Nacional Electoral, mediante la Resolución 2182 de 2014 por ausencia e irregularidades relacionadas con el formulario E-17.

Las 14 mesas restantes también fusionadas fueron excluidas por Consejo Nacional Electoral mediante la Resolución Nº 2182 de 2014 por presentar irregularidades asociadas con el formulario E-17, así:

 PaísZPMOBSERVACIÓNES X E-17Mesa con que se fusionóObservación de E-17 de mesa con que se fusionóObservación en Resolución Nº 2182 de 2014 de mesa con que se fusionóFolio de la Resolución Nº 2182 en que se excluyó la mesa con que se fusionó
1Venezuela5210La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: E-17 no es claro.529recortado (fl. 273 cdno. pbas. Nº 18)No es claro, EXCLUIR, formulario roto en hora, folio 133Folio 198
2Venezuela5216La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: E-17 sin firma.5215sin firma (fl. 273 cdno. pbas. Nº 18)Sin firma, EXCLUIR, folio 133Folio 198
3Venezuela5218La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: No hay E-17.5217no se allegóNo hay E-17 EXCLUIR, folio 134Folio 198
4Venezuela5244La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: E-17 sin firma y sin hora.5243sin firma y sin hora (fl. 277 cdno. pbas. Nº 18)sin firma y sin hora, EXCLUIR, folio 136Folio 198
5Venezuela5246La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: E-17 sin firma y sin hora.5245sin firma y sin hora (fl. 277 cdno. pbas. Nº 18)sin firma y sin hora, EXCLUIR, folio 136Folio 198
6Venezuela5248La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: E-17 sin firma y sin hora.5247sin firma y sin hora (fl. 277 cdno. pbas. Nº 18)sin firma y sin hora, EXCLUIR, folio 136Folio 198
7Venezuela5254La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: No hay E-17.5253no se allegóNo hay E-17 EXCLUIR, folio 137Folio 198
8Venezuela5270La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: E-17 sin hora.5269 sin hora (fl. 280 cdno. pbas. Nº 18)Sin hora, EXCLUIR, folio 138Folio 198
9Venezuela5298La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: E-17 sin hora.5297 sin hora (fl. 283 cdno. pbas. Nº 18)Sin hora, EXCLUIR, folio 140Folio 198
10Venezuela52104La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: No hay E-17.52103no se allegóNo hay E-17 EXCLUIR, folio 140Folio 198
11Venezuela52124La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: No hay E-17.52123no se allegóNo hay E-17 EXCLUIR, folio 142Folio 198
12Venezuela52142La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: No hay E-17.52141no se allegóNo hay E-17 EXCLUIR, folio 143Folio 198
13Venezuela52150La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: No hay E-17.52149no se allegóNo hay E-17 EXCLUIR, folio 143Folio 198
14Venezuela52160La mesa impar anterior a ésta fue excluida del cómputo de votos por extemporaneidad en la entrega de pliegos electorales, por la Resolución 2182 del 18 de junio de 2014. Razón: No hay E-17.52159no se allegóNo hay E-17 EXCLUIR, folio 144Folio 198

De las 14 mesas relacionadas en el cuadro anterior, el Consejo Nacional Electoral identificó las siguientes irregularidades:

a) Una (1) mesa en la que el formulario allegado se encontró roto.

b) Seis (6) mesas en las que el formulario carece de hora y/o firma.

c) Siete (7) mesas que presentaron ausencia de formulario E-17.

Como quiera que el Consejo Nacional Electoral por medio de la Resolución Nº 2182 de 2014, determinó excluir las 14 mesas relacionadas por presentar irregularidades asociadas al formulario E-17, la Sala concluye que en razón a que las mesas demandadas habían sido fusionadas con estas y ya fueron excluidas, no hay lugar a realizar ningún análisis.

4.1.6.1.4. Entrega extemporánea de los documentos electorales.

En relación a la entrega extemporánea de los documentos electorales, la Sala reitera que, frente a las elecciones de la circunscripción internacional, no existió el arca triclave, razón por la cual, la directriz respecto de la actuación que debían realizar los jurados de votación con los formularios E-17, no era clara.

Luego, al ser un documento de constancia de entrega de los pliegos electorales en bolsas selladas, no podía ser introducido en éstas y por ello, la entrega del material electoral para su remisión al Consejo Nacional Electoral, se hizo solamente respecto de las bolsas selladas con los pliegos electorales y no del formulario E-17, los cuales fueron allegados con posterioridad a la fecha de las elecciones.

Conforme a lo dispuesto en el Decreto Nº 11 de 2014 y a la normatividad vigente en temas electorales, en especial los artículos 27 y 31 de dicha norma, al hablar de la entrega de los pliegos electorales disponen que al momento del cierre de la votación y escrutinio de la mesa, luego de que los jurados entreguen a los embajadores, jefes de oficinas consulares o sus delegados que deberán ser parte de la planta de personal del Ministerio de Relaciones Exteriores, o cónsules ad honorem, y antes de las once de la noche del respectivo país, estos debieron enviarse en un sobre cerrado y sellado al Consejo Nacional Electoral ubicado en territorio nacional.

La Sala advierte que, en este punto, se trata entonces de determinar si los documentos electorales correspondientes a las votaciones para elegir representantes a la cámara por la circunscripción internacional, no fueron entregados a tiempo por parte de los jurados de mesa de votación. Para el efecto, se valoraran los formularios aportados legal y oportunamente al proceso.

Ahora bien, revisados y analizados los formularios y los documentos allegados al proceso, que según el actor, materializan la causal de entrega extemporánea de documentos electorales en distintas posibilidades, la Sala encontró lo siguiente:

4.1.6.5. Formulario E-17 diligenciado en debida forma y entregado en tiempo (1039 mesas).

A continuación se relacionan las mesas que mediante la Resolución Nº 2182 de 2014, el Consejo Nacional Electoral estableció que fueron allegadas en tiempo y que no presentan ninguna irregularidad, y que una vez revisados y verificados esta Sala Electoral confirma dicha situación, es decir, los formularios fueron presentados a tiempo:

 PaísZPMUBICACIÓN PRUEBAFECHA_E-17HORA_E-17EXTEMPORANEIDAD SEGÚN E-17
1Dinamarca00502000001Cdno. pbas. 18 Fl. 2609/03/201405:36:00 p. m.En tiempo
2Ecuador00402000002Cdno. pbas. 18 Fl. 2709/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
3Ecuador00501000002Cdno. pbas. 18 Fl. 2809/03/201405:10:00 p. m.En tiempo
4Ecuador00501000003Cdno. pbas. 18 Fl. 2809/03/201404:45:00 p. m.En tiempo
5Ecuador00501000004Cdno. pbas. 18 Fl. 2909/03/201404:55:00 p. m.En tiempo
6Ecuador00501000006Cdno. pbas. 18 Fl. 2909/03/201405:04:00 p. m.En tiempo
7Ecuador00501000007Cdno. pbas. 18 Fl. 3009/03/201405:05:00 p. m.En tiempo
8Ecuador00501000009Cdno. pbas. 18 Fl. 3009/03/201405:04:00 p. m.En tiempo
9Ecuador00502000002Cdno. pbas. 18 Fl. 3109/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
10Ecuador00502000005Cdno. pbas. 18 Fl. 3209/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
11Ecuador00502000006Cdno. pbas. 18 Fl. 3209/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
12Ecuador00502000007Cdno. pbas. 18 Fl. 3209/03/201405:45:00 p. m.En tiempo
13Ecuador00502000010Cdno. pbas. 18 Fl. 3309/03/201405:53:00 p. m.En tiempo
14Ecuador00502000011Cdno. pbas. 18 Fl. 3409/03/201405:23:00 p. m.En tiempo
15Ecuador00502000012Cdno. pbas. 18 Fl. 3409/03/201405:45:00 p. m.En tiempo
16Ecuador00502000015Cdno. pbas. 18 Fl. 3509/03/201405:25:00 p. m.En tiempo
17Ecuador00502000016Cdno. pbas. 18 Fl. 3509/03/201405:20:00 p. m.En tiempo
18Ecuador00502000017Cdno. pbas. 18 Fl. 3609/03/201405:05:00 p. m.En tiempo
19Ecuador01502000001Cdno. pbas. 18 Fl. 3709/03/201404:40:00 p. m.En tiempo
20Ecuador01502000002Cdno. pbas. 18 Fl. 3709/03/201405:00:00 p. m.En tiempo
21Ecuador01502000003Cdno. pbas. 18 Fl. 3709/03/201405:30:00 p. m.En tiempo
22Ecuador01502000004Cdno. pbas. 18 Fl. 3809/03/201405:00:00 p. m.En tiempo
23Ecuador01502000008Cdno. pbas. 18 Fl. 3809/03/201405:00:00 p. m.En tiempo
24Ecuador01502000010Cdno. pbas. 18 Fl. 3909/03/201405:30:00 p. m.En tiempo
25Ecuador01502000011Cdno. pbas. 18 Fl. 3909/03/201405:00:00 p. m.En tiempo
26Ecuador02002000001Cdno. pbas. 18 Fl. 4009/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
27Ecuador02002000002Cdno. pbas. 18 Fl. 4009/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
28Ecuador02002000003Cdno. pbas. 18 Fl. 4009/03/201407:00:00 p. m.En tiempo
29Ecuador02002000004Cdno. pbas. 18 Fl. 4109/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
30Ecuador02002000005Cdno. pbas. 18 Fl. 4109/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
31Ecuador02002000006Cdno. pbas. 18 Fl. 4109/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
32Ecuador04002000001Cdno. pbas. 18 Fl. 4209/03/201405:30:00 p. m.En tiempo
33Ecuador04002000002Cdno. pbas. 18 Fl. 4209/03/201406:30:00 p. m.En tiempo
34Ecuador04002000003Cdno. pbas. 18 Fl. 4209/03/201406:00:00 p. m.En tiempo
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36Ecuador04002000005Cdno. pbas. 18 Fl. 4209/03/201405:00:00 p. m.En tiempo
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