Sentencia 2014-00113 de mayo 14 de 2015

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Rad. Interna: 2014-0113

Expediente: 11001-03-28-000-2014-00113-00

Magistrada Ponente:

Dra. Susana Buitrago Valencia

Acción de nulidad electoral - Fallo de única instancia

Actor: Jorge Basto Prada

Demandado: Carlos Fernando Galán

Bogotá D.C., catorce de mayo de dos mil quince.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones de la Sala

La Sala es competente para conocer en única instancia de la presente demanda de nulidad electoral de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3º(3) del artículo 149 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y lo previsto en el artículo 13-4 del acuerdo 58 del 15 de septiembre de 1999(4).

El acto acusado lo constituye la Resolución 3006 de 17 de julio de 2014, emitida por el Consejo Nacional Electoral, en cuanto a la elección del señor Carlos Fernando Galán Pachón como Senador de la República para el período 2014-2018, visible a folios 28 a 49 del expediente.

El problema jurídico a resolver radica en determinar si el demandado estaba incurso en la inhabilidad que preceptúa el numeral 6º del artículo 179 superior por el hecho de que para las mismas elecciones al Senado de la República celebradas el mismo día, su hermano Juan Manuel Galán Pachón participó y fue elegido Senador, a juicio del demandante por un partido político si bien con nombre diferente al que avaló al demandado, pero que en la realidad se trata de igual agrupación política.

1. De los partidos políticos.

De conformidad con el artículo 107 de la Constitución: “se garantiza a todos los ciudadanos el derecho a fundar, organizar y desarrollar partidos y movimientos políticos”. La norma también establece que las agrupaciones políticas se deben organizar democráticamente y que tendrán como principios rectores la transparencia, objetividad, moralidad, la equidad de género y el deber de presentar y divulgar sus programas políticos.

En relación con el derecho a constituir partidos y movimientos políticos la Corte Constitucional(5) ha considerado:

“El derecho a constituir partidos y movimientos políticos, formar parte de ellos y difundir sus ideas y programas tiene la naturaleza de un derecho fundamental de origen constitucional, atribuido a todo ciudadano colombiano, con miras a que pueda participar en la conformación, ejercicio y control del poder político. Este derecho es una manifestación activa del status de ciudadano, el cual comprende un conjunto de derechos y deberes que, en su conjunto, dan cuerpo y califican la relación de los nacionales con el poder político y describen una faceta de las personas como partícipes actuales o potenciales de la organización del Estado. La limitación del derecho analizado que se descubre en el artículo, se deriva, pues, de la relatividad de los derechos políticos que la misma Constitución establece”.

El artículo 2º de la Ley 130 de 1994(6) define los partidos y los movimientos políticos, así:

“Los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación.

Los movimientos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas libremente para influir en la formación de la voluntad política o para participar en las elecciones”.

Frente a tales definiciones la Corte Constitucional(7) ha sostenido que:

“La definición de partido que consagra el artículo 2º recoge, en lo esencial, las funciones sumariamente descritas, como quiera que la anterior relación de funciones, equivale a postular que en aquél se refleja el pluralismo político y, por su conducto, se promueve y encauza la participación de los ciudadanos y la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas. Con la constitucionalización de los partidos se pretende entonces, establecer reglas de juego que permitan mejorar las condiciones de competencia pluralista, fundamento del sistema democrático, y con ello develar y controlar una actividad en la que se determina lo esencial del poder político y de la función pública.

(…)

El movimiento de tipo político, por su grado de organización y permanencia, está llamado a convertirse eventualmente en partido. La organización social, en cambio, mantiene sus propósitos políticos como objetivos que adquieren importancia coyuntural en la consecución de los fines de tipo social que posee la institución. El movimiento social no tiene el grado de organización del partido o de la organización social. Sus objetivos también son circunstanciales, pero su evolución puede derivar en un movimiento político”

Por otro lado la misma ley estatutaria de partidos y movimientos políticos establece en el artículo 5º que ellos son “propietarios de su nombre”. Que este “no podrá ser usados por ningún otro partido u organización política reconocida o no. La denominación de un partido o movimiento deberá distinguirse claramente de la de cualquier otro ya existente”.

En relación con la organización, el funcionamiento y los estatutos precisa el legislador que los partidos y movimientos políticos tiene un margen de libertad y autonomía que solo se encuentra limitado a que no contraríen la Constitución, la ley, las disposiciones del Consejo Nacional Electoral, y las propias decisiones de sus autoridades internas.

Tanto la citada Ley 130 de 1994 como la 1475 de 2011(8) desarrollan y definen los principios y las reglas que deben gobernar todos los partidos y movimientos políticos, es decir, establecen los mínimos requerimientos a los que se deben acoger para su funcionamiento y operatividad.

2. De las pruebas relevantes que obran en el expediente.

Conforme a las pruebas que presentaron las partes, demandante y demandado, se tiene acreditado:

  1. Que el señor Carlos Fernando Galán Pachón con aval del partido Cambio Radical participó y resultó elegido para el Senado de la República en las elecciones que se llevaron a cabo el 9 de marzo de 2014 (fls 120 y 124 a 127).
  2. Que el señor Juan Manuel Galán Pachón, avalado por el partido Liberal Colombiano participó y resultó elegido para el Senado de la República en las elecciones que se llevaron a cabo en la misma fecha (fls 120 a 123).
  3. Que el Consejo Nacional Electoral por medio de la Resolución 4 de 1986 reconoció personería jurídica al Partido Liberal Colombiano (fls 129 a 131).
  4. Que el Consejo Nacional Electoral por medio de la Resolución 1305 de 1997 reconoció personería jurídica al Movimiento Político “Valdivieso presidente 98” (fls 132 a 135).
  5. Que según certificación del subsecretario del Consejo Nacional Electoral en actos administrativos posteriores a la citada resolución, se han registrado cambios de nombre de dicho movimiento político (fl 149).
  6. Que por medio de la Resolución 1899 de 2003, el Consejo Nacional Electoral registró como nueva denominación del movimiento político Cambio Radical el de “Partido Cambio Radical Colombiano” (fls 136 a 144).
  7. Que por medio de la Resolución 1003 de 2009, el Consejo Nacional Electoral registró como nueva denominación de esta agrupación la de “Partido Cambio Radical”.
  8. Las plataformas ideológicas y los estatutos de los partidos Liberal y Cambio Radical (fls 7 a 15).

3. De la decisión.

Como se ha indicado, la inelegibilidad que se le atribuye al acto de elección cuestionado se fundamenta en que transgrede:

“Constitución Política, artículo 179. No podrán ser congresistas:

1.

(…)

6. Quienes estén vinculados entre sí por matrimonio, unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguineidad, segundo de afinidad, o primero civil, y se inscriban por el mismo partido, o movimiento o grupo para elección de cargos, o de miembros de corporaciones públicas que deban realizarse en la misma fecha.

(…)

Las inhabilidades previstas en los numerales 2º, 3º, 5º y 6º se refieren a situaciones que tengan lugar en la circunscripción en la cual deba efectuarse la respectiva elección. La ley reglamentará los demás casos de inhabilidades por parentesco, con las autoridades no contemplados en estas disposiciones”.

Para que se estructure esta inhabilidad se requiere:

i) Que entre los inscritos exista el vínculo que estable la norma: matrimonio, o unión permanente, o parentesco dentro del tercer grado de consanguineidad, segundo de afinidad o primero civil.

ii) Que la inscripción al cargo o como miembro de corporación pública de elección popular por parte de los parientes se haga por el mismo partido o movimiento político.

iii) Que la elección en la que participen se realice en la misma fecha y para la misma corporación pública.

Así, las cosas, comienza la Sala por precisar que de conformidad con las pruebas relacionadas en el acápite 2, aportadas por el apoderado judicial del demandado, se puede concluir que los partidos políticos Cambio Radical y el Liberal Colombiano fueron creados en fechas diferentes, cada uno de ellos tiene su propia personería jurídica autónoma e independiente así como sus representantes legales son disímiles, todo ello reconocido mediante actos administrativos diferentes proferidos por el Consejo Nacional Electoral, que están vigentes y gozan de la presunción de legalidad.

Adicionalmente, revisadas las plataformas ideológicas y los estatutos de los partidos Liberal y Cambio Radical, pruebas aportadas por el actor, se evidencia que estos no son las mismas agrupaciones políticas, puesto que el Liberal se reconoce como el “partido del pueblo” y se “constituye como una coalición de matices de izquierda democrática”. Por su parte Cambio Radical es una “opción política de cambio democrático”, que parte de la idea que para lograr sus objetivos “es necesario consolidar la seguridad democrática en Colombia”.

Otro de los elementos que los diferencian es que el Liberal tiene como uno de sus ejes ideológicos comprometerse a “buscar la solución política de los conflictos existentes en el seno de la sociedad colombiana, incluyendo los armados, por medio de la deliberación, la concertación y la negociación, entendiendo estos procesos como una función del Estado que debe materializarse en reformas económicas, políticas y sociales que hagan posible la reconciliación”. Y Cambio Radical tiene como uno de sus principales pilares el apoyo a la política de seguridad democrática a partir de una estrategia que comprende ente otros “el control del territorio nacional, la defensa de la soberanía y el fortalecimiento de la fuerza pública”.

Ahora bien, puede ser cierto, como lo afirma el demandante, que haya similitudes entre las dos agrupaciones políticas a partir de los contenidos de sus plataformas ideológicas tales como el carácter pluralista, su tendencia liberal, el propósito de defensa de los derechos humanos, el propender por el respeto a la justicia, a la ley y su democratización interna. Pero por tales coincidencias no es posible afirmar que se trate del mismo partido político, requisito sine qua non para que prospere la causal endilgada al demandado.

Tampoco es de recibo el señalamiento de que los partidos Cambio Radical y Liberal son uno debido a que aquel provino de una disidencia de este, puesto que aceptar tal tesis sería desconocer la garantía constitucional consagrada en el artículo 107 de la Carta Política conforme a la cual existe la libertad para afiliarse o retirarse de un partido o movimiento político y para fundar o participar en la creación de uno nuevo.

Además, y precisamente que el origen del Partido Cambio Radical haya sido su fundación por parte de algunos militantes del Partido Liberal a partir de su inconformismo con este, muestra que su intención fue la de constituir una agrupación diferente que innovara el tradicional Partido Liberal.

Finalmente, frente a la petición del apoderado judicial de “compulsa de copias” al accionante pues en su consideración este actuó con temeridad y la mala fe debido a que para él la causal que atribuyó al demandado no presenta vacío y por ende no requiere interpretación, no se accederá a tal solicitud toda vez que no se aprecia probado que la demanda se instaurara con intenciones de esa naturaleza y porque el acceso a la administración es un derecho fundamental y el demandante planteó un posible escenario novedoso de la causal de inhabilidad.

En consecuencia, como no logró demostrarse que en la elección del demandado se estructure la inhabilidad atribuida, el acto de elección conserva la presunción de validez de que está amparado, todo lo cual impone que se nieguen las súplicas de la demanda.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. Negar las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. En firme esta sentencia y previas las comunicaciones del caso, archívese el expediente.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

(3) ART. 149.—Competencia del Consejo de Estado en única instancia.
El Consejo de Estado, en Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, por intermedio de sus secciones, subsecciones o salas especiales, con arreglo a la distribución de trabajo que la sala disponga, conocerá en única instancia de los siguientes asuntos:
(…)
3. De la nulidad del acto de elección del Presidente y el Vicepresidente de la República, de los Senadores, de los Representantes a la Cámara, de los Representantes al Parlamento Andino, del Alcalde Mayor de Bogotá, de los miembros de la junta directiva o consejo directivo de las entidades públicas del orden nacional, de los entes autónomos del orden nacional y de las comisiones de regulación.

(4) Por medio del cual se adopta el reglamento interno del Consejo de Estado. (modificado por el artículo 1º del Acuerdo 55 del 5 de agosto de 2003).

(5) Sentencia C-089 de 1994 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(6) “Por la cual se dicta el Estatuto Básico de los partidos y movimientos políticos, se dictan normas sobre su financiación y la de las campañas electorales y se dictan otras disposiciones”.

(7) Sentencia C-089 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.

(8) “Por la cual se adoptan reglas de organización y funcionamiento de los partidos y movimientos políticos, de los procesos electorales y se dictan otras disposiciones”.