Sentencia 2014-00119/2699-2015 de octubre 12 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Rad.: 27001-23-33-000-2014-00119-01 (2699-2015)

Consejero Ponente:

Dr. Gabriel Valbuena Hernández

Actor: Olga Elena Moreno Rentería

Demandados: departamento del Chocó y Dasalud en liquidación

Bogotá, D.C., doce de octubre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

Problema jurídico

En esta oportunidad la controversia se contrae a establecer si a la demandante le asiste el derecho a que Dasalud en liquidación le pague las cesantías definitivas de los años 2006 y 2007 al igual que la correspondiente sanción moratoria, no obstante la sustitución patronal que tuvo ocurrencia entre esa entidad y la ESE Salud Chocó.

A fin de desatar la controversia planteada inicialmente se hará alusión a la normativa que regula los temas concernientes tanto a las cesantías definitivas como a la sustitución patronal, para luego de la reseña de la documental que obra en el proceso, establecer si a la actora le asiste la razón en lo que pretende.

De las cesantías definitivas

Lo primero que se debe advertir es que la cesantía es una prestación social de carácter especial, en la medida en que se constituye en un ahorro forzoso que hizo el empleado y con el cual cuenta para el evento en el que quede inactivo laboralmente.

Pues bien, la Ley 50 de 1990 en el artículo 99(2) expresamente constituyó el régimen anualizado de liquidación de la cesantía, cuando en su numeral 1º señaló, que “El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo”.

En el numeral 2º ordenó la cancelación de los intereses legales del 12% anual o proporcional por fracción, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. En su numeral 3º fijó la sanción moratoria cuando no se efectúe de manera oportuna la consignación del auxilio en el fondo privado en el que se encontrara afiliado el trabajador, que consiste en el pago de un día de salario por cada día de retardo.

Por su parte, la Ley 244 de 1995(3) en el artículo 1º prescribe, que los servidores públicos de todos los órdenes, pueden solicitar la liquidación de las cesantías definitivas, debiendo la entidad expedir la resolución correspondiente. En su artículo 2º dispone para la entidad pública pagadora, un plazo máximo de 45 días hábiles para cancelar la prestación a partir de la fecha en que quede en firme el acto administrativo que ordena dicha liquidación.

Su parágrafo manda que en caso de mora en el pago de esas cesantías definitivas, la entidad obligada de sus propios recursos deberá reconocer y cancelar al beneficiario un día de salario por cada día de retardo hasta que su pago se haga efectivo, para lo que solo basta la acreditación de la no cancelación dentro del término legal previsto, y siempre que la mora en el pago no se produzca por culpa imputable al servidor.

Vale la pena resaltar, que este artículo incluido su parágrafo, fue posteriormente reiterado en su tenor literal por el artículo 5º de la Ley 1071 de 2006(4), norma reglamentaria de la Ley 244 de 1995.

De la sustitución patronal

El Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 67(5) señala que la sustitución patronal consiste en todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, que el mismo no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios(6); lo anterior con la finalidad de que los trabajadores no vean afectada su situación tanto laboral como prestacional, con ocasión del traspaso o la mutación en el dominio de una empresa(7). En su artículo 68(8) determina, que la sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes.

El artículo 69(9) al regular la responsabilidad de los empleadores expresamente ordena que el antiguo y el nuevo empleador responden solidariamente por las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquel y si el nuevo empleador las satisface puede repetir contra el antiguo.

Además establece que el anterior empleador puede acordar con todos o con cada uno de sus trabajadores el pago definitivo de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento de la sustitución como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda terminado el contrato de trabajo.

Si ese acuerdo no se celebra, el antiguo empleador debe entregar al nuevo el valor total de las cesantías en la cuantía en que esta obligación fuere exigible, suponiendo que los respectivos contratos hubieren de extinguirse por retiro voluntario en la fecha de sustitución, y de aquí en adelante queda a cargo exclusivo del nuevo empleador el pago de las cesantías que se vayan causando, “aun cuando el antiguo empleador no cumpla con la obligación que se le impone en este inciso”.

El nuevo empleador puede concertar con todos o cada uno de los trabajadores el pago definitivo de sus cesantías, “por todo tiempo servido hasta el momento de la sustitución, en la misma forma y con los mismos efectos de que trata el inciso 4º del presente artículo”.

Y el artículo 70(10) ordena que el antiguo y el nuevo empleador pueden acordar modificaciones de sus propias relaciones, pero los acuerdos no afectan los derechos consagrados en favor de los trabajadores en el artículo anterior.

De conformidad con estas normas es posible colegir que la figura de la sustitución patronal implica la existencia de las siguientes condiciones: i) el cambio de un empleador a otro; ii) la continuidad de la empresa; y iii) la continuación de los servicios del trabajador mediante el mismo contrato de trabajo; de manera que el empleado en forma directa le puede exigir al nuevo empleador el reconocimiento y pago de sus cesantías, que debe garantizarle en forma inmediata, sabiendo que puede repetir a su favor frente al antiguo por el valor total de los pagos que efectúe al empleado(11), en la medida en que no se alteran las relaciones laborales de los trabajadores, pues las mismas conservan su vigencia ante la responsabilidad solidaria entre el anterior empleador y el sustituto(12).

De lo acreditado en el proceso

Por medio de la Resolución 4585 de 19 de diciembre de 1995 la accionante fue nombrada en el cargo de auxiliar de enfermería del centro de salud de Lloró, del cual tomó posesión el 19 de diciembre de 1995 a través de Acta 131 (fls. 59 y 60).

A través de la Resolución 35355 de 24 de julio de 2006 se le reconoció la pensión de jubilación, porque adquirió el status pensional el 15 de marzo de 2004 (fls. 232 a 237).

El jefe de división gestión de talento humano de Dasalud, hizo constar que la demandante “prestó sus servicios en la entidad en el cargo de auxiliar de enfermería en el centro de salud de Lloró, desde el 25 de marzo de 1974 hasta el 31 de diciembre de 2007” (fl. 61).

El jefe de talento humano de la ESE Salud Chocó certificó que “laboró al servicio de esta entidad, desde el 1º de enero de 2008 al 15 de mayo de 2009” en el mismo empleo y en el mismo centro de salud (...)” (fl. 42).

El mandatario de la ESE Salud Chocó certificó que la actora laboró en dicha entidad a partir del 15 de enero de 2008 hasta el 15 de mayo de 2009 y que las cesantías correspondientes fueron reportadas ante el Fondo Nacional del Ahorro (fl. 274).

Las fotocopias de las planillas de pago expedidas por Dasalud en liquidación dan cuenta de su ingreso a dicha entidad desde el 25 de marzo de 1974 (fls. 45 a 49).

El 26 de marzo de 2008 fue suscrita acta de sustitución patronal entre Dasalud en liquidación y la ESE Salud Chocó, con fijación del 15 de enero de 2008 como fecha efectiva en la que operó dicha sustitución, en cumplimiento de sentencia de 4 de septiembre de 2007 emitida por el Juzgado 1 Administrativo del Chocó, en razón de la liquidación de la primera entidad; motivo por el cual, se dispuso el traslado del recurso humano que laboraba en los hospitales, centros y puestos de salud adscritos a dicho departamento de salud con destino a esa empresa social del Estado, y la demandante se encuentra incluida dentro del personal trasladado, tal como consta en la cláusula primera(13) (fl. 17).

En la cláusula segunda de dicha acta se estipuló que la referida empresa social del Estado asumiría y se obligaría a responder por la totalidad de las obligaciones laborales y las cesantías de los trabajadores oficiales y/o funcionarios públicos en cada uno de los fondos en los que se encontraran afiliados, especialmente el Fondo Nacional del Ahorro, que se generaran y/o causaren desde la fecha efectiva de la sustitución patronal(14).

Por su parte, en la cláusula tercera, Dasalud en liquidación se obligó a asumir todas las sanciones, recargos, liquidaciones, indemnizaciones o cualquier otro concepto distinto a los contemplados y regulados en los anteriores numerales, que se causen con posterioridad a la fecha efectiva pero que tengan origen en el no pago, en el retardo o en el incumplimiento total o parcial de las obligaciones causadas a su cargo antes de la fecha efectiva(15).

En la cláusula cuarta, Dasalud en liquidación en relación con los compromisos laborales, se obligó a pagar todos aquellos que se causaron antes de la fecha efectiva de la sustitución patronal, mientras que la ESE Salud Chocó se comprometió a asumir las mismas obligaciones que se hicieran exigibles con posterioridad a la fecha efectiva(16).

El 24 de febrero de 2009 la demandante radicó petición conjunta ante el agente interventor de Dasalud en liquidación en cuyo asunto especificó:

“Derecho de petición en interés general - requerimiento único de pago de cesantías - reiteración de la petición hecha el 11 de Diciembre del 2008, (sin respuesta).

“Los abajo firmantes en nuestra condición de extrabajadores del Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social, acogiéndonos al artículo 23 de la Constitución Nacional y demás normas concordantes artículo 5º y subsiguientes del Decreto 1 de 1984, acudimos a su despacho con nuestro acostumbrado respecto (sic) pero de pleno derecho para solicitarle se sirva autorizar a quién corresponda se nos haga efectivo el pago de las cesantías dejadas de transferir al Fondo Nacional del Ahorro, como servidores públicos y trabajadores de la ESE Salud Chocó durante los años 2004 hasta el año 2007, cuando nos encontramos adscritos a Dasalud - Chocó.

Teniendo en cuenta que nuestras cesantías no fueron transferidas por Dasalud - Chocó, durante los términos establecidos en el Decreto-Ley 244 de 1995, con el cual se fijaron términos para el pago oportuno de la cesantías para los servidores públicos, la entidad a su cargo, por haber incurrido en la violación de la mencionada ley, esta (sic) obligada pagarnos intereses de mora como sanción, es por ello que el pago peticionado debe hacérsenos con los respectivos intereses de mora (fls. 38 y 39)”.

No existe prueba que demuestre que esta entidad hubiera dado respuesta a la anterior petición.

En el extracto individual de cesantías que el Fondo Nacional del Ahorro expidió el 30 de septiembre 2014, se aprecia que a la demandante no se le realizaron abonos de cesantías en los años 2006, 2007 y 2008 (fls. 238-240).

Caso concreto

Según lo probado en el proceso es evidente que con ocasión de la liquidación de Dasalud, fue suscrita acta de sustitución patronal con sujeción a la normativa laboral que regula esta figura, entre dicha entidad y la ESE Salud Chocó, con efectos desde el 15 de enero de 2008.

Lo que se traduce en que se produjo un cambio de empleador, pues la ESE Salud Chocó en condición de entidad nominadora reemplazó a Dasalud en liquidación; existió continuidad de empresa, porque el objeto social en ambas entidades es el mismo y consiste en la prestación del servicio público de salud en el departamento del Chocó; y hubo continuidad en la prestación de los servicios por parte de la demandante en el cargo de auxiliar de enfermería en el centro de salud de Lloró, pues quedó incluida en el acta de sustitución que contiene la lista de los empleados públicos y los trabajadores oficiales adscritos a Dasalud en liquidación que pasaron a formar parte de la ESE Salud Chocó.

Ahora bien se debe precisar que aunque es cierto que la accionante trabajó al servicio de Dasalud en liquidación hasta el 31 diciembre de 2007 y que el pago de las cesantías correspondientes a los años 2006 y 2007 corría por cuenta de dicha entidad, pero no lo hizo, y que por tanto tal obligación le asistía a la ESE Salud Chocó en forma directa como responsable solidaria, según lo estipulado por el artículo 69 del Código Sustantivo del Trabajo, el numeral 4º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y el acuerdo de sustitución patronal que celebró; no puede perderse de vista que la demandante solicitó en forma directa ante Dasalud en liquidación el pago de esas cesantías, de manera que en atención a lo establecido por el artículo 1568 del Código Civil(17), si una obligación solidaria puede exigirse a cada uno de los deudores, se tiene que le asiste la razón al a quo cuando ordenó a esta última entidad que procediera al pago de esas cesantías.

En cuanto a los intereses de las cesantías, igualmente le corresponde a Dasalud en liquidación a título de restablecimiento del derecho, consignar a favor de la actora los correspondientes a los años 2006 y 2007, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

Pero, en atención a que ya se encuentra disfrutando de su pensión de jubilación tal como ella lo afirma y como se corrobora con la Resolución 35355 de 24 de julio de 2006, en la que se le reconoció dicha prestación por haber adquirido el status pensional el 15 de marzo de 2004, se ordena que Dasalud en liquidación proceda a efectuar la consignación respectiva en la cuenta bancaria individual de la demandante, según ella se lo informe previo requerimiento que al respecto dicha entidad le haga en tal sentido.

Acerca de la sanción moratoria es necesario señalar, que si el vínculo de trabajo terminó definitivamente el 15 mayo de 2009 como lo hizo constar la entidad empleadora, y tal situación era la que le otorgaba a la demandante el derecho al pago de sus cesantías definitivas, al haber radicado el 24 de febrero de 2009 la petición relacionada con su reconocimiento y pago, aún no le asistía tal derecho; porque es evidente que para esta última fecha no había culminado su relación laboral, y tal como quedó visto cuando de sustitución patronal se trata, dicha relación no se extingue con la sustitución sino con ocasión de la finalización del vínculo respecto del último empleador. De manera que, una petición presentada antes de que surja el derecho no puede generar efectos sancionatorios.

En lo que concierne a la dotación que la accionarte insiste se le adeuda, se hace necesario reiterar lo señalado por el tribunal, en el sentido de que en la petición que dio lugar al acto ficto demandado no fue solicitado el reconocimiento y pago de tal concepto; de manera que si la administración no tuvo la oportunidad de pronunciarse al respecto, no se agotó el requisito de .procedibilidad que habilite ventilar la referida petición ante esta jurisdicción.

Además, según aparece comprobado en el expediente a folio 69, el 19 de diciembre de 2011 la actora suscribió con Dasalud en liquidación un acuerdo de pago con relación a los dineros que se le adeudan “por concepto de dotaciones con sus intereses e indexación entre los años 1993 hasta 2007, (...) las partes acuerdan realizar el pago en tres contados del 33.3% c/u el primer contado a la firma del acuerdo y los restantes contados en un plazo inferior a 60 días”.

Así, si aún no le ha sido reconocido lo adeudado por este concepto, bien puede iniciar el proceso ejecutivo ante la autoridad correspondiente con fundamento en el referido acuerdo.

Y en cuanto a la condena en costas que la accionante solicita con respecto a la parte demandada, solo resta por decir que de conformidad con los numerales 1º y 3º del artículo 365 del CGP, a quien debe imponérsele la referida condena es a la parte vencida en el juicio, que en este asunto es precisamente la demandante, además de que el recurso de alzada que interpuso le fue resuelto en forma desfavorable y la parte demandada no intervino en la segunda instancia.

En conclusión, se adicionará la sentencia impugnada solo en el sentido de que a título de restablecimiento del derecho, igualmente le corresponde a Dasalud en liquidación realizar las gestiones administrativas a que haya lugar, para consignar a favor de la actora los intereses a las cesantías correspondientes a los años 2006 y 2007, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión en la cuenta bancaria que la misma le informe. En lo demás será confirmada, sin que pueda entenderse que estas órdenes impliquen el derecho al pago de la sanción moratoria porque como se indicó, la petición de pago de cesantías definitivas, se presentó antes de que efectivamente concluyera la relación laboral.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. ADICIÓNASE la sentencia de 26 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo Oral del Chocó dentro del proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Olga Elena Moreno Rentería, en el sentido de que a título de restablecimiento del derecho, Dasalud en liquidación debe consignar a su favor en su cuenta bancaria los intereses a las cesantías correspondientes a los años 2006 y 2007, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de esta decisión.

2. CONFIRMASE en lo demás a sentencia de 26 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo Oral del Chocó, dentro del proceso que en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió la señora Olga Elena Moreno Rentería.

3. Sin condena en costas en la instancia.

Reconózcase personería a la doctora Jelly Yiverling Sánchez Moreno con tarjeta profesional 225. 240 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderada del Departamento Administrativo de Salud del Chocó - Dasalud en liquidación en los términos y para los fines del poder general obrante a folios 331 y 332.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».

2 Ley 50 de 1990. ART. 99—“El nuevo régimen especial del auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características: 1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo. 2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente. 3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada día de retardo. 4ª. Si al término de la relación laboral existieron saldo de cesantía, a favor del trabajador que no hayan sido entregados al fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. 5ª. Todo trabajador podrá trasladar su saldo de un fondo de cesantía a otro de la misma naturaleza. El Gobierno fijará el procedimiento que deba seguirse para el efecto. [...]”.

3 Ley 244 de 1995. “Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.

4 Ley 1071 de 2006. “Por medio de la cual se adiciona y modifica la Ley 244 de 1995, se regula el pago de las cesantías definitivas o parciales a los servidores públicos, se establecen sanciones y se fijan los términos para su cancelación”.

5 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo. 67. “Definición. Se entiende por sustitución de empleadores todo cambio de un empleador por otro, por cualquier causa, siempre que subsista la identidad del establecimiento, es decir, en cuanto este no sufra variaciones esenciales en el giro de sus actividades o negocios”.

6 La Corte Constitucional, en Sentencia T-395 de 2001, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra consideró que “En la legislación colombiana, se estableció la sustitución patronal desde 1935 (artículo 27 del decreto 652 de tal año), reglamentario de la Ley 10 de 1934, que dijo: “Para los efectos de la ley que se reglamenta, se considerará como una misma empresa, la que haya conservado en sus líneas generales el mismo giro del negocio u ocupaciones con las variaciones naturales del progreso, ensanche o disminución, aun cuando hubiere cambiado de nombre, patrono o dueño”. Posteriormente, el inciso 3º del artículo 8º de la Ley 6ª de 1945 estatuyó que la sola sustitución del patrono no extingue los contratos de trabajo. Esta ley fue desarrollada por el Decreto 2127 de 1945 que en su artículo 53 definió la sustitución de patronos como “toda mutación del dominio sobre la empresa o negocio o de su régimen de administración sea por muerte del primitivo dueño, o por enajenación a cualquier título, o por transformación de la sociedad empresaria o por contrato de administración delegada o por otras causas análogas. Posteriormente se expidió la Ley 64 de 1946 en el mismo sentido [...]”.

7 Al respecto consultar sentencia de la Sección Tercera de la corporación de 5 de marzo de 2015, rad.: 35.629, demandante: Marco Fidel Reales Tejada, demandado: Nación, Consejo Superior de la Judicatura, y de la Corte Constitucional Sentencia T-768 de 2005.

8 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo. 68. “La sola sustitución de patronos no extingue, suspende ni modifica los contratos de trabajo existentes”.

9 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo. 69. “Responsabilidad de los empleadores. 1. El antiguo y el nuevo empleador responden solidariamente las obligaciones que a la fecha de la sustitución sean exigibles a aquel, pero si el nuevo empleador las satisfaciere, puede repetir contra el antiguo. 2. El nuevo empleador responde de las obligaciones que surjan con posterioridad a la sustitución. 3. En los casos de jubilación, cuyo derecho haya nacido con anterioridad a la sustitución, las pensiones mensuales que sean exigibles con posterioridad a esa sustitución deben ser cubiertas por el nuevo empleador, pero este puede repetir contra el antiguo. 4. El antiguo empleador puede acordar con todos o con cada uno de sus trabajadores el pago definitivo de sus cesantías por todo el tiempo servido hasta el momento de la sustitución, como si se tratara de retiro voluntario, sin que se entienda terminado el contrato de trabajo. 5. Si no se celebrare el acuerdo antedicho, el antiguo empleador debe entregar al nuevo el valor total de las cesantías en la cuantía en que esta obligación fuere exigible suponiendo que los respectivos contratos hubieren de extinguirse por retiro voluntario en la fecha de sustitución, y de aquí en adelante queda a cargo exclusivo del nuevo empleador el pago de las cesantías que se vayan causando, aun cuando el antiguo empleador no cumpla con la obligación que se le impone en este inciso. 6. El nuevo empleador puede acordar con todos o cada uno de los trabajadores el pago definitivo de sus cesantías, por todo tiempo servido hasta el momento de la sustitución, en la misma forma y con los mismos efectos de que trata el inciso 4º del presente artículo. [...]”.

10 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo. 70. “[...] El antiguo y el nuevo empleador pueden acordar modificaciones de sus propias relaciones, pero los acuerdos no afectan los derechos consagrados en favor de los trabajadores en el artículo anterior [...]”.

11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, sentencia de 24 de enero de 1990; Corte Constitucional, Sentencia T-205 de 2006, Magistrado Ponente Jaime Araújo Rentería; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia 11 de septiembre de 2017, rad.: 0890-2015, demandante: Cleofe Visitación Ibargüen Moreno, demandado: departamento del Chocó y el Departamento Administrativo de Salud y Seguridad Social del Chocó en liquidación, Consejero Ponente: William Hernández Gómez.

12 Consejo de Estado sentencia de 24 de octubre de 2012, rad.: 2411-11, demandante: Fabio Soler Sánchez, demandado: Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría de Educación, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. En esta providencia se consideró: “[...] Ha sido pacífica la jurisprudencia de esta corporación, con apoyo en la normatividad aludida, que la sustitución patronal no altera las relaciones laborales de los trabajadores consignadas en la ley, los contratos individuales, o en las convenciones o pactos colectivos, los cuales conservan su vigencia plena haciendo responsables solidariamente ante los trabajadores a los dos patronos, anterior y sustituto y que las disposiciones más favorables, lo mismo que las convenciones y decisiones arbitrales, se aplican de preferencia (Sala de Consulta y Servicio Civil, rad.: 699, consulta del 28 de junio de 1995, Consejero Ponente Doctor Luis Camilo Osorio Isaza)”12.

13 “Cláusula primera. Sustitución patronal. Dasalud Chocó y la ESE Salud Chocó acuerdan y reconocen que, a partir de la fecha efectiva opera entre las partes la sustitución patronal de todas las obligaciones laborales, legales y extralegales, de conformidad con las normas laborales, respecto de los siguientes empleados públicos y trabajadores oficiales: [...] Centro de salud Lloró [...] Olga Elena Moreno de LL.”.

14 “Cláusula segunda. Obligaciones laborales asumidas por la ESE Salud Chocó. La ESE Salud Chocó asume y se obliga a responder por la totalidad de las obligaciones de carácter laboral a favor de los trabajadores que se generen y/o causen a partir de la fecha efectiva; y a realizar la afiliación de manera inmediata de los empleados al sistema integral de seguridad social como son: pensiones, salud, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y aportes parafiscales y/o reportar el cambio patronal. De igual manera se procederá en lo concerniente a las cesantías de cada uno de los trabajadores oficiales y/o funcionarios públicos, en cada uno de los fondos en que se encuentren afiliados, especialmente al Fondo Nacional del Ahorro”.

15 “Cláusula tercera. Obligaciones laborales asumidas por Dasalud Chocó, Dasalud Chocó asume la totalidad de las obligaciones de carácter laboral, incluyendo mesadas pensionales, resultantes de las normas laborales aplicables que se hayan generado y/o causado hasta la fecha efectiva. Las transferencias o aportes parafiscales que se hayan generado y/o causado antes de la fecha efectiva, incluyendo los aportes por concepto de seguridad social, cajas de compensación social, cajas de compensación, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Las tasas, impuestos y contribuciones que resulten de las normas laborales aplicables, que se hayan causado con anterioridad a la fecha efectiva. Todas las sanciones, recargos, liquidaciones, indemnizaciones o cualquier otro concepto distinto a los contemplados y regulados en los anteriores numerales que se causen con posterioridad a la fecha efectiva pero que tengan origen en el no pago, en el retardo o en el incumplimiento total o parcial de las obligaciones causadas a cargo de Dasalud Chocó antes de la fecha efectiva”.

16 “Cláusula cuarta. Pago de las obligaciones laborales. Dasalud Chocó, se obliga a pagar todas las obligaciones laborales de los empleados que, de acuerdo con las normas laborales aplicables, sean exigibles a antes (sic) e la fecha efectiva. La ESE Salud Chocó se obliga, por su parte, a hacer el pago por su propia cuenta, de todas las obligaciones laborales, que de acuerdo con las normas laborales aplicables, se hagan exigibles a favor e (sic) los empelados después de la fecha efectiva”.

17 Código Civil. Artículo 1568. “Definición de obligaciones solidarias. En general cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores, en el primer caso, es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda, y cada uno de los acreedores, en el segundo, sólo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención, del testamento o de la ley puede exigirse a cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda, y entonces la obligación es solidaria o in solidum. La solidaridad debe ser expresamente declarada en todos los casos en que no la establece la ley”.