Sentencia 2014-0132 de julio 3 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

STC8752-2014

Rad.: 11001-02-03-000-2014-01323-00

Magistrada Ponente:

Dra. Margarita Cabello Blanco

(Aprobado en sesión de dos de julio de dos mil catorce)

Bogotá, D. C., tres de julio de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación “con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad a tal punto que estructure ‘vía de hecho’”, y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y de que “no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo” (ver entre otras, CSJ STC, 3 de mar. 2011, Rad. 00329-00).

2. El actor cuestiona, en concreto, las providencias de 29 de enero y 10 de marzo de 2014, por medio de las cuales el juzgado y el tribunal encartados, respectivamente, negaron la solicitud de libertad provisional.

3. Del examen de las pruebas se desprende que:

3.1. La jueza acusada en el proveído atacado, advirtió, en primer lugar, que “como bien lo señala el petente, su situación ni se enmarca en las causales previstas en el artículo 365 de la Ley 600 de 2000 para demandar la libertad provisional. En concreto, porque la audiencia de juzgamiento inició y feneció con sentencia condenatoria, sin que la misma esté ejecutoriada. Se debe acudir entonces, como lo ilustra con suficiencia el acusado, al criterio de razonabilidad”.

A la par señaló que “la definición de la garantía del plazo razonable, fue elaborada por tribunales internacionales, partiendo del derecho de toda persona vinculada a una investigación, “a ser oída, con las debidas garantías, dentro de un plazo razonable por un tribunal o juez imparcial, competente o independiente”...; y que la jurisprudencia de cara al derecho de los sujetos a que un Estado adelante sin dilaciones injustificadas los procesos que están a su cargo, fijó estos parámetros: “(i) la complejidad del asunto, (ii) la actividad procesal del interesado, (iii) la conducta de las autoridades judiciales y (iv) el análisis global de procedimiento”.

Seguidamente adujo que “esa complejidad que reconoce el petente, deviene de la magnitud de los hechos cuestionados, la entidad del debate probatorio no sólo en la construcción de los juicios de valoración conforme a la sana crítica; en las estrategias ejecutadas por la defensa, en la respuesta a los requerimientos de los sujetos procesales que han promovido diversos problemas jurídicos, y en general, la juiciosa labor que conlleva una solución armónica a esos planteamientos, entre otros”.

Remarcó que “el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia emitida el 9 de junio de 2010, fue desatado aproximadamente 20 meses después, interponiéndose el recurso extraordinario de casación, ingresando para su resolución por parte de la H. Corte Suprema de Justicia, el 8 de mayo de 2012, luego, hasta ahora se asoma que ha transcurrido un lapso similar frente a una decisión de importantes alcances jurídicos; pero, sobre todo, con trascendental repercusión para la sociedad colombiana, en tanto se trata del órgano jurisdiccional de cierre, cuyas providencias marcan los derroteros del ordenamiento jurídico” (191 a 198).

3.2. El tribunal encartado confirmó tal determinación por considerar que “la ley colombiana no establece un término para esta eventualidad. Por consiguiente, debe el juzgador “acudi[r] a la concepción jurisprudencial que sobre plazo razonable ha sido expuesta. Al respecto, la jurisprudencia interamericana, siguiendo a su par europea de derechos humanos, estima que la razonabilidad del plazo depende de tres aspectos a saber: a) complejidad del asunto. b) actividad procesal del interesado. c) conducta de las autoridades judiciales”.

Al respecto precisó que en torno a la primera exigencia (complejidad del asunto), “el impugnante reconoce que este particular asunto complejo, pero estima que el paso del tiempo no borrará tal condición, de manera que no puede permanecer a perpetuidad en detención preventiva; sin embargo, “los escollos propios del proceso deben ser analizados en conjunto con la tercera exigencia”.

Parejamente señaló que en cuanto al segundo requisito (actividad del interesado), según consulta de la página web de la Rama Judicial, “la interposición, totalmente legítima, del recurso extraordinario de casación por la representación del coronel Plazas Vega, explica la duración del trámite al menos hasta el instante en que la demanda de casación fue declarada ajustada por la Corte Suprema de Justicia. Esta decisión, como figura en la consulta que se adjunta a esta providencia, fue emitida el 23 de agosto de 2012, vale decir, hace un año y medio. Hasta ese momento no podría sostenerse una desidia del aparato judicial violatoria de la garantía de plazo razonable, pues el lapso transcurrido entre la fecha de la sentencia de segunda instancia, y el auto de trámite en comento se explica por la actividad de una de las partes”.

Seguidamente, en torno a la tercera exigencia (conducta de las autoridades judiciales), advirtió que “el 5 de febrero del año pasado, culminó un trámite insustituible en el recurso de casación, como fue la recepción del concepto del Ministerio Público. A partir de allí, como se detalla en la multiplicidad de constancias que el referido reporte muestra, la Corte ha tenido que abordar el estudio de un voluminoso expediente, compuesto por 237 cuadernos, más un libro, cadenas de custodia y al menos 136 discos compactos”.

A continuación indicó que “si bien desde esa calenda hasta el presente ha pasado un poco más de un año, no puede (sic) podemos pretermitir, como hecho notorio, la multiplicidad de tareas que en forma simultánea la Constitución y la ley le han asignado al alto tribunal”. Por consiguiente, se estima que “aún con el lapso transcurrido a la fecha, el plazo judicial tomado para resolver es aun razonable” (fls. 206 a 217).

3.3. El 2 de mayo de 2014, dicha colegiatura, negó la solicitud de “nulidad” del auto anterior, elevada por el gesto al advertir, de un lado, que interpuesto un recurso, y resuelto este, “no es admisible volver a plantear idéntica inconformidad ante la misma autoridad que ya resolvió la cuestión, pues de lo contrario, por esta vía, el trámite sería interminable”; y de otro, que “es inexacto, por tanto, considerar nula una decisión judicial por supuesto desconocimiento del sustento fáctico, cuando los hechos que lo conforman han sido apreciados por la autoridad judicial, si bien con una preceptiva, diferente a la del solicitante” (fls. 218 a 222).

4. Examinadas las providencias censuradas; mediante las cuales los juzgadores acusados determinaron que no era posible otorgar la “libertad provisional” del actor, observa la Corte que dicha determinación responde a unos criterios jurídicos que, independientemente de que se prohíjen, no pueden catalogarse de absurdos o antojadizos, toda vez que los argumentos expuestos gozan de un aceptable grado de razonabilidad y coherencia, que la distancian del defecto endilgado, pues están amparados en la situación fáctica del asunto y en la interpretación de la jurisprudencia, particularmente, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

5. Reiteradamente ha sostenido la Sala, que al juez de tutela le está vedado inmiscuirse en ese análisis tanto fáctico como jurídico, para entrar reexaminar sin reatos la prueba en que se basó la decisión cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podría interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicción cuya independencia y autonomía tiene su origen en nítidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (artículos 113, 228 y 230 de la Carta Política).

6. Frente a la queja que involucra a la Sala de Casación Penal por la supuesta tardanza en desatar el recurso extraordinario de casación interpuesto por el actor contra la sentencia condenatoria de segundo grado, cabe advertir que la doctrina asentada sobre el particular determina que las situaciones de “mora judicial” que abren paso a este excepcional medio de resguardo constitucional, son aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto “de un comportamiento desidioso, apático o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando esta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas” (CSJ STC abr. 29 2011, Rad. 00094-01, reiterado, entre otros, en CSJ STC sep. 17 2013, Rad. 00168-02).

7. En este orden de ideas, si bien el aludido medio impugnaticio extraordinario, aún no se ha desatado, lo cierto es que ello obedece, como lo reseñó tribunal a que “la Corte ha tenido que abordar el estudio de un voluminoso expediente, compuesto por 237 cuadernos, más un libro, cadenas de custodia y al menos 136 discos compactos”, aunado a los múltiples asuntos que debe despachar; amén que, según lo informó, el magistrado ponente, “después de haber rendido la Procuraduría Tercera Delegada para la casación penal el concepto de rigor, en la actualidad se encuentra en proceso de elaboración el proyecto que será presentado a consideración de la Sala”. Infiérese, subsecuentemente, que la demora no ha sido injustificada.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la tutela solicitada.

Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y, en caso de no ser impugnada, oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese».