Sentencia 2014-00141/1537-2015 de julio 14 de 2016

CONSEJO DE ESTADO 

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

Exp.: 70-001-23-33-000-2014-00141-01

Número Interno.: 1537-2015

Consejero Ponente:

Dr. William Hernández Gómez

Medio de control: Nulidad y Restablecimiento del Derecho

Actor: Norman José Garrido Barreto

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP

Bogotá D.C., catorce de julio del dos mil dieciséis

1. Asunto.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, decide el recurso de apelación formulado por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones de la demanda.

2. Antecedentes.

El señor Norman José Garrido Barreto en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 del CPACA, demandó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, en adelante, UGPP.

2.1. Pretensiones.

El demandante solicitó que se declarara la nulidad de las Resoluciones RDP 004562 de 11 de febrero de 2014, mediante la cual se negó la reliquidación de una pensión de jubilación y RDP 010228 de 26 de marzo de 2014 que resolvió un recurso de apelación expedidas por la UGPP.

A título de restablecimiento, solicitó reliquidar la pensión con base en el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, es decir, con el equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, con inclusión de todos los factores salariales que en forma permanente devengó durante el último año de servicios, sumas reajustadas con base en el IPC y que se le reconozcan los intereses moratorios.

2.2. Fundamentos Fácticos.

Mediante Resolución 010700 de 25 de septiembre de 1995 expedida por Cajanal EICE (hoy sucedida por la UGPP), se le reconoció pensión de jubilación a partir del 5 de diciembre de 1994 por ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, es decir, liquidada con el 75% del promedio de lo devengado durante los últimos 8 meses y 5 días laborados y teniendo como ingreso base de liquidación la asignación básica, la bonificación por servicios prestados, la prima de antigüedad y la prima técnica.

Indicó que por haber acreditado el retiro del servicio la pensión fue reliquidada mediante Resolución 009642 de 1996, sin incluir todos los factores devengados desde el 1 de abril de 1994 hasta el 30 de diciembre de 1995, por lo cual, solicitó que se tuvieran en cuenta como factores salariales el incentivo de localización, vacaciones en dinero, prima de vacaciones, prima semestral, prima de navidad y quinquenio.

A través de los actos demandados la UGPP negó la reliquidación solicitada por considerar que de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para efectos de liquidar las pensiones de aquellas personas que se encuentran beneficiados por el régimen de transición, se debe tener en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, teniendo en cuenta los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, el cual no contempla los solicitados.

2.3. Normas violadas y concepto de violación (folios 3 a 7).

En la demanda se citan los artículos 1º, 2º, 4º, 13, 25, 29, 46, 48, 53, 58 y 93 de la Constitución Política; los artículos 36 de la Ley 100 de 1993 y 1º de la Ley 33 de 1985; Ley 62 de 1985 y jurisprudencia del Consejo de Estado.

Como concepto de violación expuso que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional(1) se debe proteger el régimen de transición pensional de los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos para el mismo, toda vez que se consolida una situación jurídica concreta que no puede ser desconocida, esto es, un derecho adquirido.

Así mismo, consideró que el Consejo de Estado en sentencia de unificación(2) señaló que el ingreso base de liquidación de las pensiones de las personas que se encuentran en el régimen de transición y que por ello se les aplica la Ley 33 de 1985, es el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios, y no el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, consagrado en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, lo que vulnera el principio de inescindibilidad de la ley laboral y el régimen de transición.

Además que los factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, no son taxativos, sino enunciativos, por lo tanto, no puede haber discusión en que si existen otros factores que reciba el trabajador en forma habitual o periódica como contraprestación de sus servicios, estos deben incluirse.

2.4. Contestación de la demanda (folios 102 a 106).

La demandada se opuso a las pretensiones por considerar que para el 1º de abril de 1994 (fecha en que cobra vigencia el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones) el señor Norman José Garrido Barreto no había consolidado derecho pensional alguno, partiendo del hecho de que hasta ese momento el actor tan sólo acreditaba el tiempo mínimo de servicios, faltándole por tanto la edad, por lo que tan solo contaba con una mera expectativa.

Señaló que según la Ley 100 de 1993, todas aquellas personas que no tuvieran un derecho adquirido antes de su entrada en rigor, automáticamente quedaron cobijados por esa disposición y por el Decreto 1158 de 1994.

Propuso como excepciones: i) inexistencia de la obligación y ii) prescripción trienal.

2.5. Sentencia apelada (folios 131 a 140).

El a quo decretó la nulidad de los actos demandados por considerar que el actor se encontraba cobijado por el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, al tener más de 40 años cuando entró en vigencia el Sistema General de Pensiones y por haber prestado sus servicios al Instituto Colombiano Agropecuario por más de 20 años.

En cuanto a la reliquidación del monto pensional y los factores de liquidación, sostuvo que de acuerdo con el precedente jurisprudencial fijado por la Sección Segunda de esta corporación en la sentencia de 4 de agosto de 2010, M.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila, debían tenerse en cuenta todos los factores salariales devengados por el trabajador durante el último año de prestación de servicios, y efectuarse los descuentos por aportes sobre los factores que no hayan sido objeto de la deducción legal.

Incluyó como factores salariales, el incentivo de localización, por tener como causa el servicio prestado en un sitio determinado, la prima de vacaciones, la prima semestral, la prima de navidad y el quinquenio de manera proporcional, sin tener en cuenta las vacaciones en dinero por no constituir factor salarial.

Ordenó pagar al demandante las diferencias de las mesadas pensionales dejadas de percibir con el reconocimiento realizado en la sentencia, descontar de la liquidación final el valor correspondiente a los aportes, de conformidad con el artículo 99 del Decreto 1848 de 1969, con la correspondiente indexación y decretó probada la prescripción trienal de las mesadas causadas con anterioridad al 13 de junio de 2011.

2.6. Recurso de apelación (folios 151 a 156).

El apoderado de la UGPP, reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda, en especial, que de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para efectos de liquidar las pensiones de aquellas personas que se encuentran beneficiados por el régimen de transición, se debe tener en cuenta el promedio de lo devengado en los últimos 10 años, teniendo en cuenta los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, el cual no contempla como factores los solicitados, tal como lo señala la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia.

2.7. Alegatos de conclusión.

Parte demandada (folio 197).

Solicitó se aplique el precedente preferente de la Corte Constitucional contenido en la Sentencia C- 258 de 2013 que fijó el criterio de interpretación para la liquidación de las pensiones de régimen de transición conforme a las reglas del inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, así como en la SU- 230 de 2015.

Las demás partes guardaron silencio.

2.8. Concepto del Ministerio Público (folios 178 a 203 vuelto).

La Procuradora Segunda Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por considerar que el demandante se encuentra cobijado por el régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993, pues para su entrada en vigencia tenía más de 40 años de edad y más de 750 semanas, por lo cual se debe aplicar la Ley 33 de 1985 en su integridad y para la liquidación de la pensión se deben tener en cuenta la totalidad de los factores que constituyen salario, sumas que habitual y periódicamente recibe el trabajador como contraprestación por sus servicios.

3. Consideraciones de la Subsección.

3.1. Competencia.

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(3), el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto.

3.2. Cuestión previa.

Si bien es cierto de conformidad con lo señalado en el artículo 18 de la Ley 446 de 1998(4), los asuntos se decidirán según el orden cronológico de entrada para fallo, en el presente caso, a pesar que según constancia secretarial que obra a folio 204 entró para fallo el 13 de noviembre de 2015, por tratarse de un derecho pensional de una persona de la tercera edad (75 años) de especial protección constitucional y que además superó la edad promedio de esperanza de vida en Colombia, se exceptuará la aplicación de la normativa citada y se dará prelación al mismo para su decisión.

3.3. Problema jurídico.

Corresponde a la Subsección determinar si es procedente la reliquidación de la pensión de jubilación del demandante con inclusión de todos los factores salariales devengados en el último año de servicios en los términos de la Ley 33 de 1985, por ser beneficiario del régimen de transición consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y para el efecto, se resolverá el siguiente problema jurídico:

¿Es procedente aplicar de manera conjunta para la reliquidación pensional, el régimen de la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad y tiempo y a su vez la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 para determinar el ingreso base de liquidación y los factores salariales aplicables?

Para dar respuesta a lo anterior, la Subsección se pronunciará sobre los siguientes aspectos: (i) Régimen de transición de la Ley 100 de 1993. (ii) Ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación y sus factores de liquidación (iii) Alcances de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional. (iv) Caso concreto.

3.3.1. Régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

El régimen de transición contemplado en el artículo 36 la Ley 100 de 1993, dispone que las personas que al momento de entrar en vigencia el sistema tuvieran: 1) treinta y cinco (35) años o más de edad si son mujeres o cuarenta (40) años o más de edad si son hombres, o 2) quince (15) o más años de servicios cotizados, debía aplicárseles el régimen anterior, esto es, entre otros el consagrado en la Ley 33 del 29 de enero de 1985, artículo 1º(5), cuyas excepciones para su aplicación se consagraban en la misma norma y que se resumen en las siguientes:

1) Los empleados oficiales que trabajaran en actividades que por su naturaleza justificaran la excepción que la ley haya determinado expresamente, y aquellos que por ley disfruten de un régimen especial de pensiones.

2) Los empleados oficiales que a la fecha de la presente ley hubieran cumplido quince (15) años continuos o discontinuos de servicio, a quienes se continuarán aplicando las disposiciones sobre edad de jubilación que regían con anterioridad a la ley.

3) Los empleados oficiales que con veinte (20) años de labor continua o discontinua, se hallaran retirados del servicio, quienes tendrían derecho cuando cumplieran cincuenta (50) años de edad, si eran mujeres, o cincuenta y cinco (55) si eran varones, a una pensión de jubilación que se reconocería y pagaría de acuerdo con las disposiciones que regían al momento de su retiro.

4) Los empleados oficiales que a la fecha de vigencia de la ley hubieran cumplido los requisitos para obtener la pensión de jubilación, quienes continuarán rigiéndose por las normas anteriores a ella.

3.3.3. Ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación y sus factores de liquidación.

El artículo 3º de la citada ley, señaló los factores salariales que deben servir para determinar la base de liquidación de los aportes, disposición que fue modificada por el artículo 1º de la Ley 62 de 1985, consagrando los siguientes: asignación básica, gastos de representación, primas de antigüedad, técnica, ascensional y de capacitación, dominicales y feriados, horas extras, bonificación por servicios prestados y trabajo suplementario o realizado en jornada nocturna o en día de descanso obligatorio.

Inicialmente esta corporación consideró que no era posible la inclusión de factores salariales diferentes a los dispuestos en las citadas leyes por expresa definición del legislador. No obstante, en sentencia de unificación, la Sala Plena de la Sección Segunda de esta corporación(6), señaló que en aras de garantizar los principios de igualdad material, primacía de la realidad sobre las formalidades, progresividad y favorabilidad en materia laboral, debía incluirse en la base de liquidación de la pensión, la totalidad de lo devengado por el empleado por concepto de salario.

Ello, porque el artículo 3º de la Ley 33 de 1985, modificado por la Ley 62 del mismo año, no alude de manera taxativa, sino enunciativa, a los factores salariales que se deben incluir en la liquidación de la pensión de jubilación, y, por tanto, al momento de efectuar el reconocimiento pensional se deben incluir además aquellos “que se cancelen de manera habitual como retribución directa del servicio(7)”.

En este punto, esta corporación en reiterada jurisprudencia(8) ha señalado que el régimen de transición no hace excepción respecto de los factores base de liquidación de la pensión ni de la forma de liquidar la misma, toda vez que como lo dispone el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, el monto de la pensión para sus beneficiarios es el establecido en las normas anteriores a su entrada en vigencia, entendiendo por monto no sólo el porcentaje de la pensión, sino la base de dicho porcentaje.

3.3.4. Alcances de las sentencias C-258 de 2013 y SU-230 de 2015 de la Corte Constitucional.

La Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia de unificación jurisprudencial(9), se pronunció recientemente sobre los alcances de la Sentencia SU-230 de 2015, por considerar que dicha sentencia avaló la interpretación que tiene la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto a las competencias que corresponden a la jurisdicción ordinaria para liquidar la pensión de jubilación con el promedio de los últimos 10 años de servicios de conformidad con el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

No obstante, la Corte no se refirió a las competencias de la jurisdicción contencioso administrativa, que conoce de los regímenes especiales del sector público en materia pensional, “[…] de cuyos múltiples regímenes normativos especiales de pensiones, en virtud del régimen de transición pensional, la Corte Constitucional ha tenido oportunidad de referirse específicamente a las interpretaciones acerca del monto de las pensiones de transición por parte de esta jurisdicción y las ha considerado ajustadas a la Constitución y a la ley, con excepción de las pensiones del régimen de Congresistas y asimilados al mismo, precisamente en virtud de la Sentencia C-258 de 2013 […]”.

Esta Sección señaló en la providencia de unificación que la Sentencia C-258 de 2013, no constituye precedente para extender la interpretación que allí se dispuso a la generalidad de las pensiones del régimen de transición, en tanto que los argumentos de la sentencia de constitucionalidad se limitaban a las normas de la Ley 4º de 1992 artículo 17 y no a la interpretación de múltiples normas jurídicas en que se ha sustentado la liquidación de las pensiones del régimen de transición de los regímenes especiales del sector público.

En las anteriores condiciones, se determinó que “[…] el criterio invariable de esta Corporación, sostenido en forma unánime por más de veinte años, ha sido y es que el monto de las pensiones del régimen de transición pensional del sector oficial comprende la base (generalmente el ingreso salarial del último año de servicios) y el porcentaje dispuesto legalmente (que es por regla general el 75%). La única excepción a este criterio la constituyen las pensiones de Congresistas y asimilados, regidas por la Ley 4ª de 1992, en virtud de la cosa juzgada constitucional establecida en la Sentencia C-258 de 2013, pues conforme a la parte resolutiva de la referida sentencia de control constitucional, “las reglas sobre ingreso base de liquidación (IBL), aplicables a todos los beneficiarios de este régimen especial, son las contenidas en los artículos 21 y 36, inciso tercero, de la Ley 100 de 1993, según el caso […]”.

3.3.5. Caso concreto.

De conformidad con lo señalado en acápites anteriores, es claro para la Subsección que en el presente asunto no está en discusión que el señor Norman José Garrido Barreto se encuentra en el régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, toda vez, que mediante Resolución 10700 de 25 de septiembre de 1995 expedida por Cajanal EICE (folios 33 a 36) le fue reconocida pensión de jubilación teniendo en cuenta la edad y el tiempo establecido en la Ley 33 de 1985 e incluyó como factores la asignación básica, bonificación por servicios, prima técnica e incrementos o prima por antigüedad, lo anterior de conformidad con el Decreto 1158 de 1994.

Igualmente, esta pensión fue reliquidada mediante Resolución 9642 de 1996 (folios 37 a 40 vuelto) con el 75% del promedio de lo devengado del 1 de abril de 1994 hasta el 5 de diciembre de 1995 por haber acreditado el retiro del servicio.

Mediante la Resolución RDP 4562 de 11 de febrero de 2014 (folios 31 y 32) la entidad demandada negó la reliquidación de la pensión de vejez, con base en los siguientes argumentos:

“[…] Que la solicitud elevada por el peticionario está encaminada a que se reliquide la mesada pensional con el 75% del promedio de lo devengado en el último año de servicios con la inclusión de todos los factores salariales.

[…]

Así las cosas, el comité jurídico institucional ha definido la posición actual para la aplicación de factores y base de liquidación en beneficiarios de la Ley 33 de 1985, en virtud del régimen de transición de la Ley 100, esto es, liquidar estas pensiones con base en el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100, es decir, con el promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta al empleado para cumplir su status pensional, los últimos diez años o todo el tiempo si le resulta más favorable teniendo en cuenta los factores dispuestos en el Decreto 1158 de 1994, lo anterior, habida cuenta que esta postura es la que mejor consulta lo querido por la Constitución y la ley […]”.

De lo anterior se colige que la pensión del demandante fue reconocida con base en lo preceptuado por el artículo 1º de la Ley 33 de 1985, sin embargo, para la aplicación de factores y base de liquidación aplicó el inciso 3º del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994, por lo que no está acorde con el precedente jurisprudencial de esta corporación, respecto del cual se ha indicado que el ingreso base de liquidación para las pensiones de las personas beneficiarias del régimen de transición y de la Ley 33 de 1985, se calcula con todos los factores salariales devengados durante el último año de servicios, aunque sobre ellos, o alguno de ellos, no haya mención taxativa en la norma.

Aplicar dos normas legales diferentes para efectos del reconocimiento y liquidación de una misma pensión implicaría la violación del principio de “inescindibilidad de la ley” que prohíbe la aplicación parcial de las normas legales.

Ahora bien, según certificación expedida por el Grupo de Información y Desarrollo de Talento Humano y de Tesorería del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el demandante durante el último año de servicios, devengó sueldo básico, incremento por antigüedad, bonificación por servicios, primas de vacaciones, servicios y navidad, quinquenio y auxilio por retiro e incentivo de localización (cd que obra a folio 100 A archivos 5 y 13).

Así las cosas, tal como lo señaló el a quo en la reliquidación de la pensión del actor se debe incluir, la prima de vacaciones, la prima semestral, la prima de navidad, el quinquenio en forma proporcional por ser considerado factor salarial y el incentivo de localización que según la jurisprudencia de esta corporación(10).“[…] este concepto tiene como causa el servicio que prestaba el trabajador en un sitio determinado por la entidad y equivale a asignación básica mensual […], en las condiciones establecidas en la sentencia recurrida.

3.3.6. De la condena en costas.

De conformidad con lo señalado en recientes providencias de esta Subsección(11) en el presente caso no hay lugar a imponer condena en costas en la segunda instancia, toda vez que no hubo intervención de la parte demandante en la misma.

En conclusión: En virtud del principio de inescindibilidad de la ley, no es posible aplicar de manera conjunta para la reliquidación pensional, el régimen de la Ley 33 de 1985 en cuanto a la edad y tiempo y a su vez la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1158 de 1994 para determinar el ingreso base de liquidación.

En consecuencia, resulta procedente aplicar en forma integral la Ley 33 de 1985 a aquellas personas que se encuentren en el régimen de transición pensional contenido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, incluyendo la totalidad de los factores que constituyen salario, devengados durante el último año de servicios.

Decisión de segunda instancia: Por las razones que anteceden la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia que accedió a las súplicas de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia proferida el 10 de diciembre de 2014 por el Tribunal Administrativo de Sucre, que accedió a las pretensiones de la demanda.

2. Reconocer personería al señor Carlos Arturo Orjuela Góngora identificado con cédula de ciudadanía núm. 17.174.115 de Bogotá y tarjeta profesional núm. 6.491 del Consejo Superior de la Judicatura como apoderado de la entidad demandada, en los términos y para los efectos del poder conferido a folios 185 a 188 del expediente.

3. Sin condena en costas de segunda instancia.

4. Háganse las anotaciones correspondientes en el programa “Justicia Siglo XXI” y ejecutoriada esta providencia devolverel expediente al Tribunal de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: William Hernández Gómez—Gabriel Valbuena Hernández—Luis Rafael Vergara Quintero.

1 Sentencias T-806-2004, C- 754-2004, T-251-2007.

2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, número interno 0112 de 2009.

3 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

4 El citado artículo señala: “Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o de prelación legal. Con todo, en los procesos de conocimiento de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tal orden también podrá modificarse en atención a la naturaleza de los asuntos o a solicitud del agente del Ministerio Público en atención a su importancia jurídica y trascendencia social (…)”.

5 ART. 1ºEl empleado oficial que sirva o haya servido veinte (20) años continuos o discontinuos y llegue a la edad de cincuenta y cinco años (55) tendrá derecho a que por la respectiva Caja de Previsión se le pague una pensión mensual vitalicia de jubilación equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicio […]”.

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección segunda, sentencia del 4 de agosto de 2010, Consejero Ponente Víctor Hernando Alvarado Ardila, número interno 0112 de 2009.

7 Ib.

8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia de 18 de febrero de 2010, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número interno 0836-2008, actor Teresa Robles.

9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de febrero de 2016, Consejero ponente Gerardo Arenas Monsalve, número interno 4683 de 2013, actor Rosa Ernestina Agudelo Rincón.

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Consejero Ponente Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, número interno 2536 de 2011.

11 Al respecto ver sentencias de 7 de abril de 2016, proferidas por la Subsección “A” de la Sección Segunda, C.P. William Hernández Gómez, Expedientes: 4492-2013, Actor: María del Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, Actor: José Francisco Guerrero Bardi.