Sentencia 2014-00150 de marzo 9 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Aprobado según Acta Nº 023 de la fecha

Rad. 050011102000201400150 01

Referencia: Abogado en consulta

Denunciado: Carlos Arturo Cárdenas López

Informante: Procurador delegado para la conciliación administrativa

Primera instancia: Suspensión de 2 meses.

Decisión: Confirma.

Magistrado Ponente:

Dr. Adolfo León Castillo Arbeláez

Bogotá, D.C., nueve de marzo de dos mil dieciséis.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 3º del artículo 256 de la Constitución Política en concordancia con el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —estatutaria de administración de justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las salas jurisdiccionales disciplinarias de los consejos seccionales de la judicatura”, en unión con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código disciplinario del abogado—.

Dable es señalar que tal facultad constitucional y legal y se mantiene incólume para esta superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la comisión nacional de disciplina judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólola función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Dada que ninguno de los intervinientes en el proceso que nos ocupa, impugnó la sentencia de primera instancia, corresponde a esta Superioridad, resolver el grado jurisdiccional de consulta, pues, no se encuentra causal que invalide lo actuado.

Del grado de consulta. A diferencia de la apelación, la consulta no es un medio de impugnación sino una institución procesal en virtud de la cual el superior jerárquico del juez que ha dictado una providencia, en ejercicio de la competencia funcional de que está dotado, se encuentra habilitado para revisar o examinar oficiosamente, esto es, sin que medie petición o instancia de parte, la decisión adoptada en primera instancia, y de este modo corregir o enmendar los errores jurídicos de que ésta adolezca, con miras a lograr la certeza jurídica y el juzgamiento justo, lo cual significa que la competencia funcional del superior que conoce de la consulta es automática, porque no requiere para que pueda conocer de la revisión del asunto de una petición o de un acto procesal de la parte en cuyo favor ha sido instituida.

La consulta es un mecanismo ope legis, esto es, opera por ministerio de la ley y, por tanto, suple la inactividad de la parte en cuyo favor ha sido instituida cuando no se interpone por ésta el recurso de apelación, aunque en materia laboral el estatuto procesal respectivo la hace obligatoria tratándose de entidades públicas. Además, la consulta está consagrada en los estatutos procesales generalmente con base en motivos de interés público con el objeto de proteger a la parte más débil en la relación jurídica que se trate.

La jurisprudencia constitucional ha expresado que la consulta no es un auténtico recurso sino un grado jurisdiccional que habilita al superior jerárquico para revisar la legalidad de algunas providencias, por mandato de la ley y sin que medie impugnación por parte del sujeto procesal que se considere agraviado (Sentencia C-449 de 1996 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa). Por tal razón, el juez que conoce de la consulta cuenta con amplia competencia para examinar la actuación, no estando sujeto, por tanto, a límites como el de la non reformatio in pejus. Además ha precisado que aun cuando la consulta tiene un vínculo especial con el debido proceso y el derecho de defensa, este no es de carácter necesario e inescindible, por lo cual su ausencia no acarrea indefectiblemente la vulneración de tales derechos, como tampoco vulnera la Carta el señalamiento de diversos requisitos de procedibilidad y las distintas finalidades con las cuales haya sido instituida la consulta, siempre y cuando respondan a supuestos de hecho disímiles y puedan ser justificados objetivamente.

Finalmente, el parágrafo del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, señala:

“Las sentencias u otras providencias que pongan fin de manera definitiva a los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia los Consejos Seccionales de la Judicatura y no fueren apeladas, serán consultadas con el superior solo en lo desfavorable a los procesados”.

Del asunto en concreto: Se trata de resolver en grado jurisdiccional de consulta la decisión el sobre el fallo del 29 de septiembre de 2015, mediante el cual sancionó al abogado Carlos Arturo Cárdenas López, con 2 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

Régimen disciplinario de los abogados. En varias oportunidades la doctrina se ha pronunciado sobre el ejercicio de la profesión de abogado dentro del Estado Social de Derecho. Así ha considerado por ejemplo, que la jurisprudencia sobre el ejercicio de la mencionada profesión se mantiene, pues las modificaciones introducidas por el legislador en el estatuto que la regulan no varían la orientación que tenía. Esta misma jurisprudencia ha considerado que de manera básica, el ejercicio de la profesión de abogado se da en por lo menos dos escenarios: (i) por fuera del proceso, a través de la consulta y asesoría a particulares, y (ii) al interior del proceso, en la representación legal de las personas naturales o jurídicas que acuden a la administración de justicia para resolver sus controversias. En el marco de este escenario básico, la Corte Constitucional ha considerado que el ejercicio de la profesión de abogado, se relaciona con la realización de valores fundamentales para el Estado Social de Derecho, como la consecución de un orden justo y de una convivencia pacífica, pues resulta ser el medio para la resolución adecuada de los conflictos por medio del derecho. La realización de fines tan importantes al Estado, ha considerado la corporación, justifica el hecho de que se ejerza una cuidadosa regulación de dicha profesión. En tal sentido ha afirmado en la Sentencia C-290 de 2008: De conformidad con el marco esbozado, la Corte ha destacado el interés público inmerso en la configuración y aplicación de un régimen disciplinario para los abogados:

“(…) Si al abogado le corresponde asumir la defensa en justicia de los derechos e intereses de los miembros de la comunidad y, a su vez, le compete la asesoría y asistencia de las personas en la ordenación y desenvolvimiento de sus relaciones legales, resulta lícito que la ley procure ajustar su comportamiento social a la observancia de tales fines, impidiendo, a través de la imposición de determinadas sanciones, que el profesional desvíe su atención y opte por obrar contrario a derecho, impulsado por el ánimo egoísta de favorecer su intereses particulares en detrimento de la administración de justicia y de la propia sociedad”.

De esto se desprende que el abogado resulta ser fundamental en la validación del deber de legitimidad del Estado Social de Derecho, pues le corresponde, la realización constante, progresiva y efectiva de derechos fundamentales como el acceso a la administración de justicia y en el marco de éste, a muchos otros derechos fundamentales que sólo adquieren su plena garantía cuando se acude a los jueces para que ordenen su amparo.

Establecida la relevancia de la profesión de abogado en el Estado Social de Derecho, es más clara la importancia que tiene su regulación en términos de un régimen disciplinario que sancione las faltas cometidas contra los deberes establecidos para dicho ejercicio.

Determinada la condición de abogado del inculpado, procede ésta Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponda.

Sea lo primero advertir, que el ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el código ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas, situando al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

De otra parte es procedente señalar, que para emitir una sentencia condenatoria debe existir la certeza sobre una conducta constitutiva de falta disciplinaria descrita en el ordenamiento jurídico vigente, al igual cumplirse dicho presupuesto respecto de la responsabilidad del investigado conforme las exigencias del artículo 97 de la Ley 1123 de 2007(14).

Así pues, debe esta Sala propender porque los postulados del estatuto deontológico del abogado se cumplan sin reato alguno por quienes ejercen la profesión, previstos en la Ley 1123 de 2007, siendo una responsabilidad de importancia el control ético que lleva a defender los intereses de los particulares para que el ejercicio profesional de la abogacía sea honorable, misión que se concreta en la observancia de los deberes y principios que como abogados exige la profesión; luego, en la medida en que los mismos sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país, y en la realización de la justicia material, cumpliéndose así su función social.

Tipicidad: Se caracteriza el régimen disciplinario del abogado consagrado en la Ley 1123 de 2007, por contener por regla general y entre los artículos 30 a 39 respectivamente, descripciones cerradas de cada una de las conductas que por afectar deberes profesionales son consideradas como faltas, a las cuales el legislador ha previsto una consecuencia nociva.

En concreta relación con la tipicidad de la falta disciplinaria contenida en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, y por haber incumplido el deber previsto en el artículo 28 numeral 7 de la misma norma que señala:

Ley 1123 de 2007:

“(…)

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

El acervo probatorio recaudado enseña que el abogado Cárdenas López presentó queja contra las procuradoras delegadas, Dras. Edith Martínez Betancourt y Dora Helena López Ruiz, por las presuntas irregularidades en las que estas funcionarias presuntamente incurrieron en el proceso 2008-00161 adelantado ante el juzgado 18º administrativo de Medellín.

Dentro de referido escrito el profesional del derecho sancionado utilizó expresiones, vocablos y frases con los que de manera desobligante se refirió a las funcionarias antes reseñadas y al juez que adelantó la causa, de las que destacan:

“Ahí muestra la procuradora su parcialidad, falta de conocimiento del proceso y el querer hacer ver las cosas diferentes a como en realidad se probaron en el proceso” (…) “y que casualidad Honorables magistrados, la procuradora en su concepto llegó a las mismas conclusiones equivocadas y amañadas a las que llegó el juez. Parece que se pusieron de acuerdo o que el juez acogió de pleno este tan equivocado en el concepto “en conclusión, entonces con este concepto emitido en el trámite de la apelación, la denunciada apoyó la parcialidad, desconocimiento de pruebas y violación del debido proceso en que incurrió la primera procuradora en el trámite de la primera instancia. Es decir, está procuradora también emitió concepto para favorecer al contratista de la alimentación de la Cárcel Nacional Bellavista, y no para buscar que prevaleciera la justicia y la verdad procesal como debió ser.”“esta tan parcializada como el juez en su sentencia. Incurre en los mismos atropellos, errores y mentiras, desconoce las pruebas y las mutila y las tergiversa, y en su concepto, por ende, también, violó, al igual que el juez, el debido proceso. Y es que parece que la procuradora se puso de acuerdo con el juez, pues amañó la visión del proceso de la misma y en los mismos puntos, o será que el juez acogió sus acomodados argumentos”.

Es preciso aclarar entonces que para estar frente a la comisión de la falta imputada la profesional del derecho es necesario que concurran presupuestos que configuran el animus injuriandi, elemento fundamental en éste tipo de faltas, el cual se constituye con la intención de ofender, agraviar o deshonrar a la persona o personas contra quien o quienes van dirigidas las expresiones verbales o de hecho que tiene tal potencialidad de ofender, agraviar o deshonrar. Por tanto, se requiere que el investigado haya tenido la intención de injuriar y que la conducta realizada posea la capacidad efectiva de agraviar a la persona contra quien va dirigido el hecho ofensor.

De acuerdo con los anteriores parámetros, no queda duda que el profesional del derecho disciplinado incurrió en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, pues desbordó los límites de lo permitido, al manifestar frases de un alto contenido ofensivo y señalamientos punibles contra las agentes del Ministerio Público y el señor juez; pues afirmó en su escrito de queja dirigida a la Procuraduría General de la Nación, que los alegatos de conclusión presentados por las agentes del Ministerio Público éstas se confabularon con el juez para favorecer a una de las partes intervinientes en la litis, acusando de manera temeraria de desconocer pruebas, amañarlas e inclusive de permitir la comisión de falsedades en documento público y fraudes a resolución judicial, imputaciones lanzadas sin el más mínimo de los reparos y desconociendo u omitiendo el procedimiento para interponer las denuncias ante la autoridad correspondiente.

Analizadas las pruebas encuentra esta colegiatura razones suficientes que demuestran la responsabilidad disciplinaria del abogado Cárdenas López, en tanto que es evidente la actuación mal intencionada con la que mediante imputaciones deshonrosas y temerarias embistió en contra de servidores públicos, utilizando el pretexto de una queja en contra de una procuradoras para con palabras desatinadas y dirigidas a injuriar y deshonrar injustificadamente su actuación profesional, declarando que su criterio legal cercenó y mutiló pruebas en pos beneficiar a la parte demandante.

Es de aclarar que si lo deseado por el sancionado era poner de presente las posibles irregularidades cometidas por las funcionarias dentro del proceso, lo llamado era a realizarlo de una forma respetuosa y en el evento de considerar estar presente frente a un hecho punible, lo procedente era acudir ante la Fiscalía General de la Nación para que fuera este ente acusador el encargado de adelantar el procedimiento investigativo.

Al evidenciarse entonces, la incursión del investigado en la falta, actualizó los elementos constitutivos de la misma, confluyendo su actuar en una conducta contraria a la ética profesional realizada en forma dolosa, pues es evidente la infracción al deber objetivo de observar y actuar con respeto en sus relaciones con los servidores públicos, es un comportamiento inadecuado a la observancia de dicho deber que se exige a él como abogado en el ejercicio de su profesión y se manifiesta a través de lo que la doctrina y la jurisprudencia ha denominado generadores de culpa, que no son otros que la negligencia, impericia, imprudencia y violación de las normas que rigen la abogacía.

Conducta que como ya se dejó dicho, no encuentran justificación alguna, pues el profesional del derecho estaba en la obligación de cumplir con el deber de observar respeto en sus relaciones con los servidores de la justicia y con la administración de justicia en general y de acudir a los medios establecidos para denunciar la comisión de hechos punibles de considerar su existencia.

De la antijuridicidad. La categoría dogmática de la antijuridicidad en el caso que ocupa la atención de la Sala, es antijurídica como quiera que atenta contra el deber previsto en el artículo 28 numeral 7º de la Ley 1123 de 2007, dice la norma:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión”.

El disciplinable no se limitó a reprochar o denunciar, por medios pertinentes por presuntos delitos o faltas disciplinarias que pudieron incurrir la procuradoras y el juez de conocimiento, imputándoles una conducta punible, al señalar que actuaron en concurso para desconocer el debido proceso beneficiando a una de las partes, cuestionó de forma grosera los criterios jurídicos con términos ofensivos que atentan contra la dignidad y buen nombre de las personas.

Culpabilidad. Sobre este punto, la Sala confirmará la calificación realizada a título de dolo, por parte del a quo, pues en relación con la falta contra el debido respeto a la administración de justicia y a las autoridades administrativas, se observa que el profesional del derecho teniendo en cuenta sus conocimientos jurídicos, sin importar las consecuencias de forma libre, espontánea y con el pleno conocimiento de que sus afirmaciones arremetían directamente contra la integridad profesional de las procuradoras, las efectuó constituyendo un comportamiento doloso y por lo tanto siendo reprochable su proceder.

De la sanción a imponer. La primera instancia sancionó al abogado Carlos Arturo Cárdenas López con 2 meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, decisión que confirma esta Sala, en tanto la sanción impuesta al togado deviene en proporcional y razonable, teniendo en cuenta la gravedad de la falta, sus modalidades y el hecho que el disciplinado no presenta antecedentes disciplinarios.

Por otra parte se intenta preservar los fines en que fue inspirado el ejercicio de la profesión, con mayor razón, cuando los abogados deben proceder con respeto en sus relaciones con las autoridades judiciales y la administración de la justicia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el fallo del 29 de septiembre de 2015, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de Antioquia mediante el cual sancionó al abogado Carlos Arturo Cárdenas López, con 2 meses de SUSPENSIÓN en el ejercicio de la profesión, tras hallarlo responsable de la comisión de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

2. Anótese la sanción en el Registro nacional de abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para que notifique a todas las partes del proceso y cumpla lo dispuesto por la Sala.

4. Por la secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

(14) “ART. 97.—Prueba para sancionar. Para proferir fallo sancionatorio se requiere prueba que conduzca a la certeza sobre la existencia de la falta y de la responsabilidad del disciplinable.