Sentencia 2014-00153 de febrero 6 de 2014

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA 

SALA DE CASACIÓN CIVIL

Rad.: 11001-02-03-000-2014-00153-00

STC1163-2014

Magistrado Ponente:

Dr. Fernando Giraldo Gutiérrez

(Aprobado en sesión de cinco de febrero de dos mil catorce).

Bogotá, D.C., seis de febrero de dos mil catorce.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Corresponde establecer si el tribunal quebrantó las prerrogativas invocadas al tener como fecha de presentación del libelo el 28 de noviembre de 2011 y, con base en ello, acoger la excepción de “prescripción” formulada en el asunto que motiva este resguardo.

2. Las providencias de los jueces son, por regla general, ajenas al examen propio de la tutela; la excepción a esto, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en eventos en los que resultan ostensiblemente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad, a tal punto que configuren una “vía de hecho”, obviamente bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formularla y no tenga ni haya desaprovechado otros remedios para conjurar la lesión alegada.

3. Para el estudio que se realiza y con incidencia en la resolución que se adopta, está acreditado:

a) Que Antonio María Carvajal Hernández murió el 29 de octubre de 2010 (fl. 2).

b) Que el 28 de octubre de 2011, a las 03:21:45 p.m., Olga Patricia Contreras Carreño presentó demanda que correspondió al Juzgado Quinto de Familia de Bucaramanga, dirigida a que se declarara “la existencia y su correspondiente disolución de la sociedad patrimonial”, conformada por ella y Antonio María Carvajal Hernández, fallecido, siendo demandados los herederos de aquel (fls. 28 a 33 y 35).

c) Que en el sistema de gestión de la rama judicial, “consulta procesos”, aparece que como fecha de “radicación de proceso”, la del 31 de octubre de 2011 (fls. 276 y 277).

d) Que el 9 de noviembre siguiente, esa autoridad rechazó el escrito introductor y ordenó su envío, por competencia, al Segundo de Familia del mismo lugar, lo que hizo con fundamento en que allí se adelantaba la sucesión del antes citado (fl. 36).

e) Que la oficina judicial se negó a recibir el expediente y, por ello, se remitió a través de correo nacional al destinatario, quien lo recepcionó el 28 de noviembre de 2011 (fl. 38).

f) Que el 10 de octubre de 2013, el juzgado de conocimiento declaró infundadas las excepciones previas de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, caducidad y “prescripción” (fls. 165 a 168).

g) Que el 19 de diciembre siguiente, la Corporación acusada revocó el proveído antedicho y accedió a la última de las defensas, arguyendo que de acuerdo con el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 la gestora contaba con un año, a partir de la muerte de Carvajal Hernández, para radicar la acción, lo que hizo el “28 de noviembre de 2011”, fecha que catalogó de extemporánea (fls. 11 a 15, cdno. segunda instancia).

4. Sale avante la solicitud, de conformidad con los siguientes argumentos:

a) En la tarea de administrar justicia, los jueces ordinarios gozan de una discreta y razonable libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos, a no ser que incurran en una desviación evidente o arbitraria de la ley, planteamiento que ha sido reiterado por la Sala en varias oportunidades, al señalar que

(...) el amparo solo se abre paso si “se detecta un error grosero o un yerro superlativo o mayúsculo que, abrupta y paladinamente cercene el ordenamiento positivo; cuando tenga lugar un ostensible e inadmisible resquebrajamiento de la función judicial; en suma, cuando se presenta una vía de hecho, así denominada por contraponerse en forma manifiesta al sistema jurídico, es posible reclamar el amparo del derecho fundamental constitucional vulnerado o amenazado” (CSJ SCT Sentencia de 15 de agosto de 2013, Rad. 01802-00).

b) En el caso bajo examen, la providencia que contrarió lo resuelto en primer grado, amerita el calificativo de “vía de hecho”, en la medida que partió de una premisa que no se ajusta a la realidad procesal y, por lo tanto, no válida para acoger la excepción previa de “prescripción”, alegada por los allí convocados.

En efecto, con base en los elementos fácticos, jurídicos y probatorios a su disposición, dedujo que la peticionaria presentó su demanda por fuera del plazo previsto en el artículo 8º de la Ley 54 de 1990 que reza: “Las acciones para obtener la disolución y liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, prescriben en un año, a partir de la separación física y definitiva de los compañeros, del matrimonio con terceros o de la muerte de uno o ambos compañeros. PAR.—La prescripción de que habla este artículo se interrumpirá con la presentación de la demanda”.

Con esa finalidad dio por establecido que, como el “punto cardinal” era el momento del fallecimiento de Carvajal Hernández, esto es, el 29 de octubre de 2010, “la actora contaba con un año para formular la demanda, lo cual no cumplió pues se presentó el 28 de noviembre de 2011”

Sin embargo, auscultada la actuación surtida en el plenario, se establece que el escrito inicial no fue presentado en la calenda indicada, sino el 28 de octubre de 2011, lo cual se colige del acta individual de reparto obrante a folio 35 del expediente, lo que a su vez implica que, para el instante en que se produjo dicha actividad, la acción en referencia no había prescrito; no sobrando decir que, como quedó demostrado, el tribunal censurado tuvo en cuenta una información que, además de reposar en el expediente, no da cuenta del hecho que debía determinar, vale decir, de la fecha exacta de presentación del libelo, sino de aquella en que fue radicado el proceso, sin especificar dónde o ante qué autoridad.

Ahora, si bien es cierto la primera autoridad cognoscente rechazó el asunto y lo remitió al Juzgado Segundo de Familia de Bucaramanga, donde se recibió el 28 de noviembre de 2011, no había razón válida alguna para echar mano de esta fecha para ubicarla como mojón temporal que marcaba el extremo final del término señalado en la norma que regula la prescripción en asuntos de esa naturaleza, más aún si se tiene en cuenta que, indiscutiblemente, se procedió de conformidad con el penúltimo inciso del artículo 85 del Código de Procedimiento Civil que dispone “Si el rechazo se debe a falta de competencia o jurisdicción, el juez la enviará con sus anexos al que considere competente”, por lo que menester resultaba tener como referente la fecha en que se radicó la demanda para el correspondiente reparto.

En igual sentido, la negativa de recibir el expediente y su envió al competente por conducto del correo nacional, son situaciones que no alteran el análisis anterior ni mucho menos el término que venía corriendo para determinar la temporalidad de la acción, ya que las eventuales irregularidades o demoras con ocasión de aquellas, no pueden acarrear consecuencias adversas a la promotora, ni facultan al tribunal para aplicar efectos legales al recibo del proceso por parte del último funcionario.

En esas condiciones, el yerro de la corporación censurada resulta trascendente, en cuanto contabilizó de manera errada el plazo de prescripción correspondiente a la demanda en referencia, con claras repercusiones en el derecho de acceso a la administración de justicia de la parte demandante, pues, no permitió la aplicación del artículo 90 del estatuto adjetivo civil y, de paso, desconoció la prueba obrante en sentido adverso a la deducción asumida.

Por consiguiente, en el presente caso se justifica la injerencia excepcional del juez constitucional, dadas las singulares circunstancias que acaecieron en el trámite de la referida acción, pues se trata de una argumentación antojadiza y abiertamente contraria a la verdad procesal.

c) Por su relevancia conviene memorar, a propósito de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, la sociedad patrimonial, su disolución y liquidación, lo concerniente a las acciones respectivas y el término prescriptivo.

Respecto a la unión marital de hecho la jurisprudencia de esta corporación acentúa “la certidumbre de su existencia por demostración plena de sus presupuestos objetivos, (...), comunidad de vida estable y permanente plasmada en las relaciones sexuales, ayuda, socorro mutuo y affectio marital, genera efectos para los compañeros permanentes proyectados en derechos y obligaciones análogos a los del matrimonio, en su situación individual, familiar y estado civil (L. 54/90, art. 1º) (...)” y, relativamente a la declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial, “....concierne a un aspecto económico, está orientada al reconocimiento de su certeza, ‘se presume’, ‘y hay lugar a declararla judicialmente’ cuando exista unión marital de hecho ‘por un lapso no inferior a dos años e impedimento para contraer matrimonio por parte de uno o ambos compañeros permanentes, siempre y cuando la sociedad o sociedad conyugales anteriores hayan sido disueltas y liquidadas por lo menos un año antes de la fecha en que se inició la unión marital de hecho’, siendo esa la causal de impedimento” (Sent. Cas. Civil 11 de marzo de 2009, Exp. 85001-3184-001-2002-00197-01).

Lo anterior pone en evidencia la preexistencia de la unión marital de hecho como presupuesto para su disolución y liquidación “...es decir, sin unión marital entre compañeros permanentes no se forma entre estos, sociedad patrimonial, como tampoco, es factible su disolución y liquidación. Expresado en otros términos, la existencia de la unión marital libre y de la sociedad patrimonial, actúa como una condicio iuris para su disolución y liquidación, pues, si no existe la unión marital nunca podrá formarse una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, ni esta tampoco podrá disolverse y liquidarse; o, lo que es igual, sin sociedad patrimonial ex ante, no puede disolverse y liquidarse, ex post” (ídem).

Ahora, en cuanto a las acciones en sí mismas consideradas, la jurisprudencia en comento resalta la connotación de imprescriptible de la acción de declaración de la unión marital de hecho entre compañeros permanentes, “en tanto que, la concerniente a la declaración judicial de existencia de la sociedad patrimonial derivada de la unión marital y la relativa a su disolución y liquidación, es prescriptible. Así, cuando además de la existencia de la unión marital, se pretenda la de la sociedad patrimonial o, su disolución y liquidación, la acción, a propósito de los efectos económicos o patrimoniales, está sujeta a prescripción, mas no respecto del estado civil”.

En suma, ha dicho la Corte

“...la hermenéutica impone la imprescriptibilidad de la acción declarativa de la unión marital de hecho en lo atañedero al estado civil y la prescriptibilidad de la acción judicial para la ‘disolución y liquidación’ de la sociedad patrimonial, cuyo término de prescripción es de un año contado a partir de la terminación de la unión marital por separación física y definitiva de los compañeros -de mutuo consenso elevado a escritura pública ante notario o expresado en acta de conciliación- sentencia judicial, matrimonio de uno con un sujeto diferente, o muerte, ya real, ora presunta (L. 54/90, artículos 5º [L. 979/2005, art. 3º] y 8º) (...)” (Sent. Cas. Civil, mar. 11/2009, Exp. 85001-3184-001-2002-00197-01, reiterada en fallo de 10 de agosto de 2012, Exp. 01568-00).

5. En consecuencia, se acogerá el resguardo impetrado y se impartirá la directriz al tribunal para resuelva nuevamente el asunto en segunda instancia, considerando la motivación expuesta.

Decisión

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la protección reclamada.

Como consecuencia de ello se ordena a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga que, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación del presente fallo, deje sin efectos el auto de 19 de diciembre de 2013 y, seguidamente, resuelva nuevamente la apelación del que negó las excepciones previas en el asunto de que se trata y atendiendo lo aquí dispuesto.

Comuníquese telegráficamente lo decidido a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese».