Sentencia 2014-00170 de abril 20 de 2016

 

Sentencia 2014-00170 de abril 20 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 050011102000201400170 01

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta 032 de la fecha

Ref.: Abogado en Apelación

Denunciada: Viviana Elisa Montoya Guarín.

Informante: Compulsa de copias - Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín

Primera Instancia: Suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión.

Segunda Instancia: Confirma.

Bogotá, D.C., 20 de abril de 2016

Extractos «Consideraciones

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el artículo 256-3 de la Constitución Política numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”., en concordancia con el parágrafo 1º del referido artículo y el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado—.

Dable es señalar que tal facultad Constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que ha sido avalada por la Corte Constitucional en diferentes providencias, entre ellas, el Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Caso concreto. Se entra a decidir si se confirma, revoca o modifica la sentencia sancionatoria proferida el 19 de enero de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó a la abogada Viviana Elisa Montoya Guarín con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarla responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa.

En cuanto al recurso de apelación se estudiaran únicamente los puntos de disenso del mismo, ya que la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe en relación con los aspectos impugnados por cuanto se presume que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad por el sujeto que hace uso de este instrumento, es decir que no puede el Juzgador de Segunda Instancia decidir sobre el asunto, sino que su labor se limita a realizar un control de legalidad.

De la Tipicidad. La conducta por la que se le imputó y sancionó a la abogada Viviana Elisa Montoya Guarín con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, se encuentra descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 37.—Constituyen faltas a la debida diligencia profesional:

1. Demorar la iniciación o prosecución de las gestiones encomendadas o dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber plasmado dentro del catálogo considerado como estatuto del abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

Cuando un abogado asume un compromiso profesional, se obliga a realizar todas las actividades en procura de cumplir las gestiones a él encomendadas, cobrando a partir de este momento vigencia el deber de atender con celosa diligencia los asuntos a su cargo, compromiso que lleva consigo un actuar positivo al requerir prontitud y celeridad en el mismo, por tanto cuando el litigante se aparta injustificadamente de este deber, queda incurso en la infracción a la debida diligencia profesional.

Respecto de la conducta enrostrada a la profesional del derecho y contemplada en el artículo 37 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, que se refiere a la infracción contra la debida diligencia profesional, en relación de progresión, se incurre en esta falta cuando se omite la gestión encomendada, igualmente cuando se demora en instaurarla, o cuando en su curso se quebrantan términos o se pierden oportunidades legales; cuando se desatiende el asunto, se atiende de manera ineficiente o de manera esporádica y, por supuesto, cuando decididamente el asunto se deja al garete, desprendiéndose definitivamente de las obligaciones profesionales y dejando los intereses confiados sin representación efectiva, reprochándose en el presente caso a la litigante investigada “dejar de hacer oportunamente las diligencias propias de la actuación profesional, descuidarlas o abandonarlas”.

De entrada la Sala debe advertir que del estudio realizado al material probatorio obrante, se deprende la materialidad objetiva de la conducta, pues efectivamente la señora Mary Luz Gonzales Tabares interpuso Incidente de Desacato el 6 de agosto de 2013 en contra de la EPS Fundación Médico Preventiva por el presunto incumplimiento del fallo del 3 de mayo de 2013, proferido al interior de la tutela bajo radicado Nº 2013-581, dentro del cual previo a dar apertura al trámite, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín mediante auto del 13 de agosto de 2013(17) realizó un primer requerimiento a la Entidad accionada, consistente en que informara sobre lo indicado por el incidentista y allegara el nombre de su representante legal y el de su superior funcional, ya que el expediente se encontraba en la Corte Constitucional, petición que no fue atendida.

Posteriormente ante la falta de pronunciamiento de la Fundación Médico Preventiva, el despacho emitió proveído el 21 de agosto de 2013(18), a través del cual le reiteró la solicitud inicial, frente al cual se manifestó la disciplinable en escrito del 22 de agosto de 2013(19) actuando en calidad de abogada- apoderada general de la “Fundación Médico Preventiva S.A., Regional Antioquia”, sin informar el nombre del representante legal ni su superior jerárquico.

Seguidamente debido a que la accionante manifestó que la EPS, aún no había dado cumplimiento al fallo de tutela, el despacho dio apertura al trámite incidental por medio de providencia del 27 de agosto de 2013(20), sin embargo, no pudiendo vincular a ninguna persona “determinada” en razón al desconocimiento de quien fungía como Representante Legal y superior jerárquico o funcional de la entidad accionada, por lo que por tercera vez se requirió la mentada información, pronunciándose nuevamente la litigante a través de memoriales del 26 y 30 de agosto de 2013 sin brindar la información requerida por el despacho.(21)

Ante la renuencia de la incidentada y con el fin de dar cumplimiento a las directrices de la H. Corte Constitucional según la cual, el incidente de desacato es eminentemente subjetivo, por lo que debe encausarse contra la persona que incumple la orden judicial, el Juzgado de Conocimiento requirió por cuarta vez por medio de auto del 5 de septiembre de 2013(22) a la Fundación Médico Preventiva para que a través de la doctora Viviana Elisa Montoya Guarín allegara el nombre de su representante legal y de su superior jerárquico, bajo los apremios del artículo 39 del CPC.

Finalmente y dado el silencio frente al último requerimiento efectuado por el despacho, mediante proveído del 11 de septiembre de 2013 y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 39 del CPC, se le impuso multa a la entidad accionada y a la abogada inculpada, a esta ultima de 1 SMLMV, compulsándosele copias adicionalmente ante esta Corporación, ante lo cual, la togada se pronunció a través de escrito del 16 de septiembre de 2013, aportando entre otros, certificado de existencia y representación legal de la Fundación Médico Preventiva, en la que a folio 56 se aprecia que “por Escritura Pública 2422 de la Notaria 21 de Medellín, la señora Hortensia Arenas Ávila confirió poder general a la abogada Viviana Elisa Montoya Guarín (…)”.

Del anterior recuento procesal se evidencia sin dubitación alguna la tipicidad de la falta endilgada, por cuanto en efecto la togada al interior del incidente de desacato abierto en la Acción de Tutela Nº 2013-581 promovida por la señora Mary Luz Gonzales Tabares como agente oficiosa de Ana Lucia Tabares Roldan en contra de la EPS Fundación Médico Preventiva, actuando en calidad de apoderada judicial de la entidad accionada, aunque fue requerida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín en cuatro oportunidades para que suministrara el nombre e identificación del representante legal de la misma y el del superior jerárquico, no cumplió con dichos requerimientos, pues pese a que se pronunció a través de escritos en cada una de esas ocasiones, no realizó manifestación alguna respecto de lo solicitado; solo accediendo a ello cuando se le impuso una multa de conformidad con el artículo 39 del CPC, momento para el cual allegó un certificado de existencia y representación legal de la entidad donde constaba los datos requeridos.

Antijuridicidad. El artículo 4º de la Ley 1123 de 2007 establece la antijuridicidad como la conducta realizada por los abogados afectando injustificadamente algunos de sus deberes profesionales. Importa en ella entonces el valor del acto como valor del resultado, lo cual significa que no tiene cabida dentro de nuestro ordenamiento jurídico, salvo que se asuma como un mero concepto formal que no permite que la conducta sea sancionada en tanto que para ello requiere que exista un resultado que trascienda a los intereses de la sociedad y en tal sentido que exista una viva lesión al bien jurídico tutelado, pero también exige el estudio de la procedencia o no de causales eximentes de responsabilidad en materia disciplinaria.

Es así como en el caso sub examine, la falta atribuida a la abogada inculpada, implicó el desconocimiento del deber consagrado en el artículo 28 numeral 10 de la Ley 1123 de 2007, que establece:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

10. Atender con celosa diligencia sus encargos profesionales, lo cual se extiende al control de los abogados suplentes y dependientes, así como a los miembros de la firma o asociación de abogados que represente al suscribir contrato de prestación de servicios, y a aquellos que contrate para el cumplimiento del mismo”.

Del estudio anteriormente realizado, en lo que respecta a la antijuridicidad de la conducta, se tiene entonces que efectivamente con el actuar de la disciplinada se vulneró el deber a la debida diligencia profesional, puesto que aunque fue requerida por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Medellín en cuatro oportunidades para que suministrara el nombre e identificación del representante legal de la misma y el del superior jerárquico, no cumplió con lo solicitado, solo accediendo a ello cuando se le impuso una multa de conformidad con el artículo 39 del CPC, momento para el cual allegó un certificado de existencia y representación legal de la entidad donde constaba los datos requeridos, no existiendo justificación alguna a la mentada omisión, por cuanto finalmente era obligación de la profesional encartada acatar las órdenes del despacho.

Ahora bien, expuso la recurrente que a su prohijada se le estaba vulnerando el principio del Non Bis In Ídem, en la medida que al interior del cuestionado incidente de desacato ya había sido sancionada a través de auto del 13 de septiembre de 2013 con multa de 1 SMLMV por los mismos hechos, circunstancia que expuso en sus alegatos de conclusión pero que no fueron tenidos en cuenta por el A quo en la sentencia, como lo ordenaba el numeral 3º del artículo 106 de la Ley 1123 de 2007, afectando así el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por cuanto debió referirse al asunto.

Al respecto, si bien es cierto en la sentencia sancionatoria no se debatió el tema del Non Bis In Ídem formulado por la apoderada judicial de la investigada, ello no conlleva a la vulneración del debido proceso de la disciplinable, por cuanto dicho fallo estuvo sustentado en el material probatorio obrante y el análisis jurídico que se le hizo, aunado a que en sede de segunda instancia puede ser discutido el tema, máxime cuando se evidencia que no se configura el Non Bis In Ídem alegado, toda vez que aunque en efecto, al interior del mentado incidente de desacato se le impuso a la profesional encartada multa de 1 SMLMV por omitir dar cabal cumplimiento a lo requerido por el juzgado cognoscente, dicha sanción fue impuesta en virtud de lo establecido en el artículo 39 del CPC, es decir, conforme los poderes correccionales del juez, sanción que no tienen el carácter de “condena”, pues son medidas correccionales que adopta excepcionalmente el funcionario en contra de sus empleados, demás empleados públicos y particulares que sin justa causa incumplan las órdenes que les imparta en ejercicio de sus funciones o demoren su ejecución, con el objeto de garantizar el cumplimiento de sus deberes esenciales, consagrados en el artículo 37 del Código de Procedimiento Civil.

Por el contrario, en esta instancia se cuestiona el actuar de la doctora Viviana Elisa Montoya Guarín en calidad de profesional del derecho respecto del mandato encomendado, jurisdicción disciplinaria totalmente independiente a las demás jurisdicciones, por lo que no se configura una doble incriminación que afecte el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia.

Por otro lado alegó la apelante falta de adecuada motivación en la sentencia, en razón a que en su sentir no se concretó desde el punto de vista factico, jurídico y probatorio la ocurrencia de la conducta disciplinaria, la forma de culpabilidad y la consecuencia que se derivaba de ello, es decir, del por qué se estaba imponiendo la sanción; aunado a que con el actuar de la investigada no se había afectado la eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia, y no se causó un perjuicio, por cuanto la togada desde antes del incidente ya venía cumpliendo las órdenes del despacho.

Argumentos con los que esta Sala no está de acuerdo, porque al revisar la decisión cuestionada se observa todo un recuento fáctico, jurídico y probatorio de los elementos que fueron objeto de estudio para arribar a la conclusión que se llegó, adicionalmente estructurándose la falta endilgada conforme los elementos de tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, y justificándose la imposición de la sanción en criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, contemplados en la ley disciplinaria; aunado a que si se considera que la inculpada afectó la eficacia y eficiencia de la Administración de Justicia, porque si bien si cumplió con algunas órdenes del despacho, no así con la de informar el nombre del representante legal de la entidad a la que apoderaba ni la de su superior jerárquico, hechos cuestionados en el sub examine, pues no está debatiendo la ejecución de todo su mandato, sino de unas circunstancias puntuales.

Finalmente cuestionó la abogada de confianza de la investigada que el A quo admitiera en audiencia que se encontraba probado el hecho de que el señor Jhonatan Aristizabal, trabajador de la EPS, había informado al juzgado el nombre de la representante legal de la entidad y por ello hubiera prescindido de su testimonio, posteriormente sancionando a la litigante, a pesar de que sí se cumplió con el requerimiento del despacho a través de un medio eficaz, no siendo necesario que fuera de manera escrita, suscrita por su defendida, en la medida que no existía tarifa legal frente a ese aspecto.

Frente al tema, revisados los audios de las audiencias se evidencia que en la primera diligencia realizada el 21 de julio de 2014, efectivamente el Magistrado de Instancia prescindió del testimonio del señor Jhonatan Aristizabal, al concluir que era un hecho probado que este se comunicó con el despacho para informar el nombre de la representante legal de la entidad accionada, lo cual de contera no conlleva a afirmar que la disciplinable cumplió con la orden del despacho, cuando no fue esta la que allegó la información sino un empleado de la entidad, siendo a la profesional del derecho a quien se le exigía, por lo que dicho argumento tampoco es de recibo para esta Corporación, por ende, no siendo aplicable ninguna de las causales establecidas en el artículo 22 de la Ley 1123 de 2007, como eximentes de responsabilidad.

Culpabilidad. Se entiende por culpabilidad la actitud consciente de la voluntad que da lugar a un juicio de reproche en cuanto el agente actúa en forma antijurídica pudiendo y debiendo actuar diversamente. Podemos decir que la culpabilidad se predica de aquella persona que siendo responsable jurídicamente decide actuar contra derecho con consciencia de la antijuridicidad.

La falta se atribuyó en la modalidad de culpa, pues dicha conducta solo admite la culpa como título de imputación, en cuanto a que la disciplinada actuó de manera negligente e indiligente, al haber omitido realizar las diligencias propias del encargo profesional encomendado, sin mediar justificación alguna, conllevando con ello a que a la entidad a la cual representaba se viera afectada con la imposición de una multa como sanción al incumplimiento de una orden impartida por un Juez de la República. Razones por las cuales resulta en deber jurídico considerar integrado el trípode que constituye la falta disciplinaria: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, circunstancia que obliga a endilgar responsabilidad disciplinaria contra la abogada Viviana Elisa Montoya Guarín.

Dosimetría de la sanción. Frente a la sanción impuesta, encuentra la Sala que la misma está acorde y consulta los parámetros establecidos en los artículos 40 y 45 de la Ley 1123 de 2007, en cuanto a que se impuso de cara a los criterios de trascendencia social de la conducta, en el presente caso, porque la togada desprestigió y dejó en entredicho la profesión de la abogacía; la modalidad de la falta, es decir culposa, debido a la omisión de dar debida respuesta a los requerimientos de la autoridad judicial respectiva, desconociendo sus obligaciones y deberes adquiridos con el mandato otorgado; el perjuicio causado, verificado en la imposición de una multa a la entidad a la cual representaba la letrada, en razón al incumplimiento de una orden dada por autoridad legítima, la cual debía acatar la litigante; y la inexistencia de antecedentes disciplinarios en contra de la investigada.

Respecto a los principios consagrados en el artículo 13 de la misma codificación, en cuanto al principio de necesidad, íntimamente ligado con la función de la sanción disciplinaria, no admite duda que en el sub lite, le era imperativo al operador disciplinario afectar a la implicada con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, pues la imposición de la referida sanción, cumple con el fin de prevención particular, entendiendo este, como el mensaje de reflexión para los profesionales del derecho, para que a futuro se abstengan de incurrir en conductas consagradas como faltas disciplinarias, o incumplan sus deberes en el ejercicio de la profesión de la abogacía.

De igual manera, la sanción antes referida, cumple con el principio de proporcionalidad en la medida de corresponder la respuesta punitiva con la gravedad de la misma, pues sin justificación alguna la letrada conculcó el Estatuto Deontológico, al haber trasgredido el deber a la debida diligencia con que debe actuar todo abogado en el desarrollo de su profesión, al haber jedado de hacer las diligencias propias de su actuación profesional.

Finalmente, se cumple también con el principio de razonabilidad referido este a la idoneidad o adecuación al fin de la pena, la cual justifica la sanción disciplinaria de suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión impuesta a la disciplinada, debiéndose atender lo expuesto por la Corte Constitucional, cuando dijo:

“la razonabilidad hace relación a que un juicio, raciocinio o idea esté conforme con la prudencia, la justicia o la equidad que rigen para el caso concreto. Es decir, cuando se justifica una acción o expresión de una idea, juicio o raciocinio por su conveniencia o necesidad”.

Por los argumentos expuestos, ésta superioridad encuentra debidamente acreditada la materialización de la falta endilgada y en consecuencia se confirmará en su integridad la providencia objeto de apelación, al igual que la sanción impuesta por el A quo en torno al asunto bajo examen.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la Republica de Colombia y por autoridad de la Constitución y la Ley,

Resuelve

1. Confirmar la sentencia objeto de apelación proferida el 19 de enero de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Antioquia, mediante la cual sancionó a la abogada Viviana Elisa Montoya Guarín con suspensión de 2 meses en el ejercicio de la profesión, tras hallarla responsable de la falta disciplinaria descrita en el numeral 1º del artículo 37 de la Ley 1123 de 2007, a título de culpa, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de abogados, enviándole copia de esta Sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. Por Secretaría Judicial de esta Corporación, líbrense las comunicaciones de ley, devuélvase el expediente al Seccional para que notifique a las partes y cumpla lo ordenado en esta providencia.

Notifíquese y cúmplase»

(17) Folio 10 cdno. 1 Inst.

(18) Folio 14 cdno. 1 Inst.

(19) Folio 16 cdno. 1 Inst.

(20) Folio 24 cdno. 1 Inst.

(21) Folios 26 a 29 cdno. 1 Inst.

(22) Folio 33 cdno. 1 Inst.