Sentencia 2014-00179/3119-2016 de septiembre 28 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejera ponente:

Dr. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Rad.: 52001-23-33-000-2014-00179-01(3119-16)

Actor: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social —UGPP—

Demandado: Teresa de Jesús Dajome de Segura

Asunto: Recurso de apelación contra el auto que declaró como no probadas unas excepciones previas.

Decisión: Confirma negativa del a quo.

Bogotá D.C., veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Conforme al artículo 125 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Sala es competente para decidir de plano el recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido en audiencia inicial del 6 de julio del 2016, por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de Decisión del Sistema Oral, que declaró no probadas las excepciones previas formuladas por la parte demandada, al encontrarse prevista en el artículo 180 ibídem, y haberse interpuesto y sustentado dentro de la oportunidad prevista por el numeral 1º del artículo 244 ejusdem.

Problemas jurídicos.

De conformidad con los argumentos expuestos el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, por razones metodológicas, se hará un estudio separado de cada argumento, por lo que se formulan los siguientes problemas jurídicos:

i) si el presente medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en modalidad de lesividad, que ataca un acto de reconocimiento de una pensión gracia, se encuentra caducado;

ii) si se dan los presupuestos necesarios para que se configure el fenómeno jurídico de la cosa juzgada, con respecto al fallo de tutela dictado por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué - Bolívar, dentro del proceso 2006 - 00194, el cual no fue revisado por la Corte Constitucional; y,

iii) si la Resolución RDP 038632 del 22 de agosto del 2013, proferido por la Subdirectora de Determinación de Derechos Pensionales de la UGPP, que reconoció al demandado una pensión gracia, en cumplimiento a un fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, es susceptible de ser demandado en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, al ser un acto de ejecución.

Resolución de los problemas planteados.

i) Caducidad de la acción.

La jurisprudencia de esta Corporación(6) ha señalado que la acción de lesividad no tiene una naturaleza autónoma, lo que implica que para ejercerla se debe acudir a los medios de control contenciosos de simple nulidad o de nulidad y restablecimiento del derecho.

Cuando se ejerce el medio de control de simple nulidad, esto es, cuando no se solicita el restablecimiento del derecho, podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. Por el contrario, cuando éste sí se solicita el medio de control impetrado es la de nulidad y restablecimiento del derecho, luego el término de caducidad que se aplica es el contenido en el literal d) del numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de Contencioso Administrativo(7), que establece:

“(…) ART. 164.—Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

“d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales;

(…)”

De conformidad con lo anterior, el término de caducidad cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses contados a partir del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación de acto administrativo. Esto, sin perjuicio de que se demande el reconocimiento o la negativa de una prestación periódica, caso en cual el acto administrativo puede ser acusado en cualquier tiempo de acuerdo a los postulados del numeral 1º, literal c) de la misma norma(8), que establece:

“(…)

1. En cualquier tiempo, cuando:

(…)

c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe;

(…)”

Ahora bien, en el asunto, la Sala advierte que a través de la Resolución RDP 039718 del 28 de agosto del 2013, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Magangué, ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia a favor del actor, en cuantía equivalente a $854.830, efectiva a partir del 15 de julio de 2000.

Por lo anterior, resulta evidente que el contenido del citado acto administrativo está referido al reconocimiento y pago de una prestación periódica, esto es, una pensión gracia, por lo que de conformidad con el numeral 2º, literal d) del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo podía demandarse en cualquier tiempo, como lo estimó el Tribunal en el auto apelado.

En estos términos, la Sala concluye que el término de caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho es de 4 meses, tal como lo indica el literal d) numeral 2º del artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA. Sin embargo, también previó la ley, que cuando la demanda se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho podrá presentarse en cualquier tiempo, por lo que el presente asunto se establece que no se encuentra caducado.

Cabe resaltar, que la anterior regla de caducidad no está condicionada a que la pretensión de nulidad esté aparejada a la de reembolso de los dineros pagados, puesto que la voluntad del legislador en virtud de su libertad y autonomía fue la de definir la oportunidad de la demanda a partir de la naturaleza del derecho que se entraña en el acto acusado, en donde resulta indiferente los extremos procesales.

También es importante aclarar, que la disposición prevista para efectos de hacer improcedente la devolución de dineros recibidos de buena fe, en modo alguno resulta un condicionante que defina el medio de control procedente, ni tampoco su término de caducidad, ya que está referido a un asunto de índole sustancial en virtud del cual, el restablecimiento del derecho tratándose de la nulidad de actos contentivos de prestaciones periódicas, supone desvirtuar la presunción de buena fe, que cobija los actos del pensionado.

Esta Corporación(9), ha sido de tal criterio, y lo ha explicado así:

“(…) Es necesario precisar que en situaciones como las que ocupa la atención de la Sala, es carga de la administración cuando impugna su propio acto, y en tanto invoca como tema de la controversia un error que le es imputable, no solo demostrar el fenómeno de la ilegalidad dentro del que se contextualiza el error que hace anulable el acto, sino además la ausencia de la buena fe en el sujeto del derecho que a la sazón se beneficia del error; no cabe duda que le presunción constitucional del artículo 83 citada es de aquellas que la doctrina denomina iuris tantum, cuestión que evidencia la imposibilidad de su infirmación, claro siempre que milite la prueba o el argumento que de manera suficientemente explícita permita la convicción en torno a la ausencia de la buena fe de quien en su condición de titular del derecho establecido en el acto demandado concurre al plenario como parte pasiva de la acción.

En consecuencia para la prosperidad de la demanda, las cargas que sume la administración demandante no se agotan solo con la prueba de la ilegalidad del acto sino además en y en conjunto aquella que toca con los elementos que logren infirmar la presunción a que se refiere el artículo 83 Constitucional.

(…)”

En tales términos, la demanda de lesividad que contrae la pretensión de nulidad de un acto que reconozca una pensión gracia, aun persiguiendo la devolución de los dineros pagados al pensionado demandado, no tiene término de caducidad, conforme al ya analizado artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, por lo que la decisión del a quo sobre este particular, tiene total fundamento.

ii) Cosa Juzgada.

La cosa juzgada, asegura la inmutabilidad, inimpugnabilidad y obligatoriedad del fallo frente a todo eventual proceso futuro que pueda iniciarse sobre el mismo objeto, dando estabilidad, firmeza, certeza y seguridad jurídica a las decisiones judiciales, con lo cual se evita que un asunto ya resuelto sea debatido nuevamente ante la jurisdicción, sin que ello impida que de manera excepcional se pueda reabrir el debate jurídico y que sea necesario la intervención del juez por hechos nuevos suscitados con posterioridad a que se profiera la sentencia.

El Código General del Proceso, de manera específica se ocupó de regular en el artículo 332 la cosa juzgada, y dispuso:

“(…) ART. 332.—Cosa Juzgada. La sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso tiene fuerza de cosa juzgada, siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo objeto, y se funde en la misma causa que el anterior, y que entre ambos procesos haya identidad jurídica de partes.

Se entiende que hay identidad jurídica de partes, cuando las del segundo proceso son sucesores mortis causa de las que figuraron en el primero o causahabientes suyos por acto entre vivos celebrado con posterioridad al registro de la demanda, si se trata de derechos sujetos a registro y al secuestro en los demás casos.

La sentencia dictada en procesos seguidos por acción popular produce cosa juzgada erga omnes.

Los efectos de la cosa juzgada en procesos en que se ventilen cuestiones relativas al estado civil de las personas, se regularán por lo dispuesto en el Código Civil y leyes complementarias.

En los procesos en que se emplace a personas indeterminadas para que comparezcan como parte, la cosa juzgada surtirá efectos en relación con todas las comprendidas en el emplazamiento.

La cosa juzgada no se opone al recurso extraordinario de revisión.

(…)”.

De lo anterior se tiene entonces, que son tres los elementos que deben concurrir para que se estructure la cosa juzgada, a saber: i) identidad de objeto; ii) identidad de causa; e iii) identidad jurídica de las partes. Si, llegado el caso, en el trámite de un proceso judicial sometido a conocimiento de la jurisdicción se acredita la existencia de una sentencia ejecutoriada en la que se den los mencionados elementos, independientemente de la especialidad del funcionario judicial que la hubiere proferido, no queda otro camino que declarar la improcedencia de las pretensiones.

Esta Corporación(10) en variados pronunciamientos ha definido la cosa juzgada como “(…) una consecuencia jurídica que se le atribuye a la sentencia o decisión del juez, fruto de un procedimiento calificado, denominado proceso de declaración de certeza; consecuencia de la misma, se pueden predicar efectos procesales y sustanciales que tienden a garantizar un mínimo de seguridad jurídica entre los asociados (…)”(11), o también como “(…) carácter imperativo e inmutable de las decisiones que han adquirido firmeza, lo cual implica de suyo la imposibilidad de volver sobre asuntos ya juzgados, para introducir en ellos variaciones o modificaciones mediante la adopción de una nueva providencia (…)”.

Descendiendo al asunto objeto de estudio y aplicando lo hasta aquí expuesto, la Sala no encuentra ajustados los requisitos de procedencia de la cosa juzgada, a saber, identidad de objeto, causa y partes, pues resulta claro que el objeto jurídico de la reclamación en el trámite de una acción de tutela es la protección de derechos fundamentales eventualmente vulnerados por el actuar de la autoridad, mientras que en una acción de nulidad y restablecimiento del derecho lo constituye la legalidad de la actuación de la administración. Por tanto, no encontrándose estructurada la figura jurídica, en los términos del artículo 332 del Código General del Proceso, este argumento no es de recibo, resultando acertada la decisión del a quo.

iii. Falta de legitimación material en la causa para demandar.

La legitimación en la causa, por el lado activo, es la identidad del demandante con el titular del derecho subjetivo, es decir, con quien tiene vocación jurídica para reclamarlo y, por el lado pasivo, es la identidad del demandado con quien tiene el deber correlativo de satisfacer el derecho o de responder por la pretensión.

La legitimación es, por lo tanto, un presupuesto material de la sentencia de mérito favorable al demandante. En consecuencia, si aparece acreditado en el proceso que la entidad que ha sido demandada, conforme a la ley sustancial, no es la llamada a responder eventualmente por el daño cuya indemnización se reclama, habrán de negarse las pretensiones de la demanda.

Encuentra la Sala que la inconformidad titulada bajo falta de legitimación material en la causa para demandar, se hace consistir en que el acto acusado no tiene vocación de ser acusable ante esta jurisdicción, por lo cual, es preciso señalar que son actos definitivos, aquellos que culminan la actuación administrativa de manera directa o indirecta, bien sea por decidir el fondo del asunto o por hacer imposible su continuación.

Así pues, un acto administrativo subjetivo o acto definitivo particular, es una declaración de voluntad proveniente del ejercicio de la función administrativa, que produce efectos jurídicos, es decir que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, mientras que los actos de ejecución se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las definidas en la sentencia, por lo que éstos, se encuentran excluidos de control por parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, al respecto el Consejo de Estado en providencia del 30 de marzo del 2006, indicó(12):

“(…) los actos de ejecución de una decisión administrativa o jurisdiccional se encuentran excluidos de dicho control, toda vez que a través de ellos no se decide definitivamente una actuación, pues sólo son expedidos en orden a materializar o ejecutar esas decisiones (…)”.

No obstante, esta Corporación ha admitido que pese que el acto acusado dio cumplimiento a una sentencia, es procedente ejercer el medio de control de nulidad y de restablecimiento, al haberse creado, modificado o extinguido una situación jurídica que antes del fallo no existía y, por ende, es susceptible del control de legalidad, al respecto, en pronunciamiento del 14 de febrero del 2013(13), esta Sala precisó:

“(…) Aunque resulta probado que la resolución objeto de la controversia tiene la connotación de acto de ejecución, debido a que fue proferida en cumplimiento de una sentencia, es claro que la misma fue impartida en un trámite de tutela, que resulta ser de distinta naturaleza a la acción ordinaria, lo cual hace que sea posible interponer una acción de nulidad y restablecimiento del derecho, ante la jurisdicción contenciosa, quien es competente para estudiar la legalidad de los actos administrativos. (…).

En este mismo sentido esta Corporación se ha pronunciado en Sentencia del 25 de octubre de 2011(14): 

(…) “Es cierto que la resolución de reconocimiento de la pensión fue expedida en cumplimiento de la sentencia que definió una acción de tutela, en un proceso en que se encontró amenaza o vulneración de derechos fundamentales, no obstante, es importante recordar que la acción de tutela está dirigida a proteger derechos fundamentales, sin que nada obste que el juez competente conozca de las demandas en contra de actos administrativos y decida si estos se ajustan a la legalidad o no.” (…)” (Lo resaltado en negrilla es de la Sala).

Esta posición, recientemente se ha mantenido así(15):

“(…) Así las cosas, es posible concluir que en casos como el que aquí nos ocupa, el acto administrativo acusado no encaja dentro de los denominados de ejecución y, por ende, al haberse generado un verdadero acto administrativo, es susceptible del control de legalidad, pues creó, modificó o extinguió una situación jurídica diferente, además de haber sido expedido en acatamiento a un fallo proferido por un juez constitucional en reclamación de derechos fundamentales, que refiere un debate ajeno a la esencia misma del derecho sustancial de naturaleza patrimonial, como lo son las pensiones. (…)”.

De esta manera, la acción de tutela tiene rasgos propios inspirados en la defensa de los derechos fundamentales de las personas, y sus decisiones de amparo, si bien permean la esfera del juez ordinario, lo hacen de manera excepcional, de modo que distingue el propósito de cada acción o medio de control como el mecanismo idóneo e inequívoco para definir desde el plano de la justicia la existencia de un derecho, como en el sub lite, donde se discute la legalidad de un acto administrativo, asunto que es privativo de esta jurisdicción en virtud del artículo 238 superior. Así las cosas, se respeta el principio del juez natural de la controversia de legalidad.

Resulta claro entonces, que al definirse una situación concreta en un acto administrativo a partir de una sentencia de tutela, ello no enerva el control de su juez natural, que no es otro, al contencioso de legalidad respectivo, siendo viable la presente demanda tal como lo concluyó el Tribunal de instancia.

Es pertinente señalar, que la anterior posición es pacífica al interior de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y en tal sentido, la subsección A, en diferentes pronunciamientos ha explicado, para el caso concreto de actos administrativos de reconocimiento o reliquidación de pensiones expedidos por Cajanal, hoy la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, en estricto acatamiento a fallos proferidos dentro de trámite de acciones de tutela, que la decisión de la citada entidad no puede ser considerada como de mera ejecución, ya que, ciertamente, su finalidad fue crear o modificar situaciones jurídicas concretas, por lo que resulta perfectamente enjuiciable por vía contenciosa al haber sido emitida por un operador judicial diferente de su juez natural, mediante un procedimiento que no corresponde a la forma propia del juicio que por mandato del legislador debe surtirse, permitiendo que, eventualmente, se provoque una vulneración al mandato consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, por lo que le asiste legítimo derecho a la entidad administradora de los recursos de seguridad social cuestionarlos para brindar verdadera seguridad jurídica, máxime cuando su actividad concierne al manejo de dineros públicos(16).

Así las cosas, es posible concluir que en casos como el que aquí nos ocupa, el acto administrativo acusado no encaja dentro de los denominados de ejecución y, por ende, al haberse generado un verdadero acto administrativo, es susceptible del control de legalidad, pues creó, modificó o extinguió una situación jurídica diferente, además de haber sido expedido en acatamiento a un fallo proferido por un juez constitucional en reclamación de derechos fundamentales, que refiere un debate ajeno a la esencia misma del derecho laboral, como lo son las pensiones.

Finalmente, la Sala de permite reiterar las siguientes precisiones:

1. El juez natural de la función administrativa es el juez de lo contencioso administrativo, asunto que no se subleva a que provenga de un acto que da cumplimiento a una sentencia, de conformidad con el artículo 104(17) del Código Contencioso Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

2. Existe diferencia de objeto y naturaleza entre la acción de tutela y el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. La discusión de un derecho laboral no solo puede quedar resuelta a la luz de un derecho fundamental, pues también debe verificarse el panorama de legalidad que verifica el juez de lo contencioso administrativo, máxime tratándose de relaciones legales y reglamentarias en donde el régimen salarial y prestacional tiene su fuente directa en la ley o en el acto administrativo.

Por lo anterior, la Sala concluye que el control de legalidad sobre estos actos administrativos es viable, en el entendido que el juez de tutela no centra su análisis a estos aspectos, que si hacen parte del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con fundamento en los anteriores argumentos, se procederá a confirmar por parte de la Sala el auto proferido en audiencia inicial del 6 de julio del 2016 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de Decisión del Sistema Oral, que declaró como no probadas las excepciones propuestas.

En mérito de lo expuesto, la subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado;

RESUELVE:

1. CONFIRMAR el Auto proferido en audiencia inicial del 6 de julio del 2016 por el Tribunal Administrativo de Nariño, Sala Unitaria de Decisión del Sistema Oral, que declaró como no probadas las excepciones propuestas por la parte demandada.

2. Por la Secretaría de la Sección Segunda, devuélvase el expediente al Tribunal Administrativo de origen y déjense las constancias de rigor.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

6. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Consejero ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Bogotá, D.C., veintidós (22) de abril de dos mil quince (2015). Radicación número: 66001-23-31-000-2011-00429-01(2627-13). Actor: Municipio de Pereira. Demandado: María Eugenia Macías Rivera.

7. Todo lo anterior tiene su fundamento en la teoría de los móviles y finalidades que de tiempo atrás fue expuesta por el Consejo de Estado, y la cual permite diferenciar en qué casos la entidad ejerció una u otra acción de las mencionadas. Al respecto ha dicho la Corporación: “(…) Respecto de la procedencia de la acción de nulidad contra actos particulares y concretos la Sentencia de agosto 10 de 1961, con ponencia de Carlos Gustavo Arrieta Alandete, estableció que solamente se podría demandar este tipo de actos mediante la acción de nulidad si: “(…) los únicos motivos determinantes… son los de tutelar el orden jurídico y la legalidad abstracta contenida en esos estatutos superiores, y que sus finalidades son las de someter la administración pública al imperio del derecho objetivo.”; y la consecuencia de la declaratoria de nulidad del acto particular y concreto no conlleva un restablecimiento automático del derecho subjetivo (…)”
Esta posición ha sido reiterada en múltiples fallos de esta Corporación, entre los que se encuentran los siguientes: (i) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 29 octubre de 1996, M.P. Daniel Suárez Hernández; (ii) Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, 4 marzo de 2003, M.P. Manuel Santiago Urueta Ayola; (iii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, auto del 30 de agosto de 2007, Radicación Número: 13001-23-31-000-2004-01160-01, Actor: José Javier Barraza Gómez.

8. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección “B”. Consejera Ponente: Bertha Lucia Ramírez de Páez. Bogotá, D.C., treinta (30) de septiembre dos mil diez (2010). Radicación número: 25000-23-25-000-2006-08199-01(2334-07). Actor: Fondo de Previsión Social del Congreso de la Republica. Demandado: Rafael Antonio Forero Castellanos.

9. Consejo de Estado, Sentencia del 20 de mayo de 2010, Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, Consejero Ponente: Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expediente: 0807-2008.

10. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 24 de marzo de 2011, actor Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contra Alba Marina Acosta Cadavid, radicado 17001-23-31-000-2004-01402-01(34396), C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz.

11. Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 18 de febrero de 2010, actor El Portón Tres Ltda. Contra Caja de Retiro de las Fuerzas Militares - CREMIL, radicado 25000-23-26-000-1991-07400-01(17861), C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

12. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, Consejera Ponente: Ligia López Díaz, providencia del 30 de marzo de 2006, Radicación número: 25000-23-27-000-2005-01131-01(15784). Ver también Sentencias del 15 de noviembre de 1996, Exp. 7875, C.P. Consuelo Sarriá Olcos, del 9 de agosto de 1991, Exp. 5934 C.P. Julio Cesar Uribe Acosta y del 14 de septiembre de 2000, Exp. 6314 C.P. Juan Alberto Polo.

13. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve. Fecha 14 de febrero de 2013, Radicación 250002325000-2011-00245-01 (2634-11)

14. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda - Subsección “A” Consejero Ponente: Alfonso Vargas Rincón Bogotá D.C., veinticinco (25) de octubre de dos mil once (2011) radicación número: 11001-03-15-000-2011-01385-00 actor: Caja Nacional de Previsión Social Cajanal - Eice en Liquidación Acción de Tutela.

15. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez, Sentencia del 17 de noviembre del 2016, expediente: 17001-23-31-000-2011-00303-02(3727-14), demandante: UGPP, demandado: José de Jesús Cárdenas García.

16. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, Auto del 17 de abril de 2013, Demandante: Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal - En Liquidación), Demandando: Judith Giraldo González, radicado 25000 23 25 000 2010 01143 01.

17. “ART. 104.—De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. (Negrillas fuera de texto original).