SENTENCIA 2014-00190/10791-25 DE JUNIO 22 DE 2017

 

Sentencia 2014-00190/10791-25 de junio 22 de 2017

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 630011102000 2014 00190 01 (10791-25)

Aprobado según Acta de Sala Nº 47

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Bogotá D.C., veintidós de junio de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Conforme a las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política de Colombia; 112 numeral 4º y parágrafo 1º de la Ley 270 de 1996, y 59 numeral 1º de la Ley 1123 de 2007, esta Sala jurisdiccional disciplinaria es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión proferida en primera instancia por las Salas homólogas de los consejos seccionales.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo 02 de 2015, se adoptó una reforma a la rama judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala plena de la Corte Constitucional en autos 278 del 9 de julio y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: “(i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 02 de 2015: “los actuales magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 002 de 2015, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente esta colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2. De la calidad del investigado.

Mediante certificación expedida por la Unidad de Registro Nacional de Abogados, se estableció que el doctor Fabián Alberto Montoya Calderón, se identifica con la cédula de ciudadanía 94.463.253 y porta la tarjeta profesional para el ejercicio de la abogacía Nº 130.166 del Consejo Superior de la Judicatura, la cual se encuentra vigente (fl. 3 c.o.).

3. Del caso en concreto.

La presente investigación tuvo su origen en la compulsa de copias ordenada por el juzgado cuarto laboral del circuito de Armenia, mediante Auto del 4 de junio de 2014, quien solicitó investigar el comportamiento profesional del doctor Fabián Alberto Montoya Calderón, debido a que el profesional del derecho sustentó un desistimiento de la demanda en que “…en un proceso de similares características se presentó una situación anómala con la documental aportada”.

Circunstancia que resultó inquietante para el despacho de conocimiento, “toda vez que en un proceso con similares características luego de haber aceptado el desistimiento, se logró determinar que el dictamen de pérdida de capacidad laboral aportado para la prosperidad de las súplicas incoadas, no coincidía con los datos reportados, situación que se logró demostrar de acuerdo al oficio que emitiera la junta regional de invalidez de Caldas” (fl. 1 c.o. 1ra instancia).

4. De la apelación.

El apoderado contractual presentó escrito de apelación en término el 7 de mayo de 2015, habiéndose notificado personalmente el 4 del mismo mes y año, razón por lo cual esta Sala procede a resolver los puntos esgrimidos en el recurso de alzada.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación, presentado donde se estudiará cada punto de apelación en los siguientes términos:

Frente a la materialidad de la falta endilgada en el pliego de cargos y la Sentencia de primera instancia, se estableció que el profesional del derecho incurrió en falta disciplinaria, específicamente en el artículo 33.11 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto usó una prueba falsa en dos procesos uno administrativo y otro judicial.

Efectivamente encuentra la Sala de los elementos materiales probatorios legalmente arrimados al expediente, que el disciplinado fue contratado por el señor Otoniel de Jesús Valencia Cano, con el fin de obtener su pensión, toda vez que el profesional del derecho formuló el día 21 de junio de 2013, solicitud de reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, junto con el correspondiente retroactivo, al Instituto de los Seguros Sociales con base en el dictamen 68252013, emanado de la junta regional de calificación de invalidez del departamento de Risaralda, con una fecha de estructuración del 26 de agosto de 2013. Igualmente, que el mismo profesional del derecho, ante la omisión de respuesta al anterior requerimiento, formuló demanda judicial el 10 de junio de 2014, la cual correspondió al juzgado cuarto laboral del circuito de la ciudad de Armenia, en el radicado 201300477, donde se aportó, como evidencia significativa, el citado dictamen 6825-2013.

En la presente investigación rindió testimonio el señor Otoniel de Jesús Valencia Cano, quien expresó haber conferido poder al abogado para obtener pensión de invalidez, por cuanto sufre de varias enfermedades, sin embargo, no sabe lo que es una Junta de Invalidez, ni si ha estado ahí. Fue sólo a las ciudades de Manizales y Pereira pero desconoce de qué se trató y el nombre de las oficinas, señalando que no tiene conocimiento del proceso laboral y tampoco que el abogado haya desistido de la demanda.

De lo anterior, se arriba a la primera conclusión, el señor Otoniel de Jesús Valencia Cano nunca fue valorado médicamente por la junta regional de calificación, pues señaló que no elevó solicitud para la realización del dictamen de calificación de invalidez y que todo lo había realizado el abogado y un compañero de oficina que lo había acompañado a las citas médicas junto con su esposa.

Con el poder otorgado, el profesional del derecho, solicitó ante el departamento de atención al pensionado del Instituto de los Seguros Sociales, seccional Risaralda, el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, que afirmó tenía derecho el señor Otoniel de Jesús Valencia Cano, base en el dictamen 6825-2013, emanado de la junta regional de calificación de invalidez del departamento de Risaralda.

Ante la omisión del Instituto de los Seguros Sociales de contestar el requerimiento del profesional del derecho, el señor Otoniel de Jesús Valencia Cano le otorgó poder al doctor Fabián Montoya Calderón, para iniciar demanda ordinaria laboral, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, anexando nuevamente copia el dictamen 6825-2013, emanado de la junta regional de calificación de invalidez del departamento de Risaralda, el cual resultó falso, demanda que correspondió al juzgado cuarto laboral.

Se indica que el dictamen es falso por cuanto, al estudiar dichos documentos “copia del dictamen 6825-2013”, remitido por la junta regional de invalidez de Quindío presentó certificación la misma entidad señaló que una vez revisados los archivos físicos y sistemáticos no se evidencia que esta haya proferido el dictamen pericial número 6825-2013. Además “Los casos para la calificación que se reciben en un año promedio son de 1000; y cada año se comienza desde el 001 y termina con el último caso recibido, por lo tanto es imposible un dictamen emitido por juntas tan pequeñas un dictamen con ese número” (fl. 93 c.o. 1ra instancia).

El Instituto Nacional de Medicina Legal, allegó copia del dictamen pericial practicado al “Formulario de dictamen para la calificación y pérdida de la capacidad laboral” 68252013, donde se determinó que dicho documento de fecha 17 de mayo de 2013, no presentaba identidad morfotípica.

Así, considera esta Sala acertada la decisión a la que arribó el seccional, al indicar que el profesional del derecho Fabián Alberto Montoya Calderón, utilizó, un dictamen de calificación de invalidez falso, el cual anexó tanto en la reclamación administrativa en el Instituto de los Seguros Sociales, como en la demanda laboral ordinaria que cursó en el juzgado cuarto laboral del circuito de Armenia.

La anterior conclusión no fue rebatida por el defensor de confianza del profesional del derecho en el recurso de apelación, sino que intentó demostrar una ausencia del elemento dolo de la culpabilidad, si se tiene en cuenta que el togado inculpado no tenía conocimiento de la falsedad del documento, pues se lo había entregado al señor Luis Fernando Gómez Yara, a quien le delegó la función de conseguir el dictamen de calificación de invalidez, persona que además, falleció.

Esta Sala no comparte los argumentos de la defensa y si bien se constituyen en un esfuerzo por desprenderse de la responsabilidad disciplinaria, debe precisarse que de los elementos materiales probatorios, claramente surge el componente subjetivo de la conducta como pasa a analizarse, teniendo como premisa, no ser creíble bajo ninguna lógica, que el togado no supiera de lo espurio del documento.

Según lo informado por el defensor de confianza del doctor Fabián Alberto Montoya Calderón y sus compañeros de oficina, contrataron al señor Luis Fernando Gómez Yara, a efectos de que consiguiera el dictamen de calificación de invalidez.

Además como prueba trasladada se allegó el testimonio del señor Orlando Mario García Agudelo quien indicó laborar desde finales del año 2007 o comienzos del 2008 con el abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, motivo por el cual explica su funcionamiento y el proceso de cambios que se han presentado por el crecimiento de la oficina.

A ese respecto, añadió, cuentan con un abogado externo, quien asiste a algunas audiencias, como también, a partir de finales del año 2011, el señor Luis Fernando Gómez Yara. Respecto al trámite interno que sufren las solicitudes de pensión de invalidez, explicó, inicialmente el doctor Montoya Calderón entrevista al cliente y le solicita los documentos necesarios para evaluar su condición, entre ellos, la fotocopia de la cédula de ciudadanía, el registro civil de nacimiento y la historia clínica. Normalmente él los recibe y entrega al señor Gómez Yara la historia clínica con el fin de gestionar lo relacionado con la Junta de Invalidez. Una vez se obtiene el resultado, era el propio Gómez Yara, el encargado de llevarlo a la oficina. Enfatizó en que en ningún momento tuvieron conocimiento o sospecha de la falsedad de los dictámenes. Explicó, además, que se vio en la necesidad el doctor Montoya Calderón de contratar los servicios del señor Gómez Yara, para el trámite ante las juntas de calificación de invalidez, una vez cerraron la que funcionaba en el Quindío y se vieron en la obligación de acudir a las de Pereira y Manizales.

De las pruebas legalmente arrimadas al expediente, se tiene que el señor Luis Fernando Gómez Yara era un tramitador, dedicado específicamente a los asuntos de tránsito terrestre en el municipio de Armenia.

Por tanto es claro que el profesional del derecho sí estaba enterado de lo espurio del documento contentivo de la calificación de invalidez del señor Otoniel de Jesús Valencia Cano, pues las reglas de la experiencia claramente indican que una persona como el doctor Fabián Alberto Montoya Calderón, profesional del derecho, dedicado según el dicho de su defensa, exclusivamente a temas de pensiones de invalidez, no supiera el procedimiento para la calificación de pérdida de la capacidad laboral; que en la gestión y consecuencia del mismo no se admitían tramitadores, pues debían realizarse dos valoraciones médicas al afectado; que el dictamen se entregaba directamente al paciente; y, aun todo lo anterior, el togado “le entregó” la consecución del certificado a un tramitador de tránsito, que en ningún momento llevó a valoración médica al señor Otoniel de Jesús Valencia Cano, luego, no es creíble la tesis de la defensa que no se tenía conocimiento de lo espurio del documento.

Por lo anterior, no hay duda de la responsabilidad del doctor Fabián Alberto Montoya Calderón de la falta imputada y de la cual se le encontró responsable por parte del seccional, conducta que fue cometida dolosamente, pues tenía conocimiento que el documento ingresado y soporte de las pretensiones, era totalmente falso y no correspondía a la verdad.

Así, desvirtúa la Sala lo indicado por el defensor en el escrito de alzada, donde informó que se estaba en presencia en el caso concreto de una responsabilidad objetiva, pues no se presentaba el elemento dolo de la culpabilidad.

La culpabilidad, como ingrediente constitutivo al lado de la tipicidad y la antijuridicidad, de la falta disciplinaria, se convierte en uno de los límites materiales de la potestad sancionadora del Estado, en tanto el juicio de responsabilidad determina que la decisión disciplinaria debe estar articulada con el grado de culpabilidad del inculpado. Así, la culpabilidad constituye una garantía constitucional para los ciudadanos, en cuanto son titulares de unos valores superiores (libertad, igualdad, solidaridad, justicia, participación, dignidad humana, entre otros), que deben ser respetados de manera escrupulosa por el Estado(2).

Doctrinaria y jurisprudencialmente, la culpabilidad ha sido entendida como el reproche personal que se dirige al autor por la realización de un hecho típicamente antijurídico(3), esto es, el juicio de valor o reproche que se le hace a una persona, por haber cometido una conducta a título de dolo o culpa.

Es decir, que en nuestro sistema jurídico ha sido proscrita la responsabilidad objetiva y, por lo tanto, la culpabilidad es supuesto ineludible y necesario de la responsabilidad y de la imposición de la sanción, lo que significa que la actividad del Estado tiene lugar tan sólo sobre la base de la responsabilidad subjetiva de aquellos sobre quienes recaiga(4).

En el caso concreto del doctor Fabián Alberto Montoya Calderón, se itera, está probado que su comportamiento fue doloso.

Finalmente, frente al tema de la presunción de inocencia, pues en el escrito de apelación de la defensa del profesional del derecho, hizo referencia al artículo 8º de la Ley 1123 de 2007, consistente en la necesidad de absolver por la duda que existe al interior del plenario sobre la responsabilidad del abogado Fabián Montoya Calderón.

El in dubio pro disciplinado, consistente en que toda duda razonable se resolverá a favor del disciplinado, tal y como lo consagra el artículo 8º de la Ley 1123 de 2007:

“ART. 8º—Presunción de inocencia.

[…]

Durante la actuación toda duda razonable se resolverá a favor del investigado cuando no haya modo de eliminarla.

Así mismo, el principio in dubio pro disciplinado, como lo ha indicado la Corte Constitucional desde la Sentencia C-097 de 1994, emana de la presunción de inocencia y surge precisamente del in dubio pro reo.

Según esta locución latina, toda duda debe resolverse a favor del investigado-disciplinado, lo que obliga al operador disciplinario a absolver al acusado en caso de duda, convirtiéndose en una garantía de la presunción de inocencia del inculpado, basado más en el derecho probatorio y en la interpretación de la ley(5).

Se predica el in dubio pro disciplinado, es de la duda surgida de la falta de prueba de cargo, o que la aportada no tiene la capacidad de lograr la demostración que el imputado efectivamente cometió la falta. Así, es situación natural del hombre la de ser inocente, por tanto toda duda insalvable que aparezca dentro del proceso debe beneficiarlo, porque la premisa mayor de la presunción de inocencia lo ampara.

La Corte Constitucional Colombiana mediante la Sentencia T-1015 de 2010, expresó que La presunción de inocencia se refleja, a su vez, en el principio hermenéutico in dubio pro reo, que ordena al operador judicial abstenerse de condenar-sancionar a un ciudadano a menos que esté probada la conducta típica, más allá de toda duda razonable, y a exigir criterios mínimos de convicción para la adopción de otras decisiones centrales en la investigación y el proceso.

Es importante indicar que la calificación de la duda razonable guarda armonía con la concepción de lo razonable como parámetro de adecuación del discurso judicial. Lo razonable excluye el arbitrio o el capricho del operador judicial por el condicionamiento de sus actuaciones a la existencia de razones legítimas en el marco de la Constitución y la ley; pero no equivale, sin embargo, a lo cierto o lo indiscutible, sino a lo aceptable por los participantes en un discurso que goce de suficientes condiciones para el intercambio de esas razones jurídicamente relevantes y socialmente adecuadas(6).

De todo lo anterior, se tiene que para la aplicación del principio del in dubio pro disciplinado, se debe estar en presencia de una duda razonable y, en el caso concreto del abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, existe plena prueba, que lleva a la certeza, que el togado incurrió en la falta establecida en el artículo 33.11 de la Ley 1123 de 2007, por cuanto en dos oportunidades, una en sede de reclamación administrativa y otra, en una instancia judicial, presentó una prueba falsa, con la cual obtuvo el reconocimiento de una pensión de invalidez.

Así, la prueba con que cuenta el expediente disciplinario, llevan a la convicción a esta jurisdicción, que el profesional del derecho utilizó un documento falso y sí conocía de la calidad de espurio del mismo, por lo que se desvirtuaron los argumentos defensivos y la presunción de inocencia.

En ningún momento procesal se ha vulnerado el principio de presunción de inocencia del doctor Fabián Alberto Montoya Calderón o se ha dejado de aplicar arbitrariamente el principio in dubio pro disciplinado, sino que por el contrario, esta jurisdicción demostró fehacientemente la materialización de la falta establecida en el artículo 33.11 de la Ley 1123 de 2007.

Frente a los extremos probatorios que demanda el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para sancionar, esto es, materialidad de la falta y responsabilidad del disciplinado, ninguna dificultad presenta el proceso, pues se demostró que el abogado utilizó una prueba falsa con la cual intentó obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez del señor Otoniel de Jesús Valencia Cano, así finalmente haya desistido de la demanda.

Por lo anterior, emerge con claridad para esta Sala, que el comportamiento profesional del disciplinable está debidamente acreditado desde el punto de vista probatorio y encuadra perfectamente en la norma que tipifica la falta prevista en el numeral 11 del artículo 33 del Código Disciplinario del Abogado.

Por último, frente a la consideración realizada por el Ministerio Público de reducirle la sanción a tres años de suspensión en el ejercicio de la profesión, la misma no será acogida por la sola, puesto que el engaño fue causado en detrimento del estado y de una persona de la tercera edad por demás enferma quien depositó su confianza en el mencionado profesional del derecho; de otra parte ante esta colegiatura se están adelantando más de 14 procesos contra el inculpado por esta misma causa, se itera, utilizar dictámenes periciales falsos para acceder al pago de pensiones, razón por la cual la sanción de exclusión impuesta por el seccional de primera instancia resulta justa y proporcional.

Por lo anteriormente expuesto esta colegiatura CONFIRMARÁ la sentencia proferida el 24 de abril de 2015, por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, al encontrarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la ley.

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la sentencia proferida el 24 de abril de 2015, por la Sala jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Quindío, mediante la cual sancionó con EXCLUSIÓN de la profesión al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, al encontrarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007.

2. Anotar la sanción en el Registro Nacional de Abogados, fecha a partir de la cual empezará a regir la misma, para cuyo efecto se le comunicará a la oficina encargada del registro lo aquí resuelto, remitiendo copia de esta providencia con constancia de su ejecutoria.

3. DEVUÉLVASE al seccional de origen, para que notifique a los intervinientes de la presente decisión de conformidad a lo establecido en los artículos 70 y siguientes de la Ley 1123 de 2007, asimismo el magistrado sustanciador tendrá las facultades de comisionar cuando sea requerido para dar cumplimiento a la presente decisión; y en segundo lugar, cumpla con lo dispuesto por la Sala y los demás fines pertinentes.

Notifíquese y cúmplase».

2 Corte Constitucional, Sentencia C-808 de 2005.

3 DE MEMIELA, Juan B. Lorenzo. Régimen disciplinario de los funcionarios de carrera. Manual Práctico de la Función Pública. Volumen V. Thomson, Aranzadi. 2008, p. 179.

4 Corte Constitucional, Sentencia C- 626 de 1996.

5 Al respecto se puede ver JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, Tratado de derecho penal, Tomo II, tercera edición, Losada, Buenos Aires, 1964.

6 Corte Constitucional Sentencia T-1015 de 2010.