Sentencia 2014-00208 de septiembre 30 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad. 630011102000201400208 01 A

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Aprobado según Acta No. 82 de la misma fecha

Bogotá D. C., treinta de septiembre de dos mil quince.

EXRACTOS: «Consideraciones

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para conocer la apelación de la decisión del 30 de abril de 2015 emitida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío mediante la cual halló disciplinariamente responsable al doctor Fabián Alberto Montoya Calderón por infligir su deber profesional plasmado en el numeral 6° del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, pues incurrió en la conducta descrita en el numeral 11° del artículo 33 ibídem, sancionándolo con EXCLUSIÓN de la profesión; dejando por sentado que la anterior competencia deviene de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3, de la Carta Política y 112, numeral 4, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1° del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo No. 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “…los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a desatar en sede de apelación la providencia del a quo así,

3. El caso en concreto.

Procede esta Corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Siendo así, se tiene que el abogado Fabián Alberto Montoya Calderón fue llamado a juicio disciplinario y hallado responsable de infringir la falta disciplinaria prevista en el numeral 11° del artículo 33 ibídem de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“…Artículo 33. Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas…”

Así las cosas, al juicio del seccional de instancia se sancionó al togado porque había usado una versión falsa del denominado Formulario de dictamen para calificación de la pérdida de la capacidad laboral y de TERMINACIÓN de la invalidez 552-2012 expedido el 16 de agosto de 2012 por la Junta de Calificación de Invalidez de Risaralda teniendo como destinaria la señora Andrea Paola Bermúdez Blandón, para promover desde el 15 de marzo de 2013 un proceso ordinario laboral en favor de la señora Marina Helmina Duque Salazar surtido ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia -Quindío contra COLPENSIONES bajo el radicado 2013-00091-00, pues el que utilizó, decía ser realizado el 23 de agosto de 2012 por esa misma entidad, con ese mismo radicado, pero con destino a la señora María Helmina Duque De Salazar, lo cual se demostró que era falso; no aceptando los argumentos exculpatorios, basados centralmente en la confianza que el investigado depositó en un tercero para la obtención del aludido certificado, pues era el deber del letrado cerciorarse sobre la validez de las pruebas en las cuales basaba sus litigios, máxime la connotación de los mismos.

Luego de lo anterior, y entrando a desatar los argumentos apelatorios, se destaca que según el criterio de ésta Superioridad no es de recibo el primer argumento exculpatorio, dado que no es dable considerar que un profesional del derecho con la experiencia y sapiencia del doctor Fabián Alberto Montoya Calderón hubiese sido “engañado” por un tercero del que ni si quiera se tuvo referencia personal alguna, es decir, sólo se supo de él por testimonios (ya que falleció) y si bien es cierto todos los declarantes fueron consistentes en decir que el doctor Montoya Calderón depositó su confianza en un tercero para que le ayudara a obtener un documento que luego iba a utilizar en sus demandas, no lo era menos, que él era quien tenía el primer contacto con los clientes, recibiéndoles sus documentos de historia clínica y demás, para luego relacionarlos con el señor Luis Fernando Gómez Yara, lo cual hace preguntar, ¿cómo es posible que un togado, persona ilustrada en derecho y experta al respecto, pretenda hacer creer que realiza un contacto entre un cliente suyo y un tercero (de su confianza) para la obtención de un documento que luego hará valer en una demanda y no sabía de dónde o cómo se obtenía el mismo?, interrogante éste que no deja espacio a la duda y por el contrario deja entrever el dolo del togado, pues él y el señor Gómez Yara sabían de la modalidad de recolección de esos Formularios De Dictamen Para Calificación De La Pérdida De La Capacidad Laboral Y De Terminación De La Invalidez, ya que, como se dijo y se itera, no puede el profesional del derecho alegar que fue víctima de un engaño, cuando era él quien realizaba el puente y el contacto entre sus clientes y el tramitador, siendo ello tan sospechoso en la conducta del letrado y por ende se rechaza el primero y más consistente de los argumentos de la alzada.

Ahora bien, frente al segundo argumento en el que expuso que tanto su cliente como COLPENSIONES habían sido engañados por el proceder del señor Gómez Yara, y prueba de ello anterior era que COLPENSIONES jamás le hizo algún requerimiento para que aclarara o corrigiera ello, se debe decir que el mismos también es del total rechazo de ésta Corporación, pues no puede considerarse que la responsabilidad del actuar del togado se pueda trasladar a la entidad a la cual se estaba defraudando, pues sería como justificar su viciado proceder, y así sin hacer mayores dubitaciones al respecto este punto será negado.

Así pues, la conducta anteriormente descrita y realizadas a conciencia del incumplimiento del deber legal por parte del abogado disciplinado, afectó los fines de la administración de justicia y del Estado.

Partiendo de la actuación surtida en el plenario, se logra tener certeza que la conducta por la que resultó ser sancionado el abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, se presentó, siendo él la persona responsable de la misma y cometida conforme los precedentes de esta Corporación en la modalidad dolosa, por cuanto a sabiendas que con la presentación de la demanda sustentándola en una prueba falsa y por demás fraudulenta, estaba incurriendo en falta disciplinaria, y aun así lo hizo.

Vistas así las cosas, al encontrarse debidamente probada la existencia de la conducta típica conforme a lo establecido en el texto de la norma imputada, y al no existir justificación de dicho proceder del abogado, además de haberse probado su responsabilidad en esos concretos, lo procedente en esta instancia es confirmar integralmente la sentencia apelada.

Finalmente y el en lo atinente al quantum sancionatorio, se tiene que la sanción impuesta de EXCLUSIÓN de la profesión es razonable y ajustada, por lo que la Sala la mantendrá, pues se tuvo en cuenta la trascendencia social y personal de las conductas desarrolladas, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad el comportamiento investigado; la ausencia de antecedentes disciplinarios anteriores a la comisión de la falta; y la modalidad dolosa de misma, de conformidad con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. Confirmar integralmente la sentencia del 30 de abril de 2015 emitida por la Sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura del Quindío mediante la cual halló disciplinariamente responsable al doctor Fabián

Alberto Montoya Calderón por infligir su deber profesional plasmado en el numeral 6° del artículo 28 de la ley 1123 de 2007, pues incurrió en la conducta descrita en el numeral 11° del artículo 33 ibídem, sancionándolo con exclusión de la profesión; ello, atendiendo las consideraciones que sobre el concreto se expusieron en la parte motiva de ésta providencia.

2. Notificar a todas las partes dentro del proceso, a través de la secretaría judicial de esta sala, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del registro nacional de abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. devuélvase el expediente al consejo seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase».