Sentencia 2014-00212 de febrero 4 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Magistrado Ponente:

Dr. Wilson Ruiz Orejuela

Rad.: 540011102000201400212 01

Aprobado en Sala 7 de la fecha

Bogotá D.C., febrero cuatro de dos mil quince.

Asunto

Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Carlos Charry contra la providencia del 11 de septiembre de 2014, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander1, ordenó la terminación de la actuación disciplinaria en favor del Dr. Richard Eloy Vega Núñez, en calidad de Fiscal Local de Arauca, de no ser porque el mismo no fue debidamente sustentado y el escrito es irrespetuoso.

Hechos

Estando como Fiscal de Apoyo de la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca, el Dr. Richard Eloy Vega Núñez, Fiscal Local de esa ciudad, el 12 de febrero de 2014, recibió de parte del señor Luis Carlos Charry un escrito; no obstante, al verificar que los presuntos procesados no eran jueces o fiscales, el libelo se relacionaba con el radicado 810016001133 2013-00095 y estaba dirigido a la Fiscalía Tercera Seccional, procedió a remitirlo a este último despacho mediante oficio 38 DSFA-DT del 18 de ese mismo mes y año.

Inconforme con el trámite dado al libelo, el 20 de febrero de 2014, el señor Luis Carlos Charry presentó queja contra el Dr. Vega Núñez.

Antecedentes

El a quo mediante auto del 1º de julio de 2014 ordenó la indagación preliminar. En esta etapa, se ordenó escuchar al denunciante en ampliación de la queja, para lo cual se comisionó a la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca.

Estando en el citado despacho judicial, el señor Charry se abstuvo de ampliar la queja, porque en su sentir no contaba con las garantías judiciales, pues en anteriores oportunidades y con respecto a otros procesos disciplinarios, siendo comisionada la Dra. Matilde Lemos Sanmartín no se pronunciaba en torno al asunto.

En segundo lugar, indicó que como el magistrado ponente era “...el señor Calixto Cortes Prieto sobre el cual pesan los impedimentos y recusaciones de ley por su carrusel de actuaciones irregulares dentro de mis procesos por qué (sic) no entiende este ciudadano el 99.9% de las investigaciones disciplinarias que acusamos los Araucanos siempre llegan a manos de este señor Calixto Cortes Prieto o en su efecto (sic) en su colega y compinche de Sala Dra. Martha Cecilia Camacho Rojas... sus providencias irregulares y fraudulentas porque nunca fallan en legítimo derecho, por eso dejo expresa constancia y a su vez solicito que este proceso disciplinario se remita al Tribunal Superior de la Judicatura en Bogotá o de Villavicencio”2.

De igual manera, se arrimó escrito defensivo por parte del denunciado, quien señaló que efectivamente recibió del quejoso un escrito, que remitió a la Fiscalía Tercera Seccional, una vez advirtió que no correspondía a los procesos impulsados en la Fiscalía Delegada ante el Tribunal de Arauca, a la cual le prestaba apoyo.

Decisión de primera instancia

En providencia del 11 de septiembre del año inmediatamente anterior, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander decidió terminar el procedimiento iniciado al Fiscal Local de Arauca, al considerar que no existió conducta irregular por parte del mismo.

A la citada conclusión llegó, luego de revisar el material probatorio arrimado a la foliatura, esto es, la queja y la versión entregada por el disciplinado, de las cuales dedujo que el escrito del arrimado por el denunciante a la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Arauca fue enviado al funcionario competente, por lo tanto, no se infería actuación irregular, constitutiva de falta disciplinaria, por parte del Fiscal denunciado.

Recurso de apelación

Enterado el quejoso de la decisión, el 2 de octubre del año pasado, interpuso el recurso de apelación, en el cual luego de señalar que lo expresado por el disciplinable era falso, lo trató de criminal, al igual que al jefe, Dr. Sergio Gómez Trujillo.

De otro lado, indicó que rechazaba la decisión fundamentado en “...los serios vicios impedimentos y recusaciones que pesan en contra del ya famoso dúo de torcidos magistrados Calixto Corte Prieto, y su compinche de sala y de actuaciones y sombrías y maquiavélicas como es la señora Martha Cecilia Camacho Rojas, viceversa; entre otra serie de omisiones cometidas por parte de esos dos magistrados complejo conocimiento de causa y título de dolo; mal llamados administradores de justicia (o mejor injusticia)”.

Lo anterior, porque desde el año 2007, cuando los magistrados conocieron de los primeros procesos disciplinarios con fundamento en sus denuncias, no han emitido “...la primer providencia que la hayan proferido en derecho, es preciso manifestar con argumentos fácticos que todas sus actuaciones han sido obscuras, irregulares, fraudulentas, amañadas, caprichosas e injustas, con un agravante siempre han ignorado todo el abundante y fáctico acerbo (sic) probatorio”3.

Afirmó que, por el contrario, sí impusieron sanción a su apoderado Iván Orlando Carrillo, pues “...mediante fraudulenta y amañada sentencia proferida el 24 de agosto de 2012....por este mismo y ya famoso dúo de magistrados, como son los mismos de siempre, con las mismas actuaciones irregulares, torcidas y sombríos procederes de parte de los mal llamados magistrados, Calixto Corte (sic) Prieto, y Martha Cecilia Camacho. Quienes procedieron en forma arbitraria lesiva e injusta, a sancionar a mi apoderado Dr. Iván Orlado (sic) Carrilo (sic), sin una sola prueba que comprara alguna conducta disciplinable por parte de mi apoderado, no miden sus fraudulentas actuaciones sanciones, exoneraciones con el mismo racero, todo lo hacen a capricho y tráfico de influencias, ignorando, omitiendo, y prevaricando, la norma rectora reglada en la Ley 734/2002, y Ley 1123/2007, la (sic) momento de proferir sus nefastas providencias, todo ello con el único precito (sic) de hacerme daño, y fallar de forma irregular, todo en mi contra sin fundamentos facticos..”..

Consideraciones de la Sala

Competencia

La corporación tiene competencia para conocer y decidir en segunda instancia las averiguaciones disciplinarias seguidas contra los Jueces, entre otros funcionarios, según los artículos 256 numeral 3º de la C.P. y 112-4 de la Ley 270 de 1996, no obstante, como se anticipó, la Sala se abstendrá de resolver el asunto dado que el recurso no fue debidamente sustentado.

La decisión por medio de la cual se terminó la actuación en favor de los Jueces Primero Civil del Circuito de Valledupar, es susceptible del recurso de apelación, según lo descrito en el artículo 207 de la Ley 734 de 2002:

“Contra las providencias proferidas en el trámite disciplinario proceden los recursos a que se refiere ese código. Además procederá, la apelación contra el auto de archivo definitivo y el auto que niega las pruebas”.

Legitimación del quejoso

Debe destacarse que el quejoso está legitimado para interponer el recurso de apelación respecto de las decisiones que ponen fin al procedimiento, con fundamento en lo preceptuado en los artículos 90 —parágrafo— y 202 del Código Disciplinario Único:

“ART. 90.—Los sujetos procesales podrán:

(...).

PAR.—La intervención del quejoso se limita únicamente a presentar y ampliar la queja bajo la gravedad del juramento, a aportar las pruebas que tenga en su poder y a recurrir la decisión de archivo y el fallo absolutorio. Para estos efectos podrá conocer el expediente en la secretaría del despacho que profirió la decisión” (subraya fuera de texto).

“ART. 202.—Del auto de archivo definitivo y de la sentencia absolutoria se enterará al quejoso mediante comunicación acompañada de copia de la decisión que se remitirá a la dirección registrada en el expediente al día siguiente del pronunciamiento, para su eventual impugnación de conformidad con lo establecido en esta normatividad” (el resalto es nuestro).

Caso en concreto

Las funciones del proceso disciplinario se orientan a precisar la real existencia de la conducta presuntamente irregular y si la misma se adecua a alguno de los tipos disciplinarios, a identificar el responsable, establecer los móviles que determinaron el comportamiento y las circunstancias de tiempo modo y lugar, objetivo este que tratándose de los servidores públicos empieza a perfeccionarse a partir del período de la indagación preliminar autorizada en el artículo 150 del Código Disciplinario Único y en cuyo desarrollo se podrá inferir si es o no del caso abrir investigación disciplinaria y, posteriormente, formular cargos, de conformidad con lo estipulado en los artículos 152 a 154 y 161 a 163 ibídem.

De otro lado, no puede soslayarse que la competencia del Juez de Segunda Instancia se limita a emitir pronunciamiento únicamente con relación a los aspectos recurridos, pues aquellos que no son objeto de sustentación se presume que no suscitan inconformidad en el sujeto procesal recurrente, pudiendo extender la competencia a asuntos no impugnados si resultaren inescindiblemente vinculados al objeto del recurso.

Empero, la viabilidad de los recursos depende del cumplimiento de ciertos requisitos, entre ellos su motivación, según lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 734 de 2002:

“ART. 112.—Quien interponga recursos deberá expresar por escrito las razones que los sustentan ante el funcionario que profirió la correspondiente decisión. En caso contrario se declararán desiertos. La sustentación del recurso deberá efectuarse dentro del mismo término que se tiene para impugnar”.

Y con relación a la sustentación de los recursos la Corte Constitucional, ha manifestado:

“...quien hace uso del recurso de apelación, debe observar las exigencias legales de procedencia, oportunidad y debida sustentación. La inobservancia de cualquiera de estos requisitos hace improcedente el recurso e impide que el inmediato superior se pueda pronunciar acerca de lo que es motivo de inconformidad”4.

En el caso que ocupa la atención de la Sala, el señor Luis Carlos Charry, si bien indicó que las expresiones vertidas por el disciplinable eran falsas, no dio explicación alguna al respecto y su extenso escrito lo dedicó a desprestigiar a los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander, por el hecho de que no han acogido sus denuncias o por haber sancionado a su apoderado en época pasada:

“...mediante fraudulenta y amañada sentencia proferida el 24 de agosto de 2012....por este mismo y ya famoso dúo de magistrados, como son los mismos de siempre, con las misma actuaciones irregulares, torcidas y sombríos procederes de parte de los mal llamados magistrados, Calixto Corte (sic) Prieto, y Martha Cecilia Camacho. Quienes procedieron en forma arbitraria lesiva e injusta, a sancionar a mi apoderado Dr. Iván Orlado (sic) Carrilo (sic), sin una sola prueba que comprara alguna conducta disciplinable por parte de mi apoderado, no miden sus fraudulentas actuaciones sanciones, exoneraciones con el mismo racero, todo lo hacen a capricho y tráfico de influencias, ignorando, omitiendo, y prevaricando, la norma rectora reglada en la Ley 734/2002, y Ley 1123/2007, la (sic) momento de proferir sus nefastas providencias, todo ello con el único precito (sic) de hacerme daño, y fallar de forma irregular, todo en mi contra sin fundamentos facticos”.

No obstante, que al quejoso no se le puede exigir argumentación jurídica en torno a la sustentación del recurso, por lo menos debe exponer de manera sucinta las razones por las cuales no está de acuerdo con la decisión recurrida y con ello abrir las puertas para que se estudien los motivos de su inconformidad, tal como en reiteradas ocasiones lo ha dispuesto esta corporación.

Pero contrario a lo exigido por la ley, el denunciante, en su escrito de apelación, no sólo dejó de sustentar debidamente, sino que fue irrespetuoso con los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Norte de Santander que han conocido de sus denuncias y en esas condiciones tampoco la Sala esta presta a responder sus inquietudes, dado que conforme con el artículo 44 -6- del Código General del Proceso, dentro de los poderes disciplinarios del juez se encuentra el de “Ordenar que se devuelvan los escritos irrespetuosos contra los funcionarios, las partes o terceros”.

Se insiste, no puede esta colegiatura entrar a desatar un recurso de apelación a partir de lo que manifestó el recurrente y, por ende, considerarlo debidamente sustentado, ya que, a pesar de su inconformidad, no hubo manifestaciones puntuales, ni cuestionamientos a la decisión de la primera instancia, en las cuales se expresaran las razones por las que se debía revocar la providencia.

Por lo tanto, la Sala se abstendrá de desatar el recurso de apelación interpuesto, teniendo en cuenta que no cumplió con las exigencias legales consagradas en el artículo 112 de la Ley 734 de 2002 y, además, su escrito fue irrespetuoso, debiéndose revocar el auto que lo concedió, para en su lugar, declararlo desierto.

Finalmente, dado lo irreverente o descortés del escrito de apelación incoado por el señor Luis Carlos Charry, se ordenará expedir copias del mismo con destino a la Fiscalía General de la Nación, Seccional Bucaramanga, para la respectiva investigación penal.

Por lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en uso de sus facultades legales,

RESUELVE:

1. Revocar el auto del 10 de octubre del año anterior, por medio del cual se concedió el recurso de apelación contra la providencia del 11 de septiembre de 2014.

2. Declarar desierto el recurso de apelación interpuesto por el señor Luis Carlos Charry, por lo expuesto en la parte considerativa.

3. Expedir las copias ordenadas en la parte motiva y devolver el expediente a la seccional de origen.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrados: Néstor Iván Javier Osuna Patiño, presidente—Pedro Alonso Sanabria Buitrago, vicepresidente—José Ovidio Claros PolancoJulia Emma Garzón de GómezAngelino Lizcano Rivera—María Mercedes López Mora—Wilson Ruiz Orejuela.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 Con ponencia del magistrado Calixto Cortés Prieto, en sala con la magistrada Martha Cecilia Camacho Rojas.

2 Folios 24 a 26.

3 Folio 44.

4 Sentencia T 587 de 2002, M.P. Jaime Córdoba Triviño.