Sentencia 2014-00218 de mayo 18 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciséis (2016).

Magistrado Ponente:

Dr. José Ovidio Claros Polanco

Rad.: 630011102000201400218 01/A

Aprobado según acta Nº 43, de la misma fecha.

EXTRACTOS: «CONSIDERACIONES

1. Competencia.

Esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, es competente para conocer la apelación interpuesta contra la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío,(13) el 24 de abril de 2015, mediante el cual sancionó con exclusión, al abogado FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN, como autor responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007; de conformidad con lo establecido en los artículos 256, numeral 3º, de la Carta Política y 112, numeral 4º, de la Ley 270 de 1996, en armonía con lo dispuesto en el parágrafo primero de la última de las normas en cita y en el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 02 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada “equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(...) Los actuales magistrados de las Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 02 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las comisiones seccionales de disciplina judicial, órganos creados en dicha reforma (art. 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (art. 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las comisiones seccionales de disciplina judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto Legislativo 02 de 2015, así: “...los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el referido acto legislativo, estimó la guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente está Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

En virtud de la competencia antes mencionada y sin observar causal alguna que pueda invalidar la actuación hasta ahora adelantada, procede la Sala a emitir su pronunciamiento con apoyo en el material probatorio obrante en el informativo y a la luz de las disposiciones legales que atañen el tema a debatir.

2. De la apelación.

El artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, consagra el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. A su turno, en términos del artículo 16 ejusdem, en aplicación del principio de integración normativa, conforme al ordenamiento penal se tiene que la competencia del superior en el trámite del recurso ordinario de apelación, dispone que ella se extenderá a los asuntos que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de la impugnación, límite este de su restringida competencia.

El legislador en punto de la competencia del superior funcional, optó por prescribir una fórmula intermedia, pues si bien en principio el objeto del recurso constituye su límite, también se dejó consagrada la posibilidad legal de extenderla para incluir pronunciamientos sobre aspectos no impugnados, pero siempre que de ellos pueda predicarse un estrecho ligamen con el objeto de la alzada, y cuando se advierta la necesidad de hacer prevalecer el derecho sustancial o cuando ello influya en la coherencia y la lógica que ha de observarse en la decisión del superior funcional.

En consecuencia, procederá esta Sala a revisar cada uno de los argumentos expuestos por el apoderado de confianza.

3. El caso en concreto.

Procede esta corporación a destacar en primer lugar que el control disciplinario que por mandato de la Constitución esta jurisdicción ejerce sobre la conducta profesional de los abogados, tiene como objetivo primordial el cumplimiento efectivo de su principal misión, de defender los intereses de la colectividad y de los particulares, mediante el ejercicio responsable, serio, honesto, cuidadoso y diligente de la profesión.

Esa misión se concreta en la observancia de los deberes que atañen al ejercicio de la abogacía como garantía de que efectivamente los profesionales del derecho conserven la dignidad y el decoro profesional; colaboren lealmente en la recta y cumplida administración de justicia; observen mesura, seriedad y respeto con los funcionarios y con todas las personas que intervengan en los asuntos de su profesión; obren con absoluta lealtad y honradez con sus clientes y colegas; guarden el secreto profesional, y atiendan con celosa diligencia sus encargos profesionales. En la medida en que esos deberes sean cumplidos, la abogacía colaborará efectivamente en la conservación y perfeccionamiento del orden jurídico del país y en la realización de la justicia material, cumpliendo así su función social.

Descendiendo al caso que ocupa la atención de la Sala, se advierte que el togado fue declarado responsable disciplinariamente por el a quo por faltar contra la recta y leal realización de la justicia y fines del Estado, consagrado en el artículo 33, numeral 11, de la Ley 1123 de 2007, precepto cuyo tenor literal es el siguiente:

“(...). ART. 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado. (...). 11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas. (...)”. 

De la compulsa, y las demás pruebas allegadas al proceso, se tiene que el abogado FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN, utilizo la Resolución Nº GNR 05662 del 29 de enero de 2013, como elemento probatorio para tramitar inicialmente una pensión a favor del señor CARLOS ENRIQUE GIL BENJUMEA, y además en actuación judicial correspondiente al proceso laboral ordinario Nº 201200367-01, de reconocimiento retroactivo de la misma, conducta que de conformidad con las pruebas le es atribuible al disciplinado y que encuadra dentro de la descripción de los deberes del abogado descritas en el numeral 6º del artículo 28 de la Ley 123 de 2007, y por tanto, transgrede la falta contemplada en el numeral 11 del artículo 33, ibídem, a la cual no se dirigirá la atención habida cuenta que no fue objeto de apelación y que efectivamente el abogado reconoció que las había utilizado sin saber que eran falsas, así pues, la conducta y falta deben ser objeto de confirmación.

En cuanto a la responsabilidad atribuible al investigado se tiene que no participó en el trámite y elaboración como efectivamente lo asegura en su apelación, y acorde con los testimonios y pruebas recaudadas, sin embargo, es necesario ahondar en el hecho de la intencionalidad y responsabilidad que le asiste al disciplinado, téngase en cuenta que quien era el coordinador del bufet de abogados era el disciplinado, era quien revisaba si aplicaban o no para poder dar inicio a un trámite administrativo y judicial, y quien corroboraba que los documentos estuvieran acordes con la legislación para poder tramitarlos, luego le asistía el deber inicialmente de determinar con documentos cual era el real estado del paciente y en coso de no tenerlos ordenar que se realizaran, para de esta forma una vez recaudados nuevamente corroborar que se encontraran todos los elementos necesarios para acudir al trámite de reclamación; todo lo anterior era su responsabilidad, acorde con los testimonios y pruebas recaudadas y por la misma versión del disciplinado.

Para la Sala no resulta creíble que el único responsable era el señor LUIS FERNADO GÓMEZ YARA, tramitador, pues, una vez le entregaba al señor GÓMEZ YARA los documentos para que se hiciera el trámite ante la junta médica, ya debía contar con el soporte de la EPS o IPS, con los exámenes preliminares para que la junta pudiera entrar a hacer su trabajo, documentos que el abogado recaudaba de su cliente y en caso de no contar con ellos debía indicarle al cliente que debía previamente conseguirlos, sin embargo, en este caso sin mediar poder especial, el señor Gómez Yara, tramitó ante la Junta Medica Regional de Pereira, los documentos del señor CARLOS ENRIQUE GIL BENJUMEA, sin poder otorgado por él, de otra parte, realizar el trámite administrativo ante la Junta Médica Regional, sin el lleno de los requisitos de invalidez que hubieran certificado las EPS o IPS, era una responsabilidad que solo se le puede atribuir al disciplinable, ya que era el responsable que todos los trámites se hicieran acordes con los requerimientos legales; Si posterior a cuando llegaban los certificados quien tenía la función de verificar su contenido, hablar con el cliente para efectos de contrastarlos, poder realizar el trámite y no enterase que fue directamente ante la Junta y sin el poder que debió otorgársele al tramitador, y mucho más, si este procedimiento ante la Junta debe citarse al evaluado, para determinar su estado y que a éste solo lo revisó un médico supuesto de la junta, no resulta creíble.

Así las cosas las argumentaciones dadas por el apelante, no son de recibo para esta Sala, habida cuenta que al profesional por su experiencia y responsabilidad en la cadena era el determinador, en todos los asuntos y le correspondía corroborar cada uno de los elementos necesarios para la presentación de este tipo de reclamaciones, se observa que el objeto o propósito del togado, era el de defraudar a una entidad pública tanto con el trámite de la pensión, como con la demanda que presentó para reclamar el reajuste y retroactividad de la misma; por lo anterior, la responsabilidad atribuida a título doloso hecha por al primera instancia deberá ser confirmada.

En lo atinente a la dosificación de la sanción, de exclusión, la Sala mantendrá la impuesta por el a quo, pues, obedeció a un criterio razonado y razonable, teniendo en cuenta la trascendencia social de la conducta, atendiendo precisamente al impacto negativo que genera en la sociedad los comportamientos del investigado; analizados los antecedentes disciplinarios anteriores a la comisión de la falta; y la modalidad de dolosa de la conducta endilgada, acorde con lo normado en los artículos 40 a 45 de la Ley 1123 de 2007.

En mérito de lo expuesto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío,(14) el 24 de abril de 2015, mediante el cual sancionó con exclusión, al abogado FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN, como autor responsable de las faltas a la ética profesional prevista en el numeral 11 del artículo 33, de la Ley 1123 de 2007, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

2. NOTIFICAR a todas las partes dentro del proceso, a través de la Secretaría Judicial de la Sala de instancia, advirtiendo que contra ella no procede recurso alguno.

3. Ejecutoriada esta providencia, remítase copia de la misma a la oficina del Registro Nacional de Abogados, con la constancia del acto procesal enunciado, data a partir de la cual la sanción empezará a regir.

4. DEVUÉLVASE el expediente al Consejo Seccional de origen para lo de su competencia.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Magistrados: José Ovidio Claros Polanco, Presidente—Magda Victoria Acosta Walteros—Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal—Julia Emma Garzón de Gómez—María Lourdes Hernández Mindiola—Camilo Montoya Reyes—Pedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, Secretaria Judicial.

Rad.: 630011102000201400218 01/A

Prescribe: Junio 19 de 2019

Magistrado Ponente:

José Ovidio Claros Polanco

TEMA: ABOGADO EN APELACIÓN
ABOGADO: FABIÁN ALBERTO MONTOYA CALDERÓN
HECHOS: Compulsa de copias ordenada por la sala civil familia laboral del Tribunal Superior de Armenia, por irregularidades en el proceso # 2012-0367 del Juzgado 1 Laboral del Circuito de Armenia. Rad: 2014-0218.
PRIMERA INSTANCIA. Sanciono con exclusión de la profesión por encontrarlo responsable de la falta establecida en el artículo 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007 a título de dolo.
PROYECTO: CONFIRMA
OHD
VOTACIÓNDR. CLAROS POLANCODRA. GARZÓN DE GÓMEZDR. LIZCANO RIVERADRA. LÓPEZ MORADR. RUIZ OREJUELADR. SANABRIA BUITRAGODR. OSUNA PATIÑO
APROBAR       
SALVA       
ACLARA       
APLAZADO       
NEGADO       
ESTUDIO       
NO PARTICIPO       
RETIRADO       
CIRCULA A       
IMPEDIDO       
SALVA PARCIAL       
CORRECIONES       
AUSENTE       
CONJUEZ       

13 Magistrados: Álvaro León Obando Moncayo, ponente y Álvaro Fernán García Marín.

14 Magistrados: Álvaro León Obando Moncayo, ponente y Álvaro Fernán García Marín.