Sentencia 2014-00285/3313-2015 de enero 26 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “B”

Radicado: 730012333000201400285 01

Número interno: 3313-2015

Actor: Fernando Reyes Moscoso

Demandado: Municipio de Ibagué, Contraloría Municipal de Ibagué.

Trámite: Nulidad y restablecimiento del derecho / segunda instancia.

Asunto: Establecer si existió falta de competencia por parte del contralor municipal cuando suscribió el acto acusado.

EXTRACTOS: «II. Consideraciones

Planteamiento del problema jurídico.

De acuerdo a lo señalado en la Sentencia de Primera Instancia y atendiendo los motivos de oposición aducidos por la parte demandante en calidad de apelante único, se extrae que en el sub lite el problema jurídico se contrae a determinar si el funcionario que expidió el acto administrativo por medio del cual fue declarado insubsistente el nombramiento del señor Fernando Reyes Moscoso carecía de competencia, pues de acuerdo a lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley 1474 de 2011 quien podía disponer del cargo de éste, era el alcalde de Ibagué.

Bajo ese contexto, la Sala decidirá el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: i) naturaleza del cargo ocupado por el demandante; ii) la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción y sus límites constitucionales; y, iii) del caso en concreto.

i. De la naturaleza del cargo.

Por medio del Decreto 11-0782 de 9 de diciembre de 2008, suscrito por el alcalde del municipio de Ibagué, se suprimió y crearon los empleos en la Contraloría Municipal de Ibagué, se adoptó su estructura y se estableció su planta de personal y escala salarial. Fue así que en virtud del artículo 3º, al establecer la estructura, se indicó que estaría conformada de la siguiente manera:

1
 

Así mismo se indicó en el artículo 5º ibídem que para el cumplimiento de las actividades y funciones asignadas por la Constitución y la ley, la Contraloría Municipal de Ibagué tendría la siguiente planta de personal:

1
 

Ahora bien, la Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones” estableció en su artículo 3º su campo de aplicación así:

“(…)

“ART. 3º—Campo de aplicación de la presente ley.

2. Las disposiciones contenidas en esta ley se aplicarán, igualmente, con carácter supletorio, en caso de presentarse vacíos en la normatividad que los rige, a los servidores públicos de las carreras especiales tales como:

— Rama judicial del poder público.

— Procuraduría General de la Nación y Defensoría del Pueblo.

— Contraloría General de la República y contralorías territoriales.

(…)”.

Por su parte, el artículo 5º ibídem clasificó los empleos como de carrera administrativa, con las siguientes excepciones:

“(…)

En la administración central y órganos de control del nivel territorial:

Secretario general; secretario y subsecretario de despacho; veedor delegado, veedor municipal; director y subdirector de departamento administrativo; director y subdirector ejecutivo de asociación de municipios; director y subdirector de área metropolitana; subcontralor, vicecontralor o contralor auxiliar; jefe de control interno o quien haga sus veces; jefes de oficinas asesoras de jurídica, de planeación, de prensa o de comunicaciones; alcalde local, corregidor y personero delegado.

(…)”. (Lo subrayado y en negrilla es de la Sala).

En ese sentido, el caso en estudio se analizará bajo los parámetros que cobijan al jefe de control interno o quien haga sus veces como de libre nombramiento y remoción, toda vez que además de que no existe discusión o controversia entre las partes sobre la naturaleza del cargo que ostentaba el señor Fernando Reyes Moscoso, de acuerdo al acto demandado es evidente que era el encargado de la oficina asesora de control interno de la Contraloría Municipal de Ibagué; de hecho, conforme con la norma anteriormente citada, se encuentra excluido del sistema de carrera, precisamente porque dicho cargo comporta un papel directivo, de manejo, de conducción u orientación institucional, en cuyo ejercicio se adoptan políticas o directrices fundamentales, o los que implican la necesaria confianza de quien tiene a su cargo dicho tipo de responsabilidades.

ii. Facultad discrecional. Empleo de libre nombramiento y remoción. Límites constitucionales racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad.

La Constitución Política de 1991 en su artículo 125 dispone:

“(…) Los empleos de los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de los trabajadores oficiales y los que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público.

El ingreso de los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

El retiro se hará: por calificación no satisfactoria en el desempeño del empleo; por violación del régimen disciplinario y por las demás causales previstas en la Constitución o la ley.

En ningún caso la filiación política de los ciudadanos podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera, su ascenso o remoción. (…)”.

La regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa, tal como lo ha previsto el artículo 125 de la Constitución Política. No obstante lo anterior, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos, ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, de las cuales como quedó visto, se requiere el más alto grado de confianza para su desempeño.

Resulta razonable afirmar que quienes desempeñan este tipo de empleos no tengan que superar todas y cada una de las etapas que integran un proceso de selección por méritos toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la confianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.

Sobre este particular, vale la pena señalar que es precisamente el grado de confianza que se exige para el desempeño de ese tipo de cargo lo que le permite al nominador disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, a juicio de la Sala es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2º, establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción en los siguientes términos:

“(…) ART. 41.—Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos:

a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción;

(…)

“PAR. 2º—Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado.

La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado. (…)”.

Aunque, de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, cabe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad, en otras palabras, la discrecionalidad es un poder en el derecho y conforme a derecho, que implica el ejercicio de los atributos de decisión dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir, equivale a la satisfacción del interés general y por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad(13).

En concordancia con tal planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad, en tal sentido, ha identificado(14) como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente, b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza, y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

Por su parte, el artículo 44 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo establece que, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser “adecuada” a los fines de la norma que la autoriza, y “proporcional” a los hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón o medida entre la realidad de hecho y el derecho que supone la verdad de los hechos y su conexidad con la decisión, se dice entonces, que la discrecionalidad tiene como medida la “razonabilidad”.

Así las cosas, los límites de la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción están dados en que la decisión debe adecuarse a los fines de la norma, del Estado y de la función administrativa, y ser proporcional a los hechos que le sirven de causa, de lo cual deberá dejarse constancia en la hoja de vida del funcionario de manera suficiente, concreta, cierta y concurrente al acto que origina el despido(15), sin acudir a razones genéricas o abstractas que no expongan con claridad los hechos.

iii. Del caso en concreto.

En el sub lite el señor Fernando Reyes Moscoso consideró que el funcionario que suscribió el acto por medio del cual fue declarado insubsistente su nombramiento carecía de competencia, concretamente, porque desconoció lo establecido en los artículos 8º y 9º de la Ley 1474 de 2011, dado que quien podía disponer de su cargo era el alcalde de Ibagué y solo hasta el 31 de diciembre de 2013. Por su parte, el apoderado de la Contraloría Municipal de Ibagué aseguró estos artículos resultan solo aplicables a las entidades de la rama ejecutiva, indistintamente de su orden, mas no a los órganos de control.

Pues bien, con miras a resolver el punto objeto de controversia, conforme al material probatorio obrante en el expediente, la Sala realizará las siguientes precisiones:

Por medio de la Resolución 248 de 20 de diciembre de 2011, el Contralor municipal de Ibagué, nombró al señor Fernando Reyes Moscoso para que se despeñara como asesor, código 105, grado 02(16).

A través de la Resolución 189 de 19 de septiembre de 2012, la misma autoridad administrativa, declaró insubsistente el nombramiento del señor Fernando Reyes Moscoso. Para el efecto dispuso lo siguiente(17):

“(…) ART. 1º—Declarar insubsistente el nombramiento hecho mediante Resolución 248 de diciembre 20 de 2011, en la persona de Fernando Reyes Moscoso, titular de la cédula de ciudadanía (…) en el cargo de asesor, código 105, grado 02, dependiente de la oficina asesora de control interno de la planta de cargos de la Contraloría Municipal de Ibagué, con efectos fiscales a partir del jueves 20 de septiembre de 2012.

(…)”.

El 18 de octubre de 2012 la directora administrativa de la Contraloría Municipal de Ibagué certificó que(18):

“(…) revisada la hoja de vida del doctor Fernando Reyes Moscoso (…) se constató que prestó sus servicios a la Contraloría Municipal de Ibagué en el cargo de asesor control interno, código 105, grado 02, del 21 de diciembre de 2011 al 19 de septiembre de 2012 (…)”.

Con miras a resolver el cargo alegado, resulta importante indicar que la Constitución Política determinó en su artículo 267(19), que la Contraloría General de la República es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, asimismo, en cuanto a las contralorías locales el artículo 272 ibídem estipuló que:

“(…) ART. 272.

(…)

Los contralores departamentales, distritales y municipales ejercerán, en el ámbito de su jurisdicción, las funciones atribuidas al Contralor General de la República en el artículo 268 y podrán, según lo autorice la ley, contratar con empresas privadas colombianas el ejercicio de la vigilancia fiscal.

(…)”.

Adicionalmente, la Ley 42 de 1993, la cual se encargó de regular la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, destacó en cuanto a las contralorías distritales y municipales lo siguiente:

“(…) ART. 65.—Las contralorías departamentales, distritales y municipales realizan la vigilancia de la gestión fiscal en su jurisdicción de acuerdo a los principios, sistemas y procedimientos establecidos en la presente ley.

Les corresponde a las asambleas departamentales y a los concejos distritales y municipales la organización y funcionamiento de las contralorías que haya creado la ley.

“ART. 66.—En desarrollo del artículo 272 de la Constitución Nacional, las asambleas y concejos distritales y municipales deberán dotar a las contralorías de su jurisdicción de autonomía presupuestal, administrativa y contractual, de tal manera que les permita cumplir con sus funciones como entidades técnicas.

(…)”.

De otro lado, la Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”(20) modificó las competencias para designar al responsable del control interno en las entidades y organismos estatales, pues en el capítulo II, relativo a las “medidas administrativas para la lucha contra la corrupción”, dispuso:

“(…) ART. 8º—Designación de responsable del control interno. Modifíquese el artículo 11 de la Ley 87 de 1993, que quedará así:

Para la verificación y evaluación permanente del sistema de control, el Presidente de la República designará en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la unidad de la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre nombramiento y remoción.

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva entidad territorial. Este funcionario será designado por un período fijo de cuatro años, en la mitad del respectivo período del alcalde o gobernador”.

De la norma transcrita se extrae que la autoridad competente para designar al jefe de la unidad u oficina de control interno, “en las entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional”, no es ya el representante legal de la entidad ni el máximo directivo del organismo respectivo, sino el Presidente de la República. A su turno, cuando se trate de entidades del orden territorial, el nombramiento estaría a cargo del alcalde o gobernado, según sea el caso.

Bajo ese contexto, es necesario precisar cuáles son las entidades de la rama ejecutiva; al respecto, el artículo 38 de la Ley 489 de 1998 estableció las entidades que pertenecen a ésta:

“(…) ART. 38.—Integración de la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional. La rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, está integrada por los siguientes organismos y entidades:

1. Del sector central:

a) La Presidencia de la República;

b) La Vicepresidencia de la República;

c) Los consejos superiores de la administración;

d) Los ministerios y departamentos administrativos;

e) Las superintendencias y unidades administrativas especiales sin personería jurídica.

2. Del sector descentralizado por servicios:

a) Los establecimientos públicos;

b) Las empresas industriales y comerciales del Estado;

c) Las superintendencias y las unidades administrativas especiales con personería jurídica;

d) Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios;

e) Los institutos científicos y tecnológicos;

f) Las sociedades públicas y las sociedades de economía mixta;

g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la rama ejecutiva del poder público.

(…)”.

Como se observa, además de los tradicionales organismos y entidades centrales y descentralizadas que en su momento contempló la reforma administrativa de 1968(21), la ley incluyó otras formas organizativas que fueron creándose posteriormente para cumplir diversas tareas públicas a cargo de la rama ejecutiva (empresas sociales del estado, empresas oficiales de servicios públicos, etc.); además, se estableció en artículo 39 ibídem que las gobernaciones, alcaldías, secretarías de despacho y los departamentos administrativos son los organismos principales de la administración en el correspondiente nivel territorial.

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede concluir no solo que las contralorías municipales gozan de autonomía presupuestal, administrativa y contractual, conforme a lo establecido por el artículo 272 de la Constitución Política y el artículo 66 de la Ley 42 de 1993, sino que no hacen parte de la rama ejecutiva, pues si bien se considera que las ramas del poder público son tres, a saber, ejecutiva, legislativa y judicial, junto a ellas se ha estructurado otros organismos separados de las mismas, pero que hacen parte de la estructura del Estado(22).

En ese sentido, la regla establecida en los artículos 8º y 9º de la Ley 1474 de 2011, la cual alega en su defensa el señor Fernando Reyes Moscoso, no se puede aplicar a las entidades u organismos del Estado que no pertenezcan a la rama ejecutiva del poder público en el orden nacional, ni a las entidades territoriales o los órganos constitucionales autónomos e independientes, como tampoco a las entidades dotadas de un régimen de autonomía por la Constitución Política. Ello se desprende no solo de lo expresamente estipulado en la Ley 1474 de 2011, sino de los principios constitucionales que consagran la separación de los poderes públicos y la autonomía constitucionalmente atribuida a determinadas entidades del Estado, como es el caso de las contralorías departamentales, distritales y municipales, por expreso mandato del artículo 272 de la Constitución Política.

Al respecto, la Corte Constitucional ha sostenido que las contralorías municipales no hacen parte de la rama Ejecutiva, ni se encuentran supeditadas a ésta, veamos:

“(…)

La Constitución Política no involucra a las contralorías municipales dentro del concepto de administración local, y mal haría en hacerlo, toda vez que son organismos que dentro del ámbito de su jurisdicción están llamados a ejercer la vigilancia de la gestión fiscal de la administración municipal, en forma posterior y selectiva, de acuerdo con lo estipulado en la regla 272 de la Carta Política, que para estos efectos les reconoce las mismas funciones y características de la Contraloría General de la República, ente las cuales se destaca su carácter técnico y su autonomía administrativa y presupuestal, sin que en ningún momento puedan ejercer funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización, según las voces del artículo 268 superior.

La independencia funcional y orgánica de estos entes de control local con respecto a la denominada administración municipal, se halla garantizada por la forma en que debe ser determinada su estructura administrativa, como quiera que la norma superior en comento dispone que compete a las asambleas y concejos distritales y municipales organizar las respectivas contralorías, como entidades técnicas dotadas de autonomía administrativa y presupuestal.

(…)

Ahora bien, esta autonomía también es predicable de la personerías municipales que como integrantes del Ministerio Público tienen a su cargo en el nivel local la guarda y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñen funciones públicas (art. 118 de la C.P.), tareas que deben cumplir con la debida independencia de las instituciones que integran la administración local, para lo cual se dispone que los personeros deben ser elegidos por el concejo municipal (art. 313-8 de la C.P.).

(…)”.

Quiere decir entonces, que el competente para disponer sobre la declaratoria de insubsistencia del nombramiento del señor Fernando Reyes Moscoso era el Contralor Municipal de Ibagué en virtud, justamente, de la autonomía administrativa, vale decir, organizar sus propias dependencias, número de empleados, normas de funcionamiento interno, por ende, la Sala no encuentra sustento que permita inferir que el acto acusado fue expedido por razones distintas al buen servicio público. Los actos administrativos gozan de presunción de legalidad por lo que quien pretenda desvirtuar dicha presunción, debe demostrar debidamente dentro del proceso que la verdadera motivación del acto discrecional obedeció a razones ajenas y diferentes al buen servicio.

En otras palabras, no le asiste razón al demandante cuando señala que la autoridad competente para declarar la insubsistencia de su nombramiento le correspondía al alcalde municipal y no el representante legal del ente de control en donde laboraba, como quiera que la norma cuya aplicación se reclama no puede tener efectos en el caso en concreto, en la medida en que la misma regula lo atinente a los servidores públicos que se desempeñan en las oficinas de control interno de las entidades pertenecientes a la rama ejecutiva, dentro de las cuales no se encuentran las contralorías.

Bajo ese contexto es viable concluir, que en el caso concreto no se demostró cuáles eran los móviles o fines que realmente llevaron a la insubsistencia del nombramiento del demandante, es decir, no se alegaron o establecieron razones políticas, de credo, clientelismo o corrupción o cualquier otra causa discriminatoria o desviada del mejoramiento del servicio que condujera realmente al nominador a proferir el acto demandado.

Además, si bien es cierto la declaratoria de insubsistencia de un cargo puede llegar a generar inestabilidad laboral, también lo es que la estabilidad no es un atributo propio de los empleos de libre nombramiento y remoción en tanto si de los vínculos laborales de carrera. Debe recordarse como bien lo sabe el demandante que su nombramiento fue ordinario, vale decir, que obedeció a una designación discrecional previo cumplimiento de requisitos reglados de experiencia, academia e idoneidad, pero que sobre el mismo podía, conforme a la facultad a discrecionalidad conferida al nominador, retirarlo del cargo toda vez que es una causal legal prevista para tal fin, como ya se señaló, decisión que se debe plasmar en un acto administrativo que se presume legal pero que es desvirtuable, dado que no puede ser un acto arbitrario ni desproporcionado a sus propósitos. En este caso, se insiste, no hubo ninguna prueba directa o indirecta que evidenciara que existieron fines diversos a los que se presume con la expedición del acto de insubsistencia.

Bajo estos supuestos, la Sala confirmará la decisión del tribunal en cuanto consideró que el nominador estaba facultado legalmente para proceder al retiro por declaratoria de insubsistencia del cargo desempeñado por el actor, toda vez que ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción, decisión que se presume expedida en aras del buen servicio.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

CONFIRMAR la Sentencia de 3 de julio de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, por medio de la cual negó las pretensiones de la demanda incoada por el señor Fernando Reyes Moscoso en contra del municipio de Ibagué - Contraloría Municipal de Ibagué, de conformidad a lo expuesto a la parte motiva de la presente providencia.

Cópiese, notifíquese, y devuélvase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase».

(13) Así lo expresó la Sala, entre otras, en la Sentencia de 20 de agosto de 2015, exp. 250002325000201000254-01, número interno: 1847-2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve.

(14) Corte Constitucional, Sentencia T-372 de 2012.

(15) Artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968.

(16) Visible a folio 11 del expediente.

(17) Visible a folio 13 del expediente.

(18) Visible a folio 15 del expediente.

(19) “(…) ART. 267.—El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes de la Nación.
Dicho control se ejercerá en forma posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y contratadas previo concepto del Consejo de Estado.
La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre cuentas de cualquier entidad territorial.
La Contraloría es una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal. No tendrá funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.
(…)”.

(20) Diario Oficial 48.128 de 12 de julio de 2011.

(21) Por medio de las leyes 62 y 65 de 1967 se le otorgaron facultades extraordinarias al Presidente de la República para reorganizar el servicio exterior y, en general, modificar la estructura y el funcionamiento de la administración pública nacional, tanto en el central como el descentralizado.

(22) Al hablar de órganos autónomos e independientes de la Nación, debemos hacer referencia al Ministerio Público, constituido por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, incluidos dentro de los órganos de control y fiscalización, y que junto con la Contraloría General de la República han sido catalogados como los organismos de control del Estado. Junto a ellos se clasifica la Organización Nacional Electoral, integrada por la Registraduría Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral.