Sentencia 2014-00329/1001-2014 de mayo 18 de 2018

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejera ponente:

Dra. Sandra Lisset Ibarra Vélez

Acción: Recurso Extraordinario de Revisión.

Rad.: 11001032500020140032900.

Num. Interno: 1001-2014.

Actor: Carlos Raúl Arturo Erazo.

Demandados: Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC

Trámite: Causal 2 del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo hoy causal 1 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011.

Asunto: Los documentos que se aportan a través del presente medio de impugnación no reúnen la condición de la causal como prueba recobrada y decisiva con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente.

Decisión: Se declara infundado el recuso extraordinario de revisión

Bogotá D.C., dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

EXTRACTOS: “III. Consideraciones de la Sala.

3.1. De la competencia.

De acuerdo con lo previsto por los artículos 248 de la Ley 1437 de 2011(9) y artículo 249, inciso 2, del mismo cuerpo normativo(10) en concordancia con lo señalado en el numeral 1º del Acuerdo 55 de 2003 de la Sala Plena del Consejo de Estado(11), normas vigentes para la época de interposición del recurso(12), la Sala de Subsección es competente para decidir el asunto por tratarse del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra una sentencia ejecutoriada del Tribunal Administrativo del Cauca y en la que se controvirtió el retiro del servicio de un empleado del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC.

3.2. Problema jurídico.

Corresponde a la Sala determinar si los registros civiles de nacimiento y matrimonio aportados con el presente recurso extraordinario de revisión, constituyen a la luz de la causal primera del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, documentos recobrados o encontrados con los cuales habría variado la decisión de segunda instancia, documentos que a juicio del recurrente no pudieron ser aportados al proceso por fuerza mayor.

Con el objeto de presentar un análisis ordenado y coherente, la Sala abordará el asunto sometido a su consideración en el siguiente orden: 1. Generalidades del recurso extraordinario de revisión; 2. De la causal de revisión invocada. 3. Del caso concreto.

3.2.1. Aspectos generales del recurso extraordinario de revisión.

El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el cual fue previsto por el legislador con las siguientes características: i) objeto: sentencias ejecutoriadas sin consideración a la temática o asunto discutido (Art. 248(13)); ii) temporalidad: por regla general, dentro del año siguiente a la ejecutoria del fallo controvertido y frente a las causales 3º y 4º del artículo 250 ídem, relativas a haberse dictado con base en dictamen de peritos condenados penalmente o proferirse aquella que declare que hubo violencia o cohecho, respectivamente, será el mismo plazo contado a partir de la firmeza de la sentencia penal; y frente a la 7º, en el evento en que con posterioridad a la decisión judicial sobrevenga la pérdida de la aptitud legal para el reconocimiento de una prestación periódica, en donde se computará desde la ocurrencia del motivo que dio lugar a la causal (Art. 251(14)); iii) legitimación por activa: se encuentra en quien hubiere sido parte del proceso ordinario o de un tercero con interés legítimo en la decisión; iv) competencia: es de carácter funcional, por lo que le corresponderá al Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, las secciones o subsecciones, y a los tribunales administrativos (Art. 249(15)) y v) causales: las previstas en el artículo 250 ídem, que grosso modo, contempló el hallazgo de documentos nuevos que tuvieren la importancia de variar la decisión; el haberse dictado con fundamento en documentos falsos o adulterados; con base en dictámenes dictados por peritos condenados penalmente por ilícitos; por violencia o cohecho; cuando se configura una causal de nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso contencioso administrativo; en el evento en que aparezca una persona con mejor derecho para reclamar el reconocido por el órgano judicial; porque no tenía la aptitud legal para el reconocimiento de la prestación periódica o lo perdió con posterioridad; y cuando sea contraria a otra anterior proferida entre las mismas partes y que hizo tránsito a cosa juzgada.

De acuerdo con los rasgos característicos antes señalados, encontramos que el Recurso Extraordinario de Revisión, en cuanto a su naturaleza, es considerado por parte de la doctrina(16) como un medio de impugnación que tienen las partes contra una providencia judicial ejecutoria, con el cual, de manera excepcional se ataca el principio de inmutabilidad de las sentencias que hacen tránsito a cosa juzgada, pues con él se abre la posibilidad de controvertir un fallo ejecutoriado, siempre que se configure alguno de los eventos consagrados en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo(17).

Respecto de su objeto, a través de él se procura el restablecimiento de la justicia material de la decisión, cuando quiera que esta última ha sido afectada por situaciones exógenas que no pudieron plantearse en el proceso correspondiente, pero que, a juicio del legislador, revisten tal gravedad que autorizan desvirtuar el principio de la cosa juzgada(18).

En ese sentido, el recurso no es una oportunidad para reabrir un debate propio de las instancias, ni para suplir la deficiencia probatoria. Es decir, el recurso extraordinario de revisión no puede servir para controvertir la actividad interpretativa del juez(19) o para corregir errores in iudicando(20), sino que fue consagrado para discutir y ventilar hechos procesales específicos que, o incidieron indebidamente en la decisión mediante la cual se resolvió el litigio —como es el caso de los documentos falsos o adulterados(21), o no pudieron ser tenidos en cuenta a pesar de ser determinantes para la misma— como ocurre con las pruebas recobradas o la aparición de una persona con mejor derecho(22), o fueron sobrevinientes a la decisión y hacen que esta última carezca de razón de ser —como en el caso de la causal cuarta(23), o deben poder ser objeto de examen judicial— como cuando existe una nulidad originada en la sentencia y esta no era objeto de recurso de apelación(24).

Por estas razones, es decir, por ser un recurso extraordinario cuya procedencia está limitada a causales taxativamente enumeradas, quien lo ejerce tiene la obligación elemental de indicar con precisión cuál es la invocada y, más allá de ese formalismo, debe señalar con claridad y exactitud cuáles son los motivos y, especialmente, los hechos que le sirven de fundamento y la configuran.

En ese orden, la técnica del recurso exige correspondencia entre los argumentos en que se fundamenta y la causal alegada, de forma tal que no le es dable al recurrente realizar esfuerzos dirigidas a atacar las motivaciones jurídicas o los juicios de valor que soportaron la decisión adoptada en la sentencia recurrida ni pretender subsanar o corregir errores u omisiones de la propia parte en el ejercicio del derecho de contradicción y el agotamiento de los mecanismos ordinarios de defensa, como si se tratara de una nueva instancia.

En otras palabras, el recurso extraordinario de revisión no da cabida a cuestionamientos sobre el criterio con que el juez interpretó o aplicó la ley en la sentencia, siendo riguroso en cuanto a su procedencia, pues se restringe a las causales enlistadas. Por ello, en este escenario, la labor del juez no puede exceder la demarcación impuesta por el recurrente al explicar la causal de revisión de la sentencia, que deberá ser examinada dentro de un estricto y delimitado ámbito interpretativo(25).

3.2.2. De la causal de revisión invocada.

En el presente caso, se invocó la causal primera contenida en el artículo 250 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, antes segunda del artículo 188 del Código Contencioso Administrativo, consistente en:

“Haberse encontrado o recobrado después de dictada sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria”.

De esta causal se pueden derivar los siguientes supuestos: 1) Que la prueba sea documental. Lo que significa que no puede estructurarse en otros medios probatorios como los testimonios o inspecciones judiciales, entre otros; 2) Que el documento o documentos sean recobrados. Es decir, no se refiere a pruebas nuevas y posteriores, sino que esos elementos probatorios deben existir en el tiempo procesal, pero no pudieron ser valorados porque estaban perdidos o extraviados o existía imposibilidad física o jurídica de acceder a ellos para el momento en que debía allegarlo al proceso; 3) Que no pudieron ser aportados por razones de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, eventos que deben encontrarse debidamente probados y 4) Que la prueba recobrada sea tan relevante que la decisión sería otra, de manera que no es cualquier prueba, sino que debe tener la capacidad de influir en el sentido de la decisión.

Al respecto, esta Corporación, en Sentencia de 30 de julio de 2015,(26) se refirió, al decidir un recurso extraordinario de revisión, a la causal antes mencionada así:

“Conviene reiterar lo dicho por la Sala con relación a la fuerza mayor, el caso fortuito y la obra de la parte contraria:

“En cuanto a la primera circunstancia, esto es, la fuerza mayor o el caso fortuito, es preciso anotar que para la legislación colombiana se trata de expresiones sinónimas, conforme al artículo 1º de la Ley 95 de 1890, norma según la cual es ‘el imprevisto a que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.’. La segunda causa —obra de la parte contraria— ha de entenderse como la conducta de la parte que ganó el proceso, quien con su actuar intencional logró que el documento que le daría el triunfo a su contraparte no se pudiera aportar al expediente en razón de que lo retuvo u ocultó, precisamente con el propósito de que no sirviera como prueba”.(27) - se destaca.

Empero, la jurisprudencia de esta Sala ha distinguido entre la fuerza mayor y el caso fortuito, en el entendido que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal, en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio riesgo. El caso fortuito, por el contrario, proviene de la propia actividad, por lo que, aún imprevisible por parte de quien pretende beneficiarse en la prueba, tampoco conlleva responsabilidad en cuanto cada quien está obligado a asumir su propio riesgo y a reparar por su traslado a terceros, esto es, a quien resulta ser ajeno al mismo.

De donde no puede argüirse “olvido, incuria o abandono de la parte”,(28) por parte de quien pretende beneficiarse con la prueba, tampoco “dificultad por grave que pueda parecer, por cuanto la ley exige una verdadera ‘imposibilidad’ apreciada objetivamente”.(29)

Aunado a lo expuesto, la jurisprudencia advierte que tanto la fuerza mayor, como la obra de la parte contraria, deben probarse,(30) esto es, aportar elementos de convicción acorde con los cuales se deje en evidencia las circunstancias que hicieron imposible el aporte oportuno de los documentos.(31)

Y a más de esto, la jurisprudencia de la Corporación también ha reiterado que se debe probar la imprevisibilidad e irresistibilidad, puesto que, en términos generales, la primera es criterio fundamental para determinar el caso fortuito, como el suceso interno que se da dentro del campo de actividad de quien produce el daño, mientras que la segunda, lo es de la fuerza mayor, como un acaecimiento externo al proceder de quien produce el daño.(32)

3.2.3. Del caso concreto.

Aduce la parte recurrente que la prueba contenida en el memorando 200 drocc1300 el cual reposa a folio 111 de la hoja de vida de Ismael Ramírez Duque del 21 de abril de 2005, no fue valorada por el Juez Tercero Administrativo de Popayán ni por el Tribunal Administrativo del Cauca y con la cual se prueba la desviación de poder y el grado de influencia que ejercía la señora María del Socorro Buitrago Correa en su condición de Directora Regional Occidente del INPEC para el nombramiento del señor Ismael Ramírez Duque, prueba que debe ser valorada integralmente con los registros civiles, partidas de nacimientos y registros de matrimonio aportados con los medios de pruebas con los que se acredita el parentesco entre el señor Ismael Ramírez Duque con María del Socorro Buitrago Correa y Adriana Patricia Ceballos Buitrago.

Sobre el particular, observa la Sala que mediante Auto de fecha 23 de febrero de 2007(33), el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán abrió a prueba el proceso de conformidad con el artículo 209 del Código Contencioso Administrativo y decretó la práctica de las siguientes:

“(…) Solicítesele al INPEC, remita dentro del término de ochos (8) días:

Copia auténtica y completa de la hoja de vida del señor Carlos Raúl Arturo Erazo 10546542.

(…)

Copia auténtica y completa de la hoja de vida del señor Ismael Ramirez Duque CC 10235921

Copia auténtica y completa de la hoja de vida del señor César Taborda Correa…”

En efecto, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC a través de Oficio 7210-DGH/RYC-09978(34) dio cumplimiento a lo ordenado en el prenotado auto de pruebas y remitió al proceso copia de las hojas de vida de los señores Ismael Ramírez Duque y César Taborda Correa. Al examinar el cuaderno contentivo de la hoja de vida del señor Ismael Ramírez Duque, se encuentra que en ella reposa el memorando 200 drocc1300 suscrito por la señora María del Socorro Buitrago Correa en calidad de Directora Regional Occidente del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario y dirigido a la jefe de gestión humana de la entidad el cual contiene el siguiente contenido:

“(…) Adjunto al presente me permito enviar hoja de vida del Dr. Ismael Ramirez Duque, identificado con cedula 10.235.921 de Manizales, Abogado Especialista, para que sea tenido en cuenta como Subdirector del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali…”

Conforme lo anterior, se tiene que al examinar los supuestos de la causal invocada, encuentra la Sala que el oficio al cual alude la parte recurrente trata en efecto, de una prueba de carácter documental. Sin embargo, la Sala observa que dicho documento fue allegado al expediente del proceso ordinario como resultado de la actividad probatoria desplegada en el mismo, de manera que, puede concluirse que no se trata de una prueba encontrada o recobrada, por cuanto estos documentos ya habían sido incorporados al informativo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho como bien se dejó ilustrado en párrafos precedentes.

Entonces, en lo relacionado con la aludida prueba documental, la Sala establece que en el presente asunto no se configura la causal de revisión invocada por la parte recurrente, puesto que de manera alguna se recobraron documentos decisivos con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente en la sentencia que se recurre de manera extraordinaria y que el recurrente no hubiera podido aportar al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria, toda vez que, la misma hizo parte del acervo probatorio conformado con las pruebas solicitadas por las partes y decretadas por el Juzgado Tercero Administrativo de Popayán.

Frente al requisito de constituir dicho documento prueba decisiva, al no estar acreditado el presupuesto anterior, es decir, la calidad de documento recuperado de las pruebas que se pretenden hacer valer, resulta imposible que se configure este segundo presupuesto para la prosperidad de la causal invocada, porque a juicio de esta Sala la característica esencial de esos documentos, no es tan solo la de tener alguna relación con la controversia o que revelen una nueva perspectiva del debate, sino que ellos una vez descubiertos o recobrados, hagan que la decisión preexistente resulte insostenible, de modo que no se trata de la aparición de un documento cualquiera sino de uno determinante para la suerte del litigio.

No obstante, habrá que señalar que el memorando 200 drocc1300 del 21 de abril de 2005 por sí mismo, no tienen el valor probatorio para mutar la suerte del litigio, pues, encuentra la Sala que el acto administrativo acusado dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho es el contenido en la Resolución 4220 de julio 15 de 2005, por medio del cual se declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de Director del Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santander de Quilichao, mientras que, el memorando que presenta la parte recurrente como prueba recobrada o encontrada y decisiva con la cual el fallador de segunda instancia habría proferido una decisión diferente, contiene una remisión de la hoja de vida del señor Ismael Ramírez Duque para que fuera tenida en cuenta por parte de la Jefe de Gestión Humana del INPEC para la subdirección del establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali.

Como puede notarse, el cargo de director del cual fue declarado insubsistente el recurrente se encuentra ubicado en el municipio de Santander de Quilichao, correspondiendo este al departamento del Cauca, mientras que por su parte, el aludido memorando trata del envío de una de hoja de vida para ser tenido en cuenta para la subdirección del establecimiento Penitenciario y Carcelario de Cali, municipio éste perteneciente al departamento del Valle del Cauca, es decir, que correspondían a establecimientos ubicados en ciudades distintas e inclusive, se trataban de empleos o cargos diferentes, prueba documental de la cual no resulta dable inferir la influencia que a juicio del recurrente generó la señora María del Socorro Buitrago Correa para remover al actor del cargo de director que venía desempeñando en el establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santander de Quilichao para con ello favorecer la vinculación del señor Ismael Ramírez Duque en reemplazo de aquel.

En esa medida, constata la Sala que respecto del memorando 200 drocc1300 del 21 de abril de 2005 no se probaron los presupuesto esenciales para que se configure la causal aquí invocada, en tanto que dicho documento no tiene la condición de encontrado o recobrado como quiera que el mismo obró como prueba legítimamente decretada e incorporada al expediente en la oportunidad procesal respectiva, lo que igualmente excluye o desvirtúa las circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria que imposibilitaban su arribo al proceso. Y finalmente, de conformidad con lo expuesto en antelación, no se está ante una prueba decisiva, es decir, que tenga el valor suficiente para transformar el sentido del fallo aquí cuestionado.

Así las cosas, se tiene que la inconformidad de la parte recurrente gravita en la ausencia de valoración que los sentenciadores de instancia le dieron a la aludida prueba documental, siendo improcedente que a través del presente medio de impugnación se reabra nuevamente una oportunidad para valorar la misma. Por el contrario, los errores de apreciación probatoria en que haya podido incurrir el tribunal, son extraños al recurso extraordinario de revisión, pues éste no es una instancia adicional en la que pueda replantearse el litigio.

De otra parte, se observa que el actor allegó con la demanda bajo estudio la partida de bautismo del señor Jairo Buitrago Serna(35), registro civil de nacimiento de María del Socorro Buitrago Correa(36), registro civil de nacimiento de Adriana Patricia Ceballos Buitrago(37), registro civil de matrimonio de Ismael Ramírez Duque y Adriana Patricia Ceballos Buitrago(38), partida de bautismo de Adriana Patricia Ceballos Buitrago(39), registro civil de nacimiento(40) y partida de bautismo de César Augusto Taborda Correa(41), registro civil de nacimiento de Aura Correa Posada(42), registro civil de nacimiento de Elías Antonio Orozco Buitrago(43) y partida de matrimonio de José Elías Orozco Castaño y Susana Buitrago Serna, documentos con los cuales, en esta instancia pretende acreditar el parentesco entre el señor Ismael Ramírez Duque con María del Socorro Buitrago Correa y Adriana Patricia Ceballos Buitrago.

Adujo el impugnante que en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, solicitó al a quo ordenara oficiar a la Registraduría del Estado Civil para que allegara los registros civiles antes relacionados, dado que la misma eran documentos de difícil consecución al punto de constituirse en una caso de fuerza mayor como quiera que carecía de la información sobre la ubicación de la notaria, número de registro, folio y ciudad donde se encontraban los mismo.

Al respecto, la Sala una vez examinado el expediente contentivo del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, encuentra que la parte actora solicitó entre otras, se decretaran las siguientes pruebas documentales:

“(…) 6.4. Sírvase solicitar a la Registraduría Nacional del Estado civil de la ciudad de Bogotá o a quien corresponda, para que con destino a este proceso se sirva remitir copia de los registros civiles de nacimiento de los señores Cesar Taborda Correa, Ismael Ramirez Duque y Maria del Socorro Buitrago Correa. En término oportuno, sino fueran aportado por la entidad, serán aportados por la parte actora dentro del periodo probatorio.

6.5. Sírvase solicitar a la Registraduría Nacional del Estado civil de la ciudad de Bogotá o a quien corresponda, para que con destino a este proceso se sirva remitir al mismo tiempo, copia de los registros civiles de nacimiento de las personas que aparezcan como madres de los señores Cesar Taborda Correa y María del Socorro Buitrago Correa. En término oportuno sino fuera aportadas por la entidad, serán aportados por la parte actora dentro del periodo probatorio…”

De igual manera, se observa que el Jugado Tercero Administrativo de Popayán, mediante auto de fecha 23 de febrero de 2007(44), se pronunció sobre la aludida prueba solicitada resolviendo lo siguiente:

“Abstenerse de decretar las pruebas solicitadas en los ordinales 6.4 y 6.5 por ser impertinentes para demostrar los hechos materia de debate, toda vez que nada tiene que ver con lo que se pretende, cual es la nulidad del acto que declaró insubsistente al actor…”

La decisión anterior denota que en el proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho se efectuó un estudio y calificación de dicha prueba al punto de considerar el aquo que la misma era impertinente para probar los hechos objeto de debate.

De igual forma, no se observa que la parte actora haya recurrido la decisión que negó la práctica de la aludida prueba documental, siendo que el artículo 181 del Código Contencioso Administrativo(45) establecía que contra el auto que negara el decreto de alguna prueba pedida oportunamente procedía el recurso de apelación, de manera que, contra tal decisión procedía el recuro de alzada.

Así las cosas, si la parte actora consideraba que los registro civiles de nacimientos solicitados con la demanda y denegados por el aquo constituían prueba necesaria y pertinente para demostrar la causal de nulidad de desviación de poder alegada, se hacía necesario que ejerciera los recursos que el ordenamiento le confería en aras de obtener el decreto y práctica de la misma, y no pretender a través del presente medio de impugnación extraordinario abrir una nueva oportunidad probatoria para aportar los documentos mencionados y obtener la valoración de los mismos en esta instancia procesal, pues es dable entender que quien promueve una actuación judicial con pretensiones de obtener resultados favorables debe proceder con diligencia antes y no después de producido un fallo contrario a sus intereses.

Sobre el particular, esta corporación ha sostenido(46):

“No se puede acudir a la causal estudiada, ha dicho la Sala para suplir la negligencia o el descuido del interesado otorgándole una nueva oportunidad para aportar documentos que tenía en su poder o que eran de fácil consecución o para pedir la práctica de otros medios cuyo diligenciamiento bien pudo solicitar obstáculo alguno en la oportunidad procesal adecuada”

De otra parte, alega el actor la existencia de fuerza mayor consistente en carecer de la información respecto de la ubicación de la notaria, número de registro, folio y ciudad donde estarían los aludidos registros civiles, lo que imposibilitó la consecución de dichas piezas documentales y por ende, su arribo al proceso.

Sobre el particular, artículo 1º de la Ley 95 de 1890 que subrogó el artículo 64 del Código Civil Colombiano establece que ”se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc”. Dicha definición ha sido acogida mayoritariamente por la jurisprudencia civil, y es entendida bajo el concepto de la teoría unitaria de la causa extraña, en la cual se acepta la identidad entre ambas nociones, fuerza mayor y caso fortuito.

No obstante, en esta jurisdicción, a diferencia de lo anterior, la aplicación y el tratamiento de ambas figuras no ha sido monista sino dual, esto es, bajo la consideración dividida e independiente de cada una de esas figuras jurídicas hasta el punto de considerar que solo cuando se da la primera puede prosperar la causal, en cuanto extraña y por ende externa a la esfera jurídica de las vinculadas a la relación jurídica procesal, de suerte que aunque imprevisible, impone a cada quien asumir su propio riesgo(47).

Partiendo de la definición antes relacionada, se tiene que las razones argüidas por la parte actora no se enmarcan dentro del concepto de fuerza mayor, puesto que, la carencia de la información en poder del actor para obtener los registros civiles referidos no se constituye en un hecho de naturaleza imprevisible(48), en la medida que era posible contemplar su ocurrencia.

Admitir que el desconocimiento de la información necesaria para obtener los registros civiles era un hecho imprevisible significa que no había ninguna razón especial para pensar que se produciría ese acontecimiento, condición que no es aceptable al caso bajo estudio, como quiera que el actor en el acápite de pruebas de la demanda ordinaria de nulidad y restablecimiento del derecho afirmó que, en caso de no ser “ aportados por la entidad, serán aportados por la parte actora dentro del periodo probatorio”(49), lo que permite ver que le era dable al demandante conseguir la comentada prueba.

Entonces, si bien como sustento de la fuerza mayor alega el hecho de no contar con la información requerida para obtener los mencionados documentos, lo cual, es un hecho de su pleno conocimiento, también lo es que, el mismo no tiene el carácter de ser súbito o repentino, ni tampoco acreditó en el proceso que pese a su actuar diligente con que obró no pudo evitarlo. De hecho, el aportar los pluricitados registros civiles en esta instancia deja ver que la supuesta dificultad presentada para obtener los mismos era vencible o superable.

Por lo tanto, resulta contrario al fin teleológico del presente medio de impugnación y al principio de lealtad procesal, que en esta instancia se pretenda hacer ver o creer que los registros civiles son documentos recobrados, en razón a que la sana lógica indica que eran documentos que inclusive, con antelación al proceso originario o en vigencia de su trámite, podían obtenerse y allegarse al proceso simplemente acudiendo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de llevar lo atinente al registro civil de las personas.

Así las cosas, es evidente que la prueba aportada como nueva resultaba de fácil consecución para la parte demandante, quien debió aportarla o en su defecto, ante la negativa de su práctica, ejercer los recursos con que contaba para lograr que el ad quem revocara la decisión desfavorable, la decretara y como consecuencia de su práctica, se allegara al plenario la aludida prueba documental.

Así las cosas, la causal de revisión invocada por el actor deviene en impróspera, toda vez que, el memorando 200 drocc1300 del 21 de abril de 2005 y los registros civiles, partidas de nacimientos y registros de matrimonio aportados con el presente medio de impugnación no cumplen con las exigencias de ser prueba recobrada, en la medida que, respecto del primero, dicha prueba hacía parte del acervo probatorio recaudado en el proceso y, en cuanto al segundo, el interesado contaba con todas las posibilidades para acceder al mismo y allegarlo al proceso en la debida oportunidad procesal, máxime, si se tiene que no demuestra circunstancia de fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria que le impedía obtenerlo.

Finalmente, respecto de las inconformidades que aduce el demandante relacionados con la valoración del desempeño que tuvo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Santander de Quilichao, así como el desmejoramiento del servicio que se presentó en dicho establecimiento como consecuencia de su retiro del servicio y de la vinculación que se produjo al mismo del señor Ismael Ramírez Duque, reitera la Sala que el presente medio de impugnación excepcional no pretende controvertir la corrección o incorrección del juzgamiento, ni corregir los errores de apreciación de los hechos y/o de las pruebas en que a juicio del recurrente hubiera podido incurrir el fallador, pues eso equivaldría a convertir el recurso en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada.

En esa medida, se tiene que las causales de revisión son taxativas de manera que, la facultad del juez que conoce del recurso extraordinario se reduce al estudio de los planteamientos esgrimidos por el recurrente que deben estar dirigidos a configurar la causal alegada como sustento de la pretensión de revisión, encontrando la Sala que el reproche que alega el actor no se encuadra en la descripción de la causal invocada, como quiera que alude es a la valoración probatoria realizada por el adquem y no a una prueba documental que no pudo ser tenida en cuenta en el momento que se tomó la decisión, al no haber sido aportada al proceso por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria y que resulta concluyente para modificar la decisión adoptada.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1. DECLARAR infundado el recurso extraordinario de revisión interpuesto por Carlos Raúl Arturo Muñoz contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca en fecha 22 de marzo de 2012 que confirmó el fallo del Juzgado Tercero Administrativo de Popayán de fecha 20 de agosto de 2010 que negó las súplicas de la demanda.

2. Devolver al Juzgado Tercero Administrativo de Popayán el expediente No 200501678, que fue enviado en calidad de préstamo a esta Corporación. Cumplido lo anterior, archivar el expediente del recurso extraordinario de revisión.

Notifíquese y cúmplase».

9. “ART. 248 de la Ley 1437 de 2011. “el recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos”.

10. “ART. 249.—Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.

11. Norma según la cual: El artículo 13 del Acuerdo 58 de 1999, por el cual se expidió el reglamento del Consejo de Estado, quedará así: ART. 13.—Distribución de los Negocios entre las Secciones. Para efectos de repartimiento, los negocios de que conoce la Sala de lo Contencioso Administrativo se distribuirán entre sus secciones atendiendo un criterio de especialización y de volumen de trabajo, así: (...) Sección Segunda: (...) 3-. El recurso extraordinario de revisión contra las sentencias de única instancia dictadas por los tribunales administrativos, en asuntos relacionados con la competencia de esta sección”.

12. La demanda de revisión fue presentada ante esta Corporación el 20 de marzo de 2014 (fl. 37 vuelto).

13. “ART. 248.—Procedencia. El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas dictadas por las secciones y subsecciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, por los Tribunales Administrativos y por los jueces administrativos.”

14. “ART. 251.—Término para interponer el recurso. El recurso podrá interponerse dentro del año siguiente a la ejecutoria de la respectiva sentencia.
En los casos contemplados en los numerales 3º y 4º del artículo precedente, deberá interponerse el recurso dentro del año siguiente a la ejecutoria de la sentencia penal que así lo declare.
En el caso del numeral 7º, el recurso deberá presentarse dentro del año siguiente a la ocurrencia de los motivos que dan lugar al recurso.
En los casos previstos en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el recurso deberá presentarse dentro de los cinco (5) años siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial o en los casos de que ella no se requiera, dentro del mismo término contado a partir del perfeccionamiento del acuerdo transaccional o conciliatorio”.

15. “ART. 249.—Competencia. De los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por las secciones o subsecciones del Consejo de Estado conocerá la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo sin exclusión de la sección que profirió la decisión.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por los Tribunales Administrativos conocerán las secciones y subsecciones del Consejo de Estado según la materia.
De los recursos de revisión contra las sentencias ejecutoriadas proferidas por tos jueces administrativos conocerán los Tribunales Administrativos”.

16. Lopez Blanco, Hernán Fabio, Código General del Proceso - parte general, Bogotá, Edit. DUPRE, 2016, Pág. 884.

17. “1. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados. // 2. Haberse recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente, y que el recurrente no pudo aportar al proceso por fuerza mejor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. //3. Aparecer, después de dictada la sentencia a favor de una persona, otra con mayor derecho para reclamar. // 4. No reunir la persona en cuyo favor se decretó una pensión periódica, al tiempo del reconocimiento, la aptitud legal necesaria, o perder esa aptitud con posterioridad a la sentencia, o sobrevenir alguna de las causales legales para su pérdida. // 5. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia. // 6. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.// 7. Haberse dictado la sentencia con base en dictamen de peritos condenados penalmente por ilícitos cometidos en su expedición. // 8. Ser la sentencia contraria a otra anterior que constituya cosa juzgada entre las partes del proceso en que aquella fue dictada. Sin embargo, no habrá lugar a revisión si en el segundo proceso se propuso la excepción de cosa juzgada y fue rechazada”.

18. Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 20 de octubre de 2009, Exp. 11001-03-15-000-2003-00133-00 (REV), C.P. Enrique Gil Botero y, recientemente, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 29 de agosto de 2014, Exp. 34016, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

19. Cfr. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 1º de diciembre de 2010, Exp. 11001-03-15-000-2008-00480-00 (REV), C.P. Susana Buitrago Valencia.

20. En Sentencia C-998 de 2004, la Corte Constitucional sobre este concepto indicó lo siguiente: “(…) Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea…”

21. Ver artículo 250 de la Ley 1437 de 2011. “2. Haberse dictado la sentencia con fundamento en documentos falsos o adulterados”.

22. 1. Haberse encontrado o recobrado después de dictada la sentencia documentos decisivos, con los cuales se hubiera podido proferir una decisión diferente y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria.

23. 4. Haberse dictado sentencia penal que declare que hubo violencia o cohecho en el pronunciamiento de la sentencia.

24. 5. Existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no procede recurso de apelación.

25. Así se desprende de las normas que lo consagran y lo ha desarrollado esta Corporación en varios pronunciamientos de los que cabe destacar: Al respecto, la Sala Plena de esta Corporación, en Sentencia de 27 de enero de 2004. Rd. (REV) 2003-0631. M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta, precisó que: “… no constituye una nueva instancia, razón por la cual no es admisible en él la continuación del debate probatorio o sobre el fondo del asunto, debiendo circunscribirse únicamente a las precisas causales señaladas en la ley, cuyo examen y aplicación obedecen a un estricto y delimitado ámbito interpretativo. (...)”. En ese mismo sentido, en Sentencia de 11 de octubre de 2005. Rad. (REV) 2003-0794. M.P. Ligia López Díaz, se manifestó que con el recurso extraordinario especial de revisión “(...) No se trata de controvertir el juicio de valoración propio del juzgamiento, ni es otra instancia que permita a las partes adicionar o mejorar las pruebas y los argumentos ya expuestos y debatidos en las etapas anteriores del proceso, puesto que ello equivaldría a convertir el recurso especial de revisión en un juicio contra el fondo de la sentencia, discutiendo nuevamente los hechos ya dilucidados con fuerza de cosa juzgada (...)”.

26. Consejo de Estado, Sala de lo contencioso administrativo, Sección tercera, Subsección B, Sentencia de 30 de julio de 2015, radicación 25000-23-26-000-2000-01287-02(32688), consejera ponente: Stella Conto Díaz del Castillo, actor: Harold Josué Herrera, demandados: Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación.

27. Sentencia de 8 de noviembre de 2005, Rad. 1999-00218.

28. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, Sentencia de 18 de febrero de 2010, Rad. 2597-07.

29. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).

30. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencias de 20 de abril de 1998, Rad. REV-110 y 18 de octubre de 2005, Rad. 1998-00173(REV).

31. Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 26 de julio de 2005, Rad. 1998-00177(REV). En este caso hubo un incendio que destruyó unos registros civiles que luego se trajeron al recurso extraordinario de revisión, pero el infortunio ocurrió mucho después de presentada la demanda. La Sala consideró que el incendio (caso fortuito) no fue en realidad la razón que impidió aportarlos en su momento.

32. Consejo de Estado, Sala de consulta y servicio civil, concepto de 12 de diciembre de 2006, radicación 11001-03-06-000-2006-00119-00(1792), actor: Ministerio de Transporte.

33. Ver folio 1 del cuaderno 9 del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

34. Documento que obra a folios 8 y 9 del d cuaderno 9 del proceso de origen.

35. Reposa a folio 4 del cuaderno principal del recurso extraordinario de revisión.

36. Folio 5 del cuaderno principal.

37. Ver folio 6 del cuaderno de recurso

38. Folio 7 del expediente de recurso.

39. Folio 8 del proceso

40. Folio 9

41. Folio 10

42. Folio 11

43. Folio 12

44. Ver folio 2 del cuaderno 9 del proceso de origen.

45. “ART. 181.—Modificado por el art. 57, Ley 446 de 1998 Son apelables las sentencias de primera instancia de los tribunales de los jueces y los siguientes autos proferidos en la misma instancia por dichos organismos, en pleno o en una de sus secciones o subsecciones, según el caso; o por los jueces administrativos:
(…)
8. El que deniegue la apertura a prueba, o el señalamiento del término para practicar pruebas, o el decreto de alguna pedida oportunamente o deniegue su práctica.

46. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del doce (12) de junio de dos mil catorce (2014). Radicación: 27001233100020020092701 (34504). Consejera Ponente: Olga Mélida Valle de De La Hoz.

47. Sentencia de 29 de enero de 1993. Exp. 7635. Actor: Ana Delia Bohórquez Martínez; Sentencia de 2 de febrero de 1995. Exp. 10.376. Actor. Arcesio Llantén y otros; Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de 10 de mayo de 1996. Exp. 813. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia del 30 de julio de 2015, radicación: 25000-23-26-000-2000-01287-02(32688). Consejero Ponente: Stella Conto Díaz Del Castillo

48. Según la RAE, se define como “adj. Que no se puede prever”. Ver página http://dle.rae.es/?id=L7EnyuT.

49. Ver folio 36 del cuaderno primero del proceso de origen.