Sentencia 2014-00336 de abril 21 de 2017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente:

Dr. César Palomino Cortés

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil diecisiete (2017).

Rad.: 190012333000201400336 01

Nº interno: 4362 – 2015

Demandante: Sonia González Rodríguez

Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social.

Asunto: Pensión gracia

Segunda instancia – Ley 1437 de 2011.

EXTRACTOS: «2. CONSIDERACIONES

2.1. Problema jurídico por resolver.

El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia, es el de definir si las Resoluciones RDP 018818 del 10 de diciembre de 2012, RDP 010816 del 6 de marzo de 2013 y RDP 012444 del 14 de marzo de 2013, expedidas por la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, mediante las cuales se negaron el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación a la señora Sonia González Rodríguez fueron expedidas infringiendo las leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1993 y 91 de 1989.

2.2. Hechos probados.

Obra dentro del plenario y en los antecedentes administrativos allegados (fl. 120), que la señora Sonia González Rodríguez fue nombrada mediante Decreto 139 del 14 de marzo de 1980 por el Intendente Nacional de Arauca (E), como docente nacionalizada en la Escuela Rural Cravo Charo, jurisdicción del Municipio de Tame (Arauca) (fls. 21-22), y posesionada el 18 de marzo de 1980 mediante acta Nº 074 (fl. 23), cargo del cual fue aceptada su renuncia mediante Decreto 092 del 3 de marzo de 1982 (fl. 24).

En los antecedentes administrativos, archivo 0501 CERTIFICADO DE INFORMACIÓN LABORAL-16-2014-09-08-123151 se constató que la demandante fue vinculada por la Gobernación de Arauca, como docente del 1 de febrero de 1989 al 30 de enero de 1992

Posteriormente, la Secretaría de Educación de Caloto (Cauca) mediante Decreto 026 del 11 de julio de 1997, la promovió al cargo de Coordinadora del Colegio Departamental Mixto Jorge Eliécer Gaitán de Guachené, Municipio de Caloto, en el cual se observa dentro de sus considerandos que ostenta la condición de «docente nacionalizada» (fl. 26). De este cargo tomó posesión el 11 de julio de 1997, conforme al acta 019, visible a folio 25 del expediente.

Por Decreto 0392 del 15 de abril de 2008, fue encargada como rectora de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán y posesionada el 18 de abril de 2008 ante la Secretaria Administrativa y Financiera del Departamento del Cauca, conforme consta a folio 27 del expediente, hasta el 30 de diciembre de 2008 (Res. 9825/2008).

A folios 14 a 16 y 18 del expediente, obra formato único para la expedición de certificado de historia laboral expedido por el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, consecutivo Nº 22570 del 6 de julio de 2012, en el que se observa que la señora González Rodríguez se vinculó a la Secretaría de Educación Departamental del Cauca mediante Decreto 051 del 30 de octubre de 1995.

En los antecedentes administrativos, obra formato único para la expedición de certificado de salarios consecutivo 22570 del 6 de julio de 2012, en el cual se relacionan los factores salariales percibidos por la demandante en los años 2011-2012, a saber: asignación básica, asignación adicional coordinador 20%, vacaciones, prima de vacaciones y prima de navidad (ver archivo antecedentes administrativos 0401 CERTIFICADO DE FACTORES SALARIALES-22-2014-09-08-123151).

Así mismo, se registra certificado de salarios de la Gobernación del Departamento del Cauca Nº 22570, en el cual se observa que los factores salariales devengados en los años 2000-2008 (julio) (fl. 17).

De la lectura del acto administrativo acusado se observa que la señora Sonia González Rodríguez radicó ante la UGPP solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación con radicación Rad. SOP201200025105 del 23 de agosto de 2012.

Por Resolución RDP 018818 del 10 de diciembre de 2012, el subdirector de atención al pensionado con funciones de subdirección de determinación de derechos pensionales de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, negó el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación gracia, al considerar que de los tiempos de servicios acreditados por la actora, se observa que no cuenta con los 20 años en la docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o nacionalizado y que no es posible computar los tiempos de servicio del orden nacional (fls. 4-6), decisión notificada el 10 de enero de 2013.

Contra la anterior decisión, la demandante interpuso recurso de reposición, el cual fue decidido mediante Resolución RDP 010816 del 6 de marzo de 2013 (fls. 7-9 reverso) confirmando la negativa a la decisión tomada, bajo el argumento que acredita 20 años de servicio en docencia, computando tiempos de carácter nacional, los cuales no se pueden tener en cuenta para acceder a la pensión gracia deprecada, la que fuera notificada el 14 de marzo de 2013.

El Director de Pensiones de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, UGPP, mediante Resolución RDP 012444 del 14 de marzo de 2013, resolvió el recurso de apelación en contra de la negativa al reconocimiento de la pensión gracia a la señora González Rodríguez, y confirma la decisión tomada, basando su negativa en que «el período comprendido entre el 01 de Noviembre de 1995 al 06 de Julio de 2012 fueron con nombramiento del orden nacional, en consecuencia no hay lugar al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación gracia ...» (fls. 10-12 reverso), notificada el 20 de marzo de 2013.

A folio 13 del expediente, obra oficio 2014EE31076 0 1 del 24 de abril de 2014, expedido por la asesora secretaría general – Unidad Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, mediante el cual al requerimiento realizado por la demandante, manifestó:

«Dando respuesta a la comunicación de la referencia, le informo que revisada la documentación que reposa en los archivos del Ministerio de Educación Nacional, no se ha encontrado registro a nombre de la señora Sonia González Rodríguez, identificada con cédula de ciudadanía 24.249.812, que indique que laboró para el Ministerio de Educación Nacional. (Subraya y resaltado fuera de texto)

(...)».

De los antecedentes administrativos allegados al expediente en medio magnético, se constató que la señora Sonia González Rodríguez nació el treinta (30) de abril de mil novecientos sesenta y dos (1962), conforme al registro civil de nacimiento obrante en los antecedes administrativos, y para la fecha de expedición del acto acusado, contaba con 50 años de edad.

La coordinadora de control interno disciplinario de la Gobernación del Cauca, mediante certificación del 21 de agosto de 2012 manifestó que la señora González Rodríguez no ha sido sancionada mediante fallo ejecutoriado (ver archivo antecedentes administrativos 0606 CERTIFICACIONES DIFERENTES A LAS REQUERIDAS-13-2014-09-08.123151).

La coordinación nacional de nómina de pensionados del Seguro Social mediante certificación de fecha 21 de agosto de 2012, hizo constar que la demandante, no figura percibiendo pensión por parte del ISS —ver antecedentes administrativos medio magnético (fl. 120)—.

2.3. Análisis de la Sala.

La pensión de jubilación gracia fue consagrada mediante el artículo 1º de la Ley 114 de 1913, en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales, que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años. A su vez, el numeral 3º del artículo 4º de la Ley 114 de 1913, prescribía que para ser acreedor a la gracia de la pensión, era preciso que el interesado, entre otras cosas, comprobara «Que no ha recibido ni recibe actualmente otra pensión o recompensa de carácter nacional...».

Posteriormente, la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados docentes y profesores de las escuelas normales y a los inspectores de instrucción pública, autorizando a los docentes, según su artículo 6º(2), a completar el tiempo requerido para acceder a la pensión, sumando los servicios prestados en diversas épocas, tanto en la enseñanza primaria como en la normalista, al asimilar para tales efectos la inspección de instrucción pública a la enseñanza primaria.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933(3), el beneficio gratuito de la pensión gracia de jubilación se extendió a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria. De lo que se concluye, que la pensión gracia no se limitó a los maestros de primaria, sino que cobija a quienes hubieren prestado sus servicios como normalistas o inspectores educativos, y que el tiempo de servicios se podía completar, con el prestado en secundaria o, incluso, haberse laborado sólo en este nivel.

Posteriormente, se expidió la Ley 43 de 1975 a través de la cual se nacionalizó la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías; en ella se estableció que «La educación primaria y secundaria oficiales serán un servicio público a cargo de la Nación. En consecuencia, los gastos que ocasione y que hoy sufragan los departamentos, intendencias, comisarías, el Distrito Especial de Bogotá y los Municipios, serán de cuenta de la Nación, en los términos de la presente ley»(4).

Finalmente, el literal a), numeral 2º del artículo 15 de la Ley 91 de 1989, limitó la vigencia temporal del derecho al reconocimiento de la pensión gracia para los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980, siempre que reunieran la totalidad de los requisitos legales, al señalar textualmente la norma:

« [...] Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos. Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de Previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. [...]».

La disposición trascrita fue objeto de análisis por la Sala Plena del Consejo de Estado(5), pronunciamiento en el cual se fijaron algunos lineamientos sobre la pensión gracia y en el que a propósito del artículo 15 trascrito, puntualizó:

«[...] También, que dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (...).siempre y cuando cumplan con la totalidad de requisitos”. Y por último, que sin la ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2º, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. [...]».

De lo anterior se concluye que la pensión gracia, establecida por virtud de la Ley 114 de 1913, fue concebida como una prerrogativa gratuita que reconocía la Nación a un grupo de docentes del sector público, esto es, a los maestros de educación primaria de carácter regional o local; sin embargo cuando se expidieron las Leyes 116 de 1928 y 37 de 1933, se extendió a los empleados y profesores de las escuelas normales, a los inspectores de instrucción pública y a los maestros de enseñanza secundaria de ese mismo orden, por constituirse en un privilegio gratuito a cargo de la Nación quien es la que realiza el pago, sin que el docente hubiese trabajado para ella.

Ahora bien, en lo referente a las modalidades de vinculación del personal docente, la Ley 29 de 1989 respecto a la descentralización administrativa en el sector de la educación, dispuso que:

«ART. 9º—El artículo 54 quedará así: Se asigna al Alcalde Mayor del Distrito Especial de Bogotá, y a los alcaldes municipales, las funciones de nombrar, trasladar, remover, controlar y, en general administrar el personal docente y administrativo de los establecimientos educativos nacionales o nacionalizados, plazas oficiales de colegios cooperativos, privados, jornadas adicionales, teniendo en cuenta las normas del Estatuto Docente y la Carrera Administrativa vigentes y que expidan en adelante el Congreso y el Gobierno Nacional, ajustándose a los cargos vacantes de las plantas de personal que apruebe el Gobierno Nacional y las disponibilidades presupuestales correspondientes.

(...)

PAR. 1º—Los salarios y prestaciones sociales de este personal, continuarán a cargo de la Nación y de las entidades territoriales que las crearon.

(...)

ART. 10.—Los gobernadores, intendentes y comisarios, asumirán temporalmente las atribuciones contenidas en el artículo anterior cuando financiera y/o administrativamente un municipio no pudiera asumir tal responsabilidad.

Una vez superadas las limitaciones financieras y/o administrativas previa solicitud del alcalde, el ministerio podrá mediante resolución trasladar tal competencia.

(...)”.

Así mismo, la Ley 91 de 1989, diferenció los conceptos de personal docente nacional, nacionalizado y territorial. Según esta ley(6), se entiende por personal nacional aquellos docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional; personal nacionalizado, los docentes que fueron vinculados por nombramiento de entidad territorial con anterioridad al 01 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esa fecha de conformidad a lo dispuesto en la Ley 43 de 1975; y personal territorial, aquellos vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 01 de enero de 1975, sin el cumplimiento de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975. Esta distinción, clasifica la vinculación oficial en dos grupos: (i) los vinculados por nombramiento del Gobierno nacional (personal nacional) y (ii) los nombrados por entidades territoriales (personal nacionalizado y territorial).

Por su parte, el Decreto 196 de 1995, en su artículo 2º definió:

«Para los efectos de la aplicación del presente decreto, los siguientes términos tendrán el alcance indicado en cada uno de ellos:

Docentes nacionales y nacionalizados: Son aquéllos que han venido siendo financiados con recursos de la Nación y que se financian con recursos del situado fiscal, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 60 de 1993.

Docentes departamentales, distritales y municipales:

a) Son los docentes vinculados por nombramiento de la respectiva entidad territorial con cargo a su propio presupuesto y que pertenecen a su planta de personal;

b) Son igualmente los docentes financiados o cofinanciados por la Nación – Ministerio de Educación Nacional, mediante convenios y que se encuentran vinculados a plazas departamentales o municipales.

Docentes de establecimientos públicos oficiales: Son aquéllos que pertenecen a la planta de personal del respectivo establecimiento público educativo nacional o territorial, laboran en los niveles de preescolar, de educación básica en los ciclos de primaria y secundaria y de educación media y son pagados con recursos del presupuesto del establecimiento.

Prestaciones sociales causadas y no causadas: Las prestaciones causadas son aquéllas para las cuales se han cumplido los requisitos que permiten su exigibilidad, y las prestaciones sociales no causadas son aquéllas en las que tales requisitos no se han cumplido, pero hay lugar a esperar su exigibilidad futura, cuando reúnan los requisitos legales».

Es así como los docentes territoriales se encuentran comprendidos dentro del grupo del personal nacionalizado, ya que en ambos casos, cuando la vinculación es posterior al 1 de enero de 1976, se requiere que el vínculo esté precedido de nombramiento efectuado por una entidad territorial, de conformidad con lo establecido en el artículo 10 la Ley 43 de 1975(7), esto es, que la plaza a ocupar sea de aquellas que no estén a cargo de la Nación.

De acuerdo al marco normativo antes planteado, se procederá a verificar si la demandante cumple con los requisitos para ser beneficiaria de la pensión gracia, en particular, lo correspondiente a los 20 años de servicios de vinculación como docente territorial o nacionalizada.

Se acreditó dentro del plenario, que la señora Sonia González Rodríguez nació el 30 de abril de 1962(8), es decir, para la fecha en que solicitó el reconocimiento de la pensión gracia, —23 de agosto de 2012— tenía más de 50 años de edad, es decir, cumple con el requisito contemplado en el numeral 6º del artículo 4 de la Ley 114 de 1993.

Además acreditó que desempeñó el empleo con honradez y consagración, tal como consta en la certificación de la Coordinadora de Control Interno Disciplinario de la Gobernación del Cauca, de fecha 21 de agosto de 2012 que obra en los antecedentes administrativos; por lo tanto, acreditó la exigencia prevista en el numeral 1º de la Ley del artículo 4º de la Ley 114 de 1993.

Ahora bien, en relación con el tiempo de servicio allegado al proceso, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, se observa que cumple con el requisito de haberse vinculado antes del 31 de diciembre de 1980, con designación realizada mediante el Decreto 139 del 14 de marzo de 1980 (fls. 21-22) por la Intendencia Nacional de Arauca, cargo que desempeñó hasta el 3 de marzo de 1982 (1 año, 11 meses y 16 días)

Luego fue vinculado nuevamente como docente nacionalizado en el Departamento de Arauca, a partir del 1º de febrero de 1989 hasta el 30 de enero de 1992 (3 años), para posteriormente ser nombrado mediante Decreto 051 del 30 de octubre de 1995 de la Gobernación del Cauca, para ejercer la labor docente en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán en el municipio de Caloto, a partir del 1 de noviembre de 1995, entonces para la fecha de presentación de la solicitud ante la UGPP, 23 de agosto de 2012, había laborado 16 años, 9 meses y 22 días de al servicio del Departamento del Cauca.

De los tiempos de servicio antes referidos, se concluye que la señora Sonia González Rodríguez, para la fecha en que presenta la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia, contaba con los 20 años de servicios docentes en entidades del orden territorial, cumpliendo de esta forma la exigencia del artículo 1 de la Ley 114 de 1913.

Por otra parte, también quedó demostrado, que la demandante se vinculó como docente nacionalizado al servicio del Departamento del Cauca, circunstancia corroborada por la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, dentro de las consideraciones del Decreto 026 del 11 de julio de 1997 (fl. 26), cuando la promovió al cargo de Coordinadora.

Por lo anterior, la Sala observa que la demandante venía laborando al servicio de la educación desde 1980 como docente nacionalizada, y no obstante que nuevamente se vinculó en el año 1995, dicha situación nunca varió, por lo que ostentaba la calidad de docente nacionalizada, al haber sido vinculada mediante nombramiento expedido por una entidad territorial (Departamento del Cauca) tal y como lo consagra la Ley 43 de 1975, y los salarios y prestaciones sociales fueron pagadas con recursos públicos departamentales (fl. 17), lo que sin lugar a dudas le da derecho al reconocimiento de la pensión gracia, teniendo en cuenta que acreditó los requisitos consagrados en la Ley 114 de 1913, en armonía con las leyes 116 de 1928 y 37 de 1933.

Aunado a lo anterior, al expediente se allegó el oficio 2014EE31076 0 1 del 24 de abril de 2014, expedido por la Asesora Secretaría General – Unidad Atención al Ciudadano del Ministerio de Educación Nacional, en el cual consta que la señora González Rodríguez no laboró para dicha entidad (fl. 13), hecho que afirma que la demandante nunca tuvo vinculación de carácter nacional.

Vistas las consideraciones que anteceden, la señora Sonia González Rodríguez, reunió la totalidad de los requisitos establecidos legalmente para tener derecho a la pensión gracia, al haber acreditado los 50 años de edad y 20 años de servicios como docente nacionalizada y haber demostrado buena conducta; por lo que resulta evidente que logró desvirtuar la presunción de legalidad que recae sobre los actos administrativos demandados, conforme así lo anotó el juez de primera instancia.

En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida en la audiencia celebrada el 26 de agosto de 2015, por el Tribunal Administrativo del Cauca, en el cual se ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación a favor de la demandante por cumplir con los requisitos para su reconocimiento, a partir del 30 de abril de 2012, fecha en la cual adquirió el estatus de pensionada.

Por último, en lo que respecta a la condena en costas impuesta por el a quo a la parte demandada, estima la Sala pertinente precisar que con la adopción del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, el legislador abandonó el criterio subjetivo que venía imperando en este tipo de asuntos para dar paso, según se advierte en el artículo 188 ibídem(9), a la valoración objetiva frente a la imposición, liquidación y ejecución de las costas procesales.

En efecto, de la redacción del citado artículo se extraen los elementos que determinan la imposición de la condena en costas, a saber: i) objetivo en cuanto a que toda sentencia decidirá sobre las costas procesales, bien sea para condenar total o parcialmente o, en su defecto, para abstenerse y ii) valorativo en el entendido de que el juez debe verificar que las costas se causaron con el pago de gastos ordinarios y con la actividad del abogado efectivamente realizada dentro del proceso. Lo anterior en consonancia con lo dispuesto en el artículo 365 del Código General del Proceso.

Visto lo anterior, y en lo que se refiere al caso concreto, el a quo en atención a lo dispuesto en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso, condenó en costas a la parte demandada y agencias en derecho.

Empero, se considera que conforme los documentos que obran en el expediente, no es posible comprobar el pago de gastos ordinarios y que la actividad efectivamente realizada por el apoderado de la demandante, haya generado otro tipo de gastos, esto es, que las agencias en derecho se causaron. Así las cosas, la Sala procederá a revocar la condena en costas impuesta por el Tribunal Administrativo del Cauca a la parte demandada.

Corolario a lo expuesto, si bien fue acertada la decisión del juez de primera instancia de ordenar el reconocimiento de la pensión gracia de jubilación, habrá de confirmarse la sentencia apelada en este sentido, con excepción al numeral quinto (5) en lo referente a la condena en costas y agencias en derecho, por las razones expuestas en líneas anteriores.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

CONFÍRMASE la sentencia proferida dentro de la audiencia llevada a cabo el veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015) proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió a las súplicas de la demanda promovida por la señora SONIA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, UGPP, con excepción al numeral quinto (5) en lo referente a la condena en costas y agencias en derecho, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Devuélvase el expediente al tribunal de origen.

Cópiese, notifíquese y cúmplase.

Esta providencia se estudió y aprobó en sesión de la fecha.

Magistrados: Sandra Lisett Ibarra Vélez—Carmelo Perdomo Cuéter—César Palomino Cortés».

2 «Los empleados y profesores de las escuelas normales y los inspectores de instrucción pública tienen derecho a la pensión de jubilación en los términos que contempla la Ley 114 de 1913 y demás que a esta complementan. Para el cómputo de los años de servicio se sumarán los prestados en diversas épocas tanto en el campo de la enseñanza primaria como normalista, pudiéndose contar en aquella la que implica la inspección».

3 «(...) Hácense extensivas estas pensiones a los maestros que hayan completado los años de servicio señalados en la ley, en establecimientos de enseñanza secundaria».

4 Artículo 1º de la Ley 43 de 1975.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia S-699 de 26 de agosto de l997, C.P. Nicolás Pájaro Peñaranda, Actor: Wilberto Therán Mogollón.

6 Artículo 1º.

7 «Por la cual se nacionaliza la educación primaria y secundaria que oficialmente vienen prestando los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá los municipios, las intendencias y comisarías; y se distribuye una participación, se ordenan obras en materia educativa y se dictan otras disposiciones».

8 Registro civil de nacimiento antecedentes administrativos.

9 “ART. 188.—Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil”.