SENTENCIA 2014-00337 DE MAYO 24 DE 2017

 

Sentencia 2014-00337 de mayo 24 de 2017

Consejo Superior de la Judicatura

Sala Jurisdiccional Disciplinaria

Rad.: 130011102000201400337-01

Aprobado según Acta 42 de la fecha.

Magistrado Ponente:

Dr. Fidalgo Javier Estupiñán Carvajal.

Proyecto Registrado: veintitrés (23) de mayo de dos mil diecisiete (2017)

Bogotá, D.C., veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete.

EXTRACTOS: «Consideraciones de la Sala

1. Competencia. La Sala tiene competencia para conocer en consulta los fallos sancionatorios emitidos por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 de la Ley 270 de 1996(3) y 59 de la Ley 1123 de 2007(4); ahora bien, establecida la calidad de abogado en ejercicio del disciplinado, procede la Sala a adoptar la decisión que en derecho corresponde, no evidenciando irregularidad que pueda viciar de nulidad lo actuado.

Es necesario aclarar que si bien es cierto, el Acto Legislativo 2 del 1º de julio de 2015, modificó el capítulo 7 del título VII de la Constitución Política, suprimiendo el Consejo Superior de la Judicatura, también lo es que en sus artículos 18 y 19, estableció unas medidas transitorias con el fin de garantizar la continuidad en el ejercicio de las funciones que se encontraban a su cargo.

En este sentido, estipuló que “Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

Aunado a lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Auto 278 del 9 de julio de 2015, analizando este aspecto, consideró:

“De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela(5) (resaltado nuestro).

En consecuencia, como en la actualidad esta Sala conserva sus funciones y competencias, se encuentra facultada para emitir la decisión que en derecho corresponda en el presente asunto.

Si bien es cierto el artículo 26 de la Constitución política consagra que “(...) toda persona es libre de escoger profesión u oficio, dejándole al legislador la regulación de la misma (...)”. También lo es que el fin último de la interpretación de la ley disciplinaria deontológica es la prevalencia de la justicia, la efectividad del derecho sustantivo, la búsqueda de la verdad material y el cumplimiento de los derechos y garantías debidos a las personas que en él intervienen.

Para proferir fallo sancionatorio se hace exigible que medie prueba del cargo y certeza del juicio de responsabilidad sobre la falta imputada; de igual manera las pruebas que gobiernen la investigación disciplinaria deberán apreciarse en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, debiéndose observar cuidadosamente los principios rectores de la Ley Procesal Penal, básicamente los de legalidad, debido proceso, resolución de duda, presunción de inocencia, culpabilidad y favorabilidad.

2. Asunto a resolver. Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a revisar en grado jurisdiccional de consulta, la sentencia proferida el 12 de noviembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar(6), mediante el cual sancionó con censura, al abogado Enrique Izquierdo Puello identificado la cédula de ciudadanía Nº 9.056.941, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 38.497, al hallarlo responsable de las faltas previstas en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, por desconocimiento del deber contemplado el artículo 28, numeral 7º de la misma ley, cometida a título de dolo.

3. Caso concreto.

3.1. Tipicidad.

En el caso bajo examen, el abogado fue sancionado por la comisión de la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

En Sentencia C-818 de 2005, con ponencia del Magistrado Rodrigo Escobar Gil, se desarrolló ampliamente el concepto de legalidad en el campo del derecho sancionador, resaltando el objetivo de la pre-existencia de la norma, el cual se centra en limitar la facultad discrecional en el ejercicio del poder sancionatorio; además, se estudiaron los aspectos que deben regularse en la norma sancionatoria, como a continuación se expone:

Esta corporación ha dicho que conforme al principio de legalidad, el comportamiento sancionable, las sanciones, los criterios para su determinación y los procedimientos previstos para su imposición, deben estar previamente definidos, en forma suficientemente clara por la ley.

Este principio comprende una doble garantía. La primera, de orden material y de alcance absoluto, conforme a la cual es necesario que existan preceptos jurídicos anteriores (lex previa) que permitan predecir con suficiente grado de certeza (lex certa) aquellas conductas infractoras del correcto funcionamiento de la función pública y las sanciones correspondientes por su realización. La segunda, de carácter formal, relativa a la exigencia y existencia de una norma de rango legal, que convalide el ejercicio de los poderes sancionatorios en manos de la administración.

En el campo disciplinario, el principio de legalidad se encuentra reconocido en varias disposiciones constitucionales. En primer lugar, en los artículos 6º y 29 que establecen que no pueden “ser juzgados sino conforme a las leyes preexistentes”, y que “solo son responsables por infringir la Constitución y la ley”.

Esta positivización constitucional del principio de legalidad en el derecho disciplinario, le confiere un alcance netamente garantista a dicha especie del derecho punitivo del Estado. En efecto, el sujeto disciplinado tiene derecho a conocer anticipadamente cuáles son las conductas prohibidas y las sanciones que se derivan de su infracción. Al igual que puede exigir que su juicio se adelante conforme a los procedimientos preexistentes al acto que se le imputa y según las normas vigentes al momento de comisión del comportamiento antijurídico (C.P. art. 29)”.

Lo anterior, se encuentra en consonancia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley 1123 de 2007, el cual estableció que el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos que estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización y conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen.

Pues bien, una vez expuesta la normatividad y jurisprudencia aplicable al caso, se procederá a determinar si el actuar del doctor abogado Enrique Izquierdo Puello, se circunscribe en la falta prevista en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007.

Debe señalar esta Sala que observando los aconteceres fácticos y probatorios, se determinó que mediante auto del 11 de marzo de 2013, el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, Sala de Decisión Civil-Familia, a través del Magistrado Sigifredo Enrique Navarro Bernal, procedió a resolver la recusación que se formulare a la Juez Sexta Civil del Circuito de Cartagena, doctora Úrsula Isaza Rivera, dentro del proceso ejecutivo singular, radicado 2013-19282, instaurado por Laguna Morante S.A. contra Hoteles Decamerón Colombia S.A. —Hodecol—, por parte del apoderado de la sociedad demandada, procediendo posteriormente una vez valorada la recusación, que se compulsara copias para que el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Disciplinaria de Bolívar, investigara al abogado Enrique Izquierdo Puello, por las presuntas faltas al deber profesional en que hubiere podido incurrir al formular dichas manifestaciones, por ser infundadas y por formularse en términos desobligantes e irrespetuosos frente a las doctoras Úrsula Isaza Rivera en su condición de Juez Sexta Civil del Circuito y Guiomar Elena Porras del Vecchio, antes Magistrada del Tribunal Superior de Cartagena.

Para comprender la materialización de la falta disciplinaria, es pertinente poner de presente, las manifestaciones realizadas en contra de las doctoras Guiomar Porras del Vecchio y Úrsula Isaza Rivera, las cuales se centraron en desacreditar a toda costa la integridad de las mismas, incurriendo en agresiones de carácter reiterativo en cada uno de sus párrafos en proposiciones lesivas y groseras, siendo pertinente y con respeto a la publicidad que deben gozar esta especie de procesos, a que se conozca las afirmaciones realizadas por dicho togado, las cuales con fidelidad a lo manifestado en la recusación indicaron lo siguiente:

“Usted Dra. Úrsula Isaza Rivera, antes de ser nombrada en el cargo de juez sexta civil del circuito en provisionalidad, por la vacante temporal que allí se presentó, se desempeñaba como Juez de la ciudad de Barranquilla, donde actualmente funge como Magistrada del Tribunal Superior de dicha ciudad la Dra. Guiomar Elena Porras del Vecchio; hasta aquí parecería sano que otro funcionario, y de forma especial una mujer capacitada en la Escuela Justiniana para impartir justicia, viniese de otra ciudad a cumplir con esa sagrada misión en nuestra heroica Cartagena de Indias. Pero resulta que la Dra. Guiomar Elena Porras del Vecchio, la recomendó a usted ante los Magistrados del Tribunal Superior de Cartagena, y de manera especial, ante el Honorable Magistrado de la sala Civil Familia, Sigfrido Enrique Navarro Bernal, amigo de esta y cuya hija Daniela Navarro es la prometida del hijo de la Dra. Guiomar Elena Porras del Vecchio —lo que hace presumir que los lazos de amistad entre estos dos Honorables magistrados (Guiomar y Sigfrido) son más fuertes e íntimos, Sent. 4 dic/13. Sala de Casación Penal—; Y este magistrado, a su vez, la recomendó a usted a su colega el Dr. Ramón Alfredo Correa Ospina, también Magistrado del Tribunal Superior de Cartagena, Sala Civil Familia, quien debía postular en el cargo de Juez Sexto Civil del Circuito, para ante la Sala Plena del Tribunal Superior de Cartagena, a raíz de la vacancia temporal que allí se presentó.

Ahora bien, como quiera que usted en agradecimiento a la recomendación y posterior nombramiento en el cargo de juez sexto civil del circuito de Cartagena, en provisionalidad. que fue logrado gracias a los buenos oficios de su amiga recomendante — y es muy humano entenderlo, pero usted debe separarse del tema en pro de la dignidad e impoluta de la justicia, la Magistrada Guiomar Elena Porras del Vecchio; y en retribución de su parte a ese “loable favor' conseguido, la anima a tener un interés, directo o indirecto, en las decisiones a tomar dentro del proceso ejecutivo de marras, incluso de las resultas del mismo, que beneficien a la Magistrada prevaricadora como ya la acusó la Corte Suprema de Justicia (Sala Penal); pues las providencias que dentro del presente proceso ejecutivo singular que vaya a dictar, se inclinarán, sin duda alguna, a favorecer las tesis descabelladas de la Magistrada prevaricadora Dra. Elena Porras del Vecchio dictadas dentro de este mismo proceso ejecutivo, las cuales tomará en apoyo de su defensa, como ejemplo, para decirle a la Honorable Corte Suprema de Justicia (Sala de Casación Penal) que no prevaricó porque otros funcionarios —con categoría de jueces del circuito— también tienen semejante criterio al suyo. Así, entonces, usted Dra. Úrsula Isaza Rivera, que fue recomendada por la Magistrada Prevaricadora en ese preciso juzgado y a donde ha ido finalmente a parar el proceso ejecutivo de marras, desde donde se desprende el juicio penal en contra de su recomendante, y el hecho que usted no está allí por concurso ni por azar, sino por una verdad inconcusa, la envió directamente a ese juzgado la Dra. Guiomar Elena Porras del Vecchio, para “cubrirse las espaldas”.

Esta corporación, en providencias tales como la de Magistrada María Rocío Cortes Vargas, bajo el número de radicación 500011102000201200572-01, expuso que en torno a este tipo disciplinario, debe indicarse que los verbos rectores que estructuran la falta son injuriar y acusar. El Diccionario de la Real Academia Española en su Vigésima Segunda Edición define injuriar como “Agraviar, ultrajar con obras o palabras y acusar como imputar a alguien algún delito, culpa o vicio o cualquier cosa vituperable”.

De modo tal que para la estructuración de la conducta disciplinaria es necesario que el profesional del derecho agravie, ultraje con obras o palabras o, impute algún delito de forma temeraria a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin limitar su derecho a reprochar o denunciar por los canales jurídicos pertinentes los delitos o las faltas que las que puedan incurrir tales personas.

Tenemos que en definitiva, del mencionado escrito se desprende que el abogado Izquierdo Puello, y en consonancia con lo expuesto acertadamente por el a quo, centró sus afirmaciones deshonrosas en contra de la ex magistrada Guimar (sic) Porras del Vecchio insistiendo en repetidas ocasiones, que la misma actuó bajo la modalidad delictual establecida en el título XV, capitulo 7º, articulo 413 al 415 que desarrollan la conducta punible de prevaricato, dirigiéndose a su colega como “magistrada prevaricadora”, además de indicar con adjetivos ofensivos que el proceder de las funcionarias judiciales plantean “tesis descabelladas”, para el pago de “loables favores”, señalando respecto al nombramiento de la Juez Sexta, como si se tratara del empleo de artimañas e influencias para que esta pudiera ocupar dicho cargo judicial, resaltando que la “recomendación directa de la magistrada” obedeció con “sello propio” y con el propósito de cubrirle su espalda”, “nombramientos pasando por la ley” utilizando en contra de ambas funcionarias términos injuriantes, desobligantes y ofensivos que atenta contra su prestigio y dignidad.

Es suficientemente palpable y evidente, el ánimo de desacreditar a las funcionarias, sin argumentos jurídicos respetuosos, al contrario, el lenguaje expresado por el abogado, indica un alto grado de sentimientos adversos en contra de las mismas, llegando a un grado de aborrecimiento y repudio hacia las mismas, desdibujando la facultad jurídica que tienen las recusaciones para preservar la imparcialidad en el desarrollo de los procesos ventilados ante la jurisdicción, constituyéndose para el disciplinado en un medio para trasladar argumentos con una carga emocional de odio que influyeran en el traslado de dicha diligencia para el estudio por otro funcionario judicial, que no repercutiera en sus interés del litigio sometido a valoración por los Jueces del Civiles del Circuito de Cartagena.

Por tal razón, y como bien lo expuso el Seccional de Bolívar, se desvaloró esa falta de mesura seriedad y respeto, en que incurre el autor del escrito, pues con ella se desvía el fin propender por los intereses del prohijado para redundar en el agravio o la ofensa en lo personal.

En definitiva, la actuación del abogado debe denotar claramente el ánimo de injuriar (ánimus injuriandi) y las expresiones orales o escritas indudablemente deben conllevar atentados al honor y al buen nombre de su contraparte, de cualquiera de los intervinientes en el proceso o, del funcionario judicial y/o autoridad administrativa ante la que se actúe. Solamente de esa manera se logra desvirtuar la presunción de protección por la libertad de expresión, caso en el cual se cumplen estos presupuestos normativos y jurisprudenciales en la evaluación de la conducta del togado en el presente caso.

Como consecuencia de los argumentos expuestos con antelación, y como síntesis conclusiva, esta Sala comparte los planteamientos del a quo, respecto a la tipicidad de la conducta, evidenciándose que el togado realizó imputaciones deshonrosas perjurando no solo la dignidad de las operadoras judiciales, sino la estimación de la que gozan en el espacio donde se desenvuelven.

3.2. Antijuricidad.

3.2.1. Inobservancia del deber consagrado en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión”.

En materia disciplinaria el juicio de antijuridicidad hace relación a la infracción de deberes de tal manera que el incumplimiento de estos le marca al sancionador la pauta para determinar la antijuridicidad de la conducta que se cuestiona vía disciplinaria; por tanto, no basta el simple desconocimiento formal de ese deber para que se origine la falta disciplinaria, así pues, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4º del Estatuto Ético del Abogado, el profesional del derecho incurre en falta antijurídica cuando con su conducta afecte sin justificación, alguno de los deberes allí consagrados(7).

Ha manifestado la Corte Constitucional respecto a la función de los abogados lo siguiente:

“El cumplimiento de estas actividades debe contribuir “al buen desarrollo del orden jurídico y al afianzamiento del Estado Social de Derecho”, de donde se desprende que los abogados están llamados a cumplir una misión o función social inherente a la relevancia de su profesión “que se encuentra “íntimamente ligada a la búsqueda de un orden justo y al logro de la convivencia pacífica”, pues “el abogado es, en gran medida, un vínculo necesario para que el ciudadano acceda a la administración de justicia”.

En las condiciones anotadas, resulta claro que el desarrollo legislativo del ejercicio profesional de la abogacía ha de atender, con especial énfasis, el interés general y la protección de los derechos de terceros], dado que la profesión “se orienta a concretar importantes fines constitucionales” y que su práctica inadecuada o irresponsable “pone en riesgo la efectividad de diversos derechos fundamentales, como la honra, la intimidad, el buen nombre, el derecho de petición, el derecho a la defensa y, especialmente, el acceso a la administración de justicia, así como la vigencia de principios constitucionales que deben guiar la función jurisdiccional, como son la eficacia, la celeridad y la buena fe”.

Así pues, la actuación del abogado ha de ser adecuada a la atención debida al cliente, pero, conforme lo ha estimado la jurisprudencia constitucional, el alcance del ejercicio de su profesión “no se limita a resolver problemas de orden técnico, sino que se proyecta también en el ámbito ético” y de tal modo que la regulación de la conducta de los togados por normas de carácter ético no significa “una indebida intromisión en el fuero interno de las personas, con menoscabo de su moral personal”, justamente porque la conducta individual se halla vinculada a la protección del interés comunitario y porque los fines perseguidos mediante el ejercicio de la profesión del derecho, a diferencia de los objetivos buscados por otras profesiones, admiten incluso un mayor nivel de exigencia en cuanto hace al comportamiento de los profesionales del Derecho, “como depositarios de la confianza de sus clientes y como defensores del derecho y la justicia”(8).

Mencionado lo anterior, esta Sala puede determinar, que el abogado vulneró dicho deber de forma flagrante, ya que se torna indiscutible, tal y como lo expuso el Seccional, que el profesional del derecho está compelido a obrar dentro de toda actuación, con mesura, seriedad, ponderación y respeto sumo frente a todos los intervinientes procesales, deber apenas consonante con el dictado de sumisión a la dignidad humana que se hace constitucionalmente, reprochándose entonces, al abogado, cualquier proceder que se divorcie de los propósitos del proceso en que intervenga para conducir a la deshonra, ultraje o agresión de los intervinientes.

Y es evidente, que la agresión a los funcionarios judiciales, se configuró en un irrespeto hacia los mismos, ajustándose a lo estipulado por la Corte Constitucional en Sentencia C-489 de 20029, en el cual se cumplen los requisitos de que exista verdaderamente un “animus injuriandi” indicando que debe existir “(...) (i) que la persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso, (ii) que quien haga la imputación tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho, (iii) que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona, (iv) que quien haga la imputación tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de una persona”.

Conforme a lo anterior, tenemos que las afirmaciones realizadas por el togado, infringen el deber de actuar con probidad y respeto hacia los profesionales del derecho a la administración de justicia, transgrediendo por tanto el deber descrito en el artículo 28 numeral 7º de la Ley 1123 de 2007, ya que como bien se mencionó en el estudio del aspecto típico de la conducta, el abogado Izquierdo Puello procedió a dirigirse hacia su colega como “magistrada prevaricadora”, además de indicar con adjetivos ofensivos que el proceder de las funcionarias judiciales plantean “tesis descabelladas”, para el pago de “loables favores”, señalando respecto al nombramiento de la Juez Sexta, como si se tratara del empleo de artimañas e influencias para que esta pudiera ocupar dicho cargo judicial, resaltando que la “recomendación directa de la magistrada” obedeció con “sello propio” y con el propósito de cubrirle su espalda”, “nombramientos pasando por la ley” utilizando en contra de ambas funcionarias términos injuriantes, desobligantes y ofensivos que atenta contra su prestigio y dignidad.

Por tales argumentos, se configura la vulneración al deber consagrado en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, toda vez que no actuó con mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión, en el entendido de que su actitud pasional y desmedida, lo condujeron con pleno conocimiento y voluntad a realizar unos juicios que afectaban derechos fundamentales tales como el consagrado en el artículo 21 Constitucional, degradando la imagen y el buen nombre de un ciudadano sin motivo suficiente, pudiéndole generar lesiones a su integridad moral, siendo peligrosas esos juicios de culpabilidad, ya que pueden afectar el desenvolvimiento profesional y el concepto que se tenga como jurista dentro de la sociedad, limitando por concepto de ponderación el goce del derecho a la libertad de expresión, para salvaguardar las garantías al derecho que le asiste a las juristas afectadas por dichas afirmaciones lesivas e injuriosas.

Culpabilidad.

Debe decirse que la actuación del disciplinado, según las pruebas que obran en el plenario, lleva a concluir que el togado actuó con dolo. Su comportamiento se cataloga conforme a dicha modalidad de la conducta sancionable, toda vez, que su proceder estuvo investido de una actitud maliciosa con la intención de dañar o perjudicar a alguien.

Corolario, esta Sala reitera lo estipulado por el juez de primera instancia que señaló, que no puede menos que reprochar la conducta del profesional desde el ángulo de la ética profesional, por el preciso punto que se le imputo en los cargos, toda vez que el reproche debe traducirse en una sanción en materia de dosimetría, considerándose que se trató de una conducta grave, pues como antes se dijo sacrifico derechos fundamentales de dos operadoras judiciales, como mecanismo para dar fortaleza a su escrito de recusación, intentando a toda costa que sus aspiraciones dentro de dicho proceso civil salieran “avantes”.

Por tales razones, y además de indicar que como lo estipuló el a quo, al mencionar que respecto al tema de culpabilidad, se infringió el deber impuesto es el de moderación, comedimiento, mesura y respeto frente a los intervinientes, la infracción al mismo, solo puede acometerse a título de dolo, entendido este en la categoría del ilícito disciplinario, como el conocimiento que tiene el infractor de la situación típica aprehendida en el deber que sustancialmente se ha infringido y la voluntad de desconocer el deber con su acción.

En ese orden de ideas, sí la responsabilidad disciplinaria se cimienta en la infracción de deberes, el dolo está concebido en términos de conocimiento del deber ante un contexto situacional típico y conciencia de la capacidad individual de acción conforme a deber.

En conclusión, no encuentra conveniente esta Sala, en indicar aspectos diferentes a los expuestos por el operador judicial de primera instancia, ya que sus consideraciones fueron ajustadas a la realidad y abordadas de forma integral, acogiéndonos a su tesis final, esta es, que dicha modalidad de la conducta, constituye un comportamiento, típico, antijurídico y culpable, reprochable a título de dolo, según lo previsto en los artículos 5º y 21 del Código Disciplinario del Abogado.

Sanción.

Esta Sala considera que la imposición de censura, al abogado Enrique Izquierdo Puello identificado la cedula de ciudadanía Nº 9.056.941, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 38.497, al hallarlo responsable de las faltas previstas en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, por desconocimiento del deber contemplado el artículo 28, numeral 7º de la misma ley, cometida a título de dolo, debe dejarse incólume atendiendo a los criterios de graduación de la sanción establecidos en el artículo 45 de la Ley 1123 de 2007.

Ahora bien, respecto a la razonabilidad de la sanción, esta Colegiatura encuentra que su imposición obedece al actuar doloso del abogado, habida cuenta que su comportamiento trasciende la esfera social por desatender sus deberes, en el caso concreto, el disciplinado debió abstenerse de realizar manifestaciones irrespetuosas e injuriosas, ya que para los propósitos que pretendía eran innecesarias.

Así mismo la consecuencia jurídica es necesaria, por cuanto cumple con prevenir que la conducta lesiva de derechos fundamentales tales como la honra y el buen nombre del abogado encartado se repita, influyendo como medio para disuadir a los demás profesionales del derecho en cometer las aludidas actuaciones.

En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria, en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

Resuelve:

1. CONFIRMAR la sentencia consultada del 12 de noviembre de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante el cual sancionó con censura, al abogado Enrique Izquierdo Puello identificado la cedula de ciudadanía Nº 9.056.941, portador de la Tarjeta Profesional vigente número 38.497, al hallarlo responsable de las faltas previstas en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, por desconocimiento del deber contemplado el artículo 28, numeral 7º de la misma ley, cometida a título de dolo, conforme a los argumentos expuestos en la parte motiva de esta providencia.

2. ANÓTESE la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de ejecutoria.

3. NOTIFÍQUESE personalmente lo decidido por esta Superioridad al disciplinado y de no ser posible a través de la notificación subsidiaria, para lo cual se comisiona a la Sala Seccional de primera instancia, en consecuencia, por la Secretaría, devuélvase el expediente al sitio de origen.

Notifíquese y cúmplase».

3 “ART. 112.—Funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Corresponde a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura: 4. Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”.

4 “ART. 59.—De la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria Del Consejo Superior de la Judicatura conoce:
1. En segunda instancia, de la apelación y la consulta de las providencias proferidas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura, en los términos previstos en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia y en este código (…)”.

5 Magistrado Sustanciador Luis Guillermo Guerrero Pérez.

6 Con ponencia de la Magistrada Gladys Zuluaga Giraldo.

7 Radicado 050011102000201101666-02.

8 Corte Constitucional. Sentencia C-398 de 2011. M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.