Sentencia 2014-00338 de junio 22 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.:130011102000201400338 01

Magistrado Ponente:

Dr. Camilo Montoya Reyes

Aprobado según Acta de Sala Nº 58 de la fecha

Bogotá D.C., veintidós de junio de 2016

Asunto a decidir

Procede la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura a resolver el recurso de apelación interpuesto por el abogado Luis Enrique Valle de Ávila, contra la providencia proferida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar(1), que lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

Hechos y antecedentes procesales

Hechos. Tuvieron origen en la compulsa de copias ordenada mediante providencia de 28 de febrero de 2014, por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, para que se investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo haber incurrido el abogado Luis Enrique Valle De Ávila, por la forma “insultante” en que se refirió a los Magistrados de Descongestión David Alberto Correa Steer y Roberto Vicente Lafaurie Pacheco del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en el memorial radicado por el togado el 16 de agosto de 2012, obrante a folios 24 a 30 del cuaderno original, mediante el cual solicitó la aclaración del fallo calendado 27 de febrero de 2012, emitido por la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena y Valledupar en el proceso laboral promovido por el señor Roberto Manuel Balletas contra Gestión Total S.A.

Se anexó copia del memorial suscrito por el abogado Luis Enrique Valle de Ávila, por medio del cual solicitó la aclaración del fallo calendado 27 de febrero de 2012, emitido por la Sala Laboral de Descongestión para los Tribunales Superiores de los Distritos Judiciales de Cartagena y Valledupar; y de la providencia proferida el 28 de febrero de 2014 por la Sala Primera de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena que negó la solicitud del profesional del derecho y ordenó compulsar copias en su contra (fls. 2-12).

Identificación del investigado. Previo a cualquier trámite se procedió a incorporar a la foliatura el certificado Nº 08568 de 24 de junio de 2014, por medio de la cual la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia, acreditó que Luis Enrique Valle de Ávila se identifica con la C.C. Nº 885.047y se encuentra inscrito como abogado titular de la tarjeta profesional Nº 57.534, vigente, en la que además fue reportada la dirección de oficina y residencia del querellado (fl. 13).

Antecedentes procesales. El Magistrado instructor mediante auto de 16 de julio de 2014 conforme al artículo 104 de la Ley 1123 de 2007, dispuso la apertura de investigación disciplinaria contra el abogado Luis Enrique Valle de Ávila y señaló la audiencia de pruebas y calificación provisional para el 2 de septiembre de 2014.

En la fecha prevista se dio inicio a la celebración de la audiencia de pruebas y calificación provisional a la cual asistió el disciplinable Luis Enrique Valle de Ávila y su abogado contractual.

Luego del recuento de los hechos descritos en la queja, el investigado en versión libre manifestó que las expresiones por él utilizadas en los memoriales “son con el debido respeto, cortesía, ceñidos a las buenas costumbres y lo dispuesto por la ley y la constitución”.

Señaló que siempre ha argumentado a favor de su cliente porque tiene la razón, pues se trata de un tema laboral donde se encuentra reconocido el contrato de trabajo. Sostuvo que el doctor Roberto Vicente Lafaurie Pacheco, en su condición de Magistrado del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena debió declararse impedido para conocer de la solicitud de aclaración de la sentencia por cuanto ya había conocido el caso.

Por último, el disciplinable aportó copias del proceso Laboral radicado Nº 2003-0144 promovido por el señor Roberto Manuel Ballestas Padilla contra Gestión Total S.A.

En ese estado de la diligencia el Magistrado instructor calificó provisionalmente la conducta formulando cargos contra el abogado Luis Enrique Valle de Ávila por la presunta violación del deber previsto en el numeral 7º del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007 y la probable comisión de la conducta descrita como falta en el artículo 32 ibídem.

Como sustentó factico consideró el a quo que “el señor abogado, por decirlo menos pronunció unas frases desobligantes que no vienen con la elegancia juris cuando empieza su escrito de agosto 15 de 2012 hablando de “falsos positivos judiciales” enmarcados en las anteriores decisiones judiciales, luego menciona que es un hecho que en vez de sacarse una decisión justa estaban degollando en vez de descongestionar la justicia, a continuación habla de un falso positivo judicial, que desconocían olímpicamente su deber de prestar protección a los trabajadores luego enuncia unos artículos y menciona que la sentencia “es un grave dislate en todo su recorrido tan falta de cordura la entraña que ni siquiera se puede catalogar como un alegato de parte”, luego de lo anterior menciona el señor abogado a folios 6 de este diligenciamiento “entonces ante tal aserto, los Honorables Magistrados deberán entender, dada su experimentada sabiduría, que, de pleno derecho, las acreencias laborales del trabajador por estar fundamentadas en hechos notorios irrefragablemente no pueden serle desconocidas. Así las cosas, y teniendo en cuenta que las demás apreciaciones vistas en la ponencia son tan insulsas e impertinentes, de una frescura tal que no ameritan pérdida de tiempo alguno, es del caso solicitarle al H.M. Ponente, Titular, respectivamente, se sirva proveer dándole curso a la sentencia complementaria, que en este caso se reputará como de fondo”.

(…) Por tanto nuestra posición es que eran en realidad frases altisonantes y un poco salidas de contexto de la elegancia jurídica que deben tener los señores abogados para la administración de justicia mencionar frases fuera de contexto un poco por decir algo cínicas y sarcásticas cuando se menciona palabras como “son tan insulsas e impertinentes, de una frescura tal que no ameritan pérdida de tiempo alguno” y además “dada su experimentada sabiduría”, fuera de lo anterior de llegar y hablar de falsos positivos judiciales (...) cuando se habla de falsos positivos en la rama judicial se está entrañando implícitamente unas cuestiones fraudulentas maliciosas o torcidas de la verdad, cuando la realidad lo único que pretendían los señores jueces que tenían este proceso laboral era que se hiciera justicia (...)” “(...) Las frases enunciadas por el ser abogado al parecer no solamente atacaban la honra y la dignidad de los señores magistrados sino también la majestad de la justicia”.

Acto seguido el Funcionario notificó la decisión en estrados, advirtiendo que contra la misma no procedía recurso alguno.

En la misma sesión, por petición expresa del disciplinable, el Magistrado instructor compulsó copias con destino a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que se investigara a los doctores Roberto Vicente Lafaurie Pacheco, Manuel Araujo Arnedo y Carlos García Salas, Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, quienes profirieron la sentencia de 28 de febrero de 2014 en el proceso radicado Nº 2003-00144 02.

Por último, dispuso escuchar en declaración jurada a los doctores Roberto Vicente Lafaurie Pacheco, Manuel Araujo Arnedo y Carlos García Salas.

EL 9 de octubre de 2014, se instaló la audiencia de juzgamiento, a la que asistió el disciplinable, no se hicieron presentes su apoderado, ni el representante del Ministerio público, así como tampoco los Magistrados que fueron previamente citados para rendir declaración jurada, razón por la cual el a quo suspendió la diligencia y fijó el 28 de noviembre de 2014, para su continuación.

En la fecha señalada se continuó con la audiencia a la que asistieron el disciplinable y su apoderado, en ella se reiteró la prueba decretada en la audiencia de pruebas y calificación provisional y se suspendió la diligencia.

El 12 de marzo se prosiguió con la audiencia de juzgamiento a la que asistió el disciplinable, no se hicieron presentes el representante del Ministerio público, así como tampoco los Magistrados que fueron previamente citados para rendir declaración jurada, por ello el Magistrado instructor ordenó enviar un interrogatorio a los doctores Roberto Vicente Lafaurie Pacheco, Manuel Araujo Arnedo y Carlos García Salas, Magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena.

El 30 de abril de 2015, fue radicado en la Sala de instancia memorial suscrito por el Vicente Lafaurie Pacheco, en el que respondió el interrogatorio de parte, manifestando que no conoce personalmente al abogado Luis Enrique Valle de Ávila pero sabe que actuó como apoderado judicial de la parte demandante en el proceso 2003 - 00144 en el cual él fungió como ponente en la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Superior de Descongestión Laboral que tenía sede en la ciudad de Santa Marta y luego como titular de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena nuevamente le correspondió la ponencia para desatar la solicitud de aclaración de sentencia proferida por el Tribunal de Descongestión de Santa Marta.

Indicó que las frases consignadas en el escrito de solicitud de aclaración no solo atacan su dignidad y honra sino de la misma administración de justicia “por injuriosas, irrespetuosas y denigrantes contrarias al mínimo decoro que deben los apoderados judiciales a los operadores judiciales”.

Señaló que su labor en la administración de justicia data de más de 20 años, sin embargo, el tratamiento dado en el memorial que solicitaba aclaración de sentencia esta colmado de epítetos que comprometen el conocimiento, capacidad y honra de los Magistrados.

El 8 de mayo de 2015, se prosiguió con la audiencia de juzgamiento, con la comparecencia del abogado investigado quien procedió a presentar los alegatos de conclusión, manifestando que admitía la sanción que se le impusiera por los términos empleados en su escrito, los cuales no son su costumbre enunciarlos, sin embargo, la decisiones proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, lo llevaron a esgrimir esas frases, ya que la prueba a su favor era evidente, que los planteamientos que él enunciaba en dicho asunto laboral eran acertados, pues se trataba de unas acreencias de pleno derecho, debidamente comprobadas. Además, afirmó que no tuvo una intención demarcada de injuriar a los señores magistrados.

Sostuvo que lo expresado en su escrito fue una especie de dolor, por las decisiones que estaban profiriendo los Magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Cartagena, poniendo premisas en contra del in dubio pro operario y normatividad del Código Sustantivo del Trabajo y Código de Procedimiento Laboral.

La sentencia apelada

El 29 de mayo de 2015 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar resolvió declarar responsable disciplinariamente al abogado Luis Enrique Valle de Ávila de la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007 y como consecuencia la sancionó con suspensión por el término de dos (2) meses en el ejercicio profesional.

Fundamentó su decisión en las siguientes consideraciones:

“y es que para este estrado judicial, es claro que el señor letrado doctor Valle de Avila incursionó en falta disciplinaria, con razón, a folios 9 y siguientes milita el auto de febrero 18 de 2014, donde los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Cartagena, Sala Laboral, dieron a conocer su posición, en relación a los dichos del abogado en cita, veamos: “dicho lo anterior, este tribunal quiere hacer mención, acerca de la forma y del calibre insultante irónico y ofensivo de la palabras que utiliza el doctor Luis E Valle para referirse a los funcionarios judiciales - Magistrados de descongestión del Tribunal de Santa Marta - David Alberto Correo y Vicente Lafaurie Pachecho, cree esta Sala de decisión que no es el comportamiento adecuado que deben tener los abogados en el ejercicio de la profesión (...)”.

También se observa, que los señores Magistrados Roberto Lafaurie Pacheco, relacionó que las frases consignadas en el escrito de solicitud de aclaración de sentencia, realizado por el doctor Luis E Valle de Avila no solo ataca la dignidad y la honra del operador judicial, sino de la misma administración de justicia, por injuriosas y denigrantes, contrarias al mínimo decoro que deben los apoderados judiciales a los operadores judiciales y los demás intervinientes en el proceso. En el desarrollo procesal, las partes están en pleno derecho de disentir de los pronunciamientos judiciales e intervención de su contraparte, pero esto no es patente de corso para proferir en sus escritos o intervenciones orales pronunciamientos desobligantes e irrespetuosos contra ellos.

Y es que de verdad, los señores funcionarios judiciales, se pronuncian a través de providencias, que pueden ser objeto de los recursos de ley. Ante una decisión de esa Magistratura, el señor abogado litigante resolvió solicitar una aclaración de la sentencia, en la que pedía que se cambiara el sentido del fallo, lo cual, es legalmente improcedente. Si el letrado tenia afán de reprochar ese decisorio, tenía todas las vías legales para denunciar por los medios pertinentes y su inconformidad; pero nunca podía entrar el letrado a pronunciar una andanada de frases desobligantes en contra de los funcionarios judiciales, olvidándose del decoro y la elegancia juris que deben de tener los togados, cuando se dirijan a los señores Jueces de la República, ya que en estos tipos de eventos, no solamente se ataca la dignidad de los funcionarios, como lo relaciona el doctor Lafaurie Pacheco, sino también esos desafueros van contra de la misma Administración de Justicia” (sic a lo transcrito).

Le atribuyó la falta bajo la modalidad dolosa, aduciendo que obraba prueba en el plenario que demostraba que el abogado actuó de una manera consciente y voluntaria para infringir el deber profesional que tenía, de ser ponderado y respetuoso en su relación con los funcionarios judiciales mencionados, causándoles perjuicios a su dignidad y buen nombre.

Como criterios para graduar la sanción, observó que de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 1123 de 2007, las penas a imponer podían ser la censura, multa, suspensión o exclusión del ejercicio de la profesión, las cuales se aplicaban atendiendo los criterios de graduación establecidos en el artículo 45 de la misma ley. Así, una vez sentados los anteriores parámetros y por considerar que con esas “frases altisonantes”, se daba un mensaje de anomia a la sociedad y demás letrados; y que la conducta fue calificada como dolosa, procedió a sancionarlo con dos (2) meses de suspensión en el ejercicio de la profesión, la cual a su juicio cumplía con los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad (folios 187-195).

Recurso de apelación

Notificado el fallo el día 11 de agosto de 2015, el apoderado judicial del disciplinado interpuso recurso de apelación el 14 de ese mismo mes y año solicitando la revocatoria de la sentencia de primera instancia, para que en su lugar se absuelva a su prohijado por atipicidad de la conducta, por falta del ingrediente normativo de la temeridad, que es lo más difícil de probar en estos casos.

Alegó el censor que las expresiones usadas por el togado son un estilo de redacción que no es compartido por la Jurisdicción, pero que encuentran respaldo procesal en el convencimiento del disciplinado que el fallo no tiene “justeza con el derecho”, lo cual hace que no sean temerarias.

Aseveró que las expresiones utilizadas por su poderdante se encuentran justificadas, teniendo en cuenta que contra de los Magistrados cursa un proceso penal por el delito de prevaricato, que tuvo su génesis en la compulsa de copias ordenada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que a la fecha está pendiente del aporte de nuevos elementos materiales probatorios para el desarchivo de la etapa de indagación.

De manera subsidiaria solicitó declarar la nulidad de la decisión apelada por falta de motivación, por cuanto a su juicio, no se abordó el estudio del ingrediente normativo de la temeridad.

Concesión del recurso de apelación. El a quo mediante auto fechado 27 de agosto de 2015, concedió el Recurso de Apelación en el efecto suspensivo.

Trámite en segunda instancia

Remitidas las diligencias a esta Superioridad el día 30 de septiembre de 2015 fueron sometidas a reparto correspondiendo al entonces Magistrado Angelino Lizcano Rivera, quien mediante auto del 1 de octubre de ese mismo año avocó el conocimiento del asunto, ordenó acreditar los antecedentes disciplinarios del abogado, corrió traslado al Ministerio Público y se ordenó la fijación en lista.

Ministerio Público. El Ministerio Público fue notificado el 9 de octubre de 2015 y el 21 siguiente rindió concepto en el cual solicitó confirmar la decisión apelada por considerar que se logró demostrar más allá de toda duda razonable que el disciplinado tenía la intención de levantar falsas acusaciones contra los funcionarios judiciales que conocieron en segunda instancia de la demanda ordinaria laboral promovida contra Gestión Total S.A.

Antecedentes disciplinarios. La Secretaría Judicial de esta Sala, emitió la certificación No. 427936 de 4 de noviembre de 2015, a través de la cual hizo constar que el abogado Luis Enrique Valle de Ávila, no registra antecedentes disciplinarios; así mismo informó que No cursan otras investigaciones contra el aludido profesional del derecho por los mismos hechos.

Con constancia secretarial de fecha 4 de noviembre de 2015, el expediente quedó a disposición del despacho para lo pertinente.

Consideraciones de la Sala

Competencia. Es competente la Sala para conocer el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en el numeral 3º, del artículo 256 de la Constitución Política y el numeral 4º, del artículo 112 de la Ley 270 de 1996, que al establecer las funciones de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, le defirió “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejo Seccionales de la Judicatura”, concordante con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007.

Debe señalarse que tal facultad constitucional y legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia el primero (1º) de julio de 2015 del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, en donde se creó el nuevo órgano rector disciplinable, en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1 del citado artículo 19 que señala: “(...) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, siendo por lo tanto absolutamente claro que la atribución legal de esta Alta Corte de disciplinar a los profesionales del derecho, se mantiene en el tiempo hasta tanto entre a funcionar la referida comisión.

La Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015, ratificó las atribuciones de esta Sala Jurisdiccional Disciplinaria, al señalar:

“6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”.

De la nulidad. En primer lugar se pronuncia la Sala frente a la solicitud de nulidad del fallo de primera instancia, invocada por el apelante, quien considera que en ella no se abordó el estudio del ingrediente normativo de la temeridad, lo que constituye causal de nulidad sin especificar cuál.

El artículo 98 de la Ley 1123 de 2007, consagra las causales de nulidad, así:

“ART. 98.—Causales. Son causales de nulidad:

1. La falta de competencia.

2. La violación del derecho de defensa del disciplinable.

3. La existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido proceso.

Así mismo, el artículo 100 ibídem, prevé:

“ART. 100.—Solicitud. El interviniente que alegue una nulidad deberádeterminar la causal que invoca, las razones en que se funda y no podrá formular una nueva, sino por causal diferente o por hechos posteriores.

En este caso, el apoderado judicial del doctor Luis Enrique Valle de Ávila, no cumplió con la carga de determinar las causales de nulidad por la cuales se debería dejar sin efecto el fallo de primera instancia, mismas que son de naturaleza taxativa de lo que se desprende que su interpretación debe ser restrictiva.

Bajo los anteriores presupuestos, esta Sala no accederá a la solicitud de nulidad propuesta por el apoderado del disciplinado y procederá a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la providencia proferida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.

Asunto a resolver. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del abogado Luis Enrique Valle de Ávila, contra la providencia proferida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que lo sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, a título de dolo.

Límites de la Apelación. Como lo ha sostenido la jurisprudencia, la órbita de competencia del Juez de Segunda Instancia se circunscribe únicamente en relación con los aspectos impugnados, por cuanto presume el Legislador que aquellos tópicos que no son objeto de la alzada no suscitan inconformidad en el sujeto procesal que hace uso del recurso de apelación. Es por ello que respecto de la competencia de esta corporación, se reitera el criterio jurisprudencial conforme al cual el funcionario judicial de segunda instancia no goza de libertad para decidir, toda vez que no se encuentra ante una nueva oportunidad para emitir un juicio fáctico y jurídico sobre el asunto, sino que su labor consiste en realizar un control de legalidad de la decisión impugnada, a partir de evacuar los argumentos presentados por el recurrente(2).

Descripción de la falta disciplinaria. El abogado Luis Enrique Valle de Ávila, fue encontrado responsable de la comisión de la falta tipificada en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, que establece:

“ART. 32.—Constituyen faltas contra el respeto debido a la administración de justicia y a las autoridades administrativas:

Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales, sin perjuicio del derecho de reprochar o denunciar, por los medios pertinentes, los delitos o las faltas cometidas por dichas personas”.

El ejercicio de la abogacía conlleva el cumplimiento estricto de una serie de deberes y obligaciones que estructuran en términos generales el Código Ético al cual se encuentran sometidos los abogados en el litigio, cuyo incumplimiento o vulneración de sus normas coloca al profesional del derecho que los infringe en el ámbito de las faltas reprimidas por el Legislador como disciplinarias, según el quebrantamiento o la trasgresión del deber impuesto, susceptible de reproche y de la sanción que corresponda de acuerdo con las pruebas que se recauden en el respectivo proceso disciplinario.

El citado precepto normativo protege el debido respeto que debe tenérsele, entre otros, a la administración de justicia, representada por los órganos competentes establecidos por la Constitución y la ley, asegurando de esta forma, su respetabilidad por quienes intervienen en los diversos asuntos sometidos a su consideración.

Debe recordarse, que la injuria es conocida como la imputación deshonrosa que una persona hace a otra, perjurando no solo su dignidad sino la estimación de la que goza en el espacio donde se desenvuelve. La jurisprudencia ha señalado cuatro requisitos para que se configure el delito de injuria, a saber: 1) Que una persona impute a otra conocida o determinable un hecho deshonroso; 2) Que el imputador tenga conocimiento del carácter deshonroso de ese hecho; 3) Que el carácter deshonroso del hecho imputado dañe o menoscabe la honra de aquella persona y, 4) Que el imputador tenga conciencia de que el hecho atribuido tiene esa capacidad de dañar o menoscabar la honra de la persona.

La jurisprudencia de esta corporación reiteradamente ha sostenido que el animus injuriandi se constituye en elemento subjetivo indispensable para que se configure la falta prevista por el canon 32 de la Ley 1123 de 2007, elemento que se traduce en la intención inequívoca por parte del sujeto activo de la conducta de ofender, agraviar o deshonrar a la persona o personas contra quien o quienes van dirigidas las expresiones verbales o de hecho que tiene tal potencialidad de ofender, agraviar o deshonrar. Por tanto, se requiere que el agente haya tenido la intención de injuriar y que la conducta realizada posea la capacidad efectiva de agraviar a la persona contra quien va dirigido el hecho ofensor.

Las acusaciones temerarias implican la afirmación de hechos delictivos o ilícitos falsos. Uno u otro constituyen falta disciplinaria en la medida que se originen en los asuntos profesionales de los abogados, es decir, aquellos que se profieran contra jueces, magistrados, testigos, curadores, etc.

Caso concreto. En aras de desatar el recurso de apelación elevado por el apoderado del abogado Luis Enrique Valle de Ávila, procede la Sala a pronunciarse frente a cada uno de los argumentos expuestos por el censor:

Adujo el apelante que la conducta imputada a su prohijado es atípica, por falta del ingrediente normativo de la temeridad, que es lo más difícil de probar en estos casos.

Se dice que una falta es típica cuando la acción corresponde perfectamente con el tipo disciplinario plasmado en la norma, describiendo esta una conducta que de realizarse u omitirse en algunos casos, infringiría o amenazaría un deber plasmado dentro del catálogo considerado como Estatuto del Abogado, siendo consecuentemente coherente la imposición de una sanción determinada por el legislador.

En el presente caso la tipicidad está dada con la consagración de la falta en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, que describe claramente la conducta en la cual incurrió el disciplinado “Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos (...) que intervengan en los asuntos profesionales”.

Es evidente el propósito de daño y descalificación del disciplinado contra los doctores David Correa Steer y Roberto Vicente Lafaurie Pacheco, Magistrados de la Sala Laboral de Descongestión para el Tribunal Superior de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar Montería y Santa Marta que profirieron la sentencia de segunda instancia en el proceso laboral promovido por el togado en representación del señor Roberto Manuel Balletas, al manifestar en su escrito de solicitud de aclaración de dicho fallo, expresiones como” (...) lo que han hecho es degollar en vez de descongestionar. Parece que no están a la altura del cargo. Con dichas afirmaciones más allá de atacar el proveído, el jurista busca desprestigiar a los funcionarios que emitieron la mencionada decisión y poner entre dicho su preparación y conocimientos.

Expresiones como “su proveído, según expresión espontánea y natural del principal afectado, el demandante Roberto Manuel Ballestas Padilla, conforma sin lugar a dudas un falso positivo judicial” lleva implícita la imputación de un hecho delictivo, pues ello quiere decir que se trata de una decisión fraudulenta fundamentada en montajes y falsas pruebas, términos ofensivos que no son de la esencia de la defensa de los derechos del poderdante, conociendo que existen otras voces gramaticales para reprochar o deprecar de las decisiones que no se compartan.

Alegó el censor que las expresiones usadas por el togado son un estilo de redacción que no es compartido por la Jurisdicción, pero que encuentran respaldo procesal en el convencimiento del disciplinado que el fallo no tiene “justeza con el derecho”, lo cual hace que no sean temerarias; argumento que no es de recibo para la Sala pues el hecho que el disciplinado no se encuentre conforme con la decisión adoptada por los funcionarios o considere que esta no se encuentra ajustada a derecho, no justifica el uso de términos ofensivos y denigrantes contra los administradores de justicia como sostener “que dichos señores desconocen olímpicamente su deber de prestar protección a los trabajadores”, cuando el abogado contaba con otros medios idiomáticos para atacar la sentencia.

Aseveró que las expresiones utilizadas por su poderdante se encuentran justificadas, teniendo en cuenta que contra de los Magistrados cursa un proceso penal por el delito de prevaricato, que tuvo su génesis en la compulsa de copias ordenada por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar ante la Fiscalía General de la Nación, actuación que a la fecha está pendiente del aporte de nuevos elementos materiales probatorios para el desarchivo de la etapa de indagación.

Este argumento al igual que los anteriores no tiene vocación de prosperidad, pues en primer lugar a decirse que el Magistrado de instancia, dejó claro que compulsaría copias contra los funcionarios por petición expresa del disciplinado-, quien está en todo su derecho denunciar la conducta de los funcionarios de los cuales crea no están cumpliendo su labor, no obstante, ello no lo habilita para agraviar a los servidores judiciales, lanzándoles acusaciones que carecen de fundamento.

La falta atribuida al abogado disciplinado, implicó el desconocimiento del deber a cuyo cumplimiento se encontraba obligado como profesional del derecho de acuerdo a la siguiente cita:

“ART. 28.—Deberes profesionales del abogado. Son deberes del abogado:

(…)

7. Observar y exigir mesura, seriedad, ponderación y respeto en sus relaciones con los servidores públicos, colaboradores y auxiliares de la justicia, la contraparte, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos de su profesión”.

Los términos utilizados por el litigante no fueron los más moderados, no se compadecen con la cordura y serenidad que deben caracterizar a los abogados en sus actividades profesionales; estos comentarios, a simple vista, resultan lesivos para los doctores David Correa Steer y Roberto Vicente Lafaurie Pacheco, Magistrados de la Sala Laboral de Descongestión para el Tribunal Superior de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar Montería y Santa Marta, razón por la cual son censurables disciplinariamente.

Frente a los extremos probatorios que demanda el artículo 97 de la Ley 1123 de 2007 para sancionar, esto es, materialidad de la falta y responsabilidad del disciplinado, ninguna dificultad presenta el proceso, puesto que se demostró que el abogado Luis Enrique Valle de Ávila injurió a los doctores David Correa Steer y Roberto Vicente Lafaurie Pacheco, Magistrados de la Sala Laboral de Descongestión para el Tribunal Superior de los Distritos Judiciales de Cartagena, Valledupar Montería y Santa Marta.

En lo que corresponde a la sanción, habrá de confirmarse, pues el asunto objeto de apelación corresponde con un comportamiento grave, que merece una sanción ejemplarizante, dado que en el mismo se incurrió de manera dolosa, esto es, con ingredientes subjetivos de conciencia y voluntad de infringir la normativa reguladora del comportamiento de los abogados. Estas circunstancias hacen aconsejable sanciones como esta, orientada a corregir y prevenir futuros comportamientos de los profesionales del derecho.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Constitución y la ley,

Resuelve

1. NEGAR la solicitud de nulidad promovida por el apoderado del abogado Luis Enrique Valle de Ávila, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. CONFIRMAR la sentencia apelada, proferida el 29 de mayo de 2015 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que sancionó al abogado Luis Enrique Valle de Ávila con suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de dos (2) meses al hallarlo responsable de incurrir en la falta descrita en el artículo 32 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

3. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

4. Devuélvase el expediente al Consejo Seccional de Origen para que en primer lugar, notifique a todas las partes del proceso y en segundo lugar, cumpla lo dispuesto por la Sala.

5. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones pertinentes.

Notifíquese y cúmplase.

Magistrado: José Ovidio Claros Polanco, presidente—Magda Victoria Acosta WalterosFidalgo Javier Estupiñan CarvajalJulia Emma Garzón de GómezMaría Lourdes Hernández MindiolaCamilo Montoya ReyesPedro Alonso Sanabria Buitrago.

Yira Lucía Olarte Ávila, secretaria judicial.

1 M.P. Orlando Díaz Atehortúa en Sala dual con la Magistrada Gladys Zuluaga Giraldo.

2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 21 de marzo de 2007, radicado 26129.