Sentencia 2014-00356/11346-27 de marzo 30 de 2016

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA 

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.:730011102000201400356 01 (11346-27)

Magistrada Ponente:

Dra. Julia Emma Garzón de Gómez

Aprobado según Acta de Sala Nº 28

Bogotá D. C., treinta de marzo de dos mil dieciséis

EXTRACTOS: «Consideraciones

1.- Competencia.

Con fundamento en las atribuciones conferidas en los artículos 256 numeral 3º de la Constitución Política; 112 numeral 4º de la Ley 270 de 1996, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso Fabio Eduardo López Correa contra la decisión proferida por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima el 29 de abril de 2015, mediante el cual se abstuvo de proferir cargos contra el doctor Juan Ebroul Gelvez Gutiérrez, Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.

Y si bien, en razón a la entrada en vigencia del Acto Legislativo Nº 2 de 2015, se adoptó una reforma a la Rama Judicial, denominada

“equilibrio de poderes”, en lo atinente al Consejo Superior de la Judicatura, literalmente en el parágrafo transitorio primero del artículo 19 de la referida reforma constitucional, enunció: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”.

( ... )

En el mismo sentido, la Sala Plena de la Corte Constitucional en Autos 278 del 9 de julio de 2015 y 372 del 26 de agosto de 2015, al pronunciarse respecto a la competencia para conocer conflictos de jurisdicciones, decantó el alcance e interpretación de la entrada en vigencia del referido Acto Legislativo Nº 2 de 2015, concluyendo que en relación a las funciones que se encontraban a cargo de esta Sala, las modificaciones introducidas quedaron distribuidas de la siguiente manera: (i) la relacionada con el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria, pasó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, órganos creados en dicha reforma (artículo 19), y (ii) la relacionada con dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones, fue asignada a la Corte Constitucional (artículo 14). En cuanto hace al conocimiento de las acciones de tutela, como ya se mencionó, el parágrafo del artículo 19 dispuso expresamente que “la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y las 5 Comisiones Seccionales de Disciplina Judiciales no serán competentes para conocer de acciones de tutela”.

Reiteró la Corte Constitucional que en relación a las funciones jurisdiccionales del Consejo Superior de la Judicatura, lo decidido en el Acto legislativo 2 de 2015, así: “los actuales magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, en consecuencia, conforme las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, estimó la Guardiana de la Constitución que hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones, lo cual significa que actualmente, esta Colegiatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no solo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela.

2.- De la apelación.

El parágrafo del artículo 171 de la Ley 734 de 2002, a su tenor expresa:

“El recurso de apelación otorga competencia al funcionario de segunda instancia para revisar únicamente los aspectos impugnados y aquellos otros que resulten inescindiblemente vinculados al objeto de impugnación” (Negrilla fuera del texto original), por lo cual, esta corporación solo se referirá a los aspectos de inconformidad planteados por el quejoso frente a la decisión de archivo recurrida.

3.- Del caso en concreto.

La señora Mónica Jazmín Montero Rodríguez presentó queja disciplinaria contra el doctor Juan Ebroul Gelvez Gutiérrez, Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, respecto a un presunto acoso laboral, indicando que funge como asistente jurídica del despacho del cual era titular el disciplinado, acusándolo de asignarle mayor carga laboral, esto, en comparación a los empleados en descongestión, quienes han manifestado que ello debe ser así porque ella recibe mayor salario, siendo el titular del despacho quien realizaba el reparto de manera inequitativa. (Folio 3 al 6 co ira instancia)

Terminadas las diligencias de forma anticipada por el Seccional de instancia, la quejosa por intermedio de su defensor de confianza presentó su sustentó recurso de apelación esgrimiendo varios argumentos los cuales van a ser estudiados de forma separada, veamos:

Como primer y segundo punto indicó que el mismo disciplinado en su versión libre reconoció, admitió y confesó que los procesos en los cuales fuera necesario decidir más de una petición se los entregada a la asistente jurídica, lo cual también se colige de la constancia dejada por la doctora Luz Marina Sandoval, Magistrada de la Sala.

Administrativa, en el informe rendido, además la carga laboral cuando estaba en estado de gestación, además el haber realizado comentarios contra los egresados de la Universidad Cooperativa de Colombia y tildarlos de mediocres y a los trabajadores de la Fiscalía General de la Nación de chismosos lo cual considera que es un acoso laboral.

Para resolver este primer elementos exculpativo, la Sala recuerda que mediante la Ley 1010 de 2006 se adoptaron medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo, con el fin de prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejerza sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública, conductas que, en los casos de servidores públicos, son constitutivas de falta disciplinaria, cuya competencia radica en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior y Seccionales de la Judicatura.

(...)

De acuerdo con lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º de la Ley 1010 de 2006, “(…) se entenderá por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo(…)”. Señala la norma en cita, que el acoso laboral puede darse, entre otras, bajo las siguientes modalidades generales:

“1. Maltrato laboral. Todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como empleado o trabajador; toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo de tipo laboral o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.

“2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del empleado o trabajador, mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.

“3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar o nacional, credo religioso, preferencia política o situación social o que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.

“4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o empleado. Constituyen acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.

“5. Inequidad laboral: Asignación de funciones a menosprecio del trabajador.

“6. Desprotección laboral: Toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes o asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

De igual forma hay actuaciones y funciones que se adelantan dentro del ámbito laboral que no constituyen acoso laboral, siendo estas:

- a) Los actos destinados a mantener la disciplina

- b) La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial

-c) La formulación de circulares o memorandos

-d) La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa, cuando sean necesarios

-e) Las actuaciones administrativas encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa.

-f) La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes y así como de no incurrir en las prohibiciones.

-g) Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.

De acuerdo con las disposiciones legales, los comportamientos que pueden constituir acoso laboral son, entre otros, ataques verbales, insultos, ridiculización, críticas injustificadas, desacreditación profesional, amenazas constantes de despido, sobrecarga de trabajo, aislamiento social, falsos rumores, no tener en cuenta problemas físicos o de salud del trabajador y las agresiones físicas.

Véase que frente a las conductas presuntamente constitutivas de acoso laboral —según la quejosa—, se ordenó recaudar los testimonios de la mayoría de los funcionarios que trabajaban con ellos y todos estos coincidieron en señalar que el disciplinado era una persona exigente con su trabajo, con un temperamento un poco fuerte, su tono de voz recio, pero de buenas maneras, además ninguna de ellos indicó que hubiera escuchado algún comentario desobligante constitutivo de acoso laboral, pues únicamente se tiene el dicho de la quejosa, lo cual se encuentran desvirtuado con las probanzas allegadas y descritas en líneas anteriores.

También es cierto que la doctora Ángela Stella Duarte Gutiérrez, en calidad de Magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante escrito se refirió a la visita realizada al Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, el 16 de septiembre de 2013, señalando puntualmente frente a los hechos objeto de investigación que el funcionario “propicia un clima organizacional inadecuado, un ambiente tenso y de pocas relaciones interpersonales, faltando dialogo entre el Juez y las empleadas de carrera (...)”. (Folio 90 co).

Respecto a la carga laboral, se debe decir que siendo la quejosa la asistente jurídica de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad es más que lógico que sea la persona a cargo de los autos y las labores de mayor complejidad, pues si bien se crearon medidas de descongestión eran de forma temporal y la quejosa al tener un cargo de carrera tiene más habilidad en el desempeño de sus funciones, además para que exista un acoso laboral respecto a la carga laboral (...) se debe acreditar que el superior está delegando funciones y tareas que pueden llegar a ser absurdas, incoherentes y desproporcionadas, hasta el punto de buscar su deserción, lo cual claramente no ocurre en el presente caso, pues si bien es claro y evidente que toda la Rama Judicial sufre de una gran carga laboral, la misma quejosa indicó que el trabajo era inherente a las labores propias del despacho judicial, en ningún momento se manifestó que el Juez investigado le haya impuesto labores de otra índole o diferentes a las relacionadas con el cargo que desempeñaba.

Frente al tema del trato dado por el inculpado, de haber indicado que los egresados de la Universidad Cooperativa eran mediocres y los funcionarios de la Fiscalía chismosos, si bien es reprochable que el Director de un despacho judicial se exprese de esa forma frente a sus empleados, esa sola situación no encaja dentro de un maltrato laboral al no ser constante según lo determina la Ley 1010 de 2006, además en la versión libre rendida por el disciplinado aceptó haber expresado dichas frases pero no directamente contra la inculpada sino de forma general.

De otra parte frente a este tema tampoco se configura una expresión injuriosa o calumniosa, pues el tema se dio dentro de un clima laboral en el cual se trabaja bajo cierta presión, pues los despachos judiciales cuentan con muy poco personal y gran cantidad de casos por evacuar así como unas metas y estadísticas de producción que se deben cumplir, con lo cual no se puede desconocer que tal impacto puede conllevar que se agiten en un momento los ánimos, pero se itera tal hecho fue aislado, no es persistente, verbo rector fundamental para la configuración de un acoso laboral.

De tal forma ante la existencia de una atipicidad de la conducta, esta Colegiatura confirmará la decisión de terminación frente a los elementos esgrimidos.

Al respecto, téngase en cuenta que al tenor de lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 734 de 2002, la terminación del proceso disciplinario y en consecuencia el archivo definitivo de las diligencias procede en cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado:

1) Que el hecho atribuido no existió,

2) Que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria,

3) Que el investigado no la cometió,

4) Que existe causal de exclusión de responsabilidad,

5) O que la actuación no podía iniciarse o proseguirse.

A su turno, el artículo 210 ibídem, señala:

“ART. 210.—Archivo Definitivo. El archivo definitivo de la actuación disciplinaria procederá en cualquier etapa cuando se establezcan plenamente los presupuestos enunciados en el presente Código”.

Ahora, respecto del tercer punto de la apelación, indicó el apoderado de la quejosa que hubo un hecho que no fue investigado, el concerniente a que el Funcionario aprovechando su condición de superior Jerárquico nombrara en el cargo de asistente jurídica a la señora Magaly Santos González desde enero de 2012, cuando no cumplía con los requisitos.

Frente a este tema la Sala acreditó que existió otra queja disciplinaria presentada directamente por la señora Montero Rodríguez, contra el funcionario inculpado, que se adelantó con el radicado 730011102000201400686, en los cuales se investigaron los siguientes hechos:

“Que el juez para el mes de octubre del año 2011, avaló informe estadístico de la Oficial Mayor del despacho doctora Sandra Magally Santos en la cual al parecer era abultado e irreal.

Que en los últimos cinco (5) años el director del despacho no ha redactado providencia alguna, sino que se dedica a firmar.

1) Que no cumple con el horario de trabajo.

Por último que designó a la doctora Sandra Magally Santos, para el mes de enero del año 2011, en el cargo de asesora jurídica pese a no cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo”.

Una vez adelantada la investigación por parte de la Sala Jurisdiccional disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima en decisión proferida el 16 de marzo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, en la cual se dispuso abstenerse de proferir pliego de cargos, contra el doctor Juan Ebroul Gelvez Gutiérrez, en calidad de Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué.

Tal decisión fue objeto del recurso de alzada, siendo conocida por esta corporación, siendo decidida en Sala 84 del 7 de octubre de 2015 revocar de la decisión proferida el 16 de marzo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, en la cual se dispuso abstenerse de proferir pliego de cargos, contra el doctor Juan Ebroul Gelvez Gutiérrez, en calidad de Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, es decir el proceso se encuentra en curso en el Consejo Seccional de origen y es en ese proceso que se deben ventilar las presuntas irregularidades en el nombramiento del cargo de asistente jurídica Magaly Santos González.

Por tanto frente a este punto esta Colegiatura no realizará pronunciamiento alguno, se itera, porque el referido asunto está siendo objeto de investigación dentro del radicado 730011102000201400686.

Así las cosas, no advirtiendo esta corporación anomalía en las actuaciones del doctor Juan Ebroul Gelvez Gutiérrez, Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, resulta imperativo confirmar íntegramente el proveído apelado, mediante el cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, dio por terminada la investigación, se itera, por cuanto el Juez inculpado no incurrió en falta disciplinaria alguna.

En mérito de lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales,

RESUELVE:

1. CONFIRMAR la decisión objeto de apelación proferida el 29 de abril de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, mediante el cual terminó la actuación adelantada contra el doctor Juan Ebroul Gelvez Gutiérrez, Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué, conforme a lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

2. Comisionase a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima para la notificación de la presente providencia, con facultades para subcomisionar, y una vez realizada la notificación, procederá la Sala de instancia a su archivo.

Comuníquese y cúmplase».