Sentencia 2014-00383 de diciembre 2 de 2015

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Rad.: 630011102000201400383 01

Magistrado Ponente:

Dr. Adolfo León Castillo Arbeláez

Aprobado según Acta 98

Referencia: Abogado Apelación.

Denunciado: Fabián Alberto Montoya Calderón.

Informante: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia - Quindío.

Primera instancia: Exclusión de la profesión por la incursión en la falta descrita en el artículo 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007.

Decisión: Confirma.

Bogotá, D.C., 2 de diciembre de 2015

EXTRACTOS: « Consideraciones de la Sala

Competencia. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al tenor de lo previsto en el numeral 4º del artículo 112 de la Ley 270 de 1996 —Estatutaria de Administración de Justicia—, es competente para “Conocer de los recursos de apelación y de hecho, así como de la consulta, en los procesos disciplinarios de que conocen en primera instancia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Seccionales de la Judicatura”, en concordancia con el numeral 1º del artículo 59 de la Ley 1123 de 2007 —Código Disciplinario del Abogado.

Dable es señalar que tal facultad legal se mantiene incólume para esta Superioridad, a pesar de la entrada en vigencia del Acto Legislativo 2 del primero (1º) de julio de 2015, mediante el cual se creó el nuevo órgano rector disciplinable; pues en razón a lo establecido en el parágrafo transitorio 1º del artículo 19 del referido acto legislativo, que dispuso: “(…) Los actuales Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ejercerán sus funciones hasta el día que se posesionen los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial”, transitoriedad que fue avalada por la Corte Constitucional mediante Auto 278 del 9 de julio de 2015 proferido por la H. Corte Constitucional, que dispuso “6. De acuerdo con las medidas transitorias previstas en el Acto Legislativo 2 de 2015, cabe entender que, hasta tanto los miembros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial no se posesionen, los Magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deben continuar en el ejercicio de sus funciones. Ello significa que, actualmente, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura conserva sus competencias, es decir, se encuentra plenamente habilitada para ejercer, no sólo la función jurisdiccional disciplinaria, sino también, para dirimir los conflictos de competencia que surjan entre las distintas jurisdicciones y para conocer de acciones de tutela”; razón por la cual esta Sala entrará a decidir lo que en derecho corresponda.

Asunto a resolver.—El recurso de la apelación interpuesto por el apoderado de confianza del doctor Fabián Alberto Montoya Calderón, en su calidad de investigado, contra la sentencia emitida el 8 de mayo de 2015, por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, que con ponencia del Magistrado Álvaro Fernán García Marín, resolvió sancionarlo con EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión, al declararlo responsable de la falta disciplinaria descrita en el artículo 33 numeral 11 de la Ley 1123 de 2007.

La presente actuación contra el disciplinado se inició con fundamento en la compulsa de copias efectuada por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia – Quindío, a través del auto del 24 de septiembre de 2014(29), proferido dentro del proceso ordinario laboral radicado 2012-00248, promovido por el señor Pedro de Jesús Gómez Flórez contra la Sociedad Administradora de Pensiones, Colpensiones, en aras de que se surtiera investigación disciplinaria en contra del profesional del derecho Fabián Alberto Montoya Calderón, quien actuaba en representación judicial del demandante, debido a la presunta falsedad del dictamen Nº 229-11 del 1º de diciembre de 2011(30), el cual fuera emitido para la calificación de la pérdida de la capacidad laboral de su cliente; sin embargo, este resultaría ser incongruente y totalmente falso, pues dentro de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, no se encontró que hubiese sido paciente el señor Gómez Flórez.

En el caso bajo examen, el abogado fue sancionado con EXCLUSIÓN del ejercicio de la profesión, al declararlo responsable de la falta disciplinaria descrita en numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, que establece:

“Artículo 33.—Son faltas contra la recta y leal realización de la justicia y los fines del Estado:

11. Usar pruebas o poderes falsos, desfigurar, amañar o tergiversar las pruebas o poderes con el propósito de hacerlos valer en actuaciones judiciales o administrativas”.

La conducta disciplinaria antes transcrita se estructura, en consecuencia, y solamente para hacer referencia a la conducta aquí relevante, cuando el abogado en el trámite de un proceso, con conocimiento de la falsedad de las pruebas las esgrime (o usa) dentro del mismo con el propósito implícito o explícito de distraer la atención de la administración de justicia, faltando así al deber de lealtad a que está obligado en el ejercicio de la profesión de abogado.

En este caso se reprocha al abogado disciplinable el haber presentado inicialmente solicitud de carácter administrativo ante Colpensiones el día 29 de marzo de 2012(31), con el fin de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del señor Pedro de Jesús Gómez Flórez, aportando el referido dictamen pericial 229-11 del 1 de diciembre de 2011; por lo tanto, al no obtener una respuesta por la indicada autoridad, procedería a instaurar demanda de carácter laboral, correspondiendo la misma al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Armenia – Quindío, el trámite del proceso ordinario laboral incoado por el señor Pedro de Jesús Gómez Flórez contra la Sociedad Administradora de Pensiones, Colpensiones, donde fungía como apoderado judicial de la parte demandante, aportándose como prueba el dictamen Nº 229-11 del 1 de diciembre de 2011, mediante el cual se calificó la invalidez de su cliente por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, con el fin de obtener la pensión de invalidez con sus respectivos retroactivos, y que posteriormente, luego de ser emitida decisión de primera instancia el 17 de septiembre de 2013(32), el juez de conocimiento al verificar la existencia de algunas anomalías en otros dictámenes de calificación de invalidez presentados dentro de procesos laborales surtidos por el mismo apoderado de la parte demanda, se procedió a compulsar copias para investigar la situación.

Ahora bien, del plenario tal como lo indicó la Sala A quo, la responsabilidad objetiva esta denotada con plena certeza, dado que de manera cierta el dictamen 229-11 del 1 de diciembre de 2011, es falso de acuerdo a los oficios 022 del 21 de enero de 2015(33), a través de la cual la Secretaria Técnica de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, puso de presente que una vez revisado el archivo físico y sistemático, no se encontró registro alguno de calificación relacionada con el señor Pedro Jesús Gómez Flórez; al igual que el oficio 069 del 2 de marzo de 2015, mediante el cual la misma Secretaria Técnica de la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Quindío, constató que dentro del radicado 229-11 del 26 de septiembre de 2011(34), aparece como paciente la señora María Ludivia Aguirre Ramírez; sin embargo, no aparece que dicha junta haya emitido dictamen con dicho radicado, pues dicha paciente fue calificada con el radicado 013-2012 del 16 de abril de 2012.

Por lo tanto, se tiene plena certeza de la falsedad de la documental que fuera presentada por el disciplinable ante autoridades administrativas y judiciales para lograr obtener la pensión de invalidez del señor Pedro de Jesús Gómez Flórez, con el respectivo pago de los retroactivos.

Ahora, con relación a los argumentos de alzada presentados por el apoderado de confianza del disciplinable, éste disiente la responsabilidad subjetiva endilgada en el fallo apelado, toda vez que en ningún momento se planteo, ni expreso la teoría del error como causal excluyente de responsabilidad disciplinaria; en segundo lugar, indicó la defensa que dentro de la actuación disciplinaria de marras, no se encuentra probado el actuar doloso del investigado, pues a su consideración la responsabilidad subjetiva no concurre. Así entonces, indicó que al no probarse la culpabilidad, su prohijado se debe presumir inocente de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º de la Ley 1123 de 2007, por lo tanto, sus manifestaciones deben estar cobijadas en dicha presunción, además que el material probatorio recaudado, se debe someter a una examen y valoración de la sana critica.

Pues bien, respecto a ello esta colegiatura comparte el análisis realizado por la Sala A quo, donde se concluye que de acuerdo al material probatorio recolectado, se llega a la certeza de la culpabilidad subjetiva del encartado, ello toda vez que no es creíble que el togado inculpado no tuviera conocimiento de la falsedad del documento; a dicha conclusión se llega toda vez que si bien el disciplinado le atribuye la responsabilidad al señor Luis Fernando Gómez Yara, quien era el tramitador encargado de gestionar las calificaciones de invalidez ante la Junta de Calificación Regional del Quindío, de acuerdo a la declaración trasladada que rindiera la doctora Marleny Giraldo Sotelo, en su calidad de Secretaria y Representante Legal de la Junta de Calificación de Invalidez del Departamento del Quindío, dentro del proceso disciplinario seguido también contra el disciplinable y surtido con el radicado 2014-00178(35); se tiene que el trámite para ser evaluado un ciudadano en la Junta de Calificación de Invalidez, se encuentra establecido en el Decreto 1352 de 2013; de tal forma, se le hace entrega al ciudadano interesado de una lista con una serie de requisitos o documentos necesarios para ser valorado; por lo tanto, una vez entregada dicha documental, se estudia el expediente y se hace entrega a los integrantes de la junta del mismo, en aras de que figuen las fechas de valoración de cada paciente. Una vez valorado el mismo, dentro del término de cinco días se debe hacer entrega de los respectivos resultados, siendo competente la Junta donde reside el sujeto a valorar.

Por otra parte, aclaró que las personas legitimadas para efectuar solicitud de valoración, son las aseguradoras, EPS, ARL, Fondos de Pensiones y la persona particular interesada en que se le realice dicho examen, y en el caso de actuar mediante representación, deberá presentarse poder para ello; así mismo, se puede dar inicio dentro de un trámite judicial. De igual forma, indicó que por regla general, el interesado debe acudir a la EPS, para ser valorado de manera inicial; además, indicó que el dictamen proferido por la Junta es un documento de carácter privado, y se le notifica únicamente a la parte interesada; así las cosas, el tramite consultado no se puede hacer mediante tramitadores, sino únicamente directamente por la parte interesada o un apoderado, agotándose además de manera previa una revisión por parte de la EPS del sujeto interesado.

Es así, como se llega a considerar que el investigado tenia pleno conocimiento de la obtención irregular del dictamen de la referencia, pues dada su calidad de profesional del derecho litigante con experiencia en el área laboral y prestacional, no podía omitir o desconocer que el trámite no lo podía realizar por intermediarios o tramitadores; así mismo, que no se podía evadir el trámite previo ante la respectiva EPS de su cliente. Sumado a lo anterior, se trae a colación la declaración rendida por el señor Pedro de Jesús Gómez Flórez, quien fuera el cliente y sujeto interesado a obtener la pensión de jubilación dentro del asunto donde se originó la compulsa, el cual de manera tajante manifestó nunca haber acudido, como tampoco ser remitido por el encartado y mucho menos el señor Gómez YARA, por que no lo conoció, a alguna Junta Regional de Calificación de Invalidez, pues simplemente le entregó la historia clínica al profesional del derecho inculpado.

Es por todo lo anterior que no existe duda para esta Colegiatura que el encartado tenia pleno conocimiento que la prueba aportada ante autoridades administrativas y judiciales era falso y no correspondía a la verdad; configurándose en consecuencia un actuar de naturaleza dolosa, desvirtuándose los argumentos defensivos y la presunción de inocencia alegada por parte de la defensa del investigado.

De la Sanción Impuesta.- Esta Sala considera que la sanción impuesta al disciplinable, resulta necesaria, pertinente y proporcional, dado que cumple con las funciones de corrección y prevención, dada la mala imagen que genera la presente conducta a los profesionales del derecho y a la misma administración de justicia; se adiciona que el actuar del investigado generó un desfalco a la administración pública, pagando del erario público una pensión obtenida a raíz de la presentación de documentación falta, cercenándose con ello el derecho a otro ciudadano que si padece enfermedades o está calificado válidamente con una invalidez. Por lo tanto, se confirmara la sanción de exclusión del ejercicio de la profesión, impuesta al Doctor Fabián Alberto Montoya Calderón, por la falta descrita en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, pues faltó a su deber de Colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado, tal y como lo prevé el numeral 6 del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

Otras determinaciones.- Teniendo en cuenta las altas sumas dinerarias de dinero de las pensiones de los colombianos captadas por el disciplinado, y teniendo en cuenta el alto volumen de procesos que tramita el investigado, se ordena la compulsa de copias ante la Unidad Nacional de Análisis y Contextos de la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia. De igual forma, se expedirán copias a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, para lo de su competencia.

En mérito a lo expuesto, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE

1. CONFIRMAR la sentencia apelada del 8 de mayo de 2015, por medio de la cual la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Quindío, sancionó con exclusión del ejercicio de la profesión al abogado Fabián Alberto Montoya Calderón, como responsable de la falta tipificada en el numeral 11 del artículo 33 de la Ley 1123 de 2007, conforme a las razones expuestas en la parte motiva de ésta providencia.

2. Anótese la sanción en el Registro Nacional de Abogados, data a partir de la cual empezará a regir, para cuyo efecto se comunicará lo aquí resuelto a la oficina encargada de dicho registro, enviándole copia de esta sentencia con constancia de su ejecutoria.

3. CÚMPLASE con el acápite de otras determinaciones.

4. Por la Secretaría Judicial, líbrense las comunicaciones de Ley.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase».

29 Fls 112 – 113 c. a.

30 Fls. 14 – 15 c. a.

31 Fl. 17 c. a.

32 Fls. 78 – 80 c. a.

33 Fl. 31 c. o.

34 Fls. 62 – 65 c. o.

35 Cd 3 c. o.